Recientemente en España ha sido necesaria una reforma de la ley de extranjería para dar respuesta al reparto de menores migrantes que han cruzado nuestra frontera después de que vayas comunidades rechazaran su acogida, lo que evidencia “un fracaso colectivo” como sociedad en palabras de Gonzalo Fanjul (Oviedo, 1971).

El investigador de la fundación 'porCausa' y experto en migraciones recibe a elDiario.es con motivo de su visita Pamplona para participar en un encuentro de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) sobre el modelo migratorio.

Lamenta que la izquierda haya “comprado” el marco de la extrema derecha de ver la inmigración como un problema y asegura que la gestión de la frontera de Gobierno de coalición es de las peores de la “historia democrática”. Apuesta por un cambio de modelo que facilite la llegada de migrantes de manera regular, ya que asegura cada uno de ellos aporta un beneficio al Estado de 3.500 euros al año.

¿Por qué  un país que acogió en 2024 a 90 millones de turistas parece que se colapsa con la llegada de 4400 niños y adolescentes?

Es muy difícil de explicar. No es solo que hayamos acogido a 90 millones de turistas, es que somos la decimocuarta economía del mundo, un país de casi 50 millones de personas, con un Estado perfectamente operativo y con una capacidad de acogida muy por encima de lo que se podría pensar viendo el carajal que se ha montado en Canarias con la respuesta del conjunto de las comunidades autónomas. Esto solo lo explica la radioactividad que acompaña el debate de las migraciones y muy especialmente cuando hay menores involucrados.

¿Qué opina de la palabra MENA (menor extranjero no acompañado)?

Es una palabra que se ha convertido en un arma arrojadiza desde el punto de vista retórico y político. El único punto donde Vox y la ultraderecha realmente han conseguido hacer mella es precisamente en estigmatizar a los menores no acompañados que vienen a nuestro país. Eso ha creado una situación de pánico completamente artificial en la sociedad con respecto a chavales que en esencia no son diferentes de ningún otro adolescente. La adolescencia es muy complicada en cualquier caso, mucho más si vienes solo, no tienes recursos y estás en una sociedad que es hostil contra ti. Yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos de estos chavales y cuando uno escucha sus historias y les da la oportunidad de incorporarse a la conversación, la historia que recibe es completamente diferente. Animo a la gente a escuchar a asociaciones como 'ExMenas', a gente como Ismail El Majdoubi, una persona absolutamente brillante que es capaz de contar una historia y un relato de estos chavales completamente diferente.

Hablaba de que la radioactividad del debate sobre las migraciones se hace más grande todavía cuando se trata de menores. ¿A qué cree que se debe?

Lo que esconde el debate sobre los menores extranjeros no acompañados es un profundo racismo, es algo que es fácil de observar en el debate de Canarias. Hay algo fundamental que se está rompiendo en nuestra sociedad cuando algunos partidos consiguen convertir el lugar de origen o el color de piel en el elemento determinante y consiguen establecer una barrera insalvable entre nosotros y ellos, olvidándose de que son niños y, muchas veces bebés, cuando imponemos normas absolutamente coercitivas, cuando estamos vulnerando la ley, por ejemplo, encarcelando a menores, como tantos casos que se han probado en Canarias o se probaron en su momento en otras zonas de España. Cuando una sociedad no es capaz de cuidar de sus niños, aunque esos niños vengan de fuera, es que tiene un problema muy serio y empieza a dejar de ser una sociedad decente.

¿Cree que España es un país racista?

Sí, por supuesto que lo es. No sé si es más o menos racista que otros, pero yo creo que sería muy ingenuo ignorar que para nosotros el color de piel o el origen importa. Es también un país aporofóbico, es evidente que el nivel de renta de las personas que llegan importa mucho además de su color de piel. Pero sí, sin duda hay ejemplos constantes rutinarios de racismo en nuestro país, y desde luego, la política migratoria es una política racista. Hay racismo a la hora de alquilar o de no alquilar, hay racismo en las escuelas, hay racismo en la regularización, hay racismo en todas partes.

Una sociedad que no es capaz de cuidar de sus niños, aunque vengan de fuera, deja de ser una sociedad decente

¿Se falla como país cuando hay que obligar por ley a las comunidades a acoger a menores migrantes?

Se falla, pero se falla más si el Estado no es capaz de imponer este tipo de criterios. Cuando la sociedad, los partidos, las comunidades autónomas no son capaces de llegar por su cuenta a un acuerdo en este sentido, el Estado está obligado a intervenir para garantizar derechos fundamentales. Esa no es una opción, es una obligación del Estado el garantizar que estos niños tengan una acogida razonable porque somos un país decente y porque somos un Estado de Derecho. Las normas de protección que España ha firmado son normas que están escritas en piedra. Por eso las devoluciones en caliente son ilegales, o el encarcelamiento de menores es ilegal, o la no protección de un niño es ilegal, porque eso está incumpliendo convenios internacionales que España ha firmado y que ha incorporado a nuestra legislación, y que obligan al Estado tanto como en cualquier otra norma.

Me refería a si se falla cuando hay que llegar al extremo de obligar por ley porque haya comunidades que no quieran acogerlos.

Todo lo que ha ocurrido con la acogida en Canarias es un fracaso colectivo y una vergüenza colectiva.

Una encuesta del CIS situó a la inmigración como la principal preocupación de los españoles.

Yo todavía tengo dudas de si la preocupación de los españoles es la migración o la política migratoria. Si se trata de la política migratoria, yo estoy de acuerdo con los españoles. Creo que esta política migratoria genera caos. Genera caos en el camino hacia la frontera, en la propia frontera y también al interior de nuestros países fomentando un modelo de migración irregular porque tenemos un modelo de puerta estrecha. Pero no estoy seguro de que los españoles tengan un problema real con los migrantes como tal. De hecho, España creo que es uno de los países en donde la integración social, económica e incluso cultural se ha producido con más naturalidad.

Mencionaba que la política migratoria actual fomenta la migración irregular. ¿Cómo así?

La inmigración tiene una explicación muy simple. Hay un efecto de empuje fundamental que es la diferencia de ingreso, la idea de que desplazarse de un punto más pobre a un punto más rico puede transformar tus oportunidades en la vida. Pero hay un factor fundamental de atracción que no es el que dice la ultraderecha habitualmente, el verdadero efecto llamada es el dinamismo de la economía, es decir, la posibilidad de que tú puedas realizar esas aspiraciones económicas que tienes. España es un país en donde hay empleo y además hay necesidades estructurales de mano de obra en casi todos los niveles de cualificación. Y esas necesidades estructurales están siendo cubiertas por una población migrante que son parte fundamental del dinamismo de la economía española. Mientras esa economía siga siendo atractiva, esa población va a seguir llegando a nuestro país y, por lo tanto, lo que necesitamos es adaptar el modelo migratorio a las necesidades de nuestra economía y abrir la puerta para que la oferta y la demanda de mano de obra puedan adaptarse con más naturalidad. Lo contrario es una microgestión del Estado, que en la práctica lo que está haciendo es poner palos a la economía y forzando a la gente a trabajar en la economía sumergida.

¿Y qué está fallando para que no se produzca esa adaptación del modelo migratorio?

De nuevo falla la política. Es un modelo radioactivo en donde todo lo que es racional, justo e inteligente en política migratoria en realidad tiene muy poco que ver con los incentivos electorales. Cualquier partido o cualquier gobierno que anuncie medidas ligeramente aperturistas o que flexibilicen la política migratoria va a ser castigado de manera inmisericorde. El PP sabe perfectamente que esto es lo que hay que hacer, de hecho ha realizado algunas propuestas interesantes en el Congreso de manera discreta para racionalizar la política migratoria, pero si el Gobierno anuncia una política en esta dirección lo van a criticar de manera inmisericorde y, además, tienen en la nuca el aliento de la ultraderecha, que mantiene no solo un discurso que es inmoral por muchas razones, sino que además es esencialmente idiota desde el punto de vista económico y demográfico.

¿Se le ha comprado el marco a la extrema derecha?

Completamente. La ultraderecha en Europa, el nacionalpopulismo, no ha necesitado llegar al Gobierno para determinar las políticas migratorias. Y nos encontramos con que no solo en aquellos países donde gobiernan, Meloni en Italia o Viktor Orbán en Hungría, sino también en aquellos países donde no gobiernan, han conseguido establecer el marco narrativo y político de la política de la política migratoria, influyendo a partidos de centroderecha, pero también a partidos de centroizquierda. Lo que está haciendo España en la frontera es una política de ultraderecha. Lo que está haciendo el Gobierno de Scholz en Alemania cuando interrumpe Schengen para reintroducir controles migratorios, es una política de ultraderecha. La política socialdemócrata en Dinamarca, que es abiertamente antiinmigración, es una política de ultraderecha. En todos estos países la ultraderecha no ha necesitado llegar al poder para imponer su marco, su lógica migratoria.

Lo que está haciendo España en la frontera es una política de ultraderecha

¿Ha fallado la izquierda?

Creo que sí. La izquierda falla porque está completamente a la defensiva. Está esquinada, no tiene ideas, una alternativa. Yo creo que aquí estamos atrapados en una lógica de la migración como problema. Hay quien ve la migración como una amenaza y hay quien ve la migración simplemente como una tragedia, pero siempre como un problema, siempre hay algo que hay que evitar. Yo me rebelo ante quienes dicen que hay que detener a los migrantes, pero me rebelo también ante quienes dicen que hay que ayudarles a no emigrar, como si la migración fuese una maldición. En realidad, todos somos el resultado de un movimiento, es muy raro la gente que nace, vive y muere exactamente en el mismo sitio. Todos somos el resultado de un desplazamiento por amor, para buscar prosperidad... Esa es la migración llevada a su lógica macro.

¿El Gobierno de coalición está gestionando la política migratoria de manera muy diferente a la que lo haría un gobierno de PP con Vox?

En algunas cosas sí, desde luego. Creo que este es un Gobierno un poco como Doctor Jekyll y Mister Hyde. En la frontera está haciendo lo mismo que hicieron gobiernos anteriores e incluso peor porque está expandiendo las políticas de externalización fronteriza, está haciendo acuerdos con autocracias como Mauritania para aplicar las peores formas de control migratorio, y extendiendo una industria de control migratorio que está haciendo un negocio fabuloso. Creo que en ese sentido es de los peores gobiernos que hemos visto en nuestra historia democrática.

Sin embargo, en materia de arraigo y de movilidad laboral, creo que es un gobierno que ha dado pasos que tienen muy pocos precedentes. Con las tres reformas que se han hecho del Reglamento de Extranjería, primero con la incorporación de los menores extutelados, después con la primera reforma del sistema de arraigo, y ahora con la última reforma que se ha hecho, creo que España se coloca muy por delante de otros países de nuestro entorno. España es un país que da una oportunidad a la gente para integrarse en la sociedad y es un país garantista en materia de derechos fundamentales, también para las personas que no tienen papeles. Es un país que empieza a entender que a menos que cambiemos las normas de integración laboral, vamos a tener un serio problema en la economía. Todavía tenemos que dar muchos pasos, sobre todo en abrir el tamaño de esa puerta para permitir que la gente llegue fundamentalmente por una vía legal, segura y ordenada, pero se han dado pasos importantes. La retórica del Gobierno va claramente a contracorriente de la del resto de Europa y eso también tiene mucha importancia. Cuando el Gobierno, de manera explícita, reconoce la importancia de la migración, reconoce esos derechos y habla de la migración en términos positivos, como yo creo que el presidente Sánchez hace de manera continuada, tiene una importancia enorme.

Una vez se ha comprado el marco de ver la inmigración como un problema, ¿cree que es posible salir de él?

Yo creo que sí. Tenemos un problema con este modelo, que es un modelo migratorio roto que genera costes directos y de oportunidad que, en mi opinión, están mucho más allá de lo aceptable, pero su antítesis tampoco es un modelo deseable. Yo tampoco quiero un modelo de puertas abiertas, de simple importación de mano de obra barata para alimentar un sistema desigual en donde tengamos ciudadanías de diferentes clases y donde el inmigrante simplemente sea una especie de commodity en el sistema. Yo quiero una tercera vía, quiero un sistema con mucha más migración, más flexible, pero que sea un sistema muy garantista, con derechos.

Los migrantes no vienen a ocupar el empleo de los españoles, sino que vienen a incrementar la tarta de la economía, vienen a generar beneficios. Esos beneficios son los que van a sostener el Estado de bienestar del futuro, sobre todo en una sociedad que se acerca a zancadas a un invierno demográfico, lo que desde el punto de vista económico y de sostenimiento del Estado de Bienestar es un verdadero suicidio. Yo quiero una tercera vía en la que se eleve el rasero para el conjunto de la sociedad, para quienes estaban aquí y para quienes vienen de fuera, pero pagando impuestos, haciendo contribuciones a la seguridad social y alimentando un sistema fiscal que tiene que garantizar la vivienda, empleo digno, la salud, la educación… es decir, un Estado del Bienestar para todos.

Los datos muestran que los migrantes aportan más a la economía de lo que reciben.

Siempre ha sido así, porque si no fuera sí la población migrante no vendría. En España desde finales de los 90 hasta el año 2008 la migración creció de manera acelerada y en el año 2008 se cortó de forma tajante. Eso no fue porque de manera mágica las barreras a la inmigración empezasen a funcionar, sino porque hubo una crisis económica que simplemente eliminó los incentivos para que la gente viniese y, durante unos años tuvimos incluso tasas negativas de migración, salía más gente de la que llegaba. En la medida en que la economía empezó a convertirse en algo atractivo, la gente empezó a llegar.

La realidad es que llega gente que es más joven, en un país que tiene un sistema de protección social, yo creo que menos desarrollado que el de otros países, y en donde incluso la población migrante en situación irregular está aportando casi tanto como lo que reciben del Estado. Pero cuando pasan a ser regularizados, y este es un estudio que hizo ‘porCausa’, nos encontramos con que cada trabajador o trabajadora regularizada supondría un beneficio neto para el Estado español de 3.500 euros por persona y año. Es decir, la regularización es un negocio en realidad. Esta es una lógica que se extiende a todos los países a donde llega la migración, la migración aporta mucho más de lo que recibe a los estados en los que se establece.

¿Cuántos migrantes hace falta regular para que el Estado del Bienestar sea sostenible?

Lo que hace falta fundamentalmente es que el sistema no necesite regularizaciones. Si se tienen mecanismos de acceso al mercado de trabajo para trabajadores inmigrantes que se adapten con naturalidad a las necesidades del mercado, por ejemplo, expandiendo ideas como el visado de búsqueda de trabajo, abriendo más oportunidades de contratación en origen, expandiendo las formas de migración circular, es decir, facilitando todos estos mecanismos, se reducirán los incentivos para venir aquí de manera irregular. La inmensa mayoría de las personas que están sin papeles en España han venido en avión y proceden de América Latina, y son gente que entraron de manera legal en nuestro país y luego han caído en eso que se llama la irregularidad sobrevenida. Si alteras el sistema para que esa gente no tenga que quedarse la irregularidad sobrevenida, sino que puedan venir directamente con un visado de trabajo a nuestro país, estás cambiando por completo el mercado.

La migración aporta mucho más de lo que recibe a los estados en los que se establece

¿Por qué cree que al Gobierno le cuesta dar paso en el tema de las regularizaciones?

Creo que el Gobierno considera que lanzaría el mensaje equivocado en Europa y daría más argumentos a la ultraderecha en este sentido. Yo creo que en la práctica eso no es así porque la ultraderecha no necesita excusas para decir memeces, las dice de manera constante, miente y manipula todo lo que sea necesario. Además, es algo que cuenta con el apoyo de un espectro tan amplio de la sociedad. Yo siempre digo desde el Soviet de Getafe hasta la Conferencia Episcopal. Hasta incluso el PP y los partidos de derecha en el Congreso se han mostrado partidarios de hacerlo. El único que está jugando con fuego ahí es Junts, un partido que a veces coquetea con la xenofobia más explícita en nuestro país. Pero en realidad yo creo que esto podría obtener un apoyo muy amplio del Congreso y el Gobierno no tendría por qué asumir ese riesgo político porque podría convencer a la derecha y llegar a un acuerdo para una regularización.

Menciona a Junts. ¿El acuerdo para que la Generalitat gestione los permisos de residencia o las devoluciones de migrantes alienta ese discurso xenófobo?

Alienta el desgobierno de las migraciones y eso es una mala idea. Es parte de este pactismo de corto plazo en el que el gobierno está obligado a desenvolverse para ir sacando adelante su política o sus presupuestos y creo que Junts es un socio muy poco fiable en este sentido porque igual que el PP está acogotado por Vox, Junts está acogotado por Aliança Catalana, un caladero de votos de ultranacionalistas xenófobos. Es algo que estamos viendo también en la izquierda, en Alemania ha estado a punto de entrar en el parlamento un partido antiinmigración de izquierdas. La política migratoria necesita una estabilidad en el tiempo que encaja mal con estos vaivenes a los que está siendo sometida.

Hamsa es uno de los migrantes que llevan meses en un asentamiento en el bosque entre Berango y Getxo. En su caso, este julio ha cumplido un año en el campamento que ha llevado a nueve sitios diferentes de la zona, porque una vez que la Policía les localiza, les desaloja del lugar. Hamsa recuerda perfectamente la fecha en la que salió de su Marruecos natal en busca de una vida mejor: 14 de febrero de 2023. Tampoco olvida los tres días que pasó en una patera hasta llegar a Canarias. Después, en avión hasta Málaga, donde pasó una semana, y de ahí a Almería, donde estuvo trabajando cuatro meses cultivando sandías y tomates. El 1 de julio llegó a Bizkaia y, tras pasar cuatro noches en un albergue, acabó en la calle, donde aún sigue viviendo. “En Marruecos trabajé en la agricultura y como peluquero, pero pensaba que aquí tendría una vida mejor. Vine para mejorar mi vida y ayudar a mi familia. Todos venimos por una vida mejor y trabajaremos para conseguirlo”, reconoce el joven, de 28 años, tras explicar que sus dos hermanos y su hermana, a los que pensaba ayudar con la vida que aquí tuviera, siguen en el pequeño pueblo del que son.

El caso de Hamsa es uno de los más extremos, pero desde la San Nikolas Zabalik, que aglutina toda la labor social y solidaria que se realiza en la parroquia San Nicolás de Bari en Algorta (Getxo), esperan poder ayudarle pronto. La asociación cuenta con un albergue de 10 plazas y dos viviendas en las que pueden vivir hasta 14 personas en total, siete en una y otras siete en otra. Además, gestionan otras nueve plazas con el programa Trapezistak, un proyecto del Gobierno vasco que cuenta con el objetivo de sacar a personas jóvenes de entre 18 y 25 años de la exclusión social, dándoles herramientas y acompañamiento para que puedan desarrollar el inicio de su vida adulta con garantías y dignidad. También tienen lo que se llama “pisos de autonomía”, es decir, personas que alquilan viviendas libres y a las que apoyan a través de educadores sociales y cursos. “En total podemos acoger hasta 35 personas en los distintos recursos municipales. A veces no damos abasto y menos en los últimos meses cuando las llegadas han aumentado, pero hacemos lo que podemos. Lo cierto es que hasta el año pasado por estas fechas con lo que teníamos era suficiente, pero ahora vemos que no”, detalla Javier Garai, impulsor y miembro de San Nikolas Zabalik, mientras enseña a este periódico las instalaciones de uno de los recursos.

Junto a la parroquia de San Nikolas de Bari, en Algorta, los jóvenes se reúnen para la hora de la cena. Están los que viven en el albergue y los que siguen en situación de calle, pero desayunan y cenan todos juntos. Ahora, además, se ofrece merienda porque los voluntarios se daban cuenta de que muchos de los que acudían a los cursos y talleres que ofrecen, se quedaban sin comer nada desde el desayuno hasta la cena. Cuentan, en este caso, con una amplia cocina en la que pueden cocinar ellos mismos, un par de sofás y sillas mirando a un televisor. Cuando terminan de cenar, los que están en la calle, como Hamsa, abandonan el lugar.

Vine para mejorar mi vida y ayudar a mi familia. Todos venimos por una vida mejor y trabajaremos para conseguirlo

Hamsa — Joven migrante de 31 años que lleva desde julio de 2023 sin hogar en Euskadi

Hamsa ha aprovechado su visita al recurso que tiene la asociación junto a la parroquia, donde ofrecen los talleres, para consultar con ayuda de los voluntarios la solicitud para estudiar un curso de peluquería en Bilbao y para recargar un móvil antiguo con la pantalla rota con el que se comunica con su familia y amigos. Según reconoce, su mochila con aquellas cosas que no quiere perder la tiene un amigo, con el que debe reunirse para que se la devuelva. El resto de pertenencias las suele dejar en el monte, en la tienda de campaña que comparte con otro joven migrante.

“Son situaciones muy complicadas que muchas veces no se entienden. Tratamos de evitar que ocurran casos como el de Hamsa, que lleva más de un año en la calle, procuramos que estén como mucho tres meses y después pasen a los distintos recursos, pero depende de a quién se le derive la gestión de cada caso, si al municipio de Getxo o a la mancomunidad de Uribe Kosta”, sostiene Garai.

Quiero aprender un oficio. Me encanta la mecánica y la electrónica y espero estudiarlo el año que viene

Abdila — Joven migrante que lleva en Euskadi desde septiembre

El caso de Hamsa lo lleva la mancomunidad de Uribe Kosta y si bien cuenta con recursos para que personas como él no vivan en la calle, el procedimiento es más complicado que en el caso del Ayuntamiento de Getxo con la asociación San Nikolas Zabalik. En lugar de derivarlo a un albergue, a Hamsa se le entrega una ayuda de 300 euros, pero solo se la dan si encuentra una habitación que alquilar, algo que según reconoce, es imposible. “He buscado en todo Bizkaia, pero al no tener contrato de trabajo ni nóminas, no me alquilan ninguna habitación”, lamenta el joven. Otra de las ayudas de las que dispone son 125 euros para sus necesidades básicas, un padrón social y la posibilidad de acudir a comedores sociales de la zona. “Pero lo que necesito es una vivienda”, lamenta el joven.

Un expolicía de Catar en el monte de Berango

Una suerte mejor o al menos diferente es la que tuvo Abdila, de 31 años. Abdila llegó en septiembre de 2023 y, tras pasar las cuatro noches en el albergue de urgencia para personas sin hogar, estuvo cuatro meses en la calle. En enero de este año entró a uno de los albergues que gestiona la asociación San Nikolas Zabalik y desde mayo vive en uno de los pisos que tienen junto a otros chicos en su misma situación. “Si en los tres meses que están en la calle muestran un vínculo con el pueblo, acuden a todos los cursos que se realizan y mantienen el contacto, se puede facilitar el proceso”, reconoce Garai.

A diferencia de muchos de los migrantes que llegan a Euskadi sin recursos, Abdila llegó con visa de turista porque ya contaba con un trabajo: era Policía antidroga. Uno de sus últimos trabajos antes de migrar fue en la Copa Mundial de la FIFA Catar en 2022, donde según reconoce, las condiciones fueron difíciles. “No teníamos horario de trabajo, a cualquier hora debías estar disponible. No fue una mala experiencia, aunque la mayor parte del trabajo ocurría por la noche, así que pasábamos todas las noches sin dormir”, explica el joven. Justificando que contaba con esa experiencia laboral, no tuvo problema en entrar al país, donde esperaba tener mejores oportunidades. “Aquí no quiero ser Policía y menos antidrogas. Quiero aprender un oficio. Me encanta la mecánica y la electrónica y espero estudiarlo el año que viene. Estoy muy agradecido por la oportunidad que me han dado”, confiesa.

Abdila, al igual que Hamsa ha aplicado para estudiar un curso con el que después pueda trabajar. Mientras tanto, ambos acuden a las charlas y talleres que realizan desde la asociación. “Desde castellano, hasta charlas sobre el género e incluso organizar las fiestas del pueblo. No queremos darles solo un recurso para comer y dormir, creemos que el mejor modelo de inclusión es el que consigue una integración social. Para ello es fundamental la participación ciudadana, que los vecinos se sientan partícipes de la integración”, explica Garai.

Son personan en exclusión, en situación de sinhogarismo, y deben de ser atendidas de forma individualizada

Xabier Legarreta — Director de Migración y Asilo del Gobierno vasco

En el caso de la asociación San Nikolas Zabalik, los cursos son impartidos por más de 100 voluntarios de Getxo y alrededores, y por ellos, pasan cerca de 200 personas migrantes, muchos de ellos sin hogar. Hamsa y Abdila son algunos de ellos y, en el caso de Abdila, se ha integrado de tal manera que forma parte del comité de las fiestas de Algorta. “Organizamos muchas actividades, como paellas, un concurso de chipirones y hasta herri kirolak”, sostiene el marroquí, ya todo un experto en los deportes rurales vascos.

“Estas actividades son positivas para ellos, pero también para los vecinos. Muchos que miran con recelo lo que hacemos y que no se fían de estos jóvenes, una vez que se han acercado y les han conocido, han cambiado su punto de vista. Antes no los podían ni ver y ahora pasan las tardes ayudándoles a aprender informática, castellano, euskera o vienen a excursiones con ellos. Es muy enriquecedor para todos”, reconoce Garai.

Atención “individual” para cada uno

La noticia de que decenas de migrantes vivían desde hace meses en el monte entre Getxo y Berango saltó a los medios de comunicación la semana pasada. Desde entonces, con el objetivo de buscar una solución,  el director de Migración y Asilo del Gobierno vasco, Xabier Legarreta, la alcaldesa de Berango, Itziar Aginagalde y el director del servicio vasco de integración y convivencia intercultural, Biltzen, Javier Pérez, mantuvieron el pasado viernes una reunión en la que acordaron colaborar para atender “de forma individual” a cada uno de ellos. “Son personan en exclusión, en situación de sinhogarismo, y deben de ser atendidas de forma individualizada”, aseveró Legarreta tras el encuentro.

Pese a recalcar que ante este tipo de situaciones los recursos deben provenir de los servicios sociales de la mancomunidad de Uribe Kosta, integrada por los ayuntamientos de Barrika, Berango, Gorliz, Lemoiz, Plentzia, Sopela y Urduliz, por ser su competencia, Legarreta confirmó que desde el Gobierno vasco se ofrecerá a partir del lunes el servicio Biltzen, un programa de integración y convivencia intercultural.

Este servicio prestará apoyo lingüístico en árabe y francés para facilitar la comunicación con esas personas, y entre esas personas y las autoridades. Además, informará y orientará a las personas acampadas en la localidad en relación con su situación administrativa, los trámites, documentación que necesitan, etc. Tanto en su situación actual como en las previsiones que se manejen. “En el caso de Berango, hemos conectado al Ayuntamiento con el servicio Biltzen para prestar información y orientación a las personas, con apoyo de intérpretes, así como ayudar a confeccionar un diagnóstico de situación, junto con los agentes sociales, estimar con precisión su número y realizar un triaje para valorar distintas respuestas a las personas en función de su situación”, concluyó.

Claudia Parrales llegó desde Nicaragua hace tres años, cuando tenía 23. En aquel momento, debido a su situación irregular, falta de contactos en el país y desconocimiento, se puso a trabajar cuidando a una persona mayor en un caserío de Euskadi, algo que se convirtió en una pesadilla que a día de hoy recuerda como “un infierno”. “Me trataban muy mal. Tenía que trabajar de interna atendiendo a una persona mayor 19 horas al día, desde las 07.00 hasta las 02.00 de la mañana, no me dejaban ducharme ni lavar mi ropa. Solo podía descansar los sábados a partir de las 12.00 y hasta los domingos por la noche, todo eso por 800 euros al mes y sin festivos”, explica Parrales a este periódico. “Me tenían casi como a una esclava y se aprovechaban porque yo era una niña que acababa de llegar y no conocía a nadie”, lamenta.

No duró mucho en aquella situación, hasta que encontró otra casa en la que cobraba un poco más, unos 900 euros y libraba los fines de semana, pero sin contrato ni días festivos. “La persona mayor que tenía que cuidar estaba encamada y yo tenía que cuidarla y dormir con ella en su habitación. Como tenía alzhéimer, se podía despertar en mitad de la noche y me despertaba a mí. Recuerdo que la habitación era muy pequeña y me pasaba los días encerrada en esas cuatro paredes”, explica Parrales, que confiesa que la situación le generó “depresión y ansiedad”. “Aguanté un año, porque le pedí a mi jefe que me hiciera contrato y no quiso. Cogí mis cosas y me fui”, sostiene.

Parrales reconoce que pudo haber denunciado esas situaciones ante la policía, pero no se atrevió. “Pensé que no valdría la pena denunciar, acababa de llegar y no conocía a nadie. Las migrantes recién llegadas sufrimos un doble luto, por la vida que dejamos atrás y por los malos tratos que sufrimos aquí, por eso estamos más vulnerables...No me atreví”, confiesa. Ahora, con 26 años, sigue trabajando cuidando a personas mayores, pero solo algunas horas al día. “Ya no estoy de interna y la diferencia es abismal, cuido a una persona unas horas y su familia es muy buena, también se encarga de los cuidados por lo que puedo tener vida yo también. La situación de las personas que llegamos desde el extranjero es muy dura porque se aprovechan. En la segunda casa el que era mi jefe solo quería contratar a personas recién llegadas, porque así sabían menos de sus derechos y se podía aprovechar de ellas”, detalla.

Las migrantes recién llegadas sufrimos un doble luto, por la vida que dejamos atrás y por los malos tratos que sufrimos aquí, por eso estamos más vulnerables

Claudia Parrales — Trabajadora en el sector de los cuidados

Sandra Milena González llegó desde Colombia hace tan solo diez meses, pero gracias al apoyo de su hermano, que lleva años residiendo en Bilbao, su experiencia ha sido diferente. “Vine como turista, pero al ver la tranquilidad con la que se vive aquí decidí buscar trabajo y quedarme”, indica. Así, se puso a buscar trabajo en asociaciones y recursos de búsqueda de empleo, hasta que encontró la posibilidad de cuidar de una persona mayor. “Yo no tenía experiencia cuidando a personas mayores, solo a mis padres y abuelos. De hecho, no sabía que se podía ganar dinero cuidando a las personas, entiendo que las extranjeras nos dedicamos a ello porque las personas de aquí no quieren y me parece bien. Si no tienes documentación lo más probable es que acabes o limpiando o cuidando”, explica González, de 48 años, que asegura que “por suerte” sus experiencias en el cuidado de personas mayores “hasta ahora están siendo muy buenas”, pero que ha escuchado “historias realmente duras de otras mujeres”.

Ambas se conocieron en el proyecto Ertzean, una iniciativa que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad y la calidad de vida de personas de origen extranjero que trabajan en el sector de los cuidados. Para ello, imparten clases de orientación y formación en el sector de los cuidados de personas dependientes y con discapacidad. “Como sabíamos que las personas, en su mayoría mujeres extranjeras, que se dedican a los cuidados tienen horarios muy complicados o están de internas y no suelen tener disponibilidad para asistir a los cursos de formación profesional para formarse como cuidadoras, pensamos en un proceso de formación adaptado, en el que puedan asistir a clase los sábados y con el que reciban un certificado”, explica Andere Goirigolzarri, responsable del proyecto y miembro del Grupo SSI organización que lo gestiona junto a la Fundación Social Ignacio Ellacuría, el Observatorio Vasco de Inmigración (Ikuspegi) y la Universidad de Deusto.

Gracias a ese certificado de profesionalidad, según asegura Goirigolzarri, pueden acceder a mejores empleos en el sector de los cuidados. “Tienen clases prácticas con herramientas como grúas y reciben formación para saber cuidar adecuadamente, porque muchas de ellas no habían realizado estas labores en su país. Así pueden conseguir trabajos con mejores condiciones, como en residencias, donde no viven con la incertidumbre de que si la persona mayor a la que cuidan se muere, ellas se quedan sin trabajo”, indica.

La gente me llama ilegal, pero yo no lo soy, solo quiero una vida mejor

Sandra Milena González — Trabajadora en el sector de los cuidados

Ertzean es uno de los tres proyectos elegidos el año pasado en la convocatoria KunaCO proiektuak, de BBK Kuna, que busca proyectos de que tengan como objetivo la consecución de los ODS en Euskadi en general y en Bizkaia en particular. Cuenta con una financiación por parte de BBK Kuna de BBK 50.000 euros y se enmarca dentro del reto Migración y prosperidad. Desarrollo económico y social inclusivo.

Se inició el pasado septiembre y está previsto que siga activo al menos hasta agosto. El 95% de las personas que han pasado por él son mujeres y tienen dos perfiles distintos: por un lado, personas recién llegadas sin permiso de trabajo ni de residencia y, por otro, personas con permiso de trabajo y de residencia que quieren profesionalizarse en el sector de los cuidados. “Muchas de ellas tienen situación irregular y tratamos de orientarles. Nuestra intención no es solo formar a las personas extranjeras, sino acompañarles en su proceso de regular su situación y generar lazos con ellas. Les orientamos para que puedan trabajar en el sector y también en otros sectores, pero no mediamos con las empresas ni con las familias que les contratan”, aclara.

“Nos están ayudando mucho porque nos enseñan a cuidar y a cuidarnos a nosotras como cuidadoras, algo que es muy importante. Nos enseñan a utilizar herramientas y hacemos prácticas, es una oportunidad muy grande para nosotras y, después de lo que he vivido aquí, lo agradezco mucho”, reconoce Parrales, opinión con la que coincide González, que añade “llegamos aquí buscando oportunidades y un mejor futuro. La gente me llama ilegal, pero yo no lo soy, solo quiero una vida mejor, como todos, imagino”, concluye.

La frontera que separa España y Francia tiene una longitud de más de 656 kilómetros. En Euskadi, la última parada antes de ingresar en el Hexágono es el municipio guipuzcoano de Irún. Existen varias formas de cruzar la frontera: atravesando los puentes de Behobia y Santiago que van sobre el río Bidasoa, en barco desde Hondarribia hasta Hendaya o a través del monte que rodea ambos municipios. Cientos de personas cruzan a diario de Hendaya a Irún y viceversa por motivos laborales, sociales o, en el caso de pasar de Francia a España, en muchas ocasiones económicos, puesto que hay productos como algunos alimentos, la gasolina o el tabaco que son más baratos. La aparente pero falsa facilidad para cruzar esa frontera es la que esconde un mayor peligro para los migrantes que tratan de pasar por ella cada día, ya sea caminando por los puentes, por la montaña o, en el peor de los casos, cruzando el río a nado.

“Esta frontera es mucho de cabeza, aquí nadie te pega, te roba el dinero ni te viola a cambio de pasar la frontera. En Irún juegan con tu mente”, explica Amadou, un joven que intentó cruzar la frontera dos veces y las dos veces fue interceptado por la Policía Nacional francesa, la última, cuando trataba de cruzar en barco. “Ni siquiera nos hicieron bajar del barco. Vinieron a preguntarnos nuestros nombres y nuestra edad. Cuando lo dijimos me hicieron un papel que es refus d’entrée y me dijeron que tenía que regresar a España. ¿Por qué me identificaron solo a mí? ¿Por ser negro? Todos los demás eran blancos”, narra en la investigación 'Vidas cruzadas en la frontera de Irún: necesidad de apoyo psicosocial a las personas migrantes en tránsito' realizada por Eva Aranguren y editada por SOS Racismo Gipuzkoa.

“Es un claro ejemplo del control selectivo que se está dando en esta frontera desde hace varios años. Amadou relata que no es la primera vez que han sido racistas con él, pero de Europa no se esperaba eso”, sostiene Aranguren, que indica que una de las cuestiones que le explicaron al joven al llegar a las islas Canarias fue que Europa era un continente libre de violencia hacia las personas homosexuales, hacia las mujeres y que luchaba contra el racismo. “¿Eso dónde ha quedado? Pero si en la tele se ven muchos negros en Francia”, se pregunta Amadou.

Las personas que llegan están ansiosas por cruzar la frontera, pero desgraciadamente, no conocen su realidad

Eva Aranguren

Al igual que él, las personas migrantes que llegan a Irún en su mayoría han pasado antes por las Islas Canarias y muchas llegan desde Bilbao, Burgos, Zaragoza, Barcelona o Madrid. Una vez en Irún, les espera un grupo de voluntarios de Irungo Harrera Sarrera (Red de Acogida de Irún) que desde 2018, año en el que los migrantes terminaban durmiendo en la estación de autobuses o en las calles del pueblo ante la dificultad de llegar a Francia debido al aumento de controles policiales, les ayudan en lo que necesiten, ya sea un lugar en el que pasar la noche, comida, ropa, atención sanitaria o información. elDiario.es/Euskadi adelantó en 2018 que se estaban produciendo devoluciones en caliente a pesar de que sea una frontera abierta dentro del espacio Schengen.

“Las personas que llegan están ansiosas por cruzar la frontera, pero desgraciadamente, no conocen su realidad. A pesar de llegar cansados, sin haber comido durante horas y con muchos nervios para la última frontera, vienen con ansia, ganas y enérgicos. Algunos deciden intentar cruzar la frontera desde el primer momento que llegan a la ciudad, otros prefieren ir a descansar, acudir a Cruz Roja o buscar apoyo e información de la red de voluntarios para poder seguir con su camino”, detalla Aranguren, que en su estudio recopila las historias de una decena de migrantes hombres, pero también mujeres.

Como Mariama, una mujer de Guinea Conakry, que tuvo que salir de su país en 2019 sin haber tenido tiempo de planear su huida. “Mi marido pertenecía a la oposición, preparaba reuniones y protestas contra el presidente Alpha Condé. Vivíamos bajo una dictadura con este hombre. Mi marido me avisó que cabía la posibilidad de que algún día no volviera a casa y ese día llegó. Yo estaba embarazada de cinco meses. Cogí a mi hija de cinco años, preparé una mochila y huimos como pudimos. Salimos del pueblo varias mujeres juntas y nuestro objetivo era llegar a Marruecos para luego intentar llegar a Europa”, cuenta la mujer, que desde entonces no sabe nada de su marido y han pasado más de tres años desde que se separaron.

En Marruecos tratan mejor a las gallinas que a los negros. Íbamos andando por unas calles de la ciudad y recibíamos constantes escupitajos en la cara

Mohammed

Según relata la joven, después de salir de su país viajó a Malí, Mauritania y finalmente Marruecos. “Tengo que decir que mi embarazo nos protegió a mi hija y a mí. No nos violaron ni nos agredieron. Recuerdo que íbamos en un autobús lleno de mujeres con destino Marruecos, en un momento del trayecto pararon el bus, dos hombres subieron al bus pidiendo dinero, les dimos una parte de lo que teníamos, pero no les sirvió. Finalmente, sacaron a cuatro mujeres a rastras. Estuvimos esperando durante un par de horas hasta que regresaron. Las volvieron a tirar dentro del bus y dijeron 'ya podéis pasar la frontera'. No hizo falta preguntar qué les hicieron, su mirada perdida y la incapacidad de sentarse en el asiento era suficiente para entender lo que habían sufrido. ¿Cómo protejo yo a mi hija de todos los abusos?” se pregunta Mariama, que a día de hoy es madre de dos niñas, de ocho y tres años. 

Los relatos de las personas entrevistadas coinciden con que el trato migratorio en Marruecos afectó severamente a su estado físico y sobre todo mental. “En Marruecos tratan mejor a las gallinas que a los negros. Íbamos andando por unas calles de la ciudad y recibíamos constantes escupitajos en la cara. Tenías que soportar y aguantar sin decir nada”, cuenta Mohammed, uno de los testimonios en los que la autora reconoce que el entrevistado se encontraba “avergonzado y humillado”. Mohammed es originario de Costa de Marfil, salió de su país en 2019 y transitó por Malí, Mauritania y Marruecos para poder llegar a Europa. En Malí fue capturado por el Estado Islámico y estuvo preso durante un mes y medio hasta que consiguió escapar. Tras haber logrado salir del infierno que estaba viviendo, pasó dos años en Marruecos trabajando para costearse el viaje a Europa.

“No es solo cómo nos tratan en Marruecos, porque si me preguntas cómo ha sido mi camino, te respondo con la palabra infierno y ganas de morir. No recuerdo exactamente las fechas, mi cabeza ha preferido olvidar las atrocidades vividas durante esas fechas. Aquí tenéis miedo al Estado Islámico y que vayan a hacer atentados contra vosotros, ¿pero si te digo que yo he sido un superviviente de esa banda? Fui capturado y torturado durante semanas por la banda, en una aldea de Malí. Según ellos por el simple hecho de ser de Costa de Marfil y no querer entrar en su banda. Yo viví un atentado contra mi ser. Nos pasábamos casi todo el día encerrados en una especie de habitación, éramos como unas seis personas de África, negras, ya sabes, y apenas hablábamos entre nosotros ¿Por qué no hablábamos? A mí por lo menos el miedo me controlaba y tenía temor a cualquier consecuencia que pudiera tener el simple hecho de hablar. Eran personas con mucho poder, muy violentos y tenían aterrorizados a toda la aldea, al mismo tiempo que controlados. Me hicieron de todo: mear y cagar en mis propios pantalones o incluso encima de otro porque les parecía gracioso, hacer un pase de modelos desnudo delante de todos los líderes de la banda mientras bebían y tomar droga con opción de tocarme, me violaba todo el que quería y con todo tipo de objeto, burlas constantes de mi ser, amenazas con matar a mi familia, quemaduras de cigarros en todo el cuerpo...Pero ya estoy aquí, en Europa, donde me van a tratar bien”, confía.

La migración es un acontecimiento en la vida que influye profundamente sobre la psique de los seres humanos, desembocando en un proceso de reorganización personal y esfuerzo psicológico de adaptación a los cambios

Eva Aranguren

Para Aranguren, el hecho por sí mismo de migrar ya supone lo que define en la investigación como una “vivencia muy impactante”, eso sin contar las violencias que encuentran por el camino. “Alejarse del lugar en donde uno se crio y dejar atrás a todos sus seres queridos puede dar resultado a una vivencia muy impactante. Esto se vuelve especialmente traumático cuando se huye del país de origen en los que la huida supone una situación de vida o muerte. La migración es un acontecimiento en la vida que influye profundamente sobre la psique de los seres humanos, desembocando en un proceso de reorganización personal y esfuerzo psicológico de adaptación a los cambios. Las personas que migran tienen la capacidad de emprendimiento también, desarrollan la gestión de la resiliencia en situaciones extremas y obtienen un enriquecimiento personal al entrar en contacto con personas de otras culturas. Pero para muchos, emigrar es un proceso que posee unos niveles de estrés tan intensos que llegan a superar la capacidad de adaptación de los seres humanos. Incluso, se conoce que después de una vivencia tan dolorosa, los problemas de salud mental requieren de atención durante un periodo prolongado. Migrar de manera irregular hace que las condiciones del viaje sean extremas y dolorosas”, detalla.

Es por ello que en su tesis apoya el hecho de que estas personas durante el viaje y una vez que llegan a su destino, necesitan apoyo psicosocial, la necesidad de ser evaluados por un psicólogo o psiquiatra y ayuda en ese aspecto. “Las personas migrantes llegan eufóricas por intentar cruzar la frontera y terminar de una vez su camino migratorio, y debido la situación emocional que viven en la frontera, la desesperación, el ansia y las prisas hacen que elijan vías más peligrosas”, concluye, es por eso que las muertes en los últimos años en el río Bidasoa, que separa la frontera de España y Francia, se siguen sumando.

Morir tratando de cruzar la frontera

La investigación concluye con una recopilación de los datos de las personas fallecidas tratando de cruzar a nado en los últimos dos años, como Tessfit Temzide, quien murió el 18 abril de 2021. Tenía 21 años, era de origen eritreo y, según destaca la investigadora, “se suicidó en las orillas del río Bidasoa”. Yaya Karamoko, joven de 28 años de Costa de Marfil murió el 22 mayo de 2021 tratando de cruzar el río a nado. Su cuerpo pasó dos meses en el Instituto Vasco de Medicina Legal hasta que pudo ser enterrado en el cementerio musulmán de Burgos, gracias a que distintas asociaciones se movilizaron para conseguir el dinero necesario, entre ellas la mezquita de Irún.

Abdoulaye Koulibaly se ahogó el 8 agosto de 2021, también tratando de cruzar la frontera a nado. Tenía 18 años y era de Guinea Conakry. El Gobierno vasco pagó la repatriación a su país y su cuerpo llegó el 6 de octubre. Un mes después, concretamente el 12 octubre de 2021, Mohamed Kemal murió cerca de las vías del tren en Ziburu junto a otros dos jóvenes, uno de ellos llamado Fayçal Hamadouche y otro que a día de hoy no ha sido identificado. No se sabe qué ocurrió, pero encontraron los tres cuerpos en ese punto.

El 20 de noviembre de 2021 Sohaibo Billa, de 38 años y originario de Costa de Marfil falleció tratando de cruzar la frontera a nado, fue enterrado el 14 de marzo de 2022 en el cementerio musulmán de Alsalam de Valencia. La comunidad musulmana se ocupó de los trámites funerarios y cubrió todos los gastos. El senegalés Ibrahim Diallo fue el primer fallecido registrado en 2022 tratando de cruzar a nado el pasado 12 de marzo. Tenía 24 años. La última muerte registrada en el informe de SOS Racismo es la del también senegalés Abderraman Bah, que murió el 18 junio de 2022 en el intento de cruzar la frontera por el río Bidasoa a nado. Tenía 25 años y era de Guinea Conakry.

Desde el área de Migración y Asilo del Gobierno vasco indican a este periódico que en 2022 cayó un 20% el volumen de atenciones a migrantes en tránsito en el albergue de Hilanderas, un antiguo concesionario en Irún, con relación a 2021. Con más de 8.000 llegadas registradas, 2021 fue un año de récord. Los datos definitivos se harán públicos a partir del 15 de marzo.

Cientos de personas han salido a la calle en Bilbao e Irún, cerca de la frontera entre Euskadi y Francia, para exigir justicia para las personas muertas “por culpa de las políticas migratorias racistas” y “una mayor seguridad” en las fronteras. Según han denunciado, cada año se suman las víctimas que “provoca este sistema violento y racista, negándoles el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.

Las manifestaciones han tenido lugar este sábado debido a que el próximo 6 de febrero es el día de la memoria de los fallecidos en las fronteras y en la vía migratoria. Día que en el que se homenajea a los 14 migrantes de origen subsahariano que fallecieron ese mismo día de 2014 tratando de cruzar a nado desde Marruecos hasta Ceuta. Las víctimas formaban parte de un grupo de entre 200 y 300 personas que trataron de llegar nadando las costas españolas, cuando un operativo de 56 agentes de la Guardia Civil descargó sobre ellos 145 balas de goma y cinco botes de humo de ocultación, con el objetivo de frustrar la tentativa y dispersarlos, provocando lo que se denominó como 'la tragedia del Tarajal'. “Las muertes del Tarajal no son un hecho aislado. Desde hace más de 15 años, se está viviendo un ascenso de la represión y de la violencia en las fronteras por parte de los Estados europeos y concretamente en la Frontera Sur española”, han denunciado en la concentración de Bilbao colectivos como la asociación Ongi etorri Errefuxiatuak, SOS Racismo y CNAAE (Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente).

En la concentración de Bilbao, que ha tenido lugar frente al Teatro Arriaga, los manifestantes han realizado una 'performance' para mostrar la “cruda realidad” de los migrantes, de manera que, uno de los miembros de la protesta, vestido de blanco se ha tumbado en una manta roja rodeada de velas, simulando ser un migrante fallecido tras tratar de cruzar la frontera. Junto a él han protestado decenas de personas con pancartas en las que se leía “las fronteras cerradas matan”, “las vidas negras importan” o “cientos de desaparecidas sin nombre”.

Mientras, en Irún, la asociación Irungo Harrera Herria ha denunciado el “continuo control policial y acoso” que dificulta el paso de personas migrantes en una concentración a ambos lados del puente que divide Euskadi de Francia. “Cruzar la frontera o el puente no es un problema, pero la policía está haciendo controles continuos, y los migrantes regresan. Las personas migrantes no tienen garantizadas las vías seguras y toman caminos más peligrosos para avanzar”, ha lamentado la portavoz de la asociación, Oihana Galardi.

Según ha criticado, por tratar de cruzar la frontera, muchas personas optan por llegar hasta Hendaya a nado y varias de ellas han perdido la vida en los últimos años tratando de hacerlo. Por ello, ve la necesidad de retirar físicamente la “garita policial o caseta” sobre el puente, ya que dificulta el normal tránsito transfronterizo de la comarca. “Una vez más necesitamos corredores seguros entre Hendaia y Baiona, y también en toda la zona Schengen”, ha insistido durante la protesta.

La migración es un fenómeno social y una práctica cotidiana. La sociedad española se desplazó a finales del siglo XIX y principios del XX hacia Abya Yala con el objetivo de 'hacer las Américas'. Actualmente, el país recibe población inmigrante y la regularización administrativa genera la preocupación del 'efecto llamada'. 

Este 18 de diciembre se ha celebrado el Día Internacional del Migrante, proclamado en el año 2000 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, invitando “a los Estados Miembros, así como a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, a que, para conmemorar el Día Internacional del Migrante, entre otras cosas, difundan información sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes, intercambien experiencias y formulen medidas para protegerlos”. Por tanto, es el momento preciso para recordar que hace ya más de un año, en junio de 2020, la plataforma #RegularizacionYa! presentó en el Congreso de los Diputados un proyecto no de ley para la regularización administrativa de 600.000 personas que viven en situación irregular en el Estado español. En su exposición de motivos denuncian que la población migrante y particularmente, las personas en situación administrativa irregular se encuentran en una situación de desprotección, negación y vulneración de derechos. La política migratoria europea y en concreto, del Estado español, restringe y condiciona la posibilidad de una vida y trabajo digno, dejando a las personas migrantes trabajadoras expuestas a mayores índices de desempleo e inestabilidad laboral, la precarización y en muchas ocasiones, la explotación. 

La PNL no se aprobó. La enmienda de supresión (proposición de eliminación de la PNL), que presentó el grupo parlamentario VOX, se justificaba en el ‘efecto llamada’ que provocaría la regularización. Con esta expresión, lo que se quiere decir es que, si las personas que migran encuentran fácil la regularización, entonces vendrían más personas. Para no hablar de pronósticos y ceñirnos a los hechos, podemos echar la vista atrás para saber si antes ya ha pasado algo parecido. La verdad es que el ‘efecto llamada’ no es un fenómeno novedoso entre nosotras. A finales del siglo XIX y principios del XX, se produjo una emigración masiva de población española a Abya Yala (América), con el objetivo de ‘hacer las Américas’. ¿Y cuál era la situación administrativa de aquellas personas migrantes? 

En palabras del historiador Carlos Marichal, “el trato recibido por los emigrantes españoles que llegaban a diversos países de Latinoamérica fue diverso, pero en términos generales no existieron barreras a su entrada y los recién llegados pudieron obtener la nacionalidad con notable facilidad” ('El País', 2002). Las personas españolas emigraban en algunos casos reclamadas por otros familiares ya establecidos en esos lugares, formando negocios de notable éxito. ¿No es esto el 'efecto llamada'? Imagina que te enteras de que tu hermana, tu tío, o quien sea, ha mejorado su situación económica en otro lugar y, además, te dicen que vayas porque vas a estar mejor, ¿qué harías? Pues en aquel momento, muchas personas españolas decidieron irse, porque habían escuchado que en América había posibilidades.

Parece entonces, que nada nos distingue de las personas que vienen al Estado español actualmente, excepto que nosotras, cuando emigramos, nos dirigíamos a un lugar donde hacía unos siglos, habíamos instaurado el sistema colonial, con la explotación, el saqueo, la esclavitud, y otros mecanismos de opresión (Parra, 2010). ¿Estos procesos habrían favorecido la posesión de la nacionalidad con notable facilidad? Podríamos suponer que influenciaron considerablemente, y que continúan haciéndolo, si analizamos la intencionalidad del discurso, de aquello que se dice con las expresiones que se utilizan.

Por ejemplo, la expresión 'hacer las Américas', ¿qué connotación tiene?, ¿qué imagen evoca?, ¿personas que migran para hacerse ricas? Es importante analizar las palabras que se usan y lo que transmiten.  Otro ejemplo, la palabra 'indiano', que se utiliza para nombrar al emigrante español que emigró a Abya Yala y retornó a España enriquecido. Por tanto, aquel viaje a 'las Américas'’ implicaba facilidad para obtener la nacionalidad y también había posibilidad de enriquecerse. Otro asunto que más adelante se podría estudiar (aunque siempre se dice que son sucesos históricos que han quedado en el pasado, que nada tienen que ver con lo que pasa en la actualidad), es que muchas de aquellas familias se mantienen hoy en su opulencia y disfrutan del capital heredado. 

Como la población española también fue emigrante (especialmente de regiones con fácil salida al mar, como Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Catalunya y Canarias), hay quienes piensan que lo mínimo que podemos hacer es acoger a aquellas personas que buscan un futuro mejor en nuestro territorio. Sin embargo, no es comparable, porque quienes fuimos emigrantes representábamos (y representamos) la opresión del sistema colonial, y precisamente, esa diferencia hace que un viaje se llame coloquialmente 'hacer las Américas' y el otro se llame equivocadamente, 'inmigración ilegal'.

Si pensamos un poco más profundamente en lo que se escuchó en la cámara de los diputados sobre la regularización de las personas en situación administrativa irregular, nos daremos cuenta de la intención de los discursos. Cuando tratan de generar una imagen mental negativa de las personas migrantes, tratan de meter miedo y odio en el cuerpo. Sin embargo, si queremos vivir conscientes, tenemos que estar bien atentas a los discursos, reflexionar y hacernos responsables, de lo contrario, podríamos sostener este tipo de discursos sin fundamento y caer en el cinismo y la incongruencia. Este 18 de diciembre nos toca reflexionar sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas migrantes.

*Begoña Velasco es activista de SOS Racismo Bizkaia.

Migrar, según la RAE, es “trasladarse desde el lugar en que se habita a otro diferente”, pero este traslado o viaje no es similar para todas las personas. Algunas lo llevan a cabo por decisión propia, a veces por placer, porque es un derecho que tienen, concretamente el artículo 13 de la Declaración “Universal” de los Derechos Humanos, que expresa que “toda persona tiene el derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”. Otras, sin embargo, lo hacen obligadas, empujadas por la necesidad de mantenerse en vida o de conseguir una digna. Estas últimas lo realizan de manera peligrosa, arriesgando su vida, como si ese artículo 13 no fuera de aplicación para todos los humanos.

Este viaje, por ende, suele tener un impacto a nivel personal en los migrantes: sensación de pérdida, desarraigo, ansiedad por las situaciones de contacto intercultural, pérdida de referentes e iguales, etc. Pero más allá de las consecuencias de un proceso migratorio común, a menudo, se suelen encontrar con dificultades añadidas, incluso más peligrosas y dañinas, como es la discriminación y los delitos y mensajes de odio en el país de acogida. Estos últimos tienen cada vez más presencia, especialmente en las plataformas de las redes sociales, donde el agresor se esconde tras el anonimato y la impunidad.

Asimismo, igual que el proceso de migración que hemos señalado anteriormente, los mensajes y delitos de odio tienen consecuencias psicológicas negativas, a veces terribles sobre las víctimas, que, además, en algunos momentos de nuestra historia, como refleja la siguiente gráfica, lo que empezó con actitudes de rechazo, estereotipos y prejuicios, acabó en genocidio.

La propagación de los discursos de odio crea en la sociedad una sensación de impunidad, miedo, e impacta en las víctimas de manera negativa. Para evitar esta situación, en primer lugar, es necesario llevar a cabo acciones de sensibilización de la población en general, haciendo un ejercicio pedagógico, e informando del impacto psicológico que pueden tener dichos mensajes, así como de sus consecuencias desastrosas para la convivencia; y, en segundo lugar, dar a las personas susceptible de sufrir este tipo de acciones las herramientas para hacer frente al odio en todas sus formas. Pero ¿cómo conseguir esas herramientas? ¿la sociedad digital es consciente del daño que pueden llegar a ocasionar sus mensajes de odio?

Se evidencia, en ese sentido, la necesidad de crear programas con el objetivo de paliar las consecuencias de esta situación, y fomentar la participación de la sociedad contra los delitos de odio. Así pues, 'Está en tu mano-Acompaña' es un proyecto de asistencia a personas migrantes víctimas de delitos de odio, y tiene por objetivo promover la participación de la sociedad en la lucha contra el discurso y los delitos de odio. Está subvencionado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria.

Dentro de este proyecto, existen talleres de sensibilización dirigidos a la población en su conjunto, y a la población susceptible de discriminación en particular; se lleva a cabo un asesoramiento jurídico, a través de la abogada del proyecto, Calota, y una asistencia psicológica, en aquellos casos en los que sea necesaria, a las víctimas de los delitos de odio, cuya labor la realiza Mónica, la psicóloga.

-¿Te han insultado alguna vez (ya sea en persona o por redes sociales), por razones raciales, grupo cultural o religión? -[Respuestas…] -Cuando te suceda esto, nunca pienses que es tu culpa, el culpable es el que discrimina, el racista, el xenófobo… Así comenzaba Mónica el Taller de acompañamiento legal y psicológico a víctimas de delitos de odio, una de las actividades del proyecto. La psicóloga comienza realizando esta actividad para prevenir, eventualmente, un daño en la autoestima de las víctimas, o que se produzcan conductas autolesivas cuando sufren situaciones de discriminación.

Estos talleres y actividades resultan importantes para estos colectivos, pues como se ha constatado a lo largo de estas líneas, existe la necesidad de tomar medidas para hacer frente a los mensajes de odio, y sensibilizar a la sociedad en su conjunto, formando a la población en el uso de las tecnologías, dotándoles de pensamiento crítico, así como de competencias interculturales, pues vivimos en una sociedad donde la inmigración ya no puede considerarse un fenómeno pasajero. Esta ha cambiado la realidad de nuestro país para siempre, y lo ha convertido en un espacio multicultural, donde una sana convivencia solo podrá conseguirse si hay intercambio, conocimiento y respeto al diferente…

… y donde en vez de odio, compartamos amor…

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha respaldado este martes el veto migratorio del presidente del país, Donald Trump, pese a las acusaciones de que apuntaba especialmente a países con mayoría musulmana.

El alto tribunal ha fallado a favor del tercer veto promulgado por el mandatario desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017 y que afecta a Libia, Irán, Somalia, Siria y Yemen e impone restricciones para los ciudadanos de Venezuela y Corea del Norte desde el pasado septiembre.

En una decisión que se ha resuelto por cinco votos a favor y cuatro en contra, el Tribunal Supremo ha aceptado el argumento del Gobierno de que el veto esta dentro del poder del presidente para diseñar la política de seguridad nacional. El presidente tiene por tanto la capacidad de “suspender la entrada de ciudadanos extranjeros a Estados Unidos”.

Aunque mantiene el veto, el presidente del tribunal, John Roberts, ha incluido unas línes críticas con Trump sobre la importancia histórica del principio de no discriminación religiosa.

“El presidente de Estados Unidos posee un poder extraordinario para hablar con sus conciudadanos y hacerlo en su nombre”, escribe Roberts. “Nuestros presidentes han usado frecuentemente ese poder para apoyar los principios de la libertad religiosa y tolerancia sobre los que se fundó esta nación”.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, ha asegurado este lunes que el endurecimiento de las políticas migratorias que propone el gabinete del presidente Donald Trump podría haber evitado el intento de atentado terrorista que ha dejado cuatro heridos en una explosión en el metro de Manhattan.

Según la portavoz, si el Congreso hubiese aprobado las políticas de veto migratorio que el Ejecutivo de Trump propone para impedir la entrada a EEUU de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Chad, Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen), “se habría impedido que ese individuo entrase en Estados Unidos”.

“El presidente está ciertamente preocupado con el hecho de que el Congreso, y particularmente los demócratas, haya sido incapaz de actuar y haya fracasado a la hora de tomar las medidas necesarias para evitar esto”, ha apuntado la Sanders en una rueda de prensa en la que la Casa Blanca ha informado sobre el intento de atentado.

De acuerdo con la portavoz del presidente, el atentado perpetrado a primera hora de este lunes por parte de Akayed Ullah, se debe a que el joven de origen bangladeshí que ha sido detenido por la policía de Nueva York, pudo entrar en el país en febrero de 2011, gracias a un visado de reagrupación familiar.

“Si el Congreso hubiera hecho algo al respecto esto no habría pasado”, ha insistido la portavoz, que ha apuntado que las políticas presidenciales de endurecimiento de las migraciones podría haber “impedido” que ocurran actos como este.

Cuestionada sobre qué podría haber hecho el Congreso, teniendo en cuenta que Ullah ni entró desde México ni es originario de ninguno de los países afectados por ninguna de las propuestas de veto migratorio de Trump, Sanders zanjó la cuestión diciendo que el presidente siempre ha querido “endurecer” la política de concesión de visados.

“Si la política del presidente se hubiera implantado esto no habría pasado. Este ataque pone de relieve la necesidad de reforzar las fronteras”, ha insistido la portavoz sobre la “importancia” de establecer definitivamente este veto. Un veto que en un principio fue rechazado por los tribunales estadounidenses.

Por ello, la portavoz ha asegurado que el presidente Trump seguirá “impulsando agresivamente” una reforma de las políticas migratorias que “acaben” con la llegada de inmigrantes a suelo estadounidense. “El presidente continuará impulsando agresivamente una reforma responsable de la política migratoria, y el fin de la llegada masiva de inmigrantes sin duda formará parte de este proceso”, ha remarcado Sanders.

Sería acertado afirmar que Chad no ha sido mencionado en una conversación geopolítica en décadas. Como mucho, este país africano, cuya dimensión es proporcional a su pobreza, ha desempeñado un papel minúsculo en los juegos de poder de la política internacional. El hecho de que haya sido incluido en una lista actualizada de los países cuyos ciudadanos tienen restricciones para entrar en Estados Unidos ha causado un gran desconcierto.

La inclusión de otros países en la lista creada por la Administración de Trump, que entrará en vigor el 18 de octubre, resulta más fácil de comprender. En las últimas semanas, Trump ha intercambiado insultos y amenazas con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Por otra parte, en la Asamblea General de las Naciones Unidas el presidente de Estados Unidos afirmó que Venezuela es “una dictadura socialista”. Sudán ha caído de la lista mientras que todo parece indicar que Estados Unidos quiere lidiar con los problemas con Irak a través de otras vías. Somalia, Libia, Siria, Yemen e Irán estaban en la primera lista y siguen presentes en la versión revisada.

Sin embargo, ¿Chad?

Esta decisión presidencial se acompaña de pocas explicaciones. Desde 1990 Chad está controlado por el general autoritario Idriss Déby y la Administración de Trump reconoce que el gobierno es un aliado importante y valioso en la lucha antiterrorista y que Estados Unidos espera “reforzar esa cooperación” en otras áreas como inmigración y gestión de las fronteras.

Sin embargo, afirma que Chad no ha compartido información vinculada con el terrorismo y la seguridad pública. A muchos analistas les ha sorprendido esta afirmación y subrayan que en lo relativo a la lucha antiterrorista Chad ha sido uno de los aliados más eficientes de la región subsahariana y durante años ha colaborado con otros países de Occidente, en especial Francia.

La Casa Blanca esgrime un segundo motivo. Asegura que “distintos grupos terroristas están activos en Chad o en los países vecinos, entre ellos, elementos de Boko Haram (el Estado Islámico de África Occidental), y Al Qaeda en el Magreb Islámico. La prohibición de viajar se justifica por ”la considerable amenaza terrorista que se origina en este país“.

Si bien es cierto que estas organizaciones tienen algún tipo de presencia en el país, no deja de ser poco significativa si se compara con la de otros países vecinos. Boko Haram ha conseguido penetrar en Chad, pero sigue siendo un grupo fundamentalmente nigeriano. De hecho, una de las funciones más importantes desempeñadas por las fuerzas del Chad ha sido la de actuar como yunque cuando los soldados nigerianos han aplastado a los milicianos. Estados Unidos ha elogiado estos esfuerzos en muchas ocasiones.

Otros grupos, en especial Al Qaeda en el Magreb Islámico, son mucho más activos en Malí, Níger y Argelia, países sobre los que no pesa ninguna prohibición de viajar. En estos momentos, Al Qaeda lidera una coalición muy activa en la región subsahariana pero no en Chad.

Los analistas señalan que ningún complot importante se ha originado en este país. En Malí, los yihadistas han ocupado zonas del territorio, entre ellas, la célebre ciudad de Tombuctú. Los soldados franceses desplegados en esta zona para expulsar a los terroristas siguen operando en la región y tienen su base en Chad. Si Trump tiene una explicación racional y realista de por qué Chad ha sido incluido en la nueva versión de la lista, lo cierto es que por el momento ha decidido no compartirla.

Traducido por Emma Reverter

Un investigador iraní contra el cáncer que viajaba a Estados Unidos con un visado válido ha sido detenido en el aeropuerto internacional de Boston y devuelto a su país junto con su esposa y tres hijos, tan solo dos semanas después de que volviera a entrar en vigor el veto migratorio de Donald Trump.

Mohsen Dehnavi viajaba a Estados Unidos para trabajar como investigador visitante en el Hospital Infantil de Boston, que está afiliado a la Facultad de Medicina de Harvard. Pero a su llegada este martes no le permitieron la entrada en el país. Tras unas horas retenidos, Dehnavi, su esposa y sus tres hijos fueron metidos en un vuelo de vuelta a Irán.

“Hoy, un investigador posdoctoral de Harvard iraní llegó al aeropuerto Logan de Boston junto a su familia. Tras diez horas en el aeropuerto, los agentes me aseguran que no les dejarán entrar en el país y que les tienen que enviar de regreso a Irán”, escribió en Facebook un amigo de Dehnavi, Mohammad Rashidian.

La página web de noticias médicas Stat news, vinculada al Boston Globe, citó a Rashidian afirmando que Dehnavi y su familia están “muy preocupados”. “Realmente no entiendo cuál es el problema,” afirmó.

En un comunicado por correo electrónico, el Hospital Infantil de Boston declaró que Dehnavi tiene un visado tipo J-1, que se le otorga a investigadores muy cualificados, profesores o visitantes de intercambio.

“El doctor Dehnavi es un investigador visitante con un visado J-1 que viene a Boston junto a su esposa y tres hijos”, afirmaba el comunicado, que fue enviado antes de su deportación. “Él y su familia están detenidos en el aeropuerto internacional de Boston y parece que hoy mismo los enviarán de vuelta a Irán”.

“En este momento, el Hospital Infantil de Boston tiene muy poca información respecto a las circunstancias de la detención. El hospital espera que esta situación se resuelva rápidamente y que el Dr. Dehnavi y su familia sean liberados y puedan entrar en Estados Unidos. El hospital está comprometido a brindar todo su apoyo al Dr. Dehnavi y su familia”, aseguró el centro médico.

Trita Parsi, presidente del Consejo Nacional Iraní-Estadounidense (NIAC, por sus siglas en inglés), cuya organización se opone firmemente al veto migratorio, expresó su consternación por la detención de Dehnavi. Parsi difundió en Twitter una imagen de la visa del investigador, que muestra que fue emitida en mayo y que es válida hasta agosto.

El visado aclara que Dehnavi pasó por todo el proceso administrativo de autorización realizado por las agencias de seguridad. “Autorización recibida el 12 de abril de 2017”, afirma el visado.

El pasado junio, el Tribunal Supremo de Estados Unidos desbloqueó importantes elementos de las medidas cautelares impuestas por tribunales inferiores contra la orden ejecutiva de Donald Trump que prohibía la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana.

Los ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen tienen prohibida la entrada a Estados Unidos, a menos que prueben una “relación fiable” con una persona o entidad en Estados Unidos.

“A pesar de los fallos de varios tribunales, claramente el espíritu del veto contra los musulmanes ha sobrevivido”, afirma Parsi a the Guardian. “La emisión de visados a ciudadanos iraníes se ha reducido en un 52%, comparado con el año pasado como resultado del veto que ha puesto en práctica el gobierno de Trump, a pesar de los fallos de los tribunales. La realidad indica que, a menos que actúe el Congreso, este veto seguirá discriminando y separando familias a la vez que no contribuye en nada a la seguridad de Estados Unidos”, añade.

La agencia de Aduanas y Protección Fronteriza ha informado en un comunicado que la detención y deportación de Dehnavi y su familia no están relacionadas con el veto migratorio. “Esta persona no fue admitida en EEUU en base a información descubierta durante la inspección de aduanas por razones que no están relacionadas con la orden ejecutiva”, ha asegurado.

La mayoría de los iraníes víctimas del veto de Trump son estudiantes muy cualificados o investigadores. Varios científicos iraníes, incluso algunos que estaban estudiando en Harvard, se vieron afectados cuando el veto original entró en vigor, antes de las medidas cautelares de los tribunales.

Elmira Jalilian y Saghi Saghazedhi, que trabajan en el Laboratorio de Ingeniería de Tejidos de Harvard, fueron dos de las científicas iraníes que protestaron contra el veto. “Nunca nos ha sido fácil a los iraníes conseguir un visado”, declaró Saghazadeh a Public Radio International en febrero. “Parece que esta es una forma directa de decirnos: ‘Marchaos de nuestro país’”.

Samira Asgari, científica del laboratorio de la Facultad de Medicina de Harvard, es ciudadano iraní y fue una de las personas que presentó una demanda judicial contra el gobierno de Trump por el veto original.

Traducido por Lucía Balducci

El número de refugiados admitido en Estados Unidos se ha reducido a la mitad bajo la presidencia de Donald Trump respecto a los últimos meses de Barack Obama, de acuerdo con las cifras publicadas por el Departamento de Seguridad Interior.

Mientras, el Tribunal Supremo ha decidido este lunes levantar parcialmente el bloqueo del veto migratorio impuesto por jueces federales. El informe del Departamento de Seguridad Interior publicado el pasado viernes arroja luz sobre el estado de la inmigración legal bajo la administración Trump.

Las estadísticas, publicadas en primer lugar por el periódico Los Angeles Times, muestran al menos 13.000 admisiones de refugiados en EEUU en los últimos tres meses. En los últimos tres meses de Obama, esa cifra era superior a 25.000.

El informe apunta a un aumento en la entrada de refugiados por la administración Obama tras la victoria de Trump en las elecciones presidenciales. En comparación con el año fiscal anterior, el periodo de Obama refleja un incremento del 86%. Con Trump, se ha producido una bajada del 12% respecto al año anterior.

Aproximadamente dos tercios de los refugiados admitidos en EEUU en los últimos tres meses provienen de cinco países: Siria y Somalia, ambos incluidos en el veto migratorio; Irak, que estuvo en la primera versión del veto; La República Democrática del Congo; y Myanmar. EEUU admite muchos menos refugiados sirios que otros países occidentales.

Levantamiento parcial del veto en el Supremo

Una semana después de asumir el cargo en enero, Trump firmó una orden ejecutiva suspendiendo todas las admisiones de refugiados a EEUU durante 120 días y prohibiendo la entrada durante 90 días a las personas Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. La medida provocó protestas a nivel nacional en medio del caos y la confusión en muchos de los grandes aeropuertos.

La orden fue bloqueada en un tribunal federal. En marzo, una revisión de la orden ejecutiva sacaba a Irak de la lista y buscaba moderar el lenguaje aparentemente dirigido a musulmanes. Otro juez también falló en contra de esta segunda versión.

El Tribunal Supremo ha decidido este lunes levantar parcialmente el bloqueo del veto migratorio impuesto por jueces federales. El tribunal de última instancia ha acordado escuchar los argumentos sobre la legalidad del polémico veto migratorio en otoño de este año, permitiendo que partes del veto entren en vigor durante el verano.

El Supremo permite que el veto entre en vigor para los extranjeros que no tienen ninguna “relación verdadera con personas o entidades en Estados Unidos”. Ejemplos de estas relaciones son estudiantes aceptados en centros educativos o trabajadores contratados por empresas de EEUU.

Los abogados que representan a la administración Trump presentaron su discurso final el miércoles pasado, insistiendo en que el veto migratorio fue una medida antiterrorista, dentro de la autoridad del presidente para proteger la seguridad nacional. Abogados del estado de Hawai y demandantes individuales en Maryland cumplieron con el papeleo el martes pasado.

Los jueces federales que bloquearon los vetos citaron la dura retórica empleada por Trump en la campaña electoral, especialmente la promesa de prohibir la entrada a Estados Unidos a todos los musulmanes y la defensa de dar prioridad a los refugiados cristianos, como muestra de las intenciones detrás de su veto migratorio.

Los jueces también expresaron que tanto la administración como sus seguidores han empleado a menudo un lenguaje para defender el veto que sugiere una motivación más perversa que la preocupación por la seguridad nacional.

Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y un destacado representante de la campaña de Trump, declaró a Fox News que el presidente le llamó después de las elecciones para preguntarle cómo podría ordenar legalmente un veto a los musulmanes. “La historia fue exactamente así: cuando lo anunció por primera vez dijo 'veto musulmán' –señaló Giuliani–. Me llamó y dijo: 'crea una comisión y muéstrame la forma legal de hacerlo”.

En febrero, un informe interno del Departamento de Seguridad Interior filtrado a los medios debilitó la lógica de la administración descubriendo que los ciudadanos de los países identificados en el veto migratorio de Trump “raras veces están implicados en terrorismo en Estados Unidos”.

Trump había estado relativamente callado sobre el veto en los últimos meses, pero volvió al asunto tras al ataque terrorista de Londres del 3 de junio. En un ataque a Sadiq Khan, el primer alcalde musulmán de una gran capital de Occidente, Trump tuiteó: “Es correcto, necesitamos un VETO MIGRATORIO para determinados países PELIGROSOS, no un concepto políticamente correcto que no nos ayudará a proteger a nuestra gente”.

El tuit debilitó, una vez más, la insistencia de la administración ante los tribunales de que la orden ejecutiva no es un veto, sino una implementación de una política de “control extremo”. La Casa Blanca ha criticado a los medios por calificar la orden de “veto”, a pesar de que la caracterización viene del propio Trump.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

Donald Trump ha obtenido una inesperada victoria en el Tribunal Supremo, al conseguir que los jueces acepten la aplicación temporal de la mayor parte del decreto del veto migratorio a las personas de seis países musulmanes. El tribunal decidió el lunes admitir a trámite el caso sobre un decreto que fue paralizado por dos tribunales de apelación, lo que originó recurso presentado por la Administración.

De forma inmediata, la decisión judicial permite aplicar varios aspectos de la prohibición, siempre que las personas afectadas no tengan una relación previa con EEUU, por ejemplo por tener a parientes viviendo en el país. Si no cuentan con esos parientes y es su primera visita a EEUU, la prohibición dictada por Trump les afectará de lleno. Esa luz verde estará en vigor hasta que el Tribunal Supremo emita su decisión definitiva sobre el caso.

De esa forma, el Tribunal Supremo acepta estudiar durante su próximo periodo de sesiones (de octubre de 2017 a junio de 2018) la legalidad del veto migratorio del Gobierno, bloqueado por dos tribunales que consideraron que Trump abusó de su poder y que esta medida discrimina a los musulmanes como minoría religiosa.

Las vistas públicas en las que las partes implicadas presentarán sus argumentos no se celebrarán hasta octubre de este año. El tribunal indica en su fallo que el Gobierno no había solicitado que se diera urgencia a la tramitación del recurso.

Tres de los miembros del tribunal presentaron un voto particular que disiente en parte del fallo. Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch sostienen que habrían permitido que el veto migratorio se aplicara en su totalidad mientras el Tribunal Supremo delibera sobre su decisión. Gorsuch fue nombrado para el puesto por Trump y ratificado por el Senado este año.

La semana pasada, a ambos lados del Atlántico los tribunales abordaron la relación entre el islam y Occidente, pero con resultados y enfoques radicalmente diferentes. En Estados Unidos, los tribunales federales en Hawái y Maryland frenaron el segundo intento de Donald Trump de activar un veto a los musulmanes. Mientras tanto, el Tribunal de Justicia de la UE, el órgano de justicia más importante de Europa, confirmó el derecho de las empresas para poder prohibir a las mujeres llevar velo.

Tanto el derecho europeo como el americano abarcan los principios de neutralidad religiosa y de no discriminación, pero la aplicación diferente de estas leyes refleja distintos niveles de disconformidad con la religión en general y una ansiedad demográfica con el islam en particular.

Tanto en EEUU como en Europa, los políticos han hecho demagogia sobre el islam dibujándolo como una amenaza mortal para la civilización occidental, y no les ha salido nada mal. La victoria de Trump, el ascenso de Marine Le Pen en Francia, y la sacudida hacia la derecha en Holanda, aun con la derrota electoral de Geert Wilders, son una gran evidencia de que el populismo da beneficios políticos. Y aún así, mientras los tribunales europeos regulan el velo año tras año, por lo general los tribunales estadounidenses se han negado a picar en el cebo anti musulmán.

En un caso interpuesto por nuestra oficina de asesoramiento legal y otras organizaciones asociadas, Darweesh contra Trump, un tribunal federal de Brooklyn prohibió el primer veto musulmán de Trump 24 horas antes de entrar en vigor, y después una serie de tribunales federales llegaron a la misma conclusión.

En las resoluciones de la semana pasada de prohibir el segundo veto a los musulmanes, los tribunales han rechazado los argumentos vacíos del gobierno de que el veto no tenía nada que ver con los musulmanes. Tal y como escribió el juez Derrick Watson en el caso de Hawái: “Cualquier observador razonable y objetivo concluiría... que el propósito secular declarado en la orden ejecutiva es, al menos, secundario, por detrás de un objetivo religioso de suspender temporalmente la entrada de musulmanes”.

Por lo tanto, el tribunal identificó fácilmente que las afirmaciones del gobierno para vincular el veto a un asunto de seguridad nacional eran solo un pretexto para su hostilidad religiosa. El fallo representa un continuado rechazo por parte de los tribunales a un miedo irracional hacia los musulmanes –islamofobia– diseminada por el presidente y su círculo íntimo.

En cambio, la decisión tomada por el alto tribunal europeo refleja una incapacidad para abordar el problema de la islamofobia de cara. Su decisión de esta semana confirmó el despido de una recepcionista belga por la multinacional de seguridad belga G4S porque llevaba un velo. Semejante resultado es impensable en un tribunal estadounidense.

La filial belga de G4S, no la compañía global, había adoptado una política para prohibir a sus empleados que llevasen símbolos religiosos visibles o participar en prácticas religiosas de cualquier tipo. A pesar de que la política se escribió de una manera genérica, no fue una coincidencia que el caso involucrase concretamente a una mujer musulmana. Este es uno de los innumerables casos de este tipo que se han producido en Europa en los últimos años, desde la prohibición de llevar burkas en público en Francia hasta la prohibición de usar velo a las profesoras en Suiza.

Mientras que los tribunales americanos han adivinado las intenciones del gobierno con sus alegaciones de no discriminación, los europeos han cerrado sus ojos ante la política anti musulmana adoptada por G4S.

Los tribunales de todo el mundo están en continuo diálogo con la sociedad y como tal sus decisiones son inseparables de la sociedad en las que se adoptan. Las decisiones europeas y estadounidenses reflejan las grandes diferencias en las orientaciones de ambas sociedades hacia los musulmanes. En EEUU, nuestra profunda experiencia con el pluralismo de todo tipo –racial, étnico y religioso– ha contribuido a formar un escudo de resistencia contra el populismo anti musulmán que ha excedido las barreras en Europa.

Chivos expiatorios religiosos

Es verdad que EEUU está lejos de ser inmune a los impulsos nacionalistas o a las apelaciones a la islamofobia –el triunfo de Trump lo demuestra– pero el temor a que los musulmanes se hagan con el poder del país es tiene muy poco crédito. Aunque Trump está presionando por una ecuación fácil hacia los musulmanes, refugiados y terroristas, los tribunales han demostrado ser más resistentes hacia los chivos expiatorios religiosos.

Por el contrario, gran parte de Europa parece afectada por la ansiedad que genera una bomba demográfica musulmana y la pérdida de la identidad europea. En este contexto, hay una fijación con el velo como una manifestación visible de una práctica cultural diferente, y los tribunales europeos han respondido en consecuencia.

El primer veto a los musulmanes en enero fue recibido por decenas de miles de manifestantes en aeropuertos de todo el país que se solidarizaban con los inmigrantes y refugiados musulmanes. Muchos de aquellos manifestantes portaban carteles con la imagen que se hizo famosa durante las Marchas de las Mujeres una semana antes: una mujer con un hiyab estampado con la bandera americana.

Precisamente cuando la administración Trump vilipendió a los musulmanes como objeto de desdén, manifestantes exaltaron a los musulmanes como un sujeto universal de derechos humanos. Para ellos, los musulmanes no son una amenaza contra la nación sino parte de ella, algo que no se puede imaginar que suceda en Europa. No ha habido protestas masivas por parte de europeos no musulmanes para oponerse al veto del velo, ni imágenes de mujeres francesas o belgas con hiyabs tricolor.

Irónicamente, incluso en la era Trump, en la que un nacionalista islamófobo está a los mandos del gobierno más importante del planeta, los tribunales estadounidenses y la sociedad se han comprometido para hacer una defensa de los valores pluralistas, no como sus homólogos europeos.

El resultado de las elecciones en Holanda da lugar a la esperanza, a que el sentimiento popular pueda estar cambiando. Quizá los tribunales europeos se envalentonen, y los americanos sigan manteniéndose firmes.

Traducido por Cristina Armunia Berges

Es una larga lista, larguísima. Tiene 180 millones de nombres entre libios, somalíes, sirios, sudaneses, iraníes y yemeníes. Aunque los jueces ya le han parado los pies en dos ocasiones, Trump insiste en que hará lo necesario para prohibirles la entrada. No es que hasta ahora les fuera fácil viajar a EEUU, para la gran mayoría de la gente de esos países ya era prácticamente imposible, pero ahora Trump quiere que sea imposible a secas. Hemos hablado con dos nombres de esa lista negra: Tameem y Bana.

Tameem (Libia)

Hablar con Tameem no ha sido fácil: los continuos cortes de electricidad en Trípoli hacen que no siempre pueda contestar a los mensajes. Todo un cambio para una persona que hasta hace unos meses vivía en Chicago.

En muchos aspectos Tameem representa todo lo que está mal respecto a la decisión de Trump, todo lo que un pasaporte no dice de una persona. Su pasaporte libio, hoy vetado, no explica que fue uno de los 16 estudiantes de su país que entre más de 1.000 finalistas consiguieron una beca para estudiar en EEUU. Se marchó en plena guerra civil.

Su pasaporte no aclara que se graduó en una prestigiosa universidad del país al que no sabe si podrá volver. Lo hizo con el expediente perfecto: matrícula de honor en todas las asignaturas. Su pasaporte tampoco recoge que el presidente Bill Clinton, qué ironía, le entregó el premio de su fundación a la mejor idea de negocio tras imponerse a otros 1.200 proyectos de 80 países.

Sin embargo su pasaporte libio es el que probablemente va a impedirle regresar a EEUU: “No me sorprendió la decisión porque me la esperaba del nuevo presidente. Sin embargo me sentí muy disgustado y decepcionado porque tengo un gran evento allí en octubre de 2017”. Tameem iba a viajar a una universidad de Boston para aconsejar a 50 estudiantes de la Fundación de los Clinton. A compartir su experiencia americana. Si Trump no renueva la prohibición aún es posible que acuda pero no se hace ilusiones.

Al menos, dice, le ha pasado ahora y no antes de irse a estudiar a EEUU. Desde su regreso a Libia ha fundado dos compañías de tecnología y tiene otro empleo en una gran empresa de telefonía. Difícil encontrar mejor ejemplo de cómo aprovechar un visado de estudiante de los que se van a paralizar. A él le duele por sus compatriotas. Si el veto de Trump le hubiera impedido disfrutar de su beca en Chicago “hubiera sido una pesadilla”.

Bana (Siria)

Al igual que con Tameem también me cuesta contactar con Bana, aunque por diferentes motivos. Estaba de viaje: “acabo de volver de California”, me dice. Ante mi extrañeza, aclara: “tardé 28 segundos en pasar el control de inmigración, lo calculé con el reloj”.

Bana nació y creció en Damasco, y cuando viaja lo hace con su único pasaporte, el sirio. Trabaja en Europa para una gran multinacional y va a menudo a EEUU con un visado de negocios que hasta ahora no le ha dado problemas, aunque también es cierto que no ha tenido que renovarlo en la era Trump. En unas semanas va a su antigua universidad y será la primera vez. Dice que no tiene miedo, pero por si acaso y tras pensárselo bien, nos ha pedido que no usemos su nombre real.

“No puedes decidir si alguien es bueno o malo por su pasaporte”, dice Bana. “No tengo miedo pero, ¿por qué tengo que explicarme? No quiero ocultar que soy de Siria, aunque a veces lo hago. Me cuesta entender que por mi origen pueda estar en alguna lista negra. No tengo nada que esconder. No he hecho nada malo”.

Hace años que Bana no puede regresar a Siria. La última vez que estuvo en Damasco fue un año antes de que “empezara todo” Hace poco viajó en Madrid y dice que le emocionó ver en la fachada del ayuntamiento la pancarta de 'REFUGEES WELCOME'. Afortunadamente su familia más directa está lejos del peligro. Están a salvo, por cierto, en EEUU. 

Nagi Ali y Arwa al-Abili son una joven pareja que está separada por 14.000 kilómetros de distancia, una entrevista final para la obtención de un visado y la nacionalidad yemení de ella. Cuando la nueva orden migratoria de Trump entre en vigor podrían quedar atrapados sin remedio en un limbo legal.

“Es como intentar que no se te escape el agua que tienes en las manos y tienes miedo de que se te escurra entre los dedos”, indica Ali mientras contempla la calle nevada desde un supermercado de East Harlem.

Ali, es un joven de 22 años que nació en Yemen pero que ya tiene la nacionalidad estadounidense. Todos los días habla con su prometida por teléfono durante tres horas. La joven reside en Kuala Lumpur, Malasia, y está a la espera de poder reunirse con él. También a diario, Ali comprueba por internet si se ha producido algún avance en el expediente de petición del visado. La demora se está haciendo eterna y su sueño de casarse en Nueva York se evapora cada minuto que pasa.

Para que ella pueda llegar hasta Nueva York, sería necesario que un juez dejara sin efecto la medida de Trump, que veta la entrada a Estados Unidos a los nacionales de ciertos países musulmanes. Otra posibilidad sería que en las próximas horas a ella le dieran cita para una entrevista, el último trámite que les falta, en la embajada de Estados Unidos en Kuala Lumpur, y que esta cita sirviera para desencallar el proceso de solicitud de visado. Si esto no sucede, su última esperanza es que un funcionario consular haga una excepción. Su gran temor es que el presidente nunca la deje entrar en el país.

Si bien los expertos no esperan que la nueva medida de Trump genere el caos de la primera orden migratoria, ya que la nueva versión contempla exenciones y un plazo de diez días para que se implemente, miles de nacionales de los países mencionados en el veto serán víctimas de la rigidez burocrática del decreto. Sin embargo, muy pocos estaban tan cerca de conseguir su sueño americano como Arwa al-Abili.

Ya habían hecho todo el papeleo. Hace meses, cuando la posibilidad de que Trump ganara las elecciones ni siquiera estaba en el horizonte, habían rellenado un montón de formularios, habían presentado toda la documentación y ya habían pasado por un proceso de control de seguridad. Su abogado en Nueva York, Mohammad Saleem, explica que su solicitud fue aprobada en febrero y que ahora solo falta la entrevista final, una mera formalidad en la que el funcionario consular pone un “sello” en la solicitud: “Lo cierto es que han hecho todo lo que se les pedía y ahora solo falta este trámite final”.

Una boda con 100 invitados

En agosto del año pasado. Ali le pidió matrimonio a su amada de 19 años. Viajó hasta Malasia para asistir a una boda de la familia de ella y verla. No se habían visto desde hacía años.

Se conocieron cuando eran unos adolescentes, en 2011, en la provincia yemení de Ibb, situada en el sudoeste del país. Ali estaba pasando unos días con unos familiares y no se orientaba bien por la ciudad y le preguntó a ella por una dirección. Hasta ese momento, nunca había creído en los flechazos. “Desde entonces, solo he pensado en ella”, explica con una gran sonrisa: “Es muy respetuosa, es paciente, cuando habla tiene grandes ideas, quiere prosperar y ayudar a los demás”.

Ali es conductor de Uber y tras hacer largos turnos de noche y de madrugada consiguió reunir el dinero suficiente para pagar a un abogado de inmigración. Solicitaron un visado K-1 para ella, un visado “de prometida” que le permitiría entrar en Estados Unidos y que les daría un margen de 90 días para casarse, tras lo cual ella podría solicitar la residencia. Dejó una paga y señal en el sitio donde quería celebrar la boda, un salón en Brooklyn, eligió el menú de una comida para 100 invitados, pensó en una vida con ella y en la familia que formarían. El 8 de noviembre, cuando ya hacía días que Ali había presentado la solicitud ante el Departamento de Seguridad Nacional, Donald Trump, el candidato que había prometido “prohibir la entrada” a Estados Unidos a los musulmanes, ganó las elecciones.

Ali recibió una llamada desesperada de su prometida. “¿Te va a expulsar?”, le preguntó: “Ven aquí conmigo, yo no espero nada, solo quiero estar a tu lado. Podemos vivir en Kuala Lumpur el resto de nuestras vidas”. Sin embargo, Ali aún no estaba preparado para claudicar, y además pensaba que Trump no cumpliría con su promesa. Se equivocaba.

La primera Orden de Trump que impedía la entrada a los nacionales de siete países musulmanes, incluso los que tenían visados en regla, provocó el caos en los aeropuertos del país. En enero, varios jueces federales de Estados Unidos ordenaron la suspensión del decreto migratorio. El segundo decreto, presentado el lunes, contempla exenciones para los titulares de visados pero vuelve a hacer mención expresa a las personas que tienen la nacionalidad de países musulmanes, entre ellos Yemen. También suspende el programa de reasentamiento de refugiados.

“Se me rompió el corazón”, indica Ali al explicar cómo se sintió cuando supo que Trump iba a presentar una nueva versión de la orden migratoria: “Escuché la noticia cuando me desperté y no pude ir a trabajar”.

Saleem teme que si el visado de ella no se aprueba antes del 16 de marzo, ya nunca pueda entrar en el país. La Orden de Trump permite que la expedición de visados se suspenda indefinidamente y será un solo trabajador consular el que tenga la última palabra.

Aunque la expedición de visados solo se suspendiera durante 90 días, los documentos que aprueban la solicitud de Ali y Abili solo tienen validez hasta el 12 de junio (la suspensión terminaría el 14 de junio). Tendrían que volver a cursar la solicitud desde cero.

Ninguna certeza

En un correo que envió a Saleem el 9 de marzo, el personal de la Embajada de Estados Unidos en Kuala Lumpur indica que todavía no ha recibido el expediente de Abili: “Puede volver a preguntar en dos semanas”. Saleem subraya que la embajada podría darles cita para la entrevista pero que es improbable.

“Ya no puedo prometer nada a mi cliente, no tenemos ninguna certeza. Su futuro está amenazado por una gran nube negra”, lamenta.

Ali intenta conservar su optimismo. Habla de su sueño de convertirse en policía: “Es el mejor trabajo que puedes tener”. Intenta convencer a Abili para que presente una solicitud de matrícula en una universidad y estudie odontología“. No soporta la posibilidad de que ella tenga que volver a Yemen, sacudido por una guerra civil.

“Es demasiado duro pensar que tal vez tengamos que renunciar a nuestro sueño”, indica. “Tenemos que respetar a Trump y a su decreto, esperemos que se haga justicia”.

¿Qué le diría a Trump? A diario el joven pasa por delante de una de sus torres, situada en el centro de Manhattan, cuando hace su turno de Uber. “Le hablaría con la voz calmada para que entendiera que la comunidad musulmana es pacífica. Si en un futuro tienes la ocasión de viajar a nuestros países, te sorprendería su belleza”.

Traducción de Emma Reverter

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha excluido este lunes a los nacionales de Irak de su nuevo decreto migratorio. Los ciudadanos que tuvieran un visado válido antes de la emisión de la orden ejecutiva del 27 de enero también podrán entrar al país.

La decisión de librar a Irak se debe al compromiso de Bagdad a Colaborar con la investigación de sus ciudadanos. Así intentan explicar desde la Casa Blanca la nueva versión del veto, que restringe la emisión de visados durante 90 días a nacionales de seis países de mayoría musulmana, y prohíbe la entrada a territorio estadounidense durante 120 días de refugiados de todo el mundo.

Según esas fuentes, el Gobierno de Irak se ha responsabilizado de mejorar los estándares de documentación con los que viajan sus ciudadanos a EEUU, y a ejecutar en el “tiempo oportuno” los procesos de repatriación de sus nacionales con órdenes de deportación en Estados Unidos.

En este nuevo decreto el Gobierno de EEUU prohíbe la entrada al país durante 120 días de los refugiados de todo el mundo para reforzar los procedimientos de seguridad y confirmar que las personas que piden asilo no suponen una amenaza para la seguridad de los estadounidenses.

Para justificar la emisión de esta nueva orden ejecutiva el Gobierno de Estados Unidos ha informado este lunes de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) investiga actualmente a 300 refugiados por actividades terroristas.

En la anterior orden, bloqueada en los tribunales, se prohibía de manera indefinida la entrada de refugiados sirios a Estados Unidos, pero esta vez el Gobierno no los menciona de manera específica y los incluye con el resto de refugiados.

“Irak ya no está en la lista”

La consejera presidencial Kellyanne Conway detalló a la cadena conservadora Fox que, frente al primer veto, emitido el pasado 27 de enero y bloqueado por una decisión judicial, la nueva orden dejará fuera a los ciudadanos de Irak y a los de los países afectados con residencia permanente en EEUU o ya estén en posesión de un visado. “Irak ya no está en la lista”, afirmó Conway, en coincidencia con lo anunciado hoy por el ministerio de Exteriores de ese país.

Esta nueva orden entrará en vigor a las 00.01 hora local (05.01 GMT) del próximo 16 de marzo con la intención de que los diferentes ministerios del ejecutivo estadounidense puedan coordinarse entre ellos. La asesora de Trump señaló, además, que en la nueva orden hay “seis o siete grandes puntos” que “clarifican” quiénes se verán afectados y que los refugiados sirios “son tratados de la misma manera que todos los refugiados”.

A pesar de que el Gobierno de Estados Unidos ha sacado a Irak de su lista, ha detenido la emisión de visados durante 90 días a los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana: Irán, Somalia, Yemen, Libia, Siria y Sudán.

A diferencia de la anterior orden, en esta se especifica que pueden entrar a Estados Unidos los ciudadanos de esos seis países que tuvieran un visado válido antes de las 17.00 hora local (22.00 GMT) del 27 de enero, la fecha en la que se emitió la primera orden ejecutiva sobre inmigrantes y refugiados.

Ese extremo no quedó claro en el anterior decreto y se produjo un gran caos en los aeropuertos de todo el mundo, pues ciudadanos con visados válidos no pudieron viajar a Estados Unidos.

Otra de las diferencias que se incluye en esta nueva versión del veto es la eliminación de cualquier referencia a los ciudadanos cristianos, grupo que se había intentado proteger en el anterior decreto.

Tras una semana de caos y confusión durante la cual el Gobierno ya introdujo algunas modificaciones, un juez federal suspendió el anterior veto de forma temporal para estudiar su constitucionalidad, una decisión que luego mantuvo un tribunal de apelaciones al que Trump había recurrido.

La respuesta del Gobierno de Trump ha sido preparar una nueva orden con la que pretende evitar problemas judiciales.

“Cambio de envoltorio”

Los líderes demócratas del Congreso de Estados Unidos, el senador Chuck Schumer y la representante Nancy Pelosi, han reprobado el nuevo veto migratorio del presidente e insistieron en que igualmente se trata de “una prohibición” discriminatoria, aunque esté “diluida”.

“Una prohibición diluida sigue siendo una prohibición. A pesar de los cambios de la Administración, esta peligrosa orden ejecutiva socava nuestra seguridad. Es más, resulta mezquina y antiestadounidense. Debe ser derogada”, ha indicado Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, en un comunicado.

Por su parte, Pelosi, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, ha asegurado que “el cambio de envoltorio” que ha llevado a cabo el Gobierno de Trump sobre la polémica orden ejecutiva “no ha hecho nada para cambiar los objetivos inmorales, inconstitucionales y peligrosos de su prohibición a los musulmanes y los refugiados”.

“Esta es la misma prohibición, con el mismo propósito, impulsada por la misma discriminación peligrosa que debilita nuestra capacidad de combatir el terror”, ha señalado la líder demócrata.

Cada vez más solicitantes de asilo están desafiando a las gélidas temperaturas para conseguir entrar a pie a Canadá desde EEUU. Lo hacen por el miedo a lo que pueda significar la presidencia de Donald Trump, explican algunos de los defensores de los refugiados.

La semana pasada, en medio del caos y la incertidumbre que se desencadenó tras el veto migratorio de Donald Trump, una agencia dedicada a reasentar refugiados e inmigrantes tramitó un total de 10 solicitudes de asilo en un solo día (una cifra sin precedentes). Ocho de los solicitantes habían entrado a pie en Canadá para evitar ser descubiertos por agentes fronterizos.

El martes, la Policía Montada de Canadá aseguró que otras 22 personas habían atravesado la frontera y habían entrado a Canadá durante el fin de semana, 19 el sábado y tres el domingo.

“No están cruzando por el lugar donde hay oficinas de inmigración y aduanas”, cuenta Rita Chahal del Manitoba Interfaith Immigration Council (consejo canadiense de inmigración). “Están cruzando praderas llenas de nieve profunda. En Europa estamos viendo personas en barcos. Imagina kilómetros y kilómetros de inmensas llanuras nevadas”.

Un pacto alcanzado en 2004 entre Canadá y EEUU, conocido como el Acuerdo del Tercer País Seguro (the Safe Third Country Agreement en inglés), obliga a la mayoría de los migrantes a solicitar asilo en el primer país al que llegan. Como resultado, los defensores de los refugiados aseguran que ha aumentado el número de solicitantes de asilo procedentes de EEUU que eligen rutas más largas e inseguras para cruzar la frontera hasta llegar a Canadá y presentar así las solicitudes tierra adentro, donde el acuerdo no se aplica.

Más de 7.000 solicitantes de asilo entraron en Canadá por tierra en 2016, un 63% más que el año anterior, según indica la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá. Se cree que otros 2.000 han entrado de manera irregular en el mismo periodo de tiempo, de acuerdo a las cifras que maneja Reuters.

Los riesgos que están tomando estos solicitantes de asilo quedaron patentes en la víspera de Navidad. Dos de ellos, Seidu Mohammed y Razak Iyal, fueron descubiertos caminando a través de la nieve que les llegaba hasta la cintura en Manitoba. Su travesía hasta Canadá comenzó en Dakota del Norte. Allí cogieron un taxi que les dejó justo en la frontera por 400 dólares canadienses (casi 300 euros).

Mohammed, que tiene 24 años, contó que había huido de Ghana porque tenía miedo a ser perseguido por ser gay y musulmán. Después de que un juez de EEUU denegase su petición de asilo, se enfrentaba a la deportación. En EEUU conoció a Iyal, de 35 años y también procedente de Ghana, y la pareja decidió probar suerte e intentar llegar a Canadá.

Con ropa completamente inadecuada para enfrentarse a un invierno que ha sido uno de los más fríos en los últimos años, la pareja caminó durante horas, atravesó oscuros campos y malezas para llegar a Canadá. “No veíamos ninguna señal pero podíamos sentir que estábamos en Canadá porque hacía mucho, mucho frío”, contó Mohammed en Macleans magazine. Desorientados por el frío y con severos síntomas de congelación, finalmente tropezaron con una autopista y un camionero les ayudó.

Congelación severa y dedos amputados

Ambos terminaron en el hospital. A causa de la congelación, Mohammed terminó con todos sus dedos amputados mientras que Iyal los perdió todos excepto los pulgares.

Esta travesía, y el hecho de que más personas estén optando por ella, preocupa a Chahal. “No queremos ver a una persona perder la vida o algunos de sus miembros mientras intenta salvarse. No queremos ver en las llanuras una imagen similar a la que dio la vuelta al mundo de Alan Kurdi”, apunta refiriéndose al niño que se encontró muerto en una playa de Turquía en el año 2015.

Desde octubre de ese año, la organización de Chahal ha tramitado 118 solicitudes de asilo. En un año normal, se suelen tramitar 50 o 70. Solo en enero comenzaron a tramitarse 40 de estas solicitudes. Aunque los refugiados llegan de todas las partes del mundo, la mayoría son de Somalia, Ghana y Yibuti.

Su organización asegura que van a seguir llegando más y más personas en los próximos meses. Esto se debe en parte al clima político que se vive al sur de la frontera. “Algo que quizá oigamos es que están asustados por lo que está sucediendo en EEUU. Una pareja nos contó que vieron lo que pasó en los aeropuertos el fin de semana pasado y que estaban asustados”, asegura Chahal. “Les da miedo que les lleven a centros de internamiento, ser deportados o que sus solicitudes no sean aceptadas. Todo esto les preocupa mucho”.

En Quebec, Columbia y Ontario se está produciendo un aumento similar de entradas irregulares, según cuenta Janet Dench del consejo canadiense de refugiados. Su organización pide, como tantas otras, al gobierno de Canadá que incremente el número de refugiados que acoge su país. Sobre todo, después de la decisión de Donald Trump de recortar el número de refugiados para 2017 de 110.000 a 50.000. También han pedido que se retiren del acuerdo que designa a EEUU como un país seguro para refugiados.

El acuerdo plantea el riesgo de conducir a los refugiados a una mayor clandestinidad, apunta Denche. “En este momento, uno de los resultados colaterales del acuerdo es que creamos incentivos para la gente que cruza irregularmente, da trabajo a los contrabandistas y pone la vida de las personas en peligro”.

Piden derogar el acuerdo con EEUU

Cientos de manifestantes se dieron cita en Otawa la semana pasada para formar una cadena humana frente a la embajada de EEUU. Pedían a Canadá que derogase el acuerdo. Una petición online ha conseguido ya más de 39.000 firmas.

El ministro de Inmigración del país, Ahmed Hussen, dijo que el Gobierno de Canadá sigue apoyando el Acuerdo del Tercer País Seguro. En unas declaraciones a the Guardian, el ministro dijo que el acuerdo “sigue siendo una herramienta importante para Canadá y EEUU para trabajar juntos en el manejo ordenado de las solicitudes de asilo que se hacen en nuestros países”.

Los críticos dicen que el acuerdo no refleja la dura situación a la que se enfrentan ahora los refugiados en EEUU. “Es una falsa realidad seguir fingiendo que EEUU es un país seguro para los refugiados”, dice tajante Alex Neve de Amnistía Internacional en Canadá, señalando la orden ejecutiva firmada por Trump que frena temporalmente la admisión de refugiados y veta a los refugiados sirios indefinidamente.

En una carta abierta dirigida al ministro de inmigración de Canadá, Amnistía Internacional en Canadá y EEUU unieron sus fuerzas para pedir a Canadá que deje de considerar a EEUU como un país seguro para refugiados. “Creemos firmemente que en este contexto Canadá no puede esperar a ver cómo se desarrollan los asuntos en los próximos días y semanas”, dice la carta.

“La situación es tan cambiante, tan impredecible y está marcada por un desprecio tan grande a los derechos humanos que seguir considerando a EEUU es completamente intolerable”, concluyen.

Traducido por Cristina Armunia Berges

Hasta hace tres días no había oído hablar de Lyft. No hasta que el lunes por la mañana recibí un mensaje de un amigo muy oportuno que quería saber si había borrado Uber de mi móvil y había reemplazado la app por Lyft. El sábado #DeleteUber fue trending topic después de que muchos creyesen que esta plataforma había perjudicado a una huelga de taxistas en el aeropuerto JFK. Los conductores protestaban contra el veto migratorio de Trump.

Para el domingo, en una rápida jugada de marketing, el director de Lyft Logan Green tuiteó que la compañía iba a donar un millón de dólares a ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles). Esto hizo que las descargas de Lyft superasen por primera vez a las descargas de Uber.

Antes vendía el sexo, ahora vende el activismo.

Lyft no ha sido la única compañía que ha alardeado de buenas obras esta semana. Como reacción al veto migratorio de Trump, el director de Starbucks escribió una carta abierta dirigida a su equipo comprometiéndose a contratar a 10.000 refugiados. Brian Chesky de Airbnb tuiteó que se proporcionaría alojamiento gratuito a quienes se les hubiera vetado la entrada en Estados Unidos. Incluso Uber, en un intento de superar a Lyft, creó un fondo de tres millones de dólares para ayudar a los conductores afectados por la “errónea e injusta” prohibición.

Las compañías ahora tratan de superarse unas a otras con grandes actos de generosidad, pero hay gato encerrado: harán el bien siempre y cuando puedan asegurarse de que sus clientes se enteran de que lo están haciendo. No hay lugar para la humildad cuando una marca hace una buena obra. Porque nunca son donantes anónimas.

Es difícil separar el hecho de que mientras estas marcas están exhibiendo su pedigrí de responsabilidad social, básicamente están ayudando a los refugiados porque venden cafés con leche y alojamiento vacacional barato. Se han dado cuenta de que utilizar su presupuesto de marketing para las buenas causas es mucho mejor que gastar el dinero en cualquier otra cosa.

En Reino Unido la gente bebe café Kenco no por su suave mezcla sino porque está formando a hombres jóvenes en Honduras para ser agricultores en lugar de miembros de bandas criminales. Yo lo sé porque vi el anuncio de televisión en prime time con la frase final: 'Café contra bandas' en el que los tatuajes de un pandillero se convierten delante de mis narices en plantaciones de café dibujadas con tinta.

El día de las elecciones presidenciales de EEUU, la compañía de ropa Patagonia cerró todas sus tiendas para asegurarse de que cualquiera que prefiriera comprar sudaderas a elegir presidente no tuviera excusas para no votar.

En 2010, Pepsi lanzó la iniciativa Pepsi Refresh Initiative que consistía en 20 millones de dólares de subvenciones concedidas a personas y organizaciones sin ánimo de lucro que tuvieran ideas con un impacto positivo en su comunidad. Los 20 millones estaban dentro del presupuesto de marketing, por lo que en lugar de lanzar un anuncio en la Super Bowl de ese año, la compañía anunció su iniciativa una semana antes de la gran cita.

Quizá 2010 no estaba preparado para ese tipo de caridad por parte de una marca. Tal vez los consumidores se olieron el truco. Lo que sucedió es que las ventas de Pepsi se hundieron y dos años después la iniciativa sustituida por un extravagante anuncio para la Super Bowl protagonizado por Elton John.

Claro que todos preferimos que la ACLU se embolse el presupuesto para marketing a que lo haga Elton, pero hay algo reconfortante al ver la completa transparencia de Elton John vendiendo Pepsi.

Durante los últimos doce años, Dove ha presumido de la fama obtenida por su retrato de las mujeres normales a través de su campaña Real Beauty. Es divertido que nunca hayan mencionado que esta marca es propiedad de Unilever, que a su vez es también propietaria de Axe (o Lynx), una marca de desodorante para hombres. Sus anuncios muestran a mujeres con un nivel de belleza inalcanzable y convencional propio de las modelos de Victoria's Secret.

Decir a las chicas adolescentes que se acepten a sí mismas y al mismo tiempo decir a los chicos jóvenes que no acepten nada que no sea una piel bronceada y perfectamente depilada –y todo en la misma pausa publicitaria– es un juego bastante ruin. Sin embargo, se trata de un movimiento astuto de negocios. Unilever consiguió que ambas audiencias estuvieran encantadas. Aun así, se puede ver que, en este momento en el que el sexo ya no vende, Lynx ha cambiado de estilo. Tan variable como su público adolescente, ha seguido la última tendencia, que para los millenials es más activista y menos sexista.

Esta es la clave del éxito en el marketing de hoy: utilizar el activismo. “Actualmente, nuestro activismo está mediatizado por las marcas”, cuenta Will Fowler, director creativo de Headspace. “Las marcas hacen que la gente se felicité a sí misma por lo que ha hecho sin tener que hacer ningún tipo de sacrificio personal”. Es verdad.

Entrar en un cálido y extremadamente cómodo Starbucks para coger un dulce café no es exactamente lo mismo que conducir hasta Calais un miércoles por la noche con el maletero lleno de portabebés. Cambié una app de taxis por otra y me sentí increíblemente orgulloso de mí mismo.

Todos sentimos la necesidad de enmendar los errores que Trump y el Brexit suponen para el mundo, pero realmente muy poca gente está dispuesta a sacrificar algo. Si una marca me permite vivir exactamente del modo en el que lo hago mientras alimenta mi conciencia social, se hará con todo mi dinero.

Los negocios siguen siendo negocios. Las marcas no son buenas porque así lo dicta su corazón. Las marcas las dirigen personas inteligentes que saben que ser bueno vende sudaderas, cafés y carreras de taxi. La decisión definitiva –donde gastamos nuestro dinero– es elegir a las marcas que sean éticas. Hasta que volvamos a ser cínicos. Entonces seguro que Elton volverá a estar disponible.

Las principales compañías tecnológicas de EEUU, entre ellas Apple, Facebook, Google y Microsoft, han presentado un escrito legal en el que se oponen al polémico decreto antinmigración del presidente estadounidense, Donald Trump, informaron hoy medios locales.

El escrito, firmado por 97 compañías, fue presentado anoche ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos, en San Francisco (California), según cuenta The Washington Post.

Se trata de una acción poco frecuente por parte de los grandes grupos tecnológicos y demuestra el profundo rechazo hacia la prohibición de Trump en Silicon Valley, meca de las empresas tecnológicas, según el diario.

Las compañías, entre las que también figuran Netflix, Twitter y Uber, han presentado el escrito ante le misma sede judicial que unas horas antes se negó a restaurar de forma inmediata el decreto que permanece bloqueado desde la noche del viernes.

Ese día, el juez federal James Robart bloqueó provisionalmente, mientras revisaba el fondo del caso, el veto que desde el 27 de enero impedía temporalmente la entrada al país de los refugiados de todo el mundo y de los ciudadanos de Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen.

El sábado por la noche, el Gobierno de Trump apeló la decisión del juez Robart y presentó una petición a la Corte de Apelaciones de que restaurara el veto que había sido bloqueado por el magistrado y que fue rechazado.

El escrito de Silicon Valley, un eje de innovación donde la inmigración se considera un elemento central de la identidad de las tecnológicas, se produce además tras una semana de protestas en todo el país contra el decreto