El expresidente de la CAM Modesto Crespo ha asumido este lunes la totalidad del escrito de acusación del ministerio fiscal por el que se declara culpable de los delitos de apropiación indebida agravada y administración desleal por el cobro de dietas de 600.000 euros en dos cuotas.

En la segunda sesión de juicio, que se celebra en la Audiencia Provincial, a preguntas del fiscal ha afirmado: “Estoy de acuerdo con el escrito de Fiscalía con todas sus consecuencias”, y ha desestimado contestar a más preguntas.

Crespo ha formalizado así en la sesión el acuerdo alcanzado con Fiscalía y acusación particular, por el que reconoce los hechos y logra una rebaja de la pena que se le pide de cuatro años de prisión a uno.

En la vista se juzga a 20 miembros del Consejo de Administración de la entidad alicantina, acusados de aprobar el cobro de dietas entre los que encuentran el exdirector Roberto López Abad y el exvicepresidente Antonio Gil-Terrón.

El acuerdo de Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular, representada por Diego de Ramón en nombre de 800 afectados por las cuotas participativas y preferentes de la CAM, implica para Modesto Crespo la reducción de la pena de prisión de cuatro años a uno y la devolución de los 600.000 euros que recibió en dietas a lo largo de varios plazos, el primero de ellos ya ha sido abonado.

En este proceso se juzga si el director general de la entidad ideó un plan para burlar el artículo 9 de los Estatutos de la CAM, que se establecía el carácter honorífico y gratuito de la Presidencia, lo que impedía al presidente cobrar dietas extraordinarias.

Para saltarse la prohibición, según Fiscalía, López Abad propuso el 26 de noviembre de 2009 a la Comisión de Retribuciones de la CAM que se nombrara a Crespo presidente del Consejo de Administración de la sociedad Tinser Cartera S.L, una tenedora de inversiones participada al 100% por la caja, cargo por el que iba a percibir 300.000 euros anuales. La propuesta fue aprobada por el Consejo de Administración de la CAM, el 27 de noviembre de 2009.

Cobro de dietas

El exdirector de la entidad, Roberto López Abad, que mantiene su inocencia, ha afirmado a preguntas del ministerio fiscal que al Consejo de Administración de la CAM del 27 de noviembre se le trasladó una propuesta de la Comisión de Retribuciones y que esta incluía una contraprestación de 300.000 euros.

Ha dicho que no recordaba si en el Consejo fue leída una carta- informe de la Comisión de Retribuciones en la que ha asegurado que no se abordó la retroactividad -pese a que sí figura en el artículo 4 del acta de este Consejo 'Informaciones y Propuestas el Director General'-, pero sí que “todo fue expuesto tal y como figura en el acta. Se expuso en el punto 8”.

Para el exdirector, que ha reconocido que las actas no siempre reflejan la totalidad de lo que se aborda, se trató de un Consejo muy denso, ya que en él se abordaron, entre otras cuestiones, las futuras fusiones que se estaban planteando en el seno de la entidad.

López Abad ha defendido que el objetivo era el relanzamiento de Tinser Cartera S.L., y que, ante la propuesta de Modesto Crespo de ocupar la Presidencia, “se consideró que potenciaría la Tenedora de Inversiones por su experiencia previa con las medianas y pequeñas empresas”, ha explicado.

A Modesto Crespo se le contrató para trabajar, y en este caso “pasó a haber una gran vinculación y un enorme compromiso. Eso es lo que justifica las dietas”, aunque ha admitido que era la primera vez que se planteaba que un presidente de la CAM cobrara unas dietas.

Sueldos fuera de mercado

El fiscal Anticorrupción le ha cuestionado por el artículo 9 de la CAM, así como por la pertinencia de que fuera la asamblea general quien tendría que aprobar la cuantía de las dietas.

López Abad ha aprovechado la ocasión para destacar la inoperancia de las dietas en estos momentos, a lo que ha añadido que “nunca en las Cajas entendimos que las cuestiones de las dietas afectasen a los consejeros fuera de los órganos de gobierno y, en este caso, Tinser es una empresa participada que no forma parte de estos órganos”.

Además, ha añadido que la decisión se basó en las recomendaciones de dos consultoras externas que concluyeron que “los consejeros estaban fuera del mercado, que sus retribuciones no eran acorde a su responsabilidad”, por lo que recomendó “la corrección en donde lo permitan los Estatutos de la CAM”.

Asimismo ha reconocido que de todo eso se dio cuenta a la Asamblea General en los informes anuales del gobierno corporativo de la caja alicantina. El ministerio público acusa a Roberto López Abad de inductor y cooperador necesario y le pide cuatro años de prisión, lo mismo que solicita la acusación particular, y una multa de 400 euros diarios durante 10 meses.

El expresidente de la CAM Modesto Crespo Modesto se ha declarado culpable de los delitos de apropiación indebida agravada y administración desleal por el cobro de dietas de 600.000 euros en dos cuotas, con lo que posibilita el acuerdo al que han llegado su defensa, Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular representada por Diego de Ramón y otros, en nombre de 800 afectados por las cuotas participativas y preferentes de la CAM.

Crespo ha aceptado su culpabilidad en la primera sesión del juicio contra 21 miembros del consejo de la entidad alicantina, que ha comenzado este lunes en la Audiencia de Alicante. El resto de los 20 acusados, entre los que se encuentran el exdirector Roberto López Abad y el exvicepresidente Antonio Gil-Terrón, se han declarado inocentes.

El acuerdo implica una reducción para Crespo de la pena de prisión de cuatro años a uno y la devolución de los 600.000 euros que recibió en dietas a lo largo de varios plazos.

Además, el expresidente de la CAM debe detallar durante el juicio cómo se gestó el cobro indebido de dietas y señalar al presunto diseñador de la operación y a quién lo hizo posible.

La sección décima de la Audiencia de Alicante ha iniciado este lunes la primera sesión de cuestiones previas del juicio contra Crespo; el exdirector de la extinta CAM Roberto López Abad y 19 exmiembros del Consejo de Administración, acusados de cobrar y aprobar el cobro de dietas de 600.000 euros en dos cuotas para el entonces presidente de la entidad.

En las cuestiones previas, la defensa de Roberto López Abad ha solicitado la suspensión del juicio ya que faltan las actas del Consejo de Administración de la CAM de 2004 a 2011. A esta petición se ha sumado la totalidad defensas y el Fiscal Anticorrupción Felipe Briones. El tribunal, que ha explicado que se libró un exhorto a la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo ha demorado la entrega, no acepta la suspensión y espera contar con ellas el 4 de junio.

El juicio continuará con las cuestiones previas los días 15 y 18 de mayo. El 4, 5, 6, 11 y 12, tendrán lugar los interrogatorios de los acusados. El 13, 25 y 26 tendrán lugar las testificales y los días 27 de mayo y 2 y 3 de julio, las conclusiones.

La Audiencia de Alicante juzgará a partir de hoy a 21 exconsejeros de la extinta CAM por el cobro de 600.000 euros en dietas del expresidente de la entidad Modesto Crespo en la sociedad Tinser Cartera SL, según fuentes judiciales.

La vista oral, declarada de especial complejidad, se desarrollará en trece sesiones diarias durante los meses de mayo, junio y julio en una sala de la sede judicial ubicada en la calle Pardo Gimeno de la ciudad.

Esta causa es una de las que afectan a los antiguos responsables de esta caja de ahorros y fue instruida como el resto por la Audiencia Nacional, que la derivó en 2016 a un juzgado de Instrucción de Alicante.

Crespo percibió de la sociedad Tinser Cartera, una firma partida de la CAM, 600.000 euros brutos entre 2009 y 2011.

Ese pago era una retribución como presidente ejecutivo de dicha firma, aunque su dedicación a la misma “fue inexistente”, según la Fiscalía, en tanto que la presidencia de la CAM era “gratuita por disposición legal”.

La Fiscalía Anticorrupción pide provisionalmente penas de cuatro años de cárcel y multas de 120.000 euros para el propio Crespo y el exdirector general Roberto López Abad, a los que acusa de delitos de apropiación indebida y administración desleal.

Sin embargo, el expresidente de la CAM ha negociado en los últimos días un acuerdo previo con el fiscal que incluye una confesión y el pago de la responsabilidad civil a cambio de una rebaja de la pena que le permita eludir el ingreso en prisión, según fuentes próximas al caso.

Para los otros 19 acusados, el Ministerio Público reclama penas de hasta tres años y multas de hasta 81.000 euros como autores de los mismos delitos.

Anticorrupción reclama en su escrito que los 21 acusados indemnicen conjunta y solidariamente con 600.000 euros a Bansabadell Inversió Desenvolupament, SA, sociedad filial de Banco Sabadell que absorbió el 29 diciembre de 2014 a Tinser Cartera.

“Usted no solo ha sido un pésimo gestor y presidente sino también quiero que se sepa que usted ha sido un pésimo cristiano y en el pecado llevará la penitencia”. Con estas palabras concluía este miércoles su intervención el diputado por Compromís Ignasi Candela en la Comisión de investigación de la crisis financiera del Congreso de los Diputados.

Delante tenía al que fuera presidente de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que asistió con cierta incomodidad a la reprimenda del político de Crevillente, sobre todo cuando este le recordó que como “hombre de fuertes convicciones religiosas” que es, le proponía un test con diez preguntas que coincidían con los diez mandamientos.

Sin entrar a valorar todo el decálogo de las Tablas de la Ley, Candela se refirió a los dos primeros principios: “Amarás a Dios sobre todas las cosas” y “No tomarás el nombre de Dios en vano” para espetarle al que fuera presidente de la Institución Ferial Alicantina (IFA) que “aquí nos surgen dudas si venera más a Dios o al Dios Dinero”.

Sobre el tercer mandamiento –“Santificarás las fiestas”-, Ignasi Candela, que se había presentado en la comisión como “nieto de una mujer estafada por las cuotas participativas”, afirmó que Crespo lo ha cumplido “a rajatabla” porque “todos sabemos que el Consejo de Administración de la CAM celebraba las reuniones en Shanghái, Chicago o Nueva Delhi”.

Aunque los momentos tensos se vivieron después cuando se refirió al séptimo mandamiento, el de “No robarás”. “Usted cobraba 300.000 euros al año, eso son 821,9 euros al día en concepto de dietas por una empresa participada por la CAM, Tinser, y además usted en la Audiencia Nacional dijo que cobraba eso para acompañar a las señoras de los representantes de otras entidades para comprar bolsos y zapatos y para la representación del Misteri d'Elx”, señaló para concluir: “Si eso no es robar que baje Dios y lo vea”.

Aún faltaban dos principios cristianos por comentar. Sobre el octavo, “No darás falso testimonio ni mentirás”, el joven diputado aludió a la declaración de Crespo ante el juez al que aseguró carecer de conocimientos contables. “Vamos, que daba igual poner de presidente de la CAM a usted o a la infanta Cristina, porque usted se marcó una infanta”, dijo Candela. Sobre “No codiciarás los bienes ajenos”, el último mandamiento, el representante en la Comisión por Compromís se refirió a las cuotas participativos, “si eso no es codiciar los bienes ajenos, otra vez que baje Dios lo vea y lo juzgue”.

Crespo pide perdón

En su intervención en la comisión parlamentaria, este empresario del sector de la automoción en Elche designado presidente de la CAM por Camps en 2009 insistió en su “desconocimiento técnico total” en la gestión de la que fuera hasta su rescate la cuarta caja de ahorros de España. “Pido perdón. Me hubiera gustado que el resultado de mi gestión hubiese sido otro, pero hice lo que pude hacer. Lo lamento muchísimo”, afirmó al final de su locución.

Crespo volverá a sentarse en el banquillo en mayo para hacer frente a las acusaciones de apropiación indebida por el caso de las dietas de la CAM en un juicio en la Audiencia Provincial de Alicante.

Modesto Crespo Martínez, expresidente de Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), pendiente todavía de un juicio por el cobro de dietas en la entidad, ha declarado que fue el Banco de España es que utilizó a la caja como “conejillo de indias” en el lanzamiento de las cuotas participativas durante su comparecencia en el Congreso en la comisión de investigación obre la crisis financiera de España.

Crespo ha llegado a decir que “no tenía conocimientos contables. Soy graduado social” pero que su cargo en la caja era institucional, aunque luego ha admitido que su sueldo provenía de una filial de la entidad, Tinser Cartera, por la que cobraba más de 300.000 euros al año. Por este sueldo está imputado por un delito de de apropiación indebida en el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante.

“Las cuotas participativas fueron antes de que yo fuera presidente. El banco de España ideó las cuotas participativas para que tuviéramos recursos. Determinó que fuéramos nosotros los que las sacáramos pero ignoro por qué. Fuimos el conejillo de indias del Banco de España”, ha explicado Crespo.

Las cuotas participativas de la CAM, absorbida por el Banco Sabadell, fueron colocadas a 55.000 pequeños inversores desde 2008, una operación por la que la caja recogió 292 millones de euros; en diciembre de 2011, meses después de la intervención del Banco de España, dejaron de tener valor y se suspendió su cotización en bolsa.

La CAM fue intervenida por el Banco de España en julio de 2011, que se apropio de la entidad tras inyectar 2.800 millones de euros de capital a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) y 3.000 millones de liquidez, para posteriormente vendérsela al Banco de Sabadell por un solo euro.

El expresidente de la CAM se ha descargado de cualquier responsabilidad en la gestión de la caja por tener un cargo no ejecutivo. “El control de gestión de la caja era de los directivos. Las distintas comisiones hacían las propuestas, la de retribuciones aprobaron las dietas que han percibido los directivos sin problemas, estaban aprobadas por los órganos correspondientes. Las cuentas de la caja son auditadas sin salvedad alguna. Nuestra misión no era el control exhaustivo o policiaco. Nos traían las cuentas auditadas y solo nos quedaba aprobarlas, si había un dato falso eso ya está en una sentencia de la Audiencia Nacional”, ha explicado.

El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la comparecencia de 58 personas en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, la quiebra de las cajas y el rescate bancario, entre ellas estarían la del expresidente de Bancaixa y expresidente de la Generalitat, el condenado José Luis Olivas, procesado por presunta estafa al inversor en Bankia; el expresidente de la CAM, Modesto Crespo, procesado por haber cobrado presuntamente dietas ilegales a razón de su cargo; y Gerardo Camps, exconseller de Economía de Francisco Camps, durante el mandato del cual se produjo la crisis de las cajas, y hoy diputado del PP en el Congreso.

Junto a estas comparecencias también destaca la petición de otras solicitadas por el PSOE como el expresidente de Bankia Rodrigo Rato, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, y el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi.

La comisión de cajas se reunió este jueves para poner en común el listado de comparecientes que cada grupo parlamentario ha registrado para comenzar a negociar el número de testigos a los que llamar, así como los nombres.

Entre los comparecientes solicitados por el Grupo Socialista se encuentran, además, dos exvicepresidentes del Gobierno durante las legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Solbes y Elena Salgado. Además, han pedido la intervención en la comisión de Marta Fernández Currás y Antonio Beteta, exconsejeros de Hacienda de la Xunta de Galicia y Comunidad de Madrid.

Los socialistas han pedido, además, que pasen por la comisión el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, que compareció el pasado mes de julio, y el subgobernador de la institución, Javier Alonso.

También han solicitado las intervenciones de exdirigentes de esta institución, como Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Fernando Restoy, Francisco Javier Aríztegui y Aristóbulo de Juan, así como algunos exsecretarios de Estado de Economía.

La comparecencia del actual presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, ha sido solicitada por su condición de exdirector general de Regulación del supervisor y también se ha solicitado la del presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España, Pedro Luis Sánchez.

Además, piden la presencia del presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Jaime Ponce; el de Sareb, el conocido como 'banco malo', Jaime Echegoyen, y el de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, así como las de los expresidentes del supervisor de los mercados Elvira Rodríguez, Manuel Conthe y Julio Segura.

Por parte de Popular, el grupo ha pedido que comparezcan su actual presidente, Rodrigo Echenique y las dos personas que ocuparon ese puesto con anterioridad: Ángel Ron y Emilio Saracho. Además, los socialistas piden que la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, y la presidenta del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), Danièle Nouy.

Asimismo, el Grupo Socialista quiere que intervengan en la comisión los presidentes de Santander (Ana Botín), BBVA (Francisco González), Bankia (José Ignacio Goirigolzarri) y Abanca (Juan Carlos Escotet). Los consejeros delegados de Santander, BBVA, Sabadell y CaixaBank también están en la lista, así como los presidentes de las auditoras PwC y Deloitte.

Los socialistas también han solicitado la comparecencia de algunos expresidentes y exdirigentes de cajas de ahorros, como Ildefonso Sánchez Barcoj (Bankia), Julio Fernández Gayoso (Novacaixagalicia), José Luis Méndez (Caixa Galicia), Narcís Serra (Catalunya Caixa) y Juan Pedro Hernández Moltó (Caja Castilla-La Mancha).

Por parte de las asociaciones de consumidores, los socialistas han pedido la presencia en la comisión de Manuel Pardos, presidente de Adicae, y Enrique García como representante de OCU.

También han incluido en la lista a algunos expertos en economía, como Santiago Carbó, Joaquín Maudos, José Manuel González-Páramo, Juan María Nin y Tano Santos.

Por su parte, Ciudadanos también pide las comparecencias de Rato, Solbes y Salgado, así como las del exministro de Industria Miguel Sebastián y la de José Antonio Moral Santín, vicepresidente de Caja Madrid y miembro del consejo de administración de Bankia a propuesta de Izquierda Unida, condenado a cuatro años de prisión por las tarjetas opacas de la entidad.

La Audiencia de Alicante ha confirmado el procesamiento de los 21 exconsejeros de la extinta CAM por los 600.000 euros en dietas que cobró presuntamente de forma ilegal su expresidente Modesto Crespo en la firma participada Tinser Cartera, según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

El caso de Tinser constituye una de las causas penales que implican a los antiguos responsables de esta caja de ahorros y fue instruido, como el resto, por la Audiencia Nacional, aunque se derivó a un juzgado alicantino el pasado año.

La instrucción estaba prácticamente concluida, por lo que el juez Manrique Tejada, en el que recayeron las diligencias, dictó un auto de procedimiento abreviado unos meses después y abrió el juicio oral contra los procesados en junio del año pasado.

La Fiscalía Anticorrupción solicita inicialmente penas de cuatro años de cárcel para el expresidente de la CAM Modesto Crespo y el ex director general de la entidad Roberto López Abad.

El ministerio público acusa también a otros 19 exconsejeros por las retribuciones que cobró Crespo, supuestamente de forma ilegal, en Tinser Cartera SL, la sociedad participada por la caja que presidió entre 2009 y 2011.

Anticorrupción sostiene que Crespo percibió en ese periodo 600.000 euros “como retribución por una supuesta dedicación que en Tinser Cartera fue inexistente y que en la CAM” era “gratuita por disposición legal”.

Hechos constitutivos de delito

El ministerio público considera que estos hechos son constitutivos de un delito de apropiación indebida agravada y de un delito de societario de administración desleal, y mantiene que López Abad es “inductor y cooperador necesario” y que Crespo y los otros 19 acusados son “autores”.

En este último grupo, tres de los exconsejeros -Antonio Gil-Terrón Puchades, Luis Esteban Marcos y Martín Sevilla Jiménez- se enfrentan a peticiones de tres años de cárcel, mientras que las peticiones de condena para los 16 restantes es de dos años

Se da la circunstancia de que una de ellas, la sección primera, confirmó el pasado mes de enero la apertura de juicio oral contra los 21 sospechosos por los presuntos delitos societarios y apropiación indebida.

Los encausados recurrieron en su día tanto la apertura de juicio oral, que fue confirmada por otra sala de la Audiencia de Alicante hace unos meses, como el auto de apertura del proceso contra ellos, que acaba de ser ratificado ahora por la sección tercera de la institución judicial de la provincia.

El tribunal ha determinado que la mayoría de alegaciones planteadas por las defensas en los quince recursos analizados se refieren a “aspectos que deberán valorarse en el momento del juicio”.

Según la Audiencia, el auto dictado por el juez Tejada cumple las exigencias tanto formales como de motivación, pues detalla “las diligencias practicadas que se estiman esenciales para la determinación de los hechos que se estiman punible y se concretan las personas a quienes se atribuyen”.

L'expresident de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani (CAM) Modesto Crespo ha assegurat aquest dimarts que “fins a quinze dies abans” de la intervenció de l'entitat per part del Banc d'Espanya les notícies sobre l'estat de la caixa “eren sempre positives”.

Crespo ha respost a les preguntes del Fiscal durant el judici que se segueix contra ell i altres set exdirectius de la caixa per diversos delictes societaris, entre ells estafa continuada i falsedat comptable en els estats financers de 2010 i del primer semestre de 2011, així com per cobrar indegudament 47,3 milions d'euros d'indemnitzacions.

També ha dit que mai va tenir constància que hi haguera irregularitat alguna en la situació de la CAM, els comptes de la qual s'aprovaven “per unanimitat” sense que ell haguera de fer ús del seu vot de qualitat i amb el respatler de la signa auditora KPMG.

A més, ha recordat que la pròpia ministra d'Economia en l'època, Elena Salgado, es va referir en alguna ocasió a la bona salut de les caixes d'estalvis.

Així mateix, ha relatat que, una vegada que el Banc d'Espanya va intervenir l'entitat, al juliol de 2011, no va tenir cap relació amb els administradors designats pel supervisor, i que la seua labor al capdavant de l'entitat, entre juny de 2009 i juliol de 2011, es va limitar a “ajudar” en el que va poder, doncs mancava de “coneixements tècnics i comptables”.

El expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Modesto Crespo ha asegurado este martes que “hasta quince días antes” de la intervención de la entidad por parte del Banco de España las noticias sobre el estado de la caja “eran siempre positivas”.

Crespo ha respondido a las preguntas del Fiscal durante el juicio que se sigue contra él y otros siete exdirectivos de la caja por varios delitos societarios, entre ellos estafa continuada y falsedad contable en los estados financieros de 2010 y del primer semestre de 2011, así como por cobrar indebidamente 47,3 millones de euros de indemnizaciones.

También ha dicho que nunca tuvo constancia de que hubiera irregularidad alguna en la situación de la CAM, cuyas cuentas se aprobaban “por unanimidad” sin que él tuviera que hacer uso de su voto de calidad y con el respaldo de la firma auditora KPMG.

Además, ha recordado que la propia ministra de Economía en la época, Elena Salgado, se refirió en alguna ocasión a la buena salud de las cajas de ahorros.

Asimismo, ha relatado que, una vez que el Banco de España intervino la entidad, en julio de 2011, no tuvo ninguna relación con los administradores designados por el supervisor, y que su labor al frente de la entidad, entre junio de 2009 y julio de 2011, se limitó a “ayudar” en lo que pudo, pues carecía de “conocimientos técnicos y contables”.

Els exdirectius que formaven part de la cúpula de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani (CAM) han sol·licitat aquest dilluns en la primera vista oral del judici que acull l'Audiència Nacional per les presumptes irregularitats comeses entre 2010 i 2011, que s'excloga a les acusacions particulars afectades per la compra de quotes participatives emeses en els anys previs a aquestes dates.

En aquesta primera sessió dedicada a les qüestions prèvies, els lletrats dels acusats han argumentat que es va crear una peça separada sobre la venda de participatives en 2007 quedant arxivada provisionalment en 2016, per la qual cosa no veuen cabuda la seua inclusió en aquest procés que senta en el banc dels acusats a vuit alts càrrecs de l'exdirecció de la caixa feta fallida per falsificar presumptament els comptes anuals dels exercicis 2010 i 2011.

La sol·licitud d'excloure del procés a les acusacions exercides per l'advocat Diego de Ramón i pel particular Cristóbal Pons, ha sigut formulada pel lletrat de l'exdirector general Roberto López Abad, i s'han adherit les defenses dels acusats Francisco José Martínez García (Inversions i Riscos), Juan Luis Sabater (Finançament i Gestió de Liquiditat) i Salvador Ochoa (Informació Financera) a més del Banc Sabadell, en qualitat de responsable civil subsidiari.

La Fiscalia, que conclou que la CAM va desemborsar indegudament una mica més de 20 milions d'euros, demana per a set dels vuit acusats penes que van des dels deu mesos de presó fins als set anys i mig si bé l'acusació popular eleva la petició a 16 anys de presó pels delictes de falsedat en els comptes, estafa i apropiació indeguda.

Tema “resolt”

De Ramón ha justificat la seua personació en el procés en el perjudici causat als afectats per la compra de les quotes i s'ha referit a l'expedient disciplinari que va obrir en 2012 el Banc d'Espanya contra la cúpula de la caixa a la qual acusa de ser “conscient d'una forma molt freda del que estaven fent”. Per la seua banda, el fiscal del cas Luis Rodríguez Sol ha exposat en el seu torn de paraula que la comercialització de participatives es va estudiar en una peça separada i per tant és un tema “resolt”.

La Fiscalia acusa als exdirectius d'impulsar un mecanisme per a incrementar de forma fictícia els beneficis de l'entitat en 2010 i també d'assegurar-se el pagament d'una sèrie de complements retributius als quals no tenien dret a causa de l'estat real dels comptes de la caixa que finalment va ser adjudicada al Banc Sabadell per un euro després de rebre una injecció de més de 5.200 milions d'euros pel Fons de Garanties de Dipòsits, personat com a acusació particular.

L'expresident de la CAM, malalt

La lletrada del que fóra president de la CAM Modesto Crespo ha sol·licitat al tribunal que el seu client -per al qual el FGE demana nou anys de presó malgrat que el Ministeri Fiscal li exclou de responsabilitat- es puga absentar de les vistes assenyalades fins al pròxim mes de juliol a causa que pateix una cardiopatia “que li incapacita especialment en situacions de tensió”.

La defensa de l'exdirectora general adjunta del banc Dolores Amorós ha demanat que s'incorpore a la causa quasi un centenar de documents i correus electrònics relacionats amb comunicacions internes sobre recapitulació de la CAM i necessitats de capital així com els mantinguts entre alts càrrecs del Banc d'Espanya i la caixa extinta sobre classificacions, redotacions i titulacions a més de l'acta de reunió de data de febrer de 2011 entre les quatre caixes que van formar el SIP (Sistema Institucional de Protecció).

Mentre que la representació processal de Teófilo Segorb, exdirector general de Planificació i Control, ha informat al tribunal que renuncien a 19 testimonis proposats, entre els quals es troba l'exdirectiu de la CAM Bernardo Chulià Martí i l'exdirector de compliment normatiu Manuel Pomares Hurtado, testifical que es mantindrà en ser sol·licitada per altres defenses.

A l'eixida del judici una vintena de perjudicats per la compra de participatives ha esbroncat als vuit acusats al crit de “lladres” i “xoriços” i ha increpat a l'expresident de la caixa Modest Crespo mentre intentava pujar a un taxi. La vista es reprèn matí amb l'inici de l'interrogatori als encausats.

La fiscalía pide en su escrito de acusación cuatro años de prisión para el expresidente de la CAM, Modesto Crespo, y para su director general, Roberto López Abad, porque entiende que se urdió un plan para que Crespo recibiera un sueldo de 300.000 euros, a través de una empresa de la entidad, para salvar la prohibición de cobrar siendo presidente.

La presidencia de la caja, recuerda la fiscalía, era un cargo “honorífico y gratuito” y, sin embargo, Abad, como “inductor y cooperador necesario”, planeó que Crespo presidiera un nuevo consejo de administración en Tinser Cartera, una sociedad propiedad de la CAM, para embolsarse 300.000 euros anuales.

Según fiscalía, Abad logró que el Consejo de Administración de la CAM –los 19 consejeros también están acusados--, aprobara su plan sobre Tinser Cartera. Así, les atribuye los delitos de apropiación indebida agravada y un delito societario de administración desleal. Entiende que el director general López Abad fue inductor y cooperador necesario del plan, mientras que considera que el resto de los 20 acusados, incluido Modesto Crespo, son autores de los delitos.

Según el fiscal, la comisión de Retribuciones lo aprobó y dio traslado al Consejo de Administración de la CAM, que también lo autorizó. Así, se creó, con fecha de 9 de diciembre de 2009, un consejo de administración en Tinser Cartera, del que Crespo era presidente y por cuyo cargo recibió 600.000 euros entre 2009 y 2011, y en el que había otros cuatro miembros que no percibían remuneración.

Además, fiscalía matiza: “Alfonso Rodríguez Rabadán siguió siendo el administrador de hecho de Tinser Cartera, S.L., ya que los nombramientos del Presidente y de los vocales del nuevo Consejo de

Administración fueron meramente formales; también fueron meramente

formales las Juntas de dicho Consejo, que nunca se reunió físicamente“.

   El fiscal considera que Modesto Crespo Martínez no participó en la toma de ninguna decisión relativa a la administración o gestión de Tinser Cartera, S.L. A pesar de ello, percibió de esta sociedad durante el tiempo en que fue nominalmente presidente de su Consejo de Administración, 600.000 euros como retribución por una supuesta dedicación.

Por todo ello, la Fiscalía pide, además, a Modesto Crespo el decomiso de bienes por valor de 600.000 euros y solicita que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a Bansabadell Inversió Desenvolupament SA, actual propietario de la CAM, con otros 600.000 euros.

Solicita cuatro años de prisión y multa de 120.000 euros para López Abad y Modesto Crespo; tres años de prisión y multa de 81.000 euros, para Antonio Gil-Terrón Puchades, Luis Esteban Marcos y Martín Sevilla Jiménez; y, para el resto de los acusados, dos años de prisión y multa de 48.000 euros.

Un juez de apoyo del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante ha dictado auto de procesamiento contra el expresidente de la CAM, Modesto Crespo, el exdirector general de la entidad Roberto López Abad y la excúpula de la caja por los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida.

Así lo han indicado este lunes fuentes judiciales, que han recordado que el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante asumió la investigación contra el expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y una veintena de consejeros de esta entidad, ya desaparecida, por el presunto cobro de dietas millonarias.

Según las mismas fuentes, ahora se ha dictado un auto de procedimiento abreviado por el que se procesa a todos los investigados, excepto al jefe del servicio jurídico de la caja, Juan Martínez-Abarca.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, recibió en febrero pasado esta causa por reparto días después de que la titular del Juzgado de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, se inhibiera y la remitiera al Decanato de los Juzgados de Alicante.

El expresidente de la CAM está imputado por un delito de apropiación indebida por, presuntamente, embolsarse 300.000 euros en dietas al ser designado presidente de Tinser Cartera, una empresa participada por la CAM, en 2009.

Crespo defiende que no percibía retribución alguna

En su declaración ante la Audiencia Nacional, defendió que no percibía retribución alguna como presidente de la extinta caja, dado el carácter institucional de su cargo, y, por esa razón, el Consejo de Administración de la CAM avaló que fuera retribuido con las citadas dietas.

La juez Lamela decidió acumular la pieza sobre las cuotas participativas emitidas por la CAM a la causa principal por posibles irregularidades en la entidad, en la que también están investigados Crespo y los ex directores Roberto López Abad y María Dolores Amorós, entre otros, por esconder la real situación de la caja en beneficio propio y cobrar indebidamente 47,3 millones en retribuciones.

No obstante, la magistrada remitió las pesquisas relativas a las dietas, por las que hay imputada una veintena de antiguos consejeros de la entidad, a los juzgados de Alicante.

El juez Javier Gómez Bermúdez ha propuesto juzgar al expresidente de CAM Modesto Crespo y los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, entre otros, por esconder la “crítica” situación de la caja en beneficio propio y cobrar indebidamente 47,3 millones en retribuciones.

El magistrado ha dado por concluida en un auto la investigación sobre la gestión de los que fueran máximos responsables de la extinta entidad alicantina, y los acusa de un delito de falseamiento de las cuentas anuales, apropiación indebida o administración desleal y falsedad en documento mercantil.

Gómez Bermúdez atribuye los mismos delitos al ex director general de Planificación y Control Teófilo Segorb; al ex director general de Recursos Vicente Soriano; al exdirector general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez; al exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater y al exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa.

Según el juez, los estados financieros de CAM de 2010 y primer semestre de 2011 “no reflejaban la imagen fiel de la entidad”, sobre todo a consecuencia de la liberación de provisiones ligadas a préstamos titulizados, por lo que el resultado contable “debería haber sido menor en 210.341.000 euros”.

Además, se había contabilizado “de forma irregular” el reparto de dividendos de sus filiales y la dotación relativa al fondo de prejubilaciones “con un efecto igualmente perturbador respecto de la imagen fiel de la situación económica”, que se alteró “en ejecución de un plan concertado por el comité de dirección”.

Su finalidad, prosigue, “era la integración en el SIP y posterior fusión con otras cajas de ahorros para diluir el verdadero estado” de CAM y “poder cobrar los incentivos por resultados y otros complementos ligados a la buena marcha de la entidad”.

Entre las operaciones ejecutadas para manipular las cuentas, el instructor cita que la caja dio de baja las provisiones relativas a créditos titulizados de deuda “de muy baja calidad” y “contabilizó de forma incorrecta un contrato de permuta financiera -SWAP-, ocultando la existencia de opciones de compra” incluso al auditor.

Además, los balances mensuales, trimestrales y semestrales de 2011 ocultaron la “situación crítica” de CAM y dieron una imagen “distorsionada”, de forma que reflejaron como unos beneficios de 65 millones lo que en realidad eran unas pérdidas de 1.136 millones.

Tras remitir estos estados financieros al Banco de España y la CNMV, “agravaron la situación de insolvencia” y “perjudicaron a inversores”, demorando “la adopción de las medidas necesarias para evitar lo que finalmente ocurrió: la inyección de 5.249 millones de dinero público por el Fondo de Garantía de Depósitos”, resume.

Los imputados escondieron a la consultora externa Towers Watson -a la que habían contratado para cuantificar el coste de las prejubilaciones derivadas de su integración en el SIP-, que seis miembros de su comité de dirección se habían adherido al programa de reestructuración de la plantilla, con lo que se dejó de dotar 15,5 millones de euros en el resultado de 2010, según la fuente.

Al año siguiente, se volvió a ocultar ese coste, pero con “la argucia” de hacer la dotación contra un fondo establecido en 2005, añade.

Tras el fracaso del SIP, se tuvo que ampliar el expediente de regulación de empleo, sin que se dotaran 50,19 millones de euros que debían aparecer en las cuentas formuladas en junio de 2011, según la fuente.

De acuerdo con las investigaciones periciales, Gómez Bermúdez subraya que los miembros del comité de dirección cobraron indebidamente 47.307.200 euros por diversos conceptos retributivos como indemnizaciones, complementos variables salariales e intereses relativos al exceso de prima pagada a la aseguradora Caser.

En este sentido, relata que fueron variando sucesivamente “en su propio beneficio” y a espaldas del Consejo la “prestación adicional” contratada con Caser en 2007 a la pensión de jubilación pública que recibirían cuando se retiraran.

Consecuencia de ello es que, según la fuente, el comité de dirección “se aseguró una prestación adicional para el momento de la jubilación que tuviera como referencia el nivel salarial de 2010, ejercicio con unas cuentas de resultados alteradas y artificialmente infladas, con un perjuicio bruto para la CAM de 2.145.987 euros”.

Dado que la paga de beneficios, las aportaciones a los planes de pensiones y la retribución variable y el bono extraordinario a largo plazo dependían de los resultados obtenidos, “los imputados obtuvieran beneficio económico a sabiendas de que no les correspondía, pues conocían perfectamente la situación real de la entidad”, concluye.

El expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Modesto Crespo ha admitido ante el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez que cobró de una sociedad participada de la entidad seis meses antes de que fuera nombrado al frente de la misma, informaron fuentes jurídicas.

Crespo, que ha comparecido como imputado en la causa en la que se le investiga junto a 19 consejeros de la extinta caja alicantina por el cobro de dietas irregulares, ha señalado que, a pesar de que fue nombrado presidente de la sociedad Tinser Cartera el 29 noviembre de 2009, percibió su sueldo de 300.000 euros anuales con carácter retroactivo desde junio, mes en el que fue designado “presidente institucional” de la CAM.

El exdirectivo, imputado por un delito de apropiación indebida, ha explicado que percibió sus retribuciones con retroactividad porque comenzó a trabajar para Tinser Cartera desde el momento en que fue nombrado como presidente de la CAM y que el nombramiento se produjo seis meses después por cuestiones formales.

Avalada por el Consejo de Administración

También ha declarado como imputado el exdirector general de la CAM Roberto López Abad, que ha reconocido que la propuesta de nombramiento de Crespo al frente de la sociedad participada partió de él y fue aprobada por el Consejo de Administración, que avaló tanto la cuantía de la retribución como el cobro con carácter retroactivo, “así consta en las actas, que no son falsas”.

Al ser preguntado por qué el consejero Martín Sevilla le advirtió de que la retroactividad salarial no había sido abordada en la Comisión de Retribuciones de la entidad, de la que formaba parte, López Abad ha alegado que se le “olvidó” comentar ese detalle.

La Fiscalía Anticorrupción indicó, en un escrito dirigido al juez, que, a pesar de que el expresidente de la CAM no accedió a la presidencia de la filial de la caja que agrupa sus participaciones industriales hasta el mes de diciembre de 2009, los consejeros imputados aprobaron que cobrara “de forma retroactiva” las dietas de los dos últimos trimestres del año en una reunión celebrada el 27 de noviembre de 2009.

Según han informado fuentes jurídicas, los miembros del Consejo de Administración aprobaron de viva voz las actas correspondientes a la reunión de noviembre en otro encuentro celebrado el 9 de diciembre. En ese documento, sí venían recogidas las dietas investigadas, según su versión.

Gómez Bermúdez ha realizado a estos dos interrogatorios después de finalizar la ronda de declaraciones de todos los miembros del Consejo de Administración, que en su gran mayoría apuntaron que aprobaron el cobro de las dietas supuestamente irregulares y que se limitaron a votar el nombramiento de Crespo como presidente de Tinser.

Otras causas

Gómez Bermúdez ya investiga a Crespo y a López Abad junto a otros antiguos directivos de la caja --el exdirector general de recursos de la CAM Vicente Soriano Terol; el exdirector de planificación y control de la caja alicantina, Teófilo Sogorb; y la última directora general de la caja alicantina, María Dolores Amorós- por presuntos delitos societarios, estafa y manipulación del precio de las cosas, por el cobro de pensiones de jubilaciones abusivas y su papel en la quiebra de la entidad.

El magistrado dictó, además, hace un año el ingreso en prisión eludible con una fianza de 1,5 euros para López Abad al que atribuye haber desviado millones de euros de la CAM que destinó a la compra de hoteles en el Caribe a través la participada Valfensal, junto a los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó. El exdirector general de la entidad permaneció seis días en la cárcel, que abandonó tras presentar bienes que cubrían la caución.

La CAM fue intervenida en junio de 2011 por el Banco de España y en diciembre de 2011 el Sabadell se la adjudicó por un euro. El Fondo de Garantía de Depósitos inyectó 5.249 millones de euros en la entidad que se sumaron a los cerca de 2.800 que aportó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

El juez Javier Gómez Bermúdez ha imputado al expresidente de la CAM Modesto Crespo por haberse presuntamente apropiado de forma indebida de 300.000 euros que cobró en dietas con carácter retroactivo por ser consejero de la participada de la caja Tinser Cartera.

En un auto, el magistrado de la Audiencia Nacional ha abierto una pieza separada de la causa principal en la que investiga a la cúpula de la caja alicantina, dentro de la que deberá decidir, tal y como le ha reclamado la Fiscalía Anticorrupción, si imputa a las 19 personas que participaron en una reunión del Consejo del 27 de noviembre de 2009.

Los consejeros nombraron ese día a Crespo presidente de la participada y dieron su visto bueno a que cobrara con efecto retroactivo 300.000 euros en concepto de dietas por los dos últimos trimestres del año.

Gómez Bermúdez ha tomado esta decisión ante “el número de imputados” que se puede alcanzar y la complejidad de la investigación para un “mejor orden procesal”.

En otra de las piezas separadas de la causa, consta en un informe del Banco de España, el expresidente de CAM se embolsó más de 640.000 euros entre 2009 y 2011, cantidad que equivale a 30 veces las dietas que le correspondían por su cargo y que “nunca” fue aprobada por la asamblea de la entidad.

Según el documento, Crespo, aprovechando su presencia en otros puestos de empresas participadas en exclusiva por la caja, engordó sus ingresos en los últimos años antes de la intervención de la entidad.

Crespo está imputado además en la causa principal por delitos societarios, estafa y manipulación del precio de las cosas junto a los ex directores generales María Dolores Amorós y Roberto López, y los exdirectores de Recursos y Planificación Vicente Soriano y Teófilo Sogorb.