Un 7 de noviembre de 2007, un hombre desconocido para los medios, José Luis Peñas, entregó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, un mp3 en el que había 18 horas de conversaciones grabadas entre Francisco Correa -otro nombre que entonces no nos sonaba de nada- y empresarios y políticos del PP. Esas grabaciones destapaban el mayor caso de corrupción política de nuestra democracia, y con esa delación, José Luis Peñas, que había sido edil de Urbanismo en el Ayuntamiento de Majadahonda, activó una bomba de relojería que estalló once años más tarde, en 2018, con una sentencia demoledora a la que siguió una moción de censura que echó a Mariano Rajoy de La Moncloa. Esta semana el Gobierno ha concedido el indulto parcial a José Luis Peñas, que en su día también fue condenado por corrupción en esta trama.  

Con los periodistas de la sección de Tribunales de elDiario.es Elena Herrera y Alberto Pozas recordamos cómo arrancó el caso Gürtel en la Audiencia Nacional gracias a esa delación de José Luis Peñas, exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Majadahonda y testigo de primera mano de la trama. También nos detenemos en la figura del delator de grandes escándalos de corrupción y las circunstancias judiciales que envuelven a estos personajes “arrepentidos”, en comparación con otras personas que denuncian por ética personal.  

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El Gobierno concederá este martes el indulto parcial a José Luis Peñas, el exconcejal del Partido Popular en Majadahonda (Madrid) que destapó el caso Gürtel y que fue condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel por participar en las actividades corruptas de la trama, indican fuentes gubernamentales a elDiario.es.

La medida de gracia no afecta a la pena de prisión —que fue suspendida por la Audiencia Nacional—, pero sí permitirá que conserve su empleo de ordenanza municipal en el Ayuntamiento de Madrid. El Gobierno basa el indulto en la existencia de “razones de justicia y equidad”, que son dos de los tres requisitos, junto a la utilidad pública, que contempla la ley para motivar las medidas de gracia. Su concesión forma parte de un paquete de reforzamiento de los medios para la lucha contra la corrupción del plan de regeneración al que el Ejecutivo dará luz verde este martes. 

El real decreto que aprobará el Consejo de Ministros conmuta las dos penas de inhabilitación absoluta que se le impusieron (una de tres años y otra de dos años y un mes) por dos penas de inhabilitación especial para cargos públicos de libre designación o elección. “De este modo, el indultado puede retomar su medio de vida, de modo que denunciar la corrupción no le arruina la vida, pero tampoco queda impune”, indican fuentes del Gobierno, que sostienen que la labor de Peñas fue “fundamental para poder investigar y enjuiciar la mayor trama de corrupción de la democracia, algo que podría haber sido muy difícil sin su colaboración”.

Tanto el Tribunal Supremo como la Fiscalía se posicionaron a favor de la concesión de este indulto parcial. El informe de los jueces de la Sala de lo Penal del alto tribunal puso en valor la actitud de Peñas durante todos estos años y los datos que puso a disposición de la Justicia. Resaltaron que “a pesar de su condena” ha comparecido como testigo en todas las piezas separadas del caso y que “en todas ellas, su testimonio ha sido constante, coincidente e incluso valiente”. Por su parte, la Fiscalía tomó como referente la directiva comunitaria sobre protección de los denunciantes.

Sus grabaciones, prueba fundamental

El 7 de noviembre de 2007 Peñas presentó ante la UDEF una detallada denuncia y decenas de horas de grabaciones que había hecho a escondidas a Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, en las que se revelaban algunos de sus negocios ilegales. Correa había sido su amigo personal, pero lo acabó traicionando para destapar el caso. Esos audios se convirtieron en la prueba fundamental de una causa con 37 procesados y que salpicó directamente a la estructura interna del PP. Sin embargo, no evitaron su condena. 

Los magistrados del Supremo que confirmaron la sentencia de la Audiencia Nacional calificaron de “esencial” su colaboración y admitieron que sus grabaciones habían sido “de gran ayuda” para esclarecer los hechos. Pero mantuvieron su condena al considerar acreditado que cobró casi 40.000 euros en sobornos y que ayudó a Correa a tener bajo control las adjudicaciones de Majadahonda, donde empezó como funcionario y acabó de concejal. Es decir, participó de esa corrupción en un primer momento aunque después empezó a grabar clandestinamente a los miembros de la trama.

Peñas fue condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel por delitos de asociación Ilícita, cohecho, falsedad documental, malversación, prevaricación y falsedad. Nunca llegó a entrar en la cárcel, dado que la Audiencia Nacional suspendió su entrada en prisión en la ejecución de la sentencia. Lo hizo en base a dos argumentos. Por un lado, el hecho de que ninguna de las penas de prisión, por separado, supera los dos años. Y, por otro, el “importante esfuerzo reparador” que había realizado al ingresar “importantes cantidades en la cuenta de consignaciones del juzgado” de acuerdo con su capacidad económica. 

El Gobierno considera que este indulto “trata de ser coherente con las nuevas normas de protección a los informantes, de las que Peñas en su día no se pudo beneficiar al no existir”. “Es un incentivo a quienes denuncian la corrupción y un aviso a los corruptos: unos estarán más protegidos y otros estarán más expuestos”, sostienen fuentes gubernamentales. 

José Luis Peñas, el denunciante del 'caso Gürtel', ha aportado una visión panorámica de la trama corrupta durante su declaración como testigo en el juicio por la pieza separada 5 en la Audiencia Nacional. El 6 de noviembre del 2007 el ex concejal del PP de Majadahonda denunció una trama que “era simplemente la punta del iceberg”, según ha dicho a preguntas de la fiscal anticorrupción. Los dos años previos había grabado numerosas conversaciones con Francisco Correa o Pablo Crespo, entre otros integrantes de la red 'Gürtel'. Lo hizo “con mucho miedo” y utilizando un “aparato sencillo” que se guardaba en el bolsillo interior de su chaqueta. Además, no eliminó ninguna de las conversaciones que pudieran comprometerle, según ha especificado durante su declaración.

Peñas fue condenado a cuatro años y nueves meses de prisión por asociación ilícita, cohecho, falsedad documental, malversación y prevaricación y está pendiente de un indulto parcial que apoyan tanto el Tribunal Supremo como el Ministerio Fiscal.

El testigo ha confirmado que la cúpula de la trama mantenía relaciones privilegiadas con el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, para quien Anticorrupción solicita una pena de dos años y medio de prisión, además de una década de inhabilitación, por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a la administración.

Peñas ha recordado que la trama tenía una “relación muy alta” con el PP y que organizaba “todas las campañas” del partido “a nivel nacional” bajo el liderazgo de José María Aznar. La red de empresas buscaba “obtener todo tipo de contratos”. “A veces se conseguían porque tenían acceso directo al político y otras veces por intermediarios o empresarios”, ha dicho el testigo.

El denunciante ha recordado que todos los presidentes autonómicos del PP durante la época de Aznar “querían hacer cosas con Correa”. “Aznar, cuando iba a sus comunidades, todos los actos los hacía Correa y estaban muy interesados, por eso muchas comunidades contactaban con ellos”, ha agregado.

Así, la trama Gürtel buscaba obtener “todo el dinero posible” de las administraciones públicas, “intentando eliminar cualquier tipo de competencia”, ha explicado. “Los empresarios iban de la mano de esta trama”, ha apostillado.

Tras la llegada de Mariano Rajoy a la sede nacional de la calle de Génova de Madrid “dejan de prestar muchos servicios” y diversifican “el ámbito geográfico donde instalarse”. Un plaza “fundamental” para esta expansión fue la Comunitat Valenciana, según ha dicho Peñas.

La sucursal en Valencia (la empresa Orange Market) respondía a una “amistad personal” entre Álvaro Pérez 'El Bigotes' y Francisco Camps y al distanciamiento con Génova. “Fue por eso por lo que decidieron alejarse de Madrid a una comunidad importante, con un presidente importante como barón del PP que les podía volver a ascender a donde estaban antes”, ha relatado.

Francisco Correa le dijo a Peñas que El Bigotes desembarcaba en Valencia por su “amistad con Camps”. El testigo ha descrito a Álvaro Pérez como “una persona que cae bien a todo el mundo” dotado de un “don de gentes especial”. También ha especificado, a preguntas del letrado de Francisco Camps, que la trama 'Gürtel' “funcionaba exactamente igual” en todos los territorios en los que tuvo presencia. En definitiva, ha explicado Peñas, “la trama estaba intrincada dentro del Gobierno” de Francisco Camps.

“Infinidad de formas” de inflar contratos públicos

Orange Market empezó a encargarse de todos los actos del PP valenciano “directamente por el conocimiento” que mantenía con Francisco Camps. En paralelo, la trama obtuvo contratos de la administración autonómica (las adjudicaciones que se enjuician en esta pieza separada ascienden a un valor global de 1,8 millones de euros). “Los contactos se producían en cascada de arriba abajo. De Camps bajaban y salían todos los contactos necesarios”, ha afirmado Peñas. “Cuando alguien se infiltra y empieza a contratar desde la cabeza, todo se desarrolla hacia abajo como una cascada”, ha abundado el testigo.

El PP valenciano, bajo el liderazgo de Francisco Camps, “gastó muy por encima de lo que podía y debía”. Como solución, “la parte que no se podía contratar legalmente se pagaba luego como se podía, por Radio Televisión Valenciana y por contratos que se inflaban”, ha explicado. También ha desglosado la “infinidad de formas” de hinchar irregularmente los contratos públicos que obtenía la red. “Es evidente”, ha afirmado, que hubo “un engaño continuo a las instituciones y a los ciudadanos”.

La farmacia de la esposa de Camps

El arquitecto de interiores Juan Enrique Sanz, que se encargó de algunos diseños para Orange Market, ha afirmado que Álvaro Pérez aludía a su relación con Camps, aunque no ha podido especificar de qué tipo. El testigo ha declarado que conoció a la esposa del expresidente valenciano, Isabel Bas, cuando Álvaro Pérez le pidió ayuda para remodelar la fachada de su farmacia, situada en la plaza del Ayuntamiento de Valencia.

Aunque El Bigotes aseguró durante su declaración como acusado que la intención era que los trabajos los abonara Isabel Bas, el testigo ha dicho que el proyecto lo tenía que pagar Orange Market. Sin embargo, nunca llegó a ejecutarse.

Vicente José Peris Montesinos, representante de la empresa Trasgos Comunicación, ha situado a Orange Market como la competencia en Valencia. Cuando El Bigotes llegó a la ciudad, la empresa era simplemente “un despacho con una mesa y un teléfono y Álvaro Pérez a la cabeza”. Ambas mercantiles intentaron formar una Unión Temporal de Empresas (UTE) para optar a adjudicaciones en el contexto de los grandes eventos que impulsaba el Ejecutivo autonómico de Camps, aunque esa opción no llegó a cuajar. “Contaban que tenían mucha experiencia de haber trabajado con el partido en Madrid, se dedicaban a hacer grandes eventos, cosa que a nosotros nos faltaba un poco”, ha declarado.

Sus grabaciones sirvieron para destapar, investigar y condenar a la trama Gürtel y ahora el Tribunal Supremo apoya su indulto parcial. Los jueces de la sala de lo penal han emitido un informe favorable a que José Luis Peñas, exconcejal del Partido Popular que grabó a los cabecilla de la trama Gürtel, vea sustituida su condena de inhabilitación absoluta por una que sólo le impida ejercer cargos públicos de libre designación. Peñas fue condenado a más de cinco años de cárcel por participar en las actividades corruptas de la trama en Majadahonda, donde era concejal por el PP, y el Supremo apoya que sus condenas de inhabilitación sean cambiadas por una condena de inhabilitación especial.

Es decir, el Supremo no apoya una medida de gracia que anule su condena de prisión pero sí le permite mantener su trabajo de funcionario. Según informa su abogado, Ángel Galindo, y según recoge el escrito del Supremo, la Audiencia Nacional decidió suspender su entrada en prisión en la ejecución de la sentencia. Explica el Supremo los motivos: “Ninguna de las penas de prisión, por separado, supera los dos años, que el condenado ha realizado un importante esfuerzo reparador mediante el ingreso de importantes cantidades en la cuenta de consignaciones del juzgado, adecuado a su capacidad económica”.

José Luis 'Pepe' Peñas fue asesor del alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, hace más de dos décadas y se convirtió en concejal de Urbanismo del municipio madrileño en 2003. En esos años el empresario Francisco Correa y sus contactos en el Partido Popular habían tomado al asalto tanto los procesos de contratación del municipio como también se habían lanzado a la financiación ilegal de campañas del partido, tal y como declaró probado en firme el Tribunal Supremo. Peñas participó de esa corrupción en un primer momento pero después empezó a grabar clandestinamente las conversaciones de los miembros de la trama.

Esas grabaciones fueron la llave que permitió a la Audiencia Nacional abrir el desván de la corrupción de la trama Gürtel y que dos décadas mas tarde se transformaron, entre otras cosas, en una sentencia firme del Tribunal Supremo. Una sentencia que declaró probado que el PP se benefició económicamente de la corrupción entre 1999 y 2005 y que también condenó a José Luis Peñas a 5 años y 3 meses de cárcel por el ramillete habitual de delitos de corrupción: asociación ilícita, cohecho, fraude, falsedad documental, malversación y prevaricación. Su ingreso en la cárcel está suspendido.

El indulto parcial no toca su condena de prisión pero sí le permitiría mantener su trabajo de funcionario público en el Ayuntamiento de Madrid como ordenanza. Dice el Supremo que “la pérdida de este trabajo a consecuencia de la aplicación de la pena de inhabilitación absoluta supone para el solicitante una aflicción desmedida e innecesaria”. 

Su abogado, Ángel Galindo, se ha mostrado muy satisfecho con el informe del Supremo que apoya la concesión de un indulto parcial. Asegura que “era de Justicia y el Supremo la hace Justicia con mayúsculas en la concesión de este Indulto. Es el denunciante de la mayor trama de corrupción política y empresarial de la Democracia y sin su denuncia nada se hubiera destapado y la corrupción seguiría instalada en el Gobierno de la Nación”.

Un testigo “valiente”

Ahora el caso está en manos del Consejo de Ministros. Los jueces de la sala de lo penal han emitido un informe en el que apoyan que se le conceda un indulto parcial que no afectaría a su condena de cárcel ya que apoyan sólo que su condena de inhabilitación se sustituya por otra que sólo le impida ejercer cargos públicos. Son los mismos términos en los que se expresó la Fiscalía sobre una posible medida de gracia.

El informe pone en valor la actitud de Peñas durante todos estos años y los datos que ha aportado a la Justicia. Dicen los jueces que “a pesar de su condena, ha comparecido como testigo en todas las piezas separadas de la denominada trama ”GÜRTEL“ y añaden que ”en todas ellas, su testimonio ha sido constante, coincidente e incluso valiente“. 

La sala también pone encima de la mesa la normativa internacional para proteger a los denunciantes de corrupción o 'Whistleblowers' y lamenta que la ley española “no cuenta con una protección que incentive y proteja a los funcionarios públicos que, habiendo intervenido en las actividades delictivas, deciden ponerlo en conocimiento de la justicia”. No existen, añaden, “apenas instrumentos jurídicos que incentiven el arrepentimiento, la confesión y la ayuda en la investigación, a pesar de ser tremendamente valioso el testimonio de quien, desde dentro, ha participado de los hechos criminales”.

La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha mostrado favorable a la concesión del indulto parcial al denunciante de la trama Gürtel y exconcejal del PP en Majadahonda, José Luis Peñas, condenado en firme por el Alto Tribunal a cuatro años y nueve meses de cárcel por los primeros años de actividades de la red corrupta (1999-2005), aunque no ingresó en prisión.

Fuentes del Ministerio Público han confirmado a Europa Press que ya se ha presentado el informe en el que apoya conceder la medida de gracia a Peñas para que se le sustituyan las dos penas de inhabilitación absoluta por las de inhabilitación especial para cargo público de libre designación o lección y la imposibilidad de obtener otros análogos durante el tiempo de la pena con igual duración, si bien se mantendría la pena de prisión.

Las mismas fuentes han precisado que la Fiscalía del Supremo ha considerado que “concurren razones de justicia, equidad y utilidad pública” y, además, tiene en cuenta el espíritu de la Directiva Europea 2019/1937, conocida como la “directiva whistleblowing”, al ser Peñas el denunciante de una trama de corrupción.

La Fiscalía Anticorrupción ya adelantó en mayo de 2018, tras conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional por los primeros años de la trama Gürtel, que en caso de solicitud de indulto se mostrarían de acuerdo con su concesión.

El pasado febrero se dio a conocer que el Ministerio de Justicia había iniciado la tramitación del indulto solicitado por Peñas al pedir al Tribunal Supremo y a la Fiscalía que informasen al respecto de la concesión de esta medida de gracia.

La defensa de Peñas presentó, tras conocerse la sentencia firme del Alto Tribunal dictada en octubre de 2020, una petición de indulto total, y subsidiariamente parcial para sustituir la inhabilitación absoluta por la especial, para conmutar la pena. La Fiscalía se ha pronunciado a favor de la segunda opción.

El caso Gürtel se inició a raíz de la denuncia que presentó el exconcejal de Majadahonda —que no ha entrado en prisión tras la sentencia del Supremo—, junto a su abogado, Ángel Galindo, ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en noviembre de 2007 y que se amplió en mayo de 2008 ante la Fiscalía Anticorrupción. Peñas aportó más de 80 horas de grabaciones de las conversaciones que mantuvo a lo largo de dos años con los cabecillas de la trama.

Para valorar la solicitud de indulto, el expediente debe contar con el informe del tribunal sentenciador y del Ministerio Público sobre su postura acerca de la concesión de la medida de gracia. Estos informes, que no cuentan con un plazo legal para su emisión, son preceptivos pero no vinculantes, ya que la última palabra la tiene el Gobierno.

En cuanto al Tribunal Supremo, aún no se conoce la postura que manifestará en su informe, pero en su sentencia —que confirmó la de la Audiencia Nacional— avaló las grabaciones que hizo Peñas y aseguró que no lesionó ningún derecho de las personas que fueron grabadas.

Así lo dijo también cuando ratificó en 2018 la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por los amaños en la contratación de las empresas de la Gürtel para el montaje del stand institucional de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones de 2005 a 2009.

Varias defensas han intentado anular la validez de estas cintas alegando vulneración de derechos fundamentales. El alto tribunal ha concluido que los encuentros fueron “libres y espontáneos” y que Peñas fue el que decidió 'motu proprio' grabar las conversaciones, incluidas sus propias manifestaciones, sin seguir las indicaciones de la policía o institución pública de investigación.

La fiscal Concepción Sabadell ha anunciado este lunes que solicitará el indulto para José Luis Peñas, el exconcejal de Majadahonda que destapó el caso Gürtel y que ha sido condenado a 4 años y 9 meses por su implicación en la trama de corrupción. El anuncio ha sido realizado por el Ministerio Público durante una exposición general en el arranque de la vistilla para la imposición de medidas cautelares a los condenados. 

Anticorrupción ha adoptado esta decisión después de haber solicitado 6 años y 4 meses de cárcel en su escrito de acusación. Finalmente ha sido condenado por asociación ilícita, cohecho, falsedad documental, malversación y prevaricación.

Peñas, que acumuló decenas de horas de grabaciones a los cabecillas de la trama, ha corrido la misma suerte que ellos, porque los jueces creen que cobró sobornos y ayudó a Correa, su amigo personal, a tener bajo control las adjudicaciones de Majadahonda, el municipio madrileño donde empezó como funcionario y acabó como concejal.

Peñas y Correa se conocieron a principios de los 2000. El alcalde de Majadahonda les presentó, y le recomendó a Peñas que le invitase a su boda. Así lo hizo, y el empresario, que entonces vivía la época dorada de sus negocios, le obsequió con un viaje a Isla Mauricio como regalo de bodas. La amistad que se fraguó entonces la definió el propio Correa durante el juicio, cuando contó que su hija le llamaba “tío Pepe”.

Denunció la trama Gürtel, ayudó a entender el enmarañado sistema de las empresas de Francisco Correa, pero ha acabado con una condena a cuatro años y nueve meses de cárcel. José Luis Peñas, exconcejal del PP en Majadahonda, engrosa la lista de condenados de una sentencia que mantiene un equilibrio entre valorar su “colaboración en el esclarecimiento de los hechos” con resaltar que no le creen cuando dijo que él nunca hizo nada delictivo. Él tiene una sensación agridulce, porque valora que el fallo corrobore lo que él destapó: “Todo lo que dije en la denuncia se ha plasmado en la sentencia”.

Los jueces de Gürtel le han condenado por asociación ilícita, cohecho, falsedad documental, malversación y prevaricación. Peñas, que acumuló decenas de horas de grabaciones a los cabecillas de la trama, ha corrido la misma suerte que ellos, porque los jueces creen que cobró sobornos y ayudó a Correa, su amigo personal, a tener bajo control las adjudicaciones de Majadahonda, el municipio madrileño donde empezó como funcionario y acabó como concejal.

Peñas y Correa se conocieron a principios de los 2000. El alcalde de Majadahonda les presentó, y le recomendó a Peñas que le invitase a su boda. Así lo hizo, y el empresario, que entonces vivía la época dorada de sus negocios, le obsequió con un viaje a Isla Mauricio como regalo de bodas. La amistad que se fraguó entonces la definió el propio Correa durante el juicio, cuando contó que su hija le llamaba “tío Pepe”.

“El día que yo os deje de pagar me denunciarás”

En uno de los paseos que compartían, contó Correa, le hizo un vaticinio que él ha dado por cumplido: “El día que yo os deje de pagar los 3.500 euros y no pague el dinero de tu hija me harás daño, me denunciarás por cosas que sabes de mí”. El empresario cuenta que Peñas se echó a llorar delante de su hija y le contestó: “Cómo puedes pensar que yo vaya a hacer esto, somos hermanos”.

Peñas empezó a grabar sus conversaciones con Correa en diciembre de 2005. Meses más tarde acudió con 20 horas de grabaciones a la Fiscalía Anticorrupción, en lo que supone el origen del caso Gürtel como recoge la propia sentencia, para desgracia de Esperanza Aguirre. Esa prueba es la más importante del caso, contra la que han cargado todos los acusados, pero que ha sido refrendada por el Supremo. El tribunal de Gürtel también insiste en que es una prueba válida porque Peñas comenzó a grabar por iniciativa propia, sin acordarlo previamente con la Policía o con la Fiscalía.

La fractura que produjeron las grabaciones de Peñas a Correa y su colaboración con los investigadores se evidenciaron durante el juicio. Peñas declaró sentado un par de metros delante de Correa, quien no paraba de hacer gestos con cada confesión se su antiguo amigo. El exconcejal hizo un retrato demoledor del empresario, como alguien que pensaba que los ayuntamientos eran suyos y a quien solo le importaba ganar dinero: “No tenía conciencia de lo que realmente hacía, siempre pensaba que hacer negocios era hacer dinero de la forma que fuera, para él todo era un business”.

Correa insiste en que quería extorsionarle

La tensión que había acumulado Correa durante esa declaración estalló en uno de los recesos. Llamó a Peñas “golfo”, “sinvergüenza” y le dijo que se había estado llevando “la pastuqui”. Y es que el empresario siempre ha defendido que Peñas le grabó para extorsionarle, para pedirle que le pagase más, y para ello se basa en una conversación que mantuvo Peñas con otro imputado de la trama, en la que le hablaba de cómo pensaba actuar contra Correa.

“No te voy a pedir como el maricón, ahora tú sabes lo que nosotros sabemos, lo que no sabes es lo que te hemos grabado; ahora empieza a pensar, y ahora hazme una oferta. Pues así se lo voy a decir, tío. Y si él no quiere se lo digo a Pablo, me da lo mismo. Mira, Pablo, lo siento mucho, tengo que hablar contigo, tío. Ahora, que yo me llevo por delante a todo el mundo, lo tengo clarinete”, comentaba el exconcejal, que siempre ha negado que estuviese planeando extorsionar a líder de la Gürtel.

Correa intentó durante mucho tiempo que Peñas cambiase de versión antes de que comenzase el juicio. Le pidió “solucionar todo esto” sin éxito. Frustrado, en el juicio describió lo que para él había sido la traición de un hermano “No encuentro las palabras”, dijo Correa al comenzar a hablar de su antiguo amigo. “Hay que tener muchísima maldad para que alguien que está viviendo en tu casa, mi hija paseando con él y llamándole 'tío Pepe', estar grabándome para luego denunciarme”, dijo.

Una campaña de acoso

Peñas lleva años denunciado que sufre un acoso constante para que de marcha atrás y deje de confesar. Además de las presiones del propio Correa, explicó que varios abogados de los imputados le habían ofrecido dinero por su silencio y que el propio PP intentó que dejase de confesar. Con la publicación de los papeles de Bárcenas cesó parte del acoso, pero no acabaron las ofertas económicas. Tras el fallo, Peñas ha recordado los episodios de acoso que ha vivido. “A mí me han escupido en la calle con mi hijo de dos años en brazos”, contaba en una entrevista.

Del acoso no se ha librado el abogado de Peñas, Ángel Galindo, que firmó la denuncia inicial que dio origen al caso. “El caso Gürtel son los últimos ocho años de mi vida, en los que he sufrido un acoso constante”, explica a eldiario.es. Galindo es además concejal de un pequeño partido en el Ayuntamiento de Boadilla, uno de los epicentros de Gürtel.

Explica que desde el Ayuntamiento, que sigue gobernado por el PP, ha habido ataques constantes contra él por ser el abogado del delator del caso. “Ha habido querellas constantes, he estado imputado cuatro años, me denunciaban y luego pedían mi dimisión en el pleno por esa denuncia”, cuenta. Afirma que ha sufrido una auténtica campaña de difamación que incluyó un intento de que le expulsaran del Colegio de Abogados.

Relata que el último episodio de este acoso lo ha vivido este mismo viernes. En el pleno, el alcalde Arturo González Terol ha cargado contra él y los grupos de la oposición han abandonado sus asientos en solidaridad.

“Nos somos Gürtel”

Peñas explica a eldiario.es que no esperaba ser condenado. “Teníamos una sensación muy buena, hicimos un trabajo muy bueno, me refiero a mí y a mi abogado, fuimos al fondo de las cosas, respondimos a todo el mundo, pensábamos que habíamos llegado a convencer al tribunal de que no somos Gürtel, no hemos sido nunca Gürtel”.

Se muestra satisfecho porque la condena final haya sido de cuatro años y nueve meses, porque recuerda que la Fiscalía empezó pidiendo para él nueve años de cárcel. Pero insiste es que irá al Supremo porque confía en su absolución total: “Si yo hubiese hecho algo, habría ido a la Fiscalía a negociar directamente, no hubiese empezado a grabar”.

Añade que no tiene sentido que la sentencia le acuse de recibir sobornos en metálico, pero a la par diga que los viajes sospechosos de estar financiados por Correa se los pagaba él mismo. “Correa tenía una agencia de viajes, no tiene sentido que los viajes me los pagase yo pero luego él me diese dinero en metálico”, insiste.

A pesar de la condena, confiesa que tiene un sabor agridulce. “Ya han dicho los jueces que yo he grabado como tenía que hacerlo, que no he manipulado las cintas, no he vulnerado ningún derecho fundamental de nadie. Todo lo que dije en la denuncia se ha plasmado en la sentencia”.

El tribunal no le cree

Buena parte de los 1.687 folios de la sentencia están dedicados a hablar de Peñas, de su papel en la trama y de las grabaciones. En una parte destaca que “ha colaborado de forma esencial en la investigación”, pero tras repasar su implicación en los hechos concluyen que su credibilidad falla: “Con las respuestas que ha dado, ha tratado de eludir su implicación en los hechos de que ha venido siendo acusado”.

Esos hechos son, según el tribunal, que Guillermo Ortega, alcalde de Majadahonda, “prestó su colaboración fundamental” al grupo de empresas de Correa hasta “formar parte de él”. En ese proceso se simbiosis entre la trama corrupta y la administración pública fue fundamental la ayuda de Peñas. Él y el resto de implicados del Ayuntamiento, dicen los jueces, “se prevalieron de las competencias que por razón de sus cargos ostentaban dentro del Ayuntamiento, para imponer esta dinámica de actuación tanto en el ámbito de la contratación, mediante la manipulación en las adjudicaciones, como en el de la ordenación de pagos, mediante la autorización de pagos indebidos”.

Es más, la sentencia añade que Peñas y otros concejales “se fueron apoderando de manera indebida, con regularidad y periodicidad, de distintas cantidades de distintas 'cajas fijas', que ni justificaron en su momento ni han justificado después”. El concejal siempre ha negado todos los hechos, y su abogado estudia ya la sentencia para presentar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Prosigue en la Audiencia Nacional el juicio de Gürtel sobre la financiación ilegal del PP valenciano, y lo hace este miércoles con la declaración como testigo del exconcejal popular en Majadahonda José Luis Peñas, que destapó la trama corrupta al sacar a la luz una serie de grabaciones que sirvieron para iniciar la investigación.

Peñas, que ha comenzado su testimonio después de que el juez le recordara que el falso testimonio “es delito”, ha explicado que en las grabaciones se evidencia cómo se cobraban los actos del PP, o bien por medio de empresas o bien por medio de la Administración, aunque ha puntualizado que su conocimiento sobre lo que sucedía en la Comunitat Valenciana es “indirecto”. “Conocí que se emitían facturas falsas para cobrar actos del PP”, ha dicho.

El exedil madrileño ha insistido en que las gestiones “importantes” en Valencia las realizaba Álvaro Pérez y que el 'modus operandi' de la trama corrupta en Madrid se trasladó a Valencia. Así, ha señalado que Álvaro Pérez, Francisco Correa y Pablo Crespo “hablaron de preparar temas para la visita del Papa”, y en otra reunión “para la Vuelta al Mundo a Vela”.

Correa le entregó un dossier a José Luis Peñas en el que se recogía que el PP de Madrid les debía 2 millones de euros y que había problemas para cobrar actos del partido a la Administración. En este sentido, ha relatado que Correa le dijo: “me van a matar con lo de Valencia. Les hacían facturar cosas de una manera que no habían hecho”. En este sentido, ha recordado una convesación con Isabel Jordán (empleada de Gürtel), que le comentó que tenían que realizar “facturas falsas” para cobrar en la Comunitat Valenciana.

Así mismo, ha defendido ante las interpelaciones de la defensa de Cándido Herrero (exgerente de Orange Market) que él aportó un resumen de las grabaciones, que fueron transcritas por la Policía. Y ha señalado a López Viejo, exviceconsejero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como enlace de la Gürtel.

En diciembre de 2005, un concejal del PP de un pueblo madrileño decidió llevar una grabadora a los encuentros que mantenía con Francisco Correa. El líder de la trama Gürtel, que de puertas hacia afuera no pasaba de ser el dueño de un conglomerado de empresas de eventos y viajes, le trataba como a uno más de su familia. Esa cercanía permitió al concejal acumular horas y horas de grabaciones sobres los verdaderos negocios de Correa, que luego entregó a la Fiscalía y que son el germen del mayor caso de corrupción de la historia del PP.

El Tribunal Supremo va a examinar por primera vez la validez de esas grabaciones, la prueba clave del caso que han intentado tumbar los principales implicados. Correa ha presentado ante ese tribunal un recurso contra su primera condena. El pasado mes de febrero fue sentenciado a cumplir la pena de 13 años de cárcel por sus delitos en la trama valenciana de la Gürtel y desde entonces está ingresado en prisión.

En ese escrito de 261 páginas el cabecilla de la trama expone una serie de motivos para anular su condena. Entre ellos, las grabaciones que le hizo José Luis Peñas, ex concejal del PP de Majadahonda, que ocupan casi un tercio del recurso. Peñas se sienta ahora en el banquillo de los acusados junto a Correa después de haber sido uno de los denunciantes del caso Gürtel y se enfrenta a una petición de seis años y cinco meses de cárcel.

Este exconcejal del PP acudió a la Fiscalía en 2006 con sus grabaciones. Durante el juicio explicó cómo empezó todo: “Me encontré por casa una memoria USB que tenía posibilidades de grabar, más adelante compré un pequeña grabadora, y cuando tuve las dos llevaba las dos, en la americana, el bolsillo del pantalón, grababa mi vida, lo que yo decía y lo que la gente quería decirme a mí”.

“Yo a Bárcenas le he llevado mil millones de pesetas”

Entre esa gente estaba Francisco Correa y lo que le contaba eran los detalles de la red corrupta. En las horas y horas de grabación hay una que destaca entre el resto, y que se ha escuchado hasta la saciedad durante los últimos años. “Yo a Bárcenas le he llevado mil millones de pesetas. Yo, Paco Correa, le he llevado a Génova y a su casa”, comentó cuando se tomaba unas copas con unos amigos entre los que estaba este concejal.

A Correa le ha perseguido esa grabación desde entonces. Ahora quiere tumbarla y con ello pedir su absolución, en un intento de acabar también con las otras causas que tiene abiertas, todas desprendidas del caso Gürtel, y que amenazan con mantenerle entre rejas durante, al menos, una década.

Según su escrito de defensa, las grabaciones de Peñas vulneraron el derecho a la intimidad de Correa. Sus abogados alegan también que fueron manipuladas, algo que admite el propio concejal. Peñas entregó un total de 18 horas a la Policía y a la Fiscalía, pero ahí no estaba todo lo que registró durante dos años. Reconoció ante el tribunal que destruyó parte de las grabaciones porque tenían “un carácter íntimo” y en las que se hablaba, por ejemplo, “de fútbol, de si uno era del Atleti, o del Madrid”. “El tema político y el tema empresarial no aparecían”, añadió.

El resto de acusados no se creen esa versión y aseguran que Peñas destruyó aquellos pasajes en los que no salía bien parado. Pero no le dio tiempo a borrar todo y por eso se sienta hoy en el banquillo de los acusados, sostienen.

Las grabaciones son para la defensa de Correa una baza para anular su condena, pero para él son algo personal. Cuando habló de ellas durante su declaración en el juicio de Gürtel cambió el tono a uno más pausado y grave. “No encuentro las palabras”, dijo antes de relatar lo que consideraba una traición. “Hay que tener muchísima maldad para que alguien que está viviendo en tu casa, mi hija paseando con él y llamándole ‘tío Pepe’, estar grabándome para luego denunciarme”, dijo.

Anular las grabaciones para tumbar el caso

El recurso dedica decenas de páginas a recoger jurisprudencia, en ocasiones internacional, sobre las grabaciones ocultas. La consecuencia para la defensa de Correa es que se produjo una lesión de derechos fundamentales con unas grabaciones que tenían, desliza el escrito, “una intencionalidad próxima a la extorsión”. Es otro de los reproches contra Peñas, que cobraba, según Correa, 3.500 euros mensuales de la trama y buscaba chantajearle con las grabaciones para conseguir más dinero. Él lo niega.

El objetivo de la defensa de Correa es tumbar las grabaciones para anular el caso Gürtel en su totalidad. Tras analizar y concluir que son ilegales, proponen que se anule “el resto de pruebas nacidas como consecuencia de la inicial declarada ilícita”. Es decir, que la investigación que se desarrolló a partir de las revelaciones de Peñas sea considerada nula. Su estrategia tiene un nombre en el mundo jurídico: doctrina del fruto de árbol envenenado.

“No existe duda alguna y así se encuentra absolutamente demostrado, que las investigaciones policiales, las diligencias de la Fiscalía y la posterior instrucción judicial nacieron como consecuencia de la presentación del Sr. Peñas de las grabaciones subrepticias a varios ciudadanos. En rigor ha de subrayarse que las mismas constituyeron el inicio, único y exclusivo, de todo este vasto expediente”, recoge el recurso.

Dos intentos previos

El primer día del juicio de Gürtel, los principales acusados intentaron anular el proceso tumbando las grabaciones. Los abogados se pusieron de acuerdo y cada uno expuso una causa de nulidad distinta.A Miguel Duran, letrado de Pablo Crespo, le correspondió cargar contra las grabaciones de Peñas alegando que eran “absolutamente ilegítimas” y que el primer juez instructor, Baltasar Garzón, no había garantizado la cadena de custodia.

El propio Correa ya había abierto la vía de desacreditar las grabaciones unos años antes. En 2013, junto a Luis Bárcenas y Gerardo Galeote, exeurodiputado del PP, pretendieron invalidar toda la causa agarrándose a la supuesta ilegalidad de las grabaciones porque se obtuvieron “lesionando su derecho a la intimidad”. El juez Pablo Ruz no lo vio así y en un auto desestimó esa maniobra argumentando que la ley no prohíbe grabar conversaciones entre particulares. Peñas las entregó “en cumplimiento de la obligación de denunciar delitos”, dijo el juez.

Este punto también lo cuestiona el recurso de los abogados de Correa. Aseguran que en al menos una de las grabaciones, Peñas no estuvo presente, lo que invalidaría esas grabaciones como prueba.

Durante aquella ofensiva contra esta prueba, el juez Ruz recordó a los acusados que las grabaciones no son el origen de la investigación, sino que lo fueron las propias manifestaciones de Peñas ante la justicia, por lo que no se podía pretender anular la causa completa. Ahora es el turno de que el Supremo decida si se suma a esa tesis o tumba la prueba que originó el caso Gürtel porque una de sus pruebas está “envenenada”. 

El exconcejal del PP en Majadahonda José Luis Peñas, conocido como el delator de la Gürtel, ha asegurado este jueves haber constatado que Francisco Correa y sus empresas tenían “un control total, completo y absoluto” sobre Feria Valencia, tras haberle ofrecido un puesto de responsabilidad en esta institución.

Peñas ha comparecido en la comisión de investigación sobre la gestión de Feria Valencia de las Corts Valencianes, en la que ha asegurado que Correa le dijo ofrecerle ese trabajo “porque tenía plena control” sobre la feria, aunque no le concretó “quién era el político” de confianza.

Tras aclarar que su conocimiento sobre Feria Valencia es “tangencial”, se ha referido así a una conversación telefónica que mantuvo en enero de 2008 con uno de los cabecillas de la Gürtel, de quien recibió una llamada que le proponía ocupar un puesto de “altísima responsabilidad” en Feria Valencia para llevar “lo que fuera necesario”.

El exconcejal, que entonces ya había denunciado el caso, rechazó la propuesta, que incluía el pago del alquiler de vivienda y el colegio, y le contestó que tenía otras previsiones para su vida, según ha relatado en la comisión de investigación.

Peñas ha reconocido que tiene muy poco conocimiento de asuntos relacionados con Feria Valencia pero sí un conocimiento genérico de las empresas de la trama Gürtel.

Preguntado por Álvaro Pérez, el hombre de Correa en Valencia, ha dicho recordar que éste comentó a Correa y Pablo Crespo que le podían hacer “director general de la visita del Papa”, lo que a su juicio es un “elemento suficiente” para mostrar su afinidad con los gobernantes.

“Acceso directo” al president de la Generalitat

Para Peñas, Pérez y Correa tenían “acceso directo” al president de la Generalitat y a los vicepresidentes, y según ha afirmado, la persona de contacto de Orange Market en Valencia “entraba en Presidencia y Vicepresidencia como quería, en la rebotica, tenía acceso a todo lo que quisiera”.

“Es lo que se ha dicho en los tribunales, y está sentenciado, que se controlaba desde una empresa privada el acceso y control de los contratos públicos, y es lo que se está dirimiendo en 14 o 15 causas más en España”, ha manifestado.

El modus operandi de Gürtel era el mismo en todos los lugares, y ha concretado que Orange Market era la que se introducía para organizar eventos y luego “extendía sus tentáculos en una íntima amistad o cercanía con las personas principales de la comunidad”.

El exconcejal ha dicho estar avergonzado de haber pertenecido al PP y la vez “contento” de haber denunciado la corrupción.

El diputado socialista José Muñoz ha agradecido, ha destacado que haya conseguido sentar a muchos acusados y a un presidente del Gobierno en un juzgado a hablar de “la trama de corrupción que ha podrido su propio partido”.

Por su parte, el diputado del PP Fernando Pastor, que ha protestado en varias ocasiones al considerar que el compareciente tenía que hablar de Feria Valencia y no de la trama Gürtel, ha cuestionado que haya acudido a la comisión a exponer “hipótesis” y no hechos probados y le ha preguntado a peñas si tiene pruebas de “mordidas”.

El exconcejal del PP ha dicho que ha comparecido para dar testimonio y ha agregado que en la Comunitat Valenciana hay un vicepresidente condenado por cohecho.

“(Fernando Pastor) quiere hacer un batiburrillo en una comisión, que es lo más serio, igual que un tribunal de justicia, interrumpiendo por lo bajini. Me parece que usted ha retratado lo que ha sido el PP durante muchos años, la prepotencia”, ha concluido Peñas.

En los documentales que exploran la naturaleza del mundo salvaje, una cámara oculta nos muestra el comportamiento de los animales observados tal cual son. Dentro de nuestro hábitat existen otras cámaras, como las de Gran Hermano o las del Congreso de los Diputados que, cada una a su manera, lo que transmiten ya es una puesta en escena, un discurso elaborado para un fin. Es lo que va del documental al reality.

Esta semana seguí la retransmisión de la declaración de José Luis Peñas, exconcejal del PP, en el juicio a la trama Gurtel. Allí, en la pantalla, podía ver sus gestos y los de Francisco Correa sentado detrás, así como oír el relato que hacía de lo sucedido y el esfuerzo por elaborar sus respuestas.

Sin embargo, en medio de ese escenario –grabado rutinaria y explícitamente– aparecieron las grabaciones que él mismo había hecho a escondidas en sus encuentros con Francisco Correa y que recogían las conversaciones entre ambos. Aquellas cintas permitían ver/ oír la realidad en bruto tal cual había acontecido, sin la distorsión de saberse mirado/ escuchado, como los animales en la sabana. Ese material es el que nos da una idea de la brutalidad de lo real: frases inconexas, pensamiento deshilachado, fanfarronería, prepotencia, ansiedad, desprecio, todo movido por un único deseo irrefenable, hacer más dinero.

Como apuntó Peñas, para Correa –quien mandaba, hacía y deshacía como mano derecha del entonces presidente del Gobierno José María Aznar– no se trataba más que de conseguir más dinero, para él todo eran negocios, todo eran business.

En su declaración, el exconcejal insistía en que Francisco Correa no tenía ninguna conciencia de delinquir, como si esto le resultara sorprendente –o tal vez fingiera esa sorpresa como una manera de diferenciarse de él y hacerse perdonar el hecho de haber estado a su lado–. Lo cierto es que muchos políticos y empresarios en España no han tenido conciencia de delinquir porque no han tenido conciencia cívica. Un depredador no tiene compasión de sus víctimas; no hay sorpresa, si así es la vida.

Esa misma falta de conciencia cívica, de respeto a lo público, es lo que lleva a Esperanza Aguirre a detener su coche en segunda fila para sacar dinero de un cajero o a Sáenz de Santamaría a aparcar en el carril bus para entrar a una tienda. Para esas personas se trata de un comportamiento instintivo que responde al orden natural; son escenas salvajes captadas por las cámaras sin que sus protagonistas se hayan retocado para salir en la foto.

En el número de Vanity Fair del pasado mes de octubre se reproducía algún sms de Francisco Nicolás Gómez, “el pequeño Nicolás”, y el redactor advertía: “Hemos corregido las faltas de ortografía”. Pues mal hecho, porque convendría mostrar tal cual la ignorancia o el lugar asilvestrado desde donde se maneja esta gente, antes del maquillaje o de la producción a la que se someten o les someten los medios (en este caso el artículo va acompañado por una serie de fotos en las que Nicolás Gómez posa vestido como un modelo).

Es difícil soportar que se alcen como defensores del orden aquellos que se mueven entre tejes y manejes, entre enredos, instintos primarios y actos incívicos para provecho propio. Es indignante leer el sms de Nicolás felicitando a Juan Carlos de Borbón por reconciliar a “las dos Españas”. Cuesta escuchar a la vicepresidenta en el Congreso alertando de los desórdenes a los que llaman las propuestas de Unidos Podemos, acusándoles de alentar los desacuerdos frente al “acuerdo constitucional”. Y es casi imposible soportar el cinismo de Aguirre o Rajoy cuando juegan la baza de intimidar con que viene el coco.

Porque, cuando enfrentan el orden al caos, ¿de qué orden hablan? Del que les permite los amaños bajo cuerda y la vista gorda ante el delito. Hablan de su desorden, del que sacan beneficios. Y bueno, así es nuestra oligarquía, bienvenidos a nuestra selva, al desorden del sálvese quien pueda donde se hacen los negocios; unos negocios que, si nos llegan, es ya editados y convenientemente falseados por las cámaras amañadas. Son aquellos que obstentan el poder los que han roto cualquier pacto de convivencia. Y lo peor es que hoy por hoy se presenta ese desorden como el único orden posible.

El PP se financiaba a través de las donaciones ilegales de grandes empresas, para después devolver el favor en forma de adjudicaciones de contratos en los ayuntamientos que controlaba en la Comunidad de Madrid. Así lo ha asegurado hoy José Luis Peñas, exconcejal del PP en Majadahonda y denunciante de la trama Gürtel, ante el tribunal que enjuicia el caso.

Peñas ha relatado el episodio que vivió poco después de ser nombrado concejal, algo que ocurrió en el año 2003. El alcalde, Guillermo Ortega, que le había llevado al Ayuntamiento de Majadahonda primero como asesor, y luego como edil, le llamó a su despacho tras recibir un fax de Génova 13, la sede nacional del PP.

Comenzaron hablando de cuestiones del partido, hasta que le habló del contenido del fax. Era una lista de empresas que habían financiado ilegalmente al PP y a las que ahora, tras las elecciones, había que devolver el favor el favor. “Ese esfuerzo había que remunerarlo, había ayudarles en las contrataciones”, dice Peñas que fueron las palabras literales de Ortega.

El entonces alcalde le explicó que la orden venía del PP nacional, de “gerencia o de tesorería”, y que aclaró que las empresas “habían ayudado en la campaña, habían financiado al partido”. “Eran empresas de construcción, empresas grandes, pero no me detalló ninguna”, ha dicho. La fiscal Concepción Nicolás ha insistido en preguntar qué empresas eran, pero Peñas ha asegurado no saberlo.

El exconcejal afirma que se negó y presento su dimisión, pero que Ortega le pidió que siguiese con la promesa de que nunca le pediría que hiciese nada ilegal. Siguió en su puesto, desde donde vio cómo se amañaba, por ejemplo, el contrato de recogida de basura para FCC y cómo acababan “cortándole la cabeza” a Guillermo Ortega.

Ortega se quedó con parte del “pastel” de Génova

Peñas ha explicado que en una conversación que grabó escuchó decir que Ortega había ido “recortando el pastel para Génova, y ha llegado el momento en el que han decidido expulsarle”. “Si no llevas dinero a Génova, no te van a mantener como alcalde, van a poner a alguien que les lleve el dinero para poder seguir haciendo sus campañas por encima de los presupuestos legales”, ha añadido en su declaración.

La fiscal le ha preguntado quién del PP le “cortó la cabeza” a Ortega, y Peñas ha respondido que fue Esperanza Aguirre. No ha sabido contestar a quién se le entregaba el dinero en la sede del PP, pero ha aclarado que no siempre era dinero en efectivo. “Hay otros métodos más sofisticados, puedes pagar un mitin del partido que cuesta 500.000 euros”, ha explicado.

El relato de Peñas confirma lo que apuntó la Fiscalía en su escrito de acusación. “Los fondos de los que se apoderó procedían de una contabilidad paralela o caja B del Partido Popular gestionada por ambos acusados que se nutría, con carácter general, de donativos que incumplían la normativa de financiación de los partidos políticos y que eran efectuados por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas”, escribieron las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás.

Rifirrafe con Correa

El concejal se ha defendido de las acusaciones de que recibió dinero en efectivo de la caja B de las empresas de Francisco Correa. Peñas ha dicho que las anotaciones de esa contabilidad pueden hacer referencia a José Peña, de la empresa SUFI, ya fallecido, y ha insistido en que no recibió ninguno de esos pagos.

Las declaraciones de Peñas no han molestado a Correa, sentado tras él en el juicio, que ha aprovechado un receso para reprochárselas. Antes de salir de la sala, le ha gritado “golfo”, “sinvergüenza” y “te estabas llevando la 'pastuqui'”. “¿Un muerto es el que se ha llevado el dinero que te estado pagando y un muerto es al que le he estado pagando viajes?”, le ha afeado Correa ya fuera de la sala, en referencia a las palabras del exconcejal sobre José Peña.

Peñas no le ha contestado, y se ha limitado a hacer un gesto con las manos en el que simulaba que el empresario iba a terminar el juicio esposado.

Tras la reanudación, la tensión ha continuado dentro de la sala. Correa ha seguido haciendo gestos cuando Peñas contestaba a las preguntas del abogado del cabecilla de la trama. A este le ha hecho constantes indicaciones, hasta el punto que el presidente del Tribunal, Ángel Hurtado, ha tenido que llamarle la atención.

La Comunidad de Madrid, bajo la presidencia de Esperanza Aguirre, pagó con dinero público actos electorales que la red Gürtel organizaba para el PP, cuando el partido se quedaba sin dinero durante la campaña de las elecciones autonómicas de 2007. Así lo ha asegurado en el juicio de Gürtel el exconcejal del PP José Luis Peñas, confirmando lo que Hacienda ya apuntó hace tres años.

En su declaración ante el tribunal, y a preguntas de la Fiscalía, Peñas ha explicado que algunos actos del PP durante la campaña electoral de 2007 se facturaban a las consejerías de la Comunidad de Madrid. Las empresas de Gürtel los organizaba, pero el PP tenía dificultades para pagarlos, y entonces recurría al Gobierno de Aguirre.

“El PP decía 'no tengo dinero, a ver cómo lo hago', y esos actos se facturaban a las consejerías de la Comunidad de Madrid”, ha relatado Peñas. El delator de la Gürtel, que declara este martes como acusado, ha confirmado así lo que Hacienda ya apuntó en el año 2013.

Entonces, la Agencia Tributaria envió un informe al juez que instruía el caso, Pablo Ruz, acreditando que la Comunidad de Madrid pagó en el año 2007 casi 300.000 euros por actos de carácter político. Siete de esas facturas, unos 180.000 euros, correspondían a actos electorales. La trama Gürtel usó una sociedad pantalla para intentar ocultar que estaba tras las organización de esos eventos.

El nexo de Gürtel con la Comunidad de Madrid era el consejero de Presidencia, Alberto López Viejo. Así lo cree la Fiscalía, y lo ha confirmado Peñas. Pero, como han hecho otro acusados, no ha aclarado si era él quien daba la orden de fraccionar los contratos con las empresas de la red para otorgarlos a dedo.

Peñas ha dicho no saber de quién partía esa orden, pero ha asegurado que salía de la Comunidad de Madrid, “del cliente, de quien tiene potestad para contratar”. Durante la fase de la declaración de testigos tendrán que dar explicaciones parte de los altos cargos de la Comunidad durante esa época.

El exconcejal ha dicho que apenas tuvo relación con López Viejo, y que tan solo ha coincidido con él “en algún acto institucional de la Comunidad de Madrid”. “Le recuerdo siempre organizando, no recuerdo a qué nivel, pero siempre estaba preocupado por la presidenta, por el atril, por las luces...”, ha contado Peñas.

En los actos que Gürtel organizaba para el PP, era fundamental Álvaro Pérez 'El Bigotes', que ya se definió a sí mismo como un innovador de los mítines políticos. Este martes Peñas ha relatado que la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, tenía especial admiración por su talento, y que no quería participar en actos que no organizase él.

“Esa no es mi firma”

Peñas también ha tenido que responder por su papel dentro de la trama de corrupción, por la que el Ministerio Público le pide una condena de seis años de cárcel. El exconcejal no ha reconocido su firma en algunas facturas que se hicierona empresas de Gürtel, y ha dicho no saber nada de los pagos en efectivo que constan en la contabilidad de Francisco Correa.

“No sé por que pone José Luis Peñas, no es mi firma, ni es mi letra”, ha dicho sobre diversos documentos manuscritos que la ha mostrado la fiscal Concepción Nicolás. Tampoco sabía a qué se refería el concepto “pago a Pepe Peñas” en la contabilidad B del cabecilla de la trama.

Según la Fiscalía, Peñas recibió en abril de 2004 algo más de 27.000 euros por parte de Pablo Crespo, el considerado como número 2 de Gürtel, y estuvo recibiendo diversos pagos durante aquellos años a cambio de colaborar en la emisión de facturas falsas.

José Luis Peñas ha declarado este martes ante el tribunal que enjuicia la primera época de Gürtel. El exconcejal del PP en Majadahonda, que denunció a los cabecillas de la trama, ha dicho que estos usaban la organización de actos para el partido “como pantalla” para infiltrarse en los municipios madrileños. Surgían entonces los negocios urbanísticos, gracias a las buenas relaciones de Francisco Correa con miembros del PP, incluido el presidente del Gobierno de entonces, José María Aznar.

“Correa era amigo del presidente del Gobierno en aquella época”, ha contado Peñas para ilustrar las relaciones del cabecilla del Gürtel, y cómo estos “tentáculos” le ayudaban en sus negocios. “Al estar integrados en el PP, el partido que maneja las instituciones, cuando no te aumentaban la edificabilidad, te aumentan el numero de viviendas, así los negocios te salen redondos”, ha añadido.

Peñas ha explicado que eran esos negocios los que más beneficios daban a los líderes de la trama corrupta. La compra venta de terrenos dejaba importantes plusvalías, y “en esa intermediación ganaba el PP, ganaba el señor Correa, y ganaba todo el mundo”, ha asegurado.

Correa dio una versión distinta en su declaración. Aseguró que había trabajado durante muchos años junto a él, pero que no hubo amistad entre ellos: “Con Aznar no tengo ninguna relación, he trabajado con él muchos años. Le miraba, él me miraba, pero no he sido amigo de él nunca”.

El exconcejal del PP ha insistido en que la buena relación de Correa con los miembros del PP impulsaron sus negocios. Sus empresas “hacían todos los actos del PP”, y que Correa y Pablo Crespo, su número dos, “tenían grandes amistades” con los integrantes del partido. Así, conseguían organizar los eventos mediante “contratos que estaban amañados”.

Pero la organización de eventos no era el fin de la trama, sino un medio. “La organización de actos era la pantalla para introducirse en los municipios”, ha explicado Peñas. A partir de ahí era cuando aparecían las oportunidades de negocio con el suelo de esas localidades madrileñas.

El de Aznar no es el único nombre de un alto cargo del PP que ha pronunciado Peñas. A la entrada a la sede de la Audiencia Nacional, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “es el mayor responsable político” de Gürtel, “miró para otro lado” al conocer las actividades corruptas. Al igual que hizo, ha añadido, la expresidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre: “Tenían comunicación de todo lo que pasaba”.

“Me das unas obritas y te compro el Land Rover”

Un ejemplo de las buenas relaciones de Correa con los miembros del PP fue su amistad con Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato y que fue alcalde de Pozuelo de Alarcón. Esta queda reflejada en una de las conversaciones grabadas por Peñas, que se ha reproducido durante el juicio, y al que el exconcejal ha dado contexto.

“Me das unas obritas y te compro el Land Rover”. Fue lo que le dijo Correa a Sepúlveda, según Peñas, y la frase que resume su relación. El exconcejal ha dicho que Correa terminó comprándole el coche con el compromiso de que el exalcalde le adjudicaría esas obras, pero no cumplió su palabra.

Correa reconoció en su declaración que había regalado hasta tres coches a Sepúlveda. En su momento dijo que eran dos Range Rover y un Jaguar, y que uno de los todoterrenos se lo había regalado por petición expresa del exmarido de Ana Mato: “Sepúlveda me dijo, 'me apetece tener un Range Rover' y yo le dije, pues te lo compro”.

“Grababa mi vida”

Peñas ha explicado, a preguntas de la Fiscalía, cómo empezó a grabar a los cabecillas de la trama Gürtel. “Me encontré por casa una memoria USB que tenia posibilidades de grabar, más adelante compré un pequeña grabadora, y cuando tuve las dos llevaba las dos, en la americana, el bolsillo del pantalón, grababa mi vida, lo que yo decía y lo que la gente quería decirme a mí”, ha contado.

De las grabaciones que realizó, entregó un total de 18 horas a la Policía y a la Fiscalía. Pero no entregó todo. Peñas ha reconocido ante el tribunal que destruyó parte de las grabaciones porque tenían “un carácter íntimo”, en las que se hablaba, por ejemplo, “de fútbol, de si uno era del Atleti, o del Madrid”. En las grabaciones que decidió borrar “el tema político y el tema empresarial no aparecían”, ha dicho. El resto de acusados creen que destruyó las grabaciones en las que salía mal parado.

“Hay gente que ha escrito que yo era del CNI, nada más lejos, lo hice por sentido común”, ha dicho Peñas sobre su decisión de empezar a grabar. Para ello contó con la ayuda del también concejal Juan José Moreno que, sin embargo, no denunció ante la Policía como sí hizo Peñas.

De Usera a Majadahonda

Peñas nunca estuvo afiliado al PP de Majadahonda. Según ha explicado, él era miembro del PP de Usera, y conoció a Guillermo Ortega, por entonces secretario general del PP de Madrid, que luego se convertiría en alcalde del municipio madrileño, en un master. Le propuso trabajar en Parla, y luego se lo llevó a Majadahonda como administrativo. Peñas hacía fotocopias, llamadas y atendía a los vecinos.

Ortega ascendió luego a alcalde, y Peñas llegó a ser primer teniente de alcalde de Majadahonda y concejal de Medio Ambiente. Fue entonces cuando conoció a la mujer de Correa, pero nunca tuvo mucha relación con él, en contra de lo declarado por el cabecilla de la red.

Con Correa, al que ha definido como “el jefe del aparato, el que llevaba la nave firme”, apenas ha estado en cuatro o cinco ocasiones, ha dicho, y “en ninguna para desarrollar ninguna asociación de ningún tipo”.

Sí que ha reconocido que recibió un regalo de la mujer de Correa, a través de la empresa de su empresa de viajes. Carmen Rodríguez Quijano le regaló su viaje de novios, una semana en las islas Mauricio. Peñas se enfrenta a una pena de seis años de cárcel por recibir regalos de la trama a cambio de adjudicaciones y por apropiarse de fondos del Ayuntamiento de Majadahonda.

Aunque Esperanza Aguirre se atribuye haber destapado el caso Gürtel, lo cierto es que fue el testimonio y las grabaciones que José Luis Peñas entregó a la Policía y a la Fiscalía las que dieron origen al caso. Ahora, nueve años después de su denuncia, el exconcejal del PP en Majadahonda declara en el juicio de Gürtel Época I.

Peñas se sienta este martes en el banquillo después de que por él hayan desfilado los principales cabecillas de la trama. Lo hará “con la lógica preocupación, pero con una perspectiva más que halagüeña”. “Sé que no he hecho nada de lo que se me acusa”, asegura en conversación con eldiario.es.

En el escrito de acusación que la Fiscalía presentó antes del inicio del juicio, se especifica que el caso se originó con la denuncia de Peñas, quien desde el comienzo “ha colaborado de forma especial en la averiguación del delito y en el descubrimiento de sus responsables”. En total, entregó 18 horas de grabaciones.

Eso no le ha librado de estar sentado en el banquillo junto a quienes delató, acusado de recibir regalos por parte de Correa como contraprestación a las adjudicaciones a sus empresas. Por eso, y por “incorporar a su patrimonio fondos procedentes del Ayuntamiento”, se enfrenta a una petición de seis años y cinco meses de cárcel.

Peñas confía en no ser condenado. “Estoy absolutamente seguro de que voy a salir bien de este entuerto” afirma. Carga contra el escrito de la Fiscalía, en el que dice que se han incluido “frases muy desafortunadas” y que quedará “muy devaluado” tras su declaración.

Desde el inicio de la instrucción y al comienzo del juicio, el resto de acusados y el propio PP, en el banquillo como responsable civil, han intentado desacreditar las grabaciones que hizo Peñas, pero ha sido en vano. La Policía certificó que no estaban manipuladas y los jueces han confirmado su validez, además de reiterar que están apoyadas por el testimonio del propio exconcejal.

Una estrecha relación con Correa

Peñas tendrá este martes la oportunidad de contar en el juicio lo que ha ido relatando durante estos últimos años en diversas entrevistas y artículos de prensa, el funcionamiento de la trama corrupta que se atisba en esas grabaciones. También podrá dar detalles sobre la forma de actuar del propio Francisco Correa, con quien mantuvo una relación muy estrecha durante años.

El propio cabecilla de la trama así lo contó durante su declaración, dejando claro que se había tomado las grabaciones de Peñas como la traición de un hijo. “No encuentro las palabras”, dijo Correa al comenzar a hablar de su antiguo amigo. “Hay que tener muchísima maldad para que alguien que está viviendo en tu casa, mi hija paseando con él y llamándole ‘tío Pepe’, estar grabándome para luego denunciarme”, dijo.

Correa relató que agradecía las gestiones de Peñas en el Ayuntamiento con una paga mensual de 3.500 euros, y deslizó que su intención al grabarle era tenerle pillado, poder vivir de él toda la vida.  El exconcejal, sin embargo, dice que los abogados de algunos acusados le han ofrecido mucho dinero para que se calle, pero que lo ha rechazado. Peñas también ha contado en muchas ocasiones que el PP ha tratado de que detuviese sus revelaciones.

Las amenazas que recibía por esas confesiones se calmaron cuando se publicaron los papeles de Luis Bárcenas, explica. Quienes le amenazaban “no pudieron menos que claudicar”, dice, cuando vieron que lo que contaba estaba reflejado en unos papeles nutridos durante años por las anotaciones del extesorero del PP.

Lo que no han parado son las ofertas para que se calle: “Siguen intentándolo, han seguido hasta la antesala del juicio los intentos de que yo cambiara las declaraciones anteriores, o que diga en el juicio la ridiculez de que Rubalcaba estaba por medio”. Se refiere a la declaración de Pablo Crespo, quien dijo que había recibido un chivatazo de que el entonces ministro del Interior estaba montando “una operación contra el PP”.

A pesar de las ofertas con cifras “interesantes”, Peñas asegura que se mantiene firme en su intención de no desdecirse de lo declarado hasta ahora. “Siempre lo he tenido claro, nada ni nadie va a apartar mi voluntad”, explica.

“Tienes que solucionar todo esto”

Apenas ha hablado con Correa durante el juicio, a pesar de que han compartido mucho tiempo en el vestíbulo de la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares. El cabecilla de la trama sólo se le ha acercado un par de veces, y ha sido para hablar sobre la declaración de su mujer, Carmen Rodríguez Quijano, imputada en el caso y que se enfrenta a una pena de 35 años de cárcel.

En una de esas ocasiones le deslizó una petición durante la breve conversación que mantuvieron: “Tienes que solucionar todo esto”. “No sé qué hay que solucionar, si tú no has hecho nada, te dejarán libre y ya está”, dice Peñas que le respondió.

El exconcejal de Majadahonda no se sorprende de las palabras que le dedicó Correa durante la declaración. “Son lógicas en una persona que ha estado tres años en la cárcel por mi denuncia. Va a pasar unos cuantos más. Buen recuerdo de mí no va a tener”, admite.

Correa asistirá desde la primera fila del banquillo a la declaración de Peñas, como ha hecho con todos los imputados que han declarado hasta el momento. El cabecilla de la trama puede estar tranquilo, en parte, porque no habrá nuevas revelaciones. Peñas no se ha guardado nada, explica: “Nunca me he guardado ningún as, nunca he sido de bombas atómicas ni de esconder nada. Lo vacié todo cuando denuncié”. 

Si bien estas revelaciones pueden parecer un logro, en el fondo son acusaciones muy medidas, porque al fin y al cabo lo que presentan son delitos difíciles de encuadrar en una categoría importante

Todavía quitándome el cansancio de la jornada, escribo estas líneas para retener lo importante del día de hoy, el día en que Correa, aparentemente, tiraba de la manta. Para aclararnos, dos ejes ha tenido su declaración. Por un lado, sus empresas de negocios, que junto a su personal lo hacían todo de forma legal. Y por otro, las empresas patrimoniales de Correa, en las cuales los millones provenientes de las administraciones públicas se acumulaban año tras año. La estrategia es clara, evitar todo negocio ilícito con las administraciones públicas y centrarse en el posible delito fiscal.

¡Aburrido!, sorprendido me doy la vuelta en mi asiento, acabamos de entrar del intermedio de la tarde, y veo a Luis Bárcenas expresando su sensación. Cuando terminó la sesión, Bárcenas podría decir de todo menos que se aburrió. En ese acto de la tarde Correa admitió al menos quince entregas de dinero a L.B. a quien identificó sin ningún género de dudas como Luis Bárcenas.

Asimismo reconoció a J.S, Jesús Sepúlveda, J.M. Jesús Merino, el de Castilla y León y no el de los premios Grammy. Incluso destapó al verdadero Luis el Cabrón, que al parecer no era Luis Bárcenas sino Luis Delso, un empresario importante y amigo de Correa. En la mañana A.L.V, pasó a ser Alberto López Viejo, a quien Correa, para devolver un dinero de comisiones, le obligaba a que le diera actos de la CAM. Y de esos actos, pero del beneficio de Correa, le devolvía la comisión. Sí, ya sé que es ininteligible, pero eso es lo que ha declarado. Lo siento, estas declaraciones de quienes vienen a contar la verdad y aclarar y colaborar con la justicia suelen ser así.

Si bien estas revelaciones pueden parecer un logro, en el fondo son acusaciones muy medidas, porque, al fin y al cabo, lo que presentan son delitos difíciles de encuadrar en una categoría importante (como mucho, cohechos, todos de hace bastantes años y posiblemente prescritos), cierran la posibilidad de blanqueo y reconocen lo que es evidente: hacerse pasar por un ferviente colaborador de la justicia.

Las cargas duras las ha dejado para Isabel Jordán y para un servidor. Para Isabel Jordán, que gastó indebidamente con las tarjetas de la empresa, que abusó de su puesto frente a los demás trabajadores de sus compañías y que en realidad era como una empresaria aparte en el universo Correa. Para mí, dejando aparte el mal gusto de hacer aparecer a mi familia, ha dejado lo mejor de su bilis: hay que ser mala persona para grabarle después de cómo se había portado conmigo.

Al parecer todo el mundo se porta mal con él. En el 93 cuando quebró, Luis de Miguel porque era un desastre, Blanco Balín porque no sabe realmente qué hizo con sus empresas (declaró Correa que no conocía todas sus empresas y que nunca había visto un extracto de sus cuentas en Suiza), Juan López Mora también le engañó. En fin, un bendito este Correa, para el que el cohecho, la prevaricación y la malversación no se encontraban en su diccionario. Para el que el blanqueo y el delito fiscal son pequeñeces que realizan los grandes hombres de negocios como él y que se arreglan pagando una multita de nada.

Mañana segundo día de declaración del falso 'Don Vito', puesto que Correa ha negado ese extremo, el único de sus empresas que controlaba y repartía el dinero, y aquel que siendo tan magnánimo ni siquiera se preocupaba de saber el número de millones de euros que atesoraba en Suiza.

Total, alguien iba a terminar traicionándole.

La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado este lunes la petición del PP y otros acusados de anular el juicio del caso Gürtel argumentando la nulidad de las grabaciones a los principales acusados. El Ministerio Público se ha opuesto igualmente a todas las cuestiones previas presentadas por los abogados de la defensa para anular el proceso y ha advertido que existe en la causa una “abrumadora prueba” contra los 37 que se sientan en el banquillo.

La fiscal Concepción Sabadell ha sido la encargada de exponer los argumentos de la Fiscalía y ha comenzado por defender la legalidad de las grabaciones efectuadas por uno de los acusados, José Luis Peñas, que todos los imputados han intentado anular alegando que chocaban con su derecho a la intimidad.

Según la fiscal, no tiene sentido intentar anular el juicio tumbando las grabaciones, porque estas no son el origen del caso. Lo son las propias “manifestaciones del señor Peñas, soportadas en las grabaciones”. Así que excluirlas “en ningún caso motivaría la nulidad de la causa”.

Pero es que además, para la Fiscalía son perfectamente legales. Sabadell ha recordado que durante la fase de instrucción se confirmó su validez, y ha rechazado que vulneren el derecho fundamental a la intimidad. “Ninguna de ellas se refiere al concreto contenido -a la intimidad de los acusados-, todas versan sobre su actividad profesional, sobre una actividad ilícita profesionalizada”, ha añadido.

Peñas fue acusado en jornadas anteriores de haber grabado a otros presuntos miembros de la trama con la intención de extorsionarles, otro argumento utilizado por las defensas para solicitar la nulidad de la prueba, así como que las cintas estaban manipuladas. Frente a esto, la fiscal Sabadell ha respondido que “algunas” de esas grabaciones resultan “incriminatorias” para el propio Peñas.“ Si las hubiese seleccionado no hubiéramos tenido acceso a ellas”, ha dicho la fiscal.

En un momento posterior, Sabadell ha tenido ocasión de rechazar otra de las peticiones del PP, consistente en que si no se anulara la causa, el partido fuera excluido de la misma porque son sus grupos municipales en Pozuelo y Majadahonda los posibles responsables civiles como partícipes a título lucrativo.

El abogado del PP, Jesús Santos, había acusado a la Fiscalía de lanzar acusaciones “inconcretas” y “genéricas” de las que no era posible defenderse. Sabadell ha citado todas las páginas en las que, ha defendido, se concreta la acusación al PP y ha concluido: “El Partido Popular es, de acuerdo con estas páginas, quien se beneficiaba en más de 245.000 euros, de los delitos de cohecho y malversación”. La acusación, ha añadido la fiscal, es “plenamente válida y no procede su expulsión del procedimiento”.

Durante su exposición, Sabadell también ha cargado contra aquellas defensas que han pretendido anular la causa aludiendo a la ilegalidad de las grabaciones ordenadas por Baltasar Garzón durante la instrucción, y que acabaron con una condena de inhabilitación contra el juez. La fiscal ha recordado a los abogados que hubo “un largo incidente de nulidad” que acabó con “el expurgo de todo aquello que derivaba de las grabaciones. La prueba que ha accedido a este juicio es plenamente válida”.

En cuanto a las pruebas concretas que han pedido los distintos abogados, la fiscal ha rechazado apoyar la petición de algunas acusaciones de que declare el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. Sin entrar a valorar el fondo de la petición, Sabadell ha explicado que coincide con el criterio de la sala y que, sin perjuicio de cómo pueda avanzar el juicio, “por el momento no procede”.

Durante su intervención, que ha durado algo menos de una hora, la fiscal ha rechazado todas las cuestiones previas de los abogados defensores. Así, ha descartado que los delitos hayan prescrito, ha validado la documentación procedente de Suiza -ese a falta de un último trámite por parte de las autoridades de ese país- y ha defendido el cambio de orden en las declaraciones de los acusados, que tanta sorpresa causaron en los abogados defensores.

El abogado del Estado pide pruebas de que las grabaciones están manipuladas

En su turno, el abogado del Estado, Edmundo Bal, también ha rechazado las cuestiones previas de los abogados defensores. Les ha animado a que presenten pruebas de que las grabaciones de Peñas están manipuladas, ha defendido el uso de la documentación sobre las cuentas en Suiza y ha rechazado los argumentos de prescripción. Aunque la justicia localizase a los autores después de advertir los delitos, de permitirse ese cálculo que quieren hacer las defensas, “el derecho premiaría a los delincuentes más listos”, a aquellos que logran ocultarse durante más tiempo de la justicia.

Durante su exposición, Bal se ha opuesto también a que el tribunal libere fondos de los acusados para que estos puedan pagar los honorarios de sus costosos abogados, porque les ha recordado que en España “al que no se puede pagar un abogado, se le asigna uno de oficio”. Por lo tanto, ha dicho, no hay causa de indefensión.

Tras el abogado del Estado han intervenido los letrados de las acusaciones. Los del PSOE de Valencia y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) ha sido especialmente críticos con la postura del PP, al que han acusado de “poner palos en la rueda de la justicia”.

Francisco Montiel, de ADADE, ha recordado que la formación incurrió en fraude procesal, por lo que fue expulsada como acusación, y ha acusado a su abogado de sumarse a la estrategia del resto de acusados de “obstaculizar la labor de la justicia”. Ha recordado también la labor de los dirigentes del partido contra los sucesivos jueces de instrucción, “que han sufrido presiones mediáticas evidentes”.

El letrado de los socialistas valencianos, por su parte, ha señalado que el PP ha incurrido en una contradicción al pedir la anulación de las grabaciones de Peñas, porque el partido se personó como acusación en el caso que se originó a raíz de esas grabaciones. “¿Entonces consideraba que era nulo todo el procedimiento? ¿O cuando ha venido a pedir la nulidad de todo el procedimiento está cometiendo un fraude de ley porque ejerció una acusación indebida?”, se ha preguntado el abogado.