El expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa-Faro ha ingresado este martes en la prisión madrileña de Soto del Real para cumplir una pena de seis años de cárcel por un delito continuado de falsedad en las cuentas de la compañía y otro de falsedad de información económica y financiera. La Audiencia Nacional lo había condenado incialmente a ocho años de prisión, pero el Tribunal Supremo los rebajó en dos. Los magistrados le habían dado, tras rechazar aclarar la sentencia, 10 días para presentarse voluntariamente. El que fue todopoderoso responsable de una de las empresas más pujantes de Galicia agotó ese plazo, informa Europa Press.

Las argucias contables en Pescanova para captar inversores disimulando el deterioro de las cuentas terminaron ante la Justicia. El Supremo absolvió a Fernández de Sousa de los delitos de estafa y falsedad documental, pero mantuvo el resto. Su ingreso en prisión coincide con las operaciones para que la canadiense Cooke se haga con Nueva Pescanova. Abanca, que tiene el 97,96% de la empresa, negocia la venta del 80% de las acciones. Este mismo martes se ha sabido que el banco, heredero de las extintas cajas gallegas, recoge en sus cuentas del año pasado unas pérdidas de 60,5 millones de euros en Nueva Pescanova en los tres primeros trimestres fiscales.

El fallo de la Audiencia Nacional sobre las ilegalidades en Pescanova relataba las prácticas llevadas a cabo por la antigua cúpula. La sentencia indicaba que, a raíz de la crisis financiera que estalló en 2008, el presidente de la firma gallega, con el objeto de poder seguir disfrutando de la financiación bancaria de la que dependía la empresa, planeó, junto con un grupo de personas de su confianza, seguir obteniendo financiación a través de una serie de mecanismos o prácticas irregulares.

Una vez conseguida, afirmaba, se llevaron a cabo otra serie de manipulaciones en las cuentas anuales u otros documentos oficiales que reflejaban la situación financiera de la empresa “para conseguir unos resultados positivos que no se correspondían con la situación real y, que, tras ser oficialmente publicados, permitían captar nuevos inversores y desplazar a la financiación bancaria y sus excesivas comisiones”.

El Tribunal Supremo ha decidido dejar en seis años de prisión la condena de ocho que incialmente la Justicia impuso a Manuel Fernández de Sousa-Faro, expresidente de Pescanova. Los jueces retiran las condenas por los delitos de falsedad documental y estafa y también absuelve a la empresa auditoria, aunque mantiene indemnizaciones que suman 125 millones de euros para los afectados por el falseo masivo de las cuentas de la empresa.

La Audiencia Nacional declaró probado que la cúpula de la empresa, a raíz de la crisis económica de 2007, puso en marcha varios métodos irregulares para manipular sus cuentas, falsear su mala situación económica y así “obtener financiación bancaria”. Después, además, una vez obtenida la financiación se seguían manipulando las cuentas anuales y los documentos oficiales que reflejaban la situación de la empresa “para conseguir unos resultados positivos que no se correspondían con la situación real y, que, tras ser oficialmente publicados, permitían captar nuevos inversores”.

Esos nuevos inversores captados por la falsa situación económica de Pescanova no sabían que la compañía tenía, en realidad, un agujero de 2.000 millones de euros en sus cuentas. El Tribunal Supremo confirma ahora que todos ellos tendrán que ser indemnizados con más de 125 millones de euros en total.

El Supremo rebaja de ocho a seis años la condena de cárcel del presidente, Manuel Fernández de Sousa. Mantiene su culpabilidad en delitos de falsedad de cuentas anuales y en la información financiera de la empresa y de alzamiento de bienes con su esposa como cooperadora necesaria. Según la Justicia, tanto él como su esposa sacaron cuatro millones y medio de euros de sus cuentas en España para llevárselo a Portugual una vez se hizo público que las cuentas de Pescanova no reflejaba la ruina real de la empresa.

La rebaja de condena viene después de que la sala de lo penal haya decidido retirar los delitos de falsedad en documento mercantil y estafa agravada, al entender que “no concurre engaño, causal al desplazamiento patrimonial, padecido por las entidades financieras”. Queda absuelto también el auditor externo de Pescanova junto con la compañía auditora, al entender que su actuación pudo ser “descuidada o desatenta” pero no delictiva en cuanto a las cuentas de Pescanova. Esto implica que la aseguradora de la auditora queda fuera del pago de las indemnizaciones como responsable civil.

De historias de hijos que arruinan los negocios familiares están las hemerotecas llenas. La de Pescanova, una transnacional que faena en mares de los cinco continentes y logró engañar a un centenar de bancos antes de ir a la quiebra en 2013 es mucho más que eso.

El gigante alimentario pudo sobrevivir a aquello con respiración asistida: la banca acreedora tuvo que perdonar 2.000 millones de deuda en medio de una batalla por el control que se perpetúa en los juzgados y fuera de ellos. La sociedad, que ha tenido que cambiar la imagen corporativa, el consejo de administración y los principales directivos, sigue empleando a 12.000 personas en 27 países a través de su red de filiales. Pero el prestigio de una de las mayores compañías de congelado del mundo está hecho trizas tras décadas de corrupción, cuentas falseadas y desvío de dinero a paraísos fiscales que dirime desde 2013 la Audiencia Nacional.

Un dato para medir la magnitud del escándalo: la primera fianza para sus antiguos gestores fue de 1.200 millones de euros. El pleito acumula cuatro años de instrucción y todavía no se vislumbra la fecha del juicio.

Por primera vez en sus 56 años de vida de la empresa, los 700 empleados de la sede en Vigo han parado la producción este mes con dos huelgas que reclaman un convenio digno a la nueva propiedad. Pescanova, que el año pasado situó a los mandos del negocio a un gestor llegado de Campofrío, Ignacio González Hernández, ha declarado pérdidas por 36 millones en 2016 aunque su plan de viabilidad confía en cerrar 2018 con números negros. Ahí debe empezar la remontada para dejar atrás años de desventuras de su expresidente.

Manuel Fernández de Sousa-Faro (Mérida, 1951), todopoderoso mandamás durante tres décadas, es el último héroe empresarial caído en Galicia arrastrado por un gigantesco escándalo de saqueo y fraude contable, incluidos varios intentos suyos y de su familia de sacar dinero fuera de España.

Su padre, Pepe Fernández, lucense y emprendedor en los años de penurias de la posguerra que hizo dinero con el transporte de congelados por carretera, le había legado algo más que una empresa boyante. Ideó un negocio nunca visto: instalar congeladores en los barcos que permitiesen pescar durante meses a miles de millas de tierra firme.

Con semejante invento y tras asociarse a un abogado mercantil de Vigo, Agustín Paz Andrade, alumbró una multinacional que empezó a explotar ya en la década de los sesenta los mares de Brasil, Argentina y Uruguay. Jesús Fernández ya había mostrado su intuición para los negocios años antes al fundar Zeltia, hoy Pharmamar, un laboratorio farmacéutico que hizo fortuna con sus patentes en los años 40.

Cuando llegó el momento de la sucesión familiar, Pescanova cayó en manos de Manuel, que asumió la presidencia en 1980, sin cumplir siquiera los 30 años. Zeltia la heredó su hermano José María. Durante un tiempo tuvieron tratos empresariales pero varios encontronazos rompieron la relación fraternal para siempre.

La segunda generación de la saga familiar sacó Pescanova a Bolsa, conservó la ambición del padre fundador y sumó la extraordinaria habilidad de Manuel Fernández de Sousa para relacionarse con los poderes fácticos: la política, los bancos y la prensa comieron de su mano hasta el último día en que el castillo de naipes se vino abajo en febrero de 2013.

Amigos banqueros

Gracias a su amistad con José Luis Méndez, sempiterno director general de Caixa Galicia, otro de los señores del dinero caído en desgracia, obtuvo crédito fácil durante los felices noventa para su expansión empresarial. Y cuando el capital foráneo hizo peligrar el control de la sociedad a finales del siglo XX, ahí estuvo el Gobierno de Manuel Fraga para extender la chequera: 12 millones de euros en ayudas públicas para blindar a uno de los suyos.

Amigo personal de Fraga y socio de una familia de intelectuales republicanos como eran los Fernández Paz, Sousa fue capaz de tejer contactos para explotar los caladeros de la Sudáfrica del apartheid al tiempo que sellaba acuerdos pesqueros con los gobiernos africanistas de Angola y Mozambique. También pactó con la Nicaragua sandinista.

Los medios de comunicación –donde invertía cientos de millones de pesetas en campañas de publicidad (la más famosa, la del capitán Pescanova)– nunca hicieron demasiado por husmear en la trastienda de la empresa. La prensa gallega cayó rendida cada vez que Pescanova presentaba sus resultados o anunciaba algún nuevo proyecto estratégico. Sousa recibía premios institucionales y se había erigido en uno de los pilares de ese régimen político que algunos llamaron fraguismo. Los pocos medios que decidieron vigilar sus negocios pagaron las consecuencias.

Como una televisión nacional, donde aún se recuerda la respuesta de Fernández de Sousa en el año 2000 a un reportaje en el que varios científicos demostraban que sus palitos de marisco apenas contenían marisco: Pescanova amenazó con retirar toda la publicidad de la cadena y el resultado fue un contra-reportaje que recomendaba el consumo de congelados como alternativa a la carne en plena crisis de las vacas locas.

Con crédito fácil de los bancos, amigos en las administraciones y gobiernos de medio mundo y total impunidad mediática, afloró la personalidad autoritaria de Fernández de Sousa. Un directivo que le acompañó durante años recuerda cómo sus jefes de área le trataban de usted y entraban en su despacho con las piernas temblorosas a someterse a sus gritos.

“Podía llamarte 30 veces al día si se empeñaba en algo, daba igual que fuesen noches o fines de semana. Vivía para el trabajo y siempre manejó la sociedad como su cortijo, por mucho que fuera una empresa cotizada”, recuerda este alto cargo que le acompañó durante años.

En la cerrada atmósfera de la élite empresarial explotó su inmunidad hasta el punto de levantar un puerto deportivo repleto de ilegalidades a los pies de una playa con el único permiso del entonces presidente de la autoridad portuaria en Vigo, Julio Pedrosa, militante del PP y una de esas autoridades con las que el señor de Pescanova alternaba en las cenas de la alta sociedad local.

En vísperas de las elecciones gallegas de 2009 Fernández de Sousa decidió cambiar de estrategia para dejar de influir directamente en los políticos y hacerlo sobre los votantes. Mandó una carta al diario La Voz de Galicia pidiendo el apoyo para el Partido Popular y amenazando con abandonar inversiones en Galicia si repetía el Gobierno de PSOE y BNG que presidió Emilio Pérez Touriño.

El pecado de Touriño había sido impedir a Pescanova levantar una piscifactoría en Cabo Touriñán (Muxía) en plena Costa da Morte sobre un terreno protegido por la red natura.

El rodaballo de la discordia

La coalición de socialistas y nacionalistas ofreció otras ubicaciones lejos pero el primer ejecutivo de Pescanova acusó a aquel Gobierno de querer convertir el paraje natural “en un merendero de Nunca Mais”. La prensa gallega respondió con publirreportajes sobre la planta de rodaballo que la multinacional había levantado en Mira (Portugal) destacando cómo había mejorado la vida de los vecinos al otro lado de la frontera.

Las granjas acuícolas de Mira resultaron una de las inversiones más ruinosas de la compañía, los peces se murieron, pero Pescanova intentó como pudo camuflar las pérdidas (70 millones de euros) ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No era la primera vez que recurría al maquillaje. Ni tampoco sería la última.

La huida hacia adelante concluyó en febrero de 2013: la compañía comunicó a la CNMV que no podría presentar las cuentas del ejercicio anterior. En las semanas siguientes afloró el descomunal agujero contable en sus presupuestos. Los mismos que hasta entonces había validado sin reparos BDO Auditores: 32 millones de beneficios en 2009, 36,2 un año más tarde, 50 en el ejercicio 2011 y 24,9 durante los tres primeros trimestres de 2012.

El balance ocultaba nada menos que 2.000 millones de euros en deudas financieras con un centenar de bancos. Y Caixa Galicia, intervenida de facto por el Banco de España y en medio de un proceso de fusión con Caixanova, ya no estaba ahí para salir en su auxilio con los créditos dudosos de otras veces. Según certificó KMPG, el boquete real era de 3.280 millones de euros, muy lejos de los mil que registraba la contabilidad oficial.

En marzo de 2013 las cosas empezaron a ponerse feas de verdad y el propio Sousa recurrió a sus viejos métodos. Se ocupó personalmente de presionar para que un proveedor informático de Pescanova despidiese al marido de una periodista del diario Expansión que estaba escribiendo artículos muy críticos con su gestión. El episodio se saldó con un comunicado crítico del Colexio de Xornalistas de Galicia.

Pero para entonces los titulares de prensa eran ya el menor de los problemas para el presidente de Pescanova. La investigación de la Audiencia Nacional reveló un carrusel de facturas falsas entre filiales y empresas pantalla. La facturación del grupo también era mentira. Diez mil pequeños accionistas se vieron atrapados con unas participaciones que no valían nada y que compraron basándose en la propaganda que el grupo enviaba a los medios.

Los miembros del consejo de administración se enzarzaron entonces en una batalla por quedarse los restos, y los enemigos internos de Fernández de Sousa (la familia Carceller, propietaria de Damm) aprovecharon para asaltar el poder. Sin éxito.

Huida hacia delante

Nada de esto pilló por sorpresa al magnate de los congelados. Él mismo Sousa lo dejó por escrito en su correspondencia con una amiga y confidente. No solo le confesó mientras su imperio se desmoronaba que intentaba vender por la puerta de atrás el 7% de sus acciones para salvar parte de su capital. En esos cruces de emails que aireó Interviú expresaba su temor a acabar en la cárcel.

Así consta en una de las cartas que remitió a su confesora el 14 de octubre de 2013, tres meses después de dimitir y solo un día antes de comparecer ante la Audiencia Nacional, desde su teléfono móvil: “Este será mi último mensaje en caso de que mañana dicten auto de prisión para mí. No tendré teléfono ni ningún otro medio electrónico, así que no volverás a tener noticias mías hasta que salga de prisión. Hoy borraré tu dirección de mi ordenador y Blackberry. Si salgo de este trance, te llamaré desde algún teléfono portugués”.

El empresario salió del trance y evitó la cárcel pero en sus siete horas de declaración ante el juez Pablo Ruz no aclaró el origen del quebranto patrimonial ni del maquillaje de sus números. Sí aseguró que tanto la banca como la empresa auditora estaban al tanto de sus manejos.

La filtración de esos mensajes íntimos evidencia que hasta los más cercanos han abandonado a quien fue un empresario modelo. Su esposa, María Rosario Andrade, también está imputada por tratar de desviar a una cuenta de Hong Kong cuatro millones de euros.

Hoy Fernández Sousa no es ni sombra de lo que fue. Las revelaciones del sumario lo han vuelto de carne y hueso. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia le ha obligado a derribar parte de su puerto deportivo edificado en la orilla de la Ría de Vigo. Su rocambolesca demanda a Pescanova por despido improcedente –en la que reclamaba 600.000 euros por ser apartado de la gestión– recibió una reprimenda del juzgado mercantil.

Entretanto, la nueva Pescanova capitaneada por un consorcio de bancos (Abanca, la entidad que salió de la fusión de las cajas gallegas, Caixabank, Sabadell, Bankia, BBVA, Popular y UBI Banca) que controlan el 62% de la compañía tras condonar 2.000 millones, intenta salir a flote.

El 20% de la nueva sociedad sigue en manos de los viejos accionistas, que el miércoles decidieron impugnar la ampliación de capital de la matriz que pretende reducir su participación hasta el 3%. En ese pequeño grupo continúa Fernández de Sousa, apartado definitivamente del timón del emporio que heredó de su padre.

En julio de 2013, en pleno escándalo por el hundimiento de Pescanova, la periodista Lara Graña revelaba en Faro de Vigo que el presidente de la compañía pesquera había utilizado una red de empresas en paraísos fiscales para desviar fondos y obtener liquidez. Casi tres años después, con Manuel Fernández de Sousa alejado de la dirección de lo que ha quedado de la empresa e investigado por la Audiencia Nacional a causa de su gestión, la investigación periodística de los conocidos como papeles de Panamá' acaba de mostrar que el empresario reactivó una de sus empresas offshore, radicada en las Islas Vírgenes, justo cuando la compañía que dirigía estaba hundiéndose.

Según publica este jueves El Confidencial, periódico que junto al canal laSexta está difundiendo la filtración en la que indaga el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el 10 de julio de 2013, en plena crisis de Pescanova, un abogado de Ginebra, Alain B. Levy, se dirigió al bufete panameño Mossack Fonseca, centro de la investigación de los papeles, para solicitar un certificado que acreditara que, desde 2004, la sociedad International Gestion Finance S.A. estaba de baja y todos los bienes, transferidos a su propietario. A Manuel Fernández de Sousa, que estaba a una semana de perder la presidencia de Pescanova, justo cuando saltó a la luz, a través de una auditoría, la mencionada red de empresas en paraísos fiscales.

Esta compañía radicada en las Islas Vírgenes, consideradas paraíso fiscal, existía desde 1998 y había quedado fuera de operaciones en 2005, cuando Sousa, cuenta El Confidencial, no había pagado la cuota correspondiente para mantenerla activa. En aquellos tensos días de julio el abogado que representaba al empresario caído en desgracia le pidió también a Mossack Fonseca acreditación de que los bienes que había gestionado la sociedad, 8.564 acciones de otra empresa llamada Sodesco, habían sido “transferidas” a Sousa. Sodesco era, precisamente, una de las sociedades a través de las que el presidente de Pescanova ejercía su control de la entonces empresa gallega.

El bufete de Panamá, relata El Confidencial, respondió que no podía ofrecer ese certificado, ya que no tenía la información que precisaba para hacerlo. El abogado del empresario, en otro correo, aseguró que su cliente estaba “en disposición de confirmar que las acción de Sodesco en poder de IGF han sido transferidas” a Sousa, para así poder “liberar a los miembros del consejo” de la offshore. “La versión del cliente (...) cubriría cualquier responsabilidad del consejo”, agrega. La documentación de Mossack Fonseca, indica el periódico, no refleja que Sousa hubiese realizado tal acreditación ni a qué miembros del consejo de la empresa radicada en las Islas Vírgenes quería exculpar. Por la compañía, dice El Confidencial, llegaron a pasar “una docena de nombres diferentes”.

Tras salir a la luz la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, el periódico que la ha revelado se puso en contacto con el entorno de Sousa. Un portavoz del expresidente de Pescanova, segundo la misma publicación, afirma que International Gestion Finance “nunca se utilizó para obtener ninguna ventaja fiscal” y asegura que las gestiones realizada en 2013 sólo tenían como objetivo “que se certificara que la sociedad ya no existe ni es titular de nada”.

“Ejemplo de galleguismo” y de “pueblo ganador”

Este episodio se suma a las sombras económicas y judiciales que rodean a Sousa desde el fracaso de Pescanova, concretadas en la investigación de la Audiencia Nacional por el presunto falseamiento de las cuentas de la empresa, que todavía continúa. En el inicio del proceso, instruido por el juez Pablo Ruz, a Sousa le bloquearon sus cuentas bancarias y le impusieron una fianza de más de 170 millones de euros por su posible responsabilidad en la quiebra de la compañía. El pasado febrero, además, el Tribunal Supremo confirmaba una multa del Ministerio de Economía al empresario por importe de 300.000 euros a causa del modo en que gestionó la pesquera. Pocos años antes, el presidente de la Xunta situaba a Sousa como ejemplo de galleguismo“, de ”pueblo ganador“.

Este procedimiento supuso el abrupto final de una trayectoria empresarial íntimamente ligada al poder político y, en el caso gallego, concretamente al PP. Así, los populares gallegos apoyaron substanciosamente la Pescanova desde la Xunta con recursos económicos y ayudas, así como políticamente desde la oposición. Así, por ejemplo, durante el gobierno del bipartito de PSdeG y BNG el actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tomó la bandera de la cruzada de Sousa para instalar una piscifactoría en el espacio protegido de cabo Touriñán que el PP había autorizado. “La ecología empieza por las personas”, decía entonces Feijóo mientras clamaba por los “derechos constitucionales” de Fernández de Sousa. La autorización de la factoría, según el Supremo, había sido ilegal.

El expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa ha reconocido este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz haber cometido irregularidades y errores en la gestión de la multinacional dirigidos a salvar la empresa de la quiebra. “No hemos funcionado bien, es algo que no debió pasar”, ha asegurado durante su extensa declaración de siete horas de duración, según apuntan fuentes presentes en la misma.

El empresario ha justificado esta gestión irregular en la imperiosa necesidad de la compañía de acceder al crédito bancario en un difícil momento de crisis. En esta línea, ha apuntado que los bancos prestamistas consentían y fomentaban este sistema, desarrollado a través del cauce del 'factoring', debido a que les garantizaba la opción de elevados beneficios.

Antes, en sus primeras horas de declaración, el empresario gallego había llegado a defender que si los bancos concedían crédito a Pescanova y la auditora BDO no detectaba irregularidades en las cuentas de la empresa, nada se puede imputar al expresidente de la compañía. Sousa que tendrá que regresar el jueves a la Audiencia Nacional, ha declarado como imputado por los delitos de estafa, falsedad documental, uso de información relevante y societario.

El ex presidente de Pescanova ha defendido la práctica del ‘factoring’, según el cual, Pescanova pedía un crédito al banco, incluso a un tipo de interés alto, tan solo presentando facturas que aún no había cobrado. Según este sistema, las facturas eran abonadas después por los clientes de Pescanova a la entidad bancaria. El informe de KPMG, una auditoria contratada para conocer la situación real de la empresa, asegura, por el contrario, que esas facturas presentadas por Pescanova eran falsas.

Fernández de Sousa ha responsabilizado a los bancos de la utilización de ese sistema y ha añadido que estos no le requerían más documentos que “proforma de facturas”, movidos por el gran beneficio que obtenían con la operación. En ningún caso, ha añadido, él presentaba facturas falsas, a pesar de lo que señala el informe de la auditora. Pescanova se encuentra en quiebra técnica con una deuda de 3.281 millones y un agujero de 927.

El expresidente de Pescanova ha llegado a defender que si a día de hoy las acciones no estuvieran bloqueadas, sus dueños estarían “satisfechos”. Fernández de Sousa ha defendido su gestión porque en la actualidad el pescado y el marisco ha subido mucho de precio y eso hubiera beneficiado a los accionistas de no estar bloqueados sus valores. El empresario consultó sus apuntes y explicó, en este sentido, que el rodaballo se ha encarecido un 120 por ciento, un 90 el marisco y entre un 50 y un 80 por ciento el salmón. “Esto subirá y volverá a cotizar”, se ha atrevido a pronosticar el imputado.

Venta ‘secreta’ de acciones

Un mes antes de que se suspendiera la cotización de las acciones, el entonces presidente de la compañía vendió 1.688.518 acciones a espaldas del regulador, por las que obtuvo cerca de 30 millones de euros. Sin poder explicar por qué no informó de esa venta, Fernández de Sousa ha defendido que había adquirido títulos a crédito y a un precio muy alto y que necesitaba deshacerse de las acciones para afrontar obligaciones de pago que tenía la empresa.

El fiscal Juan Pavía también ha interrogado a Fernández de Sousa por el intento de su esposa, Rosario Andrade, de enviar 5,2 millones de dólares (4,8 millones de euros) a China, a través de un banco portugués, tras admitirse la primera querella contra el expresidente de Pescanova. Con destino final en Hong Kong, la familia envió allí el dinero porque allí se paga al 12 por ciento la renta fija, según las fuentes consultadas.

El juez Ruz ha tomado también declaración esta tarde al hijo del expresidente Pablo Javier Fernández Andrade que ha asegurado que obedecía en cuanto a la gestión las órdenes dadas por su padre. El último en declarar ha sido Jesús García, hombre de confianza de Fernández de Sousa que ha confesado que confiaba plenamente en él y que ha perdido sus ahorros de 49 años, invertidos en la pesquera.

Fernández de Sousa tendrá que regresar el próximo jueves para declarar en representación de una de las sociedades que participa y que ha sido imputada en calidad de persona jurídica. Fuentes consultadas apuntan a que durante esa jornada algunas acusaciones, entre ellas la representada por el abogado Joaquín Yvancos, solicitarán su ingreso en prisión eludible bajo una fianza que podría ascender a los 100 millones de euros.

Como en la más encarnizada partida de póquer, nadie quiere enseñar sus cartas en Pescanova. La mano definitiva se juega este jueves en Vigo, en la junta de accionistas que debe elegir al consejo de administración que sustituya al multiimputado equipo de gobierno que presidió Manuel Fernández de Sousa. Pese a la deuda de 3.674 millones que generó la gestión del hijo del fundador y a su correspondiente agujero patrimonial, que asciende a 1.667 millones, la multinacional de la pesca congelada sigue siendo un caramelo muy apetecible. Accionistas minoritarios, inversores de referencia y fondos de capital riesgo se miran de reojo y recuentan apoyos ante la crucial cita del 12 de septiembre, en la que ni siquiera Sousa renuncia a mantener el control.

En esta guerra de todos contra todos en la que cualquier alianza es posible, el grupo que encabeza la cervecera Damm (6,2% de las acciones) parte como el favorito para hacerse con el control de Pescanova, en concurso de acreedores. Asociado con el fondo luxemburgués Luxempart (5,8%) y con Iberfomento (3,3%), este julio se les sumó otra nueva accionista de referencia, Carolina Massaveu Herrero, con una participación del 3,74%. Su frente asegura sumar el 40% de las acciones. Pero aunque haya sido inhabilitado para ejercer la presidencia, Sousa no se ha dado ni mucho menos por vencido, y pretende hacer valer su 7,5% de capital, al que suma el 3% de Alfonso Paz Andrade y un 4,5% de otros accionistas hasta alcanzar el 15%. Enfrente de ambos, o aliados con cualquiera de ellos, están Cartesian, del inversor chino Peter M. Yu, con el 8% del capital, y los minoristas, con otro 5%.

El cisma es de tal calibre y la tensión tan elevada, que el administrador concursal, Deloitte, ha tenido que citar este martes a los representantes de las partes para poner orden y calmar los ánimos ante una junta que se prevé tumultuosa. La clave está en el porcentaje mágico del 51%, lo que da un especial valor al tercio del accionariado disgregado entre accionistas particulares. De ahí que los contactos para forjar mayorías se suceden a velocidad de vértigo. Una alianza ya concretada es la de Cartesian con los minoristas a través de Pescanem, que ha realizado intentos apenas disimulados de incorporar al grupo de Sousa. Su baza sería la exministra socialista Elena Espinosa, a la que propuso incluir en el consejo con el objetivo de auparla a la presidencia.

La simple posibilidad de que Cartesian confluya con Sousa causa estupor en el grupo de Damm, aunque no la descartan en absoluto. “Es inaceptable”, afirmaron fuentes de Luxempart, que recordaron la reciente petición del fondo de Peter M. Yu de demandar a Sousa. Pero la aritmética y el goloso control de Pescanova pesan más que las viejas rencillas. “Solo son sospechas, pero si se hacen los cálculos no vemos con qué apoyos pueden llegar para contar para llegar al 25% si no es con Sousa”, declararon los mismos portavoces a Europa Press. Para agitar las sospechas, Pescanem intenta guardar la equidistancia, y combina las críticas a la gestión de Sousa con alusiones a la participación de tres de los consejeros propuestos por Damm en el gobierno saliente.

Damm, el favorito

Damm no es solo el grupo favorito para controlar el nuevo consejo de administración, sino también el primer actor que formuló una propuesta con nombres y apellidos. Lo hizo en agosto, cuando presentó una oferta de consejo que reduce de 11 a 7 miembros, con el expresidente del Banco Gallego Juan Manuel Urgoiti como presidenciable. Completan la lista Françoise Tech (Luxempart), José Antonio Pérez Nievas (Iberfomento) y José Carceller (Damm), junto con los independientes Yago Méndez (hijo del expresidente de Caixa Galicia y antiguo aliado de Sousa), Luis Miguel Sánchez Merlo y Ángel Legarda.

Sousa se guarda sus nombres, aunque su entorno se ha apresurado a criticar la propuesta liderada por la cervecera por nutrirse de personas “sin experiencia en el sector”. En una carta remitida a los accionistas, el expresidente ha anunciado que renuncia a la reelección siquiera como consejero, y que no propondrá a ninguno de los miembros del equipo saliente, como forma de reconocer unos “errores” por los que pide perdón. Lo que no supone que vaya a renunciar a promover otro consejo de administración distinto ni a perder el control de Pescanova. De momento, Sousa reclama la misma actitud a otros dirigentes que formaron parte del actual consejo de administración, en clara referencia a los tres que figuran en la propuesta de Damm.

Cualquier grupo que sume el 5% del capital podrá presentar una lista al consejo de administración, como ha hecho este mismo martes Cartesian con una relación de 15 consejeros, todos ellos independientes, entre los que inicialmente no está Espinosa. Ahí aparecen nombres como los del gallego Álvaro Rodríguez Bereijo, expresidente del Tribunal Constitucional, y Baldomero Falcones, expresidente de FCC, como presidenciables. Junto a ellos, los de los exministros Pío Cabanillas y José Otero Novas o los de Ramón Calvo (exconsejero delegado de Conservas Calvo), Antonio Renom (Levante Capital) y los socios de Garrigues Ángel Martínez y Santiago Calvo-Sotelo.

Sousa puede hacer valer en la junta su condición de bisagra y añadir una pirueta de equilibrista propia de quien ha sumado tres décadas al frente de la compañía. Todo ello a pesar de un desprestigio insólito en quien hasta hace bien poco alardeaba de humillar a presidentes de la Xunta. El último capítulo de su azaroso ocaso lo escribió con la letra de su mujer, María Rosario Andrade, que intentó llevarse 5,2 millones de euros a China desde una cuenta abierta en Portugal. Ocurrió el 28 de agosto, apenas 10 días después de que la Audiencia Nacional impusiera a su marido una fianza de más de 178 millones de euros como responsabilidad civil.

Este presunto delito de alzamiento de bienes se sumaría a una lista de imputaciones que resultaría insoportable si el expresidente no contara con el 7,5% del capital. La última de ellas, conocida la semana pasada, por negativa o resistencia a la actuación supervisora e inspectora de la CNMV. Al hijo del fundador de Pescanova también se le atribuyen los delitos de falseamiento de información económico-financiera, falseamiento de cuentas anuales y uso de información relevante, por los que declarará en octubre ante el juez Pablo Ruz. Es el crepúsculo judicial de un empresario que se resiste a renunciar a su siempre todopoderosa autoridad.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado al presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa-Faro, a otros tres directivos de la entidad y al grupo alimentario como persona jurídica por falsear sus cuentas anuales y utilizar información relevante.

Así consta en un auto dictado este miércoles en el que el juez Ruz cita a los imputados a declarar para los próximos días 1 y 2 de julio, se declara competente para instruir esta causa y admite parcialmente a trámite tres de las cuatro querellas presentadas contra los responsables de la empresa.

Además de Fernández de Sousa-Faro, el magistrado ha imputado al consejero Alfonso Paz-Andrade por los delitos de falseamiento de información económico-financiera, falseamiento de las cuentas anuales y uso de información relevante. Este último delito también lo atribuye a los accionistas José Alberto Barreras y José Antonio Pérez-Nievas.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que acuerda estas diligencias a petición de la Fiscalía Anticorrupción, también rechaza en su resolución la intervención judicial de la empresa, al considerar que está siendo sometida a un proceso de administración concursal.

El presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, ha echado la culpa a la crisis de la banca para justificar la situación de la empresa, que ha solicitado el concurso voluntario de acreedores. En una entrevista en la Cadena SER, Fernández de Sousa, apartado de la presidencia de la empresa, ha explicado que les ha faltado crédito procedente de las entidades bancarias “como a todo el mundo”.

Imputado por haber utilizado supuestamente información privilegiada en la venta de la mitad de sus acciones, por valor de 27 millones de euros, meses antes de que estallara la situación delicada de la compañía, Fernández de Sousa se ha defendido de las acusaciones: “Si yo hubiese querido hacer uso de una información privilegiada hubiera vendido todo, no seguiría siendo el mayor accionista de la empresa”.

La explicación del presidente ante la venta de estas acciones es que tenía que hacer frente a compromisos con créditos y para ingresar 10 millones de euros en la compañía en febrero: “He vendido lo que no me quedó más remedio que vender. Si tenía información privilegiada era de que la empresa iba mejor”. En este sentido, ha asegurado que está “moralmente tranquilo porque lo que he hecho mejor que he podido”. “Todo lo que he hecho ha sido en beneficio de la empresa”, ha dicho Fernández de Sousa, que ha admitido errores en la gestión de la empresa: “Si hubiésemos sabido estimar la crisis financiera, evidentemente la situación hubiera sido distinta”. “He sacrificado mi vida, mi familia y mi patrimonio por Pescanova”, ha insistido.

En cuanto al retraso en la presentación de las cuentas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Fernández de Sousa explicado que al conocer la “posibilidad de déficit de tesorería y no tener una solución”, el consejo decidió posponer la presentación de las cuentas hasta decidir qué opción tomar. Finalmente, se decantaron por la solicitud del concurso de acreedores.

Fernández de Sousa ha intentado defender la situación de Pescanova: “No hay un agujero de 3.000 millones de euros. Se están confunciendo cifras. Lo que hay es lo contrario”. Según su máximo accionista, “el valor de Pescanova puede exceder lo que en términos contables se denomina como pasivo” e incluso ha asegurado que está en condiciones de “triplicar la facturación en los próximos 10 años”.

Una sensación de alivio recorrió el jueves la plantilla de Pescanova al conocer la decisión judicial de apartar de la presidencia a Manuel Fernández de Sousa. Mucho han cambiado las cosas en un mes: el 19 de marzo, los trabajadores leyeron un comunicado para cerrar filas con el hombre que ha dirigido la compañía con mano de hierro desde 1980. Ahora, la entrada definitiva en el proceso concursal, acompañada de la suspensión de facultades del consejo de administración al completo, ha despejado el único camino que los empleados consideran posible para salvar la mayor parte de los 1.500 empleos directos que el grupo mantiene solo en la provincia de Pontevedra.

El silencio de los empleados del gigante gallego de la pesca tiene que ver con la conmoción de quien descubre de repente que vive en una farsa. “Hay gente que lleva hasta 40 años trabajando en la empresa y siempre han cobrado puntualmente. Es normal que en un principio todos arroparan al presidente”, afirma Francisco Vilar, secretario de la Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras de Galicia.

Como el resto de gallegos, los socios de Sousa y muchos miembros del consejo, los trabajadores han asistido con estupor a la sucesión de noticias sobre el cúmulo de irregularidades que han llevado al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra a una decisión insólita: suspender facultades a los directivos en un concurso de acreedores voluntario.

La súbita aparición de una deuda de 3.300 millones de euros, la doble contabilidad, la venta de acciones particulares de Sousa previa a la solicitud del concurso o la ocultación de los estados financieros a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), entre otras irregularidades, han desmontado en un mes el patriarcado ejercido durante 33 años por el hijo de uno de los dos fundadores.

Con su salida y el nombramiento de un administrador concursal por la propia CNMV, los trabajadores aspiran a entablar una interlocución ahora inexistente. “Desde que empezó todo esto venimos demandando que el consejo se reúna con los representantes de las distintas empresas, porque todo lo que conocemos es a través de la prensa, pero es como si no hubiera dirección del grupo”, lamenta Vilar.

Atomizados

Otra de las razones del papel secundario de los trabajadores en la crisis tiene que ver con su peculiar estructura, con una matriz, Pescanova, con apenas un centenar de empleados en Galicia, menos que los de las filiales –que concentran el 80% de la deuda del grupo– como Frivipesca (250), Frinova (250), Bajamar Séptima (170) o Insuiña (150), entre muchas otras. No hay comité intercentros, sino una suma de pequeños comités de empresa de escasa capacidad de presión.

En el conjunto de Galicia, pero sobre todo en la provincia de Pontevedra y en el entorno de Vigo, están en juego otros 3.500 empleos indirectos, estrechamente vinculados a la capacidad tractora del grupo. “La caída de Pescanova sería una tragedia”, resume un miembro de la plantilla.

La decisión de apartar a Fernández de Sousa de la presidencia fue solicitada por dirigentes de CCOO, mayoritario en el grupo, en una reciente reunión con el juez, pero no modificará el proyecto de convocar una gran manifestación en Vigo a finales de mayo. Los trabajadores siguen apostando por una empresa capaz de generar beneficios, pero entrampada en una deuda ingobernable, producto de una temeraria política expansiva.

“Asumimos que la salida de la crisis va a tener costes”, admite otro empleado. Tras la marcha del eterno presidente, los sindicatos saben que para evitar la liquidación deberá producirse una renegociación de créditos, posiblemente una capitalización de deuda, una quita y, lo más temido, la venta de activos.

Fondos buitre

Los rumores sobre la posible entrada de fondos de capital riesgo en la compañía es una de las grandes incertidumbres para los trabajadores. “Lo ideal sería un socio industrial y financiero, alguien con experiencia en el sector”, reclama Francisco Vilar. Pero el temor a la aparición de fondos buitre que condicionen su dinero a drásticos recortes laborales, como las que también pueden exigir los bancos acreedores, planea sobre las casi 5.000 familias que dependen directa o indirectamente de Pescanova en Galicia, un grupo que supera los 12.000 empleados en el mundo.

Los temores no parecen infundados. Los inversores que eligieron depositar su capital en Pescanova en las semanas previas al estallido de la crisis se llaman Silicon Metals Holding, participada por sociedades de Isla Caimán y Delaware; Capital Research and Management, con sede en Los Angeles, o Houlihan Lokey, especializado en reestructuración de deudas. Con Sousa destituido, el futuro de los trabajadores queda en manos de la administración concursal, a la que los sindicatos previenen contra la “tentación” de recurrir a medidas en perjuicio de los trabajadores.

Una de las últimas decisiones de Manuel Fraga como presidente de la Xunta tras perder las elecciones de 2005 fue la aprobación del Plan Acuícola de Galicia. Blindaba así, ante la inminente llegada al Gobierno gallego de la coalición de socialistas y nacionalistas, el proyecto de Pescanova en Cabo Touriñán (Muxía, A Coruña): una piscifactoría de 357.000 metros cuadrados en un paraje virgen de la Costa da Morte incluido en la Red Natura.

Fue la culminación de muchos años de estrecha amistad entre el fallecido dirigente del Partido Popular y Manuel Fernández de Sousa-Faro (Mérida, 1951), el hombre que preside Pescanova desde hace 33 años, un personaje hasta ahora incontestable que vive sus horas más bajas.

La revelación de que De Sousa se embolsó 31,5 millones de euros mediante la venta de acciones en los meses previos a la entrada en preconcurso de acreedores, con el consiguiente hundimiento de los títulos, ha sido el último episodio del súbito descrédito de quien sigue siendo uno de los principales hombres de confianza del PP entre la clase empresarial de Galicia, herencia de la colaboración entablada en tiempos de Fraga.

Pero el apoyo inquebrantable se resquebraja, insostenible ya ante las crecientes sospechas de los artificios contables que han puesto a la compañía al borde del colapso. Hace apenas un mes, Feijóo insistía en la necesidad de contar “con la Pescanova de siempre”. Con inusitada tibieza, y en ausencia de Feijóo, de viaje por México, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se limitó el lunes a exigir “claridad” a la empresa sobre su situación real.

Ariete contra los rivales del PP

Fernández de Sousa ha sido tradicionalmente un aliado del PP en la política gallega, cuando no un ariete contra sus adversarios. Desde que el bipartito suspendió la planta de Touriñán, emprendió una guerra sin cuartel que escenificó con la creación de una piscifactoría en Portugal, gracias al apoyo del Gobierno luso en forma de 43 millones de euros.

Con inusitado apoyo mediático –De Sousa es patrono de honor de la fundación de Santiago Rey, editor de La Voz de Galicia, el periódico más vendido en la comunidad autónoma–, Pescanova presentó esa planta como una deslocalización forzada por la supuesta obstinación del Gobierno bipartito contra su proyecto en Muxía, que convirtió en asunto de Estado durante los casi cuatro años de mandato de Emilio Pérez Touriño.

Si en Touriñán la estrategia fracasó, en otros proyectos la presión del presidente de la compañía tuvó más éxito. Un ejemplo paradigmático es el de otra piscifactoría, en Mougás, en el Ayuntamiento de Oia (Pontevedra), autorizada en 2000 por una Consellería de Fraga, la de Pesca, en contra del criterio de otra, la de Política Territorial, que dictó en 2005 una orden de derribo. Un juzgado de Tui imputó a los dirigentes de la compañía por presunta prevaricación y delito contra la ordenación del territorio.

Pese a carecer de la preceptiva autorización autonómica, no ajustarse a la licencia municipal, exceder en casi un 70% la ocupación máxima de la parcela y triplicar la edificabilidad, en julio de 2009 la Xunta de Feijóo no solo legalizó la planta, sino que autorizó su ampliación.

Contra Vigo y su alcalde

El intercambio de apoyos con el Gobierno de Feijóo fue especialmente notorio durante el tortuoso proceso de fusión de las dos cajas de ahorros de Galicia, que culminó con la completa desaparición de ambas. Con Galicia dividida entre el norte partidario de la integración y el sur que se resistía, desde Vigo –pero con apoyo mayoritario de Caixa Galicia, con sede en A Coruña–, De Sousa partió una lanza en favor de la fusión, para acusar de paso al alcalde vigués, el socialista Abel Caballero, de situarse “al borde del delito” con su resistencia.

Por aquel entonces, Caixanova contaba con el 5% de las acciones de Pescanova frente al 20% de Caixa Galicia, la gran interesada en la confluencia de las cajas. Feijóo ganó aquel pulso, pero de la caída de las cajas y su posterior desinversión en la compañía proceden muchos de los problemas que ahora atribulan a su presidente.

El entendimiento de De Sousa con el Partido Popular se extendió a múltiples instituciones, no solo la autonómica. La afinidad con Rafael Louzán, presidente de la Diputación y del PP en Pontevedra, se resume en la Medalla de Oro que la institución provincial le concedió en 2007 en contra del criterio de la oposición.

En Vigo, el máximo responsable de Pescanova se ganó en 2004 el favor del entonces presidente de la Autoridad Portuaria, Julio Pedrosa, un histórico del PP local, para desarrollar un gran puerto deportivo en la falda del monte de A Guía que hizo desaparecer una playa. Sin permiso municipal de ningún tipo, ocupó un cortafuegos vecinal para el paso de camiones y paralizó durante años un paseo marítimo. Las obras dañaron el colector submarino que suministra de agua potable a la comarca de O Morrazo, cuya reparación corrió a cargo de la Xunta. Y sobre el relleno levantó sin permiso tres naves y un restaurante de lujo, construcciones sobre las que pesan sendas órdenes de demolición.

Pero si algún hito crucial existe en la colaboración entre De Sousa y el partido que ha gobernado Galicia 20 de los últimos 23 años, ese hay que situarlo en 1995, cuando la Xunta de Fraga firmó un contrato programa con Pescanova con una aportación 42 millones de euros de la época para blindar a la compañía del intento de compra por la multinacional angloholandesa Unilever. La empresa seguiría en Vigo, y al frente de ella, Manuel Fernández de Sousa, un buen amigo del partido.