La profesión de arquitecto ha vivido en los últimos años un periodo difícil, marcado por interferencias, solapamientos profesionales y una pérdida de reconocimiento social vinculada a la crisis inmobiliaria. El año 2025 ha supuesto, en este sentido, un punto de inflexión: un año complejo, pero también decisivo. Complejo porque los problemas estructurales del sector persisten; decisivo porque desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) hemos demostrado que recuperar el prestigio de la arquitectura no es un eslogan, sino un trabajo constante, visible y basado en la confianza ciudadana y en la puesta en valor de nuestra aportación a la sociedad.

Uno de los grandes retos sigue siendo la defensa de nuestras competencias profesionales frente al intrusismo de otras disciplinas no capacitadas para desempeñar funciones que, por formación y responsabilidad, corresponden exclusivamente a los arquitectos. No se trata de una guerra corporativa, sino de una defensa de los ciudadanos, que deben saber que solo un arquitecto puede garantizar la seguridad del entorno construido y la conservación del patrimonio. Defender la arquitectura es defender la identidad de nuestros edificios, calles y ciudades; si se pierde esa conciencia, perdemos todos.

Frente a este contexto, el COAM ha entendido que la verdadera batalla no se libra únicamente en los despachos o en los boletines oficiales, sino en la esfera pública, ante la sociedad. Por eso, hemos apostado por explicar lo que hacemos, mostrar nuestro impacto y reforzar el trabajo colaborativo con otras profesiones y con todo el sector en defensa de la calidad. Dos grandes hitos de 2025 lo evidencian: la Semana Internacional de la Arquitectura y el Madrid Foro Urbano Internacional 2025. Ambos eventos han permitido abrir la profesión y transmitir un mensaje claro: el arquitecto es una pieza esencial junto a la Administración, la industria y la sociedad civil cuando se diseña vivienda, infraestructura, espacio público o equipamiento urbano.

La mirada integral del arquitecto aporta una visión estratégica y humanista que permite generar espacios de reflexión y colaboración para afrontar desafíos comunes como la emergencia climática o la crisis de la vivienda. Las visitas guiadas, los debates y las actividades institucionales desarrolladas este año han acercado la arquitectura a los madrileños, recordando que una arquitectura de calidad no es un lujo estético, sino un derecho que dignifica la vida, la hace más saludable, sostenible, accesible e inclusiva.

Pero el trabajo del COAM no se limita a la proyección exterior. Cuidar de los propios profesionales es una cuestión de coherencia y credibilidad. En 2025 se ha avanzado silenciosamente pero con firmeza hacia la esperada homologación de las pensiones de los arquitectos mutualistas con las del resto de titulaciones. No es aceptable que quienes han dedicado su vida al servicio público y privado vean sus pensiones reducidas a menos de la mitad del salario mínimo, condenándolos a la vulnerabilidad. La previsión de una solución en el Congreso de los Diputados supone mucho más que una mejora económica: es un acto de dignidad profesional y un reconocimiento a una generación que ha contribuido decisivamente al desarrollo de nuestro entorno.

Calidad, concursos y ciudad

Mirando al futuro inmediato, la recuperación del prestigio social de la profesión pasa necesariamente por la calidad en el diseño urbano y la gestión de los concursos públicos. El incremento de concursos en 2025 y las previsiones para 2026 son fruto de un trabajo intenso con las administraciones y de la convicción de que los mejores espacios surgen cuando prima la calidad sobre otros criterios menos exigentes. El COAM desempeña aquí un papel clave, no solo en Madrid capital, sino en todos los municipios de la Comunidad, impulsando un modelo de concurso transparente, que beneficia al ciudadano y mejora la ciudad.

A este impulso se suma una actividad cultural y formativa que consolida la identidad del Colegio. La celebración del 50 aniversario del Servicio Histórico y del 75 aniversario del fondo histórico de la Biblioteca del COAM han servido para reivindicar nuestra memoria como parte del patrimonio colectivo. La gran exposición dedicada a Álvaro Siza, uno de los grandes hitos culturales de 2025, ha marcado un listón que queremos mantener en 2026 con nuevas muestras de arquitectura contemporánea de referencia. La cultura, la formación y el debate son pilares que mantienen viva la profesión y hacen del COAM una institución de referencia.

Modernización, innovación y servicio

En el ámbito práctico, también hay avances tangibles. Se han reducido los tiempos de visado y se ha trabajado para agilizar trámites administrativos sin perder las garantías que protegen a profesionales y ciudadanos. Hemos reivindicado la dignidad salarial acorde con la formación y responsabilidad que exige nuestra labor, y hemos apostado por la innovación tecnológica, incorporando herramientas que modernizan la profesión y la hacen más eficiente y competitiva.

Defendemos con convicción la colegiación obligatoria, no como un privilegio, sino como una garantía de servicio público: la certeza de que quien firma un proyecto es arquitecto y que su trabajo cumple estándares verificables de calidad, seguridad y ética profesional. En un tiempo en que la confianza ciudadana se construye sobre la transparencia, la colegiación es sinónimo de responsabilidad.

Institucionalidad y futuro

Durante estos cuatro años, el COAM ha reforzado su presencia institucional en los principales foros donde se decide el futuro urbano: asesorando en el Plan General de Madrid, participando en la nueva Ley del Suelo o colaborando con ayuntamientos en la gestión de concursos y selección de técnicos. La arquitectura debe estar presente en todos los espacios donde se define la ciudad. Cuando hablamos de rehabilitación, eficiencia energética o vivienda nueva, el arquitecto no es un actor opcional, sino imprescindible.

Proyectos de gran envergadura como Madrid Nuevo Norte o los desarrollos del sureste son una oportunidad para demostrar el valor de la arquitectura española. Si alcanzan la calidad urbana que prometen será gracias al trabajo de arquitectos y urbanistas con proyección internacional, muchos de ellos formados y respaldados por nuestras escuelas. En el contexto europeo, los equipos españoles continúan destacando por su creatividad y rigor, lo que evidencia que la arquitectura española no ha perdido su lugar; simplemente necesitaba volver a explicarse y reconectar con la sociedad.

Una profesión al servicio de la ciudadanía

El año 2025 ha sido, en definitiva, el momento de recuperar la voz de los arquitectos, de afirmar con claridad que seguimos siendo esenciales para el progreso y el bienestar de nuestras ciudades. Pero esta tarea no termina aquí. El 2026 debe ser el año de consolidar esa posición, de reafirmar la confianza ciudadana y de demostrar que la arquitectura, más allá de una disciplina técnica o artística, sigue siendo un servicio público al ciudadano.

El trabajo del COAM en estos años demuestra que la profesión puede y debe evolucionar sin perder su esencia: el compromiso con la calidad, la sostenibilidad, la ética y el interés común. Solo así podremos seguir construyendo no solo edificios o ciudades, sino una sociedad más justa, habitable y consciente del valor de la arquitectura.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Don Benito ha condenado a dos mujeres por un delito de intrusismo profesional en el ámbito de la fisioterapia tras una denuncia presentada en 2020 por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura.

Una de las acusadas ha sido condenada a seis meses de prisión por intrusismo y a 18 meses más por tres delitos de estafa, mientras que la otra ha sido condenada a 16 meses de multa con una cuota diaria de seis euros.

Según la sentencia, entre septiembre de 2019 y enero de 2021, una de las condenadas gestionaba un centro que se anunciaba como sanitario con servicios de fisioterapia en redes sociales y web, pero sin estar registrado ni autorizado oficialmente. Al parecer, en este local se realizaban tratamientos propios de fisioterapia por personas sin la titulación ni colegiación correspondiente.

Tal y como ha añadido el Colegio, una de las mujeres también ha sido declarada culpable de estafa por obligar a aspirantes a trabajar en la clínica a realizar un falso máster de formación con la promesa engañosa de ser contratados.

Desde el colectivo han recordado que el intrusismo profesional supone un riesgo para la salud y han instado a la ciudadanía a denunciar estas prácticas ilegales.

El sindicato UGT denuncia el “intrusismo profesional” que sufren en “numerosas ocasiones”, han dicho, los técnicos de rayos en el Hospital de Calahorra, y reclama explicaciones a los distintos responsables de quirófano, Urgencias y Enfermería del centro, que “están permitiendo a personal no cualificado manejar aparatos de rayos X sin la titulación expedida por el Consejo de Seguridad Nuclear, con dos años de formación obligatoria”. UGT Servicios Públicos ha pedido que esta situación no se vuelvan a repetir y no descarta tomar medidas judiciales con el intrusismo laboral.

En concreto, UGT ha relatado que el pasado sábado por la mañana se requirió la presencia en quirófano de una técnica de rayos x y ésta les informó que en 40 minutos llega a su puesto de trabajo, el tiempo de respuesta que recogen las reglas de la dirección. Sin embargo, según ha denunciado UGT, la técnica recibió una llamada del traumatólogo a los 10 minutos, en la que le informó que el paciente ya está en quirófano “y que o le requiere ya o se va a disponer a dar Rayos X”. La técnica tuvo conocimiento de que “una enfermera trabajó con rayos X en quirófano”, aunque Salud ha respondido que quien uso el arco de rayos fue el traumatólogo.

La Consejería de Salud, preguntada por esta cuestión, ha señalado sobre este caso que el traumatólogo “es un especialista totalmente capacitado para la realización de esta tarea”. Esta actuación se debió, ha defendido Salud, al objetivo “de aliviar al paciente del dolor que sufría a la mayor brevedad posible y, por supuesto, con la total garantía que ofrece el desempeño de esta labor por parte del especialista”. Para el SERIS, como han dicho, “el bienestar y la seguridad del paciente son principios irrenunciables y que priman frente a cualquier otra reivindicación”.

La técnica señala que han tenido “numerosas situaciones complicadas en quirófano, algunos profesionales nos requieren inmediatamente, a pensar de que las reglas de Dirección son de 40 minutos de respuesta”, ha señalado la técnico de rayos, quien subraya que esta situación ya se ha comunicado en “numerosas ocasiones” al supervisor responsable del serviciode rayos, a los responsables de Urgencias y Enfermería de Urgencias.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este lunes por la noche a una mujer de 30 años acusada de ejercer la medicina sin titulación alguna en al menos tres hospitales catalanes y una empresa de prevención de servicios sanitarios durante, como mínimo, el último año.

Según ha informado la policía catalana, la falsa médica se enfrenta, por ahora, a cuatro delitos de intrusismo profesional, otro de falsificación de documento público por haber confeccionado presuntamente un resguardo mendaz del título de Medicina por la Universitat de Girona y otro delito de usurpación de estado civil por usar el número de colegiado de otro médico para firmar una receta. La arrestada pasará a disposición judicial en las próximas horas.

Los primeros pasos de la investigación han permitido a los agentes dibujar el recorrido de la falsa médica, que fue descubierta hace unos días por el Hospital de Berga (Barcelona). Antes de pasar siete meses en ese centro atendiendo a pacientes en Urgencias sin titulación alguna, la mujer también trabajó en el Hospital Universitari Dexeus de Barcelona y en una clínica de Girona. También formó parte del cuadro médico de una empresa de prevención de servicios sanitarios, han explicado los Mossos. 

Según la policía catalana, en la mayoría de esos centros la falsa médica elaboró y firmó informes con la firma digital de otro médico y su número de colegiado. Los Mossos siguen investigando porque la arrestada también habría trabajado en otros centros sanitarios y servicios de ambulancias. 

La policía catalana ha trasladado que ya ha corroborado, a través del Ministerio de Universidades, que la mujer no disponía de ningún título universitario español, ni ningún título externo homologado por el Estado.

La falsa médica empezó a trabajar el pasado mes de diciembre en el Hospital de Berga después de presentar tan solo una captura de pantalla con un número de colegiada y dos fotografías vestida de médico. Pese a ello los responsables de recursos humanos del centro le comunicaron que el 20 de diciembre podía incorporarse como doctora del servicio de Urgencias y tan solo le pidieron que aportara toda la documentación físicamente en cuanto le fuera posible.

Cuando el hospital averiguó que no constaba en la base de datos del Colegio de Médicos abrió a la falsa médica un expediente disciplinario por falta muy grave y la suspendieron de sus funciones.

El Hospital de Berga (Barcelona), el centro que descubrió el fraude, admitió el pasado viernes “irregularidades importantes” en el procedimiento de contratación de la falsa doctora que no tenía el título para ejercer ni conocimientos de medicina, por lo que despidió al director del departamento de Recursos Humanos del centro así como a la presunta intrusista.

El centro sanitario concluyó el expediente de información interna y confirmó que la falsa doctora, que trabajó desde diciembre hasta julio de este año en las urgencias, no disponía del título de medicina y utilizó “de forma fraudulenta” el número de colegiado de un facultativo“, detalló la gerente del Hospital de Berga, Antònia Baraldés.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha interpuesto una denuncia por intrusismo profesional y falsedad documental contra un falso médico que fue contratado este pasado martes para realizar sustituciones en el Área de Salud de Plasencia (Cáceres).

Del ahora investigado existen “sospechas fundadas” de que tanto su título expedido por una universidad española como su colegiación son “falsos”, ha informado el SES a través de un comunicado de prensa.

Tras realizar las comprobaciones pertinentes, el SES detectó algunas incongruencias en la documentación presentada por el ahora denunciado, la cual se confirmó como falsa en los registros de colegiación disponibles y en el Ministerio de Sanidad.

El supuesto falso médico había sido contratado el pasado 2 de mayo por el Área de Salud de Plasencia para hacer sustituciones.

El Colegio de Fisioterapeutas en Cantabria ha denunciado por intrusismo a 16 negocios de la comunidad autónoma, de los cuales la mitad ha tenido que cerrar.

A otros cuatro se les ha limitado los servicios que prestaban, permitiéndose únicamente la realización de actividades como el masaje relajante, y está pendiente de finalizar el procedimiento de inspección en los cuatro casos restantes.

Estos son los datos que se han puesto sobre la mesa en la reunión mantenida entre los responsables de la Dirección General de Ordenación Farmacia e Inspección de la Consejería de Sanidad y del Colegio de Fisioterapeutas de Cantabria para hacer un seguimiento a las denuncias por intrusismo planteadas desde la organización colegial.

Desde hace siete meses la Dirección General de Ordenación, Farmacia e Inspección y el Colegio de Fisioterapeutas de Cantabria están llevando a cabo actuaciones coordinadas y manteniendo reuniones periódicas para atajar “el problema del intrusismo profesional”, ha recordado en un comunicado el Gobierno.

El Colegio denunció a estos 16 centros que ofrecían tratamientos de osteopatía, manipulación cervical, quiromasaje, masaje terapéutico, acupuntura, rehabilitación y electroterapia.

En dichos centros se hacía referencia al tratamiento de patologías como la depresión, ansiedad, insomnio, hernias, esguinces, artrosis, tendinitis, reducción de edemas y hematomas, rotura de fibras, enfermedades cutáneas, y otras.

Las inspecciones realizadas por los funcionarios del Servicio de Ordenación, con visitas a los 16 centros denunciados, han arrojado los resultados antes citados.

Sanidad ha subrayado que la fisioterapia es una profesión sanitaria con un campo de conocimiento y actividad profesional bien definida que tiene una incidencia muy importante sobre el nivel de salud de la población, ayudando a mejorar y curar enfermedades.

Los profesionales de la fisioterapia están preparados para aplicar diferentes técnicas y recursos terapéuticos con el fin de curar a los pacientes. Proporcionan una atención de fisioterapia eficaz, de acuerdo con los principios éticos y legales de la profesión, desarrollando la práctica profesional basada en métodos y técnicas cuya seguridad y eficacia está demostrada de acuerdo con el estado de desarrollo de la ciencia.

Los cuatro años de carrera permiten a estos profesionales identificar el tratamiento fisioterapéutico más apropiado en función de la patología del paciente, incluyendo el masaje manual terapéutico y otras muchas técnicas, como por ejemplo terapias manipulativas articulares, osteopatía y quiropraxia.

Son estos últimos tratamientos, el masaje terapéutico, la osteopatía y la quiropraxia, los que, según Sanidad, plantean un grave problema de intrusismo al ser aplicados por personas que no son profesionales sanitarios cualificados.

A lo que se añade los peligros para la salud que se derivan de que personas sin la titulación y los medios adecuados apliquen técnicas sanitarias tanto en personas enfermas como sanas.

Este doble problema, el intrusismo y el posible daño a la salud pública, es el que ha llevado al Colegio de Fisioterapeutas de Cantabria y a la Dirección General de Ordenación, Farmacia e Inspección a plantearse abordarlo.

En el encuentro de trabajo, han participado la directora general y el subdirector de Ordenación, Farmacia e Inspección, Raquel Olalla e Íñigo Fernández, respectivamente, así como la jefa de Servicio, Rosana García y, por parte del Colegio, han intervenido el decano, Jorge Fernández, junto a la vocal de Intrusismo e Igualdad, Gabriela Canto.

El decano del Colegio ha subrayado el “ambiente muy positivo y de máxima colaboración” que se ha implantado entre la Consejería y el Colegio.

“Es necesario que sigamos trabajando conjuntamente en el grave problema del intrusismo en esta profesión sanitaria, que solo puede ser ejercida por profesionales sanitarios”, ha dicho.

La base de las actuaciones llevadas a cabo son las competencias de la Dirección General de Ordenación, Farmacia e Inspección en materia de ordenación sanitaria a lo que se añade el respaldo del Tribunal Supremo que en una sentencia que establece que “los centros en los que se aplican tratamientos de terapia natural (osteopatía, quiropraxia, quiromasaje y acupuntura), tienen la consideración de centros sanitarios” ya que “tienen una indudable finalidad terapéutica, pues aplican remedios para el tratamiento de enfermedades o de dolencias”.

El Tribunal Supremo entiende que “las terapias naturales son actividad sanitaria y deben regularse como tales y deben ejercerse bajo la vigilancia y el control de personal sanitario y en instalaciones que tengan la consideración de centros sanitarios” con el objetivo de “salvaguardar las más elementales garantías en el ejercicio de esa acción terapéutica sobre las personas, aunque no se trate del ejercicio de la medicina convencional”.

La Dirección General y el Colegio han manifestado su voluntad de seguir colaborando para evitar el intrusismo en la profesión y proteger la salud de los ciudadanos.

De cara al futuro, se plantea llevar a cabo alguna acción de sensibilización ciudadana que traslade la importancia de elegir profesionales sanitarios y advirtiendo de los peligros que puede conllevar para los pacientes el acudir a personas sin titulación para tratar temas de salud.

La titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Zaragoza, Concepción Gimeno Gracia, ha emitido una sentencia en la que desestima la impugnación, por parte Periodistas de Aragón, de la creación de un puesto, en régimen de personal laboral fijo, de “Técnico de comunicación institucional-community manager” en la Comarca de las Cinco Villas.

La entidad profesional de periodistas, que aúna a la Asociación y el Colegio, impugnó el proceso de creación de esta plaza al entender que el puesto ofertado no se podía encuadrar en el Grupo C1, que únicamente tiene atribuidas tareas administrativas. En la convocatoria se exigía a los candidatos únicamente titulación en Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio o Técnico en FP, Bachiller Superior, FP2 o equivalente.

Ahora, en su sentencia, la jueza desestima la demanda por una cuestión formal, ya que alude a la firmeza del los actos administrativos previos (la Oferta de Empleo Público y la Relación de Puestos de Trabajo) pero va más allá, entra en el fondo de la cuestión y define en su escrito las tareas que, a su juicio, son propias de un periodista y cuáles no.

En la convocatoria, la comarca establecía que las funciones de la plaza eran mantener actualizados los distintos contenidos de la web comarcal y cargar y eliminar contenidos en ella a petición de los departamentos correspondientes; colaborar con los medios de comunicación con implantación en el territorio con la remisión de acontecidos, actividades, comunicados o anuncios; redactar escritos, a petición de la presidencia, el pleno de la corporación o los ayuntamientos integrantes de la Comarca de las Cinco Villas, para la difusión de sus actos y actividades, así como preparar los anuncios y cartelería si fuera necesario, y efectuar todas aquellas tareas propias de su categoría y cualificación profesional que se le encomienden.

Según explica en la sentencia, la jueza ha acudido al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua para comprobar que en este se define al Periodismo como “una actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de informaciones a través de cualquier medio escrito, oral, visual o gráfico”. La magistrada transcribe esta definición en su sentencia para, a continuación, asegurar que las funciones a realizar en el puesto objeto del litigio “no pueden ser encajadas en esta definición”.

“Las funciones del puesto que nos ocupan –insiste la jueza- excluyen la búsqueda para obtención de datos, la decisión sobre la forma específica de tratamiento de cada materia, así como la interpretación de las mismas”.

Y abunda en su idea: cargar y eliminar contenidos de la web y remitir a medios de comunicación acontecidos, actividad, comunicados y anuncios son “actuaciones especialmente mecánicas que no definen al Periodismo”.

La Asociación y el Colegio de Periodistas de Aragón respetan la decisión judicial, pero se muestran radicalmente en contra de los argumentos de la sentencia, sobre todo en las consideraciones de fondo que la jueza realiza sobre el trabajo de los y las periodistas, informan en nota de prensa. Periodistas de Aragón insta a las empresas, entidades e instituciones, sobre todo las públicas, a que “tengan en cuenta estas consideraciones a la hora de perfilar sus plantillas y apuesten por periodistas, para que estos hagan lo que saben hacer y para lo que se han formado: comunicar e informar desde el rigor, la honestidad y la profesionalidad. El periodismo requiere conocimientos, fuentes y agenda. Los y las periodistas se forman durante años para desempeñar su trabajo. El periodismo no es una tarea mecánica”, concluyen.

Hace poco más de una semana la cantante Lola Índigo compartió en sus redes sociales una noticia: iba a poner la voz a Lola Bunny en Space Jam: Nuevas leyendas. “Hace ya varios meses desde que hice el casting y es un sueño hecho realidad. Cuando la veía una y otra vez de pequeña quería ser dura y valiente como ella”, expresó entonces. Warner Bros., la productora, decidía así prescindir de las dos actrices de doblaje que habían puesto la voz al personaje en los vídeos promocionales vistos hasta entonces: Laura Pastor y Vera Bosch, que comentó la noticia del nuevo fichaje con el emoji de un corazón partido. Fue entonces cuando en Twitter, especialmente tras publicar el tercer adelanto del filme doblado por la cantante de Operación Triunfo, se desató la polémica a base de memes y acusaciones de “intrusismo laboral”.

De hecho, la propia Vera Bosch publicó un vídeo en su cuenta de Instagram (ya borrado) en el que hizo referencia al proceso de selección: “He recibido muchísimos mensajes diciéndome que ha habido castings. Yo hice un casting con otras dos compañeras de doblaje y después hice el tráiler. No sé si Mimi [Mimi Doblas, nombre de Lola Índigo] ha hecho un casting. Probablemente lo ha hecho, pero está fuera de una igualdad de condiciones”. “Usar ese argumento para decir que ha sido seleccionada me parece hasta insultante; honra más decir que le hacía ilusión y le han dado una oportunidad”, añadía.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Warner Bros. para saber si Índigo participó en algún tipo de casting, pero por el momento no han emitido ninguna respuesta. No obstante, según Masumi Mutsuda, vicepresidente de la asociación Doblatge Unida de Barcelona (DUB) y actor de doblaje, los casting de los denominados startalent (famosos que prestan su voz) suelen ser diferentes a los de los actores: “La prueba que habrán hecho habrá sido para comprobar si el doblaje es terriblemente desastroso o es pasable. Es más para ver el nivel que le daría a la película y si se podía aguantar por algún lado, y no de hacer pruebas profesionales”.

Que algunos actores de doblaje aparezcan en el tráiler y luego cambien en el último momento tampoco es la primera vez que sucede. “Para determinados personajes se hacen castings de dos o tres actrices y el cliente decide. Muchas veces doblamos el tráiler y luego el largometraje lo hace otra persona, a veces solo por cuestiones físicas: que el tráiler llega a Madrid y luego la película a Barcelona, o viceversa”, observa María Jesús Nieto, actriz de doblaje y miembro del Sindicato de Artistas de Doblaje de Madrid (Adoma).

Promocionar la película

No es algo nuevo en la industria. Recientemente también se estrenó Los Mitchell contra las máquinas y sucedió algo parecido: la voz del actor Luis Bajo en el tráiler inicial fue sustituida por la del cómico Leo Harlem. Pero ¿por qué las productoras acaban eligiendo a famosos? “No hay ningún secreto, es una decisión tomada para promocionar el producto que sea. Esto lo lleva haciendo muchos años Disney y es una cuestión de promoción: no se hablaría tanto de Space Jam si no pasara esto”, apunta Nieto. Esas órdenes, según Mutsuda, “a veces vienen dadas de EEUU”. “Especifican que ciertos personajes tienen que ser doblados por startalents por márketing, para acercarse más a un público que no vería la película si no la hace una persona que conocen y admiran”, apostilla.

Es lo que, por mencionar algunos ejemplos, ocurrió con producciones como Buscando a Nemo, donde Anabel Alonso interpretaba a Dory; Kung Fu Panda, con Florentino Fernández; o la adaptación de Memorias de Idhún a Netflix, donde varias estrellas del gigante del streaming hicieron de actores de doblaje. La lista de los startalent no es precisamente corta ni reciente. 

EEUU tampoco es una excepción y, en el caso de la secuela de Space Jam, quien pone voz a Lola Bunny es la actriz Zendaya. Pero hay diferencias. “Ellos no doblan a los personajes como tal, sino que hablan y luego los animan acordes a su voz. Aquí el trabajo no solo es el de interpretar, también el de sincronizar la voz con el del dibujo original. Se junta la interpretación y la técnica”, apunta Mutsuda.

Índigo declaró en una entrevista a RTVE que contrató un entrenador de doblaje “para hacerlo lo mejor que podía”, pero la tarea se complica más si quien pone la voz no tiene conocimientos previos en interpretación. “El problema es que muchos no son ni actores, entonces al no tener la formación uno lo hace como puede. Estoy seguro de que el director le habrá dado todas las indicaciones posibles, pero tampoco puedes pedir más. Es como si me piden que me ponga a bailar: por mucho que me des una clase de una coreografía voy a hacerlo fatal”, señala el vicepresidente de DUB. 

Los actores de doblaje pueden estar más de 5 o 10 años haciendo papeles secundarios hasta que les dan un protagonista de una serie o de una película

Para participar en una gran producción como Space Jam, ¿cuánto tiempo debe formarse un actor de doblaje? Según Víctor Martínez, director de la escuela de doblaje AM en Madrid, “no es algo matemático”. “Hay alumnos que han pasado por la escuela fugazmente (cosa de un año) y otros que han estado hasta 5. Y, la mayoría de ellos, lo primero que hacen son personajes secundarios, ambientes o voces de fondo. Puede que estén más de 5 o 10 años haciendo esos papeles hasta que les dan un protagonista de una serie o de una película de sobremesa”, detalla el responsable de este centro.

¿La contratación de los startalent es intrusismo laboral? María Jesús Nieto opina que “los profesionales no consideramos intrusismo a quien cobra más, sino a quien cobra menos de lo estipulado por hacerlo”, mientras los papeles ocupados por startalent “pasa en una docena de ocasiones en el año y no es lo que da de comer al doblaje”. Mutsuda, por su parte, considera que “hay muchos actores y actrices y que cada uno piensa a su manera”. “Es verdad que este papel habría quedado genial con una actriz de doblaje, pero el cliente al final es quien decide cómo quiere su producto”, declara sobre una decisión que, a juzgar por el resultado, está consiguiendo lo que pretendía: que se hable de la película. 

En los últimos años han cogido fuerza las llamadas 'constelaciones familiares', una pseudoterapia desarrollada por el psicoanalista y teólogo alemán Bert Hellinger en los años 90. Esta pseudociencia afirma que la estructura familiar influye sin que lo sepamos en nuestros pensamientos, comportamientos, experiencias y emociones y lo hace, además, a través de múltiples generaciones.

Los pseudoterapeutas que la practican crean un 'modelo de la familia' para pretendidamente revelar y transformar patrones que supuestamente son difíciles de comprender. Por tanto, lo que pretenden decirnos es que lo que vivimos y lo que nos pasa viene dado también por nuestro origen y pasado familiar (abuelos, tíos, padres, hermanos, hijos, etc.).

Las supuestas bases de las constelaciones familiares

La supuesta base teórica de las constelaciones familiares es cuestionable y controvertida. Suele apoyar su práctica en la obviedad de que las personas convivimos con ciertos conflictos emocionales, inconscientes, que no hemos podido resolver a lo largo de nuestra vida. 

Esta carga emocional puede llevarnos a sufrir dolor y otros problemas emocionales y de conducta. Hellinger, considerado el fundador de las constelaciones familiares, aseguraba haber descubierto que la mayoría de las personas tratadas reproducen, de manera inconsciente, patrones y dinámicas de su familia. 

Serían patrones que a menudo nos llevarían a tener malas experiencias psicológicas como:

En qué consiste una 'sesión' de constelación familiar

Como explica en la página web la Asociación Española de Constelaciones Familiares, el “método” consiste en supuestamente solucionar de manera grupal o individual los problemas heredados. Una 'sesión' de constelaciones familiares, que puede alargarse varias horas, suele reunir un grupo de personas (entre cinco y doce, más el pseudoterapeuta o constelador) que no tienen relación unas con otras. 

Cada una de ellas tiene su turno para constelar a su familia durante una hora más o menos. La persona que constela explica su problema y después elige a las que representarán a su familia actual o pasada. Escenifican las supuestas vivencias inconscientes mediante la colocación de cada persona, que se mueve de acuerdo con las “energías” que percibe mientras los otros interpretan el papel que les ha tocado representar. 

El constelador dirige la 'sesión' orientando y moviendo de sitio a las personas. Tras cada 'sesión', se realiza un descanso para seguir después con la siguiente persona. Por tanto, todas reciben su propia pseudoterapia y, a la vez, participan en la de los otros.

Se considera que las personas que representan a la familia pueden reflejar la falta de armonía dentro del grupo y que, incluso, pueden sentir y experimentar las emociones de la persona cuyo rol han asumido. El pseudoterapeuta suele quedar en segundo plano y “facilita” al constelado una profunda introspección.

Los defensores de esta práctica se fundamentan en otra práctica sin aval científico, la llamada resonancia mórfica, que sostiene que el destino de una persona se conecta con el de sus antepasados (algo similar a lo que defiende otra pseudoterapia: el reiki). La idea es que existirían misteriosas interconexiones de tipo telepático y de memoria colectiva entre organismos dentro de las especies.

Pseudoterapia sin ninguna evidencia científica 

Las 'dinámicas' que se desarrollan en las constelaciones familiares no tienen ningún aval científico, igual que ocurre con el reiki o la medicina ayurvédica. Y, como estas pseudoterapias, afirma tener efectos 'sanadores' sin ninguna evidencia que proceda de un método científico. 

“La historia de las constelaciones familiares es como la de cualquier pseudociencia: una persona sin formación alguna, con ideas sacadas de la manga y delitos”, nos dice Ramón Nogueras, psicólogo, divulgador y autor del blog Sesgo de confirmación.

Para Nogueras, las constelaciones familiares son la suma de la “mezcla de chamanismo con las ideas psicoanalíticas de Jung (una pseudociencia)”. “No tienen nada que ver” con otro tipo de terapia con aval científico, añade finalmente este experto.

Bajo esta pseudoterapia, los seguidores osan atribuir causas místicas, inconexas y mágicas, a problemas graves de salud como el cáncer o trastornos de alimentación. O incluso llegan a afirmaciones tan polémicas como la última que dice que “la mujer violada no es una víctima sino que elige este destino como parte del proceso de poner orden y equilibrar el sistema familiar”.

Frente a afirmaciones como esta, el Colegio Oficial de Psicología de Madrid se posicionaba absolutamente en contra de pseudoterapias consteladoras. No existe ningún tipo de estudio riguroso que avale su eficacia porque no han sido nunca contrastadas como una terapia eficaz para nada. 

El colegio añadía en su comunicado que en los casos en los que da algunos resultados aparentemente positivos, “estos se asocian más a procesos de sugestión y empatía que a verdades contrastadas”. Otros puntos débiles de esta pseudoterapia es que, para realizarla, no es necesario ser un especialista psicólogo. 

Así cualquier persona si cualificación como profesional de la psicología o estudios específicos puede convertirse en un constelador. Además, mantienen una visión muy conservadora de la familia, con técnicas sin evidencia científica. 

La Sociedad para el Avance del Estudio Científico del Comportamiento (SAVECC) califica de prácticas como la de las constelaciones familiares de “eficacia cuestionable” por su escasa evidencia científica y su propuesta de fundamentos esotéricos. 

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Mónica Gómez Miguel es la nueva delegada en La Palma del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles y sus retos, según ha explicado a este digital, son “conseguir que la gente conozca nuestra labor de cara a evitar o, al menos paliar, el intrusismo profesional”. “Intentamos también que los compañeros se impliquen para evitar individualidades y conseguir que se trabaje de forma colectiva”, subraya.

Mónica Gómez Miguel es funcionaria de carrera del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de la Comunidad Autónoma de Canarias desde el año 2004. Anteriormente, había ejercido la profesión en la empresa privada como jefa de obra y se había dedicado al ejercicio libre de la profesión.

Actualmente, ocupa la Jefatura del Servicio de Coordinación e Información de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda en La Palma. El desarrollo de su carrera profesional lo ha venido ejerciendo al frente de numerosas obras que la Consejería ha licitado en la Isla dentro del marco del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Fomento en materia de carreteras.

“Su responsabilidad en la dirección de las numerosas obras de gran importancia, le ha permitido ejercer la profesión de ingeniera técnica con gran dedicación y esfuerzo por su complejidad”, informa el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles. “Esperamos que su experiencia sirva de acicate a los nuevos técnicos que se vayan incorporando al colegio profesional, tanto en la labor de funcionarios en las diferentes Administraciones de la Isla (local, insular o autonómica) como en el ejercicio libre de la profesión”, añade.

“Como delegada estará a entera disposición de los usuarios que necesiten su colaboración en la resolución de todos aquellos problemas que pudieran surgir en la ejecución de las obras o en cualquier otra actividad en las carreteras insulares que precisen de su actuación, así como a todos los compañeros ingenieros técnicos que necesiten de su ayuda”, señalan.

La responsabilidad de delegado del colegio había sido desempeñada por el colegiado José Tomás Rodríguez de Paz, que en los últimos años contó con la colaboración del también colegiado Carlos Gustavo Hernández Hernández.

La inspección impulsada el pasado mes de abril entre el Ayuntamiento de Gandia y la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) ha detectado que un 10% de los apartamentos de la playa son ilegales. Así lo ha explicado la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, en el aula de Turismo “Intrusismo y Alojamiento Turístico” organizada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, donde ha explicado que la inspección de abril (que tendrá continuación los próximos meses) señala que de los 102 apartamentos inspeccionados 10 han tenido la apertura de un expediente sancionador, mientras 14 están a la espera del informe del inspector.

Durante su intervención Diana Morant destacaba que “a los empresarios y los gobernantes nos indigna el intrusismo en el alquiler turístico por parte de agentes clandestinos ajenos al sector, que prestan sus servicios sin estar habilidades ni autorizados y sin ajustarse a los criterios exigidos por el ordenamiento jurídico actual”. La alcaldesa añadía que este tipo de prácticas son fraudulentas y obstaculizan las bases del sector del alquiler turístico, además de afectar la seguridad del turismo y su calidad, atacante de manera importando la ocupación, degradado la imagen turística del municipio y, a veces, generando problemas de convivencia.

Otro de los efectos nocivos del intrusismo es que puede hacer cambiar la definición de la política pública del turismo: los establecimientos incontrolados falsean los datos estadísticos oficiales; la evaluación de las necesidades de la oferta es errónea; y, en consecuencia, la ordenación de la actividad, la elaboración de programas de comercialización y promoción, o las ayudas y subvenciones pueden no responder a la realidad, reduciendo así la eficacia de la Administración Pública. Además, con la globalización y la proliferación de la comercialización de viviendas a través de plataformas digitales, el mercado del alquiler turístico se complica por la carencia de control.

“No nos podemos permitir el intrusismo y el alquiler ilegal en los alojamientos turísticos. Y más ahora, que estamos recuperando el prestigio como ciudad cívica, amable y respetuosa. Todos somos conscientes que la imagen que los apartamentos turísticos ilegales dan en la ciudad muchas veces no es la que queremos. Por eso, como que somos un pueblo valiente, y como los empresarios exigen desde hace años contundencia a la hora de perseguir las irregularidades, no nos quedamos con los brazos cruzados” sentenció Morant.

Unos 15.000 médicos están llamados a votar en las elecciones a la presidencia del Colegio de Médicos de la Provincia de València que tendrán lugar este jueves 3 de mayo.

Mayte Lázaro es una de las candidatas que concurrirá a los comicios en los que se enfrentará al equipo de la actual presidenta, Mercedes Hurtado, y al del doctor Agustín Navarro.

Lázaro se licenció por la Universitat de València en 1982 y, entre otras titulaciones, en 2014 se licenció también en Criminilogía por la misma universidad. Actualmente ejerce de psiquiatra en la Unidad de Salud Mental Pere Bonfill.

¿Por qué decide dar el paso de presentarse a estas elecciones?

En realidad no ha sido una decisión personal. Un grupo de compañeros planteó formar un equipo y me propusieron para liderarlo, quizás por mi experiencia en diferentes ámbitos como la negociación, la implicación de la mujer, la medicina privada o por mis 25 años de experiencia en la docencia. En definitiva, por ese perfil plural.

¿No tuvo dudas cuando se lo plantearon?

Solo puse dos condiciones: elegir un equipo sin liberados sindicales y sin significación política y no recibir financiación externa para no depender de nadie. El equipo que lidero no lo he seleccionado yo, solo pedí que se tratara de profesionales de reconocido prestigio profesional en activo para que no vivieran del trabajo en el Colegio.

¿Cuáles son las líneas básicas de su programa?

Hemos hecho un programa que recoja las inquietudes de los colegiados y que recupere logros perdidos en estos últimos años. Por ejemplo, que la cuota que abonen los médicos al colegio vaya en función de su situación personal, que la asesoría jurídica vuelva a ser gratuita, es decir, que el médico reciba unas contraprestaciones por lo que paga. También queremos ser los portavoces de los médicos MIR que actualmente en el Colegio están en un limbo, los planes de formación están obsoletos, tienen más de 20 años. Además, queremos que tengan unas instalaciones en el Colegio en las que poder desarrollar sus inicios.

¿En qué otros colectivos se van a centrar?

En los médicos que trabajan por cuenta propia, los cuales han perdido un 25% de poder adquisitivo porque no ha habido negociación con las aseguradoras. Queremos crear una figura que les represente en ese sentido. También nos queremos centrar mucho en las mujeres y en ese sentido hemos diseñado el plan 'Concilia' que presentaremos a la administración, además de impulsar una oficina de atención a la mujer para ayudarles y asesorarles en temas como agresiones, violencia de género o riesgo psicosocial. En cuanto a los médicos jubilados, queremos que tengan una participación activa desde su experiencia. Por último, también queremos apoyar en sus reivindicaciones y problemas a los médicos de atención primaria porque hasta ahora no han encontrado una voz en el Colegio que les defienda.

¿En qué cree que ha fallado la anterior directiva encabezada por Mercedes Hurtado?

El principal déficit ha sido la transparencia, en estos cuatro años se han gestionado 14 millones de euros y no sabemos en qué se los han gastado a pesar de que hemos solicitado la información. Además, la candidatura ha estado formada por cinco personas liberadas a tiempo completo que no han ejercido durante años y ha faltado una voz que defienda los intereses de la profesión en temas como la situación de los interinos frente a los recortes, en sustituciones o en jubilaciones forzosas. No ha habido ni gestión económica, que además ha sido opaca, ni profesional.

¿Qué postura tiene su candidatura con respecto a la homeopatía?

La homeopatía no es lo mismo que intrusismo. Nosotros nos regimos por la legalidad vigente. Todos los médicos deben estar colegiados y hay médicos colegiados que pueden ejercer la homeopatía, sabiendo que no se utiliza como tratamiento curativo, sino alternativo o paliativo. Nosotros debemos velar precisamente por eso, por garantizar que el médico homeópata trabaje bien y se informe debidamente al paciente.

Ya está personado ante la Audiencia Nacional, que será la que se encargue de resolver este asunto. Carlos Macías realizó en octubre de 2016 el examen para acceder al Cuerpo de Auxilio Judicial por oposición libre por el cupo de reserva para personas con discapacidad. La persona a la que finalmente se le adjudicó obtuvo una puntuación total menor que la suya, no superó la nota mínima de corte de cada uno de los dos ejercicios y, lo que más llama la atención, no consta como discapacitado ni antes, ni durante, ni después del proceso. Únicamente aparece como persona con esa condición en la relación oficial de aprobados.

Él y su abogado ya han presentado el anuncio de recurso contencioso-administrativo por el que se inicia el proceso judicial. En los próximos meses, se formalizará la demanda. “Ni el Defensor del Pueblo español ni el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) obtienen respuesta a pesar de reiterar sus escritos e intentar comunicaciones telefónicas”, lamenta el joven, que ha querido visualizar su circunstancia a través de un video en el que solicita al Ministerio que se pronuncie.

“Mi situación sigue igual, el Ministerio ignora mis escritos, los del CERMI y los del Defensor del pueblo. Hace oídos sordos y me obliga a demandarlos”, explica a este periódico este licenciado en Derecho, que tiene 25 años y una discapacidad del 34% por una malformación en su mano izquierda. Vive en Medina Sidonia (Cádiz). 

Su caso ya se hizo público en su momento pero la falta de respuesta ante lo que entiende como una injusticia le ha hecho a Carlos romper el anonimato. Considera que ha habido irregularidades en el proceso selectivo y ha denunciado el caso. En el proceso se ofertaron 30 plazas en Andalucia (29 por el turno general y una reservada a personas con discapacidad). El examen se realizó en toda España y constaba de dos ejercicios, uno teórico de tipo test y uno practico, tipo test también. Para superar el examen había que pasar el corte que para cada ejercicio establece el tribunal. En noviembre se hizo publica la nota de corte y la relación de aprobados. El joven, como comprobó este periódico, obtuvo una calificación de 91'25 en el primer ejercicio, superando ampliamente el corte (76,75) pero quedándose fuera en el segundo, dado que el tribunal estableció la nota mínima en 77'5 y su calificación fue de 76, por lo que quedó eliminado del proceso en este segundo ejercicio.

Su sorpresa llegó cuando, revisando la lista de admitidos y excluidos, observó cómo la persona a la que se le ha adjudicado la plaza (con una puntuacion de 82 y 85 puntos, 167 en total) no constaba como discapacitado ni antes, ni durante, ni después del proceso. Solo aparecía como persona con esa condición en la lista de aprobados, ya publicada en el BOE. Además, denuncia que hay personas que aprueban, aunque sin plaza, superando ambos ejercicios con una puntuación muy inferior a la suya, con 155 puntos, por ejemplo, si bien la suma de la puntuación de los ejercicios (167,25 en su caso) no es definitiva para conseguir plaza.

La nota de corte en el cupo de reserva para personas con discapacidad es inferior a la del turno general, que fue de 82,25 y 88,5. La del opositor agraciado con la plaza, como acudió por el turno general, es superior. Sin embargo, “a pesar de faltarle 3,5 puntos en un ejercicio y 0,25 en el otro para superarla consta como apto en los dos de forma inexplicable”, asegura el joven denunciante.

“Desde mi posición considero una falta de transparencia absoluta por parte del tribunal, una injusticia hacia mi persona y una tomadura de pelo a las personas con discapacidad que acudieron a Sevilla el 1 de octubre de 2016”, concluye este joven, que asegura haber presentado varios escritos “pidiendo explicaciones e impugnando el proceso”. “Tres escritos y ninguna mera explicación. Deberían haber dado transparencia y aclararlo todo pero se amparan en el silencio administrativo y en la posibilidad de no contestar”, lamenta. Ahora, serán los juzgados los que determinen si su lucha obtiene resultado.

Aquellos que ejercen como taxistas sin tener licencia para ello, lo que comúnmente se denomina taxis piratas, se expondrán a sanciones de hasta 6.000 euros.

Así lo ha anunciado este lunes la consellera de Vertebración del Territorio, María José Salvador, quien ha presentado este lunes los aspectos más relevantes del borrador del anteproyecto de la Ley del Taxi que se aprobará este viernes o el que viene en el pleno del Consell.

Uno de ellos será la lucha contra el intrusismo, uno de los principales problemas denunciados históricamente por el sector y que una vez aprobada definitivamente la normativa, implicará las mencionadas sanciones.

Salvador ha recordado que ya se ha creado una mesa para luchar contra los taxis piratas en la que están presentes las diferentes asociaciones de taxistas y los cuerpos de seguridad competentes en la materia, principalmente la Guardia Civil, la Policía Local y la Autonómica.

Su objetivo será detectar las zonas en las que suelen funcionar estos taxis irregulares para facilitar la labor de los agentes de seguridad.

El anteproyecto prevé también que cada taxista solo pueda ser titular de una liciencia, teniendo que trapasar o ceder el resto en un plazo de dos años. Según Salvador, de esta manera se evitarán “situaciones de explotación laboral”.

El plazo para ceder el exceso de licencias se ampliará a 10 años si suma taxis adaptados a discapacitados.

El objetivo de esta medida es dar un incentivo para que la flota de taxis adaptados ascienda al 5%, puesto que actualmente no llega ni al 1%.

La nueva normativa también prevé ampliar el número de plazas a entre cinco y seis en el caso de taxis adaptados y hasta nueve plazas para los vehículos (monovolúmens con capacidad para ello) que presten servicio en localidades rurales de interior sin otro medio de conexión con las capitales comarcales.

Salvador ha informado que actualmente en la Comunitat hay 4.700 taxis y que la creación de esta ley es “una reivindicación histórica del sector tras 20 años de abandono del PP”. Una vez aprobado el borrador, se abrirá un periodo de participación pública para elaborar el texto definitivo que se llevará a Les Corts.

La comisión de intrusismo del Colegio Oficial de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife atendió, entre mayo de 2015 y marzo de este año, un total de 13 quejas presentadas por colegiados y ciudadanos de posibles casos de intrusismo profesional.

Una nota del colegio profesional indica que la mayoría de los casos está relacionado con prácticas de técnicas sin evidencia o técnicas no psicológicas y de los casos recibidos, cuatro se trasladarán ante la Consejería de Sanidad por entender que son actividades sanitarias que aparecen prestadas por profesionales no autorizados.

Ante el aumento de los casos, el decano del colegio, Juan Enrique Hernández, y el responsable de la Comisión de Intrusismo y vicesecretario del COP, Anastasio Pablo González, se han reunido con la responsable del servicio de Acreditación, Centros y Servicios de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a la que explicaron el plan de lucha contra el intrusismo emprendido a nivel nacional y la propuesta de denunciar ante dicha sección los casos, cuando se trate de actividades sanitarias.

También se le informó de la posible actuación sobre la publicidad engañosa que suele emplear el intruso no cualificado y de la importancia de delimitar correctamente la actividad sanitaria en este ámbito.

Los representantes del COP de Santa Cruz de Tenerife han advertido de que emplearán otros cauces de denuncia cuando se tenga constancia del uso de sustancias psicoestimulantes por personas no autorizadas para su empleo.

El COP tinerfeño alude a la campaña nacional de defensa de la profesión Stop Intrusismo en la Psicología con la que se pretende aunar esfuerzos para combatir a los falsos profesionales o a quien publicita dudosas especialidades, terapias o cursos, aprovechándose del desconocimiento o vulnerabilidad de algunas personas.

El colegio profesional considera que es labor de todos y especialmente de las distintas administraciones, contribuir a la eliminación del intrusismo como un problema que puede poner en riesgo la salud de las personas, y opina que el ejercicio de las profesiones sanitarias al margen de la ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias supone un “atentado contra la integridad y salud de las personas”.

El intrusismo, agrega el COP tinerfeño, se ha visto incrementado por la crisis “que parece haber sido el abono para la proliferación de pseudoterapias, y centros y gabinetes” por parte de supuestos psicólogos “que lo mismo ofrecen servicios de psicología, que cursos y talleres a otros profesionales”.

Añade que estas prácticas suponen, además de competencia desleal hacia los profesionales colegiados, la desacreditación generalizada de la profesión, que los ciudadanos estén expuestos a falsos psicólogos y pseudoterapias sin evidencia o eficacia que pueden empeorar la sintomatología que padecen así como la cronificación de sus patologías.

Es la realidad. Por mucho que cueste entenderla. En el Grado de Periodismo de la Universidad de Zaragoza imparten clase 46 profesores. De ellos, solo 17 (36,9 %) tienen estudios en la materia, ya sea Periodismo o Ciencias de la Información. Y, para más inri, de estos 17, ocho son profesores asociados.

Haciendo un repaso a la lista de profesionales que dan clases en Periodismo, se puede comprobar que hay siete que han estudiado algún tipo de Filología, otros siete Filosofía, cuatro son licenciados en carreras de la vertiente económica (Empresariales, ADE o Economía), tres han estudiado Ciencias Políticas, dos Derecho, dos Geografía y otras cuatro carreras que solo tienen un representante.

En total, contando con el Trabajo Fin de Grado y el Prácticum, hay 63 asignaturas en el Grado. Algunos de estos docentes imparten materias de las del primer curso, que es cuando se incluyen las comunes con otras carreras; ergo, las que no están directamente relacionadas, en este caso, con el Periodismo. En otros casos, como el de Narrativa Audiovisual: reportaje y documental, al ser de la vertiente de Comunicación Audiovisual, está impartida por un doctor en esa rama.

El hecho de no ser periodistas, por supuesto (y este es un aspecto que hay que dejar muy claro), no es óbice para pensar que estos profesores no estén preparados o no sean unos excelentes profesionales.

Técnico de Comunicación sin ser periodista

Este no es el único caso en el que el centro público universitario aragonés desdeña una titulación como la de Periodismo. Mucha polémica y múltiples críticas en las redes sociales provocó el hecho de que en la convocatoria de dos plazas para realizar tareas de Comunicación e Imagen en la propia Universidad no se exigiera la posesión del título específico de Periodismo.

Finalmente, ambos puestos se adjudicaron el pasado mes de abril y solo hubo un aspirante para cada uno de ellos. La Asociación de Periodistas de Aragón (APA), que desde un primer momento se mostró muy crítica con la institución, informó de que el puesto de técnico de Comunicación se había concedido a “una funcionaria que hasta ese momento había desempeñado el puesto de secretaria del secretario general de la Universidad”.

Del mismo modo, el cargo de técnico de Imagen fue para otro funcionario, que ya estaba adscrito al Gabinete de Imagen y Comunicación, y que tampoco dispone de titulación en Periodismo o similar.

No es la primera vez que esto sucede, en 2014, recuerdan desde la APA, se cubrió el puesto de jefe del Gabinete de Imagen y Comunicación a través de un procedimiento idéntico y con una persona con unan titulación ajena a estas materias.

En la Asociación aseguran que de esta forma “se ningunea la formación en Periodismo que imparte la propia entidad”. Una veintena de profesores, además, enviaron un escrito al rector afirmando que la Universidad de Zaragoza favorecía “el intrusismo en la profesión”.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha dado la razón al Colegio de Veterinarios de Las Palmas y ha condenado penalmente al naturópata C.J.G.R., que tenía abierto un establecimiento sanitario en el barrio de Almatriche denominado Centro Veterinario Naturópata Alex, en el que realizaba, con ánimo de lucro actividades propias de la profesión de veterinario sin poseer la titulación necesaria de licenciado en Veterinaria, a la pena de tres meses de multa a razón de seis euros diarios.

La jueza Mónica Oliva también ha condenado al naturópata a eliminar del nombre de su establecimiento toda referencia a “veterinario”, debiendo quedar sólo como Centro Naturópata Alex, y de no incluir, en caso de proceder a la apertura de algún otro establecimiento, dicha denominación de “veterinario”, a no ser que en el mismo ejerza efectivamente un veterinario, en cuyo caso tendría que solicitar la autorización y permisos pertinentes.

La sentencia declara probado que C.J.G.R. ejerció como veterinario sin título desde noviembre de 2013 hasta el 8 de julio de 2014, “colocando chips, inyectando vacunas, y realizando intervenciones quirúrgicas propias de un veterinario, a animales como perros y gatos, que diversas personas le han llevado pensando que era veterinario, pues así se identificó a ellos, con pleno conocimiento de que era necesaria dicha titulación oficial para realizar estas actividades y estar inscrito en el Colegio de Veterinarios, a cambio de las correspondientes contraprestaciones”.

Así, la magistrada Oliva ha condenado al acusado “como responsable criminalmente en concepto de autor de un delito de intrusismo profesional del artículo 403 del Código Penal, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal”.

Según explican desde el Colegio de Veterinarios de Las Palmas, esta es la primera condena penal por intrusismo en el sector de la veterinaria que se produce en las Islas. No obstante, recuerdan que este centro llevaba cerrado desde hace un año aproximadamente. El Colegio de Veterinarios ha señalado que aceptó la reducción de la pena por conformidad del acusado al haber mostrado éste su arrepentimiento y su voluntad, manifestada expresamente ante el tribunal, de cesar en todo acto de intrusismo profesional.

A este respecto, su presidente, Enrique Rodríguez Grau-Bassas, ha manifestado que la cruzada que han emprendido contra el intrusismo tiene dos claros objetivos: “Primero, el cierre de cualquier establecimiento sanitario en el que se presten servicios veterinarios por personas que no tienen el título de veterinario, ni están cualificadas por tanto para ejercer dicha profesión, y segundo, la persecución penal de los responsables de cualquier acto de intrusismo veterinario. Y ambos objetivos se han cumplido en este caso del naturópata, con independencia de la mayor o menor severidad de las penas impuestas en el proceso penal”.

“Con la salud no se juega, un falso médico puede hacer un mal diagnóstico o recetar un tratamiento perjudicial y esto es algo muy grave contra lo que hay que luchar”.

Así de contundente se ha mostrado este jueves la presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, la doctora Mercedes Hurtado, en el marco del balance anual de gestión de la directiva de la entidad que preside.

Entre las acciones llevadas a cabo en el presente ejercicio, Hurtado ha hecho especial hincapié en la comisión contra el intrusismo creada el pasado mes de febrero: “El Colegio ya se ha presentado como acusación particular contra un falso médico que fue detenido el pasado mes de septiembre y está investigando otros dos posibles casos”, ha revelado.

Además, la responsable de la entidad ha hecho un llamamiento a los pacientes para que denuncien cualquier posible caso de intrusismo.

Para ello, podrán acudir tanto a la sede del Colegio ubicada en el número 34 de la avenida de la Plata como a la Asociación Valenciana de Consumidores (AVACU), ubicada en la calle Doctor Sumsi, 28.

Hurtado ha explicado que ante un posible caso de intrusismo la entidad comprueba si el sospechoso está colegiado y de no ser así, pone el caso en conocimiento de la Fiscalía.

Otra de las novedades puestas en marcha por la entidad es el portal de transparencia a través del cual los médicos pueden ver los gastos del Colegio.

El modelo low cost, implantado con el objetivo de atraer al consumidor masivo a ámbitos que hasta ahora le resultaban inaccesibles -como los viajes y la moda- se ha extendido a todos los sectores y el de la abogacía no es una excepción. Lo cierto es que los ciudadanos que tienen que contratar los servicios de un abogado tiemblan cuando reciben la factura final por los servicios prestados, así que son muchos los que optan por esta nueva filosofía de negocio que invade Internet. El sector se divide entre los partidarios de estos nuevos modelos, los servicios jurídicos con precios muy competitivos -irrisorios en los casos extremos- y los que apuestan por dar continuidad al sistema de trabajo de los despachos profesionales, a pie de calle, que según ellos, garantizan calidad y atención especializada al cliente. Este bloque defiende la profesión frente al intrusismo y alerta de la publicidad engañosa que fluye desde Internet. Esta división de opiniones se ha dejado ver en el Congreso de Abogacía, así que el debate, sobre un fenómeno que ha llegado para quedarse, según han coincidido todas las partes, estaba servido.

El intercambio de opiniones lo protagonizaron Alfonso Carrascosa, presidente de Legalitas; Cristina Llop, presidenta de la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ); y Josep Pérez Tirado, abogado especializado en el asesoramiento integral a víctimas de accidentes de tráfico.

En opinión de Alfonso Carrascosa –quien admitió que su empresa ha creado ciertas reticencias en la profesión, posiblemente porque “no hemos sabido explicar nuestro negocio”- es posible prestar un servicio de gran calidad a un precio asequible, mediante medidas como la eliminación de costes, la simplificación de las formas de comunicación y el fomento de un alto grado de especialización.

“No hay que tirar los precios”

Cristina Llop ha repasado algunos conocidos modelos de economía low-cost en áreas como la decoración, la ropa o la aviación. “¿Nos debemos equiparar a estos modelos de negocios? ¿Tenemos que adaptar nuestros negocios? Los abogados somos garantes de la justicia. No podemos equipararnos al modelo de negocio low-cost. Además, al hacer una minuta hay que tener muy en cuenta el valor añadido que aportan los abogados: formación, atención al cliente y sobre todo responsabilidad. No hay que tirar nuestros precios, ni tirar nuestro trabajo ni minusvalorarlo”, ha resaltado. Y a renglón seguido ha lanzado un consejo a la profesión: “Debemos adaptarnos a los nuevos tiempos, renovarnos, dar un paso adelante y aprovechar las tecnologías, pero sin restar valor añadido a sus servicios”. Llop ha enfatizado que “la abogacía joven no es en ningún caso de abogacía low-cost. Son los grandes despachos quienes pueden ofrecer precios low costlow-costlow cost”.

Por su parte, Josep Pérez Tirado, conocido defensor de víctimas de accidentes de tráfico, ha asegurado que entre quienes han sufrido un accidente y han acudido a abogados low-cost no hay un alto grado de satisfacción. En su opinión “la expresión low-cost es puro marketing” y considera un “grave riesgo que haya una extensión generalizada de este tipo de servicio”. Este profesional ha alertado de las confusiones que en ciertas ocasiones genera la abogacía low-cost, porque parece que los precios que se publicitan venden todo cuando solo es una parte, y porque “el derecho a la libre elección de abogado queda en papel mojado en pólizas que cubren 200 euros”.

Pérez Tirado ha reconocido que “el uso de las tecnologías puede abaratar coste y todos debemos avanzar en este campo, porque la tecnología debe ser un aliado, pero siempre con el objetivo de dar servicios de más calidad”.  Pérez Tirado ha rematado su conferencia con un declaración que ha suscitado una calurosa ovación entre el público del congreso. “Los abogados del turno de oficio sí que conocen el low-cost por lo que les paga la administración”.low-cost

Acompañan a las mujeres en su camino hacia la maternidad, durante el embarazo, el parto y postparto. Son la ‘doulas’, una figura que gana terreno como un servicio extra sanitario, pero que también ha generado recelos entre los profesionales que consideran esta asistencia como intrusismo.

Las ‘doulas’ tienen una larga tradición en países como Estados Unidos, donde han cumplido 20 años, o en algunos países europeos como Holanda o Bélgica, donde incluso la Seguridad Social cubre sus servicios. En España esta figura está adquiriendo fuerza en los últimos años, pero la falta de una regulación que establezca límites a sus funciones ha generado críticas en el sector sanitario.

Ellas se definen como acompañantes. Son mujeres, normalmente madres, que asesoran a embarazadas en el complicado proceso hasta dar a luz, y los primeros meses de desconcierto ante la llegada de su bebé. Su labor se refiere a ese trabajo que hacían antes las madres, hermanas, mujeres de la familia o del mismo pueblo. Una labor que se ha ido perdiendo y que ahora se abarca desde una perspectiva meramente sanitaria y centrada en las visitas a la matrona o al médico.

Durante su acompañamiento la ‘doula’ asesora a la futura madre en aspectos fisiológicos para trabajar el cuerpo para el parto. Pero también diseña un espacio para compartir miedos referentes a todo el proceso, el dolor, el parto, la lactancia o la crianza, un acompañamiento en lo emocional que consideran fundamental durante este periodo de cambios en una familia.

“Es como conectar, dar confianza y conseguir que no se sientan desbordadas. Algunas madres llegan muy tensas por el miedo y después de trabajar con ellas consiguen vivir la maternidad de una manera satisfactoria”, explica A.B., una ‘doula’ con casi una década de dedicación.

A pesar de esta experiencia y de que considera que, bien enfocado, su trabajo es muy beneficioso para la futura madre, A.B. ha decidido dejar de ser acompañante. Las críticas que han surgido desde diferentes sectores, y el camino que han tomado algunas ‘doulas’ y que considera equivocado, le han llevado a tomar esta decisión. “Hay que saber dónde está nuestro límite, nosotras no somos matronas, no tenemos los conocimientos sanitarios ni médicos, ni podemos cumplir esa función”, explica.

Las voces más críticas se centran precisamente en estos aspectos. El Grupo de Trabajo de Salud y Sanidad de Equo Euskadi ha elevado al Consejo General de Enfermería sus dudas ante la proliferación de a un colectivo que con sus prácticas “pueden poner en riesgo la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y son un caso claro de intrusismo en el ámbito de actuación de las matronas”. Así de contundente se muestra Juantxo Domínguez, responsable de los temas de Sanidad de la formación. Domínguez es muy crítico también con los cursos de formación para ‘doulas’ que asegura, “se imparten sin ningún rigor científico, que expiden titulaciones inexistentes y cuyo coste puede oscilar entre 1.200 y 1.600 euros”.

Domínguez defiende a la matrona como “la profesional de referencia para la atención integral del proceso de embarazo, parto y puerperio, así como del bebé en su etapa neonatal”. Una visión que comparte la Federación de Asociaciones de Matronas de España que en su postura oficial censura las acciones “intrusistas” de las ‘doulas’. Según apuntan, en algunas ocasiones las ‘doulas’ ofrecen a las familias servicios para lo que no están “formadas, acreditadas ni capacitadas”, y ahí está el peligro ante el que las madres tienen que ser conscientes. “A veces nos puede el ego” reconoce A.B. que considera que una ‘doula’ “tiene que saber que no toma decisiones, eso corresponde a la madre”.

Pero no todo son críticas para estas acompañantes. Dentro del mismo sector sanitario algunas voces apuntan a que las madres se encuentran desprotegidas en cuanto a ese tipo de asesoramiento. “El trabajo que ahora hacen las ‘doulas’, y que tradicionalmente lo hacían las mujeres de la familia, lo deberíamos hacer las matronas, pero no lo hacemos”, reconoce una profesional que prefiere no dar su nombre para no entrar en conflicto con sus compañeras. “No hay matronas que vayan a tu casa, te pregunten cómo estás y hagan un seguimiento de tu embarazo y del postparto”, añade. “La asistencia a las embarazadas se limita a un contacto puntual en la consulta y en el momento del parto. Un contacto que está totalmente dirigido por los sanitarios y en el que la madre pierde el poder de decisión”, explica.

Desde la Federación de Asociaciones de Matronas comparten esta postura y defienden “la existencia de grupos de ayuda mutua que actúan de manera voluntaria y altruista, contribuyendo junto con las matronas a la mejora de la salud”, respentando eso sí las competencias de los profesionales sanitarios.