Las grietas en las paredes del edificio empezaron a aparecer dos días antes. A pesar de estas señales de alarma, el 24 de abril de 2013 Moushumi Begum fue a trabajar como todos los días. Momentos después, quedó sepultada bajo pesados escombros. “Todo sucedió muy deprisa. Recuerdo con nitidez cada detalle de ese día, aunque fue hace 10 años”, explica Begum, que estuvo tres horas atrapada bajo el Rana Plaza, el edificio de ocho plantas a las afueras de Daca (Bangladés) que se derrumbó.

Aquella mañana, los trabajadores y algunos directivos del complejo que albergaba talleres textiles habían estado debatiendo en el polvoriento patio exterior del edificio si era seguro entrar ya que muchos de ellos eran reacios a hacerlo. Los trabajadores habían sido evacuados el día anterior por esos temores. Algunos dicen que les amenazaron con no pagarles el salario de ese mes si no entraban; otros afirman que, simplemente, los cerraron dentro.

En los 90 segundos que tardó en derrumbarse, el Rana Plaza se convirtió en un símbolo de la desigualdad mundial. El balance final fue de 1.134 muertos y 2.500 heridos. Hubo historias desgarradoras de supervivencia, de personas a las que amputaron extremidades sin anestesia para intentar sacarlas de entre los escombros.

ActionAid Bangladesh acaba de publicar un informe que arroja luz sobre los devastadores efectos de la catástrofe en los supervivientes una década después. El estudio pone de manifiesto que más de la mitad (54,5%) de los supervivientes no han podido reincorporarse al mercado laboral. El principal motivo son problemas de salud como dificultades respiratorias, trastornos visuales y problemas físicos, como no poder mantenerse de pie o caminar correctamente.

El informe también ha evaluado las condiciones de seguridad actuales de 200 trabajadores de la confección, y más de la mitad considera que las iniciativas tomadas por los directivos de sus fábricas son inadecuadas. Casi el 20% de los entrevistados señala que sus fábricas carecen de equipos de extinción de incendios, mientras que el 23% afirma que no se dispone de salidas de emergencia en caso de incendio.

Moushumi Begum, que ahora tiene 24 años, es una de las supervivientes a las que esta organización ha dado una máquina de coser para facilitarle la vuelta al trabajo. Pero sigue sin atreverse a entrar en un edificio alto. Begum tenía sólo 14 años cuando el edificio se hundió. Ahora, casada y con dos hijos pequeños, intenta seguir adelante, pero sus problemas de salud le impiden llevar a cabo actividades cotidianas.

Sufre el síndrome de dificultad respiratoria aguda, una lesión pulmonar potencialmente mortal que le complica la respiración. La enfermedad la obliga a hacer pausas cuando habla. Desde la catástrofe, Begum tiene demasiado miedo para pisar otra fábrica. “Los recuerdos de aquel día siguen persiguiéndome”, lamenta. “Siento una inmensa ansiedad con sólo acercarme a un edificio alto”. “No ha sido fácil para ninguno de los afectados por Rana Plaza retomar la normalidad”, afirma Begum, que recibe asesoramiento y ayuda económica de la organización. ActionAid Bangladesh gestiona un comedor para trabajadores de la confección. Fue en este espacio que Begum consiguió de forma gratuita una máquina de coser. El objetivo de la organización es dar una motivación a los supervivientes para volver a trabajar. Sin embargo, Begum se muestra reticente: “No creo que vuelva a reunir el valor necesario para trabajar en uno de esos edificios”.

“Parecía una pesadilla”

Husnara Akhtar, de 30 años, recuerda haber desayunado con su marido, Abu Sufyan, antes de ir a trabajar aquel día. Ambos trabajaban en el edificio Rana Plaza, pero en distintos talleres textiles. Cuando Akhtar se dirigió a su planta, se percató de que algo iba mal. “La gente estaba ansiosa; algunos de los trabajadores estaban de pie y se negaban a sentarse. Alguien dijo que no era seguro, pero vi la cara de mi jefe y rápidamente me puse en la línea de producción de ropa vaquera. Las luces empezaron a parpadear y el suelo tembló bajo mis pies. En cuestión de segundos, estábamos sumidos en la oscuridad”.

Cuando Akhtar recuperó el conocimiento, se encontró atrapada entre dos cadáveres. “Me quedé atrapada cinco horas enteras, no me podía mover”, recuerda: “Parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Estaba rodeada de polvo y cadáveres”. Los equipos de rescate encontraron a Akhtar y la llevaron a un hospital cercano, donde constataron la gravedad de sus heridas: conmoción cerebral, costillas rotas y fracturas en los brazos que le impedirían volver a trabajar. El cuerpo de Sufyan fue encontrado una semana después, aplastado bajo un pilar de hormigón. “Mi marido fue uno de los cientos de trabajadores que murieron aquel día”, cuenta Akhtar entre lágrimas. “Recuerdo mirar su cuerpo destrozado y pensar en lo desechables que somos los trabajadores de la confección”.

Safiya Khatun llora cada vez que piensa en lo que ocurrió aquel día. Estaba en el distrito de Savar, en Daca, cuando oyó un ruido ensordecedor. “Fue como si se acabara el mundo”, recuerda esta mujer de 66 años, que vio cómo la gente entraba en pánico. “Alguien dijo que había explotado una bomba. Otro dijo que se había derrumbado un edificio. Entonces oí las palabras Rana Plaza y se me encogió el corazón”. Khatun corrió al lugar de los hechos, donde su hijo de 18 años, Lal Miah, trabajaba como costurero en el tercer piso. Pasó los 15 días siguientes buscándolo desesperadamente. Llevaba una foto suya tamaño carné y preguntaba a los equipos de rescate si lo habían visto. El día 16, un trabajador lo reconoció.

Cuando Khatun vio el cuerpo sin vida de su hijo, apenas pudo respirar. “¿Cómo ha podido pasarle algo así a mi querido hijo? El colapso del Rana Plaza dejó con las manos vacías a miles de madres como yo. Fue una tragedia que podría haberse evitado si los propietarios hubieran escuchado a los trabajadores que expresaron su preocupación por la seguridad del complejo”.

La familia ahora malvive porque su hijo era la única fuente de ingresos. Khatun vive en una chabola pequeña hecha de bambú y restos de metal. “Me dieron tierras como compensación por la pérdida de mi querido hijo, pero nada puede compensarnos por lo que hemos pasado”. Muchas de las familias de las víctimas recibieron tierras, pero la mayoría no puede permitirse construir casas en estos solares.

Actualmente, en Savar, los trabajadores de la confección se cruzan con un enorme par de puños de granito que sujetan una hoz y un martillo: un monumento erigido en memoria de las víctimas del Rana Plaza. Alrededor del monumento, en el terreno donde estuvo Rana Plaza, sólo hay hierbajos y basura.

Ataviado con su característica túnica blanca, Ehsan Ullah Khan recorre una de las principales calles comerciales de Madrid. Se pasa las horas observando la ropa en las tiendas, mirando con detenimiento los precios en sus etiquetas, los 'Made in'. Denunciar lo que a veces hay detrás de esos trozos de cartón es parte de la lucha que desde hace medio siglo lleva a sus espaldas: que no haya, en ninguna parte, ninguna persona trabajando en condiciones de esclavitud.

A sus 70 años, este activista y periodista de origen pakistaní sigue tan firme en su convencimiento como el día en que empezó. Lo demuestran su serenidad y su contundencia al hablar. La misma por la que ha recibido amenazas y por la que ha sido encarcelado en varias ocasiones. Hoy vive exiliado en Suecia.

Ullah ha visitado España para presentar la plataforma Dignitex, formada por varias asociaciones internacionales que luchan contra la explotación en la cadena textil. Entre ellas está Frente Global de Liberación del Trabajo Forzado, fundado en 1988 por el activista. Pero el primer paso lo dio 20 años antes, cuando puso en marcha una organización para ayudar a los trabajadores de las fábricas de ladrillos, uno de los focos de trabajo esclavo en Pakistán.

Otro era la industria de las alfombras. A uno de sus telares llevaba años encadenado el pequeño Iqbal Masih cuando logró escapar de la esclavitud gracias a la ayuda de Ullah. Su asesinato en 1995 lo convirtió en un símbolo mundial contra la explotación infantil. Tenía 12 años. Hoy, 246 millones de niños y niñas como Iqbal siguen siendo víctimas del trabajo infantil, según Unicef.

¿Qué le trae a España?

La sociedad española está olvidando el mensaje de Jesús de que los niños deben ser amados. Actualmente, en el mercado español, por todas partes, hay productos hechos por niños esclavos. Se venden en las calles, en las tiendas... particularmente en las grandes tiendas de ropa.

Esto viola las leyes internacionales. Intento que la sociedad, así como las multinacionales, se replanteen el mensaje de Jesús. El Papa Francisco ha repetido también que los niños deberían ser liberados de todo tipo de explotación. Yo quiero que esto se haga realidad.

Lo ha mencionado. ¿Cuál es la responsabilidad de las empresas europeas y españolas en esta explotación que usted denuncia?

La industria textil, la segunda más potente del mundo detrás de la de las armas, está muy implicada en la esclavitud. Se van a producir una camiseta a un país empobrecido donde la situación económica y la de los niños es peor. Muchos de estos países se han visto afectados por la guerra.

Las grandes compañías como Mango o Inditex quieren producir una prenda de ropa. En un sitio compran el algodón, como Egipto, Etiopía o Pakistán. Van a teñir ese algodón a otro país. Lo hilan en otro, como India. En otro lugar se elabora la prenda. Y luego van a China. Es un sistema muy organizado, controlado por empresas que explotan a muchas personas, sobre todo mujeres y niños, en enormes partes del mundo.

Se produce un enorme abismo entre los países que compran y los que producen. A veces, para fabricar una prenda no se gastan más de 5 o 10 euros, y pueden venderla por más de 100 euros. Esto pone en peligro la paz en el mundo. Por eso viajo. No tengo una manía especial contra ninguna multinacional en concreto. No es un problema de que a mí me gusten o no, solo sigo unos principios.

Las compañías suelen atribuir estos abusos a los proveedores locales con los que trabajan.

A veces, esta es una propaganda maliciosa de las multinacionales. Intentan confundirnos con este tipo de mensajes. Si un productor en China comete un pequeño error cosiendo un trozo del bolsillo de una camisa, o pone un botón más arriba de la cuenta, ya no quieren que produzcan sus prendas.

Hoy todo se puede controlar por Internet. Están vigilando el proceso desde América, desde España, desde donde sea. La gente está sentada en sus oficinas con sus móviles y si quieren, pueden perfectamente controlar esto. ¿Cómo pueden decir que no saben que hay niños trabajando, si pueden saber hasta que está mal puesto un botón?

Tenemos que cambiar el sistema. Se está pagando nada, o menos de un dólar, a niños esclavos. Dos dólares a las mujeres jóvenes. Esto es esclavitud también. Si se empiezan a pagar cinco dólares, las cosas serán mejor. El consumidor no lo va a notar. Si compran una prenda de ropa, en vez de 30 euros puedes pagar 34. El beneficio de estas empresas es muy grande.

A menudo se defiende que estos niños se ven empujados a trabajar porque son un sustento para sus familias.

Muchas veces, cuando los niños están trabajando, los adultos están en el paro o están siendo muy mal pagados. Si los niños van a la escuela, los adultos tendrán que ir a producir a las fábricas. A veces dicen que si estos niños no trabajan, sus padres morirán. También es propaganda.

Ellos [las empresas] dicen que, en general, los niños están en el mercado local, y que hay un pequeñísimo porcentaje que trabaja para grandes multinacionales. Esto no es verdad. Cuando una multinacional va a estos países marca un modelo de producción basado en la explotación. Los políticos se corrompen en la relación con estas grandes multinacionales y empieza todo un sistema que contagia a las industrias locales.

En los noventa empezamos una campaña contra la esclavitud en la producción de alfombras. Decían lo mismo: “Los niños tienen que trabajar ahí porque tienen unos deditos muy pequeños que son perfectos para tejer”. No era verdad. Introdujimos una marca libre de trabajo esclavo y ahora trabajan los adultos. Sigue habiendo problemas, pero un 40% está libre de explotación infantil. Son propagandas, todo. Como cuando decían que los negros tenían que ser esclavos porque no sabían hacer otra cosa. Siempre hay una justificación para la esclavitud.

También hay quienes sostienen que las condiciones laborales tienen que ver con el propio nivel de vida de los países productores.

Cuando hablamos de los derechos de los trabajadores, hay convenciones internacionales por las que nos podemos guiar. Existen, pero no las siguen. Después del asesinato de Iqbal, introdujeron el sistema de responsabilidad social de las empresas. En los libros está muy bien: proteger el medio ambiente, los derechos de los trabajadores, mínimos salariales… Pero no lo respetan.

Se traen auditorías, que muchas veces están hechas desde los deseos de la multinacional: escogen al auditor, les pagan, incluso diseñan las preguntas. Van, hacen el informe, destacan dos o tres defectos que hay que cambiar, y ya está. Apple, por ejemplo, empieza la explotación desde Congo, donde extraen el oro y el coltán. Desde allí lo llevan a China, a Foxconn, su proveedor. Allí, en el pasado, varias mujeres se suicidaron porque no soportaban las condiciones. Los informes que encarga Apple no dicen nada de esto, solo mencionan un par de problemas. Eso es hacer trampa.

¿Qué pueden hacer los Gobiernos? El Parlamento europeo pidió hace un año adoptar una legislación que obligase a las empresas del sector textil a controlar el respeto de los derechos humanos en toda su cadena de producción, pero aún no se ha movido ficha. aún no se ha movido

Es una declaración muy interesante pero se debe llevar a cabo. Los productos hechos por esclavos deberían ser como las drogas. No se deberían importar, no debería permitirse venderlo. Nadie debería comprar eso, debería ser ilegal. Si compro una droga ilegal, cuando lo paso en la frontera me van a detener. Y si se lo vendo a alguien, también va a ser arrestado. Es muy fácil.

A los manteros, en España, no se les permite vender. ¿Por qué la ley persigue a quienes no tienen permiso para vender pero no persigue estas ventas de productos hechos por esclavos? La ley debería ser igual para todos. Los europeos deberían presionar los Gobiernos para que investiguen en serio, no solo donde se produce, sino el sistema en cadena de explotación. Deberíamos exigirles que certifiquen que sus prendas están libres de esclavitud. Esto sería un paso.

Usted ha participado en la liberación de miles de adultos y niños esclavos, entre ellos Iqbal Masih. ¿Qué recuerdo tiene de él?

Deberíamos mostrar nuestro enorme respeto a Iqbal. Cuando fue asesinado, el 16 de abril de 1995, su voz contra la esclavitud se expandió mundialmente en pocas horas. Fue tan fuerte que continúa. La Universidad de Salamanca, por ejemplo, dedica el 16 abril al Día libre de esclavitud. Otras como Burgos, o Alicante, se han comprometido.

Iqbal era un niño hermoso, muy agradable. Le conocí durante un mitin en 1992. Vi a un niño sentado, escondido. Por mi experiencia, intuí que quería decir algo, pero no se atrevía. Le senté junto a mí, hablé con él. Al rato, me contó su situación. Al principio no se atrevía, pero terminó contándoselo a otros niños.

Para mí, el camino para la liberación es que la víctima se levante y se vuelva más poderosa. Tu cuerpo puede ser libre, pero no tu mente. La víctima tiene que poder ponerse en pie y esto tiene que ver con la educación. Los países, el mundo en general debería fabricar más bolígrafos que armas.

Ahora que vengo tanto a España, mi deseo es que la gente, los estudiantes jóvenes, los consumidores, entiendan que estamos colaborando a la esclavitud, que nosotros mismos somos esclavos cuando compramos cosas hechas por esclavos. Cuanto más compras, más apoyas la máquina de la esclavitud. Tenemos que pararlo.

Su activismo le ha costado varias amenazas, la cárcel y un exilio. ¿Cuál es su situación ahora?

Desde que empecé, adopté dos principios: nunca seré violento en mi lucha y no quiero venganza. Si alguien intenta matarme o hacerme daño, no voy a darle importancia. No quiero reconocimientos. Eso no me importa. He sido amenazado en Suecia varias veces por teléfono. Incluso el jefe de una gran multinacional me llamó.

He estado 12 veces en la cárcel. Me han hecho tortura eléctrica, con agua… Esto es parte del juego. Soy musulmán, pero suelo llevar un símbolo [saca un rosario blanco y lo sostiene en las manos]. Jesús fue crucificado por los derechos de otros. Esta lucha debe continuar.

Hace un año, la Eurocámara lanzó un claro mensaje a la Comisión Europea: era necesaria la creación de una propuesta legislativa que obligase a las empresas del sector textil a controlar el respeto de los derechos humanos a lo largo de toda su cadena de producción. “Solo normas obligatorias pueden garantizar que los productos vendidos en Europa respetan la dignidad y los derechos de millones de trabajadores”, defendió Lola Sánchez, la eurodiputada de Podemos responsable del informe aprobado por una mayoría aplastante.

La votación coincidió con una fecha importante, de esas que estrujan, que rememoran las tragedias en las que puede desembocar la inacción: el aniversario del derrumbe de la fábrica textil del Rana Plaza que provocó la muerte a 1.129 trabajadores, la mayoría mujeres. El informe exigía dejar las medidas voluntarias a un lado y pasar a la imposición. 505 europarlamentarios de todas las ideologías votaron a favor. 49 lo hicieron en contra y 57 optaron por la abstención.

Lola Sánchez, la responsable de la iniciativa, rompió en aplausos entre pequeños botes de alegría en medio de la rigidez habitual del pleno de la Eurocámara. “Sentía una alegría y emoción tal que tenía un nudo en la garganta”, recuerda. “Pero sabíamos que era el primer escalón de una larga escalera”. Un año después, la Comisión Europea no ha recogido el relevo para ascender un segundo peldaño: aún no ha anunciado la realización de la legislación solicitada por la mayoría del Parlamento.

“La Comisión Europea sigue insistiendo en el enfoque de la voluntariedad. En que hay que dar más tiempo a las empresas para que vaya implementando las medidas que ya existen. Esta comprobado que esa dinámica no funciona”, sostiene la eurodiputada. Cinco años después del desplome del Rama Plaza, poco ha cambiado en la industria de la moda, como documenta este reportaje de eldiario.es.

La Comisión no mueve ficha

Este martes, 24 de abril, con motivo del aniversario de la tragedia, el Parlamento Europeo organizó una reunión sobre la industria de la confección. La representante de la Comisión Europea en el acto, la directora adjunta de la Comisión de Desarrollo Marjeta Jager, describió las líneas de trabajo de la institución comunitaria para mejorar las condiciones de las trabajadoras textiles a lo largo de toda la cadena de producción.

Mencionaba proyectos destinados a la concienciación y transparencia de las empresas europeas, así como programas de empoderamiento de las mujeres que fabrican la ropa que acaba comercializada en la UE. No dijo nada de la propuesta de legislación vinculante solicitada un año atrás.

Para Sánchez, la solución está encima de la mesa, pero de momento no ha sido atendida: la imposición un sistema de diligencia debida, similar al diseñado al diseñado para los minerales de zonas de conflicto, que cubra toda la cadena de distribución, como exigió la Eurocámara. “Es indignante que los derechos humanos sean una cuestión voluntaria para nuestras empresas en el exterior. Seguir teniendo confianza en la buena voluntad de las multinacionales sin que haya presión sobre ellas es pedir peras al olmo”, considera la eurodiputada.

La resolución del Parlamento Europeo pide adoptar reglas comunes para que las empresas europeas obliguen a sus proveedores a respetar los derechos de los trabajadores. La iniciativa plantea también utilizar las directrices marcadas por la guía de la OCDE sobre 'Cadenas de suministro responsables en el sector de la confección y el calzado'. “Todo está escrito, solo hay que hacerlo obligatorio”, señala Sánchez.

El informe de la Eurocámara también insta a la UE a mostrar en el etiquetado de las prendas de ropa el “impacto social” que tiene su confección. “El consumidor no es responsable de los abusos, pero es un potencial cómplice. Estaría muy bien señalar en las etiquetas las empresas que lo están haciendo bien, con criterios comunes. Crearía una conciencia social para que la gente piense antes de ir a comprar una camiseta, en un momento en que el consumo se ha convertido en ocio, más allá de la necesidad”.

Pocos saben, por ejemplo, la cantidad de agua necesaria para crear una camiseta de algodón básica: 2.700 litros de agua, según el Foro Mundial para la Naturaleza WWF. El salario de la trabajadora que ha cosido nuestros pantalones es para muchos consumidores una incógnita. Según la Organización Internacional del Trabajo, en Asia, los salarios de la industria textil no llegan generalmente a los 200 dólares mensuales. Son algunos de los datos que, a juicio de Lola Sánchez, deberían visibilizarse en las etiquetas de nuestra ropa.

Pero lo principal, dice, es cambiar la realidad a golpe de legislación, lo que a su juicio ayudaría también a las propias empresas europeas. “Las multinacionales que producen su mercancía en el exterior tienen además un problema con la maraña de normativas voluntarias y recomendaciones. Se encuentran con una malla de cientos de reglas en función del sitio donde importas, de la materia prima, de donde produzcas. Además, para las empresas es muy difícil seguir el rastro del sus proveedores. Por eso, proponemos es una sola regulación”, detalla.

“No hay ninguna respuesta rápida para mejorar el sector de la confección, por eso vamos trabajar con vosotros para mejorar las condiciones laborales en toda la cadena de producción”, concluyó la representante de la Comisión.

Fuentes europarlamentarias sostienen que “funcionarios de la Comisión Europea están organizándose para presionar desde dentro la elaboración de la iniciativa legislativa de textil” pero, de momento, no hay ninguna declaración oficial en esta dirección.

Contactada por eldiario.es, la institución comunitaria responde en la misma línea del discurso formulado por Jager este jueves: proyectos de empoderamiento y sensibilización. “Esto es lo que podemos decir por ahora”, apunta un portavoz de la Comisión Europea.

¿Publican las multinacionales el listado de fábricas proveedoras de sus productos?

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ASICS

ASOS

Adidas

C&A

Clarks

Cotton On Group

Esprit

Gap

H&M Group

Hanes Brands

Levi Strauss

Lindex

Columbia Sportswear

G-Star RAW

John Lewis

Marks and Spencer

New Look

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Nike

Patagonia

Pentland Brands

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Fast Retailing

Hudson's Bay

ALDI

Abercrombie & Fitch

Benetton

Coles

Debenhams

Disney

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LIDL

Loblaw

MEC

Mizuno

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PVH Corporation

Puma

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Tchibo

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Arcadia Group

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Inditex

Desigual

MANGO

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Armani

Canadian Tire

Carrefour

Carter's

DICK'S

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Forever 21

Hugo Boss

KiK

Matalan

Morrison's

Primark

Ralph Lauren

Rip Curl

River Island

Sainsbury's

Sports Direct

Shop Direct

Children's Place

Urban Outfitters

Walmart

Días después del derrumbe del Rana Plaza, cuando el complejo textil de Bangladesh se vino abajo, era común encontrar a personal de ONG o sindicalistas husmear entre los escombros del edificio. Agachados y con la mirada clavada en el suelo, seguían el rastro de unas responsabilidades difíciles de detectar de otro modo. Buscaban etiquetas.

Tras cada una de las tragedias en fábricas textiles, este era uno de los escasos mecanismos con los que contaban sindicatos, ONG y periodistas para determinar el nombre de las multinacionales donde se cormercializaban las prendas fabricadas. La exigencia de transparencia sobre la cadena de suministro de las grandes empresas se convirtió en un objetivo clave para quienes defienden los derechos humanos y laborales de las trabajadoras del sector textil.

Sus últimos análisis evidencian que son pocas las multinacionales que acceden a aportar información clara y accesible sobre sus proveedores a lo largo de toda su cadena de suministro. El reciente informe de la Campaña Go-Transparent suspende a las tres compañías españolas estudiadas: Inditex, Mango y Desigual. Ninguna de ellas cumple uno solo parámetro de los incluidos por las ONG y sindicatos integrados en la coalición creada en 2016 para exigir nitidez a la industria de la moda.

Las nueve organizaciones y sindicatos participantes (Campaña Ropa Limpia, Human Right Watch, IndustriALL, Uni Global Union, la Confederación Sindical Internacional, Red de Solidaridad de la Maquila, entre otras) publicaron en diciembre de 2017 el resultado del “Compromiso de Transparencia” solicitado a alrededor de 70 multinacionales. Las tres empresas españolas analizadas se han negado a difundir de forma pública el nombre de todos los proveedores con los que trabajan en otros países, así como las direcciones de estos o el número de empleados que trabajan en ellas, entre otras cuestiones.

La Campaña solicitaba a las compañías la publicación “en su página web y en un formato accesible” los nombres completos de todas las “unidades de producción y fábricas de elaboración autorizadas” de las que obtenían su mercancía. También debían indicar “las direcciones” de estos establecimientos, la sociedad matriz de la empresa, el tipo de productos fabricados y el número total de trabajadores.

Otro de las exigencias fallidas es la especificación de las principales empresas de suministro de las multinacionales analizadas, que a su vez cuentan con filiales subcontratadas en otros países como Bangladesh, Turquía, Camboya o Marruecos. Sin conocer su nombre, es aún más difícil seguir el rastro de su cadena de producción.

Nivel de transparencia de las multinacionales sobre las filiales responsables de las cadenas de producción

Transparente

ASICS

ASOS

Adidas

C&A

Clarks

Cotton On Group

Esprit

H&M Group

Hanes Brands

Levi Strauss

Lindex

G-Star RAW

MEC

New Look

Next

Nike

Patagonia

Pentland Brands

Under Armour

Opaca

Inditex

Desigual

MANGO

Fast Retailing

Gap

Hudson's Bay

ALDI

Abercrombie & Fitch

American Eagle

Armani

Benetton

Canadian Tire

Carrefour

Carter's

Coles

Columbia Sportswear

DICK'S

Debenhams

Disney

Foot Locker

Forever 21

Hugo Boss

John Lewis

KiK

Kmart Australia

LIDL

Loblaw

Marks and Spencer

Matalan

Mizuno

Morrison's

New Balance

PVH Corporation

Primark

Puma

Ralph Lauren

Rip Curl

River Island

Sainsbury's

Shop Direct

Sports Direct

Target Australia

Target USA

Tchibo

Tesco

Children's Place

Urban Outfitters

VF Corporation

Walmart

Woolworths

Arcadia Group

“Conflicto de competencia entre proveedores”

Según el documento de resultados, algunas de las empresas que no cumplían el Compromiso de Transparencia sí han compartido su listado de proveedores con algún sindicatos u organizaciones específicas. Pero no es suficiente en base a los criterios de la Campaña. “Los datos tienen que ser públicos para ser una empresa transparente. Nosotros entendemos por públicos que se presenten en su web a través de un formato accesible, para que cualquier consumidor, así como los periodistas, puedan acudir a esta información cuando quieran”, apunta Eva Kreisler, portavoz de Clean Clothes Campaign España.

Las compañías españolas suspendidas en transparencia confirman a eldiario.es la inexistencia de un listado público se proveedores. Mango ha señalado que “ratifica la intención y compromiso de aportar la información de sus centros de producción a aquellas entidades que puedan estar interesadas”, pero con una salvaguarda: “Siempre que no exista un conflicto por competencia entre sus proveedoras”. En la actualidad, la compañía asegura que comparte la lista de centros de producción con el sindicato Comisiones Obreras (incluido en IndustriAll), así como con otros organismos “de forma puntual”. También aclara estar trabajando para “una transparencia total”. Cuatro meses después de la publicación del informe del Compromiso de Transparencia.

Según Inditex, la compañía de Amancio Ortega publica “el listado completo de proveedores con la federación internacional de sindicatos IndustriALL y 600 sindicatos en todo el mundo”, así como “otras organizaciones destacadas en la defensa de los derechos laborales como la OIT”. IndustriALL, que engloba a 50 millones de trabajadores es una de las organizaciones que forman parte de la campaña Go Transparent, que exige la difusión pública de los datos.

Según las conclusiones de Go Transparent, Desigual no comparte datos sobre sus proveedores. En este sentido, la compañía catalana asegura estar trabajando “en una mayor transparencia”. Según han indicado fuentes de la empresa a este medio, “en las próximas semanas la compañía lanzará una sección en su website en la que todos los grupos de interés podrán conocer mejor Desigual a través de aspectos corporativos entre los que se incluirá el Código de Conducta de Proveedores”. No obstante, no detalla si añadirán el listado completo de las fábricas y establecimientos de toda su cadena de producción, como exigen las organizaciones especializadas.

No solo suspenden las españolas. Conocidas multinacionales europeas o estadounidenses, como Carrefour, Primark, Abercrombie & Fich, Benetton, Forever 21, Foot Locker, Disney, Armani, entre otras, también son señaladas como opacas por el informe. Entre las empresas que aprueban el “compromiso de mínimos” sobre transparencia acerca de su cadena de suministro se encuentran H&M, Nike, Adidas, C&A.

Con motivo del quinto aniversario del derrumbe del Rana Plaza, la Plataforma Fashion Revolution ha lanzado un nuevo informe que también monitoriza la información aportada por las multinacionales sobre sus proveedores. En base a otros criterios de estudio, la organización concluye que ninguna empresa sobrepasa el 50% de su concepto de empresa transparente.

El documento Fashion Transparency Index 2018 otorga a la española Mango un 18% en transparencia, mientras que las marcas del grupo Inditex Zara, Pull & Bear y Bershka obtienen una puntuación del 42%. Fashion revolution, además de la publicación de la información sobre sus provedores, analiza también el control y trazabilidad de las compañías sobre su cadena de producción, así como las políticas que aseguran llevar a cabo para remediar posibles casos de abusos.

“La transparencia no lo es todo, no hay que olvidar el compromiso de salarios dignos y la seguridad en el trabajo, pero es fundamental para controlar la responsabilidad de las multinacionales”, apunta Kreisler, de la Campaña Ropa Limpia. “A través de estas informaciones se genera más conciencia del consumidor y empuja a que las empresas actúen de manera diligente”.

La experta no comparte la relación entre el aumento de transparencia y un supuesto riesgo de competencia, esgrimida por algunas multinacionales como justificación de la falta de información pública. “Es un mito, no se ha demostrado que pueda repercutir en sus resultados. Sería más fácil fomentar la resolución de estos conflictos y la colaboración entre empresas. Ellas lo saben pero hay un oscurantismo a la hora de informar”.

Si Eva Kreisler tiene que resumir la importancia de la transparencia en la cadena de producción de la industria de la moda, le aparece de nuevo una imagen en la cabeza: “No tiene por qué ser necesario que activistas acudan a rebuscar etiquetas entre los escombros de una edificio derrumbado, como el Rana Plaza o tantos otros, para encontrar responsabilidades. La información clara podría abrir el camino para evitar futuras tragedias”.

En la mañana del 24 de abril de 2013, el Rana Plaza, un edificio a las afueras de la capital de Bangladesh que albergaba, entre otros, varios talleres textiles, se había levantado con grietas en sus muros. Como cada mañana, miles de empleados habían llegado para ocupar sus puestos de trabajo pero, al ver las grandes brechas de las paredes, muchos se negaron a entrar.

Sin embargo, apremiados por los voluminosos encargos, muchos de los trabajadores de los talleres textiles fueron obligados a ponerse frente a las máquinas de coser. Unas horas después, el edificio colapsó, sepultando a más de 1.100 personas, la mayoría trabajadores de esos talleres que cosían para marcas de medio mundo.

Aquel derrumbe parecía que iba a cambiarlo todo en la industria de la moda. El Rana Plaza fue el desastre más mortífero de la historia de la industria textil y, durante semanas, las historias de supervivientes y de familias de víctimas llenaron las portadas de los principales diarios mundiales y abrieron miles de telediarios. Los consumidores exigían a sus marcas favoritas que mejoraran las condiciones laborales de sus trabajadores y las empresas hacían grandiosas promesas de cambios.

Pero la ilusión duró poco. A las pocas semanas del accidente, las ruinas del Rana Plaza desaparecieron de las portadas y las promesas de cambios se fueron diluyendo poco a poco.

“No hay ningún cambio fundamental, al contrario”

Una de las primeras promesas en generar polémica fue el Acuerdo de Bangladesh sobre Seguridad en la Construcción de Edificios y de Instalaciones de Sistemas contra Incendios, al que se adhirieron unas 150 marcas, la mayoría entre ellas, entre las que se incluían H&M, Carrefour, Inditex o Mango.

El acuerdo pretendía establecer las bases para una mayor seguridad en las fábricas con el objetivo de evitar una nueva catástrofe como la del Rana Plaza. Sin embargo, algunas de las principales empresas, como Walmart y Gap, consideraron el acuerdo demasiado exigente y crearon otro esquema, la Alianza por la Seguridad del Trabajador en Bangladesh, que solo funcionaría, sin embargo, para las fábricas que no se rigieran por el acuerdo.

Esos dos acuerdos fueron la principal respuesta de la industria a la catástrofe, asegura Samantha Maher, coordinadora internacional de Acciones Urgentes de la campaña Ropa Limpia, quien califica las medidas de “limitadas”. “No ha habido ningún cambio fundamental en la industria tras lo que ocurrió en el Rana Plaza. Más bien al contrario. El tamaño de la industria está creciendo y nuevos países participan, por lo que se está volviendo cada vez más inestable”, asegura Maher.

Pero el Rana Plaza no puso solo en evidencia la falta de control sobre las infraestructuras en Bangladesh. En sus relatos, las víctimas contaban las duras jornadas y los magros salarios que recibían, una realidad que llevaba décadas siendo expuesta por medios, sindicatos y organizaciones no gubernamentales.

Los medios diseccionaron el volátil modelo de negocio de la industria en el que las marcas cambian de proveedores continuamente para mantener la presión sobre las fábricas y bajar así los precios. Mientras, las ONG y los sindicatos se quejaban por la falta de compromiso de las marcas a la hora de ofrecer compensaciones a las víctimas.

Salarios bajos y acoso a los sindicatos

Cinco años después, poco ha cambiado en la industria. Según la Organización Internacional del Trabajo, en Asia, donde la industria emplea a 43 millones de personas, “los salarios siguen siendo bajos” y casi nunca llegan a los 200 dólares mensuales, a pesar de los incrementos experimentados en algunos de los países.

Según la Organización Internacional del TrabajoAsí, los trabajadores en Bangladesh se beneficiaron de un incremento del 77% en los salarios mínimos poco después del desastre. En Camboya y en Indonesia se aprobaron también incrementos, pero, al igual que en Bangladesh, solo se consiguieron tras violentas protestas.

Pagar ese salario mínimo ni siquiera quiere decir que haya buenas condiciones laborales, recuerda Gema Gómez, directora y fundadora de Slow Fashion Next, una plataforma de divulgación sobre moda sostenible. “Hay quien piensa que un salario legal es un salario justo, pero no es así. Muchas veces no da para lo básico”, afirma Gómez, quien es además coordinadora nacional de la iniciativa Fashion Revolution creada tras el desastre del Rana Plaza para concienciar sobre las condiciones de la industria.

Tras el derrumbe, H&M se convirtió en una de las principales esperanzas de extender el concepto de salario justo cuando prometió implementarlo en todos sus proveedores en 2018. Sin embargo, en su último informe de sostenibilidad, la marca aseguraba que había implementado salarios justos en 227 fábricas, que producían solo un 40% de la ropa que venden. La campaña Ropa Limpia denunció además en un comunicado que H&M estaba intentando “cubrir” el incumplimiento de su promesa y que la empresa no había informado de cuáles son las cantidades que considera salarios justos en cada país.

La situación de los sindicatos tampoco ha mejorado en los países en los que la industria es fuerte. Así, aunque después del Rana Plaza se facilitó el proceso para crear sindicatos en Bangladesh, estos siguen sufriendo el acoso de autoridades y empleadores.

Uno de los últimos incidentes ocurrió a principios de mes, cuando siete líderes sindicales fueron arrestados tras una protesta en una fábrica textil. En Camboya, se aprobó en 2016 una nueva ley sindical que también ha dificultado la defensa de los derechos de los trabajadores por parte de los sindicatos. “Estamos teniendo más problemas para operar. Ahora no podemos utilizar el arbitraje para resolver disputas”, explica Athit Kong, vicepresidente la Coalición Sindical Democrática de Trabajadores del Textil de Camboya (CCAWDU).

Medio ambiente y automatización, los retos del futuro

A pesar de la polémica que suscitó el Rana Plaza y otros escándalos, la llamada Fast Fashion [moda rápida] no ha parado de crecer. En los primeros nueve meses de 2017, las ventas de Inditex crecieron un 10%, hasta 17.963 millones de euros. Las de H&M se incrementaron un 6% en 2016.

Y ha sido precisamente esta rapidez de la industria, casi volatilidad, lo que ha impulsado las ventas. Las tiendas cambian continuamente las prendas que cuelgan en las perchas, alentando al consumidor a hacer compras casi instantáneas. Si no se compra hoy, puede que mañana ya no esté en la estantería. Las revistas de moda, Instagram y los influencers se encargan del resto. En este frenesí, el textil movió en 2016 5.532,7 millones de euros tan solo en España, un 1,5% más que el año anterior.

Sin embargo, tras las estéticas fotos de Instagram se esconde un alto impacto medioambiental. Así, se calcula que la industria textil genera un 5% de las emisiones de efecto invernadero globales, superando al transporte aéreo y marítimo. “Tienen un modelo de negocio que se basa en la venta masiva y con ese modelo, el medio ambiente nunca puede ir de la mano”, asegura Gema Gómez. “Y la industria se está preparando para dar respuesta a una demanda [aún mayor], no para ser más responsables”.

Esta carrera frenética se da también en el lado de la producción y cada vez se abren nuevos centros de producción. En Asia, el país más deseado ha sido Myanmar, aunque muchas empresas se han mudado también a países africanos. “La forma en la que trabajan, cambiando de un proveedor a otro continuamente, ha hecho que toda la industria sea muy inestable”, asegura Samantha Maher, de la campaña Ropa Limpia.

No obstante, algunos de los países en los que los costes laborales se han incrementado han desarrollado estrategias para evitar que las marcas se marchen a otros países. Así, Indonesia aprobó en 2015 una nueva regulación sobre salarios mínimos que está incrementando las diferencias entre provincias y que está haciendo que muchas fábricas se trasladen a las regiones más pobres.

Los trabajadores se enfrentan además a la amenaza de ser sustituidos por máquinas que reduzcan aún más los costes. “Va a ser uno de los grandes problemas en los países donde la industria textil es importante porque no se va a generar empleo”, asegura Gómez.

Y ante este panorama, el consumidor tiene pocas opciones sostenibles. “Los consumidores se lo han empezado a plantear [comprar de forma más responsable]. Pero las alternativas aún no están ahí”, asegura Gema Gómez, quien ha participado en la creación de un Directorio de Moda Sostenible en España.

Sin embargo, para Gómez el futuro será más sostenible. “Quizá no nos estamos dirigiendo a quien deberíamos. A los jóvenes no les resulta nada extraño hablar de sostenibilidad”, asegura. “Aún no sabemos cómo será el consumidor del futuro, pero sin duda se va a plantear estas cuestiones”.

El Bangladesh Center for Worker Solidarity (BCWS) -Centro de Bangladesh para la Solidaridad de los Trabajadores-, es una de las organizaciones de defensa de los derechos laborales más prominentes de Bangladesh. Su directora ejecutiva, Kalpona Akter, se ha acercado a Euskadi para hablar acerca de las condiciones laborales de las trabajadoras de la industria textil, casi cinco años después del desastre ocurrido en la capital del país tras el derrumbe del Rana Plaza.

En el edificio de ocho plantas se confeccionaba ropa que venden las marcas occidentales. El 24 de abril de 2013, hace casi cinco años, el Rana Plaza se colapsó y un derrumbamiento causó la muerte de 1.100 trabajadoras, resultando heridas más de 2.000. Las trabajadoras, que por un salario de miseria trabajaban largas jornadas en condiciones inhumanas, confeccionaban ropa para marcas como Primark, El Corte Inglés o Benetton, quienes confirmaron entonces que tenían acuerdos de producción con alguna de las empresas locales implicadas en el siniestro.

Kalpona Akter es una defensora de sus derechos laborales reconocida internacionalmente que ha participado en las Naciones Unidas y las reuniones informativas para miembros del Congreso de los EE. UU, entre otras, para denunciar esas condiciones a las que se enfrentan las trabajadoras de la confección de Bangladesh cada día. Ha sido entrevistada por medios internacionales como The New York Times o BBC y recibió en 2016 el prestigioso Premio Alison Des Forges de Human Rights Watch por su activismo extraordinario. Ahora SETEM, coordinadora de la Campaña Ropa Limpia por las condiciones en las que estas trabajadoras siguen trabajando, organiza su paso por Euskadi.

Comenzó a trabajar con solo doce años en la industria de la confección y cobraba seis dólares al mes. La despidieron años más tarde y la pusieron en la lista negra por intentar formar un sindicato en la fábrica. A parte de por factores como su edad y su sueldo, ¿por qué las trabajadoras de aquel sitio necesitaban organizarse?

Cuando empecé a esa edad tuve que empezar porque mi padre cayó enfermo, así que primero yo, y luego mi hermano menor de diez años, fuimos a trabajar a la fábrica. Trabajábamos en las peores condiciones laborales: sin conocer la ley ni nuestros derechos. Mi horario era de unas 400 horas cada mes cobrando esos seis dólares. Así que puedes imaginar cómo de largas se hacían esas horas. Nuestros supervisores nos golpeaban sin razón o por errores menores y teníamos que trabajar de pie unas dieciocho horas diarias. No había ni siquiera sillas para sentarnos; si las hubiera, los supervisores las patearían y nos gritarían “levántate”.

Cuando conocí la ley supe que mi horario debería ser de ocho horas diarias, que yo no debería ser golpeada, que mi fábrica debería ser segura, que si había un fuego debería haber salidas de emergencia. En mi fábrica solo había una salida de emergencia y la mitad estaba bloqueada por la mercancía. Con todo esto aprendí algo precioso: yo podía crear un sindicato. Mis compañeras y yo podíamos unirnos para ello y demandar al dueño de la fábrica. Esto es lo que yo realmente no conocía. Todo estaba escrito, pero nada de ello se aplicaba. Es lo que entendimos: si no nos uníamos, no podríamos cambiar nuestras condiciones laborales, las peores condiciones laborales en las que alguien podría trabajar.

El incendio de 2012 en la fábrica Tazreen Fashions, donde murieron 117 personas, y el colapso de Rana Plaza, donde fallecieron más de 1.000, no son accidentes casuales. El dueño del Rana Plaza sumó tres plantas a las cinco originales y en Tazreen Fashions, según un periódico de Dakha, los jefes prohibieron salir a los trabajadores una vez declarado el incendio. A parte de las estructuras o la actitud de los dirigentes, ¿qué viven las trabajadoras a diario en las fábricas?

Sobre el Rana Plaza, yo diría que las trabajadoras no tenían el poder de decir “no” a trabajar allí. Vieron que había unas grietas en el edificio, tenían miedo de ese colapso. Cuando fueron a la gerencia a decir “tenéis que cerrar la fábrica y traer ingenieros que lo revisen. Si no, estamos inseguras en el edificio”, fueron amenazadas de no ser pagadas y empujadas, golpeadas, para entrar a trabajar. No podían decir “no” porque no tenían sindicatos.

En Tazreen Fashions, cuando olieron el humo, los gerentes las empujaron a trabajar a las máquinas. Esta fue la situación. Pero cuando estas dos catástrofes pasaron… Yo no diría que fue un desastre, fue un desastre prevenible. No lo llamaría accidente. Lo que pasó después de esto es que vosotros, los periódicos en todo el mundo, cubristeis lo que pasó. Eso, presionó muchísimo a los gobiernos, presionó a las marcas que se proveían de mi país. Los consumidores también presionaron, y esa presión llegó a mi Gobierno y hubo mucho cambio. Una de las cosas que pasó fue que las marcas globales y los sindicatos locales firmaron un documento legal sobre seguridad que causó un fenómeno en el sector. No la firmaron todas las compañías pero sí muchas, de 400.000 que habrá unas 16.000 tienen acuerdos de este tipo. Llegaron a cerrar unas cuantas por estar en las condiciones en las que estaba Rana Plaza, o algunas que no tenían las salidas de emergencia en caso de incendio tuvieron que instalarlas.

En términos de seguridad las condiciones son un poco mejores, pero los juzgados tienen que continuar su trabajo para no dar pasos atrás. Hay que llevar a esas fábricas a juicio y pedir responsabilidades. Esto es sobre seguridad, pero si hablamos sobre sindicatos no hay demasiada diferencia después de estos dos desastres. Antes, los trabajadores no eran libres de unirse, y aunque ahora con la presión el gobierno ha abierto una pequeña ventana para ello, muy pocas fábricas, igual menos de cincuenta, tienen sindicatos. En este aspecto no hay mucho cambio y el salario medio sigue siendo de 68 dólares al mes. No es suficiente. Se está tramitando una subida, no sabemos de cuánto será pero pedimos que el salario mínimo sean 250 dólares al mes.

Usted fue detenida en Nueva Jersey protestando tras el colapso en el edificio Rana Plaza de Dakha, pero este no ha sido su único problema de este tipo. ¿Es difícil ser activista de esta causa y, además, en Bangladesh?

Antes de ser arrestada en los EE.UU., fui detenida en Bangladesh en 2010. Fue bastante peor que la vez en Nueva Jersey. Estaba ayudando y dando voz a las trabajadoras para revisar los salarios. El gobierno nos culpó de once cargos diferentes a mí y a mis compañeros. Nos detuvieron a mí y a dos compañeros míos, creo que a otro más de otra federación. Estuve un mes en prisión y fui interrogada dieciocho horas seguidas, fue miserable. Fui liberada junto con mis compañeros por la presión internacional pero tuve que enfrentarme a esos cargos hasta 2014.

Mi arresto en Nueva Jersey fue por Rana Plaza: estábamos demandando una compensación para las víctimas. Muchas marcas implicadas, una era Children’s Place, estaban negándose a pagar la indemnización de 71 millones de dólares que demandábamos. Tuvimos que reducirla porque se negaban a pagarla. Ni siquiera la llamaban 'compensación' por su responsabilidad, sino que se referían a ella como una especie de caridad. De aquello fuimos liberadas y hace poco retiraron los cargos, aunque creo que un par de activistas norteamericanas han tenido que enfrentarse a algún tipo de multa.

En cuanto a ser activista: no es seguro. No es seguro en ningún sitio. Los dueños de las fábricas en Bangladesh son muy poderosos, están hasta en el Parlamento. Las marcas a nivel mundial también son muy poderosas porque tienen esas fábricas en muchos países. Pero mi madre, cuando empecé a organizarme y le pregunté “Mamá, soy muy joven, ¿puedo hacer esto?”, me dijo: “Si hay injusticia, siempre hay alguien que puede levantarse y luchar. Si alguien puede, ¿por qué no tú?”. Ella me inspiró y esta frase me ha inspirado toda la vida, y voy a hacer esto hasta mi último aliento.

En Bangladesh hay unas 5.000 empresas de manufactura textil, donde trabajan unos cuatro millones de personas en unas 200.000 instalaciones. ¿Qué porcentaje de estas personas, instalaciones y empresas diría que hay que seguir luchando?

Por todas ellas. Si pensamos en un pastel grande, la seguridad es solo una porción. Hay que hablar de sueldos, de unión laboral, de condiciones laborales, de espacios libres de violencia de género. Hay muchas cosas. No hay seguridad social para nuestras trabajadoras. Tenemos que trabajar por todas ellas y hasta que consigamos todas estas cosas.

En Occidente, a veces es más importante comprar barato que el origen de la ropa. ¿Puede imaginarse la gente las condiciones en las que trabajan las trabajadoras y trabajadores que fabrican lo que llevan puesto?

Creo que el 95% de los consumidores ni siquiera saben de dónde viene su ropa. La ropa barata y la fast fashion no es la solución. Solo piensa en una o dos generaciones anteriores. O de otra manera. Si una chica de 20-25 años que ama la moda y la ropa barata pregunta a su madre cuántos abrigos de invierno tenía, estoy segurísima de que su madre le responderá: “Uno solo durante varios años”. Y le dirá que lo hicieron con amor, que pagó un buen dinero donde lo compró. Hay mucha diferencia porque quien lo hizo cobraría un salario suficiente para mantener una familia, no usaría tanta agua, no habría consumido tanta energía para hacerlo.

Pero la diferencia está incluso en la madre, que seguro que estaba contenta con ese único abrigo durante varios años. La hija, que no conoce las consecuencias de la fast fashion, primero está contribuyendo a que haya salarios inapropiados o no piensa en cuánta agua se usa para crear una sola prenda. La trabajadora que la creó igual se está llevando cinco céntimos por esa prenda. Ni siquiera gana lo que cuesta. Si compras ropa barata no está ganando la trabajadora, sino la compañía que hace negocio con ella. No ayudas a la sociedad, ni a la madre tierra. Los consumidores deberían ser conscientes y alzar sus voces, pido que se compre con responsabilidad.

Entonces, este sentido, el papel que tiene Occidente es dar a conocer estas situaciones y ser conscientes de las consecuencias de comprar así.

Es algo de lo que cada persona tiene que ser consciente. La ropa puede estar hecha en Vietnam, en India, en Myanmar, en China… Pero las condiciones no son buenas, no es Europa, no es EE.UU. Son todos esos países los que hacen producciones masivas. Solo piensa en la persona que está haciendo ropa para ti. Es necesario. Estos países y esas compañías tienen intereses de negocio. Ellos se llevan el gran beneficio. Antes de comprar solo piensa: ¿Deberías comprarte tanta ropa? ¿O deberías comprar una buena prenda que cueste un buen dinero para ayudar al progreso?

La Campaña Ropa Limpia es una red internacional de ONGs, sindicatos y organizaciones de personas consumidoras que trabaja para mejorar las condiciones de las trabajadoras y los trabajadores de la industria global de la confección. ¿Para ellos es más difícil cambiar esa mentalidad occidental o cambiar el sistema dentro de las industrias en esos países?

Yo diría que el sistema dentro de las industrias. Pero tanto en los que producen como en los que proveen. Es un negocio que nunca ha cambiado. Hasta los consumidores lo saben: sin ellos no hubiera habido cambios en la seguridad. Son los consumidores los que cambian las cosas. Pero son el negocio y las compañías las que no han cambiado. Si retrocedemos 150 años veremos que este negocio estaba en Nueva York, en la capital de la moda. O en Milán, en Italia. Allí se alzaron voces por mejores condiciones laborales y mejores salarios. Lo que hicieron las compañías fue mover los negocios al sur de EE.UU., o a México. Luego se movieron a Europa, luego a Asia. Si miramos, vemos que las compañías son las que no han cambiado nada excepto el sitio donde producen. La Campaña Ropa Limpia hace un trabajo impresionante, están sensibilizando y educando a los consumidores y están trabajando con los responsables políticos en la Unión Europea. Pero debemos poner más presión en las compañías para hacer cambios.

Cuando se cumplen 4 años del colapso del Rana Plaza, la mayor tragedia textil que sepultó a más de mil personas, viajamos al Parlamento Europeo para hacer un programa especial desde allí y saber qué medidas se están tomando para garantizar que la ropa que llevamos se fabrique sin violar los derechos humanos.

Entrevistamos a Lola Sánchez (eurodiputada de Podemos en europa) y Arne Lietz (eurodiputado socialista alemán, SPD) que acaban de presentar una iniciativa que exige el cumplimiento de los derechos humanos en el sector textil. Y conocemos la situación en la que trabajan en países como India gracias a Aruna Jayaram que trabaja sobre el terreno para Human Right Watch.

Recuerda que este programa es solo posible gracias a ti. Difúndelo y, si puedes, hazte Productor o Productora de #CarneCruda.

Tengo una boda. Tengo una entrevista de trabajo. He engordado cinco kilos tras un parto. Tengo un jirón en la camisa. Tengo una presentación. He madurado y ya no voy a vestir más así. Paso frío con el chaquetón. Tengo niños que devoran la ropa… Tengo decenas de razones para comprar ropa a lo largo de mi vida. Pero soy una persona concienciada y con principios. No me gustaría comprar en esas cadenas que explotan a trabajadores del tercer mundo... ¡Pero entonces, no sé qué hacer!

Cada día miles de españoles tienen que comprar ropa y muchos se hacen esta pregunta. La ropa es un bien de primera necesidad para el que, por el momento, no hay alternativas éticas asumibles para la mayoría de la población. El consumo responsable es para muchos un oxímoron. Para otros un tratamiento paliativo del capitalismo. Para los posibilistas una salida honesta para lidiar con el sistema día a día.

Pero consumir de forma responsable es consumir. Y ahí es donde la ética y el bolsillo chocan con demasiada frecuencia. Por no hablar de la buena voluntad y la falta de información, que en muchas ocasiones van de la mano en campañas de boicot a una determinada marca que nos terminan empujando a comprar otra igual o peor.

La BBC ha destapado hace unos días el escándalo de que conocidas marcas internacionales utilizaban mano de obra de refugiados en sus talleres de Turquía. En España, Inditex y Mango tienen contratado como proveedor a la empresa turca que habría cometido estas tropelías. La primera y lógica reacción surge de las páginas de este diario. “¡No compremos ahí!”. Pero la pregunta que surge es casi obligada. Entonces, ¿dónde compramos?

Terror en el centro comercial

Prácticamente todas las marcas que acaparan nuestras principales calles y centros comerciales producen fuera de la Unión Europea (tampoco estar en territorio UE supone estar libres de incumplir derechos fundamentales). Si buscamos una alternativa a Inditex o a Mango… ¿dónde acabaremos? ¿Comprando en H&M? Supongo que ya saben lo que pasa con la ropa vendida por Alcampo. ¿Entonces? Venga, pensemos más marcas. Está la irlandesa Primark, la italiana Benetton, las marcas comercializadas o producidas por El Corte Inglés (Sfera es del grupo), venga, pensemos otra. ¿No hay una marca en la que podamos comprar con la conciencia tranquila?

La solución no es el mercadillo ni mucho menos esas cadenas de tiendas de nombres impronunciables que están ocupando el centro de las ciudades. Si para las ONG rastrear la producción de empresas cotizadas y altamente sindicalizadas es difícil… ¿se imaginan cómo rastrear esas sociedades inescrutables?

La tienda del barrio, desengáñese. Compra en Cobo Calleja. Bajo esa marca francesa e italiana se extiende un lavado de cara de márketing del low cost que ya ha ocupado prácticamente todos los espacios. La que dice que va a París a comprar lo hace a un mayorista que a su vez produce en Vietnam. Mire la etiqueta, no se llevará a error. En París (cerca) solo produce Hèrmes. Mejor no comentamos el precio.

Algunas marcas están haciendo un gran esfuerzo por producir en España, para controlar toda la cadena, o en asegurarse la ética del modelo. Para el consumidor concienciado hay alternativas. Algunas web como esta de moda sostenible tienen recopilatorios de marcas (la mayoría con tienda online), que trabajan los materiales orgánicos, la producción local y el diseño artesanal.

Pero como en el caso de la comida, el precio de ser sostenible es alto. Frente a una camiseta de siete euros de media en algunas de las tiendas de Inditex, las marcas sostenibles rondan los 30 euros. Lo barato sale caro. Pero el cambio de modelo implica que quien lo pueda asumir debe aprender en muchas ocasiones a pagar más. Pero lo caro no es accesible para muchos. Y lo que no es de recibo es culpabilizar a otros ciudadanos por ello.

De comprar “ahí” a comprar “eso”

¿No hay solución entonces? Sí, y no se puede olvidar que en muchos aspectos se ha mejorado. Pero lo radical sería cambiar el patrón de consumo. Elegir ropa alejada de las tendencias, piezas básicas y de buenos materiales. Menos cosas pero de mejor calidad. Lo que llaman “inversión de fondo de armario” no es una frivolidad. Puede ahorrar mucho dinero y hacer el mundo un poco mejor. Pero para eso hay que cambiar el chip y pensar en tener tres camisetas en lugar de trece. En renunciar a llevar los agujeros en los hombros y en los pantalones para estar a la moda. Si sabemos que se va a pasar en dos temporadas, esa prenda no nos vale.

La solución no pasa tampoco por demonizar el Made in China. ¿Saben de esas marcas de lujo que pone que están hechas en Italia y es mentira? Cada vez más empresarios que intentan producir en España denuncian que algunas marcas están descosiendo en sus almacenes las etiquetas para cambiarlas por un “Hecho en España”. Que esté hecho en un lugar o en otro no es el problema. El problema es que se cumplan unos derechos que son universales y no patrimonio europeo.

Debemos presionar a los gobiernos, los nuestros y los de los países productores, para que hagan cumplir las normas. Por supuesto que debemos ejercer nuestra poder como consumidores, pero no asumiendo nosotros la responsabilidad de lo público. Hay una dejación de funciones por parte de los Estados en hacer cumplir la ley. Y la consecuencia es que es casi imposible para un ciudadano comprar una prenda de ropa con tranquilidad de conciencia.

Estados Unidos y Reino Unido tienen leyes que prohíben la importación de productos con trazas de trabajo esclavo, especialmente centrada en los minerales de sangre y también en ser más transparentes con toda la cadena de producción. La prohibición bien aplicada supone una vuelta total a las relaciones con proveedores que algunas firmas como Apple tenían con los vendedores de minerales que se extraían del Congo. Paradójicamente, ninguno de estos dos países anglosajones es conocido por la defensa de los derechos de sus trabajadores.

España, y la Unión Europea, necesitan leyes similares e incluso más restrictivas que abarquen desde la producción de alimentos (el cacao está a veces tan manchado de sangre como el coltán) a la producción textil. Una moción del Parlamento Europeo instó a la Comisión a legislar en este sentido y ¿saben qué pasó desde entonces? Nada. También necesitamos iniciativas desde el espacio público como la contratación ética que en pequeña escala están desarrollando ayuntamientos como el de Madrid.

Pero sobre todo, lo que no podemos es culpabilizar al ciudadano, vecino, amigo, compañero, por comprar una determinada marca. Lo que compramos ya debería haber pasado los controles mínimos. ¿Es responsabilidad del consumidor comprar un alimento en mal estado? ¿Debemos presionar a las empresas para que vendan agua potable? ¿Entonces por qué recae en nosotros obligar a las compañías a que cumplan los derechos fundamentales? Nos escandalizamos porque alguien compre un Volkswagen después de saber que trucaran los motores. ¿En un país que no ha tomado ni una sola medida para castigar al defraudador?

No sé cómo, pero lo han logrado otra vez. Que nos censuremos entre nosotros por un vacío legal y moral que han creado ellos. Una jugada maestra que devuelve a la esfera de las decisiones privadas las obligaciones que se deberían de cumplir desde lo público. Y no se trata de eximir de su responsabilidad a la empresa. Al contrario. Lo que debería es recibir una sanción ejemplar, más allá del rasguño de dejar de comprar unos miles de camisetas.

Impongámonos retos razonables. Compremos lo que necesitemos acabando con este modelo de consumo barato y rápido. Pero también forcemos el cambio en lo público para que se actúe con decisión. Mi voto debería valer más que el cambio de marca de mi cartera.

Un juzgado en Bangladesh ha acusado formalmente a 38 personas de asesinato por las muertes que ocasionó el derrumbe del edificio Rana Plaza en Blangladesh en 2013, informa The Guardian. Entre los imputados figura el dueño de la fábrica en la que se elaboraban prendas para ser vendidas en países ricos, entre otros destinos. En el accidente fallecieron 1.135 personas.

Entre los acusados, además del propietario Sohel Rana y otras 37 personas imputadas por asesinato, hay tres personas acusadas de ayudar a Rana a escapar del país tras el suceso. Rana finalmente fue capturado, cuando intentaba llegar a India.

Según informaron las autoridades, de las 41 personas acusadas, 35, incluyendo Rana, se presentaron ante la corte y se declararon no culpables. Del resto, seis personas permanecen fugitivos y serán juzgados en ausencia.

Si fueran considerados culpables de este delito, los acusados podrían enfrentarse a la pena de muerte. Varias organizaciones de derechos humanos recuerdan que ya se han archivado 12 causas sobre el suceso del Rana Plaza, informa El Mundo.

La tragedia del Rana Plaza, el próximo 24 de mayo de 2013, fue el derrumbamiento más mortífero de un edificio después del 11-S. En este caso, las condiciones de la fábrica en la que miles de personas (sobre todo mujeres) cosían para marcas internacionales no cumplía con los mínimos exigidos.

Dos años después, en 2015, más de la mitad de las empresas multinacionales envueltas en aquel derrumbamiento todavía no habían reunido el dinero acordado para compensar a las víctimas, una suma de 30 millones de dólares. La cifra se fijó tras el accidente en el acuerdo Rana Plaza, impulsado por Labor Rights y la campaña internacional Ropa Limpia.

Debate sobre las condiciones en Bangladesh

Este derrumbe abrió de nuevo el debate sobre las deplorables condiciones de las fábricas de la industria textil en países como Bangladesh, que utilizan importantes marcas de ropa. En ese edificio había varias fábricas que hacían ropa para marcas como Primark, Matalan y Benetton.

Tras el accidente se lograron mejoras en ciertos aspectos de la seguridad laboral dentro de las fábricas en el país, el salario y la posibilidad de reunión en sindicatos.

El desastre llevó a la creación de dos comisiones internacionales con la intención de valorar y poner en marcha medidas de seguridad para las miles de fábricas textiles que hay en Bangladesh. La mayoría de las empresas europeas firmaron el Acuerdo sobre fuego y seguridad de edificios de Bangladesh, que afecta a más de 1.600 fábricas utilizadas por marcas como H&M, Marks & Spencer y Primark.

Varias organizaciones sociales denuncian que todavía hay que realizar más esfuerzos para respetar los derechos laborales en las trastiendas de las principales firmas textiles que se asientan en el país asiático.

Los aniversarios se prestan a la rendición de cuentas. Y los tres años transcurridos desde la mayor tragedia de la industria textil de la historia, el hundimiento del edificio Rana Plaza en Bangladesh, dejan algunas promesas en el aire. Primero, las indemnizaciones económicas a las víctimas y familiares, que se cumplieron hace solo medio año tras una campaña importante de presión de diversas ONG. Pero son los progresos en materia de seguridad laboral los que no se han completado. En una acaparadora mayoría de fábricas, 1.338, la rehabilitación y reparación de problemas detectados en inspecciones van con retraso. Y sobre todo, los trabajadores tienen los mismos problemas que tenían para defender sus derechos. Un tercio de los sindicatos que se formaron después de la tragedia han acabado desapareciendo a resultas de las presiones, hostigamiento, despidos e incluso palizas confesadas por sus miembros, según el informe Rana Plaza 3 years on, de Clean Clothes Campaign.

El interés ciudadano por un incidente en el que murieron 1.134 personas y quedaron heridas cerca de 2.500, pero que sobre todo arrojó luz definitiva sobre las condiciones de trabajo de los talleres y fábricas textiles que en países menos desarrollados proveen de género a grandes marcas de moda, ha introducido –algo positivo- una mayor transparencia en la actuación de las compañías.

Por ejemplo, sabemos que el gigante español Inditex contribuyó con 1,63 millones de dólares al fondo global de 30 millones que en verano pasado (¡un año tarde!) se logró cubrir para compensar a las víctimas. Benetton, por su parte, puso 1,1 millones. Y C&A, uno. Mango, El Corte Inglés, GAP, Wallmart, Bonmarché y H&M también han destinado dinero, pero no han hecho pública la cuantía específica, según consta en la lista de donantes de que informa el comité de coordinación del Acuerdo del Rana Plaza que pactó la creación de un fondo fiduciario para los afectados. La lista deja claro, en todo caso, que las mayores aportaciones no las han desembolsado las grandes marcas. Basta con ver que 16 millones, más de la mitad, la puso el Fondo Humanitario de los Trabajadores del Metal, el mayor sindicato industrial de Norteamérica. El objetivo inicial del fondo era de 40 millones, aunque luego se rebajó a 30.

Según Clean Clothes Campaign, que ha elaborado un estudio sobre lo ocurrido en estos tres años, Sohel Rana, el dueño del maldito edificio derrumbado, y los propietarios de las cinco fábricas individuales en él (Ether Tex, New Wave Bottoms, New Wave Style, Phantom Apparels y Phantom Tac) no han hecho aportación alguna al fondo. De 41 personas acusadas, solo Rana y un inspector de edificios, Rajdhani Unnayan Kartripakkha, están entre rejas.

Pero además del dinero, a resultas de la tragedia hace tres años se firmó también un acuerdo sobre seguridad en la construcción y en materia de prevención de incendios en Bangladesh para evitar que una cosa similar volviera a ocurrir. H&M, uno de los gigantes mundiales de la distribución de moda, es la mayor compradora de ropa confeccionada en Bangladesh, donde cuenta con 229 fábricas que le proveen de ropa, y hace tres meses se declaró un incendio en una de ellas (Matrix Sweaters), por suerte antes del inicio de turnos del personal. Cada paso que da, pues, resulta crucial para evaluar los progresos en materia de seguridad y condiciones laborales que se han logrado desde 2013.

H&M fue la primera compañía que corrió a firmar este acuerdo, que es vinculante, y al que luego se sumaron 200 marcas, distribuidores e importadores. El objetivo del acuerdo era asegurar inspecciones independientes en las instalaciones de confección, arreglar lo que resultara negativo de las inspecciones, garantizar el derecho de un trabajador a rechazar trabajar en condiciones poco seguras y facilitar con transparencia toda la información al respecto. Fue un avance rompedor para perseguir la seguridad laboral en toda la cadena de la producción y distribución.

El problema ha sido la implementación de las cerca de 2.000 inspecciones que había que realizar, “la batalla real”, remarca Clean Clothes. Después de una ardua presión, en abril de 2016 se habían completado 1.453 inspecciones. Casi un centenar de fábricas aún no ha elaborado un plan para corregir las condiciones laborales inadecuadas. De los nada menos que 108.538 riesgos para la seguridad del trabajador detectados, los más comunes son la falta de salidas de emergencia en caso de incendio, problemas con la integridad estructural de los edificios e instalaciones eléctricas inseguras. Actualmente, un 43,7% de los problemas identificados por los inspectores en una primera fase aún no se ha corregido. Y de los nuevos problemas detectados en una segunda inspección, un 56,1% tampoco se han completado.

Una acaparadora mayoría de fábricas, 1.338 en total, llevan retraso en relación al calendario previsto en la rehabilitación y reparaciones previstas.

Protesta contra H&M

Pese a los avances que las ONG reconocen en la actitud de H&M en materia de transparencia, “un 70% de sus fábricas proveedoras estratégicas no disponen a día de hoy de puertas adecuadas a prueba de incendio”, apunta la entidad ONG Setem. En 2010, en una de las instalaciones, la de Garib&Garib, de la que es cliente el grupo sueco de moda, murieron por falta de salidas de incendio.

El 3 de mayo, el International Labour Rights Forum, United Students Against Sweatshops y Clean Clothes Campaign llamaron a la movilización coincidiendo con la celebración de junta de accionistas de H&M. Según Setem, que  coordinaba las protestas en Barcelona y Tarragona, las movilizaciones se programaron en 40 ciudades. “La idea es movilizar a la opinión pública, y entregamos firmas a distintas tiendas de H&M”, apunta una portavoz de la entidad.

Movilizarse no cuesta cuando uno escucha a Aleya Akter, secretaria general de la federación de trabajadores de la industria y la confección de Bangladesh (BGIWF, en sus siglas en inglés), que ha trabajado en el sector desde los nueve años. Akter explica su historia brutal en Our voices, our safety, un recopilatorio de opiniones del textil bangladeshí publicado por el International Labour Rights Forum que encoge el corazón, donde muchas trabajadoras denuncian abusos físicos y mentales y afirman “no tener valor” ni “alma”. “Tras un auge inicial del activismo sindical, estos avances aparentes se han ido erosionando, y la represión sindical vuelve a ser la norma”, concluye el informe de Clean Clothes. 44 de los nuevos sindicatos de los 300 que llegaron a crearse han sido forzados a cerrar, mediante despidos, renuncias forzadas y otras tácticas intimidatorias.

Aleya Akter mete el dedo en la llaga cuando explica que “todo depende de los compradores. Si el comprador dice que no dará trabajo al proveedor si no hay un sindicato, nadie podrá evitarlo”. Los compradores son, caro, las conocidas marcas que nos visten.

Veremos qué podremos contar en el cuarto aniversario de la tragedia.

Las autoridades de Bangladesh acusan de asesinato al dueño de la fábrica textil Rana Paza y a otras cuarenta personas por su implicación en el derrumbe de la factoría en 2013 en el que murieron más de 1.100 trabajadores. Según publica el New York Times, los cargos alcanzan no solo al dueño, Sohel Rana, sino también a sus padres y a más de una docena de funcionarios gubernamentales.

En un principio, los investigadores dijeron que a los acusados se les imputaría el delito de homicidio culpable, pero conforme avanzó la investigación y dada la gravedad del suceso -el peor accidente industrial que ha sufrido Bangladesh-, decidieron cambiar los cargos al de asesinato.

Si fueran considerados culpables de este delito, los acusados podrían enfrentarse a la pena de muerte. En el caso del homicidio culpable, la pena máxima es de siete años de prisión. La vista oral tendrá lugar el 28 de junio y en ella se decidirá el futuro del caso.

El cambio se produjo una vez que la investigación descubrió que el dueño del edificio y los cargos de confianza que tenía en las cinco factorías que albergaba obligaron a los trabajadores a entrar en la fábrica en contra de su voluntad el día del accidente. Los trabajadores no querían acceder al edificio porque el día anterior ya había sufrido daños.

En un caso separado, los acusados también tendrán que hacer frente a cargos por violar la normativa de seguridad en la construcción del Rana Plaza, ya que añadieron varios suelos a los originales y, más tarde, construyeron pisos superiores que conviertieron en fábricas.

En el derrumbe murieron 1.137 personas y más de 2.500 resultaron heridas. El accidente, que tuvo lugar a las afueras de Dhaka, la capital del país, supuso una llamada de atención sobre las condiciones de trabajo de la industria textil en Bangladesh.

Asala rehuye mirar a la cámara mientras relata el peor día de su vida. Señala el brazo con la piel quemada y unos surcos que van desde la muñeca hasta más allá del antebrazo. “Nunca más podré volver a trabajar. No me pude costear el tratamiento después del accidente, intenté curarme las heridas pero no cerraron bien”, lamenta.

El próximo 24 de mayo se cumplen dos años del derrumbamiento más mortífero de un edificio después del 11-S. 1.132 personas perdieron la vida, según contabiliza la organización Labor Rights, y más del doble resultaron heridas en el derrumbamiento de la fábrica textil de Rana Plaza en Bangladesh. Heridos como Asala, cuyo testimonio fue recogido en un reportaje de la BBC, que nunca más podrán volver a trabajar en un país donde la seguridad social o las pensiones por invalidez están dentro de los límites de la utopía.

Dos años después, más de la mitad de las empresas multinacionales envueltas en aquel derrumbamiento todavía no han reunido el dinero acordado para compensar a las víctimas, una suma de 30 millones de dólares. La cifra se fijó tras el accidente en el acuerdo Rana Plaza, impulsado por Labor Rights y la campaña internacional Ropa Limpia.

Eva Kreisler, portavoz en España de Ropa Limpia, lamenta que a un día del segundo aniversario de la tragedia, todavía faltan 6 millones de dólares para completar ese fondo de compensación acordado. “Es vergonzoso que se esté tardando tanto en compensar a las víctimas si tenemos en cuenta la cantidad de dinero que facturan al año las multinacionales implicadas”.

Entre las empresas que se comprometieron a compensar a las víctimas destacan multinacionales tan importantes como Mango, Inditex, Wal Mart, El Corte Inglés o Primark, no obstante, sólo algunas indican si han aportado ya el dinero y la cantidad a la que se han comprometido. La irlandesa Primark, por ejemplo, hizo pública en su momento la donación de un millón de dólares, una cantidad similar a la que aportó C&A y Benetton (1,5 millones de dólares). Kreisler considera que uno de los principales problemas es que la mayoría de montos aportados son “rácanos”.

Desde El Corte Inglés, una de las compañías cuyas fábricas subcontratadas producían en Rana Plaza, afirman que el hecho de no hacer públicas las donaciones se debe a un criterio acordado entre todas las empresas para no competir por ver quién aporta más. “Es una estrategia equivocada –sostiene Kreisler– en vez de asumir la responsabilidad legal de la tragedia, intentan evitarla”. Inditex –que no ha ofrecido declaraciones a este medio– es otra de las transnacionales que, aunque figuran en la lista de donantes, no han publicado cuánta cantidad han aportado. Tampoco si han colaborado o no.

En otro extremo aparte están las marcas americanas como Walmart y GAP, que rehuyen cualquier responsabilidad y todavía no se han comprometido a compensar a las víctimas de ninguna manera.

Uno de los organismos involucrados en la mediación entre empresas y sindicatos a través de este tipo de acuerdos es la Organización Internacional del Trabajo. Su presidente en España, Joaquín Nieto, considera, desde una perspectiva algo optimista, que aunque no se ha hecho lo suficiente, se han conseguido bastantes cosas. “La diferencia con respecto a otras ocasiones es que esta vez ha habido acción”, comenta en declaraciones a este medio al tiempo que reconoce que el fondo de compensación se debería haber completado hace tiempo.

Un mayor compromiso en la seguridad

Tanto Kreisler como Nieto coinciden en que, más allá de las indemnizaciones, se han logrado mejoras en ciertos aspectos de la seguridad laboral dentro de las fábricas. El responsable de la OIT recuerda que 192 marcas internacionales han firmado ya el acuerdo Accor, en el que participan la patronal, los sindicatos y el Gobierno de Bangladesh, y en el que aparecen una serie de compromisos en materia de seguridad.

De hecho, en el último año se han efectuado unas 125 inspecciones y se pretende abarcar un total de 600 fábricas. El objetivo, según Ropa Limpia, es reforzar los pilares de los edificios, mejorar el tendido eléctrico para evitar más incendios e iniciar una última fase en la que se creen comités de Salud y Seguridad elegidos por los trabajadores en los que se incluya la posibilidad de transmitir quejas sobre el estado de los edificios. La responsable de la campaña recuerda que muchos trabajadores se negaron a trabajar el día del derrumbamiento de Rana Plaza porque observaban grietas en el edificio.

Las inspecciones parecen ser efectivas: hasta 19 fábricas han sido desalojadas desde que comenzaron las revisiones por incumplir requisitos básicos. Para Kreisler, este hecho es una muestra de que el derrumbamiento le podría haber ocurrido a cualquier empresa en Bangladesh.

Otra de las mejoras que han logrado las negociaciones, también gracias a las protestas de los trabajadores, es “un aumento del salario mínimo en el país en un 70%”, afirma Eva Kreisler. No obstante, “aunque parece un aumento significativo, sigue sin llegar para vivir dignamente, ni siquiera con el complemento de muchas horas extras”, precisa la portavoz.

Un modelo de producción injusto

Tanto Rana Plaza como todas las violaciones de derechos humanos que se cometen en las fábricas de ropa son producto, según reivindica la campaña Ropa Limpia, de un modelo de producción injusto y desigual en el que las empresas tienen un blindaje legal desproporcionado en relación al de los trabajadores. “No es sólo una cuestión moral, deberían tener una exigencia legal, pero hay una gran impunidad”, indica Kreisler en relación a la compensación de las víctimas del accidente.

La portavoz explica que aunque las empresas líderes del sector empiezan a asumir que tienen responsabilidad, “todavía estamos muy lejos porque los intereses y los lobbies son muy fuertes, tienen sus propios organismos y hacen que no interese legislar en este sentido”.

Joaquín Nieto (OIT) entiende que, al igual que con el fondo de compensación, las negociaciones en materia de derechos humanos “van mucho más lentas de lo que demanda la realidad” ya que más de 2,3 millones de personas en el mundo mueren a causa de accidentes laborales o enfermedades. Destaca, no obstante, que en el G-20, después de Rana Plaza, se planteó una declaración a nivel mundial sobre salud y trabajo que puede marcar “un antes y un después” en el modelo productivo de la industria.

Más allá de la aprobación de un marco legislativo internacional que garantice la protección de los derechos, Eva Kreisler propone una serie de medidas más sencillas en el medio plazo como son los compromisos de transparencia por parte de las empresas, garantías para que exista negociación colectiva entre patronal y sindicatos y una rendición real de cuentas ante todo lo que ocurre en las subcontratas.

“No fue un accidente, fue un homicidio”. Es lo primero que explica la portavoz de la Campaña Ropa Limpia-SETEM de Catalunya, Marta Solano, cuando se le pregunta por la tragedia del Rana Plaza. Según ella, “se hubiera podido evitar” si las condiciones laborales y el protocolo de seguridad hubieran sido los adecuados. Un año y medio después de aquel accidente en Savar, en la periferia de Daca (Bangladesh), las consecuencias aún son, en muchos casos, insalvables. Y es que esta república popular de Asia meridional situada en el golfo de Bengala, ha sido durante demasiado tiempo, y para demasiadas multinacionales del textil, un macro taller donde descuidar la normativa con total impunidad.

El 24 de abril de 2013 se derrumbó el edificio Rana Plaza, que acogía 5 fábricas de ropa, debido a las malas condiciones del edificio. “Un día antes, muchos trabajadores habían dicho que no irían a trabajar debido al estado de la fábrica, pero les obligaron a hacerlo”, explica Solano. El resultado fue fatal y de dimensiones colosales: 1.138 trabajadores murieron, 2.000 resultaron heridos y 200 niños quedaron huérfanos. “Nos encontramos con que muchos familiares de las víctimas y de las personas heridas que han sufrido amputaciones viven ahora en la indigencia”, añade la portavoz.

Ante este drama, el mundo del cooperativismo internacional se puso a trabajar a través de la Campaña Ropa Limpia, que nació en los Países Bajos en 1989, y que está activa en diez países europeos y coopera con grupos de trabajadores del sector textil organizados en todo el mundo. En febrero de este año se creó el Fondo de Compensación Internacional con el objetivo de hacer frente a la indemnización a los familiares de las víctimas y los heridos de la tragedia de Bangladesh. Desde entonces, algunas empresas han aceptado colaborar, como las españolas Mango, Inditex o El Corte Inglés, pero otros, como la italiana Benetton, han ignorado el llamamiento de las ONG.

“Es la única empresa internacional vinculada directamente a la tragedia de Bangladesh que no ha aportado ni un céntimo al fondo de compensación”, explican desde la Campaña Ropa Limpia. Y eso que hay un puñado de pruebas –como etiquetas y facturas encontradas en la zona– que hacen evidente el vínculo de la empresa con las fábricas. Los activistas piden a Benetton que contribuya con 5 millones de dólares al fondo de compensación para las víctimas, una cantidad que consideran “proporcionada” si se tienen en cuenta los beneficios de la empresa.

Camino del segundo aniversario de la tragedia

Camino del segundo aniversario de la tragediaEn abril se cumplirán dos años de una de las tragedias laborales más importantes. Bangladesh, el séptimo país más poblado del mundo, sigue siendo uno de los países con el índice de pobreza más elevado. La Campaña de Ropa Limpia, liderada por la ONG SETEM en el Estado, no quiere llegar a este aniversario con el Fondo de Compensación incompleto. “Desde la zona nos están pedido apoyo. Por más presión que hagan sobre el terreno, hay que apelar a la conciencia del consumidor occidental”. Y es que la presión popular es la responsable de que otras grandes empresas hayan contribuido con el recaudo, aunque ninguna de ellas ha querido detallar la cantidad.

La acción de este miércoles a las 19:00 horas, a las puertas de la tienda situada en el Portal del Ángel de Barcelona, pretende presionar a la compañía italiana, pero también informar al consumidor sobre las prácticas de la empresa. “La gente tiene que saber, antes de gastarse el dinero, cómo de transparentes y éticas son las empresas donde van a comprar”. Imágenes impactantes de la tragedia y datos hirientes sobre las consecuencias convivirán durante un rato con el paisaje navideño. “No se nos escapa que, en estas fechas, a Benetton no le interesa nada esta campaña, por eso estamos seguros de que, al final, pagarán”, confía Solano.

Además de promover el Fondo de Compensación, las ONG desplazadas a Savar están haciendo un trabajo exhaustivo en términos de seguridad laboral. Desde hace meses han impulsado un protocolo que, hasta este septiembre, había dado lugar a más de 2.000 inspecciones que terminaron con el cierre de decenas de fábricas por su mal estado.

Menos París, que se manifestó ayer, muchas otras capitales europeas se sumarán, aprovechando el Día de los Derechos Humanos, a la reivindicación de hoy. En el Estado, habrá acciones en hasta siete ciudades. Antes de la movilización, tal y como recuerdan desde Ropa Limpia, se ha intentado hablar con las sucursales de Benetton. De hecho, en Catalunya se han enviado cartas a las 55 tiendas de Benetton, sin obtener ninguna respuesta positiva.

El 24 de abril de 2013 se produjo el derrumbe del edificio Rana Plaza, en Bangladesh. Su resultado fue el accidente industrial más grande de la historia, si se descuenta el sucedido antes en Bhopal. Diecinueve meses después, las organizaciones sindicales mundiales y campañas como Ropa Limpia hacen balance de las reacciones producidas tras la catástrofe. El resultado es un acuerdo para mejorar la seguridad del sector y un segundo convenio para indemnizar a las víctimas. ¿Soluciones o parches?

Isidor Boix es miembro de la secretaría internacional de Industria de CCOO y coordinador de IndustriaALL para la aplicación del acuerdo marco surgido del accidente con la multinacional española Inditex. “El accidente supuso 1.127 muertes directas, más de 2.000 heridos y la pérdida del trabajo de varios miles de operarios”. Ante aquel desastre los sindicatos internacionales y organizaciones no gubernamentales como las agrupadas en la Clean Clothes Campaign (Ropa Limpia) pusieron en marcha una movilización global para conseguir mejorar la seguridad de los edificios y la prevención de incendios. A esta campaña se han adherido hasta ahora 192 multinacionales, entre ellas, las españolas Inditex, Mango y El Corte Inglés. También ha habido marcas españolas como Cortefiel y Mayoral, que se han negado a colaborar. Otras multinacionales como Wall Mart y GAP han puesto en marcha otras iniciativas, pero sin que implique ningún acuerdo con el sindicalismo organizado, explica Boix.

Unas 29 fábricas cerradas por inseguras

El acuerdo de prevención de incendios y seguridad de los edificios obliga a las marcas firmantes a aportar hasta 500.000 dólares anualmente a una bolsa común durante cinco años. Paralelamente se ha creado un directorio formado por tres empresas multinacionales, una de las cuales es Inditex y tres sindicalistas.

El equipo mencionado ha puesto en marcha diversas tareas: contratación de 100 inspectores y formación de 200 más. También se ha confeccionado un listado de 1.600 fábricas proveedoras de las marcas mundiales que estarán sometidas a las inspecciones. Cada marca se hace cargo de las fábricas que producen mayoritariamente para ella. Hasta finales de septiembre se han analizado 1.106 fábricas. Tras las inspecciones se han puesto en marcha más de 80.000 acciones ,entre ellas, el cierre de 29 fábricas, de las cuales 17 han sido evacuadas para realizar obras de seguridad.

El acuerdo implica también el pago de los salarios a los trabajadores cuya actividad haya quedado suspendida debido a las reparaciones. Para llevar a cabo las acciones indicadas se ha habilitado una línea de crédito y se ha articulado la creación de comités de seguridad formados al menos en un 50% para trabajadores.

En segundo lugar, para indemnizar a los afectados por el desastre se ha creado un fondo solidario. Este fondo tiene un comité de coordinación en el que está El Corte Inglés. También están presentes el gobierno de Bangladesh, los sindicatos y la campaña Ropa Limpia.

Menos de la mitad de los fondos

El comité ha calculado que hacen falta 40 millones de dólares para indemnizar a los afectados de acuerdo con la norma de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero, hasta ahora, solo se han obtenido aportaciones por valor de 19,4 millones, menos de la mitad.

Boix considera que, con todas las dificultades, el acuerdo alcanzado con las grandes multinacionales y los sindicatos fruto del accidente es una gran novedad y “un triunfo para el sindicalismo mundial”. En especial destaca el caso de Inditex que ha firmado un convenio marco global que fijará los mecanismos indispensables de seguridad a aplicar por parte de todas las empresas que trabajan para la multinacional gallega. El sindicalismo pretende que esta fórmula sea emulada por otras multinacionales textiles como H&M o Benetton.

Diecinueve meses después del accidente de Rana Plaza, el salario mínimo en Bangladesh está situado en 50 euros al mes, un poco mejor que antes de la catástrofe. Se han iniciado procesos judiciales contra algunos de los empresarios implicados y se ha conseguido que las condiciones de trabajo del sector “no sean tan desastrosas”, dice Boix. En este sentido destaca que Bangladesh es un país donde viven 160 millones de personas en una superficie equivalente a un tercio del territorio español. El sindicalismo ha crecido, “pero es fácil crecer a partir del 1% que representaba antes del accidente”. Todo ello con las dificultades que implica un país “con una corrupción brutal”, indica Isidor Boix.

Al calor de la tragedia de Bangladesh, afirma Boix, se han puesto en marcha campañas en todo el mundo para mejorar las condiciones de trabajo en el textil y la confección. Fruto de la globalidad se producen situaciones paradójicas como la que explica que afectó hace dos años en Inditex en Brasil. “Allí hubo una denuncia de trabajo esclavo” y no se entendió que en Brasil con esta denominación se entiende la genérica de trabajo en malas condiciones. “Se hicieron las correspondientes  investigaciones y se ha aclarado el asunto pero por un motivo u otro caso sale periódicamente a los medios de comunicación”, asegura el sindicalista.

Vestidos de negro, sin gritos ni lemas polémicos; en silencio, pero con un símbolo contundente: diez personas portando diez letras: 'Bangladesh'. De fondo, 'United colors of Benetton', el conocido eslogan de la multinacional italiana que, a pesar de proveerse de su fábrica, se resiste a aportar dinero alguno para indemnizar a las víctimas del derrumbe del edificio Rana Plaza, donde murieron 1.138 personas y más de 2.000 resultaron heridas hace un año.

La acción, organizada por la ONG Setem en el marco de su campaña Ropa Limpia, ha intentado “hacer un llamamiento a todas las marcas para que contribuyan al fondo de compensación”, según explican a través de un comunicado que recuerda que, además de Benetton, tampoco han efectuado ninguna aportación Carrefour ni Auchan (Alcampo).

Además, la cantidad total recaudada, queda muy lejos de la necesaria para indemnizar a todas las víctimas del derrumbe. “De los 29 millones de euros necesarios, las marcas solo han aportado la tercera parte”, sentencian desde Setem.

El silencioso acto, que solo ha paralizado el camino de algunos curiosos que transitaban la Gran Vía de Madrid para preguntar por la relación de Bangladesh con la colorida tienda, chocaba con la expectación que rodeaba a los 'Cines Callao', situados a unos metros de la acción, donde cerca de 40 personas esperaban algo sin saber muy bien el qué. “No sabemos, parece que vienen los actores”, se pudo escuhar.

Mientras, después de que alguno de los dependientes de Benetton se acercase a la puerta cristalina de la compañía con cara de extrañeza, la acción en conmemoración de las víctimas del derrumbe concluía. “No seremos muchos, pero hay que estar”, auguraba una de las organizadoras.

Cuando el Rana Plaza se vino abajo hace ahora un año en Bangladesh, Kalpona Akter, una de las defensoras de los derechos de los trabajadores de la industria textil más reconocidas del país –e incómodas para algunos- estaba terminando una gira por Estados Unidos. Unos meses antes, en noviembre de 2012, un incendio en la fábrica Tazreen había acabado con la vida de 112 trabajadores y esta enérgica mujer había emprendido una campaña para exigir la reparación de las víctimas.

Lo peor estaba entonces por llegar. El 24 de abril de 2013 el Rana Plaza se derrumbó, lo que costó la vida a 1.135 trabajadores y dejó a otros 2.500 heridos, para rubor de las grandes cadenas de textil occidentales, cuyos aspectos más oscuros quedaron irremediablemente al descubierto.

Kalpona Akter sabe bien de qué se habla en lo concerniente a las condiciones laborales de un sector que genera en Bangladesh 19.000 millones de dólares al año y que convierte al país en el segundo mayor exportador mundial después de China. Por eso, y porque ella misma tuvo que ponerse detrás de una máquina de coser siendo una niña, ha consagrado su vida a luchar por el cambio.

“Cuando tenía 12 años mi padre enfermó y tuve que empezar a trabajar en una fábrica textil junto con mi hermano de 10 años. Por aquel entonces yo no sabía nada de leyes ni derechos. Cosía ropa para multinacionales los siete días de la semana, en jornadas de hasta 16 horas, ganando poco más de seis dólares al mes por unas 450 horas de trabajo. En la fábrica los abusos eran bastante comunes, nos golpeaban, nos amenazaban con no pagarnos, no había aseos en condiciones y el edificio no era muy seguro. Recuerdo una vez que se produjo un incendio en el quinto o sexto piso y nos dijeron que continuáramos trabajando, que no llegaría al décimo… Menuda insensatez”.

P: ¿Y qué sucedió?

R: Un poco después nos dijeron que teníamos que salir de ahí. Empezamos a gritar y a llorar y tratamos de escapar. Fue muy difícil porque solo había una escalera estrecha que cruzaba la fábrica y gran parte de ella estaba bloqueada por cajas y mercancías.

La experiencia que relata Kalpona recuerda a lo que en alguna ocasión ha contado sobre el incendio en Tazreen. Aquel día, a los trabajadores se les ordenó regresar a sus máquinas de coser con la mala fortuna de que cuando saltaron las alarmas y la existencia del fuego era más que evidente, se encontraron con las puertas de salida cerradas. Nadie pudo localizar a los capataces que tenían las llaves para abrirlas. En el caso del Rana Plaza, los trabajadores habían expresado más de una vez sus reticencias a trabajar en un edificio que presentaba semejantes grietas, pero les obligaban a acudir a la fábrica bajo amenaza de perder el sueldo o engañados sobre la situación real del edificio, supuestas reparaciones que no llegaron a producirse.

P: ¿Cuándo fue consciente de que aquellas condiciones de trabajo vulneraban sus derechos?

R: Hasta que no comencé a leer las leyes y a aprender sobre nuestros derechos pensé que aquello era normal. Es más, creíamos que los dueños de estas fábricas eran gente amable, que nos daban trabajo y que eso nos permitía ayudar a nuestras familias, pero en cuanto adquirí algunos conocimientos me dije “oh, Dios mío, están violando nuestros derechos laborales día tras día”. Antes de eso, no sospechaba nada.

P: Entonces todo cambió.

Absolutamente. Me convertí en sindicalista con 15 años y empecé a organizar a los trabajadores. Me despidieron un año después y como ya no me contrataban en ninguna otra fábrica me dediqué de pleno al sindicato. Después fundé el Centro de Solidaridad con los Trabajadores de Bangladesh, una organización que se dedica a la investigación y a educar a los trabajadores para que adquieran conciencia de sus derechos, para que aprendan a organizarse y a luchar por ellos. Desde entonces ya no he parado.

Es domingo y Kalpona Akter explica su historia a eldiario.es desde su oficina, en Dacca, rodeada de carpetas y documentos que dan fe de la devoción que esta mujer de 37 años siente por su trabajo. Estos días anda ocupada en los preparativos del primer aniversario del desastre del Rana Plaza: ruedas de prensa, conferencias y una cadena humana con la que piensan rodear el lugar en el que se alzaba el edificio siniestrado con el fin de “llamar la atención en favor de los sobrevivientes y los familiares de los fallecidos”. Todo ello con un objetivo: contrarrestar el olvido. “Es importante que los medios de comunicación sigan hablando de esto, que no se olvide”. Su actividad es casi tan permanente como su sonrisa, a pesar de que no siempre lo ha tenido fácil.

P: ¿Cómo es el trabajo de una sindicalista textil en el segundo país que más ropa exporta, con cuatro millones de empleados en el sector y en el que los salarios se consideran los más bajos del mundo?

R: No es fácil. No es nada fácil trabajar como activista por los derechos laborales aquí. El Gobierno declaró ilegal nuestra organización [aunque en agosto de 2013 recuperó su estatus oficial], en 2010 me encarcelaron durante un mes junto a algunos colegas, acusados de cargos falsos por apoyar un incremento de los sueldos. Estamos siempre bajo vigilancia. Lo más duro sucedió el 4 de abril de 2012, un compañero nuestro, Aminul Islam, fue secuestrado y torturado hasta la muerte, y su caso permanece impune. Sabemos que nos siguen, que cualquier cosa podría pasar en cualquier momento. Es verdad que trabajamos con una gran incertidumbre, pero necesitamos que las cosas cambien y para lograrlo a veces es necesario asumir algunos riesgos.

¿Qué ha cambiado después de la tragedia del Rana Plaza?

Habían pasado solo cinco meses desde el incendio en Tazreen y el derrumbe del Rana Plaza nos demostró que podían ocurrir desastres todavía peores. Llegué a la zona tres días después y lo que vi allí es tan difícil de explicar… Había tanto dolor, tantas familias llorando, tanto… -recuerda en silencio-. Son personas que van a trabajar para sobrevivir y que acaban muriendo.

¿Era, de algún modo, un desastre anunciado?

Fue inesperado pero no impredecible. Ni siquiera fue algo nuevo. En 2005 también se derrumbó otro edificio de nueve plantas con dos centenares de trabajadores dentro. Más tarde hemos sabido que son muchas las fábricas cuyas condiciones son similares a las de Rana Plaza, que podrían correr la misma suerte.

Sin embargo, sí que se ha puesto en marcha un Acuerdo sobre seguridad en la construcción de edificios y sistemas contra incendios, el llamado Acuerdo Bangladesh, de carácter vinculante, al que se han suscrito más de 150 empresas, la mayor parte de ellas europeas. ¿Qué ha supuesto sobre el terreno esta iniciativa?Acuerdo sobre seguridad en la construcción de edificios y sistemas contra incendios

El acuerdo es sin duda un paso importante. Por primera vez se han puesto de acuerdo más de un centenar de compañías, eso significa que existe un compromiso por parte de las multinacionales [véase aquí el listado] y ya se están produciendo inspecciones técnicas en las fábricas, en sus sistemas eléctricos, anti incendios, en su estructura… Hasta la fecha se han localizado diez fábricas que han cerrado o tienen que cerrar por problemas parecidos a los de Rana Plaza. Esto antes sería impensable sin un acuerdo de estas características. Aun así, las fábricas no son hoy en día lugares más seguros que hace un año, eso es algo que va a requerir todavía una inversión considerable para que puedan realizarse los cambios necesarios.

Y el Gobierno de Bangladesh, ¿ha respondido?

Personalmente, no puedo decir que las autoridades hayan hecho nada particularmente significativo que me permita decir: “sí, esto se ha hecho”. Tal vez estén en el camino, por ejemplo, se ha anunciado un mayor número de inspectores, pero en la práctica no han sido contratados y tampoco se ha implementado eficazmente la política nacional sobre seguridad e incendios. Lo mismo sucede con los dueños de las fábricas. Hay que tener en cuenta que muchos de ellos forman parte del Gobierno. Más del 10% de los propietarios de la industria textil en Bangladesh están en el Parlamento, tienen conexiones con las multinacionales y se apoyan entre sí.

Paralelamente, se ha creado un Fondo de Compensación para las víctimas bajo los auspicios de la Organización Internacional del Trabajo, ¿cómo va a ayudar esto a las familias?, ¿se están implicando verdaderamente las empresas?

No hay compensación que pueda reparar el dolor y el sufrimiento emocional, eso por un lado. Por otro, respecto a este fondo, inicialmente se pedía una cantidad de 71 millones de dólares a las 29 empresas para las que se trabajaba en los talleres del Rana Plaza y ahora se ha quedado en 40 millones pero aún no se ha llegado ni a la mitad [según la web del Fondo, la cifra actual es de 15 millones de dólares]. Es llamativo por ejemplo el caso de Benetton, que ha firmado el Acuerdo Bangladesh pero que todavía no ha puesto un solo dólar para las víctimas, ¡debería darles vergüenza! Estas familias llevan demasiado tiempo esperando esta compensación, un año es más que suficiente y esto es responsabilidad de las empresas y del gobierno.

Estos retrasos en las ayudas harán más difícil una situación que debe de ser ya de por sí complicada para los sobrevivientes del Rana Plaza…

Sí, la vida de estas familias ha cambiado radicalmente, de muchas maneras. La primera pérdida es emocional y esa ha sido desastrosa para ellos. El accidente les arrebató a sus seres queridos, muchos niños se han quedado huérfanos, sin padres, sin madres… En segundo lugar, muchas familias han perdido a la persona que llevaba el sustento a casa. Hay gente que lo está pasando realmente mal, que no tiene qué poner sobre la mesa, que pasa hambre, que ha tenido que sacar a sus hijos de la escuela por no poder hacerse cargo de los costes de su educación, que no puede volver a trabajar o que no puede afrontar los costes médicos derivados de las consecuencias del accidente.

¿Qué le diría a estas multinacionales que facturan tantos millones al año?

Que tienen la obligación de indemnizar a estos trabajadores, incluso aquellas que ya han hecho donativos al fondo, son cantidades tan pequeñas en comparación… Se les llena la boca diciendo que se preocupan y luego hay personas que mueren por centenares fabricando ropa para ellos. Además, es hora también de que presionen sobre los propietarios de las fábricas para que los salarios sean dignos. A finales de 2013 se incrementaron a 68 dólares al mes (5.300 taka) pero esa cantidad es todavía demasiado pequeña, nosotros pedimos sueldos de 8.000 taka (103 dólares). Nuestros trabajadores merecen salarios dignos.

Muchas de estas empresas presumen de Responsabilidad Social Corporativa.

Lo de la Responsabilidad Social Corporativa es algo que queda muy bien en los papeles pero que no tiene un impacto real en los trabajadores. Muchas de las compañías que trabajan aquí tienen estos planes de responsabilidad social pero eso no ha ayudado nunca a ningún trabajador de Bangladesh.

Y en el último eslabón de esta cadena estamos los consumidores.

Los consumidores también pueden alzar su voz, ir a las tiendas, decirles: “sí, yo quiero esta prenda, pero también quiero saber más sobre la historia humana que hay detrás de ella, sobre las otras caras de la ropa”. Pueden apoyar las campañas globales de Ropa Limpia, hacer presión sobre las compañías, exigir lugares de trabajo seguros, salarios dignos, que las empresas paguen de una vez porque esas familias lo merecen. No hay duda de que en Bangladesh necesitamos esos trabajos, somos cuatro millones de personas las que formamos parte de esta industria, pero es hora de que el mundo sepa que queremos trabajos con dignidad y esa dignidad solo nos la pueden dar unos salarios justos, derecho de unión sindical y seguridad en el lugar de trabajo.

Salarios dignos, sindicatos con garantías y seguridad, su caballo de batalla…

Es por lo que he trabajado siempre y es lo que seguiré haciendo hasta el día en que me retire y, para eso, aún falta mucho.

Fue el 24 de abril de 2013 cuando el edificio Rana Plaza, que albergaba decenas de talleres textiles que producían para famosas marcas de ropa, se derrumbó en Dacca, la capital de Bangladesh. El suceso dejó 1.134 muertos, más de 2.000 heridos y un debate casi inédito sobre las condiciones en las que se produce buena parte de la ropa que consume el mundo. Un año después, el suceso ha servido para dar el empujón a decenas de proyectos que trabajan en otra forma de hacer moda y que ven como cada vez son más las personas que buscan consumir prendas sostenibles.

“El mercado está muy pervertido por las grandes cadenas, nos parece normal pagar cinco o diez euros por una prenda, sin cuestionarnos nada más. La fast fashion no es que pague mal, es que no paga lo que cuesta hacer la ropa. Buscamos un cambio de paradigma, no solo reconocer que pasa algo, sino que las cosas se hagan bien en todas las etapas de la producción. Ya hay alternativas y la gente las está demandando, aunque aún hay mucha dificultad para encontrar los canales adecuados de distribución, para llegar a la gente y para que estos proyectos sean sostenibles y puedan reinvertir beneficios en más colecciones”, diagnostica Gema Gómez, presidenta de Slow Fashion Spain, una iniciativa que surgió en España en 2011 para sumarse al movimiento internacional que ya bullía en otras partes del mundo.

Precisamente para facilitar la conexión entre consumidores y productores, Rosa Bernier y Mónica Melero acaban de crear Moves To Slow Fashion, una plataforma online que reúne decenas de marcas (entre ellas, la suya) que elaboran ropa de forma sostenible. La página permite comprar online y hacer búsquedas por marca o por el tipo de prenda o accesorio que se quiera comprar. Quieren potenciar también el reciclado de ropa y por eso han puesto en marcha un servicio de recogida a domiclio para darle una segunda oportunidad a las prendas.

Tanto Rosa como Mónica trabajaron en el sector de la moda durante años y fueron sus viajes a Asia lo que las movió a iniciar este proyecto: “No nos gustaba lo que veíamos y pensamos que teníamos que hacer algo para cambiarlo. Nos sentamos a pensar y vimos que en países como EEUU o Gran Bretaña el mercado de la moda sostenible era muy grande y que en España apenas estaba despegando porque el cliente no podía acceder a ello con facilidad. Por eso queremos facilitar al usuario el contacto con marcas que trabajan con criterios éticos, ecológicos o de proximidad y que al mismo tiempo están haciendo un tipo de moda que puede llegar al gran público”, dice Rosa Bernier.

Para estrechar este contacto, Slow Fashion Spain organiza esta semana sus terceras jornadas informativas y prepara también un directorio de marcas y empresas que elaboran ropa de forma sostenible. “En otros países este tipo de alternativas están ya más integradas en el mercado. Tenemos que enseñar a consumir mejor: ¿de verdad merece la pena comprarse cada mes cinco camisetas de cuatro euros si para hacerlas una niña trabaja catorce horas al día y se emplean miles de litros de agua?”, señala la presidenta de la plataforma.

¿Sabes quién hace tu ropa?

'¿Sabes quién hace tu ropa?'. Es la pregunta que sirve para presentar el Fashion Revolution Day, que se celebra en decenas de países este jueves para conmemorar la tragedia ocurrida en Bangladesh. En Barcelona, la Asociación de Moda Sostenible, que lleva unos meses en marcha, organiza una pasarela para dar a conocer diseñadores y marcas de moda sostenible. “Nuestro objetivo es interesar a la gente, que muchas veces va a lo barato y no se pregunta qué es lo que compra. Queremos que sepan que existen alternativas, que hay otra moda, con diseño de mucha calidad”, explica la presidenta de la asociación, Virginia Rondeel.

Por la pasarela pasarán diseños de la propia Rondeel y de otras diseñadoras como Silvia Calvo, marcas como Ecoology y Pure Green Apparel, o tiendas como Greenlife Style. “No hacemos daño al medio ambiente, en toda la cadena la gente tiene que estár bien pagada, valoramos mucho la proximidad y la reutilización de tejidos y prendas. Y huimos de la etiqueta de que este tipo de moda es siempre 'hippy'”, dice Rondeel, que destaca que muchas marcas y diseñadores llevan muchos años trabajando en moda sostenible. Sí detecta un aumento de la conciencia entre los consumidores.

La cooperativa Teixidors es uno de los proyectos que llevan años funcionando: creada en 1983, elabora tejidos a mano a partir de productos naturales que vende en forma de productos para el hogar, metrajes de telas, o accesorios como fulares o chales. Su taller está en Terrasa y da trabajo a 32 personas, todas con algún problema de aprendizaje y con salarios dignos. “Hemos crecido poco a poco, sobre todo gracias a la exportación que hacemos a unos 30 países, porque aquí en España aún vendemos poco. Hay menos conciencia, no tanto en el cliente final, sino en los intermediarios y las tiendas, que aún son reticentes a comprar un producto que es un poco más caro aunque sea de mucha más calidad”, cuenta Sonia Agerberth, directora de exportaciones de la cooperativa.

La presidenta de Slow Fashion Spain, Gema Gómez, se muestra optimista: “Estamos en ese momento justo antes de que esto explote, hay mucha gente interesada, estamos creando esa masa crítica. Es cierto que el precio importa mucho, pero hay que educar en el consumo, en lo que merece la pena comprar o no”. “Hay gente que ya se está concienciando de que si un pantalón te cuesta quince o veinte euros, es demasiado barato, de que ese precio también significa algo”, concluye Rosa Bernier.

Después de más de una semana de huelga y protestas, continúa el paro de la empresa china Yue Yuen, líder en la fabricación de zapatillas para marcas como Nike, Adidas, Reebok o New Balance, a la que se han sumado cerca de 30.000 trabajadores, según los sindicatos. Los empleados denuncian que la compañía no cumple con los derechos básicos de los trabajadores, que denuncian pagos “inadecuados” en las pensiones, el seguro médico o los fondos de seguros de la vivienda. El descenso de su producción se ha traducido en una caída en bolsa del 5%, la mayor desde julio desde 2013, según la agencia de noticias Bloomberg.

El paro de la fábrica de Yue Yuen situada en la región sureña de Dongguan comenzó el pasado 14 de septiembre, convirtiéndose en una de las mayores huelgas de las historia de China. Este lunes cerca de 2.000 trabajadores de la planta de la provincia de Jianxi, que produce para Adidas, se unieron a la protesta. En el complejo de la empresa trabajan hasta 40.000 empleados, por lo que el seguimiento sería masivo.

Durante sus primeros días los trabajadores pedían el pago de la cuota de la seguridad social dentro de un plan de pago de estas contribuciones auspiciado por el Gobierno Local. Pero, según explica la ONG China Labor Watch que está haciendo seguimiento del caso, la semana pasada los empleados añadieron más demandas.

“Primero la fábrica retrasaba su respuesta, después aportó una contestación insatisfactoria a los trabajadores. Entonces, añadieron más peticiones incluyendo una subida del 30% de sueldo o la condición de que, en caso de que la fábrica no cumpliese con sus demandas, una compensación económica por la terminación del contrato”, explica en un comunicado. Por ahora, la respuesta de la empresa ha sido ofrecer una ayuda a la vivienda equivalente a 37 dólares mensuales, (26 euros).

“La cuestión que preocupa a los trabajadores está muy generalizada”, aseguró Geoff Crothall de la organización Bulletin en declaraciones a The Guardian. “En este caso, por lo menos la empresa pagaba algo, protestan porque no era la cantidad total. En otros casos que hemos seguido, los trabajadores no cobraban nada”.

Además de la paralización de la producción de zapatillas, cientos de trabajadores de la empresa china están acudiendo cada día a las puertas del edificio de ocho plantas de la fábrica de Dongguan para manifestarse y visibilizar sus exigencias.

Sindicalistas detenidos

Por este motivo, las autoridades chinas desplegaron la policía antidisturbios. Según el boletín laboral China, cuatro trabajadores fueron trasladados al hospital en el primer día de la huelga, informa el diario inglés The Guardian. Sin embargo, según afirmaron diversos huelguistas a diarios como el independiente South China Morning Post, una veintena de empleados fueron detenidos esta semana y otros que sujetaban pancartas fueron golpeados. No obstante, el periódico oficial Global Times —que también se hace eco del caso— asegura, citando a un fuente oficial, que “no ha habido violencia hasta ahora”.

El pasado 22 de abril dos sindicalistas Zhang Zhiru y Lin Dong, que estuvieron presentes en las manifestaciones a las puertas de la fábrica, fueron detenidos por las autoridades chinas, según denuncia China Labor Watch.

Con la finalidad de acabar con la huelga, Yue Yuens ofreció a los trabajadores adelantar un plan de prestaciones de seguridad social, que estaba previsto para 2015, al mes que viene, según anunció George Liu el portavoz de la empresa proveedora de zapatillas. Por el momento no ha habido acuerdo con los empleados.

Los salarios en China han aumentado en los últimos años por lo que empresas multinacionales como Adidas y Nike han comenzado a trasladarse a otros países donde puedan producir a un menor coste como Vietnam.

Adidas China ha asegurado en un comunicado que “está en conversaciones con el Gobierno local para resolver las preocupaciones de los trabajadores y que llevará a cabo una investigación tan pronto como finalice la huelga”.

Por su parte, Nike dice ser “conscientes” y estar “preocupados” por los acontecimientos. Según explican por correo electrónico a la agenda Bloomberg, están “pendientes del diálogo entre la dirección de la fábrica y los trabajadores”.

Hace casi un año, el 24 de abril de 2013, el derrumbe de un edificio a las afueras de Daca, la capital de Bangladesh, despertó de su plácida indiferencia al mundo ante las condiciones de trabajo en el país asiático. De un día para otro, los consumidores y las grandes marcas abrieron, por fin, los ojos a las condiciones reales que permiten vender en Occidente prendas a precios que, difícilmente, garantizan unas condiciones de trabajo mínimamente dignas.

Más aún con la competitividad que ha provocado la omnipresente crisis. “Ha dado lugar a una mayor competencia internacional, que cada vez es más dura. Las empresas buscan dónde lograr precios más baratos y hay países, nichos de producción baratísima, donde las condiciones son muy duras. Era lógico que terminara pasando un acontecimiento tan trágico como el de hace un año”, asegura Josep F. Valls, catedrático de Marketing de Esade.

El derrumbe del edificio, conocido como Rana Plaza, que alojaba a varias empresas textiles, provocó más de 1.100 muertos y casi 2.500 heridos. Un año después, algunas condiciones laborales han cambiado en Bangladesh. Pero no todas. Y algunas empresas han asumido su parte de responsabilidad a la hora de compensar a las víctimas. Otras no. De hecho, solo siete de las 27 empresas occidentales que fabricaron en Rana Plaza se han comprometido a hacerlo.

Un fondo de compensación con disidentes

Un fondo de compensación con disidentes“Hay dos procesos en marcha. Por un lado, la tragedia ha hecho que unas 150 empresas de ropa firmen un Acuerdo sobre Seguridad en la Construcción de Edificios y de Sistemas contra Incendios en Bangladesh”, explica Eva Kreisler, coordinadora estatal de la Campaña Ropa Limpia. “Es un acuerdo muy exigente, vinculante legalmente, que abre la puerta a un órgano de arbitraje en caso de que haya discrepancias”, puntualiza la responsable de la campaña, coordinada por la ONG Setem.

A este acuerdo se han sumado empresas españolas como Inditex, El Corte Inglés o Mango que, con más o menos reticencias, asumieron que en Rana Plaza se producían prendas con sus etiquetas. Pero otras, con apellido estadounidense, han decidido hacer la guerra por su cuenta. “Wal-Mart y GAP han hecho lobby contra el acuerdo y han establecido su propia alianza. Ahora estamos intentando que, al menos, haya una unificación de criterios”, apunta Kreisler.

Una reacción, en todo caso, a posteriori. “Tras el accidente, Inditex dijo que iba a revisar sus protocolos. Trató de enmendar un error pero el error ya estaba hecho”, indica Verónica Baena, profesora de Marketing de la Universidad Europea de Madrid (UEM). Otra consecuencia fue la subida del exiguo salario mínimo del sector textil en Bangladesh, desde menos de 30 euros mensuales hasta, aproximadamente, 50 euros. También han crecido las inspecciones a las fábricas, que en el conjunto de Asia han aumentado por encima del 50% y en Bangladesh un 64%, según apunta la profesora de Icade Carmen Valor.

La otra vertiente son las víctimas del derrumbe: quién y cómo las va a compensar. “Durante meses, la compensación a las víctimas estuvo estancada. Finalmente, después del pasado verano se creó un comité de coordinación con el que compensar no sólo a las familias de los fallecidos, sino también a aquellos heridos que no podrán volver a trabajar. Pero es muy difícil recopilar y comprobar quién trabajaba para qué subcontrata”, asevera la responsable de Ropa Limpia. En concreto, el denominado Rana Plaza Arrangement trata de ser un marco de colaboración, bajo estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) donde están presentes las empresas, por ejemplo El Corte Inglés, además de los sindicatos, patronal y el Ministerio de Trabajo bangladesí, que, tras el accidente, vio las orejas al lobo y temió que la industria textil local se viera dañada y se perdieran inversiones foráneas.

Cuando el dinero es el problema

Cuando el dinero es el problemaLlegar a acuerdos de buenas prácticas y comités de evaluación, al menos en apariencia, no parece lo más complicado. El problema fundamental: el dinero. Se estima que, para cubrir todas las necesidades de las víctimas, incluidos los gastos médicos, se deben alcanzar los 40 millones de dólares (unos 28,7 millones de euros). Inditex y El Corte Inglés se comprometieron a aportar fondos. También Mango, aunque de forma más rezagada, porque tardó en asumir su vinculación con Rana Plaza. En total, 27 compañías estuvieron vinculadas con alguna de las empresas que allí trabajaban.

En todo caso, más allá de saber quiénes van a contribuir a este fondo, lo difícil es conocer cuánto aporta cada empresa, porque el acuerdo no contempla esta medida de transparencia. Además, hay compañías que aún no han confirmado si van a invertir en el fondo, como el gigante italiano Benetton, la multinacional francesa Auchan, que en España opera como Alcampo, o el gigante de la ropa barata Primark. Para lograrlo, Ropa Limpia, junto con otras asociaciones, ha lanzado la campaña Pagad Ya!

¿Realidad o canto de sirena?

¿Realidad o canto de sirena?El movimiento generado tras el accidente de Rana Plaza pone de manifiesto la necesidad de compromiso por parte de las multinacionales textiles que, en muchas ocasiones, ponen en marcha acciones de Responsabilidad Social Corporativa sin que estas se traduzcan en cambios reales. Sobre todo porque, para algunas empresas, la denominada RSC (Responsabilidad Social Corporativa) sólo tiene sentido si genera algún beneficio para la compañía.

“El hecho de llevar a cabo una Responsabilidad Social Corporativa no supone, directamente, un efecto positivo sobre tu marca o tu empresa. Más bien es al contrario, si no la llevas a cabo, tendrás un problema”, señala Verónica Baena. “Por ejemplo, los bancos, con su obra social, han tratado de mitigar sus problemas de imagen pero si el consumidor intuye que se trata sólo de una estrategia puntual, te penalizará porque tiene que ser algo interiorizado y a largo plazo”.

La profesora de la UEM apunta también a las empresas que han recortado sus presupuestos en RSC a causa de la crisis. “Han puesto de manifiesto que no se lo tomaban en serio, que no era algo creíble. Si no te crees que tienes que seguir unas pautas, cumplir una serie de criterios, tienes que ser consciente de que lo tienes que hacer porque no es un valor añadido, es un valor obligado”.

La clave, la responsabilidad, sobre todo en sectores como el textil, la tienen los consumidores. “Yo como comprador quiero saber cada una de las fases de producción, si es una camiseta teñida de sangre o si se han respetado todos los derechos en su producción”, critica el profesor de Esade. “Hay que apreciar el talento tanto aquí como allí, porque las grandes multinacionales cuando pagan 60 euros al mes a una persona por su trabajo, aunque en Bangladesh el valor de ese sueldo no sea el mismo que aquí, están minusvalorando el valor de esas personas. El beneficio de unos consumidores no puede ser a costa del sufrimiento, incluso del esclavismo de otros. Porque, entonces, tanto los consumidores como los intermediarios nos convertimos en cómplices. Hay que exigir el cumplimiento de unos valores, esa es nuestra responsabilidad”, recalca Josep F. Valls.

¿Y qué podemos hacer entonces como consumidores? “Podemos seguir guías de compra; hay páginas web que nos ofrecen alternativas y proveedores que cumplen una serie de criterios; podemos insistir desde las redes sociales; y podemos hacer algo tan sencillo como pedir información en las tiendas. Hay que insistir”, recalca la profesora de Marketing de Icade. “Las empresas actúan cuando se sienten examinadas”, recuerda. Un examen que, por un lado, procede de los consumidores y, por otro, de los inversores, que “deben, o debemos, exigir mayor transparencia a la hora de saber de dónde vienen los beneficios”.

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ACTUALIZACIÓN: La compañía Primark se ha comprometido a pagar, por un lado, 9 millones de dólares para indemnizar a las víctimas que trabajaban para New Wave Bottoms, su proveedor en el edificio derrumbado. Por otro, aportará 3 millones de dólares al fondo de compensación común que se repartirá entre todas las personas heridas o fallecidas en el derrumbre del Rana Plaza.

9 millones de dólares al pago de compensaciones “de larga duración” a las 580 personas que fallecieron o resultaron heridas mientras trabajaban para su proveedor en el edificio derrumbado, la firma New Wave Bottoms. Primark también contribuirá con 3 millones de dólares a un “fondo de donantes

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2095274/0/primark/fabrica-bangladesh/indemnizaciones/#xtor=AD-15&xts=4672639 millones de dólares al pago de compensaciones “de larga duración” a las 580 personas que fallecieron o resultaron heridas mientras trabajaban para su proveedor en el edificio derrumbado, la firma New Wave Bottoms. Primark también contribuirá con 3 millones de dólares a un “fondo de donantes

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2095274/0/primark/fabrica-bangladesh/indemnizaciones/#xtor=AD-15&xts=467263

'The New York Times' ha investigado la verdadera responsibilidad de la española Mango sobre las víctimas del derrumbe del Rana Plaza en Bangladesh ocurrido en abril de 2013, a las que de momento se ha negado a indemnizar. Según detalla el periódico estadounidense, la empresa española había realizado un encargo urgente a la fábrica Phantom Tac, albergada en el edificio colapsado. Mientras Mango se excusa en que “todavía no se había formalizado una relación comercial”, empleados del taller aseguran haber comenzado a trabajar en la elaboración de las prendas solicitadas.

Durante la pasada primavera, “debido a sus planes de expansión global”, Mango ordenó un pedido de polos y otras prendas a Phantom Tac compañía propietaria de una de las fábricas albergadas en el el edificio de Rana Plaza. Posteriormente, el 24 de abril, el complejo se derrumbó, matando a más de 1.100 personas en el desastre más mortífero en la historia de la industria de la ropa.

Ocho meses después, The New York Times se pregunta qué responsabilidad tiene Mango y otras marcas con respecto a las víctimas del Rana Plaza, un desastre que “muestra la falta de responsabilidad en la cadena de suministro de ropa global”. Bajo una intensa presión internacional, cuatro marcas acordaron en diciembre de 2013 ayudar a financiar un fondo de 40 millones para indemnizar a las víctimas.

Pero muchas otras marcas, entre ellas Mango, se han negado a contribuir al fondo argumentando que no había “formalizado una relación comercial” con Phantom Tac. Según explica The New York Times, desde Mango defienden que todavía se estaban llevando a cabo inspecciones de calidad y auditorías de fábrica de Phantom Tac, y que la fábrica no había comenzado a producir las muestras para su pedido de 25.000 prendas.

Pero el periódico estadounidense recuerda que, a lo largo de las entrevistas realizadas durante varios meses, supervisores y otros empleados de Phantom Tac aseguraron que ya habían comenzado a trabajar en la elaboración de las muestras para Mango cuando se derrumbó el Rana Plaza. Según los testimonios recabados por The New York Times, los trabajadores ya habían empezado a marcar y cortar las telas e incluso algunos empleados dicen que ya se estaban cosiendo algunas de las camisas.

“Los directores dijeron que teníamos que terminar los productos Mango urgentemente. Dijeron que, si conseguíamos terminar este trabajo rápidamente, tendríamos más pedidos de Mango”, explica Mohammed Mosharuf Hossain, trabajador de una sección de corte de Phantom Tac, en testimonios recogidos en esta investigación periodística.

Las marcas dependen de fábricas en los países en desarrollo como Bangladesh, donde los salarios son muy bajos. Además, la presión para trabajar más rápido y más barato ha generado edificios inseguros, condiciones de trabajo deficientes y violaciones laborales. El reportaje recuerda que los consumidores saben poco acerca de estas fábricas, al mismo tiempo que las marcas globales prometen que su ropa está fabricada en ambientes seguros.

A lo largo del artículo, el New York Times hace hincapié en la responsabilidad española sobre las víctimas del Rana Plaza pero también menciona que Phantom Tac intentó en un principio demostrar que una fábrica de Bangladesh podía ser socialmente responsable. “David Mayor, copropietario de la empresa, había conseguido los encargos de varias marcas españolas. Se había unido a un misionero en el Bangladesh rural para ofrecer un programa de capacitación para las mujeres trabajadoras”, explica el periodista Jim Yardley. “Pero las presiones sobre Phantom Tac para cumplir los plazos y ganar dinero hizo difícil alcanzar esos objetivos sociales”.

Así, detalla que los empleados de la fábrica aseguraban que, aunque tenía trabajo, había sufrido determinados reveses: Inditex había cancelado pedidos el año anterior después de que la fábrica suspendiese una auditoría de cumplimiento social. Y varios empleados indicaron que también habían surgido otros problemas después de que fueran descubiertos trabajadores menores de edad trabajando como ayudantes. Actualmente David Mayor está en paradero desconocido y su socio de negocios de Bangladesh, Aminul Islam, está preso por el derrumbe del edificio.