El viernes pasado saltó la noticia que parece cambiarlo todo, de nuevo, en el Real Betis Balompié. La Audiencia Provincial de Sevilla levantaba parcialmente las medidas cautelares que pesaban contra Manuel Ruiz de Lopera por el presunto delito de 'llevárselo' del Betis, para qué darle más vueltas con una terminología jurídica que entendemos peor. El 51.34% del capital social de la SAD verdiblanca, propiedad de Farusa, mientras que el juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla no diga lo contrario, vuelve a Lopera.

Tras más de cinco años en los que ha habido una administración judicial en el Betis con el peso de esa mayoría de acciones, los derechos políticos de las mismas vuelven a su dueño, quien a partir del uno de agosto podrá disponer de las mismas para convocar Junta General Extraordinaria (23 de septiembre) y recuperar el control de la entidad. Sin duda, una batalla que gana Lopera, después de cinco años de derrotas.

Entiende la Audiencia que la justicia si es lenta no es justicia, y aunque en el auto ratifica los indicios que llevaron a la juez Alaya a tomar estas excepcionales medidas cautelares, considera que no debe mantener esa situación más allá de los cinco años que lleva el caso enquistado. Es cierto que Manuel Ruiz de Lopera, por medio de infinitos recursos, ha sido uno de los causantes de este retraso tan descomunal en la resolución del caso, pero un lustro de instrucción es mucha instrucción.

Hay más batallas

Esto no quiere decir que Lopera haya ganado la guerra. Ni mucho menos. Tiene más causas pendientes que tienen su influencia en la principal. Lopera se enfrenta, por ejemplo, a un concurso calificado por la Fiscalía como culpable, que le puede llevar a la inhabilitación, y, sobre todo, está pendiente de una sentencia del Mercantil número 1 de Sevilla, en el que se le discute, por parte de un grupo de accionistas béticos, la legítima propiedad del 31,38% de ese 51.34% del capital social que hoy por hoy se la atribuye a Farusa, la empresa de Lopera y familia.

Hay más batallas en las que no conocemos al vencedor. Hemos visto ganar y mantener ese triunfo a la oposición cinco años, ahora cobra ventaja Lopera, pero esto puede y dará muchas más vueltas, no lo duden. Porque está claro que la Sociedad, con razón, ha decidido que Lopera no va a volver al Betis. Lo que antes eran cosas de Lopera, consentidas y hasta aplaudidas por crítica y público, políticos y hasta cardenales, ahora no pasa el nuevo listón que han puesto los jueces, empujados a Dios gracias por una Sociedad que al menos en apariencia no da por buenas prácticas que antes se denominaban 'ingeniería financiera'.

Lopera viene haciendo lo que dicen que ha hecho desde que llegó al Betis, a las claras, sin tapujos, utilizando él mismo la famosa frase de “con Tegasa (otra empresa de Lopera) todo queda en casa”, refiriéndose a las “canalizaciones” que existían entre esa empresa y la SAD Real Betis Balompié. La famosa caja única en la que el dueño de varias empresas se factura entre sí para obtener diferentes beneficios, por llamarlo de una forma suave. Nadie decía nada. Casi nadie.

Mejor un mal acuerdo...

Hugo Galera, el ex presidente, sí, y junto a él, unos 'locos' que comenzaron este proceso, que marchaba lento, como ahora, y contracorriente, porque por entonces Lopera era un triunfador que tenía todas las puertas abiertas. Salvando muchas distancias, tiene un parecido a lo del señor Ignacio Urdangarín, quien cuando la Sociedad estaba más 'relajada', era un hombre de negocios intachable que intermediaba con el deporte de fondo en tratos del mayor interés para España. Cuando la Sociedad ha virado, ahora se llama de otra forma y hay jueces que son capaces de ponerlo en un auto.

Por todo eso, y por mil cosas más, Lopera no tiene futuro en el Betis, seguramente ni por personas interpuestas, porque aunque ahora parezca vencedor, tiene que resolver muchas cosas que no tiene ni mucho menos de cara. Y aunque hoy parezca muy lejano, más que nunca, se hace muy necesario que en el Betis, los accionistas béticos con cierto peso, lleguen a un acuerdo extrajudicial, que pasa por comprar y vender acciones sin trampa ni cartón. Si Lopera cede, aunque es duro y ahora esté en posición relativamente ganadora, estoy convencido de que se retirarán demandas y las sentencias, si las hay en contra, serán más suaves que las que pudieran llegar si esto no se arregla.

Parece un 'tocomocho' que no deja en buen lugar a los jueces, pero no se asusten, eso pasa todos los días en los juzgados. Los profesionales de la materia son los que hablan siempre de mejor un mal acuerdo que un buen pleito. El Betis, si quiere estar algún día medianamente tranquilo, necesita un mal acuerdo, pero acuerdo, para que béticos, no administradores judiciales, sean los encargados de hacer las cosas buenas, malas y regulares que tienen que hacer las entidades. Algún día será así, así que cuanto antes, pues mejor.

Manuel Ruiz de Lopera ya está procesado por la presunta comisión de un delito societario por apropiación indebida en el Real Betis Balompié. Está sufriendo de forma más que evidente las consecuencias de ese presunto ilícito desde 2010, cuando el Betis pasó a ser gobernado desde la administración judicial, pero tras una de las instrucciones más largas que se recuerdan, casi cuatro años, la celebérrima Mercedes Alaya Rodríguez, titular del juzgado número seis de Sevilla, ya por fin le acusa de algo concreto en un demoledor auto que cuestiona de forma muy seria su proceder e, incluso, que Ruiz de Lopera comprara de forma legal gran parte de las acciones que durante 18 años le dieron el control del club verdiblanco.

En mitad de montañas de números y facturas cruzadas entre las tres empresas clave en este caso, Real Betis Balompie SAD, Tegasa y Encadesa, resalta una forma de hacer las cosas de empresario de lápiz y libreta que cuando el Betis ganaba incluso servía para hacer la broma por el propio Ruiz Lopera (“con Tegasa todo queda en casa”, decía el procesado principal de la causa) y que con el paso de los años y el desgaste a todos los niveles, sobre todo el deportivo, ha derivado en la presunta comisión de un grave delito.

El modus operandi era, es, relativamente sencillo: Manuel Ruiz de Lopera, supuesto dueño del Betis en más de un 50%, 'vendía' todos los ingresos del Betis primero a Tegasa y luego a Encadesa, ambas sociedades controladas por Lopera a su antojo, a cambio de que esas empresas financiaran al Betis cuando lo necesitara e incluso asumieran las pérdidas ocasionadas en el Betis si se producían. Aunque fuera verdad el fondo (que ni mucho menos está acreditado que lo fuera, más bien todo lo contrario) el proceder ya era más que cuestionable, porque atenta contra la razón de ser de las Sociedades Anónimas. Evidentemente, uno, desde el control de una SA, no puede venderse a sí mismo todos los posibles beneficios de la SA que comparte con otros socios. Canalizaciones les llamaba por entonces Lopera. Pero el fútbol lo soporta todo mientras se gana y en momentos determinados, Lopera, su Betis, ganaba más que perdía.

En otras ocasiones, esta cuestionadísima relación con Tegasa y Encadesa, fue explicada más gráficamente por Lopera con esa supuesta gracia que se le atribuye. Lopera llamaba a Tegasa 'La tonta', porque adelantaba y asumía todos los gastos del Betis más allá de los ingresos que generaba el propio Betis. Una ligera lectura del auto de Alaya y de los informes periciales obliga a cambiar radicalmente la denominación: la tonta era muy lista, hasta que la cogieron. Dice la jueza que era el Betis quien financiaba a Tegasa y posteriormente a Encadesa, y no al revés.

Las claves

Los primeros pasos. Cuando Ruiz de Lopera todavía era el poderoso don Manuel, un grupo de románticos y valientes béticos decidieron ponerse manos a la obra. Béticos por el Villamarín, comandados por el ex presidente Hugo Galera, muy arrepentido por haber facilitado que Ruiz de Lopera se hiciera con el Betis en 1992, recabó toda la información que pudo para interponer finalmente a través de la Fiscalía General del Estado una denuncia contra Lopera. Tegasa y Encadesa, en realidad Lopera, ya habían sido condenadas por sendos delitos fiscales. Fue a finales de 2007. Luego se fueron incorporando nuevos denunciantes, de forma privada y aglutinados en otras siglas, en concreto la Liga de Juristas Béticos y Por Nuestro Betis. Galera explicaba entonces lo que se conocía perfectamente y lo que ahora Alaya sostiene en su auto. “Lopera ha confundido voluntariamente el patrimonio del Real Betis con el suyo, para lo cual ha confeccionado una maraña empresarial tendente a su lucro personal”.

La manifestación del 15-J. Mercedes Alaya empezó a darle forma al Caso Lopera en 2008, pero no fue hasta agosto de 2010 cuando le retiró el poder efectivo al ex dirigente. En realidad, se lo quitó a Luis Oliver Albesa, un tiburón de los negocios, que en apariencia al menos le habría comprado las acciones a Lopera. Ni la jueza ni el Consejo Superior de Deportes se creyeron el negocio y ese tema está en los tribunales por su lado. Antes, se produjo un hecho extrajudicial que sin embargo tuvo y tiene toda la relevancia del mundo en el caso. El bético de base, tras el penúltimo fracaso deportivo, se echó a la calle el quince de junio de 2009 en una multitudinaria manifestación que reclamaba la libertad del Betis, el fin de la era Lopera por lo civil o por lo criminal. La división de poderes está consagrada en la constitución, pero toda la sociedad era un clamor contra Lopera y ya sabemos que muchos políticos y algunos jueces son muy sensibles a la opinión pública. A nadie se le escapa que sin ese caldo de cultivo, las cosas quizá no hubiesen ido por estos derroteros.

Gordillo y el resto de administradores. Alaya le retira a Lopera los derechos políticos de sus acciones y nombra tres administradores judiciales para gobernar al Betis mientras se depuraban o no responsabilidades. Escoge de figura representativa y de marcado carácter deportivo ni más ni menos que a Rafael Gordillo Vázquez, mito viviente del beticismo. Junto a él, al letrado Juan Manuel González Porrúa y al auditor de cuentas Luis Carlos Ruiz de Huidobro. Cuando González Porrua falleció de forma repentina, le sustituyó José Antonio Bosch Valero, que se quedó solo porque Ruiz de Huidobro dimitió rápidamente y Gordillo pasó a ser una figura representativa del club, pero ya no administrador. Como todo en el fútbol, aunque esté de por medio el juzgado, cuando el balón entró, el equipo primero logró el ascenso y luego incluso la clasificación europea, el modelo era apreciado, casi todo el mundo alababa esa nueva forma de hacer las cosas y Bosch Valero era uno de los nombres que más y mejor sonaban en la ciudad. Pero llegaron las derrotas, algunos comportamientos poco elegantes de Bosch Valero en su relación profesional con algunos proveedores del Betis, y todo se fue al garete. El consejo de administración confeccionado por Bosch le dio la espalda y él ya cansado y desgastado dejó que le movieran el sillón. La jueza puso entonces de administrador a un letrado cordobés, Francisco Estepa, que tiene el cometido actualmente de darle cordura a este panorama desolador, con un Betis, de nuevo ya, en Segunda división.

Luis Oliver Albesa. El típico cooperante necesario. Cuando peor lo pasaba Lopera, acosado por la justicia y la sociedad en general, y con el Betis con muchas deudas, decide venderle sus acciones, en definitiva el Betis, a unas empresas sin solvencia acreditada relacionadas con Oliver, conocido en toda España por acudir a clubes en problemas para exprimirlos por un lado y asumir el coste social de un concurso de acreedores. La operación, porque Oliver estaba bendecido por Lopera, colocó al singular empresario al frente del Betis y en pocos meses, además de formar un equipo bueno, presuntamente se llevó el dinero de todas las formas posibles, de hecho está imputado en el caso saqueo, una pieza al margen de este caso en el que se le acusa directamente del cobro irregular de comisiones y más gastos inexplicables. No obstante, Oliver, por medio de su empresa Bitton Sport, asegura que cuando todo acabe, las acciones del Betis serían suyas, porque se las compró a Lopera. Más parece querer sacar tajada de este asunto, pero es un actor a tener en cuenta.

A lo que se enfrenta Lopera. Tras el auto de procesamiento de la jueza Alaya, ahora habrá que conocer la postura de la Fiscalía y de la Audiencia Provincial, además de las acusaciones particulares. La jueza, por el delito societario, solicita algo más trece años de prisión para Lopera. De momento, la fianza que se le pide es de 33 millones de euros. El presunto daño económico a la entidad se cifra en unos 25 millones de euros a lo largo de estos años en un delito continuado de apropiación indebida.

Las acciones de Lopera, el auténtico objetivo de algunas plataformas. Independientemente de las resoluciones judiciales que están por llegar, para la gobernabilidad del Betis a corto, medio y largo se hace necesario contar con Ruiz de Lopera, porque incluso en la situación más adversa para sus intereses, seguiría teniendo un paquete importante de acciones que no son puestas en duda en el juzgado, al menos de momento. Algunos denunciantes, aunque no lo digan en público, persiguen desde el primer momento que Lopera ceda, se ablande, y a cambio de retirar la denuncia particular, venda las acciones del club al precio del nominal, 60 euros las acción. Pero Lopera no cede. Entre sus allegados deja caer que sería lo último que hiciese en la vida. Otra cosa es que prospere alguna denuncia en la que se ponen en duda la legalidad de la adquisición de un paquete muy importante de acciones. Pero ese camino también sería largo y el Betis necesita estabilidad lo antes posible, algo que parece imposible en esta actual situación.

La Fiscalía. Hasta el momento, no está siendo ni mucho menos tan contundente como lo es la jueza Alaya en sus acusaciones. Su postura es la gran esperanza de Ruiz de Lopera en este proceso.

Manuel Castaño. Ex consejero con Lopera y Oliver. Es el segundo máximo accionista de la entidad, con un paquete que poco a poco se acerca al 5% del capital social de la entidad. Sigue próximo a Lopera y la persona que, si los juzgados no dicen lo contrario, podría ser el delfín de Ruiz de Lopera. Otra cosa es que sea inhabilitado para el cargo. Los administradores concursales del Betis presentaron un informe ante el juzgado de lo mercantil número uno de Sevilla calificando el concurso de culpable, y la Fiscalía pide para los gestores de la entidad, entre ellos Manuel Castaño, por los hechos acaecidos desde el 13 de enero de 2009 a la misma fecha de 2011, penas y multas muy duras. Hasta diez años de inhabilitación le solicitan. Si salva ese escollo, Castaño tendría muchas opciones de ser presidente del Betis más temprano que tarde, pese a que no cuenta con el respaldo popular por su estrecha relación con Lopera, pero sobre todo, por dejar hacer a Luis Oliver cuando pudo impedirlo.

La jueza Mercedes Alaya ha imputado este lunes un nuevo delito societario continuado por la compraventa “simulada” de acciones “para evitar su intervención” al exmáximo accionista del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera, que se ha acogido a su derecho a no declarar. El expresidente del club ha dicho encontrarse “bien” aunque ha lamentado que el Real Betis le tiene “desanimado”, tras lo que ha confiado en que se “salve” y no baje a Segunda División.

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla le ha imputado un delito societario continuado del artículo 295 del Código Penal por la compraventa “simulada” de las acciones de Farusa, empresa vinculada a Manuel Ruiz de Lopera, al grupo Bitton Sport, proceso que llevó a cabo “para evitar la intervención” de las participaciones ya que conocía que había un procedimiento judicial abierto.

Ha comparecido también el responsable de Bitton Sport, Luis Oliver, que tampoco ha querido declarar y a quien la jueza ha imputado por vez primera en esta causa por los mismos hechos que ha atribuido a Manuel Ruiz de Lopera.

Cabe recordar que Manuel Ruiz de Lopera ya compareció el pasado 14 de noviembre ante la magistrada, aunque también se acogió a su derecho constitucional a no declarar después de que la jueza le imputara un delito continuado de apropiación indebida por administración desleal y/o societario también en continuidad delictiva. Ese día, Mercedes Alaya le imputó que, durante su mandato, entendió su relación con el Real Betis como una “fuente inagotable de negocio” con la que conseguir “ventajas económicas”, obteniendo finalmente un beneficio de 24.973.829,82 euros entre 1993 y 2008 a través de sus empresas Tegasa y Encadesa. La jueza cifró en 24 millones de euros “el beneficio final y el correlativo perjuicio para el club” durante las 14 temporadas analizadas.

En esta causa hay ocho personas imputadas, entre ellas el exvicepresidente del Betis Ángel Martín. En las próximas semanas la jueza decidirá si archiva la causa o transforma las presentes diligencias previas en sumario o en procedimiento abreviado.