Mariano Rajoy dijo hace unos días que su partido no nació “en ninguna tertulia ni en ningún plató de televisión”, sino “de la base”. Es curioso, teniendo en cuenta que fue puesto en marcha por los denominados siete magníficos, que no eran sino seis exministros de Franco y un procurador en Cortes (Neofranquistas entusiasmados celebraron su primer congreso / Los siete líderes de Alianza Popular anunciaron su federación y el paso hacia un partido único / Gritos de “¡Franco, Franco, Franco!” de 3.000 fervorosos congresistas, tituló Diario 16 junto a una gran foto de Manuel Fraga –el líder de los siete magníficos– en su portada del 7 de marzo de 1977). Esa y no otra es la “base” del PP, antes Alianza Popular. Un partido nacido “en la democracia”, añadió Rajoy.

Dejando a un lado que una cosa es nacer “en la democracia” y otra nacer de demócratas –bueno, y dejando a un lado también que llamar democracia a lo que había en España en marzo de 1977, casi dos años antes de que se aprobara la Constitución, no es serio–, es un debate interesante el que abrió Rajoy sobre el origen de los partidos españoles. Sobre todo si no se cierra en falso, como hizo él. Sigamos.

Podría decirse que el origen del partido que ahora lidera Pedro Sánchez –o Pedro Sánchez y Susana Díaz– está, más que en el Madrid de 1879, en el Suresnes de 1974, porque, más que refundarse, en la localidad francesa nació entonces un nuevo partido, al apoderarse definitivamente de las siglas del PSOE Felipe González y sus colaboradores, con el apoyo de la socialdemocracia europea, pero también de Washington y de alguien más (cuenta Alfredo Grimaldos en su libro La CIA en España que oficiales del SECED –el servicio secreto creado por Carrero Blanco– proporcionaron el pasaporte y escoltaron a González hasta Suresnes). Atado y bien atado. Y, por cierto, ni rastro de “tertulias” ni de “platós”.

Por su parte, el origen –que no el futuro– de Ciudadanos y el de UPyD se parecen mucho: el primero procede de sectores enfrentados al soberanismo catalán y el segundo procede de sectores enfrentados al soberanismo vasco. ¿Serán pues las plataformas Ciutadans de Catalunya (origen de Ciudadanos) y ¡Basta ya! (origen de UPyD) las “tertulias” a las que se refiere Rajoy? No es del todo descartable, pero ni esos dos grupos ni sus apoyos intelectuales –pasados y presentes– parecen los más indicados para quitarle el sueño al líder del PP.

Como Izquierda Unida no es un partido, sino una coalición, y además nació en 1986 al calor de las movilizaciones para reclamar la salida de España de la OTAN –de nuevo, ni rastro de “tertulias” ni de “platós”–, de los partidos grandes de ámbito estatal sólo nos queda Podemos, cuyos principales líderes están vinculados a La Tuerka, programa de televisión –ojo, que aquí viene el presunto delito de lesa patria– con su plató y su tertulia. Su tertulia política, para más inri. Que es que igual va a tener razón Rajoy cuando insinúa que no hay derecho a surgir de ahí, pudiendo haber nacido “de la base” y “en la democracia”, como otros.

La esencia y la consecuencia más grave de la corrupción no es el sobre atiborrado de billetes ni la 'tarjeta black', sino la puesta del poder político al servicio del poder económico.

Corromper es sobornar, por lo que para que haya un corrupto (sobornado) tiene que haber también un corruptor (sobornador). Y es que la corrupción no tiene una sola cara, sino dos: la del poder político (corrupto) y la del poder económico (corruptor). Desde el punto de vista del primero consiste en utilizar el cargo público para sacar tajada –en forma de pagos y prebendas– y desde el punto de vista del segundo consiste en proporcionar esa tajada al político corrupto para obtener otra tajada más suculenta, en forma de leyes, contratos... o de simple sumisión incondicional.

La corrupción tiene una cara A –el sobre atiborrado de billetes, el hit periodístico destapando el último chanchullo, ese “los políticos son unos chorizos” que ameniza tantas conversaciones de ascensor–, pero también tiene una cara B, menos comercial, aunque mucho más determinante, porque contiene la esencia y la consecuencia más grave de la corrupción (de la corrupción ilegal y de la que “no es ética, pero es legal”, que decía aquel): la puesta del poder político al servicio del poder económico.

Así, la corrupción no es exclusiva del capitalismo, pero sí es inherente a un sistema económico que está movido por el ánimo de lucro; puede haber corrupción sin capitalismo, pero no hay capitalismo sin corrupción, porque la corrupción es esencial para que el poder económico controle de forma efectiva el poder político. Aunque hay corrupciones y corrupciones, y la española siempre ha destacado por su parafernalia obscena, en la línea de lo que Azcona y Berlanga reflejaron magistralmente en La escopeta nacional.

En España la corrupción ha sido consentida por buena parte de la sociedad, de forma indisimulada hasta hace un lustro –cuando se ha evidenciado el conchabamiento de corruptos y corruptores para recortar derechos, libertades y plantillas– y de forma más soterrada desde entonces. Sólo así se explican cosas como que ningún alto cargo del partido que ocupa el Gobierno central se haya visto obligado a dimitir –y ni siquiera haya tenido que salir a dar explicaciones– tras demostrarse cosas como que la caja B y el dinero negro existen en el PP desde que el partido se fundó.

Pero la corrupción no se produce sólo en las fuerzas más vinculadas al poder económico. Casos como el de las tarjetas black de Bankia evidencian que ese poder económico también sabe asegurarse la lealtad de cierta izquierda capaz de pasarse por el forro del cajero automático sus principios más básicos, empezando por el de la autonomía del poder político respecto del poder económico-financiero. Y este no es un asunto menor, sino el quid de la cuestión, porque un caso de corrupción en un partido de derecha en el fondo no es más que una anécdota –incómoda, pero anécdota– tanto para ese partido –la derecha representa al poder económico– como para buena parte de su electorado potencial, pero un caso de corrupción en un partido de izquierda es algo más, y no puede ser despachado con un “todos los partidos tenemos corruptos, lo importante es que nosotros los expulsamos”.

El unte de los corruptos de izquierda sirve para someter a esos corruptos al poder económico que los unta. Esto es lo que está detrás –y va mucho más allá– de la tarjeta black que entra y sale de un cajero automático. Esta es la otra cara –la cara B– de la corrupción, la cara que tanto se silencia porque tanto conviene silenciar. Esto es lo que ha convertido a buena parte de la izquierda política y sindical en una marioneta del poder económico-financiero.

Más que como una marca blanca del PP –aunque en cierto modo también lo es–, Ciudadanos se perfila como el salvavidas diseñado por la oligarquía española para complementar un bipartidismo desgastado por la percepción cada vez más general de la subordinación de PP y PSOE a los poderes económicos –del IBEX 35 a la Troika europea–, por la irrupción del 15M y por las expectativas electorales de Podemos.

Que C’s esté tan subordinado como PP y PSOE a esos poderes económicos y que sin embargo –y al menos por el momento– sea percibido por buena parte de la opinión pública como un partido nuevo, diferente y capaz de propiciar consensos y alcanzar acuerdos tanto a derecha (PP) como a izquierda (PSOE) lo convierten en un instrumento muy útil para un régimen del 78 seriamente desacreditado desde el inicio de la actual década.

Convirtiéndose en la providencial bisagra del bipartidismo –sin perjuicio de erigirse en la alternativa a éste si algún día se dan las condiciones–, Ciudadanos evitaría que PP y PSOE se vieran empujados a formalizar una gran coalición –fundamentalmente para frenar la influencia de Podemos– que evidenciaría aún más que populares y socialistas no son más que las dos caras de la misma moneda neoliberal. Dicho de otra forma, lo que parece avecinarse en España también es una gran coalición, pero no de dos, sino de tres. Y camuflada. Una grosse koalition no a la alemana, sino a la española.

Pero las ventajas para el régimen del 78 no acabarían ahí, porque, gracias a su nuevo papel coprotagonista, C’s –un partido marcadamente centralista– se perfila también como el sustituto de los nacionalistas periféricos como garante de la estabilidad de los gobiernos centrales de uno u otro signo, haciendo realidad dos viejos sueños del nacionalismo español: por un lado arrebatar la llave de la gobernabilidad de España a CiU, PNV y compañía y por otro abrir la posibilidad de una recentralización del Estado que los de Albert Rivera –que nacieron en Barcelona reivindicando la españolidad de Cataluña– verían con buenos ojos.

Así, Ciudadanos recuperaría para la causa neoliberal y centralista buena parte de los votos perdidos por PP y PSOE y al mismo tiempo aparecería como un partido responsable, con sentido de Estado y capaz de ofrecer estabilidad al régimen del 78 desde la nueva política, evitando que el PP tenga que pringarse apoyando al PSOE y sobre todo evitando que el PSOE tenga que pringarse apoyando al PP y así pueda seguir siendo presentado y percibido por buena parte de la opinión pública como un partido de izquierdas, un asunto fundamental para el establishment.

Este papel que C’s se dispone a jugar a nivel estatal –que consiste básicamente en capitalizar desde dentro del sistema y del régimen buena parte de los votos descontentos con PP y PSOE– lleva jugándolo el PRC de Miguel Ángel Revilla en Cantabria desde el 95. De hecho, Revilla –que gobernó la comunidad autónoma con el PP de 1995 a 2003 y con el PSOE de 2003 a 2011– y Rivera estuvieron a punto de concurrir juntos a las generales de 2011. Ambos constataron las “coincidencias” existentes entre Ciudadanos y PRC durante la reunión que mantuvieron en septiembre de aquel año en Santander y Rivera aceptó concurrir junto a Revilla a aquellas elecciones, pero con una condición: que la UPyD de Rosa Díez también se sumara al pacto. Revilla aceptó encantado, pero Díez dijo que no, lo que motivó que C’s finalmente decidiera no participar en las elecciones, abortando su principio de acuerdo con el PRC, que sí concurrió a aquellas generales de 2011, aunque no obtuvo representación.

Cuatro años después de todo aquello, siguen existiendo las mismas coincidencias ideológicas y programáticas entre Ciudadanos, UPyD y PRC, pero ahora hay una importante novedad: el partido de Rivera ya no necesita pactar con nadie para concurrir con garantías a unas elecciones –así lo arrojan las encuestas– y amenaza muy seriamente el papel que pretendió jugar UPyD en España, pero también el que ha venido jugando el PRC en Cantabria y el que le gustaría poder jugar como socio preferente del PP cántabro si el próximo día 24 los populares pierden la mayoría absoluta de la que gozan precisamente desde las autonómicas de aquel lejano 2011.

Emigrante es quien se ve empujado a abandonar su país por falta de oportunidades. Esto es así, independientemente de que ese afectado sea un subsahariano que llega a las costas de Tarifa en una patera o un español que vuela a Berlín con un smartphone y dos másteres.

Si esto es así –que lo es–, ¿por qué ciertos sectores alternativos llaman emigrante al subsahariano y exiliado al español? ¿Por qué lo hacen, si exiliado es quien se ve obligado a abandonar su país no por falta de oportunidades, sino por motivos de persecución política? Esos sectores alternativos aseguran que lo hacen para evidenciar que lo que empuja al español a emigrar tiene causas políticas –que las tiene–, al ser atribuible –que lo es– al sistema y al régimen.

Pero a este respecto conviene hacer unas cuantas puntualizaciones, entre otras cosas porque lo que empuja al subsahariano a subirse a una patera también tiene causas políticas, y sin embargo al subsahariano no le llaman exiliado.

Considerar exiliado a uno sí y a otro no –exiliado al español y emigrante al subsahariano– es clasista y además entorpece la denuncia de las causas que empujan a emigrar, sea en avión o en patera.

Considerar exiliado a todo emigrante –al español y al subsahariano– sería menos clasista, pero sería igual de injusto, porque supondría ignorar las diferencias que existen entre la emigración y el exilio. Que la falta de oportunidades que empuja a la emigración –al subsahariano que llega a Tarifa en patera, al español que vuela a Berlín o al abuelo de éste, que hace cinco décadas también llegó a Berlín, aunque en ferrocarril, con una maleta de cartón atada con una cuerda y un bocadillo envuelto en papel de estraza– tenga causas políticas no convierte al emigrante en un exiliado y confundir ambas realidades impide la denuncia del motivo que obliga a exiliarse –a exiliarse de verdad–, que no es otro que la persecución política.

Colaborar en que cada vez más gente joven confunda emigración y exilio es injusto, pero sobre todo es muy peligroso.

La emigración y el exilio son realidades distintas, pero no porque la primera sea menos digna ni menos dura –hay tanto emigrantes como exiliados que viven de forma más o menos confortable, lo mismo que hay tanto emigrantes como exiliados que viven en condiciones prácticamente infrahumanas– ni siquiera menos denunciable que el segundo, sino porque el emigrante se va –empujado por la falta de oportunidades, pero se va– y al exiliado lo echan, en el sentido de que no le queda más remedio que abandonar su país si quiere conservar su vida o su libertad. Y –otra gran diferencia– el exiliado no podrá regresar a su país ni siquiera de visita o de vacaciones mientras dure esa amenaza contra su vida y su libertad.

La condición de exiliado no la da el color de la piel ni la procedencia geográfica ni el mayor nivel académico, intelectual o cultural, sino la persecución política que obliga al afectado a abandonar su país para instalarse en otro.

Ciertos sectores alternativos deberían explicar por qué insisten en llamar inmigrantes a quienes entran en España buscando trabajo y exiliados a quienes salen de España también buscando trabajo. Porque lo que busca el español que vuela a Berlín con su smartphone y sus dos másteres no es asilo político, sino trabajo. Esos sectores alternativos deberían explicar también cómo podría alguien exiliarse –exiliarse de verdad– en países como la Alemania de Merkel, si ellos mismos señalan a la canciller germana como una de los principales responsables de que ese español se vea empujado a tomar un avión con destino a Berlín.

El principal objetivo del neoliberal TTIP es transferir poder político de los estados europeos a las grandes corporaciones empresariales.

Hace unos meses asistí a una exposición artística que incluía un vídeo en el que una especie de virus, compuesto por los logotipos de las multinacionales que cotizan en las principales bolsas del mundo, iba devorando sucesiva e implacablemente, con un inquietante zumbido como fondo musical, las banderas de una serie de estados, hasta reducirlas todas a negro.

Junto a esa pantalla, otra mostraba un inquietante futuro en el que todos los ejércitos del mundo capitalista dependían ya directamente –no sólo indirectamente, como ahora– de las grandes corporaciones empresariales. Las fuerzas armadas de los estados habían sido sustituidas por el ejército de tal o cual banco o de tal o cual petrolera. Se había pasado ya de la actual democracia de los mercados a una futura dictadura de las multinacionales.

Enseguida pensé que todo aquello ejemplificaba bastante bien lo que persigue el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP –Transatlantic Trade and Investment Partnership–, por sus siglas en inglés), tratado de libre comercio que están negociando la Comisión Europea –en nombre de los estados miembros de la UE– y el Gobierno de Estados Unidos a puerta cerrada. En secreto. Sin ofrecer a los parlamentos estatales detalles de los textos sometidos a negociación y entorpeciendo todo lo que pueden la labor de control de los miembros del propio Parlamento Europeo.

Y es que el principal objetivo del neoliberal TTIP es precisamente hacer realidad un viejo sueño de las élites dominantes: transferir poder político de las instituciones europeas –de ámbito autonómico, estatal y continental– a las multinacionales. En otras palabras, conceder un poder prácticamente ilimitado a las grandes corporaciones empresariales, eliminando las pocas trabas legales y burocráticas que aún existen a su libertad de explotar el trabajo asalariado y precarizar los derechos y las condiciones de vida de los trabajadores. Es cierto que antes de la aprobación del TTIP los estados europeos se están limitando a responder sí, bwana a las ambiciosas pretensiones de las multinacionales, pero es que después de la aprobación del TTIP ni siquiera serían preguntados.

El TTIP tiene dos posibilidades: acabar aprobado, como el NAFTA, o sin aprobar, como el ALCA.

El neoliberal Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA –North American Free Trade Agreement–, por sus siglas en inglés) entre Estados Unidos, Canadá y México provocó la insurgencia del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el estado mexicano de Chiapas el 1 de enero de 1994, día de la entrada en vigor del acuerdo. Y es que la aprobación del NAFTA, que a la oligarquía mexicana sí le supuso una oportunidad de negocio, a los trabajadores –y muy especialmente a los campesinos indígenas–les supuso la ruina económica.

Por su parte, el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) pretendió expandir el NAFTA de Estados Unidos, Canadá y México al resto de estados del continente americano –con la exclusión de la bloqueada y resistente Cuba–, pero el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela frenó en seco ese tratado de libre comercio y Venezuela y Cuba pusieron en marcha el ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos), alianza antiimperialista y de comercio justo y colaboración solidaria entre los pueblos de Latinoamérica y El Caribe de la que hoy también forman parte otros Estados como Bolivia, Nicaragua o Ecuador y que acabó con los esfuerzos de Estados Unidos para imponer el ALCA en la región.

Lo que Estados Unidos presenta como apetecibles e inofensivos tratados de libre comercio en realidad son poderosos instrumentos de desregulación y flexibilización del mercado para garantizar libertad de movimientos y las más altas tasas de ganancia a las grandes corporaciones empresariales –la mayor parte de ellas de origen estadounidense–, a costa de precarizar hasta el paroxismo los derechos y las condiciones de vida de las clases populares.

El TTIP tiene dos posibilidades: acabar en el basurero de la Historia como el ALCA o salir adelante como el NAFTA. La democracia de los pueblos o la dictadura de las multinacionales. Que partidos como PP, PSOE o Ciudadanos apoyen el TTIP no es casual. Europa, la vieja Europa, tiene la palabra.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, estalló durante la última reunión de la Presidencia Federal de la organización. Lara no pudo más y, notablemente enfadado, se reconoció “avergonzado” por la imagen de división ofrecida por IU e instó a sus compañeros a “ayudar” a Alberto Garzón, porque es el candidato “de todos y cada uno” de los militantes de la coalición en las próximas elecciones generales y si Izquierda Unida no obtiene grupo parlamentario, “perdemos todos” y la organización se va “al garete”, dijo.

La reunión de la Presidencia Federal se celebró a puerta cerrada, pero alguien cometió la deslealtad de grabar la airada intervención del coordinador federal, que acabó publicada en la prensa.

Cayo Lara se puso al frente de IU en diciembre de 2008, recién estallada la crisis económica (Lehman Brothers había quebrado en septiembre) y con la organización más desunida que nunca –o tan desunida como siempre– y electoralmente desangrada por Gaspar Llamazares y compañía. La tarea que Lara tenía por delante no era fácil, y debía elegir entre llevarla a cabo con mano de hierro –levantando la voz y las alfombras– o con mano izquierda. Y optó por lo segundo, por contemporizar.

Izquierda Unida y su coordinador federal no quisieron o no pudieron llevar hasta sus últimas consecuencias el proceso de refundación de la izquierda que la organización puso en marcha en octubre de 2009, un año y medio antes del 15-M. Y tampoco han querido o han sabido reaccionar a tiempo ni ante el nacimiento y ascenso de Podemos ni ante la protección del aparato de Izquierda Unida Comunidad de Madrid (IUCM) a sus cargos internos e institucionales con responsabilidades políticas en el caso de las tarjetas black de Bankia. Dos asuntos clave que están más relacionados de lo que parece.

En primer lugar, Cayo Lara no fue consciente del potencial electoral de Podemos hasta después de las elecciones europeas, y sólo entonces decidió –acertada o equivocadamente– que no sería el candidato de IU en las generales, dejando vía libre al diputado Alberto Garzón, cuya proclamación fue automática, al ser el único militante de la organización que se presentó a las primarias. Pero ni el paso atrás del coordinador federal ni el apoyo tanto de Lara como del secretario general del PCE, José Luis Centella, a Garzón fueron suficientes para aplacar las muestras de hostilidad y el desdén de ciertos sectores de Izquierda Unida hacia el joven candidato, al que acusan de estar más cerca de Podemos que de la propia IU y de querer entregar la organización al partido de Pablo Iglesias.

En segundo lugar, Lara prefirió mantenerse al margen de las trifulcas entre el aparato de IUCM –vinculado a Ángel Pérez y Gregorio Gordo, expulsados de PCE e IU por su responsabilidad política en el caso de las tarjetas black de Bankia, pero que continúan como portavoces de IUCM en el Ayuntamiento y en la Asamblea de Madrid, respectivamente– y los afines a Tania Sánchez, que lograron el apoyo de la mayoría de los militantes y simpatizantes de IUCM en las primarias para encabezar las candidaturas de la organización al Ayuntamiento y a la Asamblea de Madrid. El aparato de IUCM y ciertos sectores de Izquierda Unida acusaban a Tania Sánchez –que acabó abandonando la coalición, impotente ante las zancadillas del aparato de IUCM y la falta de apoyo expreso de Lara– de lo mismo que a Alberto Garzón: de estar más cerca de Podemos que de IU y de querer entregar IUCM a Podemos.

Esos sectores contrarios –unos de forma pública y otros de forma más taimada– a Alberto Garzón se agrupan en torno a figuras como las de Francisco Frutos y Gaspar Llamazares, ex candidatos de IU en las elecciones generales, que cuando estuvieron al frente de Izquierda Unida se caracterizaron por su cercanía al PSOE. Los vinculados a Frutos –ex secretario general del PCE– han dado un paso más en las últimas semanas, extendiendo sus acusaciones a José Luis Centella –actual secretario general del PCE–, quien según ellos se habría convertido en una especie de marioneta de Alberto Garzón y querría entregar a Podemos no sólo IU, sino también el propio Partido Comunista. Por su parte, los vinculados a Llamazares y a su partido Izquierda Abierta –el nuevo hombre fuerte de IUCM, Luis García Montero, es uno de los principales– son más partidarios de hacer como que la cosa no va con ellos, frotarse las manos ante el río revuelto y confiar en que después del control de IUCM venga también el de Izquierda Unida.

Y Cayo Lara, en medio. Con todos en general y con ninguno en particular. Intentando –¿inútilmente?– poner un poco de orden. Templando gaitas, como se suele decir. Aunque en la última reunión de la Presidencia Federal explotó, recordando que “quien nos está rebañando los votos se llama Podemos” y que el partido de Pablo Iglesias ya “no quiere hablar con IU, porque la considera un lastre”, pero sobre todo reclamando algo tan básico –aunque desoído por tantos– como el apoyo de todos los militantes al candidato de Izquierda Unida en las elecciones generales, que no es otro que Alberto Garzón.

Pero ¿bastarán cuatro bocinazos –que probablemente llegan tarde– para asegurar la unidad de IU en torno al joven candidato? Todo apunta a que no. Y si efectivamente no bastaran, Lara sabe que ya no podría seguir limitándose a ejercer un papel moderador, con dos grupos –por un lado el del propio Alberto Garzón, Centella o Julio Anguita, más partidarios de la unidad popular con Podemos, y por otro el de IUCM, Llamazares o Frutos, más partidarios de la unidad de la izquierda con el PSOE, como han demostrado siempre– tirando de cada uno de los extremos de una cuerda cada vez más frágil y con elecciones municipales, autonómicas y generales a la vuelta de la esquina.

El tiempo corre en contra de Izquierda Unida. El generoso paso atrás de Cayo Lara para facilitar que Alberto Garzón fuera proclamado candidato de IU en las generales apuntaba a que Lara no repetiría como coordinador federal de la organización después de la próxima Asamblea Federal, pero en los últimos días –y a pesar de que su apoyo al candidato continúa intacto, al menos en apariencia– Lara está siendo cortejado por los sectores más alejados de Alberto Garzón y ya nada es descartable. Todos –unos y otros– esperan un movimiento de Cayo Lara que incline la balanza hacia su lado.

Es capaz de resumir la bronca entre las huestes de Cayo Lara y las de Pablo Iglesias –bronca que centra el debate de buena parte de la izquierda española desde hace más de un año– en sólo 40 caracteres: "Pelea en el barro entre socialdemócratas".

Erich Honecker, secretario general del Partido Socialista Unificado de Alemania (SED) y jefe de Estado de la República Democrática Alemana (RDA) hasta 1989, escribió su Moabiter Notizen entre 1992 y 1993 en una celda de la prisión berlinesa de Moabit, que conocía bien por haberla frecuentado –como otros comunistas y antifascistas en general– durante el nazismo.

Moabiter Notizen, que años después sería traducido al castellano con el título de Notas de la cárcel, fue publicado en 1994 –año de la muerte de Honecker–, con la RDA ya destruida y Alemania reunificada y entregada al capitalismo.

En el libro, el exjefe de Estado de la Alemania del Este se refiere a la construcción y posterior destrucción de la RDA, y lo hace de forma crítica y autocrítica, pero sin renegar de sus ideas ni de sus actuaciones y reivindicando las relaciones de producción socialistas que permitieron a todos los germanorientales disfrutar de un trabajo, de una seguridad social digna de tal nombre, de viviendas a precios asequibles, de guarderías, de escuelas infantiles, de clubes juveniles y de una vida cultural de alto nivel, a pesar de las difíciles condiciones en las que los dirigentes de la RDA tuvieron que actuar durante los cuarenta años de existencia del Estado creado tras la derrota del nazismo en la II Guerra Mundial.

En sus Notas de la cárcel, Honecker explicaba, constataba y auguraba tres cuestiones sobre las que hoy caben pocas dudas. Explicaba que la destrucción de la RDA se enmarcó en el gran objetivo de hundir la comunidad de estados socialistas, fijado por los centros imperialistas occidentales, con Estados Unidos y la República Federal Alemana (RFA) a la cabeza y con la URSS de Gorbachov, Shevardnadze, Yakovlev y Yeltsin como colaboradora necesaria. Constataba que el caos y la desorientación habían empezado a apoderarse del mundo, al desaparecer el socialismo del suelo europeo y autoproclamarse Estados Unidos como gendarme del nuevo orden mundial a golpe de misiles y bombas. Y auguraba que en el futuro –un futuro que ya está aquí– millones de personas del antiguo Bloque del Este y de fuera del mismo sufrirían las consecuencias del capitalismo y la competencia salvaje durante mucho tiempo, así como que la cuestión social seguiría centrando las controversias públicas en todos los países capitalistas.

Honecker reconocía que las estructuras democráticas de la RDA habían sido insuficientes, pero también destacaba que, allí donde funciona, la democracia burguesa se reduce a los espacios de libertad que los trabajadores han logrado arrancarle al capital a través de sus luchas. Y es que tenía claro que detrás de la sustitución del socialismo por la democracia burguesa en la Alemania del Este no se escondía más que la intención de destruir la propiedad social de los medios de producción –devolviendo las tierras colectivizadas a los grandes propietarios y las empresas nacionalizadas a los capitalistas– y liquidar los equipamientos sanitarios, educativos, científicos, sociales y culturales de la RDA.

Pero evidenciar el valor documental del relegado Moabiter Notizen y desempolvar la figura de su autor resultaría hoy incompleto sin llamar la atención sobre la brillantez de su alter ego tuitero @HoneckerRDA, un maestro de la ironía que define al viejo Honi –encarcelado dos veces por nazis (de 1935 a 1945) y liberales (entre 1992 y 1993) “válgame la redundancia”– como jefe de Estado de la República Democrática Alemana (1976-1989) “y primer ERE de su historia”. Un tipo sagaz que dispara tuits del tipo de “los clasemedias os habéis acostumbrado a que haya leche sin lactosa y ahora pensáis que puede haber un Estado sin opresión a una clase ni a otra” y es capaz de resumir la bronca entre las huestes de Cayo Lara y las de Pablo Iglesias –bronca que centra el debate de buena parte de la izquierda española desde hace más de un año– en sólo 40 caracteres: “Pelea en el barro entre socialdemócratas”.

¿Por qué no ha celebrado Podemos su espectacular irrupción en la política institucional andaluza? Pues porque, como sus dirigentes no han dejado de repetir desde que pusieron en marcha el partido, Podemos no nació para ser un actor secundario –no nació para ejercer las tareas de oposición ni para integrar o apoyar gobiernos dirigidos por el PSOE, la pata izquierda del bipartidismo–, sino para convertirse en el actor principal de la política española. “Nacimos para ganar”, han insistido siempre. Por eso otros partidos aún estarían dando botes de alegría con 15 escaños –partiendo de cero– en el Parlamento de Andalucía, mientras que Podemos, tercera fuerza política en la comunidad autónoma con el 15% de los votos, ha recibido el resultado con caras largas.

Podemos aspiraba (¿sigue aspirando?) a acabar con el bipartidismo, primero ganando las elecciones generales para evitar que España siga siendo gobernada por la Troika y después conformando un gran bloque para avanzar hacia un proceso constituyente que supere el régimen del 78. Y aspiraba (¿sigue aspirando?) a lograrlo presentándose ante la sociedad –una sociedad con escasa y deficiente formación política– no como un partido de izquierdas, sino como nueva política al margen del eje izquierda/derecha. Pero...

Primero: PSOE y PP sumaron el 62% de los votos y 80 de los 109 escaños a repartir en las elecciones andaluzas, lo que refleja que el bipartidismo puede estar tocado –en las anteriores sumó el 80% de los sufragios y 97 asientos–, pero no está ni mucho menos hundido. Y segundo: es evidente que a Podemos le ha hecho mucho daño que la maquinaria propagandística del régimen del 78 lleve meses criminalizando al chavismo y vinculando al partido de Pablo Iglesias con éste, así como promocionando –y parece que con éxito, a juzgar por sus nueve escaños en las andaluzas– a Ciudadanos, un partido que, como Podemos, también se reivindica como nueva política al margen del eje izquierda/derecha.

El gran objetivo de Podemos no son las autonómicas sino las generales y sería aventurado extrapolar los resultados del domingo al conjunto del Estado –y más teniendo en cuenta que Andalucía no parecía ni parece su mejor plaza–, pero no conviene olvidar que el partido salía “a ganar” las andaluzas y ha tenido que conformarse con 15 escaños de 109. Dicho de otra forma, el 22M no ha acabado con Podemos, pero sí lo ha bajado a la tierra.

Las andaluzas arrojan que, así como Ciudadanos está empezando a ser percibido como lo que es –una especie de Podemos de derechas–, Podemos también está empezando a ser percibido como lo que es: un partido de izquierdas. A partir de ahora, tendrá que valorar cómo influye eso en su determinación de “ocupar la centralidad del tablero político” para llevar a cabo su doble objetivo de ganar las generales y avanzar hacia ese proceso constituyente que deje atrás el régimen del 78. Y tendrá que reconsiderar si continúa recorriendo ese camino en solitario –como tenía previsto, sobre todo tras los resultados de las europeas– o rectifica y apuesta por la convergencia con otras fuerzas de izquierdas.

En cualquier caso, lo primero que debe decidir Podemos es qué hacer ante la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía. Parece evidente que no votará a favor, pero debe elegir entre facilitar la investidura absteniéndose y no facilitarla votando en contra –tanto en la primera votación como en la segunda–, lo que obligaría a la secretaria general del PSOE andaluz a alcanzar un pacto de investidura más o menos expreso con el PP –o con Ciudadanos–, si no quiere tener que volver a convocar elecciones.

Si Podemos facilita la investidura de Susana Díaz, el establishment elogiará su actitud responsable. Si no la facilita –abocando al bipartidismo a conformar una gran coalición más o menos tácita que evidencie más aún la tramoya del régimen del 78 o a volver a convocar elecciones–, el acoso y derribo contra la formación de Pablo Iglesias no habrá hecho más que empezar. La decisión de Podemos, sea cual sea, entrañará riesgos –de uno u otro tipo– para el partido, pero sobre todo proporcionará muchas claves de futuro.

El autor del Quijote –obra cumbre de la literatura en español y libro más traducido de la historia, después de la Biblia– murió y fue enterrado cristianamente en 1616 en el Convento de las Trinitarias Descalzas de Madrid. Como refleja la placa que ornamenta una de las fachadas del edificio, allí reposan sus restos desde entonces, a pesar de que fueron removidos a finales del siglo XVIII, durante unas obras de reconstrucción.

Si los huesos de Miguel de Cervantes nunca salieron del convento trinitario y si ningún experto puede asegurar que los restos hallados recientemente bajo la tierra excavada del inmueble son los del raro inventor –como se autodefinió en su Viaje del Parnaso–, ¿dónde está la noticia en toda esta historia? Porque lo que es innegable es que el supuesto descubrimiento deja frío a cualquiera que no se dedique a ver los telediarios con la boca abierta o a cualquiera que no se apreste a sacar tajada de este sainete, que ésa es otra.

¿Hace falta decir que Cervantes no está en el Convento de las Trinitarias Descalzas? ¿Hace falta decir que allí sólo reposan –como han reposado siempre– sus huesos, aunque no se sepa –aunque siga sin saberse– cuáles son exactamente?

Cervantes está en el sueño imposible del Quijote, en el garbo salvaje de La Gitanilla, en las licenciosas andanzas de Rinconete y Cortadillo o en la maldición obsesiva de El licenciado Vidriera. Está en el Rocinante de León Felipe, en El viaje infinito de Sancho Panza de Alfonso Sastre, en el Don Kikhot de Grigori Kozintsev o en aquel dibujo animado que mojaba en un tintero su pluma inmortal para dar vida a los inolvidables personajes de una serie infantil que marcó a toda una generación.

Si España es el segundo país del mundo con más desaparecidos –superado sólo por Camboya–, ¿por qué negarse a exhumar sus cuerpos? ¿Y por qué desenterrar el de alguien que ya descansaba en paz? Si una guerra no termina hasta que todas sus víctimas mortales son inhumadas dignamente, ¿hay guerras que no terminan nunca? Cualquier mente sana es consciente de que enterrar con dignidad a los muertos no sólo no reabre heridas, sino que contribuye a cerrarlas.

El próximo año se conmemorará el cuarto centenario de la muerte del autor de la obra cumbre de la literatura en español (1616-2016). Qué casualidad. Y qué mejor que unos cuantos fuegos de artificio y un flamante mausoleo para celebrarlo. Los más de 100.000 desaparecidos pueden seguir esperando en las cunetas, quién sabe si otros 80 años más. O eternamente.

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido prohibir el concierto que Soziedad Alkoholika iba a ofrecer el 14 de marzo en el Palacio Vistalegre, alegando que durante su celebración podrían producirse “alteraciones del orden público”.

Como nunca se han producido alteraciones del orden público durante las actuaciones del grupo vitoriano, no resulta aventurado concluir que la verdadera razón de la suspensión del concierto no es la esgrimida, sino los “excesos verbales” de algunos temas de Soziedad Alkoholika, como desliza el propio Ayuntamiento en el auto de prohibición, citando una sentencia del Tribunal Supremo, pero obviando que a través de esa sentencia el alto tribunal absolvió al grupo gasteiztarra de un supuesto delito de humillación a las víctimas del terrorismo, del que había sido acusado por la AVT y absuelto ya en primera instancia por la Audiencia Nacional.

Y es que la prohibición del concierto de Soziedad Alkoholika en Madrid debe ser enmarcada en un rosario de ataques a la libertad de expresión –a la libertad de expresión de sólo una parte, siempre la misma, de la sociedad– en España, como el secuestro de la revista satírica El Jueves por una caricatura de Felipe de Borbón y Letizia Ortiz en posición íntima; la acusación de ultraje al actor Pepe Rubianes por sus palabras durante una entrevista; la querella contra el cantautor Javier Krahe por “ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa” en una película; la denuncia al cómico Leo Bassi por otro supuesto delito de blasfemia –presente aún en el Código Penal español– por su parodia del Papa Juan Pablo II; o el juicio en la Audiencia Nacional al humorista Facu Díaz por un supuesto delito de humillación a las víctimas del terrorismo –del que resultó absuelto, como Soziedad Alkoholika– por otra parodia, por citar algunos ejemplos.

Quienes jalean las caricaturas que ofenden a otros y sin embargo persiguen con saña las caricaturas –o las canciones, que para el caso es lo mismo– que les ofenden a ellos no sólo no son Charlie, sino que, además de censores, son unos hipócritas.

En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece que la libertad de expresión “constituye uno de los fundamentos esenciales de la sociedad” y “no se aplica sólo a las informaciones o ideas consideradas inofensivas o indiferentes, sino también a las que ofenden o molestan”, porque “tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democrática”.

Soziedad Alkoholika no ha dejado de actuar –desde América hasta Japón, pasando por Europa y España– durante sus 27 años de historia. El próximo concierto del grupo se celebrará el 19 de abril en Santiago de Chile.

Según las últimas encuestas, las próximas elecciones generales podrían suponer el fin del turnismo bipartidista de PP y PSOE. Nuevas formaciones podrían arrebatar el Gobierno español a esos dos partidos o al menos abocarlos a conformar una gran coalición –al estilo de la grosse koalition alemana– que evidenciaría ya del todo una tramoya cuidadosamente diseñada cuarenta años antes.

La transición del franquismo a la monarquía parlamentaria consistió en reemplazar el andamiaje de la dictadura nacionalcatólica por otro, homologable con los regímenes liberales del entorno, que permitiría involucrar plenamente a España en las estructuras políticas, económicas y militares del capitalismo internacional, conservando y consolidando el estatus de las clases dominantes. ¿Cómo? Sustituyendo el partido único del franquismo por dos grandes partidos de centro –uno de centro-derecha y otro de centro-izquierda–, encargados de protagonizar la mascarada que garantizaría la paz social del régimen del 78 y del sistema capitalista.

Tuteladas por el jefe del Estado designado por Franco y por los poderes fácticos interiores y exteriores –empezando por el Departamento de Estado norteamericano y la CIA–, cuatro fuerzas políticas –la AP del exministro franquista Manuel Fraga, la UCD del también exministro franquista Adolfo Suárez, el PSOE de Felipe González y el PCE de Santiago Carrillo– protagonizaron la reforma de la dictadura, que sentó las bases del bipartidismo imperfecto que rige la política institucional española desde entonces.

El papel de partido de centro-derecha ha correspondido a UCD de 1977 a 1982, a AP de 1982 a 1989 y al PP desde 1989 (el año en el que Alianza Popular, que ya integraba a numerosos cuadros de la extinta UCD, se refundó como Partido Popular) hasta la fecha. Por contra, el papel de partido de centro-izquierda ha correspondido siempre al PSOE, con cuyo control se hicieron González y su equipo en el congreso celebrado en la localidad francesa de Suresnes en 1974.

El bipartidismo –desde la UCD de Suárez y el PSOE de González hasta el PP de Mariano Rajoy y el PSOE de Pedro Sánchez– se ha caracterizado por los grandes consensos y la identificación de las principales políticas de los dos partidos que en cada momento lo han vertebrado, empezando por una política económica marcadamente neoliberal.

Como instrumento concebido y puesto en marcha para conservar y consolidar todo un estado de cosas, el bipartidismo ha contado con un sistema electoral diseñado ad hoc y una potente maquinaria propagandística que –con el voto útil como axioma– han impedido que cualquier otra formación ponga en peligro el turnismo. Al menos, hasta la crisis económica y la gestión neoliberal de ésta por parte tanto del PSOE como del PP. Y es que, según las encuestas, un partido de izquierdas, Podemos, y otro de derechas, Ciudadanos, (ni Podemos se dice de izquierdas ni Ciudadanos se dice de derechas, pero lo son) podrían amenazar un bipartidismo que ni IU ni UPyD llegaron nunca a poner en peligro.

Pero no conviene olvidar que una cosa es amenazar las posiciones de PP y PSOE, otra cosa es amenazar el bipartidismo, otra cosa es amenazar el régimen del 78 y otra cosa es amenazar el sistema capitalista, entre otras cosas porque el sistema capitalista puede sobrevivir sin el régimen del 78, el régimen del 78 puede sobrevivir sin el bipartidismo e incluso el bipartidismo puede sobrevivir sin el PP y el PSOE. Y tampoco conviene olvidar que la esencia del bipartidismo español no es que esté constituido por dos partidos –podría estarlo por tres o por cuatro, sin que cambiara nada más que su nombre–, sino su condición de instrumento de las clases dominantes para garantizar su dominio. Por ello, la cuestión principal no es si se acerca el fin del bipartidismo, sino si se acerca el fin de las políticas y del estado de cosas que el bipartidismo se ha encargado de garantizar. En este sentido, Podemos plantea más de una incógnita, pero de Ciudadanos hay pocas dudas de que sólo cabe esperar más de lo mismo. Probablemente, mucho o muchísimo más, pero de lo mismo.

¿Eran necesarios treinta, treinta y cinco o cuarenta años –y una crisis económica– para comprobar que no se equivocaba?

Madrid, 20 de noviembre de 1975. Francisco Franco muere en la cama después de casi 40 años en la jefatura del Estado español y en el mando supremo de los ejércitos de Tierra, Mar y Aire. El presidente de su Gobierno, Carlos Arias Navarro, comparece lloroso ante las cámaras de TVE para dar cuenta de la muerte del dictador y leer su conciso testamento político, que se resume así:

“Os pido que rodeéis al futuro Rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado y le prestéis, en todo momento, el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido”.

“Mantened la unidad de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza de la unidad de la patria”.

Tres años y 16 días después de la muerte de Franco, la Constitución española de 1978 determina lo siguiente:

“El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes” (artículo 56).

“La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica” (artículo 57).

“Corresponde al Rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas” (artículo 62).

“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas” (artículo 2).

“Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional” (artículo 8).

Durante su discurso televisado de la Nochebuena de 1969 –el año en que nombró a Juan Carlos de Borbón “sucesor a título de rey”–, el dictador había pronunciado la frase “lo dejo todo atado y bien atado”.

¿Eran necesarios treinta, treinta y cinco o cuarenta años –y una crisis económica– para comprobar que no se equivocaba?

Tras el éxito internacional de una de las punzantes películas en blanco y negro de Berlanga, un ministro de la dictadura nacionalcatólica mostró sus quejas al jefe del Estado sobre “el comunista ese de Berlanga”, a lo que Franco se limitó a responder con su habitual laconismo: “Berlanga no es un comunista, es algo mucho peor que eso, es un mal español”.

Desde el año pasado, quienes presentan la gala de los Goya y entregan los premios del cine español deben firmar antes un contrato de cesión de sus derechos de imagen, que incluye una cláusula que no les permite modificar el guión de la ceremonia. El año pasado algunos de esos directores, actores y cómicos se negaron a convertirse en autómatas incapacitados para hacer suyo un guión y decidieron no firmar el contrato, a pesar de lo cual les fue permitido participar en la gala, pero como ésta acabó marcada por las críticas al ministro Wert y a sus políticas, este año los organizadores de la ceremonia han decidido tomarse las cosas más en serio que el alcalde de Bienvenido, Mister Marshall. El año pasado Wert no asistió a la gala. Este año sí lo hizo. Y es que sabía que el riesgo de que algún mal español le amargara la velada esta vez tendía a cero.

Este año el actor Carlos Areces (uno de los amiguetes de la saga de Torrente; el que tiene cara de no haber roto nunca un plato) tuvo que abandonar el Palacio de Congresos de Madrid antes de que comenzara la ceremonia, después de que el productor ejecutivo de los Goya, Emiliano Otegui, le informara –a última hora– de que no podía entregar –como estaba previsto– una de las estatuillas ni seguir el desarrollo de la gala desde el backstage (que es desde donde lo siguen quienes reparten los premios, por lo que Areces había cedido su asiento en el patio de butacas), precisamente por haberse negado a firmar un contrato que está dando más vueltas que el motocarro de Plácido, pero que la Academia del Cine sigue sin querer hacer público, a pesar de las numerosas peticiones al respecto.

El productor ejecutivo de los Goya argumenta que el documento sólo pretendía que la ceremonia no se alargara demasiado (resulta curioso, teniendo en cuenta que duró casi cuatro horas), pero los sectores más concienciados y comprometidos del cine español coinciden en que estos Goya 2015 han marcado un punto de inflexión, como lo hicieron los Goya 2003 del No a la guerra, pero esta vez en sentido contrario. En estos sectores no se duda de que detrás del contrato que Areces se negó a firmar hay un acuerdo entre Televisión Española y la Academia del Cine –Otegui ejerce precisamente de 'puente' entre la Academia y TVE, que retransmitió la ceremonia en directo– para evitar que los titiriteros vuelvan a pasarse de la raya. Aún colea el malestar por un nombramiento que hizo más ruido que el maletín de El Verdugo –el de Porfirio Enríquez como director general de la Academia el año pasado; sorprendentemente, sólo unos días antes de celebrarse las elecciones a la Presidencia de la institución– y nadie olvida tampoco que Televisión Española está cada día más controlada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Pero TVE –pública, aunque cada vez más privada– no fue la única televisión presente en los Goya 2015. Sin cuestionar la calidad de La isla mínima y El niño, el hecho de que las dos grandes protagonistas de la noche hayan sido producidas, respectivamente, por Atresmedia (propietaria de Antena3 y LaSexta) y Mediaset (propietaria de Telecinco y Cuatro y productora también de Ocho apellidos vascos, tercera protagonista de la noche y película más taquillera de la historia del cine español) justifica la preocupación por las crecientes y a menudo insalvables dificultades que las películas pequeñas -muchas de ellas, de gran calidad– encuentran para poder competir con esos gigantes en las salas de exhibición.

En los Goya faltaron también muchos trabajadores del mundo del cine –nadie en el Palacio de Congresos levantó la voz para apoyar a Areces porque, de los directores, actores y cómicos menos acostumbrados a transigir, unos no estaban invitados y otros se negaron a acudir–, quienes fueron sustituidos por muchos otros de la televisión. Las televisiones privadas mantienen con la Academia una relación tanto o más estrecha que la de TVE, y el comedimiento de los principales galardonados –quienes, al contrario que los presentadores, no tienen que firmar el contrato que no permite modificar el guión de la gala, y cuyo discurso es personal– podría no ser casual.

Lo cierto es que –con cada vez más productoras independientes al borde del cierre por los severos recortes en las ayudas a la amortización de largometrajes– los Goya 2015 acabaron convertidos en un interminable desfile de modelitos –muchos de ellos, prestados–, donde prácticamente nadie excepto Pedro Almodóvar dijo una palabra más alta que otra y solo se vieron dos lazos naranjas en apoyo a los trabajadores de TVE que a las puertas del edificio denunciaban los recortes y la manipulación que sufre la televisión pública: el que portaba el propio Areces hasta que se marchó antes de tiempo y el que lució Alberto Rodríguez (ganador del Goya al mejor director por La isla mínima), pero solo a su llegada a la gala.

Y es que en el Palacio de Congresos no faltaron las advertencias sobre la necesidad de separar la política de la fiesta del cine español (¿es necesario recordar a alguien que eso de que los trabajadores del cine español son todos millonarios es más falso que las apariciones de Los jueves, milagro, por mucho que lo repita la TDT party?) ni las insinuaciones sobre la conveniencia de desprenderse del lazo naranja.

Enrique González Macho –partidario de reivindicar en los despachos y de que los tirones de orejas queden circunscritos a su discurso oficial– alegó ayer “motivos estrictamente personales” para justificar su dimisión como presidente de la Academia (cargo en el que fue reelegido el año pasado y en el que será sustituido por el actual vicepresidente primero, Antonio Resines), pero cuesta desvincular la renuncia de este hombre poco amigo de ruidos de lo revueltas que bajan las aguas en una institución más dominada que nunca por los intereses y las camarillas.

Antes de entregar el Goya de Honor a Banderas, Almodóvar arrancó su discurso con un “buenas noches, amigos de la cultura y del cine español… Señor Wert, usted no está incluido en esto”. El productor ejecutivo de los Goya, Emiliano Otegui, asegura que el director manchego se pronunció así porque las palabras de quien entrega el Goya de Honor siempre son personales y por eso escapan a su control. Pero caben pocas dudas de que ni Otegui ni nadie se atrevería a dar a firmar al oscarizado cineasta el contrato que la Academia del Cine no ha mostrado aún y que se negó a suscribir un actor de la escuela de Muchachada Nui. Un señor con ninguna gana de participar en enjuagues ni de reír gracias enlatadas delante de un ministro de cabeza brillante y sonrisa puesta que no desentonaría en el acartonado paisanaje de La escopeta nacional. Un tipo que no quiso formar parte de una tramoya. Un digno representante de la mejor estirpe de cómicos. Un mal español.

Para intentar responder la cuestión de quién es la

Syriza española

hay que remontarse un cuarto de siglo.

El PSOE siempre ha sido el partido hermano del Pasok, y el PCPE es el partido hermano del KKE. Pero... ¿quién es la Syriza española? Esta no es una cuestión sencilla, y para intentar responderla es necesario remontarse un cuarto de siglo.

Año 1989. Julio Anguita, entonces secretario general del PCE, es elegido coordinador general de Izquierda Unida, coalición -fundada tres años antes- que integra al propio PCE y a otras organizaciones de izquierdas y cuenta con siete diputados (de 350) en el Congreso. La IU del político cordobés denuncia y combate sin ambages la política económica neoliberal de reconversiones, privatizaciones, reformas laborales… del Gobierno de un PSOE tan entregado como el PP a la UE de los mercados. IU insiste en que el PSOE se dice de izquierdas, pero hace políticas de derechas, por lo que la unidad de la izquierda, entendida como confluencia con el partido socialista, es imposible mientras éste siga sumiso a la oligarquía económica y financiera y desarrollando el programa del FMI para España.

Anguita suele resumirlo con tres palabras en una: programa, programa, programa. E insiste en las teorías de las dos orillas –PP y PSOE, que comparten política económica neoliberal, están juntos en una de las orillas de un supuesto río, e IU está sola en la de enfrente– y el sorpasso –IU debe trabajar para sustituir al PSOE como fuerza hegemónica de la izquierda. Pero la IU del político cordobés también denuncia y reclama responsabilidades por los casos de corrupción de los gobiernos de Felipe González, y lo hace junto al resto de la oposición –incluido el PP–, lo que provoca que la prensa afín al felipismo le atribuya sin descanso una supuesta pinza con la derecha del PP contra la izquierda del PSOE. Una supuesta pinza que hace mucho daño a Anguita, tanto dentro como fuera del PCE y de IU. Aun así, la Izquierda Unida del político cordobés asciende a 17 diputados en 1989, 18 en 1993 y 21 en 1996, el techo electoral de la coalición desde su fundación hasta el día de hoy.

Año 2000. Anguita va a repetir como candidato de IU en las generales, pero poco antes sufre un infarto que se lo impide, y es relevado por Francisco Frutos, quien dos años antes lo había sustituido ya como secretario general del PCE. Con el político cordobés fuera de juego, la IU de Frutos decide olvidarse de las dos orillas, del sorpasso y del programa, programa, programa de la IU de Anguita, y concurre a las elecciones tras formalizar un pacto de izquierdas con el PSOE de Joaquín Almunia. El resultado electoral es desastroso: la IU de Frutos desciende de 21 a ocho diputados, pero eso no es lo peor. Lo peor es que ese pacto echa por tierra el trabajo de medio y largo plazo de Anguita –aunque también el de corto, a la vista de los resultados electorales– y lastra el futuro de IU, tanto electoralmente como, sobre todo, como alternativa ideológica y política a un partido socialista que sigue entregado a la UE de los mercados.

Con sólo ocho diputados, IU apuesta por más tibieza, y ese mismo año elige como coordinador general a Gaspar Llamazares. Militante del PCE –como Anguita y Frutos–, el político asturiano coquetea con el PSOE dentro y fuera del Congreso y profundiza en la idea de que, pese a las diferencias, el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero es de los nuestros, un partido de izquierdas. Los resultados de la IU de Llamazares son aún más desastrosos que los de la de Frutos: tres diputados en 2004 y uno solo –el propio Llamazares– en 2008. Y lo peor de todo es que las dos orillas y el sorpasso ya no son más que un viejo recuerdo perdido en el tiempo.

Año 2008. Estalla la crisis económica e IU elige como coordinador general al también militante del PCE Cayo Lara, un hombre contemporizador a quien le toca gestionar la pesada herencia que le dejan Frutos y Llamazares.

Año 2011. Al grito de no nos representan, el movimiento 15M, producto de la crisis y de la gestión neoliberal de ésta, identifica a PP y PSOE como las patas derecha e izquierda, respectivamente, de un bipartidismo sumiso a la oligarquía económica y financiera. Populares y socialistas, que en tiempos de crisis se diferencian menos que nunca, reforman juntos el artículo 135 de la Constitución… y la IU de Cayo Lara obtiene ocho diputados en las elecciones generales, frente a los 186 del PP (mayoría absoluta) y los 110 de un PSOE seriamente tocado.

Año 2012. Quien mejor ha comprendido el 15M y lo que éste representa políticamente es Anguita, quien sigue militando tanto en el PCE como en IU, pero pone en marcha el denominado Frente Cívico 'Somos Mayoría', que recupera la letra de la IU de la que el político cordobés fue coordinador general, y la acompaña de una música que conecta con la principal denuncia del 15M: PP y PSOE son dos caras de lo mismo, y no gobiernan para la gente, sino para los mercados. Mientras tanto, IU de Andalucía, tras consultar a sus bases, formaliza un pacto para gobernar la comunidad andaluza junto al PSOE, contra la opinión y pese a las advertencias de referentes políticos y éticos de la coalición tan intachables como Juan Manuel Sánchez Gordillo (alcalde de Marinaleda), Diego Cañamero (portavoz nacional del SAT) o el propio Anguita.

Año 2014. El partido Izquierda Anticapitalista –constituido a partir de una escisión de Izquierda Unida– y un grupo de profesores de Políticas de la Universidad Complutense –quienes han asesorado a gobiernos del socialismo del siglo XXI latinoamericano y algunos de los cuales han estado vinculados a IU– ponen en marcha el movimiento Podemos, que identifica a PP y PSOE como una casta política que gobierna al servicio del FMI –y la Troika en general– y los mercados. Podemos –como el Frente Cívico 'Somos Mayoría'– no habla ya de izquierdas y derechas, sino de dos partidos –uno de derechas y otro supuestamente de izquierdas– que no gobiernan para la mayoría de la población, sino para la oligarquía económica y financiera.

Anguita no oculta su simpatía por el nuevo movimiento –el nuevo movimiento tampoco oculta su simpatía por la trayectoria política de Anguita–, que en cierto modo recupera sus teorías de las dos orillas y el sorpasso. Podemos y su líder –Pablo Iglesias, un joven profesor de Políticas que lo mismo teoriza sobre el marxismo en su programa televisivo La Tuerka que martillea sobre la casta y la gente en las televisiones generalistas– ofrecen a IU conformar una lista conjunta a las elecciones europeas del 25 de mayo, pero ambas formaciones no se ponen de acuerdo sobre la manera de elegir a los candidatos y acaban concurriendo por separado.

El éxito electoral de Podemos –cinco eurodiputados, con apenas cuatro meses de vida; la candidatura de IU obtiene seis– es incontestable, y el movimiento –que, impulsado por una hábil estrategia mediática, comienza a subir como la espuma en las encuestas– decide constituirse como partido y no oculta que ya no tiene ningún interés en confluir con IU. Mientras tanto, Cayo Lara intuye los tiempos que vienen y anuncia que no será el candidato de IU en las generales de 2015, dejando vía libre a Alberto Garzón, un joven diputado –militante del PCE y vinculado al 15M– partidario de buscar espacios de confluencia con Podemos y hacia quien Anguita no escatima elogios. Garzón –quien cuenta con el apoyo más o menos tácito tanto del coordinador general de IU, Cayo Lara, como del secretario general del PCE, José Luis Centella– es el único miembro de la coalición que se presenta a las primarias para ser el candidato de IU en las generales, por lo que su proclamación es automática.

Pero volvamos a Europa: Syriza –en griego, Coalición de la Izquierda Radical–, que fue fundada en 2004 como coalición de diversas organizaciones de izquierdas, forma parte del Partido de la Izquierda Europea junto a IU y otras organizaciones del continente, entre las que no se encuentra Podemos. Pero los eurodiputados de Syriza, IU y Podemos sí están juntos en el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea, donde la sintonía personal y la relación política de Alexis Tsipras, de Syriza, y Pablo Iglesias, de Podemos, son cada día más estrechas.

Año 2015. La derrota de ND y Pasok –las patas derecha e izquierda del bipartidismo griego sometido a la Troika y los mercados– y el triunfo de Tsipras en las elecciones griegas están cantados, y tanto IU como Podemos reivindican su condición de Syriza española. Alberto Garzón –a quien Anguita apoya como su candidato a presidente del Gobierno español– y Pablo Iglesias asisten, por separado, en Atenas al cierre de campaña del partido griego, pero el dedo de Tsipras sólo se posa en uno de ellos: en el mediático secretario general de Podemos, partido que sigue subiendo como la espuma en las encuestas. El hoy primer ministro griego finaliza su mitin abrazado a Pablo Iglesias, y se compromete a hacer frente a la Troika y los mercados junto a él este mismo año, cuando Podemos derrote al bipartidismo de PP y PSOE e Iglesias alcance la presidencia del Gobierno español.

Mientras tanto, un político cordobés degusta el sabor de lo agridulce. Agrio por lo que pudo ser y no fue, y dulce porque de alguna manera las teorías de las dos orillas y el sorpasso, que forjó veinticinco años atrás, pueden estar a punto de materializarse.

Por cierto, si hay quien sigue preguntándose quién es la Syriza española, sepa que la Syriza española –si es que existe– no ha sido más que un mcguffin para conducir esta historia.

¿Ha abierto Syriza el camino a la sustitución de la vieja socialdemocracia

neoliberal

por una nueva socialdemocracia

de izquierdas

en Europa?

El pacto de Syriza con Anel, es decir, que Alexis Tsipras tuviera que recurrir a un partido de derechas para poder formar gobierno en Grecia, invita a reflexionar sobre el hecho de que en el país heleno -aunque no sólo en el país heleno- existen tres izquierdas con poco o nada que ver entre sí: por un lado, la vieja socialdemocracia del Pasok; por otro, el leninismo del KKE, y por otro, una especie de nueva socialdemocracia, representada por la propia Syriza y llena de incógnitas por despejar. Tres izquierdas con diferencias prácticamente irreconciliables.

El Pasok forma parte de la vieja socialdemocracia europea, la sumisa a la oligarquía económica y financiera. La que asumió y ha desarrollado durante las últimas décadas el programa neoliberal de reconversiones, privatizaciones, reformas y recortes impuesto por el FMI y los mercados. La pata izquierda del bipartidismo. La de Felipe González, Tony Blair o François Hollande. La que reformó el artículo 135 de la Constitución española junto al PP y gobierna Alemania junto al partido de Angela Merkel. Una socialdemocracia a la que se le podría estar acabando el tiempo en Europa –como se le ha acabado en Grecia, donde el Pasok logró sólo 13 escaños de un total de 300–, pues la actual coyuntura económica parece la evidencia definitiva de que sobre todo en tiempos de crisis esta supuesta izquierda apenas se diferencia de la derecha y su margen de maniobra es prácticamente nulo, precisamente por su sumisión a la oligarquía. En España, esta socialdemocracia está representada por el PSOE, que comparte grupo con el Pasok en el Parlamento Europeo. Un Pasok que nunca se planteó pactar con Syriza, precisamente por la firme oposición de ésta a las imposiciones de la Troika. España no es Grecia ni el PSOE es el Pasok, pero en ambos casos las similitudes no son pocas.

El leninismo considera irrenunciable la socialización de los medios de producción, el enfrentamiento directo con la oligarquía, la salida inmediata tanto de la UE como del euro y la ruptura incondicional de todas las cadenas del sistema capitalista. Por ello –es decir, por razones diametralmente opuestas a las del Pasok–, el KKE, que logró 15 escaños en las elecciones, tampoco se planteó nunca pactar con Syriza, a la que acusa de desmovilizar y engañar a las clases populares, haciéndoles creer que pueden liberarse a través del voto. El partido hermano del KKE en España es el PCPE, pero éste carece de representación parlamentaria y de la influencia real de los comunistas griegos, es decir que en la práctica no existe un KKE español.

Syriza, coalición de organizaciones de izquierda que logró 149 escaños en las elecciones, representa una especie de nueva socialdemocracia, que asume las grandes estructuras del capitalismo continental –empezando por la Comisión Europea y el BCE–, pero rechaza el programa neoliberal impuesto por el FMI y desarrollado por los gobiernos europeos –tanto de derecha como de supuesta izquierda– durante las últimas décadas. Lo rechaza y se ha comprometido a hacerle frente. El programa de Syriza dista mucho de los de Pasok y KKE –precisamente por eso, Tsipras tuvo que recurrir a Anel para poder formar gobierno–, pero de alguna forma representa una especie de posición intermedia entre ambos extremos.

¿Ha abierto Syriza el camino a la sustitución de la vieja socialdemocracia neoliberal por una nueva socialdemocracia de izquierdas en Europa? Dicho de otra forma, ¿el triunfo de esta izquierda en Grecia se extenderá al resto de Europa, empezando por España? Dependerá de cómo el Gobierno de Tsipras soporte la presión de la oligarquía y las fuerzas reaccionarias, así como de los resultados de su intento de mejorar la dramática situación que viven las clases populares griegas.

Estados Unidos y Alemania y el resto de la Unión Europea jugarán su papel. También podrían jugarlo los BRICS y muy especialmente Rusia –Syriza ha denunciado la responsabilidad de EEUU y la UE en el golpe de Estado de Ucrania, y Moscú mira con simpatía indisimulada al nuevo Gobierno griego– e incluso el socialismo del siglo XXI latinoamericano –con el que esta izquierda tiene algunos puntos en común–, en un tablero internacional cada día más multipolar. Todo apunta a que con esta nueva socialdemocracia el capitalismo europeo agota su último cartucho por la izquierda. En cualquier caso, la clara victoria de Syriza y el Gobierno de Tsipras dibujan un escenario político nuevo –al menos, desde el primer tercio del pasado siglo XX–, y de cómo se resuelva la cuestión griega depende buena parte del futuro de Europa.

La Syriza española –si es que existe– será abordada en una próxima columna, porque merece un capítulo aparte.

La oligarquía santanderina. El caciquismo rural. La gran reserva infinita. El marco incomparable. La balsa de aceite. La cara autonómica de todo eso a lo que cada vez más sectores llaman

El Régimen

Quienes, una vez sustituidas la ganadería, la pesca y la industria por la construcción, el turismo y la hostelería como motores de la economía de Cantabria, hicieron de la especulación urbanística y el pelotazo inmobiliario un modelo de desarrollo y una forma de gobierno.

Quienes autorizaron la construcción de centenares de viviendas ilegales en la costa, masificando el litoral y causando un problema a los compradores de buena fe.

Los representantes políticos, patronales y sindicales que, desde sus puestos de administración y control en una caja de ahorros que acabaron entregando a la banca privada, permitieron la venta fraudulenta y masiva de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas.

Quienes diseñaron y desarrollaron un mercado laboral que ahora esconde 50.000 parados –la mitad de ellos, sin prestación–, contratos temporales, emigración juvenil y pérdida del poder adquisitivo de salarios y pensiones. Quienes llaman 'recuperación económica' a esta realidad.

Quienes pusieron el territorio de Cantabria en manos de las empresas del fracking, una técnica cuyos riesgos para la salud y el medio ambiente aún no han desaparecido de la comunidad autónoma.

Quienes permitieron, facilitaron y aplaudieron la construcción de un centro de arte privado en suelo público de valor incalculable.

Unos partidos que coinciden prácticamente en todos los 'temas de Estado', empezando por su sumisión a las políticas draconianas de la Troika.

Aquel expresidente condenado por prevaricación y malversación e indultado por el Gobierno central. Aquel otro expresidente que gestionó las obras públicas y el urbanismo durante la época de la burbuja inmobiliaria y ahora pasea su imagen de indignado de toda la vida mientras firma best sellers en un centro comercial cuya construcción se comprometió a no permitir. El presidente que iba a cambiar Cantabria en 100 días y lo que ha cambiado es el número de escaños del Parlamento autonómico (de 39 a 35), para intentar asegurarse una nueva mayoría absoluta.

Quienes acosaron y derribaron el semanario crítico La Realidad, que tuvo que cerrar tras ser condenado por informar sobre el viaje a Suiza de uno de los dirigentes del mayor partido de Cantabria. Quienes incluyeron en su lista de candidatos al Senado por la comunidad autónoma a un tal Luis Bárcenas, cuando en Cantabria no lo conocía nadie. Bueno, casi nadie.

La oligarquía santanderina. El caciquismo rural. La gran reserva infinita. El marco incomparable. La balsa de aceite. La cara autonómica de todo eso a lo que cada vez más sectores llaman El Régimen.