Carme Chacón pasará a la historia por ser la primera mujer al frente del Ministerio de Defensa: por ese “capitán, mande firmes” embarazada de siete meses que tantos sarpullidos provocó entre los machistas. Sin duda fue un momento histórico, simbólico tanto por el hecho en sí como por las vergonzosas reacciones que provocó en su contra. Pero Carme Chacón también debería ser recordada por otros episodios de su vida política, más reveladores y sin duda mucho más desconocidos.

Carme Chacón no solo fue la primera ministra de Defensa. También fue la primera en esta cartera que apostó por separar la Iglesia del Estado. Modificó la normativa para eliminar los símbolos religiosos del Ejército. No logró sacar a las tropas de los desfiles de Semana Santa pero al menos consiguió que, durante sus años como ministra, se dejasen de pagar esos desfiles religiosos con fondos públicos y que la asistencia a estos eventos fuera para cada soldado voluntaria.

Chacón siempre apostó por la laicidad. También en su vida privada. Su familia fue de las primeras que pleiteó para apostatar, para que sus datos se borrasen de los registros de la Iglesia. Lo logró, pero nunca lo contó en público. Fue también de las ministras dentro del Gobierno de Zapatero que más batalló para sacar adelante esa ley de libertad religiosa que otros miembros del Gobierno lograron aparcar en vía muerta.

Carme Chacón fue la ministra que más se opuso al indulto al banquero Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco Santander, en la última reunión del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, con el Gobierno en funciones. Chacón se salió de esa reunión del Consejo de Ministros y lo hizo porque le parecía indecente aprobar ese indulto, según han confirmado distintas fuentes. Fue un gesto simbólico, su ausencia no cambió el indulto, aunque sí le costó una fuerte discusión con Alfredo Pérez Rubalcaba –que entonces ya no estaba en el Consejo de Ministros–. Nunca criticó la decisión en público. Guardó silencio por lealtad a José Luis Rodríguez Zapatero; la misma lealtad que le llevó a renunciar a las primarias, en la primavera de 2011, cuando una serie de barones, con Patxi López a la cabeza, amenazaron con tumbar a Zapatero si no apoyaba la designación de Rubalcaba como candidato sin primarias.

Unos meses después, en el invierno de 2012, Chacón compitió contra Alfredo Pérez Rubalcaba en un congreso donde salió derrotada por solo 22 votos, por solo 11 compromisarios. La vencieron los dueños del partido, una alianza de la vieja guardia: Felipe, Guerra, Bono, Chaves… Tras perder, guardó silencio y dejó liderar a Rubalcaba. Apenas habló una vez, meses después: para empujar una comisión de investigación sobre Bankia que Rubalcaba no deseaba. “Un país decente necesita saber qué ha pasado con el agujero financiero más grande que ha habido en la historia de España”, aseguró entonces.

Como ministra de Vivienda, Chacón puso en marcha la renta básica de emancipación, una ayuda al alquiler de 210 euros para jóvenes de menos de 30 años. Y también creó una desgravación para las rentas más bajas por el pago del alquiler, una ayuda fiscal equivalente a la que entonces se aplicaba a la hipoteca de la vivienda habitual.

Desde el Ministerio de Vivienda, también impulsó una de sus medidas con el tiempo más cuestionadas: el desahucio exprés. La reforma solo aplicaba para inquilinos en régimen de alquiler, no a quienes no podían pagar su hipoteca a los bancos, y se puso en marcha en un momento, año 2007, en que los desahucios no eran lo que después fueron. Chacón pretendía fomentar el alquiler frente a la compra dando más seguridad jurídica a los arrendadores para que así aumentase el número de viviendas disponibles; el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Tras la explosión de la burbuja, su reforma sirvió para desahuciar a familias vulnerables tras los primeros impagos del alquiler, y no solo a “morosos profesionales”.

Chacón fue una política coherente y comprometida con sus ideales, pero no una revolucionaria. Tras el “capitán, mande firmes” venía un “viva el rey”; siempre tuvo una relación excepcional con la Casa Real, algo al parecer fundamental para llegar al Ministerio de Defensa. También fue la ministra que mantuvo las tropas en Afganistán, o la que respaldó el ataque a Libia. Pero con sus aciertos y errores, Carme Chacón ha sido una de las políticas más honestas, inteligentes y valientes de entre todas las que han tocado poder en la historia de España. Tenía solo 46 años y deja un hijo de ocho. Descanse en paz.

Más concretamente, ¿cuánto vale el consejero delegado de la entidad financiera más importante del país, el señor Alfredo Sáenz? Deberíamos hacer un cálculo aproximado, porque lo acabamos de rescatar y aparentemente gratis total. Me explico. El consejo de ministros del pasado 12 de abril aprobó un decreto que modifica los requisitos que se exigían hasta ahora para desarrollar la dirección de una entidad financiera en España, relajándolos en el apartado que obligaba a los banqueros a no haber sido condenados judicialmente. No está mal para los tiempos que corren que un gobierno apruebe aliviar los criterios para dirigir un banco. Pero es que el decreto en cuestión no se refería a todos los banqueros en abstracto sino a uno de muy particular, precisamente Alfredo Sáenz.

Si esto mismo hubiese pasado, pongamos, en Italia con un banquero amigo de Berlusconi, los medios españoles (algunos) se habrían lanzado indignados (con razón) a criticar la medida. ¿Cómo es posible que se hagan leyes a medida para una persona concreta? Eso sólo pasa en las democracias bananeras, ¡dónde se ha visto! Pues bien, aquí pasó hace una semana y ni pio. El gobierno cambia la ley “ad personam” y los medios lo despachan con un breve en página par.

¿Y la oposición? Nada de nada. No es extraño. El tan requerido consenso entre los grandes partidos existe, claro que existe… para las cosas importantes, como salvar a Sáenz. Ha sido una idea transversal, consensuada entre PP y PSOE. Para que después digan que los grandes partidos no se ponen nunca de acuerdo en nada. De hecho, el primer intento lo hizo el último gobierno socialista cuando, en el consejo de ministros posterior a las elecciones generales de 2011 (es decir, cuando el gobierno estaba en funciones), aprobó el indulto al hombre de Botín. ¿El pago? Unas palabras del patrón de la banca sobre las bondades de la economía española y su pronta recuperación.

El Tribunal Supremo, no obstante, recordó que el indulto exime del cumplimiento de la pena, pero no la “borra”, de manera que Sáenz seguía teniendo antecedentes penales, que le impedían seguir en el negocio bancario. Así que ha tenido que ser el nuevo gobierno el que rescate al consejero delegado mediante una reforma express de la ley vía decreto, lo que le permite no tener que pasar por el engorroso trámite de la discusión parlamentaria (que ya se sabe que hay diputados que no entienden los mecanismos de la alta política y serían capaces de cuestionar la imprescindible y muy patriótica decisión gubernamental).

Les anuncio que yo estoy dispuesto a tragármelo sin protestar. Hasta estoy dispuesto a no irritarme cuando me expliquen que lo que se ha hecho es bueno para España, porque con el cese de Sáenz se hubiese resentido la tan necesaria confianza de los mercados financieros internacionales hacia la economía española y bla bla bla. De acuerdo, dónde hay que firmar. Eso sí, pido una cosa, solo una. Que paguen.

El gobierno (el Estado entero, poder ejecutivo, legislativo y judicial todos juntos) ha hecho un grandísimo favor al señor Botín saltándose a la torera el ordenamiento jurídico y los principios más elementales de proporcionalidad e igualdad ante la ley. Realmente se la ha jugado. Pues bien, tiene que cobrar. Tenemos que cobrar todos. Y digo todos porque no estoy dispuesto a aceptar que la cosa se arregle con un sobre bien lleno para las arcas suizas del PP y otro de más delgado para Ferraz. Eso no, ya sería el súmmum.

Pido (modesta y humildemente) que el pago del rescate de Sáenz nos beneficie a todos, porque al fin y al cabo las leyes son de todos. No pido al presidente que comparezca en rueda de prensa con el señor Botín y nos lo explique, ya entiendo que estas cosas tan serias no se hacen así. Que no nos lo digan, pero que lo hagan. Que cobren. ¿Cuánto? Aquí está la clave. No lo sé. Deberíamos hablarlo. Deberíamos encontrar un precio justo, de acuerdo con el coste del rescate. Apunto algunas ideas por si alguien las quiere recoger. Por ejemplo, que el banco del señor Botín se haga cargo de una parte de la deuda pública, una pequeña parte, pongamos el 1%, nueve mil millones de euros de nada. Es un precio justo, me parece. O también podríamos pedir como pago que este banco deje de invertir en productos que atacan a la economía española y al euro. O también podríamos negociar que dejen de facilitar la evasión fiscal a sus clientes. Pero quizás pido demasiado. No sé si el presidente Rajoy osará pedirle tanto. Puede ser que se contenten con una gorra firmada por Fernando Alonso para las cúpulas de populares y socialistas. O ni eso.

La continuidad de Alfredo Sáenz como primer ejecutivo del Banco Santander se ha convertido en una cuestión de Estado. El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido modificar la ley para que la última decisión que tomó su predecesor en el cargo, José Luis Rodríguez Zapatero, se cumpla en contra, incluso, de una sentencia del Tribunal Supremo.

Todo comenzó en 1994 cuando se utilizaron datos falsos para poner a un grupo de empresarios en manos de la más siniestra red de corrupción judicial descubierta hasta el momento en España, la que dirigían en Barcelona el juez Lluís Pascual Estevill y el abogado penalista Juan Piqué Vidal. Los empresarios fueron encarcelados injustamente y, algunos de ellos, extorsionados por Estevill.

PP y PSOE se han conjurado para que ni el marco legal que regula el gobierno de las entidades de crédito ni el Poder Judicial puedan apartar a Sáenz de su cargo. De hecho, Sáenz ya debería haber sido destituido después de que el Tribunal Supremo le condenara a tres meses de arresto y tres de inhabilitación para el ejercicio de la banca por un delito de acusación y denuncia falsa. Así, sin especificar que las víctimas de los delitos de Sáenz acabaron en manos de Estevill.

El Tribunal Supremo confirmó parcialmente la sentencia emitida un año antes por la Audiencia de Barcelona, que condenó a Sáenz a seis meses de prisión y seis de inhabilitación. El procedimiento se inició por una querella presentada por los empresarios afectados: Pedro Olabarría, los hermanos Juan Ignacio y Luis Fernando Romero y el hombre de confianza del grupo, Modesto González Mestres.

La Fiscalía Anticorrupción, que desarticuló la trama de Estevill y de Piqué, se personó como acusación contra Sáenz y sus subordinados de Barcelona, que fueron los encargados de presentar la denuncia falsa contra el grupo de Olabarría y los hermanos Romero. En ese procedimiento, el representante de la Fiscalía Anticorrupción fue el fallecido David Martínez Madero, que más tarde sería nombrado por el Parlament de Catalunya primer director de la Oficina Antifrau.

Ambos fallos también consideraban que los principales instigadores de la denuncia falsa contra el grupo de Olabarría fueron el entonces director general de Banesto para Cataluña y Baleares, Miguel Ángel Calama, y el abogado del banco, Rafael Jiménez de Parga, amigo del juez Pascual Estevill.

Intervención de Banesto

Una de las empresas de la órbita del grupo de Olabarría y los Romero, Harry Walker, había suspendido pagos dejando a deber a Banesto más de 600 millones de pesetas. Banesto pretendía recuperar el dinero de las cuentas personales de los empresarios. Sáenz fue nombrado presidente de Banesto el 28 de diciembre de 1993, tras la intervención de la entidad y la destitución del hasta entonces hombre fuerte de la entidad, Mario Conde.

El gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, se decidió a intervenir Banesto y destituir a Conde después de que los servicios de inspección del regulador constataran un agujero patrimonial en el banco de al menos 300.000 millones de pesetas. Una cifra que, a día de hoy, tras el dinero público destinado al rescate de la banca, puede parecer menos alarmante de lo que parecía en aquel momento. Sin embargo, sin Unión Monetaria y sin el euro, la cifra ponía realmente en peligro el sistema de pagos español.

Aunque, en buena medida, el colapso de Banesto se debió a las prácticas corruptas de Conde, especialmente en relación con la creación de la corporación industrial del banco, la práctica desaparición de los sistemas de control de riesgo puesta en práctica por el hoy tertuliano de Intereconomía contribuyeron en gran medida al desequilibrio patrimonial del banco. Por esa razón, Sáenz dio órdenes en cuanto se hizo cargo de la presidencia de recuperar los créditos impagados.

La sentencia considera que los instigadores de la denuncia falsa contra Olabarría y los Romero fueron Calama y Jiménez de Parga. El papel de Sáenz fue fundamental. No sólo autorizó la operación, sino que pretendía que los empresarios respondieran de la deuda de Harry Walker con su patrimonio personal, a pesar de que la estructura societaria lo impedía. El nuevo presidente de Banesto conocía el estado de cuentas de los empresarios por el cargo que ocupaba antes de ser elegido por el Banco de España para rescatar el banco presidido por Conde.

El rescate de Banesto no fue el primero que tuvo que afrontar en su vida Alfredo Sáenz. En 1982, cuando Banca Catalana suspendió pagos, el propio Sáenz fue el encargado de reflotar la entidad, que más tarde acabaría en manos del Banco de Vizcaya. Fue gracias a su cargo en Catalana que tuvo noticia de las cuentas de Olabarría y los hermanos Romero, información que, en ningún caso podía utilizar en Banesto.

Durante el juicio, algunos testigos dejaron claro que Banesto contaba con que la instrucción de la querella falsa cayera en manos del juez Estevill con el único fin de amedrentar al grupo de empresarios. Estevill no sólo encarceló a Olabarría, Luis Fernando Romero y Modesto González, sino que cambió la condición de uno de los testigos, el fallecido empresario Lorenzo Rosal, a imputado para que le pagara 25 millones de pesetas en concepto de soborno a cambio de no ingresar en prisión.

La reacción del Supremo

Aunque Sáenz fue condenado sólo por acusación y denuncia falsa, ha quedado claro que es un hombre realmente importante para su patrón, el presidente y principal accionista de la entidad, Emilio Botín. Tanto es así, que Botín logró que el último Consejo de Ministros presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero le indultara por la condena.

El año pasado le pagó un salario de 8,2 millones de euros, el doble del que cobró él mismo como presidente del consejo de administración. Y eso que Sáenz se había rebajado sus emolumentos en un 29%, porque en 2011 cobró en concepto de salario 9,2 millones de euros.

Es el banquero mejor pagado de España y el quinto del mundo. El próximo 21 de noviembre, Sáenz cumplirá 71 años. Y, aun así, su patrón le considera imprescindible para el banco.

El Supremo considera que el Gobierno de Zapatero se extralimitó y anuló parcialmente el indulto. Y acaba de iniciar los trámites para la inhabilitación de Sáenz que, si la ley se mantuviera como hasta ahora, no podría reincorporarse al cargo, porque el Banco de España impide que los ejecutivos bancarios tengan antecedentes penales. Y el Supremo ya ha dado instrucciones para que el nombre de Sáenz sea incluido en el Registro Central de Penados y Rebeldes. Por eso, el Gobierno de Mariano Rajoy ha convertido en una prioridad absoluta reformar la ley financiera para que la condición de honorabilidad de los ejecutivos bancarios sea discrecional del Banco de España y no dependa de los antecedentes penales. Una ley elaborada a la medida de Alfredo Sáenz.

El Gobierno ha aprobado hoy la reforma bancaria que permitirá acceder al consejo de administración de un banco a una persona con antecedentes penales siempre y cuando el Banco de España dé el visto bueno a su “honorabilidad”. La medida anunciada hoy tras la reunión del Consejo de Ministros beneficia directamente al consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, condenado en firme por una denuncia falsa.

Alfredo Sáenz fue parcialmente indultado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero mientras estaba en funciones para eliminar de su expediente los antecedentes penales, aunque dicha decisión fue anulada por el Tribunal Supremo.

El texto recoge que para definir la honorabilidad de la persona objeto del nombramiento se deberá valorar si se ha sido condenado por la comisión de delitos dolosos y la sanción por la comisión de infracciones administrativas. Para “valorar” esta condena se deberá estudiar si el posible cargo tiene una sanción en firme y de qué gravedad, si los delitos son contra terceros, el tiempo transcurrido, la existencia de “atenuantes” o la reiteración de condenas.

Una vez que se tiene toda esta información, la comisión de nombramientos deberá comunicar su decisión al Banco de España con la información completa que deberá dar el visto bueno en el plazo de diez días. En definitiva, se estudiará más a fondo el pasado penal de los miembros de las cajas pero no se excluye por completo la posibilidad de que un condenado llegue a ser nombrado si se encuentra la justificación para ello.

La honorabilidad se exigirá también a los directores generales y aquellos trabajadores que tengan cargos “clave en la entidad”. En el caso de que un consejero o alto cargo ya nombrado incurriera durante el desempeño de su cargo en alguna falta a la honorabilidad, se deberá comunicar el cambio al Banco de España en un plazo máximo de dos semanas.

Además, se estudiará también la competencia profesional y los conocimientos financieros de los cargos nombrados. Por esta vía se quieren evitar situaciones como las que han llevado a muchos consejeros a asegurar que no tenían los conocimientos suficientes como para desempeñar correctamente sus cargos. Para evitar “errores del pasado”, según Economía, se impondrá que la mayoría del consejo tengan estos conocimientos.

El Banco de España ha iniciado los trámites para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo por la que se anulaban los efectos administrativos parcialmente el indulto al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, al considerar que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se extralimitó al concederlo.

La institución que dirige Luis María Linde ha decidido iniciar este procedimiento “de acuerdo con lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo” con la intención de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 1245/95 de 14 de julio, según el Banco de España.

El organismo tiene que analizar ahora si Sáenz ha perdido su honorabilidad y, dependiendo la conclusión a la que llegue, decidir si debe seguir como consejero delegado de la entidad o debe abandonar su cargo.

Tras analizar el caso de Sáenz, el Supremo entiende que el Gobierno del PSOE incurrió en una “clara extralimitación” al cancelar sus antecedentes penales y los del que fuera directivo de Banesto Ángel Calama Teixeira cuando les indultó de la condena de tres meses de arresto de inhabilitación por denuncia falsa.

La Sala llega a esta conclusión tras determinar que los indultos pretendían que la condena impuesta a Sáenz y Calama por un delito doloso no les afectara a la hora de serles aplicada la normativa bancaria que le inhabilita para ser banquero.

Esta normativa impone el requisito legal de “honorabilidad”, imprescindible para seguir ejerciendo como directivo del banco, según exigen las Directivas Europeas y el Régimen Jurídico de las Entidades de Crédito del Banco de España.

Tras conocer la sentencia, la defensa del consejero delegado anunció que recurriría el fallo en amparo ante el Tribunal Constitucional. Según informaron a Europa Press en fuentes jurídicas, los abogados de Sáenz sustentarán el recurso en una posible infracción del derecho de igualdad y también del derecho a la tutela judicial efectiva.

Precisamente, el Gobierno elevó hace unas semanas a consultas la reforma de las Cajas de Ahorros en la que se intenta poner coto a los nombramientos inapropiados de consejeros, pero que, sin embargo, no incluye una prohibición expresa a que se pueda nombrar a imputados o condenados por causas delictivas.

Tremendo varapalo del Tribunal Supremo (TS) al Gobierno de Rodríguez Zapatero por indultar al vicepresidente y consejero delegado del Banco de Santander, Alfredo Sáenz, para que mantuviera la “honorabilidad” exigible para ser banquero, pese a haber sido condenado por una denuncia falsa contra tres empresarios que fueron encarcelados (Luis Fernando y José Ignacio Romero, y Pedro María Olabarría). El ejecutivo del PSOE indultó a Sáenz en uno de sus últimos consejos de ministros (25 de noviembre de 2011) con un real decreto en el que incluyó un inciso que dejaba sin efecto “cualquier impedimento para ejercer la actividad bancaria”. El TS dice que con esta decisión el Gobierno contravino la Ley de Indulto y “la propia Constitución”. Alfredo Sáenz no es, pues, honorable y debería dejar su cargo.

El texto del fallo sostiene que el Gobierno puede indultar la pena (3 meses de arresto mayor), pero no puede anular los antecedentes que aquella conlleva, como pretendió al conceder al banquero la medida de gracia. “La Constitución quiere que esta prerrogativa excepcional solo pueda ejercerse dentro de un determinado legal, y el que tenemos establecido (la Ley de 1870) en relación con las condenas por delito, no permite más indulto que el de la pena. Llevar más allá la extensión de la gracia no solo contraviene la ley que la ordena, sino la propia Constitución”.

El tribunal mantiene que la concesión del indulto debe estar rodeada de cautelas y límites para no invadir las competencias de otros poderes del Estado, “marcando así una diferencia sustancial entre la prerrogativa de gracia aceptada en el Estado constitucional” con la indulgencia propia “de la Roma imperial o de las monarquías absolutas”. Ningún texto legal “rectamente interpretado autoriza al Gobierno a condonar cosa distinta que la pena o penas impuestas”.

El fallo que anuló una parte del indulto se conoció el pasado 12 de febrero, pero ha sido este martes cuando se han hecho públicos los fundamentos jurídicos. Folio tras folio, la sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (aprobada por unanimidad de sus nueve componentes) deja en evidencia la actuación del Gobierno y desmonta todos los argumentos de la defensa de Sáenz y la Abogacía del Estado, que sumaron sus fuerzas para que el banquero no perdiera la “honorabilidad”. Éste último calificó de “escandaloso” el recurso presentado por los empresarios condenados, les acusó de “mala fe”, y dijo que carecían de legitimidad para recurrir porque el indulto no afectaba a su “esfera personal ni patrimonial”.

La defensa de Sáenz, por su parte, se había opuesto al recurso de los demandantes al tratarse el indulto de “un acto político”, que la Ley de Indulto no contiene ninguna limitación a las decisiones del Gobierno en este punto y que, por lo tanto, estas no son fiscalizables por la Justicia, extremos que el tribunal niega si en alguna de sus decisiones va más allá de sus prerrogativas, como es el caso, en opinión de los magistrados.

“El indulto no es indiferente a la ley y, por tanto, no puede ser ajeno a la fiscalización de los tribunales –dice el texto del fallo-, pues un Estado constitucional como el nuestro, que se proclama de Derecho, no se puede admitir un poder público que en el ejercicio de sus potestades esté dispensado y sustraído a cualquiera restricciones que pudieran derivar de la interpretación de la Ley por los tribunales (…) los indultos son susceptibles de control jurisdiccional en cuanto a los límites y requisitos que deriven directamente de la Constitución o de la Ley, pese a que se trate de actos del Gobierno incluidos entre los denominados tradicionalmente actos político (…) los actos del Gobierno están sujetos a la Constitución y a la ley”.

El tribunal dice que el inciso que el Gobierno incluyó en el Real Decreto de indulto para que se borraran los antecedentes penales del banquero “pretendía evitar la aplicación del impedimento que para el ejercicio de la actividad bancaria” establece en un real decreto de 1995. Una norma que establece que para poder desarrollar aquella es necesario “una reconocida honorabilidad comercial y profesional” y que carecen de ella “quienes en España o en el extranjero tengan antecedentes penales por delitos dolosos”.

El TS ya se dirigió el 20 de octubre de 2011 al ministro de Justicia para ponerle de manifiesto que no apreciaba que hubiese razones de justicia o equidad para la concesión del indulto e informó desfavorablemente al mismo, pese a lo cual el Gobierno lo concedió un mes más tarde.

El presidente Mariano Rajoy tiene en su mano la “honorabilidad” de Alfredo Sáenz, consejero delegado y vicepresidente del Banco de Santander, después de que el Tribunal Supremo (TS) revocara el martes la decisión del anterior Gobierno de cancelar los antecedentes penales del banquero al concederle el indulto. Fuentes judiciales aseguran que el fallo no es recurrible al Tribunal Constitucional (TC), lo que deja el futuro de Sáenz a expensas de que el Gobierno apruebe a tiempo un decreto ley, que ya tiene preparado, que relaja de manera notable los requisitos para ejercer como banquero.

El caso se remonta a diciembre de 2009, cuando la Audiencia Provincial de Barcelona condenó al entonces presidente de Banesto a 6 meses de prisión por una acusación y denuncia falsa contra tres empresarios deudores de la entidad que fueron encarcelados por ello. En marzo de 2011 el TS rebajó la condena a tres meses de arresto e inhabilitación para ejercer su oficio de banquero, que Sáenz anunció iba a recurrir al TC, aunque finalmente no lo hizo. El Banco de Santander mantuvo al vicepresidente en su puesto, y ocho meses después, en noviembre de ese mismo año, el Gobierno de Rodríguez Zapatero lo indultó en uno de sus últimos consejos de ministros y acordó simultáneamente “dejar sin efecto cualquier impedimento para ejercer la actividad bancaria”. Coletilla que ahora ha tumbado el Supremo.

La impresión recogida a lo largo del día en medios políticos y jurídicos es que el Ejecutivo de Rajoy aprobará en breve el decreto ley que ya tiene preparado para modificar los requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno en las entidades de crédito, para incorporar a nuestra legislación una directiva de la Unión Europea (UE). El citado decreto relaja las exigencias actuales para ejercer el oficio de banquero al introducir que la “honorabilidad” no se pierde sin más por tener antecedentes penales, sino que hay que valorar también la “trayectoria” del condenado, su “historial de solvencia y cumplimiento de sus obligaciones”, los “resultados obtenidos en el desempeño de sus responsabilidades”, la “gravedad de la condena o sanción impuesta”, si la misma lo ha sido o no por delitos “contra el patrimonio, blanqueo de capitales o contra Hacienda”, si los hechos que motivaron la condena “se realizaron en provecho propio”, la existencias de circunstancias atenuantes y, finalmente, el tiempo transcurrido.

Jesús Remón, del despacho Uria-Menéndez, abogado defensor de Sáenz no ha respondido hasta el momento a las llamadas de este diario para conocer si tiene intención de recurrir en amparo al TC y solicitar la suspensión del fallo mientras éste se pronuncia.

La literalidad de la sentencia de la sección Sexta de la Sala Contencioso-Administrativo del TS, acordada por unanimidad de sus ocho magistrados, se conocerá en los próximos días. El tribunal dejará constancia de que el indulto es una medida de gracia, y como tal no es recurrible ni puede ser revocada, pero se concede sobre la totalidad o parte de una pena y no supone la 'desaparición' de los antecedentes penales que aquélla acarrea.

Luis de Guindos, ministro de Economía, afirmó el martes que se aplicará la ley y será el Banco de España quien decida si Alfredo Sáenz puede seguir o no siendo banquero. Un portavoz del BE manifestó que tan pronto como la sentencia sea pública la estudiarán los servicios jurídicos y, posteriormente la Comisión Ejecutiva de la entidad, que será la encargada de tomar una decisión y comunicársela al Banco de Santander. Con la actual normativa, ninguna persona con antecedentes penales puede ser banquero.

El Tribunal Supremo ha anulado el indulto concedido al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ya que considera que la suspensión del oficio bancario no puede ser objeto de gracia.

El Alto Tribunal entiende que el Gobierno se excedió en la aplicación del indulto al pretender que su decisión supusiera que al banquero no le afectara la normativa bancaria que le inhabilita para ser banquero por sus antecedentes penales.

Por unanimidad de los ocho magistrados que integran la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acoge el recurso de varios empresarios, que sólo afectaba a un párrafo del indulto, el relativo a la incidencia de la medida de gracia en la normativa bancaria que le inhabilitaba.

En concreto, los recurrentes consideraban “ilegal” el párrafo del Real Decreto que excluye “cualesquiera otras consecuencias jurídicas o efectos derivados de la sentencia, incluido cualquier impedimento para ejercer la actividad bancaria, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años desde la publicación del presente Real Decreto”.

De Guindos: “El Gobierno aplicará la ley”

El ministro de Economía, Luis de Guindos, por su parte, ha eludido pronunciarse este martes sobre la decisión del Supremo, y se ha limitado a señalar que tanto el Gobierno como el Banco de España aplicarán el fallo, que podría inhabilitarle para el cargo.

“No tengo nada que comentar, respeto absoluto a las sentencias del Supremo”, ha dicho Guindos en rueda de prensa al término del Ecofin, durante la cual ha conocido el fallo. “No tenga usted la más mínima duda de que tanto el Banco de España como el Gobierno aplicarán la ley al respecto, como no puede ser de otro modo, y respetarán las sentencias”, ha resaltado.

Por lo que se refiere a la nueva norma que prepara al Gobierno sobre honorabilidad de los directivos bancarios, que permitiría al Banco de España autorizar a banqueros condenados a seguir ejerciendo en determinados casos, el ministro de Economía ha sostenido que este reglamento “no va a favor ni en contra de nadie”.

Guindos ha explicado que la norma responde a las directrices de la Autoridad Bancaria Europea y que todavía no está en vigor, sino que se ha sometido a consulta pública y el Gobierno tomará una decisión final una vez que haya escuchado todas las opiniones.

“No es tanto un tema de honorabilidad, que lógicamente se tiene que reforzar, sino también de profesionalidad”, ha sostenido el ministro el ministro de Economía. “Si hubiéramos tenido esta normativa en vigor, algunas de las cosas que hemos visto en los consejos de las cajas de ahorro en España no hubieran ocurrido”, ha dicho.

En todo caso, Guindos se ha mostrado convencido de que, ocurra lo que ocurra con Sáenz, la “capacidad de gestión” del Santander “le llevará a continuar siendo uno de los principales bancos, no solamente de España, sino en Europa y en el mundo”.

“El Banco Santander es una entidad de una enorme solvencia, que está diversificado por numerosas geografías, que tiene una trayectoria y un conocimiento de los mercados que prácticamente no tiene parangón en Europa”, ha señalado el ministro. “Sus trabajadores son de la máxima calidad y es muy importante para la economía española”, ha agregado.

Acusación falsa

El 25 de noviembre de 2011, el Consejo de Ministro del entonces Ejecutivo socialista decidió indultar a Sáenz de la condena de tres meses de arresto e inhabilitación para el ejercicio de banquero tras haber cometido un delito de acusación falsa cuando era presidente del Banesto.

Entonces, en 1994, la entidad financiera presentó una denuncia falsa contra cuatro empresarios catalanes, a los que quería cobrar un crédito de 600 millones de pesetas.

Los diputados de ICV en el Congreso, Joan Coscubiela y Laia Ortiz, han presentado una querella contra el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al que acusan de prevaricación por no haber requerido al Banco de Santander que cesase a su consejero delegado, Alfredo Sáenz, tras ser condenado, y pese al indulto posterior.

En rueda de prensa este martes, ambos han recordado que entre las funciones del gobernador del Banco de España está velar por el cumplimiento del Real Decreto 1245/1995 de Requisitos para el ejercicio de la actividad bancaria, que establece la “honorabilidad” como una condición para ejercer de banquero.

Los ecosocialistas, asesorados por el letrado Rafael Mendoza, consideran que Sáenz no cumple ese requisito tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo por presentar denuncia falsa contra un cliente cuando era presidente del Banesto, por lo que habían reclamado varias veces sin éxito a Fernández Ordóñez que actuase contra él.

Tras fracasar en sus reclamaciones al exgobernador, los dos diputados se pusieron a trabajar en esta querella, registrada el lunes en un juzgado de Madrid por “uno de los casos más flagrantes de impunidad política y jurídica”, según Coscubiela.

“Consideramos que se ha cometido delito de prevaricación al negarse de forma reiterada y dolosa al cumplimiento de la normativa bancaria al no haber inhabilitado al banquero”, ha explicado el portavoz ecosocialista en la Cámara Baja.

Coscubiela y Ortiz han recordado que el delito por el que fue condenado no desaparece pese a indultarlo en 2011 el Gobierno en funciones de José Luis Rodríguez Zapatero, por lo que ha sostenido que Sáenz mantiene sus antecedentes penales y han considerado “incomprensible” que siga como consejero delegado del Banco Santander.

Los diputados ecosocialistas han defendido que la impunidad de la que, según han dicho, gozan los poderes económicos en España, “solo se explica por la connivencia política de PP, PSOE y CiU”, y han acusado al ministro de Economía, Luis de Guindos, de personificar la conexión entre banqueros y partidos.

Nuevo reglamento

Preguntados sobre si la denuncia podía ampliarse también al actual gobernador del Banco de España, Luis María Linde, si éste no reclama el cese de Sáenz, Coscubiela y Ortiz han precisado que antes se lo solicitarán en sede parlamentaria y estudiarán su respuesta como hicieron con Fernández Ordóñez.

“Tenemos previsto volver a reclamarlo y, en función de la respuesta, actuar en consecuencia”, han avisado los diputados de ICV, que han confiado en que esta querella disuada al Gobierno y no suavice la normativa bancaria.

El indulto a Alfredo Sáenz, consejero delegado del Grupo Santander, es una de esas ocasiones en las que PSOE y PP parecen haberse puesto de acuerdo sin mucho esfuerzo. Gracias a eso y al empeño del Banco de España, el número dos del grupo ha ido saltando obstáculos en su proceso judicial. La meta está en mantener la honorabilidad y en que no haya manchas en su expediente. Joan Coscubiela y Laia Ortiz, diputados de ICV, anuncian una querella contra el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez por no haberlo apartado de su cargo.

1. Condenado por el Tribunal Supremo

Ocho meses de prisión, multa de 9.000 euros e inhabilitación son el castigo impuesto por el Supremo el 24 de febrero de 2011. El tribunal dictamina que Sáenz acusó en falso a unos acreedores de Banesto por estafa y alzamiento de bienes. Un recurso deja después la pena en tres meses y una sanción económica de 400 euros, pero la inhabilitación sigue firme.

2. Zapatero: “Se entiende que el indulto es razonable. Y punto”

El Consejo de Ministros, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, firma el indulto cuando está ya en funciones. La condena e inhabilitación son sustituidas por una multa. Zapatero niega que el trato a Sáenz tenga algo que ver con sus buenas relaciones con Emilio Botín e invita a los españoles a que entiendan el asunto “como crean conveniente”.

El Gobierno se asegura de eliminar el borrón de su currículum. El indulto incluye que a partir de entonces quedan “sin efectos cualesquiera otras consecuencias jurídicas o efectos derivados de la sentencia, incluido cualquier impedimento para ejercer la actividad bancaria”.

3. El Banco de España no se da por enterado

El exgobernador del Banco de España se niega a ordenar al Santander que aparte a Sáenz. Y cuando es indultado, decide esperar hasta que el Supremo resuelva el recurso. Para MAFO, la honorabilidad de Sáenz sigue fuera de toda duda antes y después del indulto.

4. “Es lo que hay”, dice el Tribunal Supremo

La querella por prevaricación contra Zapatero y su ministro de Justicia, Francisco Caamaño, es archivada. El auto del alto tribunal afirma que el perdón no es irrelevante y que la ley de indultos no da opción “porque renuncia a exigir el más mínimo ejercicio de justificación”. Las palabras con las que el magistrado zanja el asunto son “es lo que hay”.

La Sala de lo Penal del Supremo no considera que el indulto suponga convertir en honorable a Sáenz porque no borra los antecedentes, pero se queda en una opinión ya que las conclusiones no pueden ser aplicadas. La competente en este caso es la Sala de lo Contencioso Administrativo, que tramita otro recurso.

5. Querella contra MAFO

Los dos diputados de ICV llevan tiempo peleando para que el asunto no quede así. En sus reclamaciones al Banco de España insisten en que la entidad debe respetar la normativa y forzar la salida de Sáenz del Santander porque éste “sigue teniendo antecedentes por un delito doloso”. Sin respuesta satisfactoria, ambos han decidido presentar una querella criminal contra Fernández Ordóñez. En los fundamentos se defiende que Sáenz está inhabilitado para seguir ejerciendo su cargo porque la condena por delito doloso acabó con su honorabilidad y supuso tener antecedentes penales.

6. El Banco de España decide si no hay dudas sobre “la conducta personal y profesional”

El decreto del Ministerio de Economía que regulará las condiciones para que los banqueros ejerzan sus funciones aún está en fase de consultas pero puede favorecer a Sáenz. El Ministerio defiende que no ha hecho más que trasladar la normativa que le pedía la Autoridad Bancaria Europea y que en realidad supone un endurecimiento de los requisitos. Y desde el sector alertan del peligro que puede suponer el abusar de iniciativas judiciales con el fin de acabar con una carrera profesional.

El caso es que, si se mantiene el decreto, los antecedentes penales por delito doloso no serán un impedimento para la honorabilidad y la decisión recaerá en el Banco de España. Como era hasta ahora, pero con una cobertura legal.

La entidad deberá tener en cuenta a partir de ahora si el banquero en cuestión ha mostrado “una conducta personal y profesional que no arroje dudas sobre su capacidad para desempeñar una diligente y prudente gestión”. También entrarán otros factores como el tiempo transcurrido desde la condena, si el delito fue cometido en provecho propio o si su conducta posterior ha sido intachable. Mientras tanto, uno de los cuatro recursos presentados contra el indulto sigue en el Supremo. Si Economía da luz verde al decreto y el recurso al indulto prospera, Sáenz respirará tranquilo.