Tres brigadistas heridos en el incendio registrado el 14 de septiembre en el municipio lucense de Barreiros han recibido el alta médica, mientras permanece ingresado con pronóstico grave en la Unidad de Quemados del complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac) el efectivo accidentado en los fuegos de Ourense.

Según han informado fuentes sanitarias, han abandonado el centro dos bomberos de 24 años y uno de 25, que sufrieron quemaduras de segundo grado con diferentes afectaciones de entre el 10 y el 25% de su cuerpo. Así, ya han sido dados de alta los cinco hombres afectados en Barreiros.

Por otro lado, continúa ingresado en el Chuac con evolución favorable aunque pronóstico grave, el brigadista de 18 años que resultó herido en los incendios de Ourense.

El último parte médico detalla que este joven sufrió quemaduras de tercer grado con una afectación en el 40% del cuerpo, además de intoxicación por inhalación de humo.

No hay acuerdo. Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid continuarán en huelga indefinida tras la finalización de la reunión a tres que han mantenido este jueves los representantes de los trabajadores (UGT, Firet y CGT) con el Gobierno de Ayuso y Tragsa -la empresa estatal que presta el servicio-. Según el representante de UGT, Rafael Fernández, este encuentro ha sido “lamentable” por la falta de iniciativa por parte de ambos interlocutores y ha asegurado que estudiarán las siguientes acciones de los trabajadores en huelga.

La Consejería de Medio Ambiente ha hecho una propuesta de subida de salario “irrisoria”, en palabras del portavoz del comité de empresa Julio Chana. Este aumento retributivo se limita, según estas fuentes, al cumplimiento de la ley estatal de bomberos forestales de 2024, que establece unos incentivos por peligrosidad y toxicidad de 136 euros mensuales, una cantidad que continúa lejos de las reclamaciones de los convocantes de la huelga, que recuerdan que llevan diez años con el salario congelado en 1.300 euros. “La reunión ha sido totalmente insuficiente”, ha añadido.

La negociación de un nuevo convenio colectivo para brigadas forestales de la Comunidad de Madrid es otra de las peticiones que ha quedado sin respuesta por parte de la administración. Según la consejería, se trata de una responsabilidad exclusiva de Tragsa, mientras que ésta “se niega en rotundo a todo”. Fernández teme que, sin una negociación abierta para un nuevo convenio y la negativa de la comunidad para asumir la gestión del servicio, el nuevo encargo a Tragsa que comenzará en 2026 suponga “cuatro años más de precariedad”.

En cuanto a la reducción de la temporalidad, el consejero, Carlos Novillo, anunció el pasado miércoles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que habían acordado un aumento de la plantilla de prevención durante el invierno hasta los 425 brigadistas, una condición que se reflejará en el nuevo encargo que se haga a Tragsa para comienzos de año. Desde UGT denuncian que este aumento de la plantilla permanente también implicará una reducción de los trabajadores que trabajan en la extinción durante los meses de verano, que pasarán de los alrededor de 500 actuales a los mismos 425 que prestarían servicio durante el invierno. “Nos toman el pelo a los brigadistas y a todos los madrileños”, ha denunciado Fernández tras la reunión en conversación con este periódico.

Por su parte, la empresa pública Tragsa ha señalado que valora “positivamente” la reunión informativa de este jueves en la que se han puesto sobre la mesa lo que la Comunidad de Madrid está “dispuesta a introducir en el nuevo encargo” para las brigadas forestales. Según recoge Europa Press, la empresa ha asegurado que “acatará y aplicará” las nuevas condiciones que se recojan en el nuevo encargo. “El Grupo Tragsa solicitará las autorizaciones oportunas para materializar las condiciones que establezca el encargo”, añaden. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, repite las palabras del comité de empresa para referirse a la propuesta de subida salarial. “Es algo irrisorio”, ha señalado, comparando la gestión “negligente” de Isabel Díaz Ayuso en los incendios con la de Carlos Mazón, presidente valenciano, durante la DANA.

Mientras tanto, el comité de empresa de los bomberos forestales madrileños mantienen convocada la huelga indefinida y no tienen prevista próximamente otra reunión a tres para continuar con las negociaciones. En cambio, en las próximas semanas celebrarán una Asamblea de Trabajadores y plantearán posibles siguientes acciones para mantener el pulso por sus reclamaciones: una subida salarial suficiente, estabilidad en la plantilla, un reconocimiento de la peligrosidad de su trabajo y la negociación de un nuevo convenio.

Durante la reunión que mantuvieron la semana pasada el presidente de Tragsa, Jesús Casas, y el consejero madrileño, Carlos Novillo, la Comunidad de Madrid propuso que los bomberos forestales autonómicos se acogieran al convenio estatal por el que se rigen las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), un cuerpo estatal cuyo estatuto fue revisado hace menos de dos semanas por el Ministerio de Transición Ecológica. Sin embargo, los bomberos forestales madrileños lo han rechazado porque consideran que no se adapta a las especifidades de su trabajo, ya que prestan servicio en planes y administraciones particulares.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha anunciado que el próximo presupuesto autonómico reforzará los fondos para prevención y gestión de incendios, que este año alcanzan una cifra “histórica” de 95 millones para la protección del territorio y la seguridad de la población.

“En estos dos últimos años se ha incrementado de forma sustancial lo que destinamos a prevención, con un fondo específico para los ayuntamientos. Ya les avanzo que mi propósito es aumentar esa dotación para que los municipios puedan ejecutar más medidas defensivas”, ha afirmado Barbón tras la reunión del comité de crisis encargado del seguimiento de los fuegos que aún siguen activos en la comunidad.

Principios fundamentales

La inversión del Principado en el ámbito forestal responde a tres principios fundamentales: custodia del territorio, gestión sostenible de los montes y adaptación al cambio climático, que son los pilares de la política forestal en Asturias.

La comunidad cuenta con casi el 40% de su territorio protegido bajo alguna figura de conservación (parque nacional, reserva de la biosfera, Red Natura 2000, etcétera). Todas esas figuras conforman la Red Natural de Asturias (RENA), que se proyecta como el motor de la gestión forestal preventiva e integral. Se trata de un modelo ejemplar de compatibilidad entre conservación, prevención de incendios y desarrollo rural sostenible.

El Gobierno de Asturias mantiene operativos los medios de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales durante todo el año. En este ejercicio se destinan más de más de 31,5 millones a custodia del territorio y 48,45 a protección civil y seguridad pública.

Cuarenta trabajadores más

Estos fondos permitirán desarrollar, entre otras actuaciones, las siguientes: incorporar 40 más trabadores al Servicio de Emergencias (Sepa), que se suman a los 83 contratados en 2024, hasta superar las 600 personas en plantilla, reforzar la vigilancia con cámaras de control, drones y planes municipales de defensa contra el fuego y consolidar el trabajo de los 272 agentes medioambientales de RENA, con funciones de detección temprana, educación ambiental y enlace con las comunidades locales.

Para las políticas de gestión forestal y la prevención, el presupuesto autonómico vigente recoge una partida de 15,1 millones, un 22% más que el año anterior. Desde el inicio de la legislatura, la Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha destinado más de 30 millones a ayudas e inversiones directas al sector forestal.

Repoblación de montes

En este contexto son relevantes varias medidas: el incremento hasta los cinco millones de las ayudas para la repoblación de montes privados, especialmente los afectados por incendios; el apoyo a tratamientos silvícolas y reducción de biomasa, clave para disminuir el riesgo de fuego, y los proyectos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea, dotados con cuatro millones para desbroces, creación de pastizales y actuaciones silvícolas.

Además, la reciente modificación de la Ley de Montes de Asturias refuerza la prevención mediante una regulación más estricta de las quemas agrícolas, una coordinación más eficaz entre administraciones y un endurecimiento del régimen sancionador. Las multas por incumplimiento oscilan entre mil euros y un millón, en función de la gravedad.

Ayuntamientos

Una de las líneas claves de este mandato, según Barbón, para la mejora de infraestructuras y la prevención de incendios consiste en el reparto de 18 millones a 74 ayuntamientos hasta 2026. Este marco de colaboración entre administraciones facilita que los municipios programen, coordinen y ejecuten las medidas adecuadas para evitar la proliferación de fuegos en los bosques.

Con estos fondos, los municipios gestionan la biomasa vegetal con alto potencial combustible, especialmente en los terrenos forestales situados cerca de zonas pobladas, de tal forma que se asegure su retirada antes de la época de riesgo de incendios.

Mantenimiento

En el ámbito de las infraestructuras rurales, las entidades locales podrán ejecutar obras de construcción y mantenimiento de caminos de acceso a fincas, pastos y montes.

Además, las 39 parroquias rurales percibirán 1,3 millones en el período 2024-2026 para prevenir incendios en sus montesa y financiar actuaciones como la retirada de material combustible, la limpieza de caminos y la creación de franjas de protección entre el arbolado.

Planificación a largo plazo

El Ejecutivo autonómico elabora anualmente el Plan de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales y revisa la Estrategia de Prevención de Incendios 2020-2025, ya con la mirada puesta en el nuevo periodo 2025-2031. Estas herramientas permiten ordenar recursos, adaptar la normativa y anticiparse a los riesgos derivados del cambio climático.

La prevención no es solo una línea de trabajo, sino una responsabilidad colectiva. Con este esfuerzo presupuestario y normativo, el Gobierno de Asturias persigue garantizar la seguridad de las personas, la protección de los montes y la conservación de la riqueza natural.

El Govern ha decretado día de luto oficial en toda Catalunya este 3 de julio por las dos víctimas mortales del incendio de que afecta a las comarcas catalanas de la Segarra, la Noguera y el Urgell (Lleida). De cara a este jueves se han suspendido todas las celebraciones oficiales y las banderas ondearán a media hasta en los edificios y dependencias de la Generalitat, así como en las corporaciones públicas.

Se trata del primer gran incendio del verano en España, que ha dejado 6.500 hectáreas quemadas, en su mayoría agrícolas. El fuego se ha logró estabilizar tras los trabajos de los Bomberos durante toda la madrugada del martes, pero a última hora del miércoles, sigue activo y no se considera controlado.

Los Bomberos encontraron los dos cuerpos sin vida cuando trabajaban dentro del perímetro cerca del núcleo de Coscó, en el municipio de Oliola. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación sobre las circunstancias de siniestro, así como para identificar oficialmente ambos cuerpos y realizar las comunicaciones a los familiares.

Los fallecidos son dos hombres, un trabajador y el propietario de una explotación agrícola que quedaron atrapados por las llamas en la tarde del martes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que se ha desplazado a la comarca de la Segarra, ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas.

El incendio ha sido especialmente violento y rápido, según ha explicado el jefe del cuerpo de Bomberos, el inspector David Borrell. A la ola de calor que sufre España, que por sí sola acelera la posibilidad de incendios, se ha sumado la influencia de las tormentas cercanas. En algunos momentos las llamas han forzado a la retirada de los efectivos de extinción debido a su comportamiento imprevisible.

El president ha hecho un llamamiento a la prudencia tras el incendio, ya que, si bien el fuego se ha estabilizado, sigue activo. Este miércoles, ha alertado Illa, “será un día de mucho riesgo”, ya que, además de las altas temperaturas, se podrían repetir los fuertes vientos de este martes.

El servicio de Protección Civil ha pedido el confinamiento durante la noche de nueve municipios: Vilanova de la Aguda, Artesa de Segre, Ponts, Cabanabona, Oliola, Guissona, Sanaüja y Torrefeta i Florejacs y Agramunt (Urgell). Las llamas empezaron este martes en Torrefeta pocos minutos después de las 17.00h. En la misma comarca de la Segarra tres horas antes ya se había declarado otro incendio.

Ambos incendios se agravaron por el fuerte viento que proviene de las tormentas de verano generadas en las montañas del Pallars fruto de las altas temperaturas. Aunque ha llovido en algunas partes de los incendios, los vientos superiores a los 90 kilómetros por hora han provocado comportamientos “erráticos” en los fuegos, han explicado los Bomberos de la Generalitat.

Las malas condiciones del viento, las altas temperaturas y el comportamiento errático de las llamas hace que “se necesite rediseñar continuamente” la estrategia de extinción para salvaguardar la seguridad de los efectivos sobre un área de más de 2.000 hectáreas, han agregado los Bomberos.

Las características han sido las de un incendio de sexta generación, con una velocidad punta de 28 kilómetros por hora, una de las más altas registradas en fuegos en Europa.

Los vientos en torno al incendio han alcanzado los 120 kilómetros por hora y el pirocúmulo creado por la alta energía de las llamas y las condiciones atmosféricas ha ascendido 14.000 metros antes de desplomarse.

La tormenta ha llegado encima del incendio y la lluvia ha acelerado su estabilización, que se ha concretado a las 22:37 horas del martes. Con la mejora del estado del incendio, a las 23.11 horas se desactivaron las tres órdenes de confinamiento que se habían dictado para la localidad de Torrefeta y la que quedaba en vigor del incendio de Sanaüja, que se dio por controlado a las 00.01 horas.

Prácticamente toda la superficie afectada se encuentra dentro de los límites del Espacio Natural Protegido, Valls del Sió-Llobregós, una zona de elevado valor natural y paisajístico. El Cuerpo de Agentes Rurales ha activado los protocolos de investigación para determinar el origen del fuego y coordina la afectación sobre los valores naturales protegidos del espacio.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor del incendio forestal que arrasó más de 10.000 hectáreas de terreno en la localidad de Foyedo, en el municipio asturiano de Tineo, el pasado mes de marzo, y que obligó al desalojo de varias viviendas. Con su arresto se eleva a tres el número de detenidos por su relación con los incendios que, en los pasados meses de marzo y abril, asolaron el Principado de Asturias. La investigación ha determinado que de los 32 fuegos investigados hay 23 que fueron intencionados.

Otras 29 personas han prestado declaración en calidad de investigadas ante los agentes. Según ha confirmado este jueves el instituto armado, entre los investigados figura el supuesto autor del incendio declarado en la Reserva de la Biosfera del Parque Natural de Redes, un espacio natural protegido situado en los concejos de Caso y Sobrescobio.

Los municipios asturianos más afectados por los incendios han sido Boal y Onís, con cinco y cuatro incendios registrados en sus montes, respectivamente. Morcín, Pola de Allande, Piloña, Belmonte de Miranda y Parres sufrieron dos incendios y San Martín del Rey Aurelio, Gijón, Grado, Colunga, Ribadesella, Laviana, Pellamellera Alta, Infiesto, Caso, Nava, Tineo y Gozón registraron un incendio en cada uno de sus concejos.

Las causas: regeneración de pastos, quema y conflicto de intereses

Los efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han investigado un total de 32 incendios en colaboración con las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales del Principado de Asturias (BRIPAS) y, en sus conclusiones, han determinado que 23 fuegos han sido provocados.

De estos 23 incendios intencionados, 20 han sido para regeneración de pastos y los otros tres por otro tipo de quema agrícola/conflicto de intereses. En otras nueve ocasiones, los fuegos se debieron a negligencias producidas en quemas agrícolas, trabajos forestales, fuegos de artificios u otras labores agrícolas/ganaderas.

La colaboración entre el Seprona y las Bripas ha sido clave para poder esclarecer las causas de los incendios y determinar la autoría de los mismos, según ha destacado la Zona/Comandancia de Asturias.

La superficie afectada en los incendios investigados hasta la fecha, supera las 12.000 hectáreas de terreno de matorral, arbolado y monte bajo. En su mayoría se produjeron en los meses de marzo y abril, cuando debido a las condiciones climatológicas que reinaban en esa época (altas temperaturas y fuertes vientos), estaba activado el Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA).

Estas circunstancias provocaron el avance rápido y en algún caso virulento de los incendios, lo que obligó a desalojar varias viviendas próximas a la zona e incluso cortar las vías de acceso principales del Principado, como la A-8 en los municipios de Valdés y Cudillero.

Los detenidos y los investigados

Los agentes han detenido hasta el momento a tres personas entre los que se encuentra el supuesto autor del incendio que afectó a más de 10.000 hectáreas de terreno en Foyedo (Tineo) y que afectó a bienes inmuebles y provocó el desalojo de los vecinos de varias viviendas cercanas. Los otros dos detenidos son los presuntos autores de otros dos incendios originados en Pola de Allande que afectaron a matorral y arbolado. Uno de ellos ocurrió en Bustantigo y quemó 1.200 hectáreas y el segundo se extendió por 50 hectáreas.

También se han investigado a los supuestos autores de los incendios producidos el pasado mes de marzo en Besnes y Pastoria, en el concejo asturiano de Peñamellera Alta, en el que se quemaron más de 132 hectáreas de matorral y arbolado, y el más reciente declarado este mes de agosto en la Sierra del Ques (Infiesto), donde se quemaron 400 hectáreas de monte bajo y pino.

La Guardia Civil de Asturias continúa las investigaciones para tratar de esclarecer la autoría de todos los incendios declarados en el Principado la pasada primavera.

El riesgo de incendio forestal previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este domingo es “muy alto” o “extremo” en la mayor parte de Navarra, según ha informado 112 SOS Navarra en su perfil de Twitter, en el que ha llamado a evitar cualquier actividad que pueda producir incendios.

El Gobierno foral ha planteado una serie de recomendaciones ante el caso de incendios forestales. Aconseja alejarse del incendio por las zonas más desprovistas de vegetación, hacia abajo del monte o por los laterales. Nunca desplazarse hacia arriba y moverse siempre en dirección opuesta al viento, no dirigirse hacia barrancos u hondonadas sin salida, según informa Europa Press.

Recomienda asimismo protegerse las vías respiratorias y no fatigarse. Si no es posible escapar del fuego, señala que es preciso buscar un claro o zona ya quemada, hacer un hoyo, tenderse boca abajo y cubrirse, sobre todo la cabeza, con tierra o ropa mojada. Además, se pide apagar bien las cerillas y no tirarlas por las ventanillas del coche, no abandonar botellas ni objetos de cristal en el campo, encender fuego únicamente en los lugares autorizados y acondicionados para ello, y solo si las condiciones meteorológicas son favorables, así como asegurarse de apagarlo bien con agua y cubrirlo con tierra.

Los sindicatos SIBF, SATIF y USO han realizado una primera concentración ante la sede de la Consejería de Desarrollo Sostenible contra GEACAM, sindicatos “de clase” y la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por ampararse en la modificación sustancial de la condiciones de trabajo para vulnerar, “mermar y coartar” sus derechos adquiridos como trabajadores.

Concretamente, se refieren a la anulación íntegra del texto del III Convenio Sectorial de Incendios y a la obligación “por un módico precio” a que el personal se encuentre disponible durante toda la campaña de extinción, “limitando la conciliación laboral, personal y familiar y la propia desconexión digital de los trabajadores y trabajadoras”.

También denuncian que se anulan más de 12 sentencias judiciales para “dejar sin efecto las resoluciones favorables a los intereses” del personal y que no se aplica la segunda actividad, “olvidándose de los trabajadores que han dado sus mejores años de vida al dispositivo de extinción y defensa del Patrimonio Natural de Castilla-La Mancha”.

“Se incluye en el texto campañas de extinción de 90 días, como si no tuvieran en cuenta la formación previa en incendios y un hecho tan objetivo como el cambio climático”, añaden al respecto, criticando asimismo que “si quieren acometer subidas salariales, mejoras de turnicidad, se puede hacer mediante la negociación colectiva y no con presiones y coacciones”.

Por todo ello, estos sindicatos piden que deje sin efecto esa “modificación sustancial”, que no se presione a los trabajadores de una campaña de extinción “tan delicada como la que nos encontramos”. Y avisan de que si esta Consejería no cambia el rumbo y “a regirse por los principios de transparencia y buena fe”, continuarán con actos de protesta durante los días 24 y 27 de junio. 

“Era como estar en el Ártico. Nunca había visto algo así”. Con estas palabras define lo que ha visto los últimos días uno de los operarios de la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM) desplegados durante los últimos días como refuerzo de las tareas contra el temporal de nieve, hielo y frío que sufre la comunidad autónoma, con especial virulencia en las provincias de Toledo y Guadalajara. Más de 150 efectivos de esta empresa, junto con los Agentes Medioambientales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, las Brigadas Forestales BRIF del Ministerio para la Transición Ecológica y la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ministerio de Defensa, siguen trabajando en la región para intentar que vuelva a la normalidad lo antes posible.

Es personal que está formado principalmente para trabajar contra los incendios forestales, pero que ha demostrado su versatilidad en muy pocos meses. Durante el confinamiento domiciliario de la pasada primavera con motivo de la pandemia de COVID-19, GEACAM y los Agentes Medioambientales ya realizaron la desinfección de residencias de mayores y pedanías. Ahora, con máquinas quitanieves, con todoterrenos, o a pico a pala, todavía tienen “tarea por delante” contra el hielo y la nieve acumulada.

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, detalla que son cerca de 800 efectivos, entre el personal de GEACAM, el Cuerpo de los Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha y los técnicos de los Centros Operativos de la Consejería, los que han realizado trabajos de adecuación y limpieza de los accesos y vías de enclaves esenciales como son los centros sanitarios, hospitales o residencias, procediendo a la apertura de transportes sanitarios, o trasladando personal esencial del 112.

Entre las casi 400 actuaciones que ya han realizado, se encuentra el traslado de vacunas contra la COVID, pruebas PCR y material sanitario en el medio rural que “está siendo prioritario”. Además, el personal del Plan INFOCAM (la planificación de emergencia por incendios forestales) está procediendo tras las históricas nevadas caídas desde el viernes a la limpieza de vías y caminos, al rescate de vehículos, esparcimiento de sal, la retirada de árboles, o la limpieza de cascos urbanos.

Desde Guadalajara, Federico Romero, técnico provincial de GEACAM, cuenta que los equipos fueron activados en esta zona el pasado viernes por la tarde, cuando las nevadas arreciaron en la provincia. Una de las primeras operaciones que llevaron a cabo fue prestar auxilio mediante avituallamiento a los más de 1.000 transportistas que quedaron atrapados en los parkings de invierno y áreas de servicio de la A-2 a la altura de Azuqueca de Henares, Alovera, Torija y Alcolea del Pinar, tras prohibir la Comunidad de Madrid el tráfico de vehículos pesados.  

A partir de ese momento se multiplicaron las tareas. Aunque GEACAM no es un servicio de vialidad invernal, sí cuenta con recursos y equipamientos muy útiles para combatir los estragos de las nevadas, con vehículos todoterreno de gran tracción preparados para condiciones extremas. Además, los dispositivos están repartidos por toda la provincia, algo fundamental para llegar a las zonas rurales con muy poca población.

Sin embargo, lo que se encontraron rompió los esquemas de lo visto hasta ahora. En la madrugada del viernes al sábado “eso parecía el Polo Norte”. “Fue algo asombroso, nunca había visto algo así, era como estar en el Ártico. Estalactitas en los espejos retrovisores, la calefacción enfocando para el cristal delantero intentando que no se congelara, limpieza cada pocos minutos de los limpiaparabrisas para que no se rompieran por hielo, dunas de nieve formadas por ventiscas...”, cuenta Federico.

Entre los imprevistos, el rescate de coches atrapados

De hecho, aprovechando estos viajes de los convoyes para prestar servicio a los transportistas, sobre todo en las primeras horas, desde GEACAM se realizaron también otras tareas no previstas como auxiliar a coches que se encontraban atrapados en las carreteras. “Hicimos que algunos vehículos nos siguieran por nuestras propias rodadas y que pudieran llegar a áreas de servicio donde mejoraran sus circunstancias”.

Después, a partir del sábado, llegaron otros problemas: los de la intransitabilidad en pueblos y ciudades, que era “brutal”. Lo prioritario, dar a acceso a hospitales y centros de salud, y también transportar a personal sanitario para que pudiera hacer el relevo a sus compañeros y compañeras. Y otro servicio esencial ha sido asegurar el servicio de las vacunas contra la COVID para que el calendario se cumpliera. Las rutas de suministro llevaron a estos trabajadores a transportar equipos de sanitarios y vacunas por toda la provincia.

También se han despejado las carreteras principales de comarcas más remotas como la de Molina de Aragón, dando acceso a los pueblos, y desde hoy trabajan en la limpieza de los entornos de colegios e institutos, farmacias y pequeños comercios que suponen tiendas de primera necesidad en las pedanías.

Actualmente, la máquina quitanieves de Plan INFOCAM está las 24 horas del día en funcionamiento. “Solo la paramos cuando hay que hacer relevo de conductor y ayudante, y para su mantenimiento”. Las prioridades en este caso son los centros logísticos de la capital alcarreña, de Azuqueca, de Torija o de Cabanillas del Campo, de gran importancia en la provincia para asegurar los suministros en grandes superficies.

Trasladando el foco a Toledo, las brigadas forestales de la BRIF son otro  ejemplo de la versatilidad de los trabajadores contra el fuego. Medio centenar de estos efectivos, con 14 vehículos (prácticamente la totalidad de la base ubicada en La Iglesuela), trabajan desde ayer en la ciudad, al igual que sus compañeros de La Higueruela (Cuenca) en Tarancón. Quitan el hielo, retiran la nieve y cortan las ramas partidas y árboles caídos para mejorar el acceso de centros de salud y hospitales, permitiendo la entrada y salida del personal sanitario, de las ambulancias y de los pacientes.  

“Con palas, con azadas, con herramientas contra incendios, igual que quitas el combustible, quitas el hielo. Es la primera vez que trabajamos quitando hielo. Hemos hecho algún rescate en zonas nevadas pero nunca hemos trabajando con las secuelas de un temporal así, y creemos que este es el camino, que trabajemos en todo tipo de emergencias sea del tipo que sea. Si nos forman y nos dan material adecuado, podemos trabajar en lo que sea”, comenta Pepe Hernández, capataz de la BRIF de La Iglesuela.

Y en Albacete, aunque están desplegados en toda la región, son cerca de 90 los agentes medioambientales que trabajan en la zona de la Sierra de Alcaraz y del Segura, explica el portavoz, Miguel Fajardo. Todos mostraron “cien por cien” de disponibilidad para trabajar durante los días más duros de la borrasca, especialmente para ayudar a los habitantes de las distintas pedanías que tienen “pocos habitantes, y los que hay son mayores”.

“Tienen mucha necesidad de todo, porque la nieve ha traído muchas dificultades y dependen de los transportes públicos, así que hay que ayudarles en todo, incluso pasando a ver si simplemente necesitan algo”, recalca Fajardo. Desde el día 7, el cuerpo trabaja sin cesar en la ayuda de estas zonas, ya que cuentan con la ventaja de conocer bien caminos y rutas, además de contar con vehículos que les permiten transitar con más facilidad.

Los habitantes de la sierra “los conocen bien y nosotros a ellos”, explica, además de estar más acostumbrados a grandes nevadas que otras zonas de la región y la provincia. “Preguntábamos qué es lo que hacía falta y pasábamos a por los suministros básicos, así como por el centro médico”, recalca. En el caso de Yeste, por ejemplo, se unió la borrasca a un brote “importante” de COVID-19 que se dio en la localidad, por lo que tenían que llevar muestras a los hospitales de Albacete y Hellín, al igual que también tuvieron que llevar el relevo de profesionales sanitarios a centros como el de Riopar, Elche de la Sierra, Molinicos o Socovos.

Entre la asistencia que prestaron, Fajardo recuerda que los agentes tuvieron que acompañar a una ambulancia por una de las carreteras secundarias hasta la red principal, porque el vehículo no contaba con tracción 4×4 y era de noche. “Un compañero estaba terminando de repartir productos de farmacia y se encontró con la ambulancia con un servicio urgente y la acompañó, para pevenir cualquier problema”, recuerda.

De todos modos, explica que los habitantes de estas pedanías han vivido “muchos episodios de esta naturaleza”, por lo que están acostumbrados y habían hecho acopio de los productos necesarios. Eso sí, el trabajo de los agentes fue crucial, a la hora de llevar oxígeno medicinal, pues éste depende de la electricidad, que sufrió cortes durante estos días y puede ser un problema. Tuvieron que llevar bombonas tanto a Bogarra como a Yeste. “Somos unos 90 agentes con bastante conocimiento de la realidad y dispuestos a hacer estos servicios y muchos más. La disposición del personal ha sido al cien por cien”, recalca en las zonas de Yeste, Riopar, y Elche de la Sierra, que son las patrullas que han trabajado estos días.

Finalmente, nos quedamos con la reflexión de Federico Romero, de GEACAM, que resume de esta forma la labor que ahora están desempeñando: “Estamos dispuestos y preparados para todo aquello que se reclame y se necesite en cualquier punto de Castilla-La Mancha, desde cascos urbanos, grandes ciudades y zonas rurales. En el último año hemos demostrado nuestro esfuerzo y vocación de servicio público en muchísimas circunstancias, desde la lucha otra contra el coronavirus, el combate de los incendios forestales o el traslado de PCR y vacunas a los pueblos de la región y las tareas que hemos realizado y seguimos realizando debido al temporal son una muestra de las posibilidades que ofrece a la ciudadanía castellanomanchega un equipo formado y con ganas de trabajar como son los profesionales que conforman GEACAM e INFOCAM”.

El Consorcio Provincial de Bomberos ha asumido la gestión de la Dirección Operativa de los trabajos de prevención de incendios de las brigadas forestales de la Diputación, después de lo encomienda encargada por la Corporación provincial, que no comporta ningún coste económico adicional. En palabras del presidente, Jorge Rodríguez, “se trata de darle una mayor profesionalización al servicio y coordinar de la forma más efectiva posible los recursos de los cuales dispone la institución en materia de prevención y extinción de incendios”.

Los brigadistas de la Diputación seguirán desarrollando los trabajos de selvicultura preventiva, la vigilancia de incendios, la intervención complementaria en la extinción de incendios cuando lo solicito Emergencias, la colaboración para rematar el perímetro después de los incendios, la toma de decisiones en caso de ser los primeros a enfrentarse a un fuego y la implicación en tareas de Protección Civil cuando sea necesario.

El presidente del Consorcio Provincial de Bomberos y diputado de Medio ambiente, Josep Bort, ha manifestado que esta medida de coordinación entre áreas de la propia Diputación pretende “garantizar un servicio de calidad que doy una respuesta eficaz a situaciones de emergencia”, al mismo tiempo que ha destacado “la colaboración entre diferentes departamentos de la institución y de la Diputación con otros entes, como el servicio de Emergencias de la Generalitat, con el cual mantenemos un contacto permanente”.

Los presidentes de la Diputación, Jorge Rodríguez, y del Consorcio Provincial de Bomberos, Josep Bort, han sido acompañados por el director general de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Ángel, la cabeza del Consorcio de Bomberos, José Miguel Basset, la gerente de Divalterra, Agustina Brines, y el director de Gestión Forestal y Medio Rural de la Diputación, Manuel Carot, durante la presentación de la campaña estival de prevención de incendios en la urbanización Cumbres de València de Moixent.

Recursos

Este año el presupuesto del presente año contempla una inversión para los bomberos y las brigadas forestales que supera los 40 millones de euros, “lo cual demuestra la apuesta firme de esta institución por la seguridad de las personas y la protección de las montañas, con la dedicación de 1.660 efectivos y 38 medios aéreos y terrestres”, ha añadido el presidente, quien ha insistido en la idea principal de este trabajo de coordinación, la que “los incendios se apagan en invierno”.

El término de Moixent ha acogido la presentación de una campaña de prevención estival en la cual las 112 brigadas forestales de la Diputación de Valencia, con 5 miembros cada una, “amplían el horario de vigilancia con el objetivo de minimizar el impacto de los conatos de incendio que pudieran producirse”, según ha explicado la gerente de Divalterra, Agustina Brines, quien ha señalado que “la principal actividad es localizar fuegos incipientes lo antes posible porque se pueda actuar con rapidez”.

La Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón han firmado esta mañana el texto del convenio por el cual se crearán 16 brigadas forestales en la provincia “con el objetivo de implantar nuevas políticas medioambientales para minimizar los riesgos de incendios”. Este acuerdo se ha sellado tras una iniciativa presentada en abril por el PSPV-PSOE en la institución provincial, que había trasladado al jefe del Consell, Ximo Puig, la necesidad de crear las unidades con el objetivo de preservar los recursos naturales de las diferentes comarcas.

En el documento las dos instituciones se comprometen a invertir un millón de euros cada una para poner en marcha las cuadrillas, que estarán compuestas por cinco personas, todas ellas con experiencia en las responsabilidades encomendadas. Así, sus principales funciones se centrarán en labores de prevención como limpieza, adecuación de puntos de agua y de zonas urbanizadas, además de actuar en pistas forestales.

Con la medida, Castellón protegerá diversas áreas de interfaz urbana con la creación de un nuevo dispositivo que actuará tanto en zonas de titularidad pública como privada para evitar incendios.

El diputado socialista Evaristo Martí ha valorado esta iniciativa como “una buena idea política y un acto de confianza entre las administraciones”, al tiempo que ha lamentado el incendio que se ha declarado en la zona de la Serra d'Espadà. En este sentido, Martí ha explicado que “es una casualidad que la firma de este convenio coincida con el fuego de Artana, ya que estaba previsto desde hace varias semanas”.

Nueva protesta de los trabajadores de las brigadas anti-incendios de Castilla-La Mancha, dependientes de la empresa pública Tragsa y del Gobierno central. En esta ocasión denuncian que efectivos de este colectivo están siendo destinados a realizar “trabajos forzados” en los parques nacionales de Cabañeros y Las Tablas de Daimiel, labores que no se corresponden con su función como trabajadores contra incendios. Desde el sindicato SBIF destacan que “no pueden ser los grandes olvidados ni considerados como trabajadores de segunda”.

Concretamente, el sindicato explica que los brigadistas que desarrollan su trabajo en ambos parques nacionales y en la finca de Quintos de Mora de Toledo, no solo han visto reducida su jornada laboral de doce a seis meses por real decreto, sino que además ahora realizan de 11.00 a 13:30 horas labores de desbroce, selvicultura y cava, más propias de otros periodos de tiempo donde las temperatura no son tan altas.

“Es inhumano”, apuntan desde SBIF. Consideran que en estas fechas y a esas horas, estos trabajadores deberían estar preparados para afrontar su misión fundamental, que es prevenir y extinguir incendios. Comparan así su situación con la de los efectivos de la empresa pública castellano-manchega GEACAM que, en los días de máximo rigor atmosférico, están en sus bases. “A los de Tragsa, mientras, se les premia con trabajos forzados”.

Además, denuncian que todas las quejas dirigidas hacia la empresa pública han caído en saco rato, como su petición de reconocimiento como bomberos forestales; al tiempo que recuerdan que al estar activo el Plan Infocam contra incendios, hay un protocolo de actuaciones para todo el personal del dispositivo de incendios forestales que se debería estar aplicando.

Por este motivo, han convocado una concentración de protesta en Las Tablas de Daimiel para este viernes. Esta movilización se suma así a las que las Brigadas Forestales (Brif) han iniciado en todo el país desde el pasado martes, día 21 de junio. Reclaman a la empresa Tragsa mejoras laborales y económicas, y su reconocimiento como bomberos forestales, dentro de un conflicto que dura ya dos años y que sigue sin solución tras sucesivas huelgas y protestas.

Continúa la lucha de las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF) por sus derechos laborales. Tras la huelga de más de cien días que mantuvieron en todo el país desde julio hasta la primera semana de noviembre, este colectivo ha decidido rechazar el preacuerdo con la empresa Tragsa, a la que están adscritos, y seguir con las numerosas protestas, acciones y movilizaciones que han convocado. Entre las diez brigadas afectadas se encuentran también las dos de Castilla-La Mancha, ubicadas en La Iglesuela (Toledo) y en Prado de los Esquiladores (Cuenca), que agrupan a un total de 114 trabajadores.

El resultado de la votación entre los trabajadores ha sido de 231 votos en contra del preacuerdo; 222 votos a favor; 28 votos en blanco y 4 nulos. Por ejemplo, en el caso concreto de la base conquense, el resultado mayoritaria fue a favor del 'sí' al preacuerdo. Es decir, un resultado muy ajustado que refleja diferentes puntos de vista entre este colectivo, pero en el que ha ganado finalmente el ‘no’ a nivel nacional.

Según explican los trabajadores a eldiarioclm.es, en el preacuerdo con la empresa pública se establecían, como mínimo, reuniones bimensuales para alcanzar la consecución del convenio propio en tres años; así como la segunda actividad mediante la figura del auxiliar de apoyo logístico (con 5 plazas por cada base durante cuatro años). Esta última medida no contempla la figura del capataz ni de sus responsabilidades en tareas de prevención e incendios, sino que se incluye a todos los trabajadores “en el mismo saco”.

En cuanto al primer punto, hay una “intencionalidad” de dotar a las BRIF de un convenio propio (actualmente tienen el de Tragsa) pero no hay fechas ni garantías para el mismo ni se establece ningún tipo de duración, apuntan las mismas fuentes. Respecto a la categoría profesional de bomberos forestales, otra de sus peticiones, explican que el preacuerdo solo contempla la mitad de la formación que les acreditaría como tales, por lo que “no serviría para nada” al no poder obtener la certificación pertinente.

Por todos estos motivos, los trabajadores BRIF seguirán desarrollando diversas acciones y movilizaciones. Una de ellas será a nivel publicitario mediante nuevas estrategias basadas en la concienciación de la sociedad sobre su trabajo frente a los incendios. “Buscamos mucho apoyo en todo tipo de sectores y un cambio de conciencia medioambiental de cara al futuro”, explican, convencidos de que su lucha va más allá de sus propias peticiones laborales.

Nueva campaña por sus reivindicaciones

En la misma estela del documental ‘La vida llamas’, que resume su duro trabajo, su acción más reciente ha sido la campaña Hazte un Cortafuegos (#hazteuncortafuegos), en la que denuncian la “precaria” protección contra el fuego de los bosques y parajes naturales españoles. Alertan de que el presupuesto destinado a la protección de los montes se ha visto reducido a la mitad desde 2012 y piden al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el desarrollo y la total implantación de un cuerpo de bomberos forestales profesionales real mediante el reconocimiento de esta categoría a las BRIF.

Entre las actividades incluidas en esta campaña se encuentra también la elaboración de calendarios benéficos y solidarios que tendrán un coste de 5 euros, destinado a los enfermos de fibrosis quística.

Termina la huelga indefinida pero no la lucha por sus derechos laborales. Los trabajadores de las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF) tienen previsto finalizar en breve los paros tras más de cien días desde su convocatoria en el mes de julio. Sobre la mesa hay un preacuerdo entre la empresa Tragsa (la contrata del Ministerio de Medio Ambiente de la que dependen) y el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), que recoge muy pocas de sus peticiones y que aún no está firmado. No obstante, las asambleas de estos trabajadores han decidido volver al trabajo mientras siguen presionando a todas las partes implicadas.

La huelga comenzó en verano en toda las bases BRIF de España con tres peticiones fundamentales: una segunda actividad para complementar sus bajas laborales, la profesionalización de su labor y su reconocimiento como bomberos forestales, y una subida salarial sobre los 850 euros mensuales de media que ahora cobran. En el caso de Castilla-La Mancha han mantenido los paros un total de 114 trabajadores, 57 en la base de La Iglesuela (Toledo) y otros tantos en Prado de los Esquiladores (Cuenca).

En el preacuerdo alcanzado con el SIMA se ha incluido una subida salarial de en torno al 11% y un apoyo logístico de cinco personas por base. Es este segundo punto el que algunos trabajadores no consideran suficiente. José Pedro Hernández, trabajador de La Iglesuela, afirma que esta medida no contempla la figura del capataz ni de sus responsabilidades en tareas de prevención e incendios, sino que se incluye a todos los trabajadores “en el mismo saco”.

En cuanto a otros puntos del borrador, hay una “intencionalidad” de dotar a las BRIF de un convenio propio (actualmente tienen el de Tragsa) pero no hay fechas ni garantías para el mismo ni se establece ningún tipo de duración. “Se nos va considerar vigilantes y especialistas en extinción, pero es que nuestro desarrollo pasa por ser considerados personal laboral como en Andalucía y Extremadura”, explica este trabajador.

Sin reconocimiento como bomberos forestales

Además, la petición de su reconocimiento como bomberos forestales brilla por su ausencia en el preacuerdo. Tragsa y el Ministerio siguen negándose a esta demanda cuando procede de un gremio que lleva décadas luchando contra los incendios y realizando tareas en primera línea de fuego. Para Hernández, esto solo refleja la “falta de responsabilidad con el medio ambiente” por parte del PP y del Gobierno central. “Solo miran a cuatro años y no invierten más allá; no se dan cuenta de que las tareas de prevención son a veces a 40 años”, denuncia, convencido de que “en el momento que cambie el Gobierno seremos bomberos forestales”.

El 17 de noviembre vuelve a reunirse el SIMA para cerrar el acuerdo. Allí los trabajadores decidirán si respaldan o no el texto. Pero de cualquier forma, este colectivo ha decidido continuar con su “presión” a Tragsa y al Ministerio mediante mesas informativas, protestas y huelgas parciales si así lo requiriera la situación. También se realizará una campaña publicitaria a nivel nacional para defender su labor, en la misma estela del documental ‘La vida llamas’, que resume su duro trabajo.

Los representantes de los trabajadores de las Brigadas Forestales han mostrado su preocupación ante la intención del Gobierno regional de realizar la transferencia de los parques nacionales de Castilla-La Mancha, como Cabañeros o las Tablas de Daimiel desde Organismo de Autonomía de los Parques Nacionales a la Comunidad Autónoma. En este sentido, se han dirigido directamente al Grupo Parlamentario de Podemos, al haber ofrecido su apoyo directo al Partido Socialista.

El sindicato de los Bomberos Forestales en Castilla-La Mancha ha señalado que se deben tomar en cuenta los movimientos a nivel organizativo que se deben llevar a cabo si la transferencia se realiza. En este sentido, remarcan que se debe tomar en cuenta que hay una empresa pública que gestiona los incendios forestales, Tragsa. El colectivo señalan que “no habría problema” si la empresa se mantiene a cargo de la prestación de los servicios, pero que si esto cambia se debe garantizar que los trabajadores continúen con su trabajo en la nueva empresa adjudicataria.

De no ocurrir esto, el sindicato señala que los trabajadores podrían quedarse todos “en la calle”. Además, añaden que también Tragsa tiene actualmente un convenio de empresa que no recoge la garantía de subrogación. Las Brigadas Forestales quieren conocer la intención del Gobierno regional en relación a los trabajadores que se verían afectados por esta transferencia de los Parques Nacionales. En este sentido, piden que la Administración regional se comprometa a que los trabajadores continúen prestando sus servicios a través de garantías legales.

De no poder garantizarse esto, el siguiente paso que plantean las Brigadas Forestales es la de conseguir el reconocimiento de los bomberos como personal laboral, tal como ha ocurrido en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Los brigadistas forestales han hecho un llamado directo a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, para que intervenga y “ayude a desbloquear” el conflicto entre los trabajadores y la empresa pública Tragsa. Así lo han señalado los representantes del colectivo dentro del sindicato Comisiones Obreras, Carlos Martín y Alfredo Muñoz. El documental 'La vida en llamas' se presentó en Guadalajara, donde los trabajadores aseguraron que la empresa ha dado por “finiquitadas” las conversaciones, después de ocho semanas de huelga indefinida.

Martín ha asegurado que la empresa se ha posicionado en el “bloqueo y la ruptura”. En este sentido, el sindicalista ha señalado que Tragsa asegura que no tiene “nada más que ofrecer”, con la excepción de detalles en sus reivindicaciones, pero nada en referencia a retribuciones, categoría profesional o condiciones profesionales. Ante esta actitud, los trabajadores aseguran que “no hay posibilidad de acuerdo”. Es por esta falta de dialogo que piden la intervención de la ministra de Agricultura.

Los brigadistas aseguran que es esta cartera la que tiene la responsabilidad “total” del servicio público que las Brigadas reclaman, ya que han adjudicado el servicio a Tragsa “por adjudicación directa”, según ha afirmado el sindicato Comisiones Obreras. En este sentido, los trabajadores afirman que Tejerina “no puede lavarse las mano”, ya que ellos dependen del Ministerio de forma directa y el tema es “lo bastante serio” para que ya intervengan.

Por otro lado, los sindicalistas han acusado a la empresa pública Tragsa de “intoxicar la opinión pública” y de “mentir” en sus comunicados de prensa, al acusarlos de ganar más de lo que realmente ganan. Además, Martín insistió en que “hablamos de dinero público, de dinero que el ministerio da a Tragsa. El ministerio debe saber lo que se hace con ese dinero y hacerse responsable”. Por otra parte, Muñoz ha lamentado que el colectivo no ha visto reconocida su labor desde su creación en 1992.

Las Brigadas Forestales reclaman condiciones “dignas y acordes” al trabajo que realizan, ya que cobran el salario “más bajo de Tragsa” y, en algunas ocasiones, no llegan siquiera a los 900 euros, incluso en la campaña de extinción. Los sindicalistas han señalado también que el convenio colectivo se les aplica bajo un anexo “claramente discriminatorio”, al dejarlos fuera de artículos que se refieren a la compensación de días, pluses por peligrosidad e incluso el artículo sobre condiciones más beneficiosas previas a la firma del citado anexo para el personal BRIF.

Por otra parte, piden que se elabore una “segunda actividad real” para que los trabajadores que no pueden pasar las pruebas físicas puedan ser reubicados en otras tareas, no expulsados de empresas. Esta, aseguran, es la única reivindicación a la que la empresa publica ha prestado alguna atención. Por otra parte, el colectivo pide ser llamados Bomberos Forestales, lo que les servirá para el acceso a la jubilación anticipada.

El colectivo de trabajadores de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) ha convocado una ‘Marcha negra“ en Madrid el próximo sábado 5 de septiembre. Esta convocatoria se realiza tras más de un mes de huelga indefinida por la profesionalización de los bomberos forestales, por la ”dignidad del colectivo“, por unas empresas públicas transparentes, ”sin puertas giratorias, y por nuestros bosques“. La marcha comenzará a las 20.00 horas desde la Plaza de Neptuno. En Castilla-La Mancha hay 112 trabajadores BRIF, repartidos en las bases de Prado de los Esquiladores (Cuenca) y La Iglesuela (Toledo).

El colectivo de las BRIF comenzó el pasado 27 de julio una huelga de carácter indefinido para reclamar unas mejores condiciones laborales, la cual está siendo secundada por todos los trabajadores y trabajadoras. Desde su creación en el año 1992 este colectivo nunca ha visto reconocida su labor ni social ni laboralmente, explica Carlos Martín, delegado sindical de CCOO en la Base BRIF de Prado de los Esquiladores (Cuenca).

Contratados por Tragsa, se les aplica el convenio colectivo de esta empresa pública, pero bajo un anexo “claramente discriminatorio” que les excluye de 28 artículos, de aplicación para todo el personal de Tragsa excepto para ellos, y referidos principalmente a cuestiones retributivas o de compensación de días, pluses por peligrosidad e incluso el artículo sobre condiciones más beneficiosas previas a la firma del citado anexo para el personal BRIF.

El colectivo reclama por tanto que se les reconozca como Bomberos Forestales, así como una formación de cara a acreditar esta categoría profesional. Otra reivindicación es la elaboración de una segunda actividad real y efectiva que permita a los trabajadores que ya no puedan superar las pruebas físicas que se obligan a pasar cada año y que son excluyentes, ser reubicados en otras tareas de modo que no sean expulsados de la empresa y del servicio, como ya está sucediendo, señala Martín.

Reclaman también unas condiciones dignas y acordes al trabajo que se realiza. Cobran el salario más bajo de la tabla salarial del convenio Tragsa, y muchos meses no llegan ni a los 900 euros en plena campaña de extinción. A eso se debe añadir que en periodo de Labores Preventivas ganan 112 euros menos, que es la compensación que se percibe por peligrosidad, turnicidad y disponibilidad, complemento que, desglosado en días, se queda en 3,70 euros.

Ataviados con el uniforme de campaña, antorchas y a golpe de batefuegos, más de medio centenar de miembros de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de la base conquense de Prado de los Esquiladores reclamaron mejores condiciones laborales con una 'marcha negra' por las calles de la capital conquense.

Partiendo del parking del barrio del Castillo y con la Plaza de España como destino final, los bomberos forestales, al grito de 'BRIF en lucha' realizaron una marcha con la que querían hacer partícipe a la sociedad conquense de su problemática laboral. Una situación que se viene dilatando en el tiempo y que, a juicio de uno de sus portavoces, Carlos Martín, “está más que enconada a tenor de la actitud adoptada por la empresa pública Tragsa de no afrontar el problema con ganas reales de solucionarlo”.

Cuando ya se ha superado el mes de huelga indefinida, los miembros de la BRIF de Cuenca han querido poner de manifiesto su malestar por el nulo reconocimiento que la empresa pública Tragsa y, por ende el Ministerio de Agricultura, tiene a sus reivindicaciones. Reivindicaciones que giran en torno a tres grandes pilares: mejores condicionales salariales, reconocimiento de la categoría profesional de bombero forestal y el establecimiento de la segunda actividad para aquellos trabajadores que ya no reúnan las condiciones físicas necesarias para estar en primera línea de incendio.

Tres demandas que parece, a tenor de los escasos avances de las negociaciones, insalvables para la empresa pública que no da su brazo a torcer. De ahí que las BRIF reclamen la intervención del Ministerio de Agricultura, que es verdadero interlocutor en esta negociación, tal y como recordaba Martín, quien reclamaba a la ministra que “deje de mirar para otro lado y se implique de una vez por todas”.

Entre tanto, las diez BRIF, que hay distribuidas por todo el país, y sus más de 500 trabajadores continúan en huelga indefinida en demanda de lo que consideran “algo justo”.

La huelga de los trabajadores de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) está a punto cumplir ya su tercera semana. Se han producido algunos avances significativos en sus negociaciones con Tragsa y con el Ministerio de Medio Ambiente, pero al no haber todavía nada firmado ni comprometido por parte de la empresa, mantienen los paros de forma indefinida. Estos trabajadores piden una segunda actividad para complementar sus bajas laborales, su reconocimiento como bomberos forestales y una subida salarial sobre los 850 euros mensuales que ahora cobran.

En Castilla-La Mancha siguen de huelga un total de 114 trabajadores, 57 en la base de La Iglesuela (Toledo) y otros tantos en Prado de los Esquiladores (Cuenca). Estos trabajadores han decidido afrontar esta huelga en plena campaña de incendios, aunque en muchos casos están acudiendo como voluntarios a sus respectivas zonas.

Según detallan, los mayores avances en la negociación se han producido en torno a la cuestión de segunda actividad. Desde Tragsa están dispuestos a incluir esta posibilidad mediante un prorrateo con carácter progresivo. También ha habido acercamiento en la cuestión salarial, donde falta por concretar el “último enfoque”. Donde el diálogo está “estancado” es en su petición de reconocimiento como bomberos forestales, la categoría 5932 de la que ya disfrutan sus compañeros en Extremadura.

Los brigadistas consideran que esta última cuestión será un “escollo” para poder desconvocar los paros, conscientes de que “mientras nuestro trabajo lo gestione una empresa, siempre habrá dificultades”. Por eso han decidido seguir los paros hasta que los acuerdos estén “firmados y comprometidos” y han intensificado su actividad social para recabar apoyo ciudadano y político en todo el país. Prueba de ello es la Marcha Negra que esta noche se celebra en Zaragoza, organizada por la BRIF de Daroca. En Castilla-La Mancha, los brigadistas están organizando para el 4 de septiembre un acto en Guadalajara con motivo del estreno de 'La vida en llamas', una superproducción documental, rodada durante dos años en Andalucía, que muestra el trabajo de estos brigadistas como nunca antes se ha visto.

Las BRIF son unidades helitransportadas especialmente entrenadas y formadas para el combate de grandes incendios forestales, es decir, los de nivel 2 que superan las 500 hectáreas. También están a disposición de las comunidades autónomas realizando labores de prevención de incendios.

No hay avances en las negociaciones. Ni desde Tragsa ni desde el Gobierno central están dispuestos a ceder en las peticiones de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) que hoy cumplen una semana de huelga indefinida. Estos trabajadores piden una segunda actividad para complementar sus bajas laborales, su reconocimiento como bomberos forestales y una subida salarial sobre los 850 euros mensuales que ahora cobran. Ninguna de estas cuestiones ha sido aceptada, y tanto desde la empresa contratante como desde el Ministerio de Medio Ambiente siguen eludiendo responsabilidades y “pasándose la pelota”. Por eso este colectivo mantiene los paros y ha redoblado los esfuerzos para recabar apoyos sociales y políticos que les ayuden en su protesta.

En Castilla-La Mancha siguen de huelga un total de 114 trabajadores, 57 en la base de La Iglesuela (Toledo) y otros tantos en Prado de los Esquiladores (Cuenca). Sin avances en las negociaciones, estos trabajadores han decidido afrontar esta huelga en plena campaña de incendios, aunque en muchos casos están acudiendo como voluntarios a sus respectivas zonas.

“Desde Tragsa y el Ministerio están acostumbrados a alargar estas cosas, y a buscar el desgaste de quienes protestamos. Pero nosotros no somos abogados ni políticos. Nosotros trabajamos en la primera línea de los incendios y nos jugamos la vida por una miseria”, manifestaban a eldiario.es/clm estos trabajadores. Consideran que la petición de subida salarial de en torno al 33-35% en realidad no es tan significativa porque se parte de la base de su sueldo, de tan solo 850 euros (unos tres euros al día), en una profesión que es de riesgo y que contrasta con los “altos sueldos” de los directivos de la empresa contratante.

Las protestas en todo el país se materializaron el pasado lunes en Madrid con motivo del inicio de la huelga indefinida. En el manifiesto que las BRIF han hecho público a nivel nacional afirman que todas las reuniones mantenidas con la empresa Tragsa han sido un calco: “un 'no' rotundo a todo como norma general, sin avances significativos ni reseñables como para intentar desconvocar la huelga indefinida”. Protestan contra sus condiciones laborales, que han calificado de “pésimas” así como contra su salario, que han definido como una “cantidad irrisoria”. Han agregado que sus problemas parecen no importar a Tragsa y al Ministerio, que incluso “parecen hacer oídos sordos, queriendo solucionar el problema con parches y/o limosnas”.

Precisamente, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, afirma la semana pasada que existe margen para que las BRIF puedan llegar a un acuerdo con la empresa Tragsa. Pero después se limitó a afirmar que la empresa está “abierta al diálogo”, tras lo que ha explicado que otras cuestiones reclamadas como el aumento salarial del 35 por ciento son “inviables”, además de no ser competencia del Gobierno.

Las BRIF son unidades helitransportadas especialmente entrenadas y formadas para el combate de grandes incendios forestales, es decir, los de nivel 2 que superan las 500 hectáreas. También están a disposición de las comunidades autónomas realizando labores de prevención de incendios.

A las huelgas parciales que han llevado a cabo bomberos forestales en todo el país desde hace semanas, y en plena campaña de incendios, se suma hoy el arranque de los paros indefinidos. Se trata de los miembros de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF), que en el caso de Castilla-La Mancha que alcanzan hasta un total de 114 trabajadores, 57 en la base de La Iglesuela (Toledo) y otros tantos en Prado de los Esquiadores (Cuenca).

Fuentes del Sindicato de Brigadas Forestales (SBIF) han confirmado que estos trabajadores están secundado los paros indefinidos, que realizan como “única herramienta” posible después de no haber logrado ningún acuerdo con la empresa Tragsa para mejorar sus condiciones de trabajo.

Precisamente, en su manifiesto, los empleados de estas brigadas destacan que esta protesta es algo que han intentado evitar “por todos los medios”, insistiendo en que la empresa no les ha dejado más opción. “Todas las reuniones mantenidas con la empresa Tragsa han sido un calco: 'no' rotundo a todo como norma general, sin avances significativos ni reseñables como para intentar desconvocar la huelga indefinida”.

Las brigadas protestan contra sus condiciones laborales, que han calificado de “pésimas” así como contra su salario, que han definido como una “cantidad irrisoria”. Han agregado que sus problemas parecen no importar a Tragsa y al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que incluso “parecen hacer oídos sordos tras tres jornadas de huelga ante las cuales sus respuestas o soluciones han sido las del más absoluto inmovilismo, queriendo solucionar el problema con parches y/o limosnas”.

“Se permiten el lujo de irse de vacaciones”

Agregan que “la frialdad y falta de tacto” que demuestran hacia el colectivo se hace patente cuando “incluso algunos de nuestros jefes estando a punto de comenzar la huelga, se permiten el lujo de irse de vacaciones, cuando nosotros desde hace más de veinte años no sabemos qué es eso de disfrutar de las vacaciones en verano”, han añadido.

El inicio de la huelga indefinida irá acompañada de una manifestación a las puertas del Ministerio, para lo que han convocado al mayor número de gente posible. Quieren “se haga ruido, que se nos escuche en todo Madrid, que escuche nuestra ministra que somos su dispositivo y que no puede seguir obviando nuestros problemas”. “Pedimos a la sociedad que nos entienda, que no encontramos otra solución y pedimos perdón de antemano porque no se tendría por qué sufrir esto”, agregan.