Los nubarrones que habían en el horizonte judicial del expresidente del Puerto de Valencia, Rafael Aznar, se despejan. O, al menos, en uno de sus frentes. La Audiencia Provincial de Valencia ha archivado el caso que investiga el cobro de sobresueldos en la sociedad Valencia Plataforma Intermodal y Logística (VPI), un hecho que estaba prohibido por ley, ya que un funcionario no puede recibir dos sueldos con origen en fondos públicos. La Fiscalía había solicitado cinco años de cárcel y 19 de inhabilitación para Aznar.

La sala, en cambio, no comparte la tesis del juzgado de instrucción número 14 de Valencia y del Ministerio Público. En la resolución judicial se rechaza la idea que el expresidente del Puerto de Valencia creara una estructura para canalizar el cobro de los supuestos sobresueldos ilegales -caso de VPI-. “No hay afirmaciones que soporten la imputación delictiva de malversación”, expone la Audiencia, negando así que las actuaciones extrañaran algún tipo de indicio delictivo.

Pero la resolución de la sala va más allá. Cuestiona la investigación del juzgado, ya que atribuye a una conjetura del juez establecer que los responsables del puerto contrataran a despachos de abogados eludiendo la ley para beneficiar a terceros.

Aznar percibió 90.090 euros de la empresa portuaria entre 2004 y 2008 mientras ostentaba la presidencia del puerto. El exdirectivo, antes de que la justicia pusiera su ojo sobre estos cobros irregulares, devolvió 70.000 euros de los que había percibido desde 2008. En su escrito, la Fiscalía le reclamaba que retornara los otros 90.000 euros que se embolsó.

Acechado por la justicia

Con esta decisión, el expresidente del puerto se libra de uno de los varios casos judiciales donde se encuentra implicado. El juez investiga varias contrataciones irregulares que se hicieron durante su mandato en la entidad portuaria así como contratos relacionados con la construcción de los accesos para el Gran Premio de Fórmula 1 de Valencia. El Puerto de Valencia se convirtió durante su presidencia en el muelle donde atracan las sospechas.

El cerco judicial se estrecha para el expresidente del Puerto de Valencia, Rafael Aznar. La Fiscalía de Valencia solicita para el exdirectivo portuario una pena de cinco años de prisión y 19 de inhabilitación por el cobro de sobresueldos en la sociedad Valencia Plataforma Intermodal y Logística (VPI) hasta 2011. Hecho que estaba prohibido por ley. Por ello, le atribuye a Aznar los delitos de prevaricación administrativa y malversación continuada de caudales públicos, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del proceso. 

La Fiscalía también reclama la misma pena -cinco años- para los otros tres acusados en esta causa: dos exdirectivos del Puerto y el abogado del Estado Fernando Llopis. Les atribuye los mismos delitos pero en calidad de cooperadores necesarios. A todos ellos solicita, además, que paguen las costas y devuelvan las cantidades cobradas de forma irregular por estos sobresueldos. El fiscal ha entregado su escrito de acusación después de que el pasado mes de noviembre el Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia diera por finalizada la instrucción de esta pieza -en total, hay dos- y dictase un auto de procedimiento abreviado.

En él, establece que Aznar se valió de VPI para enriquecerse supuestamente de forma irregular. El exdirectivo del Puerto, antes de que la justicia pusiera su ojo sobre estos cobros irregulares, devolvió 70.000 euros de los que había percibido desde 2008. Ahora, la Fiscalía le reclama que retorne los otros 90.000 que se embolsó. A los otros implicados, les pide que abonen los 120.000 euros que cobraron de la mercantil pública. 

Aznar que fue substituido por el socialista Aurelio Martínez tras el cambio de gobierno en la Generalitat Valencia -aunque Martínez lo ha mantenido en el Puerto- también está salpicado por otros asuntos. El juez investiga varias contrataciones irregulares que se hicieron desde la entidad portuaria así como contratos relacionados con la construcción de los accesos para el Gran Premio de Fórmula 1 de Valencia. Bajo su mandato el Puerto de Valencia se ha convertido en el muelle donde atracan las sospechas. Por aprobar estos sobresueldos al margen de la ley, fueron imputados el diputado en las Cortes Valencianas Jorge Bellver y el exvicealcalde de Valencia y también imputado en el caso Nóos, Alfonso Grau. 

La sociedad de la que supuestamente percibió el dinero ha estado sin actividad, ya que era la encargada de comercializar el suelo de la Zona de Actividades Logísiticas (ZAL). La construcción de esa zona significó la expropiación forzosa de casas de gente de la pedanía de La Punta. La justicia acabó dando la razón a los vecinos y consideró ilegales los planes urbanísticos cuando ya estaban ejecutados. El alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), batalla con el nuevo presidente del Puerto, Aurelio Martínez, para convertir la ZAL en huerta. Martínez se niega. 

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha decidido dejar en suspenso de sus funciones en el área internacional a Rafael Aznar hasta la resolución final del procedimiento judicial en curso, pasando a realizar mientras tanto las funciones propias de su categoría profesional.

Así lo ha informado la APV este lunes en un escueto comunicado después de que la semana pasada el Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia decidiera procesar al expresidente del Puerto de Valencia Rafael Aznar, junto a otros dos exdirectivos y al abogado del Estado Fernando Llopis por el cobro de sobresueldos en la sociedad Valencia Plataforma Intermodal y Logística (VPI) hasta 2011.

En concreto, les atribuye presuntos delitos de prevaricación y malversación continuada, según confirmaron a Europa Press fuentes conocedoras de la resolución. El juez daba así por finalizada la instrucción de esta pieza -en la que se investigaban los sobresueldos de los exdirectivos- y dictaba un auto de procedimiento abreviado tras el que las partes -Fiscalía y defensas- presentarán sus escritos para solicitar o bien la apertura de juicio o bien el archivo o diligencias complementarias.

Precisamente el pasado viernes, tras el pleno del Consell su portavoz, Mónica Oltra, pedía a la APV que apartara de “cualquier responsabilidad relevante” a Aznar tras su procesamiento al ser preguntada por su opinión respecto a que este se mantuviera al frente del área de Relaciones Internacionales del Puerto pese a estar procesado.

Al respecto, señalaba que “esto no puede pasar” y recordaba que el Gobierno valenciano “tiene el compromiso con la decencia”. De este modo, Oltra manifestó que una persona que ya está procesada, “no puede tener una responsabilidad relevante tras este currículum”, pese a que “obviamente” mantenga su puesto de trabajo.

El Jutjat d’Instrucció número 14 de València ha processat l’expresident del Port de València, Rafael Aznar, dos exdirectius més i l’advocat de l’Estat, Fernando Llopis, per cobrar sobresous en la societat València Plataforma Intermodal i Logística (VPI) fins al 2011. En concret, els atribueix presumptes delictes de prevaricació i malversació continuada, segons han confirmat a Europa Press fonts sabedores de la resolució.

El jutge ha donat per acabada així la instrucció d’aquesta actuació –en què s’investigaven els sobresous dels exdirectius– i ha dictat una resolució de procediment abreujada després de la qual les parts –Fiscalia i defenses– podran presentar els seus escrits per a sol·licitar o bé l’obertura de judici, o bé l’arxiu o les diligències complementàries.

Així mateix, el jutge ha decidit sobreseure la causa contra el treballador tècnic comptable que havia estat imputat i contra els consellers de VPI, societat majoritàriament pública destinada a promocionar la zona d’activitats logístiques (ZAL). Entre ells hi havia l’extinent alcalde de València Alfonso Grau (PP).

Pel que fa a Aznar –que hi va ser substituït per Aurelio Martínez a l’agost–, als altres dos exdirectius i a l’advocat de l’Estat, el jutge entén que podrien haver comés un delicte de malversació continuat pel cobrament de sobresous sense justificar i per faenes no fetes.

Així mateix, a Aznar i a un altre exdirectiu els atribueix un presumpte delicte de prevaricació per tres contractacions amb una empresa de seguretat i dues més d’assessorament, ja que estima que no es va complir la Llei de contractació.

Rafael Aznar, denunciat el juliol del 2013 per presumptes delictes de malversació i prevaricació, sempre ha defensat la legalitat de les seues actuacions en l’organisme i ha assegurat diverses vegades que totes han estat sempre aprovades i ratificades tant pel Consell d’Administració com pel Tribunal de Comptes i per Ports de l’Estat.

També ha arribat a expressar la seua “absoluta tranquil·litat” perquè fa “molt de temps” que gestionen serveis públics. “Comprenc –va assenyalar fa gairebé un any– que de tant en tant bufe mal vent, però davant del mal vent el que cal tenir són uns fonaments ben ferms”, ha dit en una compareixença pública.

Denúncia de la Fiscalia

La Fiscalia exposava en la denúncia de l’any 2013, entre altres qüestions, que tant Aznar com dos exalts càrrecs més del Port havien rebut per la seua faena en VPI 77.000 euros, malgrat que, segons la llei, no podien haver cobrat res, perquè no podien tenir dos sous públics –del Port i de la VPI. Els directius haurien tornat les quantitats cobrades quan se’ls va advertir que eren irregulars.

Durant la instrucció d’aquesta actuació també s’hi va afegir un informe de la Intervenció de l’Estat que preveia sous de 120.000 euros sense justificar en la Fundació Valenciaport –entitat sense ànim de lucre constituïda el maig del 2003 per a projectar la Comunitat Logisticoportuària.

En aquest informe s’al·ludia, d’altra banda, a les despeses en viatges i restauració, i s’hi assenyalava que els treballadors de la societat es van gastar 289.078,28 euros. Del total, 24.999,59 es van destinar a despeses per restauració; 30.552,15 a despeses per estades en hotels; 3.575,83 euros per despeses de transport; i 229.950,71 en despeses gestionades per agències de viatges.

En aquest procediment continua en instrucció la segona actuació del Port de València, relativa a les despeses de personal de l’entitat portuària, a l’adaptació dels accessos per a la F1, al lloguer de la Fundació Valenciaport (FVP) i a la rescissió de Sagunt Bulk Terminal, fets denunciats per Compromís.

El Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia ha procesado al expresidente del Puerto de Valencia Rafael Aznar, a otros dos exdirectivos y al abogado del Estado Fernando Llopis por el cobro de sobresueldos en la sociedad Valencia Plataforma Intermodal y Logística (VPI) hasta 2011. En concreto, les atribuye presuntos delitos de prevaricación y malversación continuada, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la resolución.

El juez ha dado así por finalizada la instrucción de esta pieza -en la que se investigaban los sobresueldos de los exdirectivos- y ha dictado un auto de procedimiento abreviado tras el que las partes -Fiscalía y defensas- presentarán sus escritos para solicitar o bien la apertura de juicio, o bien el archivo o diligencias complementarias.

Así mismo, el juez ha decidido sobreseer la causa contra el trabajador técnico contable que había estado imputado, y contra los consejeros de VPI, sociedad mayoritariamente pública destinada a promocionar la Zona de Actividades Logísticas (ZAL). Entre ellos se encontraba el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau (PP).

Respecto a Aznar -que fue sustituido en el cargo por Aurelio Martínez en agosto-, a los otros dos exdirectivos y al abogado del Estado, el juez entiende que podrían haber cometido un delito de malversación continuado por el cobro de sobresueldos sin justificar y por trabajos no realizados.

Así mismo, a Aznar y a otro exdirectivo les atribuye un presunto delito de prevaricación por tres contrataciones con una empresa de seguridad y otras dos de asesoramiento al estimar que no se cumplió la Ley de Contratación.

Rafael Aznar, denunciado en julio de 2013 por presuntos delitos de malversación y prevaricación, siempre ha defendido la legalidad de sus actuaciones en el organismo y ha asegurado en diferentes ocasiones que todas ellas han estado siempre aprobadas y refrendadas tanto por el Consejo de Administración como por el Tribunal de Cuentas y Puertos del Estado.

También ha llegado a expresar su “absoluta tranquilidad” porque llevaban “mucho tiempo” en la gestión de lo público. “Comprendo -señaló hace casi un añ-- que de vez en cuando haya algún viento, pero ante los vientos lo que hay que tener es firmeza en los cimientos”, dijo en una comparecencia pública.

Denuncia de Fiscalía

La Fiscalía exponía en su denuncia del pasado año 2013, entre otras cuestiones, que tanto Aznar como otros dos ex altos cargos del Puerto recibieron por sus trabajos en VPI 77.000 euros cuando, según la ley, no podían haber cobrado nada porque no podían tener dos sueldos públicos -del Puerto y de la VPI-. Los directivos habrían devuelto las cantidades cobradas cuando se les advirtió de que era irregular.

Durante la instrucción de esta pieza también se incorporó un informe de la Intervención del Estado que contemplaba sueldos de 120.000 euros sin justificar en la Fundación ValenciaPort -entidad sin ánimo de lucro constituida en mayo de 2003 para proyectar la Comunidad Logístico-Portuaria-.

En este informe se aludía, por otro lado, a los gastos en viajes y restauración, y se señalaba que los trabajadores de la sociedad gastaron 289.078,28 euros. Del total, 24.999,59 se destinaron a gastos por restauración; 30.552,15 a gastos por estancia en hoteles; 3.575,83 euros por gastos de transporte; y 229.950,71 en gastos gestionados por agencias de viajes.

En este procedimiento continúa en instrucción la segunda pieza del Puerto de Valencia, relativa a gastos de personal de la entidad portuaria, adaptación de los accesos para la F-1, alquiler de la Fundación Valencia Port (FVP) y la rescisión de Sagunt Bulk Terminal, unos hechos denunciados por Compromís.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Rafael Aznar, ha declarado durante más de 6 horas ante el juez imputado por los supuestos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación.

La Fiscalía, tras más de un año de investigación, cree que en el puerto, controlado por el gobierno central y la Generalitat, se pueden haber dado varios casos de nepotismo, despilfarro y corrupción. Aznar asegura que se actuó siempre conforme a la ley y niega cualquier irregularidad. Estos son algunos de los hechos investigados, que podrían haber supuesto un quebranto de hasta 44 millones de euros.

Despilfarro y nepotismo en la Fundación

El Puerto gastó más de 2.5 millones de euros en varias fundaciones. La Fiscalía cree que la contratación del personal se hacía sin concurso público alguno y que algunos sueldos –tres directivos de ValenciaPort cobraban más de 120.000 euros al año- estaban totalmente fuera de mercado.

Pagos irregulares en una empresa controlada

La Fiscalía también denuncia cobros irregulares de Aznar y otros directivos del puerto en una empresa bajo su control, Plataforma Intermodal Logística, encargada de gestionar la zona de actividades logísticas que en su día arrasó parte de la huerta de La Punta, en las afueras de Valencia. Los aludidos aseguran que ha devuelto el dinero.

Trato de favor con empresas contratistas

La investigación también intenta aclarar si Aznar privilegió en alguna de sus contrataciones a Cyes, la constructora para la que trabaja un hijo del presidente del puerto y en una de cuyas viviendas –de alto standing- vive, de alquiler, él mismo. Cyes, en unión con otras empresas, ha logrado encargos por más de 300 millones de euros del puerto.

Operaciones extrañas con la Fórmula 1

La Fórmula 1 en Valencia discurría parcialmente por el puerto, para lo que se construyó un puente en el recinto. Costó 3 millones de euros. Debía ser sufragado por Valmor, la empresa privada a la que Generalitat concedió la organización del gran premio. El puerto adelantó el dinero y perdonó gran parte de la deuda con la empresa, rescatada por el gobierno valenciano.

Además, la acusación pública también cuestiona la compra masiva de entradas para la Fórmula 1, que fue un fiasco de público.

4 millones por un yate

El puerto gastó 4 millones de euros en un yate con el que agasajar a sus invitados durante la Copa del América de vela y después. El coste del mantenimiento anual de la embarcación es de 400.000 euros. Antes de 2007, se alquilaba una nave similar por 150.000. La investigación parte de la premisa de que los precios abonados no tienen justificación.

El president de la Generalitat, Alberto Fabra, ha confirmado este jueves que José Joaquín Ripoll, imputado en el caso Brugal, será revelado este viernes como presidente del Puerto de Alicante por el actual director de la entidad, Juan Ferrer. Sin embargo, ha explicado que la decisión acerca del presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Rafael Aznar -imputado por supuesta malversación y prevaricación-, se tomará más adelante.

Así, el jefe del Consell ha explicado que el expresidente de la Diputación de Alicante “dejará de ser presidente de la Autoridad Portuaria y el nuevo presidente será el que era director del Puerto, Juan Ferrer”, mientras que se aplaza el cambio de dirección en el Puerto de Valencia.

Precisamente, la Generalitat Valenciana y el ministerio de Fomento llevan semanas trabajando de forma conjunta -según anunciaba la portavoz del Consell, María José Català hace unos días, incluso llegaba a anunciar que el cese de Ripoll y Aznar se produciría la pasada semana- para determinar si la impuación de ambos debe implicar su cese y sustitución en el cargo, una decisón que como recordaba el delegado del Gobierno, Serafín Castellano, competía a los Gobiernos central y autonómico.

Este jueves se conocía la imputación del presidente del Puerto de Valencia, Rafael Aznar, junto a otros dos directivos de la institución y un funcionario por presuntas irregularidades en la gestión de la institución portuaria tras la denuncia de Fiscalía por supuestos delitos de malversación y prevaricación. La portavoz del Consell, María José Català, explicaba que “en los próximos días” se tomará una decisión acerca del futuro de Aznar y del presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, José Joaquín Ripoll.

Català se ha referido a la postura de la Generalitat Valenciana respecto a los cargos que dependen directamente de la administración autonómica y que están imputados en causas de corrupción, la conocida 'línea roja' de Fabra, aunque ha aclarado que la decisión final sobre el futuro de Aznar y Ripoll -imputado en Brugal- depende tanto del Consell como del ministerio de Fomento, “la próxima semana conocerán la decisión, que será la misma en ambos casos. Es decir, o se mantienen ambos o son relevados los dos en sus cargos”.

La decisión está pendiente de una reunión entre el Consell y el ministerio para definir una decisión definitiva al respecto, aunque “es un tema en el que venimos trabajando ambas administraciones desde hace tiempo”, ha explicado la consellera portavoz en referencia a la situación de José Joaquín Ripoll.

Imputación Rafael Aznar

El juez ha citado para el día 1 de diciembre a los directores y al trabajador del Puerto en calidad de imputados, y ha dejado para el día 3 a Rafael Aznar, quien ha sido citado en la misma condición que los otros empleados.

En la denuncia se expuso, entre otras cuestiones, que tanto Aznar como otros dos altos cargos del Puerto recibieron por sus trabajos en Valencia Plataforma Inermodal Logística S.A. -empresa participada entonces al 98% por la APV y responsable de la comercialización de la ZAL- 77.000 euros, cuando según la ley no podían haber cobrado nada porque no podían tener dos sueldos públicos. Al parecer, los directivos ya habrían devuelto estas cantidades cobradas.

El informe de la Intervención, unido a la causa la pasada semana, contempla sueldos de 120.000 euros sin justificar en la Fundación ValenciaPort -entidad sin ánimo de lucro constituida en mayo de 2003 para proyectar la Comunidad Logístico-Portuaria, y cuyo presidente del patronato es Rafael Aznar-.

Desde el inicio de la investigación, Rafael Aznar se desvinculó públicamente de cualquier tipo de irregularidad, y en varias ocasiones defendió que son gestores “sensatos, correctos y, por supuesto, claramente honrados”.

El juzgado de Instrucción número 14 de Valencia ha imputado al presidente del Puerto de Valencia, Rafael Aznar, a otros dos directivos de la institución y a un trabajador del organismo -técnico del departamento económico-financiero- por presuntas irregularidades en la gestión de la autoridad portuaria, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del procedimiento.

De esta forma, el juez ha citado para el día 1 de diciembre a los directores y al trabajador del Puerto en calidad de imputados, y ha dejado para el día 3 a Rafael Aznar, quien ha sido citado en la misma condición que los otros empleados.

Aznar y los otros tres miembros de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) han sido imputados después de que la Fiscalía los denunciara hace ahora más de un año -en julio de 2013- por presuntos delitos de malversación y prevaricación.

En la denuncia se expuso, entre otras cuestiones, que tanto Aznar como otros dos altos cargos del Puerto recibieron por sus trabajos en Valencia Plataforma Inermodal Logística S.A. -empresa participada entonces al 98% por la APV y responsable de la comercialización de la ZAL- 77.000 euros, cuando según la ley no podían haber cobrado nada porque no podían tener dos sueldos públicos. Según han informado a Europa Press, los directivos ya habrían devuelto estas cantidades cobradas.

Certificación de gastos

La denuncia del ministerio público recayó en el juzgado de Instrucción 14 de Valencia, que desde julio ha ordenado varias diligencias, entre ellas, ha pedido al Puerto que certifique gastos efectuados en relación a las gafas adquiridas por importe de 27.000 euros; los 59.000 euros en cestas de Navidad; y los 300.000 euros en gastos médicos y de farmacia. También preguntaba por las cantidades anuales entregadas al Palau de les Arts, así como las abonadas en relación a la Fórmula 1.

Así mismo, el juez ha solicitado durante la instrucción un informe de la Intervención del Estado sobre la concesión por la autoridad portuaria de 1.940.840 euros a la Fundación Valenciaport en el ejercicio 2009, y alguna testifical, como la de la interventora encargada de las auditorías de la APV.

Esta interventora, citada en octubre del pasado año, declaró que se habían constatado deficiencias o irregularidades en la gestión de este organismo, pero no vio indicios racionales de delito en la percepción de retribuciones complementarias de Aznar.

Sueldos sin justificar

Por su parte, el informe de la Intervención, unido a la causa la pasada semana, contempla sueldos de 120.000 euros sin justificar en la Fundación ValenciaPort -entidad sin ánimo de lucro constituida en mayo de 2003 para proyectar la Comunidad Logístico-Portuaria, y cuyo presidente del patronato es Rafael Aznar-.

En este informe también se aludía, por otro lado, a los gastos en viajes y restauración, y se señalaba que los trabajadores de la sociedad gastaron 289.078,28 euros. Del total, 24.999,59 se destinaron a gastos por restauración; 30.552,15 a gastos por estancia en hoteles; 3.575,83 euros por gastos de transporte; y 229.950,71 en gastos gestionados por agencias de viajes.

Desvinculado

Desde el inicio de la investigación, Rafael Aznar se desvinculó públicamente de cualquier tipo de irregularidad, y en varias ocasiones defendió que son gestores “sensatos, correctos y, por supuesto, claramente honrados”.

La última declaración fue hace una semana cuando se desvinculó de estas presuntas irregularidades y distinguió entre la autoridad portuaria y la fundación, “unas personas estamos en el patronato y el patronato tiene información de lo que tiene información. La gestión de la fundación es una cosa diferente”.

De igual forma, el presidente de la APV expresó su “absoluta tranquilidad” porque llevan “mucho tiempo” en la gestión de lo público. “Comprendo -agregó hace una semana- que de vez en cuando haya algún viento, pero ante los vientos lo que hay que tener es firmeza en los cimientos”.

Por su parte, igualmente la pasada semana, el director general de la Fundación Valenciaport, Vicente del Río, afirmó que esta entidad es “anualmente auditada en sus estados económicos con opinión favorable”, además de “los controles y la dación de cuentas a que se encuentra obligada como consecuencia de la percepción de subvenciones públicas para el desarrollo de proyectos de I+D, tanto a nivel nacional como europeos”, al tiempo que defendió un trabajo “profesional” y que “siempre se ha conducido con estricta legalidad”.

Petición de cese

Para el diputado de Esquerra Unida en el Congreso de los Diputados, Ricardo Sixto, “lo que nos resulta sorprendente es que este asunto haya tardado tanto tiempo en salir a la luz”. A su juicio, “son muchos los escándalos que han ido apareciendo en los medios de comunicación de la mala gestión y de las gestiones turbias que ha habido en el Puerto de Valencia, y lo que ahora toca es que la Justicia investigue en profundidad”. Por eso solicitan su cese automático, al igual que el de toda la Junta Directiva del Puerto, que “han llevado una gestión absolutamente nefasta y oscura”.

El PP ha tumbado con su mayoría la comparecencia en el parlamento valenciano de Rafael Aznar, el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, pese a que la Fiscalía ha denunciado un supuesto fraude de unos 40 millones de euros en ese organismo, cuya presidencia es elegida por la Generalitat.

La Fiscalía investiga la gestión en el Puerto de Valencia desde julio de 2013. Entonces, presentó una denuncia en el juzgado contra Aznar por supuesta malversación de fondos y prevaricación. El Ministerio Público cree que puede haber delito en varias actuaciones de la cúpula de la Autoridad Portuaria, que gestiona los puertos de Valencia, Sagunto y Castellón.

Concretamente, hay indicios de irregularidades en la compra de un yate para agasajar a invitados durante la Copa del América. Al parecer, se pagaron 4 millones de euros, un precio muy por encima del de mercado. El mantenimiento de esa embarcación también está siendo investigado, según publicó en su día el diario Las Provincias.

La investigación, abierta en el Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia, también escruta la relación del presidente del puerto con uno de los contratistas habituales de la entidad, la constructora Cyes. Aznar vive una exclusiva vivienda construida por esta empresa, en la que, además, trabaja como ingeniero su hijo.

Petición de Esquerra Unida

Con estos antecedentes, Marina Albiol, diputada de EU, ha solicitado la comparecencia de Aznar. “Queremos que venga a explicar las irregularidades en gastos y adjudicaciones realizadas por la Autoridad Portuaria”, ha dicho en el parlamento. El resto de la oposición (PSPV-PSOE y Compromís) han apoyado la petición, que ha sido rechazada por el PP.

Aún se “están practicando una serie de diligencias judiciales para tener conocimiento real y certero de lo ocurrido y ver si se deriva responsabilidad o no del presidente”, ha dicho el diputado del PP David Serra, que ha recordado que, en todo caso, Aznar debería comparecer en el Congreso de los Diputados, ya que el Puerto de Valencia depende del gobierno central.