Rodrigo Rato y Figaredo, el todopoderoso vicepresidente económico de José María Aznar, está más cerca de volver a la cárcel. La Audiencia Provincial de Madrid lo condenó este viernes a cuatro años, nueve meses y un día de prisión en la causa por el origen de su fortuna. En una sentencia de 1.200 folios, el tribunal considera probado que Rato defraudó a Hacienda en tres ejercicios, intentó ocultar la procedencia ilícita de parte de su patrimonio y cobró dos millones de euros en mordidas por amañar contratos de publicidad de Bankia. 

La pena está muy por debajo de la petición que hizo la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó 63 años de cárcel por 11 delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Pero abre la puerta a su regreso a prisión, donde ya estuvo durante dos años tras ser condenado por el escándalo de las tarjetas 'black' de Caja Madrid. Rato anunció este viernes que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo, por lo que el fallo no será firme hasta que se pronuncie. Entre tanto, la Audiencia podría acordar su regreso a la cárcel en caso de que aprecie riesgo de fuga, como ocurrió tras la primera sentencia de la Gürtel, donde las condenas fueron mucho más altas; o imponerle algún tipo de medida cautelar, como el pago de una fianza, sostienen las fuentes consultadas. 

En todo caso, esta segunda condena es un duro golpe para el hombre al que el PP de Aznar entronizó como el símbolo del “milagro económico español”. Tras la condena por gastar casi 100.000 euros con las tarjetas 'black' y su absolución por el fiasco de la salida a Bolsa de Bankia, el expolítico afrontó este tercer juicio con una actitud desafiante. Rechazó contestar a las preguntas de la fiscal anticorrupción, a la que acusó de haber montado una “fabulación”; y cargó contra los funcionarios que investigaron su patrimonio. “No sé de dónde sale esta gente”, “es indignante” o “nos toman por tontos”, fueron los descalificativos con los que se dirigió a los técnicos de Hacienda y al abogado del Estado durante la vista. 

Además, en la última sesión del juicio utilizó su derecho a la última palabra para defender su inocencia y señalar a los ministros de Hacienda y Justicia del Ejecutivo de Mariano Rajoy Cristóbal Montoro y Rafael Catalá como los responsables de esta última etapa de calvario judicial. Dejó caer que meses antes de su mediática detención, cuando fue introducido en un coche de los agentes de Aduanas, ambos estaban al corriente de las actuaciones de la Agencia Tributaria. 

Acusación “monstruosa”

La sentencia demuestra que los jueces que siguieron el más de medio centenar de sesiones de la vista solo han asumido en parte de las alegaciones de su abogada, María Massó, que defendió que toda la causa era un “castillo de naipes” que se derrumbaría con apenas unos “soplidos” y que calificó de “monstruosa” la acusación contra su cliente. Por contra, la fiscal Elena Lorente definió a Rato como un “señor acostumbrado a mandar”, con “extraordinario poder”, pero que hizo del blanqueo y la ocultación de fondos un “modus operandi” y que se presentó ante la Justicia como un “apátrida fiscal” para evitar su condena. 

La realidad es que el fallo limita a tres ejercicios los delitos fiscales frente la durísima acusación de la Fiscalía, que defendía que la actividad delictiva se había iniciado en 1999, cuando era ministro y vicepresidente, y había seguido desarrollándose cuando fue presidente del FMI, de Caja Madrid y de Bankia. Y le atribuía, en consecuencia, 11 delitos fiscales. 

En todo caso, la resolución considera probado que Rato cometió fraude fiscal por una doble vía. Por un lado, ocultando a Hacienda dinero que tenía en el extranjero. Y, por otro, facturando a través de sociedades instrumentales servicios que prestaba de manera personal, como su contratación como consejero asesor en Telefónica. 

La otra pata de la causa son las supuestas irregularidades de su etapa en Bankia, a cuya presidencia llegó en 2010 en medio de una lucha de poder entre Rajoy y Esperanza Aguirre, que prefería para ese puesto a Ignacio González. Rato ocupó ese cargo hasta mayo de 2012.

La Fiscalía sostuvo durante el juicio que sabiendo que los gastos de publicidad con motivo de la expansión de la marca y su salida a bolsa iban a ser elevados, Rato trató de “sacar provecho económico personal”. En la vista, Rato negó haber dado ninguna “indicación” a nadie sobre esos contratos con el argumento de que no estaba capacitado porque no era “experto en marketing ni publicidad”. 

Pero en la sentencia los jueces consideran acreditado que Rato cometió un delito de corrupción entre particulares al imponer que las agencias Publicis y Zenith se hicieran con contratos publicitarios de la entidad a cambio de una mordida de 2.022.154,52 euros. Un dinero que se repartió con Alberto Portuondo, uno de sus supuestos testaferros, también condenado a una pena de tres meses y un día de prisión y una multa de la mitad de la comisión recibida, además del decomiso de esa cantidad. 

No obstante, la Audiencia Provincial absuelve tanto a los empleados de Publicis y Zenith (y a ambas sociedades), como a algunos de sus colaboradores más fieles, que según Anticorrupción habían conformado un “grupo de presión” en la entidad. Es el caso de su secretaria personal desde 1983, Teresa Arellano; o el que fuera su ‘número dos’ en Caja Madrid, José Manuel Fernández Norniella. Los jueces entienden que no participaron en el acto corrupto.

Esta investigación se inició después de conocerse que Rato se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Rajoy en 2012. Ante el tribunal, reconoció que se había “equivocado” al acogerse a esa medida, pues pensó por error que era “el camino más fácil” para aflorar los fondos que tenía en tres sociedades en el extranjero. 

En su informe, la fiscal insistió en que “lejos de haber regularizado [fondos] ni administrativa ni, menos aún, penalmente” utilizó esa medida “como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacía años”. Su defensa, sin embargo, insistió en que, de esa forma, había “borrado el delito”. La última palabra la han tenido los jueces de la Audiencia Provincial, que han acreditado irregularidades aunque con la intensidad defendida por la Fiscalía. 

La condena de las 'black' y la absolución de Bankia

Rato suma esta condena a la recibida por llevarse dinero de Caja Madrid. En su caso, los 99.054 euros que gastó pasando la tarjeta 'black' con la que pagó viajes a la nieve, fiestas, alcohol y bolsos de lujo. La sentencia, confirmada por el Supremo en octubre de 2018, atribuye a él y a su predecesor, Miguel Blesa, que se suicidó en julio de 2017, el mantenimiento de un sistema que permitía a la cúpula de la entidad “disponer a su antojo” del dinero de la Caja para sus gastos personales o cualquier otro que ellos decidieran.

La existencia de estas tarjetas “black a efectos fiscales” fue desvelada en una investigación de elDiario.es en 2013. Fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, de los que pasó algo más de dos entre rejas tras lograr la libertad condicional en febrero de 2021.

El segundo de los juicios a los que se ha enfrentado sí tuvo un buen final para el expolítico del PP. En septiembre de 2020, la Audiencia Nacional lo absolvió a él y a los otros 33 gestores acusados por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable en la salida a bolsa de Bankia. El tribunal entendió que su desplome tras una salida fallida al mercado no se le podía atribuir al equipo directivo del banco porque las decisiones que se adoptaron estaban basadas, o incluso urgidas, por los supervisores y las nuevas leyes sobre sector financiero que se iban promulgando en España y en la Unión Europea.

Esa fue la línea de defensa que siguió durante este juicio, pues Rato nunca se ha considerado responsable de las actuaciones que llevaron a la ruina a accionistas y preferentistas. En 2012, el banco necesitó una inyección de 22.000 millones de dinero público y Rato acabó saliendo por la puerta de atrás de la mano de su amigo Mariano Rajoy, que llevaba solo unos meses en la Moncloa y tuvo que hacerse cargo del desmoronamiento de una entidad sistémica y en cuyos nombramientos había tenido mucho que ver. 

El precedente de Zaplana

La resolución contra Rato sucede a la que, hace dos meses, dictó la Audiencia de València contra otro de los hombres fuertes de Aznar: el que fuera portavoz del Gobierno y ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana. Su condena fue más alta, de diez años y cinco meses de prisión, por las comisiones ilícitas que recibió tras intervenir en el proceso de adjudicación de la privatización de las ITV. 

Esa sentencia acredita que Zaplana cobró comisiones ilícitas durante toda su carrera política en el PP. El fallo consideró probado que el exministro, su testaferro y su contable blanquearon mordidas por un total de 16,2 millones de euros en Luxemburgo, Panamá y Andorra y le asignó una conducta “especialmente reprobable” por haber ordenado amañar esa adjudicación millonaria siendo “máximo responsable” del Gobierno valenciano.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Rodrigo Rato a cuatro años, nueve meses y un día de cárcel en la causa por el origen de su fortuna, la última que tenía pendiente. Los magistrados de la Sección Séptima consideran al que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y vicepresidente del Gobierno con José María Aznar (PP) culpable de tres delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales y un delito de corrupción entre particulares. Es su segunda condena tras la que recibió por el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid. Sí resultó absuelto del fiasco de la salida a bolsa de Bankia.

La pena impuesta es muy inferior a la solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, que pidió para él 63 años de cárcel por 11 delitos fiscales y delitos de blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Además, el tribunal ha apreciado dilaciones indebidas por el tiempo que duró la investigación. La instrucción, que se inició en 2015, se alargó durante más de nueve años, en los que acumularon más de 70.000 documentos. Los investigadores indagaron en un enrevesado entramado societario radicado en parte en paraísos fiscales como la Isla de Man, Kuwait y Curaçao y oculto a Hacienda.

Además de a la citada pena de cárcel, Rato ha sido condenado a multas por un total de más de dos millones de euros, y deberá pagar a la Hacienda Pública 568.413 euros, según consta en la sentencia, de más de 1.200 folios, que puede ser recurrida ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Tras conocer el fallo, el expolítico ha asegurado que recurrirá. “Defenderé mis derechos en los correspondientes recursos ante un fallo que me parece injusto y falto de base jurídica”, ha afirmado a preguntas de los periodistas, informa Europa Press.

Doble vía para el fraude fiscal

La resolución considera probado que Rato cometió fraude fiscal por una doble vía. Por un lado, ocultando a Hacienda dinero que tenía en el extranjero. Y, por otro, facturando a través de sociedades instrumentales servicios que prestaba de manera personal, como su contratación como consejero asesor en Telefónica. Según la Fiscalía, que pedía para él 63 años de cárcel, evitaba de esa forma que se “disparara” la tributación. 

Uno de los elementos clave del juicio fue determinar dónde tenía Rato fijada su residencia fiscal cuando era director gerente del FMI, entre junio de 2004 y noviembre de 2007. Respecto de uno de los delitos fiscales, el correspondiente al ejercicio 2006, los jueces entienden que, pese a que residía en Washington, seguía manteniendo todo su patrimonio e interés económico en España y, por lo tanto, estaba obligado a presentar sus declaraciones fiscales en este país como efectivamente hizo, así como que el dinero que afloró con la amnistía fiscal no incluía la cantidad defraudada en ese ejercicio.

La otra pata de la causa son las supuestas irregularidades de la etapa de Rato en Bankia, a cuya presidencia llegó en 2010 en medio de una lucha de poder entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, que prefería para ese puesto a Ignacio González. Rato ocupó ese cargo hasta mayo de 2012. La Fiscalía sostuvo durante el juicio que sabiendo que los gastos de publicidad con motivo de la expansión de la marca y su salida a bolsa iban a ser elevados, Rato trató de “sacar provecho económico personal”. Los jueces consideran acreditado que Rato cometió el delito de corrupción entre particulares al imponer que las agencias Publicis y Zenith se hicieran con contratos publicitarios de Bankia a cambio de una mordida de 2.022.154’52 euros.

Respecto al resto de acusados, la Audiencia de Madrid también ha condenado al asesor fiscal Domingo Plazas por su cooperación en dos de los delitos fiscales y en el de blanqueo de capitales. Y a Alberto Portuondo, uno de sus presuntos testaferros, por el amaño de los contratos de la publicidad de Bankia. A este último le impone una pena de tres meses y un día de prisión y una multa de la mitad de la comisión recibida.

El tribunal absuelve, sin embargo, al resto de los acusados por este delito, tanto a los empleados de Publicis y Zenith y a estas sociedades, como su secretaria personal desde 1983, Teresa Arellano; el que fuera su ‘número dos’ en Caja Madrid, José Manuel Fernández Norniella al entender que no participaron en el acto corrupto.

Resultan también absueltos su excuñado Santiago Alarcó, respecto del delito de blanqueo de capitales del que se le acusaba; Ramiro Sánchez de Lerín, quien lo estaba en relación con el contrato de Telefónica; y el administrador de varias de sus empresas familiares, Miguel Ángel Montero, por entender que no tuvo participación en el delito de corrupción entre particulares, y que no podía ser acusado de ningún delito fiscal, al no haber sido investigado por los mismos durante la instrucción de la causa. También resulta absuelto el despacho Plazas Abogados, por no considerar acreditada su participación en los hechos.

Amnistía fiscal

La investigación que llevó a Rato al banquillo por tercera vez se inició después de conocerse que se había acogido a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Ante el tribunal, Rato reconoció que se había “equivocado” al acogerse a esa medida, pues pensó por error que era “el camino más fácil” para aflorar los fondos que tenía en tres sociedades en el extranjero. 

Rato acumula ya otra condena por llevarse dinero público. En su caso, 99.054 euros de Caja Madrid pasando la tarjeta con la que pagó viajes a la nieve, fiestas, alcohol y bolsos de lujo. La sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo en octubre de 2018, le atribuye a él y a su predecesor, Miguel Blesa, que se suicidó en julio de 2017, el mantenimiento de un sistema que permitía a la cúpula de la entidad “disponer a su antojo” del dinero de la Caja para sus gastos personales o cualquier otro que ellos decidieran. La existencia de estas tarjetas “black a efectos fiscales” fue desvelada en una investigación de elDiario.es en 2013. Fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, de los que pasó algo más de dos entre rejas tras lograr la libertad condicional en febrero de 2021.

El segundo de los juicios a los que se ha enfrentado sí tuvo un buen final para el expolítico del PP. En septiembre de 2020, la Audiencia Nacional lo absolvió a él y a los otros 33 gestores acusados por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable en la salida a bolsa de Bankia. El tribunal entendió que su desplome tras una salida fallida al mercado no se le podía atribuir al equipo directivo del banco porque las decisiones que se adoptaron estaban basadas, o incluso urgidas, por los supervisores y las nuevas leyes sobre sector financiero que se iban promulgando en España y en la Unión Europea.

El juicio por el presunto origen ilícito de la fortuna de Rodrigo Rato ha quedado visto para sentencia este viernes en la Audiencia Provincial de Madrid. El que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y vicepresidente del Gobierno con José María Aznar (PP) ha utilizado su derecho a la última palabra para señalar a los ministros de Hacienda y Justicia del Ejecutivo de Mariano Rajoy Cristóbal Montoro y Rafael Catalá como los responsables de la causa en la que se expone a una condena a más de sesenta años de cárcel por defraudar supuestamente más de 8,5 millones de euros y por los presuntos sobornos que cobró cuando era presidente de Bankia. 

Ante el tribunal, Rato ha leído varios correos electrónicos del que fuera jefe de gabinete de Montoro, Felipe Martínez Rico, que demostrarían que meses antes de que el 16 de abril de 2015 los agentes de Aduanas registraran su domicilio y su despacho profesional, todos ellos estaban al corriente de las actuaciones de la Agencia Tributaria. En este sentido, ha mencionado a la investigación abierta en un juzgado de Tarragona contra Equipo Económico, el despacho del exministro Montoro, por un presunto tráfico de influencias con la Agencia Tributaria en beneficio de sus clientes. 

“Estamos aquí porque el 21 de enero de 2015 el jefe de gabinete del ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, el señor Felipe Martínez Rico, escribía el siguiente correo a Montoro: ”Santiago [entonces director de la Agencia Tributaria] quiere comentar contigo la situación fiscal de Rato. Tiene ahora indicios de que está procediendo al alzamiento de bienes. Te dará información preparada, pero es posible que la situación derive en la necesidad de una entrada y registro. Puede comentarlo el jueves después del comité de dirección o después del consejo de ministros“, ha leído ante el tribunal. Ese correo y otros a los que ha hecho alusión Rato fueron desvelados por El Periódico de España. 

Días después, en otro correo del 9 de febrero de 2015, Martínez Rico le habría indicado a Montoro que Rato “sí presentó la Declaración 720 [de bienes procedentes del extranjero]” y que habían pedido a la Agencia Tributaria “la información” para ver si había alguna “errata” respecto a la que le habrían trasladado días antes y así poder corregirla. 

Otra de las comunicaciones a las que ha aludido tuvo lugar el 16 de abril [cuando fue detenido] el jefe de gabinete de Montoro escribió en otro correo que esos hechos les venían “bien” para “demostrar que la amnistía fiscal ha servido de señuelo a la Agencia Tributaria para centrar investigaciones de fraude fiscal y que de la investigación posterior, incluso, puede derivarse acusación por delito fiscal”. En otro momento de su intervención, también se ha referido a unas declaraciones que el exministro Catalá realizó el 4 de abril de 2015 en las que aseguró que Rato se había acogido a la amnistía fiscal. “Un hecho secreto que sólo podía conocer el ministro de Hacienda”, ha aseverado Rato. 

En una línea similar a la mantenida durante todo el juicio, el exbanquero también ha acusado a la fiscal Elena Lorente de presentar unos hechos contra él “artificialmente complejos” como base de una acusación “improcedente”. Y ha afirmado que su defensa ha aportado “muchos y muy consistentes argumentos” que han puesto en evidencia lo que ha definido como un “castillo de naipes fabricado por la Fiscalía y la Abogacía del Estado”. 

Después de más de seis horas de detallada exposición —espaciadas en tres sesiones—, la fiscal anticorrupción Elena Lorente apiló los folios que tenía sobre la mesa, tomó el estuche de sus gafas y animó al tribunal encargado de juzgar el presunto origen ilícito de la fortuna de Rodrigo Rato a no buscar complejos mecanismos en su veredicto. Lo hizo invocando uno de los correos que José Manuel Fernández Norniella, ‘escudero’ de Rato, envió al exbanquero y en el que aludía a la herramienta filosófica de la navaja de Ockham, que dice que la explicación más sencilla es probablemente la más real. “Esto puede ser un principio para lo que ustedes tienen que ver a partir de ahora”, culminó la fiscal. 

Fue el colofón del informe acusatorio de Lorente, la fiscal encargada de impulsar la causa contra el que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y vicepresidente del Gobierno con José María Aznar (PP). Una exposición centrada en rebatir las tesis de la defensa de Rato, a la que acusó de haber usado “trampantojos, trampas y ocultaciones” en favor de su defendido. Los días siguientes, la abogada del exbanquero, María Massó, contraatacó diciendo que la causa era un “castillo de naipes” que se derrumbaría con apenas unos “soplidos” y se remontó al Imperio Romano con una cita de Quintiliano. “Una cita que decía que es más fácil hacer heridas que curarlas y que debemos ser modestos en nuestros juicios para no caer en el común error de condenar lo que no entendemos”, sentenció.

El tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid será ahora el encargado de determinar quién tiene razón. En su larga exposición, la fiscal se afanó en hacer un detallado retrato del hombre al que algunos sectores señalaron durante años como el artífice del milagro económico español. En contraposición a esa figura, la fiscal definió a Rato como un “señor acostumbrado a mandar”, con “extraordinario poder”, pero que hizo del blanqueo y la ocultación de fondos un “modus operandi” y que ahora se presenta ante la Justicia como un “apátrida fiscal” para evitar la alta condena a la que se expone.

La Fiscalía reclama para él más de sesenta años de cárcel por defraudar supuestamente más de 8,5 millones de euros y por los presuntos sobornos que cobró cuando era presidente de Bankia. Le atribuye 11 delitos fiscales y delitos de blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. La actividad delictiva que lo ha llevado al banquillo por tercera vez se habría iniciado en 1999, cuando era ministro y vicepresidente, y habría seguido desarrollándose cuando fue presidente del FMI, de Caja Madrid y de Bankia. Rato ya fue condenado por el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid y resultó absuelto del fiasco de la salida a bolsa de Bankia.

“Apátrida fiscal”

En esas tres sesiones, la representante de la Fiscalía Anticorrupción trató de apuntalar los indicios reunidos contra Rato en más de siete años de una compleja instrucción, en los que se llegaron a acumular más de 70.000 documentos. El grueso de la investigación se refiere al supuesto fraude fiscal que habría efectuado en una doble vía. Por un lado, ocultando “bolsas patrimoniales en el exterior” que eran “desconocidas para la Hacienda española”. Y, por otro, facturando a través de “sociedades instrumentales” servicios que prestaba de manera personal, como su contratación como consejero asesor en Telefónica o la realización de conferencias tras su regreso a España tras haber dirigido el FMI, del que fue máximo responsable entre junio de 2004 y noviembre de 2007. De esa forma, dice la acusación, evitaba que se “disparara” la tributación. 

Uno de los elementos clave en este punto es determinar dónde tenía Rato fijada su residencia fiscal cuando era director gerente del FMI. La Fiscalía le atribuye delitos fiscales en los ejercicios de 2005, 2006 y 2007, que declaró en España pero omitiendo parte de su patrimonio, y en los que habría defraudado casi 2,5 millones de euros. En su intervención, la fiscal afirmó que aunque residía en Washington, su domicilio fiscal estaba en España. “Se está pretendiendo que era un apátrida fiscal”, llegó a decir. 

En respuesta, la abogada del exbanquero dijo que este era uno de los “soplidos” que podría tumbar el “castillo de naipes” levantado contra Rato. Según Massó, no podía ser residente en España “con arreglo a la normativa española”, lo que supone que en esos ejercicios no hubo fraude. “Si eso es así, no habría cuota defraudada hasta julio de 2010, y por tanto no hay cuota que blanquear ni conexidad”, apostilló. Y añadió que, en consecuencia, decaería la “monstruosa acusación” contra su cliente. 

Las “refinadas técnicas de blanqueo”

Sin embargo, la Fiscalía insiste en que todas las cantidades ocultas a Hacienda fueron objeto de “hasta ocho refinadas técnicas de blanqueo” a través de “cuentas opacas” y “trust” financieros no menos opacos. Todo, según la representante del Ministerio Público, con el objetivo de “romper el rastro del origen del dinero”. Entre esas herramientas está el llamado “crédito lombardo”, que “consiste en obtener un préstamo con la única garantía de los activos financieros”, explicó Lorente. 

Otras de las vías de blanqueo habrían sido la supuesta puesta en marcha de un hotel en Berlín o las “millonarias ampliaciones de capital” de algunas de sus empresas. “Fue una actividad llevada a cabo durante años que denota una actuación blanqueadora de un modo indubitado, prácticamente como un modus operandi”, dijo tajante la fiscal. 

La tercera pata de la causa son las supuestas irregularidades de la etapa de Rato en Bankia, a cuya presidencia llegó en 2010 en medio de una lucha de poder entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, que prefería para ese puesto a Ignacio González. Rato ocupó ese cargo hasta mayo de 2012. La Fiscalía sostiene que sabiendo que los gastos de publicidad con motivo de la expansión de la marca y su salida a bolsa iban a ser elevados, Rato trató de “sacar provecho económico personal”. 

Para ello, explicó Lorente, se rodeó de sus colaboradores más fieles, que conformaron lo que la fiscal definió como un auténtico “grupo de presión” en la entidad. Según cálculos del Ministerio Público, el expolítico y exbanquero se embolsó 835.025 euros en comisiones por mediar para que las agencias Publicis y Zenith se hicieran con contratos publicitarios de Bankia en 2011 y 2012 valorados en unos 50 millones de euros. La abogada del exministro defendió que no existió “ninguna irregularidad” en ese proceso. 

La Fiscalía también destaca la colaboración “particularmente relevante” que en las operaciones fraudulentas de Rato habrían tenido su excuñado Santiago Alarcó y el asesor fiscal Domingo Plazas. El primero está señalado por supuestamente manejar sus cuentas en el extranjero y gestionar las estructuras societarias que “servían” a sus intereses. Plazas que, por su parte, gestionaba la sociedad Kradonara, considerada la pieza principal de los negocios del exministro; y organizaba la “repatriación” de parte de las cantidades. Es la misma sociedad que, según la acusación, usó para cobrar el dinero de las mordidas por la publicidad de Bankia. 

Esta investigación se inició después de conocerse que Rato se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Ante el tribunal, Rato reconoció que se había “equivocado” al acogerse a esa medida, pues pensó por error que era “el camino más fácil” para aflorar los fondos que tenía en tres sociedades en el extranjero. En su informe, la fiscal insistió en que “lejos de haber regularizado [fondos] ni administrativa ni, menos aún, penalmente” utilizó esa medida “como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacía años”. Su defensa, sin embargo, insistió en que, de esa forma, había “borrado el delito”. La última palabra la tendrán los jueces que durante los últimos cuatro meses han escuchado a las acusaciones, los acusados y las decenas de testigos que han comparecido ante el tribunal. 

Tras el turno del contundente informe de la Fiscalía, que solicita más de sesenta años de cárcel para Rodrigo Rato en el juicio sobre el origen de su fortuna, ha llegado el de las defensas. La abogada del que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y vicepresidente del Gobierno con José María Aznar (PP), María Massó, ha tomado la palabra para pedir la libre absolución de su defendido y ha afirmado que la causa que ha llevado a Rato al banquillo por tercera vez es “un castillo de naipes”. 

“La acusación se ha elevado sobre imputaciones de renta inciertas, sobre un alzamiento de bienes inventado, se ha construido sobre el análisis exhaustivo de toda la documentación incautada… pero los castillos de naipes caen fácilmente y veremos cuántos soplidos aguante este”, ha sostenido la abogada, que ha criticado que las defensas hayan tenido que “demostrar” su inocencia. “Se sostienen tesis, teoría e hipótesis criminales más propias de quien redacta una denuncia que de quien tiene que acreditar una conducta culpable. Se miran los hechos por parte de las acusaciones de una forma sesgada para mantener tesis irrazonables. Tesis arbitrarias”, ha añadido.

Así, la abogada ha hablado de varios “soplidos” que, a su juicio, desmontarían las tesis acusatorias. El primero es el relativo a la residencia. Las acusaciones sostienen que él era residente en España cuando era gerente del FMI. La cuestión es relevante porque la Fiscalía le atribuye delitos fiscales en los ejercicios de 2005, 2006 y 2007, que declaró en España pero omitiendo parte de su patrimonio. Habría defraudado casi 2,5 millones de euros, según los cálculos del Ministerio Público. 

Pero, según Massó, Rato no podía ser residente en España “con arreglo a la normativa española”, lo que supone que en esos ejercicios no hubo defraudación tributaria alguna. “Si eso es así, no habría cuota defraudada hasta julio de 2010, y por tanto no hay cuota que blanquear y, por tanto, no hay conexidad”, ha apostillado. Y ha añadido que, de esta forma, decaería lo que ha definido como “monstruosa acusación” de 11 delitos fiscales, puesto que habría que acogerse de nuevo a los plazos de prescripción de cinco años“.

La fiscal Elena Lorente, sin embargo, mantuvo este lunes que aunque residía en Washington su domicilio fiscal estaba en España. “El señor Rato no podía ni tuvo la residencia fiscal americana. Lo que se está aquí pretendiendo es que era un apátrida fiscal, que es el último recurso. Yo entiendo que hay que defender al señor Rato, pero es una defensa que, a mi juicio, roza la absurdez”, dijo la fiscal, que en otro momento de su intervención había tirado de cierta sorna para afirmar que se le tenía que situar “en mitad del océano desde el punto de vista fiscal”. 

Otro “soplido” de ese castillo de naipes, siempre según la defensa del exbanquero, sería la la amnistía fiscal a la que se acogió Rato en 2012 y que, a su juicio, “borra el delito”. El Ministerio Público, sin embargo, sostiene que fue un “afloramiento controlado” de su patrimonio porque “necesitaba” traer dinero a España y “llevarlo limpio” a Alemania para sus inversiones en ese país. No obstante, insistió en que declaró “una parte muy pequeña de su patrimonio” y sólo tuvo que pagar a Hacienda 11.000 euros. 

La fiscal anticorrupción Elena Lorente, encargada de impulsar la causa sobre el presunto origen ilícito de la fortuna de Rodrigo Rato, ha expuesto este lunes su informe final ante el tribunal que juzga desde el pasado diciembre al que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y vicepresidente del Gobierno con José María Aznar (PP). En una contundente exposición, la representante del Ministerio Público ha acusado a Rato de haber querido “controlar” la investigación y le ha afeado que se presentara ante la Justicia como un “apátrida fiscal” para evitar la alta condena a la que se expone.

El hombre al que algunos sectores señalaron durante años como el artífice del milagro económico español se enfrenta a más de 70 años de cárcel por defraudar supuestamente más de 8,5 millones de euros y por los presuntos sobornos que cobró cuando era presidente de Bankia. Es la tercera vez que se sienta en el banquillo en menos de una década: ya fue condenado por el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid y resultó absuelto del fiasco de la salida a bolsa de Bankia.

La actividad delictiva por la que se le juzga ahora se habría iniciado en 1999, cuando era ministro y vicepresidente del Gobierno, y habría seguido desarrollándose cuando fue presidente del FMI, de Caja Madrid y también cuando tocó la campana que anunció la ruinosa pero legal salida a bolsa de Bankia. Anticorrupción le acusa de 11 delitos fiscales y delitos de blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. 

La fiscal Lorente no tuvo el pasado abril la posibilidad de interrogar al exministro, ya que éste se negó a responder sus preguntas. Es más, durante el interrogatorio de su abogada —que este lunes Lorente definió de “conversación”— acusó a la fiscal de promover una “ficción impresentable”, de haber utilizado “prácticas inquisitoriales” y cargó contra el resto de investigadores. “No sé de dónde sale esta gente”, “es indignante” o “nos toman por tontos”, fueron los descalificativos con los que se dirigió a los técnicos de Hacienda y al abogado del Estado que ejerce la acusación. 

Lorente pudo tomar finalmente la palabra este lunes. Y lo hizo cargando duramente contra el exministro. Así, afirmó que había tratado de trasladar a este procedimiento la “capacidad de control” que ejerció en su “vida anterior” por sus relevantes cargos profesionales. “Ha tratado de actuar como una suerte de instructor en el procedimiento”, ha afirmado la fiscal, que ha dicho también que su defensa ha usado “trampantojos, trampas y oscuridades” para tratar de ocultar realidades y manipular el caso en su favor.

Delitos fiscales  

Durante su intervención del pasado abril, Rato mostró su lado más chulesco cuando cargó contra el abogado del Estado y los funcionarios de la Agencia Tributaria que sostienen que él era residente en España cuando era gerente del FMI. La cuestión es relevante porque la Fiscalía le atribuye sendos delitos fiscales en los ejercicios de 2005, 2006 y 2007, que declaró en España pero omitiendo parte de su patrimonio. Según Anticorrupción, Rato habría defraudado 346.853,29 euros en 2005, 948.148,40 euros en 2006 y 1.144.323,70 en 2007. En total, casi 2,5 millones de euros en durante sus años como director gerente de ese organismo. 

Ante el tribunal, Rato alegó que su residencia estaba fuera y que presentó esas declaraciones por error. Con el objetivo de probarlo, relató que había aportado a la causa recibos y notas de los colegios de sus hijos, así como el documento que refleja que se dio de baja del padrón en Madrid. Ante el tribunal, Rato afirmó que la acusación de que no vivía en Washington “o es una falsedad o una tontería” y llegó a decir que “es increíble que funcionarios públicos españoles” pudieran sostener que era residente en España en esa época. “Tenía escolta, yo no me movía alegremente. Es increíble que puedan decir estas cosas, no sé de dónde sale esta gente”, dijo ante el tribunal. 

La tesis de las acusaciones es que aunque residía en Washington su domicilio fiscal estaba en España. Y así lo expuso de nuevo la fiscal este lunes, que respondió a los exabruptos del exbanquero. “El señor Rato no podía ni tuvo la residencia fiscal americana. Lo que se está aquí pretendiendo es que era un apátrida fiscal, que es el último recurso. Yo entiendo que hay que defender al señor Rato, pero es una defensa que, a mi juicio, roza la absurdez”, ha dicho la fiscal, que en otro momento de su intervención había tirado de cierta sorna para afirmar que se le tenía que situar “en mitad del océano desde el punto de vista fiscal”.

En otro momento de su informe, la fiscal también se ha referido a la amnistía fiscal que aprobó en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy y a la que se acogió Rato para para tratar de regularizar bienes y rentas que habían escapado del control de Hacienda. Ese movimiento acabó dando lugar a la investigación sobre su patrimonio objeto de este juicio por las incongruencias detectadas en las rentas afloradas.

Según la fiscal, fue un “afloramiento controlado” de su patrimonio porque “necesitaba” traer dinero a España y “llevarlo limpio” a Alemania para sus inversiones en ese país. No obstante, ha insistido en que declaró “una parte muy pequeña de su patrimonio” y sólo tuvo que pagar a Hacienda 11.000 euros.

“No di ninguna indicación a nadie, no estaba capacitado porque no soy experto en marketing ni publicidad”. El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y vicepresidente del Gobierno con José María Aznar (PP), Rodrigo Rato, ha negado este lunes en el juicio sobre el origen de su patrimonio haber maniobrado para que las agencias Publicis y Zenith se hicieran con millonarios contratos de publicidad de Bankia, la entidad que dirigió entre 2010 y 2012. 

Durante casi dos horas de interrogatorio, Rato ha tratado de confrontar la tesis de la Fiscalía, que sostiene que sabiendo que los gastos de publicidad con motivo de la expansión de la marca y su salida a bolsa iban a ser elevados, el exbanquero trató de “sacar provecho económico personal”. Anticorrupción afirma que a través de Kradonara, su sociedad patrimonial, el expolítico y exbanquero se habría embolsado una comisión de 835.025 euros por mediar para que esas dos agencias se hicieran con contratos publicitarios de Bankia en 2011 y 2012 valorados en unos 50 millones de euros. 

Para ello, siempre según el relato de la Fiscalía, se “sirvió” de personas de su confianza como su secretaria personal desde 1983, Teresa Arellano; el administrador de varias de sus empresas familiares, Miguel Ángel Montero; el que fuera su ‘número dos’ en Caja Madrid, José Manuel Fernández Norniella. Todos ellos se sientan ahora en el banquillo junto otra decena de personas. 

En su tercera y última sesión de interrogatorio, Rato ha negado haber tenido participación en el proceso de elección de esas dos agencias y se ha desvinculado de todas las decisiones que se adoptaron en relación con la difusión de la marca Bankia, así como de los detalles de la campaña de publicidad que se puso en marcha durante la salida a bolsa. Según ha detallado, era el departamento de Comunicación el que se ocupó de todo el proceso: de seleccionar a las agencias y medios a escoger una marca. 

En este sentido, Rato ha asegurado que, aunque era uno de sus miembros, “nunca” asistió al llamado Comité de Medios, donde se adjudicaron esos contratos. “Me parecía que como presidente del Consejo de Administración tenía que mantener distancia con decisiones concretas (...). Recibía información suficiente cuando las cosas pasaban al Consejo de Administración. Y a mi me permitía no involucrarme en decisiones concretas”, ha afirmado a preguntas de su abogada. El pasado miércoles 10 de abril, en el primer día de interrogatorio, ya anunció que no respondería a las preguntas de las acusaciones. 

Rato carga contra la directiva que le señaló

Lo afirmado este lunes por Rato contrapone la versión de la que fuera directora de Comunicación de Bankia durante parte de su mandato al frente de la entidad, Pilar Trucios. En su declaración como testigo, esta directiva le atribuyó la decisión final sobre la contratación de las empresas encargadas de la publicidad de la salida a Bolsa.

Ante el tribunal, Rato ha relatado que aunque fue él quien contrató a Trucios, la relación se fue tensando porque ella no era una persona resolutiva, sino “más bien emocional, de mucha lágrima”. En un momento dado, la degradó poniéndola a las órdenes de Teresa Arellano, con quien él llevaba trabajando varias décadas. “Se tomó la decisión mucho peor de lo que yo esperaba, tuvimos tensiones, lágrimas. Pero yo no podía ni quería dar marcha atrás”, así que acabó despidiéndola.

Una decisión que, según Rato, “le supuso un gran favor porque le permitió cobrar una indemnización” de 1,2 millones de euros, según Efe. Y que, años después, ha utilizado para cargar contra ella en el juicio por el que se expone a una condena de más de 70 años por delitos de fraude fiscal, blanqueo y corrupción en los negocios. “Me pareció que era una salida financieramente muy generosa y lo que he comprobado es que mantiene herida abierta”, ha dicho sobre su antigua colaboradora. 

Y, el segundo día, volvió a defenderse al ataque. El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y vicepresidente del Gobierno con José María Aznar (PP), Rodrigo Rato, afrontó este jueves la segunda parte del interrogatorio en el juicio sobre el presunto origen ilícito de su fortuna que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid. En una línea similar a la mantenida este miércoles, el expolítico y exbanquero negó las irregularidades y volvió a cargar contra la Fiscalía Anticorrupción, a la que acusó de utilizar “prácticas inquisitoriales” y promover una “ficción impresentable” en la causa en la que pide para él más de 70 años de cárcel. 

No obstante, en los primeros momentos del interrogatorio de su abogada, María Massó, el acusado reconoció que se había “equivocado” al acogerse a la amnistía fiscal que aprobó en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy y a la que se acogió para para tratar de regularizar bienes y rentas que habían escapado del control de Hacienda. Ese movimiento acabó dando lugar a la investigación sobre su patrimonio objeto de este juicio por las incongruencias detectadas en las rentas afloradas. Anticorrupción le acusa de 11 delitos fiscales y delitos de blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.

“¿Qué quería aflorar con la regularización?”, le preguntó su abogada. Rato explicó que había regresado a España en 2008 —tras ser director gerente del FMI— y que tenía tres sociedades en el extranjero (Red Rose Investment, Wescastle Corporation y Vivaway Limited). Aunque, afirmó, “no tenía una sensación de estar ocultando nada, más que la titularidad”, sí pensó que la regularización era “el camino más fácil” para aflorar esos fondos. “Me equivoqué”, reconoció ante el tribunal. Y trató de poner en valor que aunque en ese momento se exponía a una condena de “responsabilidad civil” en el pleito por la salida a Bolsa de Bankia —del que resultó absuelto— se acogió esa amnistía. “Podía tener una presión para salvaguardar mis bienes y no lo hice”, aseveró. 

El relato de la Fiscalía es radicalmente distinto. Anticorrupción sostiene que “lejos de haber regularizado [fondos] ni administrativa ni, menos aún, penalmente” utilizó esa medida “como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacía años por su patrimonio exterior”. De hecho, el Ministerio Público afirma que declaró únicamente ser propietario de la empresa Red Rose Finantial, pero “omitió cualquier referencia a otras sociedades” y declaró un patrimonio en el exterior de sólo 115.334 euros, por el que abonó 11.533 euros a Hacienda.

Además, la Fiscalía defiende que todas las cantidades ocultas a Hacienda habrían sido, además, objeto de “mecánicas de blanqueo” a través de “cuentas opacas” y “trust” financieros no menos opacos. Entre ellos, el llamado “crédito lombardo”, que son líneas de financiación flexibles “con la garantía de su abultada cartera de valores”, según el escrito del Ministerio Público. Otras de las vías de blanqueo habrían sido la supuesta compra, rehabilitación y puesta en marcha de un hotel en Berlín o las “millonarias ampliaciones de capital” de algunas de sus empresas. 

Frente a esta tesis, Rato negó todas las irregularidades y se presentó como víctima de las “prácticas inquisitoriales” de la Fiscalía. “La impunidad con la que se actúa es tremenda”, dijo el expolítico y exbanquero, que volvió a acusar a los investigadores de promover una “ficción impresentable” y de utilizar “lo que le viene bien para la teoría del tesoro oculto”. 

Sus críticas exasperaron a la fiscal, Elena Lorente, a la que Rato llegó a señalar con el dedo por, a su juicio, hacerle perder el tiempo. “Apuntar directamente a esta acusación… creo que se nos debe el debido respeto. Y lo reclamamos”, dijo la representante del Ministerio Público. “El respeto se gana. Y después de nueve años tengo el respeto por usted que tengo que tener. Vamos a poner a cada uno en su sitio”, espetó Rato. La presidenta del tribunal, la magistrada Ángela Acevedo cortó el rifirrafe afirmando que no iba a permitir a las partes que entraran en “ese tipo de discusiones”. “Si el acusado le falta al respeto yo me ocuparé, pero hasta ahora no lo ha hecho”, zanjó la jueza. 

Tras más de tres horas de interrogatorio, la defensa de Rato solicitó suspender la declaración y alegó que su defendido no se encontraba en condiciones para seguir. “La verdad es que estoy muy cansado”, dijo el acusado. Está previsto que siga respondiendo a las preguntas de su letrada y de las defensas de los demás acusados el próximo lunes. 

Rodrigo Rato y Figaredo, el todopoderoso vicepresidente económico de José María Aznar, se sentó este miércoles (de nuevo) en el banquillo de los acusados. Y, ante el tribunal que le juzga por la fortuna que amasó mientras estaba en el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), mantuvo por momentos una actitud desafiante. Primero, rechazó contestar a las preguntas de la fiscal anticorrupción, a la que acusó de haber montado una “fabulación”; y, después, cargó contra los funcionarios que han investigado su ingente patrimonio. “No sé de dónde sale esta gente”, “es indignante” o “nos toman por tontos”, fueron los descalificativos con los que se dirigió a los técnicos de Hacienda y al abogado del Estado que ejerce la acusación en esta causa. 

El hombre al que algunos sectores señalaron durante años como el artífice del milagro económico español se enfrenta a más de 70 años de cárcel por defraudar supuestamente más de 8,5 millones de euros y por los presuntos sobornos que cobró cuando era presidente de Bankia. Es la tercera vez que se sienta en el banquillo en menos de una década: ya fue condenado por el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid y resultó absuelto del fiasco de la salida a bolsa de Bankia.

La actividad delictiva por la que se le juzga ahora se habría iniciado en 1999, cuando era ministro y vicepresidente del Gobierno, y habría seguido desarrollándose cuando fue presidente del FMI, de Caja Madrid y también cuando tocó la campana que anunció la ruinosa pero legal salida a bolsa de Bankia. Anticorrupción le acusa de 11 delitos fiscales y delitos de blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Sin embargo, no hubo ocasión de escuchar el interrogatorio de la fiscal Elena Lorente porque Rato se negó a responder sus preguntas. Tampoco contestó a las del abogado del Estado. 

El acusado siguió la línea marcada por su abogada, María Massó, que en la primera sesión pidió la anulación de la causa porque, a su juicio, se basaba en un registro que vulneró su derecho a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio y que respondía a una denuncia “mendaz” de la Fiscalía. También acusó a Anticorrupción de decir “una cosa y la contraria”. Rato afeó al Ministerio Público haber utilizado correos electrónicos y documentos que, según su criterio, no deberían estar en la causa. Esta valoración propició el primer toque de atención de la presidenta del tribunal, la jueza Ángela Acevedo. 

Después, anunció que únicamente iba a responder a las preguntas de su defensa y las de los demás acusados. Se explayó especialmente su abogada, que le interrogó durante más de tres horas sobre todos los movimientos bancarios bajo sospecha. El exdirectivo defendió la legalidad de su patrimonio, que situó, en parte, en el dinero en Suiza que le dejó su padre tras su fallecimiento en 1998 y que no había repatriado. Aseguró que sus fondos son “perfectamente identificables” y tienen “una explicación razonable”. 

Ante el tribunal, relató que su padre murió en 1998 y su madre enfermó. En consecuencia, entre 2003 y 2004 él y sus hermanos decidieron que tenían que “tomar decisiones”. Él se ocupó del dinero que había en Suiza y se hizo cargo de Westcastle, la sociedad a través de la que padre gestionaba una cartera que definió como “muy conservadora”. “Nunca introduje ni retiré fondos, ni tuve una tarjeta de crédito”, afirmó. 

Rato mostró su lado más chulesco cuando cargó contra el abogado del Estado y los funcionarios de la Agencia Tributaria que sostienen que él era residente en España cuando era gerente del FMI. La cuestión es relevante porque la Fiscalía le atribuye sendos delitos fiscales en los ejercicios de 2005, 2006 y 2007, que declaró en España pero omitiendo parte de su patrimonio. Según Anticorrupción, Rato habría defraudado 346.853,29 euros en 2005, 948.148,40 euros en 2006 y 1.144.323,70 en 2007. En total, casi 2,5 millones de euros en durante sus años como director gerente de ese organismo. La tesis de las acusaciones es que aunque residía en Washington su domicilio fiscal estaba en España. 

Por contra, la defensa de Rato alega que su residencia estaba fuera y que presentó esas declaraciones por error. Con el objetivo de probarlo, relató que había aportado a la causa recibos y notas de los colegios de sus hijos, así como el documento que refleja que se dio de baja del padrón en Madrid. Ante el tribunal, Rato afirmó que la acusación de que no vivía en Washington “o es una falsedad o una tontería” y llegó a decir que “es increíble que funcionarios públicos españoles” pudieran sostener que era residente en España en esa época. “Tenía escolta, yo no me movía alegremente. Es increíble que puedan decir estas cosas, no sé de dónde sale esta gente”, dijo ante el tribunal. 

Especialmente duro fue contra el abogado del Estado, a cuyas preguntas tampoco respondió. “Este señor que está aquí, el primer día de juicio dijo que Luxemburgo es un territorio opaco para la agencia española. Es muy fuerte que un abogado del Estado diga que Luxemburgo es un territorio opaco. Nos toman por tontos. Es indignante”, aseveró. 

Previamente, durante el interrogatorio de la abogada del asesor fiscal Domingo Plazas asumió toda la responsabilidad sobre las decisiones adoptadas en relación con Kradonara, considerada la pieza principal de los negocios del exministro. La Fiscalía, por contra, sostiene que era Plazas quien la gestionaba y quien organizaba la “repatriación” de parte de las cantidades blanqueadas a través de cuentas ómnibus tituladas por trust en Gibraltar. 

Una investigación abierta tras la amnistía fiscal 

La investigación que ha derivado en este tercer juicio para Rato se inició después de conocerse que se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. La Fiscalía afirma que “lejos de haber regularizado [fondos] ni administrativa ni, menos aún, penalmente” utilizó esa medida “como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacía años por su patrimonio exterior”. De hecho, el Ministerio Público afirma que declaró únicamente ser propietario de la empresa Red Rose Finantial, pero “omitió cualquier referencia a otras sociedades” y declaró un patrimonio en el exterior de sólo 115.334 euros, por el que abonó 11.533 euros a Hacienda.

Además, la Fiscalía subraya que todas las cantidades ocultas a Hacienda habrían sido, además, objeto de “mecánicas de blanqueo” a través de “cuentas opacas” y “trust” financieros no menos opacos. Entre ellos, el llamado “crédito lombardo”, que son líneas de financiación flexibles “con la garantía de su abultada cartera de valores”, según el escrito del Ministerio Público. Otras de las vías de blanqueo habrían sido la supuesta compra, rehabilitación y puesta en marcha de un hotel en Berlín o las “millonarias ampliaciones de capital” de algunas de sus empresas. 

Este caso también ha hecho aflorar supuestas irregularidades de su etapa en Bankia, a cuya presidencia llegó en 2010 en medio de una lucha de poder entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, que prefería para ese puesto a Ignacio González. Rato ocupó ese cargo hasta mayo de 2012. La Fiscalía sostiene que sabiendo que los gastos de publicidad con motivo de la expansión de la marca y su salida a bolsa iban a ser elevados, Rato trató de “sacar provecho económico personal”. Está previsto que Rato responda sobre esta parte de la investigación en una nueva jornada de juicio que se celebrará este jueves. Será la sesión número 42 de una vista oral que se inició en diciembre y en la que han comparecido desde entonces decenas de testigos y peritos. 

Ocho años y medio después de aquella fotografía siendo introducido en un coche de los agentes de Aduanas que fue portada en toda la prensa, Rodrigo Rato y Figaredo se sienta (de nuevo) en el banquillo. La Audiencia de Madrid acoge desde el próximo viernes el juicio sobre el origen de la fortuna del todopoderoso vicepresidente económico de José María Aznar, que ya fue condenado por el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid y resultó absuelto del fiasco de la salida a bolsa de Bankia.

Ahora, la Fiscalía pide para él más de 70 años de cárcel por defraudar más de 8,5 millones de euros y por los supuestos sobornos que cobró cuando era presidente de esa entidad. Una actividad que se habría iniciado en 1999, cuando era ministro y vicepresidente del Gobierno, y siguió desarrollándose cuando fue presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI), de Caja Madrid y también cuando tocó la campana que anunció la ruinosa pero legal salida a bolsa de Bankia. Anticorrupción le acusa de 11 delitos fiscales y sendos delitos de blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. 

Durante siete años de instrucción en los que se han acumulado más de 70.000 documentos, los investigadores han indagado en un alambicado entramado societario radicado en parte en paraísos fiscales como la Isla de Man, Kuwait y Curaçao y oculto a Hacienda. Según el juez de Madrid Antonio Serrano Arnal, que inició esas pesquisas en 2015, Rato habría montado una estructura empresarial en el extranjero con el objetivo de “alejar” de su “origen” fondos que ingresaba en España. Con ese “canal”, que operó hasta 2014, habría introducido en España más de 7,8 millones de euros, según acreditó un informe de la UCO que consta en el sumario. 

El grueso de la investigación se refiere al supuesto fraude fiscal que Rato habría efectuado en una doble vía. Por un lado, a través de “maniobras de ocultación de su patrimonio exterior así como en las maniobras societarias entre las sociedades bajo su control, a fin de retornar a España parte de su patrimonio de manera oculta para la Hacienda española”. Y, por otro, facturando a través de “sociedades meramente instrumentales” servicios profesionales que prestaba de manera personal, como su contratación como consejero asesor en Telefónica o la realización de conferencias tras su regreso a España tras haber dirigido el FMI, del que fue máximo responsable entre junio de 2004 y noviembre de 2007. 

El escrito de acusación del fiscal describe la colaboración “particularmente relevante” que en tales operaciones habrían tenido su excuñado Santiago Alarcó y el asesor fiscal Domingo Plazas. El primero está señalado por supuestamente manejar sus cuentas en el extranjero y gestionar las estructuras societarias que “servían” a sus intereses. Plazas, por su parte, gestionaba la sociedad Kradonara, considerada la pieza principal de los negocios del exministro; y organizaba la “repatriación” de parte de las cantidades blanqueadas a través de cuentas ómnibus tituladas por trust en Gibraltar, según el fiscal. 

Esta investigación se inició después de conocerse que Rato se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. La Fiscalía afirma que “lejos de haber regularizado [fondos] ni administrativa ni, menos aún, penalmente” utilizó esa medida “como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacía años por su patrimonio exterior”. De hecho, el Ministerio Público afirma que declaró únicamente ser propietario de la empresa Red Rose Finantial, pero “omitió cualquier referencia a otras sociedades” y declaró un patrimonio en el exterior de sólo 115.334 euros, por el que abonó 11.533 euros a Hacienda.

Además, la Fiscalía subraya que todas las cantidades ocultas a Hacienda habrían sido, además, objeto de “mecánicas de blanqueo” a través de “cuentas opacas” y “trust” financieros no menos opacos. Entre ellos, el llamado “crédito lombardo”, que son líneas de financiación flexibles “con la garantía de su abultada cartera de valores”, según el escrito del Ministerio Público. Otras de las vías de blanqueo habrían sido la supuesta compra, rehabilitación y puesta en marcha de un hotel en Berlín o las “millonarias ampliaciones de capital” de algunas de sus empresas. 

La publicidad de Bankia

Este caso también ha hecho aflorar supuestas irregularidades de su etapa en Bankia, a cuya presidencia llegó en 2010 en medio de una lucha de poder entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, que prefería para ese puesto a Ignacio González. Rato ocupó ese cargo hasta mayo de 2012. La Fiscalía sostiene que sabiendo que los gastos de publicidad con motivo de la expansión de la marca y su salida a bolsa iban a ser elevados, Rato trató de “sacar provecho económico personal”. 

La investigación ha revelado que, a través de la citada Kradonara, Rato se embolsó una comisión de 835.025 euros por mediar para que dos agencias, Publicis y Zenith, se hicieran con contratos publicitarios de Bankia en 2011 y 2012 valorados en unos 50 millones de euros. Para ello, siempre según el relato de la Fiscalía, se “sirvió” de personas de su confianza como su secretaria personal desde 1983, Teresa Arellano; el administrador de varias de sus empresas familiares, Miguel Ángel Montero; y el que fuera su ‘número dos’ en Caja Madrid, José Manuel Fernández Norniella. Todos ellos se sentarán ahora en el banquillo junto otra decena de personas. 

En total, la Fiscalía asegura haber identificado incrementos patrimoniales no justificados de Rato entre 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda, así como 7,4 millones de euros defraudados a la Agencia Tributaria. A esta última cifra, señala Anticorrupción, habría que añadir la tributación de servicios profesionales a través de sus sociedades, con lo que las cuotas defraudadas ascenderían a 8,5 millones. 

La condena por la 'black' 

A la espera de cómo acabe este juicio, Rato acumula ya una condena por llevarse dinero público. En su caso, 99.054 euros de Caja Madrid pasando la tarjeta con la que pagó viajes a la nieve, fiestas, alcohol y bolsos de lujo. La sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo en octubre de 2018, atribuye a Rato y a su predecesor, Miguel Blesa, que se suicidó en julio de 2017, el mantenimiento de un sistema que permitía a la cúpula de la entidad “disponer a su antojo” del dinero de la Caja para sus gastos personales o cualquier otro que ellos decidieran. La existencia de estas tarjetas “black a efectos fiscales” fue desvelada en una investigación de elDiario.es en 2013. Fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, de los que pasó algo más de dos entre rejas tras lograr la libertad condicional en febrero de 2021.

El segundo de los juicios a los que se ha enfrentado sí tuvo un buen final para el expolítico del PP. En septiembre de 2020, la Audiencia Nacional lo absolvió a él y a los otros 33 gestores acusados por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable en la salida a bolsa de Bankia. El tribunal entendió que su desplome tras una salida fallida al mercado no se le podía atribuir al equipo directivo del banco porque las decisiones que se adoptaron estaban basadas, o incluso urgidas, por los supervisores y las nuevas leyes sobre sector financiero que se iban promulgando en España y en la Unión Europea.

Esa fue la línea de defensa que siguió durante el juicio, pues Rato nunca se ha considerado responsable de las actuaciones que llevaron a la ruina a accionistas y preferentistas. En 2012, el banco necesitó una inyección de 22.000 millones de dinero público y Rato acabó saliendo por la puerta de atrás de la mano de su amigo Mariano Rajoy, que llevaba solo unos meses en la Moncloa y tuvo que hacerse cargo del desmoronamiento de una entidad sistémica en cuyos nombramientos había tenido mucho que ver. Entonces, Rato todavía mantenía abierto ese “canal” con el que supuestamente introducía en España millones de euros de sociedades opacas radicadas en paraísos fiscales que le lleva ahora de nuevo al banquillo.

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir la investigación contra el exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar, Rodrigo Rato por blanqueo de capitales, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un comunicado. El juez instructor había decidido el pasado mayo sobreseer el último atestado que remitió la UCO sobre esta pieza separada del 'caso Rato'. Ahora los jueces de la Audiencia Provincial han decidido estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

La Sala establece que se mantenga el sobreseimiento provisional en relación al delito de cohecho que también se investigaba, y dejar sin efecto el auto exclusivamente en relación al presunto delito de blanqueo de capitales que haya podido ser cometido por las actividades económicas de las sociedades Vivaway y Krandora.

Según la sala, existen indicios suficientes de que Rodrigo Rato “ha tenido sociedades domiciliadas en el extranjero utilizando como testaferros a sociedades fiduciarias, sin actividad social conocida, y cuyo fin último se adivina sin esfuerzo que era defraudar a la Hacienda Pública mediante el envío a dichas sociedades de cantidades de dinero que permanecían de este modo oculto al Fisco y, posteriormente, estas cantidades defraudadas han retornado al circuito económico mediante su transferencia a otras sociedades”.

Los magistrados consideran que esta conducta puede “ser constitutiva de blanqueo de capitales y debe ser investigada”, y en consecuencia ordenan al juez instructor practicar las diligencias de investigación que estime pertinentes para el esclarecimiento de dicho delito.

Qué es el caso Rato

Según un informe de la ONIF, dependiente de la Agencia Tributaria, el ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato habría defraudado 6,8 millones de euros entre los años 2004 y 2015.

El informe de 634 folios detalla que las rentas no declaradas en el IRPF superarían los 14 millones de euros en el citado periodo. El documento aborda los pagos realizados por las principales empresas del IBEX 35 al exvicepresidente después de que este dejara su cargo en Bankia para que el Estado la nacionalizara. CaixaBank, Santander y Telefónica pagaron al exdirector gerente del FMI casi 1,7 millones de euros desde su dimisión hasta 2015 en conceptos de asesoría que no tributó por el IRPF sino por sociedades.

La ONIF dice que se utilizó el mismo sistema para pagar los servicios de asesoría que Rato hizo a Telefónica en 2013, 2014 y 2015, con los que ingresó 730.000 euros, que debían haber sido declarados por el IRPF. Sin embargo, Telefónica firmó con Rato que los servicios los hiciera Kradonara, una de las empresas investigadas por evasión de impuestos, para evitar la tributación de esta sociedad, “recibió facturas de conveniencia emitidas por otra firma de Rato, Arada, la cual no tributa por los ingresos que obtiene al tener pérdidas acumuladas”.

El ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato defraudó 6,8 millones de euros entre los años 2004 y 2015, según un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, entregado el pasado 23 de enero al juzgado de instrucción número 31 de Madrid, y que adelanta este miércoles el diario El País.

El informe de 634 folios detalla que las rentas no declaradas en el IRPF superarían los 14 millones de euros en el citado periodo. Entre los casos que relata se encuentra el referente al Hotel Alba de Layos (Toledo). Rato fundó la sociedad COR con sus hermanos Ramón (ya fallecido) y María Ángeles. Cuando Rato era vicepresidente del Gobierno, en 2003, la firma COR construyó un hotel de cinco estrellas “que recibió una subvención algo inferior a un millón de euros de la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, presidida en ese momento por Rodrigo Rato”.

La policía fiscal afirma que todas las rentas generadas por COR se destinaban al hotel y que el importe de lo no declarado “está cercano a los 3,5 millones”. A través de dos proveedores de COR, el grupo Macal y Media House, “satisfacen rentas a Montelayos y Layosalud. A pesar de la ocultación, se entiende acreditado que Layosalud pertenece en su mayor parte a Rato”.

Además, el documento aborda los pagos realizados por las principales empresas del IBEX 35 al exvicepresidente después de que este dejara su cargo en Bankia para que el Estado la nacionalizara. CaixaBank, Santander y Telefónica pagaron al exdirector gerente del FMI casi 1,7 millones de euros desde su dimisión hasta 2015 en conceptos de asesoría que no tributó por el IRPF sino por sociedades.

Los pagos son diferentes según cada entidad. En el caso de CaixaBank, Rato era asesor de la entidad catalana antes de llevar las riendas de Bankia. Por eso el informe dice que tributó correctamente en 2008 y 2009 pero luego dejó la asesoría por ser nombrado presidente de Caja Madrid. Pero ya en 2012, 2014 y 2015, fue COR, propiedad de Rato, la que facturó a CaixaBank 540.000 euros, “un importe manifiestamente superior al valor de mercado de ese servicio de publicidad”.

Algo similar dice que la Agencia Tributaria que ocurrió cuando Rato fue asesor de Santander y atribuye el cobro entre 2013 y 2015 de 441.000 euros a través de COR, “una sociedad sin estructura para diseñar estos servicios”, como persona jurídica para evitar el pago del IRPF.

La ONIF dice que se utilizó el mismo sistema para pagar los servicios de asesoría que Rato hizo a Telefónica en 2013, 2014 y 2015, con los que ingresó 730.000 euros, que debían haber sido declarados por el IRPF. Sin embargo, Telefónica firmó con Rato que los servicios los hiciera Kradonara; para evitar la tributación de esta sociedad, “recibió facturas de conveniencia emitidas por otra firma de Rato, Arada, la cual no tributa por los ingresos que obtiene al tener pérdidas acumuladas”.

Esta práctica de Telefónica ya había sido perseguida por la Agencia Tributaria en otros casos. Como publicó eldiario.es en la investigación de Los Papeles de la Castellana, uno de sus exdirectivos, Luis Lada, recibió una indemnización de ocho millones de euros por dejar la compañía y además una compensación anual de 500.000 euros que trató de cobrar por medio de una sociedad pero que Hacienda le hizo tributar por IRPF.

Respuesta de Rato

Rodrigo Rato ha manifestado por su parte lo que ya ha enviado a través de diferentes escritos al juzgado: “Este informe se origina en una denuncia, alzamiento de bienes, que sirvió para mi detención, aunque quedó demostrada su falsedad en 15 días. El informe contiene datos falsos o erróneos que la Agencia Tributaria tenía capacidad para conocer desde tiempo antes porque estaban en sus archivos”. También recuerda que pidió sin éxito al juez que cambiara a los actuarios de la ONIF por considerar que no eran apropiados para continuar como auxilio judicial ya que iniciaron la causa con datos falsos.

Investigado desde hace dos años

El exministro de Economía y Hacienda, cuya fortuna está siendo investigada desde hace dos años, habría cometido el fraude mediante “ganancias de patrimonio no justificadas derivadas del tráfico de dinero con el extranjero y no declarado fiscalmente; ganancias de patrimonio sin previa transmisión de rentas, rendimientos de actividades económicas como conferenciante y gastos de la actividad empresarial que no son deducibles”, recalca Efe.

El informe de la ONIF, clave para seguir avanzando en la investigación judicial, habla de tráfico de dinero a través de las sociedades panameñas Red Rose Limited y Westcastle, la británica Vivaway y la española Kradonara, que habrían sido utilizadas para ocultar rentas y cuyo beneficiario habría sido el propio Rato.

El inicio de las pesquisas sobre el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno comenzó en abril de 2015, cuando la ONIF alertó a la Fiscalía de Madrid de irregularidades en el patrimonio de Rato e inició un proceso que empezó con el registro de su domicilio y su despacho particular, la incautación de documentación y su detención televisada.

La denuncia de Antifraude se producía apenas 24 horas después de que el 14 de abril trascendiera que el exministro estaba siendo investigado por la unidad de inteligencia financiera, el Sepblac, dependiente del Ministerio de Economía, por un posible delito de blanqueo de dinero tras acogerse en 2012 a la amnistía fiscal a la que se adhirieron 30.000 contribuyentes.

Por otra parte, la semana pasada quedó visto para sentencia otra de las causas contra Rato, que le ha sentado en el banquillo, la de las tarjetas “black”. Terminaba el juicio contra los 65 usuarios de las polémicas tarjetas opacas de Caja Madrid, entre ellos los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato, que se enfrentan a penas de entre seis y cuatro años y medio de prisión por apropiación indebida.

El juez de Instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha imputado este lunes al exconsejero de Bankia y exsecretario de Estado de Hacienda, José Manuel Fernández Norniella, después de interrogarle en la causa en la que investiga el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El magistrado, que ha iniciado a la vuelta de sus vacaciones una nueva ronda de declaraciones, atribuye la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, de blanqueo de capitales y de corrupción entre particulares a otras dos personas más a las que también ha interrogado en su Juzgado, lo que eleva el número total de imputados a 14.

Alberto Portuondo es el único que ha ingresado en prisión por haber recibido dos millones en comisiones de esas dos empresas a cambio de haber favorecido supuestamente su contratación para el lanzamiento de la marca del banco. También habría recibido alrededor de 1,8 millones de Bankia por labores de asesoramiento durante el periodo en que la entidad estuvo presidida por Rato.

A su vez, Portuondo habría desviado 833.000 euros a Kradonara, epicentro del entramado societario del exministro, de los que 450.000 euros fueron a parar en última instancia a Bagerpleta GmbH, cuya única actividad es la explotación de un hotel en Berlín, en el que Rato posee un 50 %.

La Oficina de Investigación Nacional del Fraude (ONIF) duda de la procedencia de un total de 6,5 millones que recibió en diversas transferencias Kradonara. Esa sociedad obtuvo directamente en 2006, 2007, 2011 y 2014 a través de distintas transferencias 3,4 millones, a las que hay que sumar otras por valor de 3,047 millones recibidas desde su matriz, Vivaway, una firma constituida en el Reino Unido y administrada desde el paraíso fiscal de la Isla de Guernsey y cuyo beneficiario último es Rato.

A su vez, Vivaway recibió 2,5 millones entre 2013 y 2014 de la sociedad panameña Wescastle Corporation, con domicilio en Ginebra, reconocida por Rato en su declaración de bienes en el extranjero, y algo más de 850.000 euros en 2012 y 2013 de Red Rose, cuyo domicilio al parecer está en Bahamas.

Presuntamente, el exvicepresidente, que cuenta con todo su patrimonio embargado, defraudaba también ingresos por su asistencia a congresos y conferencias que, a través de la sociedad Arada, acababan en Vivaway.

A partir de ahí, el dinero pasaba de Vivaway a Kradonara, que recibía estos ingresos y otros tantos para acabar manteniendo Bagerpleta GmbH, que ha recibido también 100.000 euros de Telefónica y otros 1,05 millones cuyo origen se desconoce, directamente a través de Vivaway y Kradonara.

La presunta trama de corrupción entre particulares que tiene como epicentro a Rodrigo Rato se cobró este lunes otros tres nuevos imputados. El juez Antonio Serrano-Arnal dedicó su jornada de regreso de las vacaciones al interrogatorio de tres individuos, de los que no ha trascendido su identidad. Según fuentes jurídicas, uno había sido citado como imputado, pero los otros dos, como ya había ocurrido con anterioridad, entraron en el despacho del magistrado en calidad de testigos y salieron con la condición de imputados.

Las tres declaraciones se produjeron en la pieza secreta del caso, por lo que solo estuvieron presentes las Fiscalía Anticorrupción, el juez y los dos testigos, en los dos primeros casos. En el caso del imputado pudo acompañarle su abogado. Como ya ocurriera con el director de Comunicación Externa de Bankia en la etapa de Rato, Miguel Robledo, el juez ha considerado que de la declaración de los testigos ha surgido información que merece cambiar su condición por la de investigados.

Ya son 14 los imputados en el denominado ‘caso Rato’. Entre ellos, además del exvicepresidente, figura el presunto intermediario Miguel Ángel Montero; el empresario Miguel Ángel Portuondo, quien además es el único que permanece en prisión; el abogado Domingo Plazas; y cuatro directivos de Publicis y Zenit, entre ellos la directora general, Candi Rodríguez, y el consejero delegado de Publicis, Xavier Olazábal. Además del citado Robledo, está imputada Teresa Arellano, exsecretaria de Rato y quien desempeñó tareas de responsabilidad en su etapa en Bankia.

El juez Serrano-Arnal se ha encontrado a su regreso con la prórroga del secreto del sumario que dictó su sustituto, Marcelino Sexmero, durante sus vacaciones. El secreto de las actuaciones afecta a la pieza separada en la que se investiga si el exministro de Economía pudo blanquear dinero en el extranjero y si recibió comisiones por la adjudicación a las empresas Publicis y Zenith de la campaña de publicidad de la salida a bolsa de Bankia en 2011.

Alberto Portuondo es el único que ha ingresado en prisión por haber recibido dos millones en comisiones de esas dos empresas a cambio de haber favorecido supuestamente su contratación para el lanzamiento de la marca del banco. También habría recibido alrededor de 1,8 millones de Bankia por labores de asesoramiento durante el periodo en que la entidad estuvo presidida por Rato.

A su vez, Portuondo habría desviado 833.000 euros a Kradonara, epicentro del entramado societario del exministro, de los que 450.000 euros fueron a parar en última instancia a Bagerpleta GmbH, cuya única actividad es la explotación de un hotel en Berlín, en el que Rato posee un 50 %.

La Oficina de Investigación Nacional del Fraude (ONIF) duda de la procedencia de un total de 6,5 millones que recibió en diversas transferencias Kradonara. Esa sociedad obtuvo directamente en 2006, 2007, 2011 y 2014 a través de distintas transferencias 3,4 millones, a las que hay que sumar otras por valor de 3,047 millones recibidas desde su matriz, Vivaway, una firma constituida en el Reino Unido y administrada desde el paraíso fiscal de la Isla de Guernsey y cuyo beneficiario último es Rato.

A su vez, Vivaway recibió 2,5 millones entre 2013 y 2014 de la sociedad panameña Wescastle Corporation, con domicilio en Ginebra, reconocida por Rato en su declaración de bienes en el extranjero, y algo más de 850.000 euros en 2012 y 2013 de Red Rose, cuyo domicilio al parecer está en Bahamas.

Presuntamente, el exvicepresidente, que cuenta con todo su patrimonio embargado, defraudaba también ingresos por su asistencia a congresos y conferencias que, a través de la sociedad Arada, acababan en Vivaway.

A partir de ahí, el dinero pasaba de Vivaway a Kradonara, que recibía estos ingresos y otros tantos para acabar manteniendo Bagerpleta GmbH, que ha recibido también 100.000 euros de Telefónica y otros 1,05 millones cuyo origen se desconoce, directamente a través de Vivaway y Kradonara.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha insinuado que ha recibido en la sede del ministerio a un socialista que ha pasado por la cárcel. Es uno de los argumentos que ha utilizado para justificar la reunión que mantuvo con el exvicepresidente Rodrigo Rato este verano, en plena investigación judicial. No obstante, no ha revelado en la sesión de control al Gobierno a quién se refiere.

“Le sorprendería si les dijera a quién he recibido, no alejado de sus filas, y no por estar imputado sino por haber sido condenado y cumplido condena en la cárcel”, ha respondido el titular de Interior a un diputado del PSOE que le ha reprochado que mantenga encuentros con personas imputadas del PP. “Bárcenas también ha recibido amenazas por Twitter. ¿Si le pide una cita se la va a dar?”, le ha preguntado el parlamentario Jesús Felipe Sicilia.

Fernández Díaz ha vuelto a usar uno de los argumentos que ya empleó en su comparecencia “de cuatro horas y media” celebrada en la Comisión de Interior el pasado 14 de agosto, una semana después de que el periódico El Mundo revelara que recibió a Rato en la sede ministerial. Ya entonces aseguró que “ha hablado con imputados y condenados que no son del PP”. “Merecen todo mi respeto”, expresó en aquella ocasión en la que tampoco reveló a quién se refería. Según el ministro, esos encuentros están justificados si se trata de hablar de la “seguridad” y la “protección” de esas personas.

El ministro también se ha refugiado en las explicaciones que dio sobre la reunión mantenida con Rato durante la comparecencia de hace dos meses. Así, defiende que lo hizo por motivos de seguridad ya que el exvicepresidente acudió a él por problemas de seguridad al haber recibido “más de 400 tuits ofensivos” y que había sido “agredido verbalmente e increpado”, en palabras de Fernández Díaz.

No obstante, tal y como revela este miércoles eldiario.es, la Policía no ha encontrado ningún delito en los tuits rastreados que se referían a Rato y en los que se escudó el ministro para recibirle en la sede de Interior.

Fernández Díaz se ha quejado de que los socialistas volvieran a sacar a relucir su reunión con el exvicepresidente: “En política no vale todo”, les ha afeado. “Se han hecho acusaciones gravísimas ha continuado en referencia a que el diputado del PSOE le haya recriminado que ”en vez de reunirse con víctimas se reúna con los delincuentes“-. La libertad de expresión no le permite decir lo que ha dicho”.

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, marcó distancias este jueves entre dos de los principales lastres que afectan al Partido Popular, Luis Bárcenas y Rodrigo Rato. “Es que Bárcenas ha estado en la cárcel un año, el señor Rato todavía no, está iniciando un proceso”, respondió en una entrevista en la Cadena Ser cuando la periodista Àngels Barceló le preguntó por qué en su partido tratan de forma tan diferente a ambos políticos.

“Bárcenas ha engañado y ha mentido clarísimamente, todo el mundo sospecha que parte del dinero que tenía en Suiza podía proceder de donativos que recibía en el partido y que desviaba. Hay que esperar porque son casos distintos y diferentes”, agregó Hernando. También tuvo palabras de autocrítica sobre la gestión que el Partido Popular hizo del caso Bárcenas: “Hemos pagado muy caro en las elecciones el caso Bárcenas. Seguramente nos habría hecho menos daño si hubiéramos actuado más rápido, pero ha sido una persona que ha estado mintiendo a familiares, amigos, compañeros…”.

Hernando quiso desvincular al PP de la responsabilidad de su presunta financiación ilegal, de la que dijo que “no es un problema, es una ilegalidad”. “Llevamos muchos años y campañas, e incriminar a toda una estructura del partido por gente que no haya hecho las cosas bien me parece injusto. Hay que tener en cuenta las responsabilidades personales de esas personas”, manifestó.

El portavoz parlamentario también anunció que recurrirá la condena que le obliga a pagar 20.000 euros a UPyD junto con su adjunto Rafael Merino por haber vulnerado el honor de la formación al acusarlo falsamente de financiación ilegal. En su opinión, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid es desproporcionada.

La Audiencia de Madrid avala el registro de la sede de una de las empresas que presuntamente forma parte del entramado de Rodrigo Rato. Los magistrados del tribunal han estimado el recurso de la Fiscalía contra la decisión del juez de dejar sin efecto para la investigación los documentados incautados en el registro de la sede de la sociedad Kradonara 2001 SL en Sotogrande (Cádiz).

El juez que instruye una de las causas por las que está imputado el exvicepresidente anuló el registro que se llevó a cabo en la sede de una empresa, pero la Audiencia de Madrid corrige el criterio del instructor, que dio la razón al socio de Rato cuando pidió la nulidad de ese registro de la empresa.

El juez de Instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha citado a declarar el próximo martes al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato después de que prestara declaración este jueves ante la Guardia Civil en el marco de la investigación sobre su patrimonio, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El magistrado ha dejado hoy en libertad a su secretaria y al supuesto testaferro del exministro, Miguel Ángel Montero, a los que mantiene imputados por delitos de blanqueo de capitales, corrupción de particulares y delito fiscal.

Los dos han abandonado los Juzgados de Plaza Castilla tras declarar por espacio de dos horas y media ante el magistrado, que ha ordenado que comparezcan una vez al mes en las dependencias judiciales y mantiene secreta esta parte del procedimiento relacionado con el supuesto pago de comisiones ilegales al expresidente de Bankia a cambio de contratos con la entidad.

Fueron trasladados este viernes ante el juez por la Guardia Civil que les mantuvo detenidos durante dos días tras tomarles declaración. Testificaron ante los agentes un día antes de que se interrogara al propio Rato, también ante la Comandancia del Instituto Armado.

Nueve imputados

La causa afecta, por el momento, a nueve imputados. Además de Rato, Arellano y Montero, el juez atribuye los mismos tres delitos a otro de sus presuntos testaferros, Alberto Portuondo, --el único que ha sido enviado a prisión-- y al abogado Domingo Plaza.

Serrano-Arnal también mantiene la imputación sobre cuatro directivos de las empresas de publicidad Zenith Media y Publicis. Interrogó este jueves a la directora general de Zenith, Candi Rodríguez, y al consejero delegado de Publicis, Xabier Olazábal, así como a otros dos directivos de ambas sociedades.

Según la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Rato empleó empresas pantalla para el cobro de comisiones por cerca de dos millones de euros de empresas proveedoras de Bankia. Más de 800.000 euros habrían ido a parar a Kradonara SL, propiedad del exvicepresidente, bajo la apariencia de pagos por servicios que realmente no se prestaron.

Se trata de la segunda ocasión en que el juez cita al exvicepresidente. Rato acudió al Juzgado el pasado mes de julio pero se negó a declarar hasta conocer el nuevo informe que la Oficina Antifraude está elaborando sobre el material incautado en su domicilio y su despacho.

Rodrigo Rato: de artífice del “milagro económico español” ha pasado a ser “lo otro”. Así se ha referido a él Luis de Guindos que ha evitado decir si fue un error colocar al exvicepresidente al frente de Bankia, pero ha reconocido que las “actividades irregulares” que tienen que ver con la entidad financiera rescatada “han despararecido”. El titular de Economía se ha limitado a reivindicar la actual “solvencia” del banco.

De Guindos ha evitado decir directamente si fue un “error” que Rato estuviera al frente de Bankia. Ha utilizado un circunloquio para explicar que hoy el sistema financiero “no tiene nada que ver” con el de hace unos años y ha esgrimido algunos datos que avalan sus reformas. “Lo otro son cuestiones más o menos relevantes pero que no tienen nada que ver con la percepción de solvencia de las entidades”, ha respondido a la pregunta de un periodista sobre el pasado de Rato en Bankia.

Rato tuvo que declarar este jueves durante varias horas ante la Guardia Civil por presuntas comisiones durante su mandato en Bankia. Al fraude fiscal y el blanqueo de capitales por el que se investiga al exministro de Aznar, se une ahora la posible corrupción entre particulares. Además, la secretaria y un testaferro del exvicepresidente están detenidos por su presunta participación en el entramado de comisiones.

“Bankia hoy tienen una gestión extremadamente profesional y las actividades irregulares han desparecido”, ha continuado el ministro: “Hoy es solvente y está bien gestionada”, ha zanjado el responsable de Economía, que asegura que los indicios ilícitos se remitieron a la Fiscalía por parte de Bankia y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, no ha querido hacer una valoración sobre cómo afecta a la imagen del Gobierno el escándalo del exdirigente del PP. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la número dos del Ejecutivo ha asegurado que solo le preocupa “respetar” y “colaborar” con los procesos judiciales que están en marcha y ha asegurado que el Gobierno de Mariano Rajoy ha desarrollado “iniciativas legislativas” para evitar este tipo de casos.

A Mas: “¿Y si los catalanes no pagaran los impuestos?”

Sáenz de Santamaría ha insistido en que en Cataluña ha habido una mayoría de ciudadanos que se ha desmarcado de los planes secesionistas de Junts pel Sí. Respecto a las palabras de Artur Mas sobre la existencia de una “rebelión democrática” para convocar la consulta del 9N, la vicepresidenta ha cargado contra el presidente en funciones de la Generalitat: “La rebelión democrática solo se invoca por el que cree que está por encima de la ley.

También se ha preguntado qué le parecería a Artur Mas si los catalanes decidieran no pagar los impuestos, incumplieran el Código de Comercio o no hicieran frente a las multas de tráfico. “La ley es la democracia”, se ha despachado la vicepresidenta.

También ha asegurado que en el momento en el que “exista” un Gobierno en Cataluña, Moncloa iniciará el diálogo oportuno en los márgenes de la ley; pero ha reprochado que ahora mismo haya “cuatro presidentes” para un Gobierno.

El cerco para conocer el origen del patrimonio de Rato se estrecha. Según ha desvelado la Cadena SER, el empresario Alberto Portuondo, considerado por la investigación un testaferro de Rodrigo Rato, reconoció ante el juez encargado del caso que pagó al expresidente de Bankia 40.000 euros mensuales por labores de asesoramiento verbal mientras el exvicepresidente del Gobierno presidía la entidad resultante de la fusión de varias cajas de ahorro públicas, cargo por el que cobraba dos millones de euros brutos al año. 

Según la documentación de la investigación judicial del caso que mantiene imputado por blanqueo de capitales y fraude fiscal a Rato, una empresa de Portuondo, Albisa Inversiones y Asesoramiento, pagó a la compañía Kradonara, propiedad del entonces presidente de Bankia, un total de 833.000 euros entre los años 2011 y 2012. En concreto, 473.000 euros en el primer año y 360.000 en el segundo. 

En su declaración ante el juez, Portuondo explicó que los pagos a Kradonara se realizaron a razón de 40.000 euros mensuales durante la práctica totalidad de esos dos años a cambio de informes verbales de los que no existe prueba documental.

Se da la circunstancia de que Albisa Inversiones recibió en las mismas fechas dos millones de euros de las empresas Publicis y Zenith por labores de asesoramiento para que lograran adjudicarse dos contratos de publicidad de Bankia. 

Según explica la Cadena SER, los investigadores consideran que Portuondo cobró esos dos millones de euros a Publicis y Zenith como comisión para lograr los contratos de Bankia y que se los repartió con Rodrigo Rato a través de la sociedad Kradonara.  

Los directivos de las dos empresas de publicidad afirmaron en su declaración ante el juez que Portuondo les había contactado prometiéndoles que les haría lograr los contratos con Bankia. Portuondo, que negó en sede judicial ese extremo, sí reconoció que también asesoraba a los encargado de resolver las adjudicaciones publicitarias de la entidad pública.

Portuondo, que está en prisión preventiva por blanqueo de capitales y corrupción desde su declaración el pasado 16 de agosto, es el administrador único de Albisa Inversiones. Para los investigadores se trata de una mera sociedad pantalla empleada por Rato.