Este jueves es el día mundial para la abolición de los “mal llamados” paraísos fiscales. Mal llamados porque esa denominación tiene una connotación positiva a la que las organizaciones que luchan por la justicia tributaria global consideran que hay que darle la vuelta. “Paraísos” son solo para los evasores, las grandes empresas y los más ricos. Para el resto son guaridas fiscales, agujeros por donde se escapan miles y miles de millones de recaudación de impuestos, que al fin y al cabo son la base sobre la que se construye el estado de bienestar (la sanidad pública, la educación...) y permiten combatir la desigualdad.

Aprovechando la fecha, la Plataforma por la Justicia Fiscal recuerda el informe que publicó la Tax Justice Network en noviembre, el cual señala que España pierde cerca de 10.000 millones de euros al año de recaudación de impuestos por la fuga de empresas y ricos a guaridas fiscales. Alrededor de 9.000 millones por la incapacidad de la Agencia Tributaria de gravar los beneficios que las multinacionales ocultan en islas caribeñas y atlánticas, y también en Países Bajos, Irlanda, Suiza o Malta. Y otros 1.000 millones del patrimonio que nuestros contribuyentes más ricos desvían a estos mismos 'agujeros negros' para Hacienda.

Esta cifra es equivalente al 9% del gasto sanitario de nuestro país. O visto de otra manera, con ese dinero “se podría contratar a 350.000 profesionales” del sistema de salud público. Los cálculos de la Tax Justice Network ascienden a una pérdida de casi 500.000 millones de euros en todo el planeta, y de 175.000 millones en la Unión Europea (UE) por la falta de cooperación internacional en la recaudación tributaria.

En los últimos años, en el marco de la OCDE (uno de los principales foros de las economías desarrolladas), se han producido importantes avances para mejorar la coordinación fiscal mundial, incluso se ha llegado a un acuerdo para un tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades (que grava los beneficios de las empresas) para las multinacionales con más ingresos. El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio una patada a estos pactos, sacando a su país del acuerdo, poco después de tomar posesión por segunda vez. Este giro puso en cuestión este suelo para la tributación de las empresas, que España aprobó a finales de 2024 y que pretende reducir la pérdida de recaudación.

En España, el impuesto de Sociedades recaudó casi 40.000 millones en 2024, un récord desde 2007. La cifra es relevante, pero también lo es que los beneficios de las empresas han crecido mucho más que los ingresos por este tributo en los últimos años y que es el único impuesto entre los que más recaudan (junto a IRPF y el IVA) que no está en máximos históricos. Las razones tienen que ver con deducciones y compensaciones legales y diseñadas para apoyar la actividad del sector privado, pero también con la fuga de parte de las ganancias a guaridas fiscales.

El tipo mínimo del 15% tiene ese objetivo, aunque su eficacia está puesta en cuestión al dar la espalda Estados Unidos al acuerdo. El pacto “de la OCDE es importante y la UE seguirá con este trabajo diligentemente junto con los Estados miembros y todos nuestros socios internacionales”, señaló el comisario europeo de Fiscalidad, Wopke Hoekstra, recientemente.

El exministro de Finanzas neerlandés defendió que este acuerdo de la OCDE “garantiza que cada contribuyente pague una parte justa de impuestos” y “disuade a las multinacionales de mover sus beneficios por todo el mundo para explotar las lagunas” fiscales. “No es un tema europeo, es internacional y debería preocuparnos a todos”, subrayó Hoekstra, para después añadir que este acuerdo “también establece un nivel mínimo” en el impuesto de sociedades con el objetivo de “evitar que los países se embarquen en carreras a la baja” en la tributación corporativa.

“Trump no solo ha acabado con las débiles reformas fiscales de la OCDE, sino que está amenazando efectivamente con desechar todo lo construido durante el último siglo y llevar al mundo de nuevo a la época de los 'robber baron' [los 'barones ladrones', como se denominaba en el siglo XIX despectivamente a los empresarios que se enriquecieron sin ningún escrúpulo]”, lamentó la Tax Justice Network, en un contundente comunicado tras la investidura de Donald Trump.

El Congreso de los Diputados aprobó esta Ley del suelo del 15% en Sociedades en diciembre de 2024, al igual que lo han hecho todos los socios de la UE y según se comprometieron en 2021 hasta 140 países y jurisdicciones en total. Su funcionamiento se entiende con un ejemplo: el tipo mínimo del 15% global es un suelo en el impuesto de Sociedades para Ferrovial en España y en Países Bajos, lo que desincentivaría su traslado de un país a otro, pero es que, además, contempla que si el grupo de infraestructuras acaba pagando un 10% en el país del norte de Europa, nuestra Hacienda pueda reclamarle el 5% restante. El problema es que Estados Unidos es un actor crucial, y muchas multinacionales son estadounidenses.

¿Dónde están las guaridas fiscales?

Las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Bermudas... son las guaridas fiscales más presentes en el imaginario colectivo. Sin embargo, en la lista de principales países cómplices de que las multinacionales consigan no contribuir todo lo que deberían en el impuesto de Sociedades están casi todas las principales potencias. Entre ellas, Irlanda, que “por primera vez ha entrado en el top 10”.

La Tax Justice Network elabora un índice que evalúa el margen de maniobra que ofrecen las leyes y normativas de un país para el abuso de dicho tributo, y el resultado muestra que el Reino Unido y sus territorios dependientes (también conocidos como el 'segundo imperio' británico) son responsables del 23% de las pérdidas fiscales globales de las empresas. “El 'eje de la evasión fiscal' (el Reino Unido y su 'segundo imperio', más los Países Bajos, Luxemburgo y Suiza) son responsables conjuntamente del 33%. En total, los países miembros de la OCDE y sus dependencias representan más del 6 de cada 10 dólares perdidos”, lamenta el informe.

La fiscalidad es un arma contra los aranceles

Un arma contra la guerra comercial y los aranceles de Donald Trump es precisamente diseñar impuestos a las multinacionales y ricos estadounidenses. Una respuesta que viene siendo liderada por economistas y organizaciones que defienden una mayor justicia fiscal global, y que están a favor de fijar unos mínimos obligatorios de impuestos coordinados a nivel mundial a las grandes empresas y a los multimillonarios.

El economista Gabriel Zucman ha planteado este contraataque a los aranceles de Estados Unidos. Según argumenta, la primera potencia mundial “tiene una debilidad: su oligarquía servil y altamente internacionalizada”. ¿Por qué es una debilidad? “Porque es un número minúsculo de personas, que dependen, para su riqueza, del acceso a los mercados internacionales, lo que da a los países extranjeros un poder considerable sobre ellos. Ahora es el momento de usar ese poder”, arguye.

El planteamiento procede del informe sobre 'Evasión fiscal global' de 2024, que coordinó Gabriel Zucman juntos a otros expertos para el EU Tax Observatory, y en el que participó Quentin Parrinello, quien explicó a elDiario.es que “la idea es que los países podrían condicionar el acceso al mercado a las multinacionales extranjeras y a los multimillonarios”, obligándoles a pagar lo que es justo.

Por ejemplo, Canadá y México “deberían imponer aranceles a los oligarcas estadounidenses”. Es decir, si Tesla quiere vender coches en Canadá y México, entonces el propio Elon Musk, como principal accionista de Tesla, debería tener que pagar impuestos en Canadá y México. “Imponerle un impuesto a la riqueza y condicionar el acceso de Tesla al mercado a que pague el impuesto”, remata Gabriel Zucman.

“Lo que es importante entender es que son medidas que tienen propiedades mucho mejores que los aranceles. Son más específicas: los costes se centran en los oligarcas estadounidenses y los consumidores de sus bienes. Este enfoque cambia la naturaleza del conflicto: ya no se trata de país contra país, una receta segura para inflamar las tensiones nacionalistas, con todos los riesgos involucrados, sino de consumidores contra oligarcas”, concluye.

Las empresas temen un 'peaje' del 5% a sus ingresos en Estados Unidos si la Unión Europea (UE) no retira el impuesto mínimo a las multinacionales. Automovilísticas, bancos, farmacéuticas y el agroalimentario son los sectores de España más expuestos a estas represalias del nuevo presidente norteamericano, Donald Trump, que irían agravándose cada año, con el objetivo de tumbar la directiva comunitaria de un tributo coordinado globalmente del 15% a las grandes compañías internacionales, que el Gobierno traspuso a nuestra legislación hace apenas un mes.

Este 'suelo' en el impuesto de Sociedades para evitar el traslado de beneficios a guaridas fiscales surge de los acuerdos en el marco de la OCDE, a los que Donald Trump renunció en su primer día de mandato, con una orden en la que pidió al secretario del Tesoro y al representante Comercial de Estados Unidos “elaborar en 60 días una lista de medidas de represalia contra los países que apliquen impuestos extraterritoriales a las multinacionales estadounidenses”.

El equipo de expertos de la consultora E&Y considera que estas represalias pasarían por “un incremento del 5% anual [de una retención o gravamen a modo de represalia] sobre los ingresos norteamericanos de cualquier entidad residente en un país con UTPR [las siglas en inglés del sistema de tributación mínima sobre rentas pagadas]”.

Este aumento anual de este gravamen, que ya fue propuesta por senadores del Partido Republicano de Estados Unidos en 2024, podría alcanzar hasta el 20% “en tanto no se retire” el tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades para las multinacionales estadounidenses. Fuentes del mundo empresarial a las que ha tenido acceso elDiario.es consideran que es una represalia desproporcionada porque afecta a sociedades de cualquier tamaño, mientras que el tributo mínimo del 15% está diseñado para compañías con ingresos de más de 750 millones de euros.

Esta directiva europea, que traslada el acuerdo de la OCDE sobre fiscalidad global conocido como Pilar 2, significa que cualquier defecto de tributación de una filial y del resto de entidades de un grupo multinacional (en este caso estadounidense) puede ser capturado por otros países que no son Estados Unidos, como por ejemplo España.

Estados Unidos firmó este acuerdo en 2021, junto a cerca de 140 países y jurisdicciones en total, pero ahora la Administración de Donald Trump considera que es un impuesto “discriminatorio”.

La intención de este mínimo global es evitar la pérdida de ingresos públicos de los países por el traslado de los beneficios de las grandes empresas a guaridas fiscales donde o no tributan o pagan muy poco. Su funcionamiento se entiende con un ejemplo: el tipo mínimo del 15% global es un suelo en el impuesto de Sociedades para Ferrovial en España y en Países Bajos, lo que desincentivaría su traslado de un país a otro, pero es que, además, contempla que si el grupo de infraestructuras acaba pagando un 10% en el país del norte de Europa, nuestra Hacienda pueda reclamarle el 5% restante.

El impuesto a las multinacionales está en el aire

Las amenazas de Estados Unidos ya hacen pensar al mundo empresarial que la Comisión Europea “dulcificará” tanto el tributo mínimo del 15% a las multinacionales que “dejará de tener sentido”.

De hecho, los expertos de E&Y consideran que la Administración de Donald Trump podría utilizar otras medidas de represalia, como los aranceles, para amedrentar a los socios europeos. El Ejecutivo comunitario, de momento, contiene la respiración.

“Esta decisión supone un cambio radical en la colaboración internacional contra la evasión fiscal, que es un problema mundial, pero impulsado en gran parte por las grandes empresas estadounidenses, altamente digitalizadas, que trasladan sus beneficios a través de las fronteras mediante sistemas fiscales muy agresivos”, advierten desde Oxfam Intermón, una de las organizaciones más implicadas en el debate sobre la justicia en la recaudación y la redistribución.

Esta misma semana, Estados Unidos ejecutó otro movimiento en la misma línea al retirarse de las negociaciones en la ONU sobre un nuevo tratado fiscal global, advirtiendo de que se opondrá a cualquier resultado de estas conversaciones.

“Se ha puesto en cuestión al principio de la multilateralidad. Si yo me pongo en el lugar de las empresas españolas, por ejemplo, que siempre dicen que lo que buscan es la certeza tributaria, esto les lleva a una incerteza total”, lamenta Susana Ruiz, responsable de políticas de justicia fiscal de Oxfam. “Todos los argumentos de que no se podían cambiar las cosas si no era de forma colectiva, Trump lo ha hecho saltar por los aires”, dice esta experta.

Un informe de la Red de Justicia Fiscal señaló en noviembre que España pierde cerca de 10.000 millones de euros al año de recaudación de impuestos por la fuga de empresas y ricos a guaridas fiscales. Alrededor de 9.000 millones por la incapacidad de la Agencia Tributaria de gravar los beneficios que las multinacionales ocultan en islas caribeñas y atlánticas, y también en Países Bajos, Irlanda, Suiza o Malta. Y otros 1.000 millones del patrimonio que nuestros contribuyentes más ricos desvían a estos mismos 'agujeros negros' para Hacienda.

Apenas cuatro párrafos anti OCDE han sido suficientes para amenazar el histórico consenso internacional sobre fiscalidad que se ha alcanzado durante la última década. Horas después de su investidura, el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frenó en seco los avances hacia una mayor justicia global en la recaudación de impuestos. Entre otros decretos urgentes en la misma línea, Trump firmó una orden que deja en el aire el impuesto mínimo del 15% a los beneficios de las multinacionales acordado en el marco de la OCDE para evitar la pérdida de ingresos públicos por la fuga a guaridas fiscales.

“Con el regreso de Donald Trump y su movimiento MAGA [siglas de 'Haz a Estados Unidos grande otra vez', en inglés], tal vez deberíamos llamar a la era actual el fin del progreso”, lamenta el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, en un artículo publicado este martes. “Trump no sólo ha acabado con las débiles reformas fiscales de la OCDE, sino que está amenazando efectivamente con desechar todo lo construido durante el último siglo y llevar al mundo de nuevo a la época de los 'robber baron' [los 'barones ladrones', como se denominaba en el siglo XIX despectivamente a los empresarios que se enriquecieron sin ningún escrúpulo]”, incide la Red de Justicia Fiscal (Tax Justice Network, en inglés), en un contundente comunicado publicado también este martes.

Ese pesimista “fin del progreso” golpea directamente a la directiva de la Unión Europea (UE) que España ha traspuesto recientemente a nuestra legislación de un tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades a las multinacionales con unos “ingresos consolidados” de más de 750 millones de euros. El Congreso de los Diputados aprobó esta Ley en diciembre de 2024, al igual que lo han hecho todos los socios de la UE y según se comprometieron en 2021 hasta 140 países y jurisdicciones en total.

La intención de este mínimo global es evitar la pérdida de ingresos públicos de los países por el traslado de los beneficios de las grandes empresas a guaridas fiscales donde o no tributan o pagan muy poco. Su funcionamiento se entiende con un ejemplo: el tipo mínimo del 15% global es un suelo en el impuesto de Sociedades para Ferrovial en España y en Países Bajos, lo que desincentivaría su traslado de un país a otro, pero es que, además, contempla que si el grupo de infraestructuras acaba pagando un 10% en el país del norte de Europa, nuestra Hacienda pueda reclamarle el 5% restante.

“Trump [rodeado de los dueños de grandes empresas como Jeff Bezos (Amazon), Elon Musk (Tesla) o Mark Zuckerberg (Meta)] retiró definitivamente el ya inestable apoyo de Estados Unidos al compromiso global sobre la imposición a las ganancias de las corporaciones multinacionales, una reforma elaborada con mucho esmero durante la última década. También amenazó con represalias punitivas [sanciones] contra cualquier país que aplicara impuestos 'extraterritoriales' o 'discriminatorios' a las multinacionales estadounidenses”, recoge un editorial de Financial Times (el periódico económico más influyente del mundo), en su editorial del miércoles.

“Es un cambio radical en la colaboración internacional contra la evasión fiscal”

Exactamente, la orden de Trump pide al secretario del Tesoro y al representante Comercial de Estados Unidos “elaborar en 60 días una lista de medidas de represalia contra los países que apliquen impuestos extraterritoriales a las multinacionales estadounidenses”, según resume Oxfam Intermón. “Esta decisión supone un cambio radical en la colaboración internacional contra la evasión fiscal, que es un problema mundial, pero impulsado en gran parte por las grandes empresas estadounidenses, altamente digitalizadas, que trasladan sus beneficios a través de las fronteras mediante sistemas fiscales muy agresivos”, advierte esta ONG, muy implicada en el debate sobre la justicia en la recaudación y la redistribución.

El ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, ha explicado que todavía “es pronto” para extraer conclusiones. “Vamos a analizar exactamente la orden ejecutiva en torno a esta decisión de Estados Unidos. Recordemos además que aquí el marco no es individualizado, es un marco a nivel OCDE donde España además está representada junto con el resto de países de la UE en el marco tanto del Pilar 1 como del Pilar 2 del acuerdo en materia tributaria”, continúa.

“Ese es el marco en el cual nos moveremos y las actuaciones de España por supuesto irán ligadas a las actuaciones de sus socios comunitarios. Vamos a hacer una valoración primero de cuál es exactamente la decisión tomada, cuáles son las implicaciones y cómo habría que reaccionar en este marco multilateral. Porque estamos hablando de un acuerdo genuinamente multilateral que se ha puesto en marcha en los últimos años”, concluye Carlos Cuerpo.

“Se ha puesto en cuestión al principio de la multilateralidad. Si yo me pongo en el lugar de las empresas españolas, por ejemplo, que siempre dicen que lo que buscan es la certeza tributaria, esto les lleva a una incerteza total”, advierte Susana Ruiz, responsable de políticas de justicia fiscal de Oxfam. “Todos los argumentos de que no se podían cambiar las cosas si no era de forma colectiva, Trump lo ha hecho saltar por los aires”, dice esta experta.

Un informe de la Red de Justicia Fiscal señaló en noviembre que España pierde cerca de 10.000 millones de euros al año de recaudación de impuestos por la fuga de empresas y ricos a guaridas fiscales. Alrededor de 9.000 millones por la incapacidad de la Agencia Tributaria de gravar los beneficios que las multinacionales ocultan en islas caribeñas y atlánticas, y también en Países Bajos, Irlanda, Suiza o Malta. Y otros 1.000 millones del patrimonio que nuestros contribuyentes más ricos desvían a estos mismos 'agujeros negros' para Hacienda.

“Es la muerte de cualquier posibilidad de llegar a una solución sobre el pilar 1 del acuerdo de la OCDE [que contempla nuevos derechos fiscales sobre los beneficios globales de las empresas reasignados a los mercados donde tienen operaciones reales y se crea valor]. Pero también pone en peligro parte de los principios de la aplicación del impuesto mínimo global (15%) [el Pilar 2]”, detalla el comunicado de reacción oficial de Oxfam Intermón. Además, queda muy dañado de la misma manera el último consenso sobre un tributo mínimo del 2% para los milmillonarios.

“Esto podría crear una confrontación fiscal mundial, e incluso podrían aplicarse medidas de represalia. Existe un precedente similar de la anterior presidencia de Trump” —prosiguen en la ONG—, cuando mientras algunos países de la UE aplicaron impuestos a los servicios digitales, Estados Unidos elevó los aranceles a las exportaciones europeas.

“Trump está dando prioridad a los multimillonarios a expensas de la gente común”

“Al rechazar la cooperación fiscal mundial, el presidente Trump está dando prioridad a los multimillonarios a expensas de la gente común en Estados Unidos y en todo el mundo. Esta medida es un intento desesperado de preservar un sistema amañado de paraísos fiscales y planificación fiscal agresiva que funciona muy bien para los multimillonarios, a pesar del consenso mundial en torno a las reformas. Lo que necesitamos para asegurarnos de que las empresas y los más ricos pagan lo que les corresponde es exactamente lo contrario: Necesitamos un multilateralismo verdaderamente integrador y normas comunes para poner fin a la competencia a la baja”, finalizan en Oxfam.

En octubre, justo después de recibir el premio Nobel de Economía de este año, Daron Acemoglu publicó un texto en España que tituló: “Los ricos no deben ser los héroes de la sociedad”. En él, el economista afirma que “los analistas se preguntan muchas veces por qué alguien con cientos de millones de dólares puede anhelar tener cientos de millones de dólares más. Hay pocas cosas que uno no pueda comprar si ya tiene 500 millones de dólares. ¿Para qué marcarse como objetivo amasar 1.000 millones de dólares? Porque 'multimillonario' es un rango de estatus. Lo que importa no es el poder adquisitivo, sino el prestigio y el poder que esto confiere en relación con los pares. En un equilibrio ”riqueza es estatus“, es inevitable que los ultrarricos se vuelvan locos por amasar una fortuna cada vez mayor”.

Los principales cambios tributarios que se producirán en 2025 incluyen el incremento del Impuesto sobre las Personas Físicas (IRPF), la implementación de un impuesto a la banca, aumentos del IVA, una tasa obligatoria de basuras y un impuesto sobre el diésel. Analizo estas modificaciones desde la perspectiva del bien común, pero antes de comenzar quiero hacer dos puntualizaciones. La primera es que no voy a valorar en qué y cómo se gastan los impuestos, ya que es otra cuestión diferente. La segunda, es que aproximaré este concepto tan abstracto a la realidad mediante su relación con los siguientes principios: el fomento de la dignidad, la igualdad y la solidaridad, el cuidado del medioambiente y el fomento de la participación y la democracia.

Aplicaré estos principios solo a las propuestas de reforma mencionadas, sin evaluar todo el sistema tributario ni otros elementos como la competitividad o la creación de empleo. Estos valores son los que defiende la Economía del Bien Común, como valores básicos sobre los que se construyen relaciones sociales sólidas, incluidas las económicas.

En primer lugar, el IRPF se incrementa del 28% al 30% para las rentas de más de 300.000 euros anuales provenientes de beneficios derivados de seguros, ventas de inmuebles, acciones e intereses de rentas y depósitos. Esta reforma favorece la reducción de la desigualdad por dos motivos: primero, afecta a los más ricos, y segundo, se centra en las rentas procedentes del capital, que, a diferencia de las obtenidas del trabajo, no tienen límites en cuanto a las posibilidades de acumulación y transmisión a otras personas. Las rentas del trabajo, en cambio, están limitadas físicamente, ya que es inviable trabajar más de 24 horas al día y no es posible vender la capacidad personal de trabajo para generar ingresos.

El incremento del IVA perjudica especialmente a las personas con rentas más bajas. Teniendo en cuenta que en España más del 20% de la población está en riesgo de pobreza, esta parte de la población será la más afectada

En segundo lugar, se introduce un nuevo impuesto a la banca, aplicable durante tres años, con una tasa entre el 4,8% y el 7% según los márgenes de intereses y comisiones obtenidos. Esta propuesta reduce, levemente, la concentración de riqueza y renta.

En tercer lugar, aumentan el IVA de los alimentos básicos, como pan, huevos, fruta, verduras, legumbres y aceites. Además, sube el IVA de la electricidad para contratos de menos de 10 kilovatios, en aquellos casos en los que el mercado mayorista marque una tarifa de más de 45 euros por megavatio hora. Esta subida se debe a la eliminación de las reducciones aplicadas en años anteriores en la lucha contra la inflación, ante la situación actual moderación de los precios.

Este incremento del IVA perjudica especialmente a las personas con rentas más bajas. Teniendo en cuenta que en España más del 20% de la población está en riesgo de pobreza, esta parte de la población será la más afectada, dificultando aún más el acceso a unas condiciones de vida dignas. Además, dado que el IVA es regresivo, es decir, que las personas más ricas pagan menos IVA con relación a su renta, la desigualdad aumentará, impactando negativamente en el bien común.

En cuarto lugar, la conocida como “tasa de basuras” que hasta ahora era de aplicación potestativa por parte de los ayuntamientos, pasa a ser obligatoria. El coste del servicio deberá ser cubierto por los usuarios y se diseñará con el principio de “quien contamina, paga”. Este pago se reduce en dos circunstancias: la situación de exclusión social y se tienen comportamientos que favorecen el reciclaje. Sin duda, es una buena noticia, ya que es una medida destinada a reducir el impacto medioambiental, teniendo en cuenta la situación económica de las familias y creando incentivos positivos para una cultura de la responsabilidad medioambiental.

Muchas familias con vehículos diésel se verán afectadas por el nuevo impuesto, el transporte se encarecerá y, por tanto, todos los productos

En quinto lugar, el impuesto al diésel sube en abril, ya que la Comisión Europea lo ha exigido para poder acceder a los fondos europeos. Su objetivo fundamental es la reducción de la contaminación. Sin embargo, la cuestión es: ¿quién va a pagarla? Muchas familias con vehículos diésel se verán afectadas, el transporte se encarecerá y, por tanto, todos los productos. En mi opinión, el diésel para yates privados no es lo mismo que el diésel de un coche de una familia que no puede permitirse un automóvil eléctrico.

Sin duda, el estudio de quién contamina más y quién va a pagar la transición hacia la sostenibilidad es un tema que requiere un amplio debate democrático y no solo cumplir lo que nos dice la UE. Esta crítica no solo se aplica al diésel, sino a la mayoría de las reformas fiscales en España, que no cuentan con estudios técnicos suficientemente amplios para conocer sus posibles efectos. En este sentido, debemos seguir avanzando, para que la transparencia y la participación sean elementos básicos, también en las reformas fiscales, si queremos fortalecer la democracia.

El principio de ordinalidad en el ámbito de la financiación autonómica es un mecanismo para garantizar que comunidades que aportan más a la caja común de la hacienda pública tengan menos recursos por habitante para abordar sus competencias en servicios públicos que las que aportan menos. La aplicación del principio de ordinalidad está en el acuerdo entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. 

A menos que el Estado reduzca su gasto o que aumente sus ingresos y los distribuya entre las comunidades, el “cupo” catalán va a alterar los principios de solidaridad interterritorial tal y como hoy lo entendemos. Si se aplicara, Andalucía, que hoy recibe unos 600 euros por habitante más de lo que aporta, podría ver recortada seriamente esa cantidad. Cataluña, que recibe 300 euros por habitante menos de lo que aporta, podría ver compensado ese déficit. Se trata de una práctica común en estados federales. En Alemania, las regiones que más aportan son las que más reciben. 

Estamos los andaluces muy acostumbrados a que se nos tache de pedigüeños; incluso se ha escrito que en la Comunidad Autónoma andaluza se viene aplicando, desde comienzos de los años ochenta, una política económica presidida por la estrategia del “subdesarrollo racional” que consiste en admitir la incapacidad de los andaluces para converger con las regiones ricas mientras se recoge la siembra victimista para que la solidaridad de otros pueblos sostenga las necesidades de los ciudadanos, cuando no las políticas clientelares de los partidos en el gobierno o, como ocurre hoy con Moreno, y a cachitos, las transferencias a entidades privadas en los campos de la sanidad, la enseñanza, la dependencia, etc. 

La posición de pedigüeño no casa con la pertinaz política fiscal del actual gobierno de la Junta en favor de la reducción de impuestos sobre los que tiene competencias normativas y de gestión: el 100% de los impuestos sobre patrimonio, sucesiones, donaciones, impuesto de transmisiones patrimoniales, impuesto de actos jurídicos documentados y tasas de juego, y el 50% sobre el IRPF. Andalucía solo cubre el 46% de su presupuesto con los impuestos recaudados en la región. 

La Junta de Andalucía tiene competencia normativa sobre el 50% del impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF, y también en este caso, se ha procedido a la rebaja de los tramos del impuesto, con especial deducción para los más ricos.

La Junta de Andalucía es, junto a Madrid, la única comunidad española que ha suprimido el Impuesto sobre el Patrimonio –en Cataluña se genera unos 600 millones por ese concepto-, lo que sin duda beneficia a los grandes propiedades rústicas y urbanas –el 5% de los andaluces posee el 55% del patrimonio privado-, al tiempo que está indicando que la inversión más rentable aquí es la adquisición de bienes inmuebles, la privatización y especulación de suelo o vivir de la renta antes que invertir en actividades productivas que contribuyan a la convergencia económica y social con el resto de España. 

Con el mismo objetivo se han implantado bonificaciones para el impuesto de sucesiones y donaciones que viene decayendo en los últimos años; en 2023 se recaudó por este concepto 39 millones menos que el año anterior. Quiere esto decir que la herencia, y no el mérito personal, sigue siendo clave en la estratificación de la sociedad andaluza. En Cataluña, el gravamen oscila entre el 7 y el 24% y la recaudación en 2023 se acercó a los 1.000 millones de euros. 

Otro impuesto sobre el que la Junta tiene competencia absoluta son los impuestos de transmisiones patrimoniales que gravan las transferencias de propiedad y los actos jurídicos documentados. En Andalucía, dependiendo de los bienes transferidos, el gravamen que estaba en el 10% se ha reducido al 6 y el 7%. En Andalucía se ha recaudado por este concepto unos 2.400 millones de euros en cinco años; en Cataluña, también 2.400 millones, pero sólo en 2023. Incluso el impuesto al juego está menos gravado en Andalucía -15%- que en Cataluña -20%-. 

Los ayuntamientos andaluces tienen plena competencia para fijar el gravamen del Impuesto de Bienes Inmuebles; en Sevilla, el tipo general es del 0,67% del valor catastral de la propiedad; el tipo aplicable es el mismo para el propietario de la vivienda que habita, para el casero que especula con la propiedad y para el dueño del piso turístico al que, al menos, se le han suprimido las bonificaciones. Además, están exentos de pagar IBI la Iglesia católica –pese a las inmatriculaciones- o las escuelas concertadas, que vienen a ser lo mismo. Las propiedades destinadas a uso comercial pagan el 1,12%. En todos los casos en los que la propiedad se destina a la obtención de un beneficio, el gravamen es ridículo; no hay forma con esos criterios de mermar el parasitismo económico, de hacer que la propiedad decaiga en la jerarquía de las recompensas al capital. 

La Junta de Andalucía tiene competencia normativa sobre el 50% del impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF, y también en este caso, se ha procedido a la rebaja de los tramos del impuesto, con especial deducción para los más ricos; el 18% de los andaluces con mayores rentas han visto reducida su contribución un 39%; el IRPF recauda el 12,8% del total de la recaudación autonómica andaluza; en Cataluña es el 43,3% del total. 

El argumento típicamente neo-liberal de que reduciendo impuestos se atrae capitales es un trampantojo; competir con Madrid en hacer dumping fiscal como hace Moreno es ganas de hacer trampas al solitario.

Afirma la Junta que rebajando impuestos se recauda más porque el dinero que no se paga en impuestos se gasta en beneficio de la actividad económica; de hecho, en 2023, la recaudación se incrementó un 20,7% más que el año anterior; ese incremento se ha producido por los aumentos del IRPF y del IVA; los del IRPF por el aumento de trabajadores cotizantes especialmente en sectores tan precarios y poco sostenibles como la hostelería y el turismo –como diría Mandeville, los pobres siguen comiendo de las migajas que caen de la mesa de los ricos-; el IVA, por el incremento de la demanda pero, sobre todo, por el aumento de los precios como consecuencia de la guerra de Ucrania. 

Tanto en uno como en otro impuesto, la recaudación podría ser mayor sin la permisividad de las autoridades con la economía sumergida –el 27% en Andalucía- o con el fraude en el IVA. La falta de inspección en las empresas y el dejar hacer con el pago “sin IVA” parece formar parte de una estrategia política para consolidar una “distributional coalition” de los dueños del capital, grandes y pequeños, para sortear las responsabilidades fiscales.  

El argumento típicamente neo-liberal de que reduciendo impuestos se atrae capitales es un trampantojo; competir con Madrid en hacer dumping fiscal como hace Moreno es ganas de hacer trampas al solitario; para atraer inversiones que no sean improductivas se necesitan aditamentos estructurales, institucionales y políticos de los que Andalucía carece en buena medida. El capital no va, por muchas facilidades fiscales que se den, allí donde no hay know how, donde se carecen de contactos políticos o clusters que faciliten el negocio. 

Los datos son tozudos. La inversión extranjera en Andalucía es el 2% de la española –nuestra población es casi el 18%-; en Madrid, la inversión extranjera es del 74,8%. Andalucía no converge ni siquiera con los niveles de renta medios del país. El PIB de la comunidad es 13,4% del PIB español, casi cinco puntos menos que lo que le correspondería por población; la renta media de los andaluces -21.000 euros- es una cuarta parte inferior a la media española, igual que hace un siglo; una estructura de recompensas basada en extraer rentas de la propiedad y en actividades de bajo valor añadido –agricultura, hostelería, turismo, construcción, etc.- y bajos salarios son responsables directos de la dificultad para remontar el vuelo. 

En esa situación de infradesarrollo, repugna el desprecio darwinista que los socios de la “distributional coalition”, de la “sociedad de socorros mutuos” que decía Ortega, tienen con la mayoría de andaluces; no importa que en Andalucía se encuentren los pueblos y los barrios más pobres de España; que la tasa de pobreza -30,5%- sea la más alta del país; no importa que Andalucía esté a la cola del gasto per cápita de la sanidad pública o de escuela pública. Todo sea por satisfacer a aquellos sectores sociales que sostienen que el pago de impuestos es un robo y votan para que se les rebaje o se haga la vista gorda por no pagarlos. 

España frustró el desarrollo andaluz desde 1873 imponiendo criterios proteccionistas y neo-coloniales en su política económica, dejándola en manos de caciques; lo volvió a frustrar al no llevarse a cabo la reforma agraria en 1931 que pudo salvar la República y condenar a Franco; y de nuevo dejando sin aplicación las estrategias de desarrollo recogidos en el Estatuto de Autonomía de 1980 sustituyéndolas por las tramposas y fallidas recetas neo-liberales. España nos debe tres.

Con este panorama, con tan burdas maniobras para beneficiar a una minoría, reclamar mayores transferencias desde las comunidades ricas mientras se rechaza el principio de ordinalidad tiene pocos argumentos para prosperar. Obviamente, para salir de este impasse se necesita gobiernos que atiendan las necesidades de la mayoría social, impulsar políticas para producir un cambio en el modelo productivo y, en ese itinerario, modificar los criterios de financiación es muy relevante. 

Desde las competencias normativas en materia fiscal que tiene la Junta de Andalucía se podrían establecer criterios que no sólo establezcan el principio del que más tenga más pague, sino la consecución del objetivo estratégico de desincentivar las inversiones no productivas, ejerciendo una mayor presión fiscal sobre buscadores de renta –las entidades privadas que viven del presupuesto público-, rentistas, especuladores, caseros y arrendadores turísticos serviría para desviar las inversiones hacia el capital productivo. Otra línea de trabajo sería incrementar la presión fiscal sobre aquellas rentas que provengan y reproduzcan las desigualdades sociales –las herencias y donaciones, los centros educativos y universidades privadas o concertadas-; es decir, estrategias que sirvan para levantar barreras de entrada al capital y hacer de la igualdad de oportunidades un factor determinante de la prosperidad. 

El secular atraso andaluz requerirá por otra parte la activación de negociaciones y acuerdos bilaterales con el Estado. Ya no valdrán en la nueva etapa los tortuosos ajustes que han presidido la negociación entre comunidades autónomas sobre fondos de convergencia, de suficiencia y de competitividad. Será justo que las comunidades que más den más reciban, pero también que nos preguntemos por las causas históricas, institucionales y políticas por las que unas comunidades autónomas son más ricas que otras y, por consiguiente, habrá que negociar bilateralmente con el Estado, para que esa verdadera “deuda histórica” pueda ser corregida. 

España frustró el desarrollo andaluz desde 1873 imponiendo criterios proteccionistas y neo-coloniales en su política económica, dejándola en manos de caciques; lo volvió a frustrar al no llevarse a cabo la reforma agraria en 1931 que pudo salvar la República y condenar a Franco; y de nuevo dejando sin aplicación las estrategias de desarrollo recogidos en el Estatuto de Autonomía de 1980 sustituyéndolas por las tramposas y fallidas recetas neo-liberales. España nos debe tres.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, ha presidido este lunes la apertura del año judicial en Castilla-La Mancha, un acto que no cree que vuelva a presidir, ya que una vez renovado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se nombrará nuevo presidente del alto tribunal castellanomanchego y él quedará inscrito a un nuevo órgano judicial.

Durante su intervención, Rouco ha aprovechado para trasladar a todos los presentes que él entró en la justicia o accedió a ella “porque creía en ella y sigo creyendo en ella”. “Simplemente con ejercer en la justicia, estoy pagado”, ha sentenciado.

“Es una creencia que me hace sentirme orgulloso”, como también le hace sentirse orgulloso el haber “intentado servir humildemente” durante todos estos años como presidente del Tribunal Superior de Justicia “de esta maravillosa tierra” que es Castilla-La Mancha. “Doy gracias a Dios por ello de todo corazón, porque él es el artífice de todo lo que yo haya podido tener”, ha apostillado.

Ha querido tener un agradecimiento muy especial a todas las autoridades de los diferentes ámbitos encabezadas por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que han acudido “para compartir con nosotros la celebración solemne de este acto de apertura de tribunales en Castilla-La Mancha”.

Además, ha agradecido la presencia de su mujer María Ángeles, “fiel compañera y prudente consejera, a cuyo constante apoyo debo todo lo bueno que haya podido ofrecer a la sociedad en esta responsabilidad”.

Agradecimientos que ha hecho extensibles a la alcaldesa de la Puebla de Montalbán, una localidad que representa las raíces de su infancia toledana, y al alcalde de Villarrobledo y de San Clemente, unos municipios que para él son como su segunda casa.

“Estos alcaldes representan de algún modo todos esos queridos y numerosos municipios de esta entrañable comunidad que he recorrido y para cuyo servicio he trabajado con la conciencia de la importancia de la presencia en el territorio de una organización judicial que hace llegar a todos los lugares y gentes el ideal de igualdad ante la ley y los valores del Estado de derecho”, ha proseguido Rouco.

“Albacete, eres hogar”

No ha querido olvidarse en este acto que para él es el último como presidente de apertura del año judicial en Castilla-La Mancha su principal seña de identidad: Albacete. “Albacete eres hogar, eres tradición, de alma manchega, expresión, sencilla, directa, hospitalaria y noble; en ti la vida es feliz para quien como yo la descubrí; en ti amo, nacieron mis hijas, cobijas mi trabajo y esfuerzo, mis sueños y desvelos todos mis días”.

Así, ha recordado que Albacete es, con el propósito de servir a la ley y al derecho con rectitud, desde 1834 la sede de la audiencia y ahora del tribunal superior, para hacer de la justicia virtud. “Una ciudad de tradición judicial, de Castilla-La Mancha, por ello capital y por muchas razones ciudad principal”.

“Creo haber comprendido, defendido y representado con la mayor dignidad posible la tradición judicial albaceteña que implica la sede del Tribunal Superior de Justicia. Algo que me enseñaron mis queridos predecesores”. Ese recuerdo a esa tradición judicial y ese recuerdo a mi vinculación por Albacete, “irá unido a mí para siempre”.

Finalmente, y visiblemente emocionado, Rouco ha afirmado que cree en los derechos fundamentales y libertades públicas consagrados en la Constitución y en la Carta Europea de Derechos. “También creo en sus jueces y tribunales, en su sistema de selección e información, en su capacidad profesional y probada independencia, y en que gracias a ellos hoy los ciudadanos pueden esperar una respuesta fundada en derecho e independiente cuando acuden a los tribunales”.

La Comunidad de Madrid está reviviendo el espíritu de la conocida como 'ley Beckham' que José María Aznar aprobó en España en 2003 y que suponía una importante bajada de impuestos a los extranjeros para favorecer la llegada a nuestro país de inversores, de millonarios y, sobre todo, de estrellas del fútbol de otras nacionalidades.

Esta estrategia, corregida años después excluyendo a los deportistas, implica una pérdida de ingresos públicos que distintos estudios han demostrado que no se ve compensada por el incremento de traslados de estos inmigrantes ricos ni por la creación de puestos de trabajo que implica la llegada de su dinero.

El Gobierno regional del Partido Popular (PP) de Isabel Díaz Ayuso está a punto de exprimir una vez más sus competencias fiscales con una ley que recoge una deducción el tramo autonómico del IRPF (Impuesto sobre la renta de las personas físicas, cuya recaudación se reparte entre el Estado y las regiones) del 20% para las inversiones financieras que realicen los extranjeros que se muden a la Comunidad de Madrid desde el 1 de enero de 2024.

Uno de los beneficiados podría ser el jugador francés de fútbol Kylian Mbappé, que el Real Madrid de Florentino Pérez pretende fichar desde hace algunos años y al que el club blanco no habría logrado convencer económicamente. Hasta ahora.

El proyecto de la que algunos medios de comunicación denominan ya como la 'ley Mbappé' (y que dos décadas después vuelve a apoyar los intereses del Real Madrid, como ocurrió con el inglés David Beckham) explica que “gracias a esta medida, se incentivará la llegada de nuevos inversores, favoreciendo la generación de empleo, la creación de nuevas empresas y el crecimiento de las que ya operan, reforzando así a la Comunidad de Madrid como centro de atracción da inversiones, empresas y talento”.

En el detalle de este proyecto, se especifica que las inversiones que podrán acceder a la deducción del 20% en el IRPF (sin límite, es decir, cuanto más dinero, más beneficio fiscal) serán empresas o vehículos financieros radicados en la propia Comunidad de Madrid, que tendrán que mantenerse al menos 6 años y que el nuevo contribuyente, el que cambie su residencia a la Comunidad de Madrid, no debe haber vivido en España en los 5 años previos a su traslado.

Sin embargo, Eduardo Gutiérrez, portavoz de Economía de Más Madrid en la Asamblea regional, señala que “con el borrador del proyecto no se garantiza de ninguna manera que las inversiones de las entidades que emiten acciones, títulos de deuda, o certificados de inversión (fondos de inversión), se realicen en la Comunidad de Madrid, porque aunque el inversor particular (20% en IRPF) resida en la región, y esas entidades también tengan sede madrileña, los fondos que reciben pueden ser invertidos en París, Estados Unidos o Galicia”.

Otra cuestión importante es que el proyecto de ley no incluye las inversiones en vivienda, aunque los extranjeros ricos que quieran beneficiarse de la deducción “pueden invertir en vivienda, con la intermediación de las empresas (en SOCIMIS) o de fondos inversión inmobiliarios, sin problemas”, añade el diputado.

Los ricos ya pagan menos en Madrid

Lo cierto es que los ricos ya pagan menos IRPF en la Comunidad de Madrid que en otras regiones de nuestro país. Según el último estudio del Consejo General de Economistas (CGE) sobre fiscalidad autonómica, los contribuyentes que ingresan 160.000 euros o más tuvieron que hacer frente a un tipo medio del impuesto sobre la renta más bajo. Con diferencias que rozan los 50.000 euros con la Comunitat Valenciana, La Rioja o Navarra para una persona que “obtiene únicamente rentas del trabajo, soltero, menor de 65 años y sin hijos”, con más de 600.000 euros de ingresos en 2023.

Esta competencia fiscal, “siempre a la baja”, según lamentan fuentes de la Agencia Tributaria que prefieren no ser citadas, no ha destacado el ritmo de incremento de la recaudación del IRPF (el impuesto más importante) en la Comunidad de Madrid respecto a otras regiones en estos años de récord por la histórica creación de empleo, por la intensa recuperación de la actividad económica tras el shock de la pandemia y por la crisis de inflación.

Según la AIReF (Autoridad independiente de responsabilidad fiscal), los ingresos públicos por el tramo autonómico del tributo de la renta se elevó un 7% en 2023 frente a 2022 en la región madrileña, mientras que en el conjunto de comunidades para las que hay datos el salto fue del 14%, en el cálculo ajustado al IPC (Índice de Precios de Consumo) anual que realiza la institución.

Voces críticas conocedoras del sistema fiscal aseguran que el modelo del PP de Ayuso se preocupa más de la atracción de ricos que de la inversión en servicios públicos, como la sanidad o la educación, porque las rentas altas no hacen uso de estos servicios de todos.

Además, el 'efecto llamada' y la acumulación de rentas altas complica la capacidad de control de los inspectores. Por último, apuntan, es una estrategia que va en menoscabo del resto de comunidades autónomas.

Recientemente, un informe del Instituto de Estudios Fiscales, titulado 'Migraciones interregionales en España de determinados perfiles de contribuyentes en el período 2006-2019', concluyó que “en la última centila de renta y/o patrimonio [el 1% más rico o con más renta], el 42,44% de los traslados tiene como destino Madrid”.

El estudio recoge que “la creciente capacidad de atracción de capital humano nacional de la región madrileña” se podría explicar por la conjunción de tres factores: la existencia de una oferta educativa especializada extensa, el protagonismo en la región de sectores basados en el conocimiento y por la buena conectividad de Madrid con el resto del país“.

“Si a lo anterior se le suma el hecho de que el sector público concentre sus centros de decisión en Madrid, que las sedes de dirección efectiva de las grandes empresas españolas también lo hagan, y que la oferta tributaria de esta comunidad sea la que conceda ventajas fiscales más generosas para los contribuyentes de mayor capacidad económica, se concluye que una pluralidad de factores estimula de forma creciente la llegada de capital humano especializado (y bien retribuido) a la región madrileña”.

Una competencia fiscal a la baja que se convierte en “una pérdida recaudatoria (en el IRPF) que provocan los efectos mecánicos de su rebaja fiscal para las finanzas regionales madrileñas sea notablemente superior a las posibles ganancias de ingresos públicos generados por la migración inducida de contribuyentes provenientes del resto de España (o por el posible incremento también inducido en la oferta laboral)”, concluye el informe de este Instituto oficial adscrito al Ministerio de Hacienda.

“Paraíso fiscal”

Las rebajas en el impuesto de la renta se unen a otras decisiones del PP de la Comunidad de Madrid sobre los impuestos 'cedidos' a las Administraciones regionales, como la eliminación del que grava el Patrimonio. Según los datos de 2022 que se utilizan en esta información, acumula más de 4 de cada 10 euros que las comunidades perdonan por los cuatro impuestos 'cedidos' (Sucesiones, Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales y Juego) y dejó de ingresar más del doble de lo que recaudan. Mientras, otro informe reciente, en este caso de Fedea, recalcó que Madrid es la región donde los más ricos destinan menos renta a pagar impuestos.

“La trayectoria de este proyecto [la 'ley Mbappé] de profundizar en este paraíso fiscal que ya es Madrid, empezó a principios de 2023, pero entonces Ayuso y el PP no tenían mayoría absoluta y fue rechazada por todos los grupos parlamentarios, incluso por Vox. En este nuevo intento, tiene todavía que entrar en la Asamblea. Es un regalo a los milmillonarios que vienen de fuera, con evidente desigualdad de trato a los inversores residentes”, incide Eduardo Gutiérrez.

“La 'ley Mbappé' sigue la revolución conservadora empezada por Reagan en los 80. Muchos no recuerdan o desconocen que entre 1932 y 1980 en EEUU, considerado el país emblema del capitalismo, el tipo impositivo máximo sobre la renta era del 81%. En 1986 este tipo impositivo bajó con el gobierno de Reagan al 28%. En aquel entonces esta reforma venía acompañada de la narrativa de que bajando los impuestos a los más rico se generaría riqueza para todos. Esta corriente de pensamiento es conocida con el nombre de efecto derrame”, explica el investigador Riccardo Ciacci.

Este profesor de la Universidad Pontificia Comillas considera que, “a día de hoy, podemos afirmar con facilidad que los resultados de estas políticas son cuanto menos discutibles, por no decir negativos. En los 30 años siguientes el crecimiento de la renta nacional per cápita en EEUU se redujo a la mitad si la comparamos con los 30 años anteriores. Además, desde aquella época las rentas de la población perteneciente al 50% más pobre de EEUU no aumentaron más”.

El economista Thomas Piketty es uno de expertos que ha estudiado el fracaso de esta política fiscal. A ella le dedica el capítulo 11 de su libro 'Capital e ideología'.

“En la Unión Europea la libre circulación de capitales unida a la falta de transparencia sobre los patrimonios en el extranjero y la ausencia de una coordinación sobre fiscalidad conlleva la creación de regímenes fiscales que facilitan la evasión. Lo mismo es lo que está proponiendo ahora el gobierno de la Comunidad de Madrid con la ley Mbappé, cuyo principal objetivo, por no decir único, es rebajar los impuestos para ayudar a un equipo de fútbol a fichar a un futbolista”, insiste Riccardo Ciacci.

La 'ley Beckham' sigue vigente

Desde que se aprobó hace cerca de dos décadas, la 'ley Beckham' ha sufrido muchas modificaciones, pero sigue vigente. El cambio más importante fue la exclusión en 2015 de los deportistas profesionales de los beneficios fiscales que ofrece a los extranjeros que cambian su residencia a España. Estas ventajas eran inicialmente un tipo de IRPF del 24%, como las de una persona normal, con un sueldo medio-bajo. En 2010, se limitó la aplicación del tipo del 24% a ingresos que no superasen 600.000 euros, a partir de esta cantidad ascendía al 47%.

Actualmente, el desplazamiento a nuestro territorio que recoge la ley debe producirse como consecuencia de cuatro circunstancias: “un contrato de trabajo en España (o carta de asignación, en el caso de expatriados); nombramiento como administrador de una entidad no vinculada (o siendo vinculada no patrimonial); realizar en España una actividad económica calificada oficialmente como actividad emprendedora; o realizar en nuestro país de una actividad económica por parte de un profesional altamente cualificado que preste servicios a empresas emergentes o que lleve a cabo actividades de formación, investigación, desarrollo e innovación, percibiendo por ello una remuneración que represente en conjunto más del 40 % de la totalidad de los rendimientos empresariales, profesionales y del trabajo personal”.

Las grandes fortunas tendrán que pagar el impuesto “temporal” de Solidaridad entre el día 1 y el 31 de julio. El BOE (Bolétín oficial del Estado) recoge este lunes los plazos y detalles de este nuevo tributo, complementario al de Patrimonio y que deben abonar las 23.000 fortunas de más de 3 millones de euros de nuestro país.

El impuesto de Solidaridad, que diseño el Gobierno en 2022 con el espíritu de que contribuyan más quienes más tienen, recaudará 1.500 millones de euros, según las previsiones de Hacienda. El Ejecutivo aprobó este tributo a finales de 2022 junto a otras reformas fiscales como respuesta al golpe de la invasión rusa de Ucrania.

Este tributo es “complementario del Impuesto sobre el Patrimonio, por lo que se descuenta de la cuota a pagar la cuantía abonada en Patrimonio y se garantiza que no existe una doble tributación”, explican desde el Ministerio de Hacienda. Habrá que declararlo según el modelo 718 publicado hoy en el BOE y será devengado a 31 de diciembre de 2022.

Es decir, al ser un impuesto complementario al de Patrimonio, se aplicará en la práctica únicamente en los territorios que lo bonifican. Allí, esos fondos que podrían recaudar las comunidades por el tributo a los más ricos será ingresado por las arcas estatales. 

De hecho, la vigencia de este impuesto está pendiente de los recursos judiciales que han realizado distintas comunidades gobernadas por el PP (Partido Popular) como Madrid o Andalucía. 

Este impuesto “se pone en marcha el mismo año que se produce una rebaja del IRPF a las rentas de hasta 21.000 euros para mitigar el impacto económico de la guerra de Ucrania”, continúan desde el Ministerio.

Desde joyas hasta criptomonedas

El tipo del impuesto será del 1,7% para los patrimonios entre 3 y 5 millones de euros; del 2,1% para los patrimonios entre 5 millones y 10 millones; y del 3,5% para aquellos patrimonios superiores a 10 millones de euros. El modelo de declaración del nuevo impuesto exige diversos datos a las fortunas de más de 3 millones de euros: desde inmuebles (excluida la vivienda habitual hasta un importe de 300.000 euros), depósitos, activos financieros, joyas, vehículos, hasta criptomonedas.

“De esta forma, se mantiene la coherencia de la política fiscal del Gobierno basada en un sistema tributario más justo y progresivo en el que aporten más quienes más tienen y se proteja a las clases medias y trabajadoras con un fortalecimiento del Estado del bienestar”, concluyen en el Ministerio de Hacienda.

Por el contrario, las últimas victorias electorales del Partido Popular (PP) en muchas comunidades autónomas auguran otra batalla para recortar los impuestos de Sucesiones y Patrimonio a los más ricos, como sucedió en la Comunidad de Madrid y en Andalucía. Este mismo debate se extiende a las elecciones generales del 23 de julio.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha decidido incrementar la sanción al Servicio Navarro de Salud de 320.000 a 780.000 euros por un intercambio de bebés producido por error en 1993 en el hospital Virgen del Camino de la capital navarra. En dicha condena, que sólo puede ser recurrida en casación ante el propio órgano judicial, la Sala de lo Contencioso, que ha estimado parcialmente el recurso de la familia recurrente, concede 300.000 euros a la mujer intercambiada al nacer, 200.000 a cada uno de sus padres y 40.000 a cada uno de sus dos hermanos.

Veintidós años después del intercambio, en agosto de 2015, se demostró que, biológicamente, la demandante no era hija de su madre. La otra joven intercambiada tras el nacimiento, por su parte, se negó a someterse a las pruebas correspondientes para esclarecer los hechos, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

En septiembre de 2021, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pamplona consideró como un hecho “objetivo e innegable que no existe filiación biológica” entre la madre e hija recurrentes.

Tras la sentencia condenatoria, la familia acusadora interpuso recurso para elevar las indemnizaciones acordadas. El Servicio Navarro de Salud y su compañía aseguradora, por su parte, que durante el pleito negaron error alguno en la identificación de los bebés al nacer, no recurrieron la existencia de ningún tipo de responsabilidad en el intercambio. De hecho, se opusieron al aumento de las indemnizaciones, informa Europa Press.

Por tanto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra deja claro que la argumentación de su sentencia solo versará sobre la cuantificación del daño moral, que califica como una cuestión “compleja” en nuestro sistema jurídico por “su carácter subjetivo”.

Al respecto, el Tribunal destaca que resulta indubitado que todos los miembros de la familia demandante han padecido a consecuencia del hecho acaecido (intercambio de bebes en maternidad) “un daño moral, en algunos casos también físico, que ha tenido repercusión, diferente según los casos, en su calidad de vida”.

Respecto a la repercusión del daño moral, los magistrados indican que “es permanente, y que se da una peculiaridad en el sentido de que no ha sido posible, ni parece vaya a serlo, la relación con la familia biológica pues la otra familia nada quiere saber del asunto de modo que se habla de imposibilidad de reconstrucción familiar y la afectación lo es respecto de aspectos de la persona tales como la identidad y la relación familiar, lo que en palabras de la experta en psicología, ensombrece el pronóstico, sin olvidar que la familia es un sistema y las repercusiones afectan a todos los miembros de la familia pues todo el sistema familiar se ha desestabilizado”.

Padecimientos incuestionables

La Sala añade que hay otro aspecto más a considerar, que se le ha privado a la hija intercambiada de información y datos sobre la historia clínica concreta de los padres biológicos, ya que, según recoge la sentencia, su progenitora falleció a los 41 años de edad, lo cual le ha privado a la demandante el derecho a conocer su identidad biológica.

“Es decir, se producen daños psicológicos, padecimientos incuestionables, de mayor o menor intensidad según el miembro de que se trate, pero también una pérdida de oportunidad, que no es que ya no se pueda recuperar, que también, sino que no se va a generar en el futuro. Este aspecto ha de ser valorado y tenido en cuenta, como se va a ver, en la definitiva valoración de los daños producidos”, concluyen los jueces.

Respecto a la indemnización, el juez de instancia consideró que la cantidad reclamada por los recurrentes, 1.758.757 euros, era “desproporcionada” y sostuvo que el resarcimiento tenía que basarse en el daño psicológico y moral causado, en lo que en el ámbito jurídico se denomina pérdida de oportunidad.

En el marco del Día Internacional Contra los Paraísos Fiscales que se conmemora este sábado, la Plataforma por la Justicia Fiscal de Andalucía va a celebrar el lunes la jornada 'Justicia fiscal=Justicia social', en la que trasladará a la opinión pública que resulta “necesario” aumentar la eficacia del gasto público“ y, por otro lado, mejorar la lucha contra la evasión y el fraude fiscal para mitigar las desigualdades sociales, según se indica en el manifiesto que se leerá al final de la jornada. El objetivo final de la plataforma es conseguir una fiscalidad justa, progresiva y con capacidad recaudatoria suficiente, que redunde en el progreso de Andalucía y en la reducción de las desigualdades sociales y económicas que perviven en su seno, así como en el mantenimiento y mejora del estado de bienestar en nuestra comunidad.

Conforman la plataforma CCOO de Andalucía, Coordinadora Andaluza de ONGD, EAPN Andalucía, FACUA, Justicia y Paz, Oxfam Intermón, Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), UGT Andalucía y USO Andalucía. Constituida inicialmente en junio de 2016 por un grupo de entidades y de personas del mundo académico, la plataforma está abierta a la incorporación de otras asociaciones, organizaciones y plataformas sociales, sindicatos, movimientos, actores sociales y personas a nivel particular que compartan en el ámbito andaluz la misma visión y objetivo. El acto de este lunes 5 de abril tendrá lugar entre 18.00 y 19.30 horas y se podrá seguir a través de You Tube.

Carlos Cruzado, presidente de GESTHA, intervendrá con la ponencia 'Por qué las plataformas y el trabajo de divulgación/incidencia en comportamiento fiscal responsable: administraciones como estímulo y garantes del cierre de fugas fiscales'. En su intervención expondrá que, cinco años después de la publicación de los papeles de Panamá, el rey emérito Juan Carlos I es investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo por posibles delitos de blanqueo y fraude fiscal. Cruzado comentará que, al tiempo que el exjefe del Estado presenta dos regularizaciones fiscales por rentas y donaciones no declaradas durante varios ejercicios, un famoso y millonario youtuber anuncia su traslado a Andorra para pagar menos impuestos, alegando eufemísticamente que “debe haber una relación equilibrada entre el Estado y el ciudadano”.

Cruzado explicará que todo esto se produce en un contexto temporal en el que la pandemia provoca la mayor subida del gasto público en la historia de nuestra democracia, como consecuencia de las medidas adoptadas para sostener las rentas y reforzar los servicios básicos. Ante tal panorama y los mensajes negativos contra los impuestos que desde determinados sectores se plantean, el ponente indicará que cobra especial relevancia el papel de la sociedad civil organizada en las distintas plataformas por la justicia fiscal, ya que resulta imprescindible concienciar e incidir en la necesidad de adoptar comportamientos fiscalmente responsables y construir un sistema fiscal suficiente y justo inspirado en los principios de generalidad, igualdad y progresividad.

Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón, abordará 'Un caso de éxito: impuesto temporal a las grandes fortunas en Argentina'. Ruiz se basará principalmete en dos informes: 'Una nueva fiscalidad para que nadie quede atrás' y '¿Quién paga la cuenta?'. A continuación tendrá lugar un coloquio abierto y para finalizar, la lectura de manifiesto.

Fiscalidad contra la desigualdad

Según el documento base de la jornada, España “tiene una presión fiscal significativamente menor que la de los países de la eurozona con los que deberíamos igualarnos”. “En el modelo vigente de financiación de las comunidades autónomas, la insuficiencia en los ingresos públicos del conjunto del Estado condiciona los que puedan ser transferidos a las mismas. Este hecho es particularmente gravoso en el caso de nuestra comunidad andaluza, que sufre un atraso histórico en los niveles de desarrollo y servicios públicos y que cuenta, además, con una de las más bajas tasas de financiación per cápita”, señala el manifiesto.

“Es obvio que no sólo debe recaudarse más sino que también es necesario aumentar la eficacia del gasto público, mejorando la capacidad de la administración a la que hay que dotar de recursos adecuados, así como luchar contra toda clase de corrupción o malversación del dinero público. Si la suficiencia de ingresos es un elemento imprescindible para el mantenimiento de un adecuado estado de bienestar, la forma en que se recauden los impuestos, es otra de las claves para corregir las desigualdades”.

Según el documento, la fiscalidad ha de ser progresiva “de forma que garantice que cuanto mayor sea la capacidad económica mayor debe ser la contribución. Para ello, debe reforzarse la progresividad del sistema, dando mayor peso a la imposición directa y gravando de forma suficiente las rentas de sociedades, capital y el patrimonio. Este diseño progresivo debe ser, además, efectivo, es decir, la progresividad no debe ser teórica sino ha de trasladarse a la realidad tributaria, a través de una lucha decidida contra la evasión y elusión fiscal, dotándose a la administración tributaria de medios suficientes y de una organización eficiente”.

La crisis de la pandemia

El manifiesto alude evidentemente al momento actual de crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19 y que, unido a que “no se cumplen adecuadamente los principios constitucionales de progresividad e igualdad”, está suponiendo “un gran aumento de las desigualdades sociales”. “La respuesta a la crisis de ingresos ha sido, por un lado, reducir drásticamente el gasto público, lo que ha afectado de forma muy singular a las políticas sociales (recortes en sanidad pública que ahora se ven tan trascendentes, en educación pública, becas, I+D, pérdida de poder adquisitivo en las pensiones, etc.) y, por otro lado, dictar medidas fiscales de carácter regresivo: aumentar la incidencia de la imposición indirecta, el recorte en tramos del IRPF o la bajada del tipo nominal del Impuesto de Sociedades de las grandes empresas”.

Según los organizadores, España figura como el sexto país de la UE que más grava las rentas del trabajo, mientras que la tasa sobre el capital está por debajo de la media europea. A esas medidas “se unió la reforma laboral, que tuvo como efecto una devaluación salarial que impactó directa y negativamente en la recaudación del IRPF y las cotizaciones sociales”. A todo ello suman que “ya el sistema fiscal español contaba con grandes agujeros en la progresividad, al haber desaparecido prácticamente el impuesto sobre el patrimonio, la carrera a la baja en la imposición sobre sucesiones y donaciones en las comunidades”, a la que se ha sumado el actual Gobierno andaluz, así como “la proliferación de beneficios fiscales discrecionales donde es difícil discernir el valor económico o social que aportan, o los altos niveles de elusión y evasión fiscal, no correspondido con un esfuerzo institucional suficiente para combatirlos”.

Todos los seres humanos se considerarán, desde que nacen, iguales en dignidad y derechos ante la ley y tendrán derecho a igual protección de la ley, sin distinción ni discriminación alguna

Declaración de Derechos Humanos (1948)

Del pasado siempre se aprende, al menos si no eres demasiado idiota. El pasado reciente nos muestra cómo la explosión de la corrupción en la familia de Juan Carlos I, aún siendo Rey de España, en torno al caso Noos solo acabó llevando a prisión a su yerno, el único de sangre plebeya del asunto. ¿Qué aprendieron los mecanismos del Estado en el caso Noos? Que cuando una cuestión de esta naturaleza está judicializada se complica sobremanera sustraerla del avance del engranaje procedimental. Durante aquella época nos pasamos meses explicando cómo y dónde se oían las crujías del sistema cuando se buscaba la fórmula para evitar el entuerto final, es decir, para que la hija del Rey no tuviera responsabilidades penales. La cosa tuvo su coste y salió regular, ya que la infanta salió del atolladero pero su marido ingresó en prisión. No salió bien la cosa, no, no salió del todo bien, entre otras cosas porque no estaba en el Supremo. Por eso luego los aforaron.

Como mera observadora les diré que los presuntos delitos cometidos por un jefe del Estado, cabeza de una dinastía, son complicados de manejar –en el sentido de evitar resultados inimaginables para el statu quo– si llegan a entrar en una mecánica judicial. El sistema judicial es como un inmenso mecanismo que una vez puesto en marcha –como hizo Maza con su fantasiosa querella– es casi imposible de detener. La cuestión con Juan Carlos es que la maquinaria suiza, con todo su mito de precisión, ya está funcionando. Tic-tac, tic-tac. También había un riesgo terrible en mirar hacia otro lado. Es ahí donde encaja mi teoría del gran parapeto, que no es otro que la aparente puesta en marcha del sistema sin que de facto lo esté de forma irreparable. Al rey emérito, antes Rey sin adjetivos, el sistema lo está protegiendo y, desde luego, no se le está tratando como al común de los ciudadanos. Eso sí, ante la evidencia de que esto ya no puede hacerse de forma gruesa, con un encogimiento de hombros, creo que se ha optado por establecer un gran parapeto, un burladero en términos taurinos, para que el asunto esté en el ruedo pero sin correr peligro, no sé si me explico.

Empecemos por el final, que no es sino la regularización fiscal del dinero de las tarjetas black procedentes de la extraña generosidad de un empresario mexicano. El ex monarca ha regularizado porque la ley española siempre ha sido generosa con todos los defraudadores y con él aún más. España es un país en el que el legislador, amparándose en que el supremo beneficio es trincar pasta y lo demás son chorradas, ha permitido que se pueda uno ir de rositas regularizando a un precio de risa, lo que dejó de declarar. La cuestión es que para que esto fuera posible aún se establecieron tres deadlines que no podían ser traspasadas: la primera, que tenía que hacerse antes de que la AEAT notifique ningún tipo de actuación de comprobación; la segunda, que el fiscal o el abogado del Estado no hubiera entablado querella o, la tercera, antes de que el fiscal o el juez instructor realicen actuaciones que permitan conocer la iniciación de diligencias.

La obviedad es que el parapeto se ha colocado para el ex monarca en el primer punto, la inactividad de la Agencia Tributaria. La AEAT ha permanecido impasible incluso tras conocer por la prensa que se había dado traspaso a la Fiscalía de la historia de la tarjeta black. ¿De verdad creen que a ningún ciudadano le sería ofrecida esta inhibición gloriosa, este encogimiento de hombros, este mirar hacia el infinito de Hacienda? Ya saben la respuesta. Así han evitado que cayera sobre él la guillotina de la primera deadline que he citado. La ventaja es que estableciendo este primer burladero, los segundos escalones citados, el fiscal y el juez, actúan con total limpieza porque el margen ya lo ha dado Hacienda, que, como nos enteramos precisamente en el juicio de Noos, no somos todos, pero que depende del Gobierno.

La siguiente andanada será contarnos que, como ha regularizado, el ex rey no ha cometido delito fiscal. Todos tendemos a pensar que, precisamente si regularizas, es porque reconoces que lo has hecho. Mas no, porque aquí entra Montoro, su amnistía y la ofensiva para decir que si regularizas no has cometido fraude fiscal. Así, al “borrar” ese delito se impide también que se pueda perseguir por el blanqueo de capitales que pendería del mismo. En el preámbulo de la Ley Orgánica 7/2012 incluyeron que quien regulariza es exactamente igual que el que no ha delinquido y así se impidió que las fiscalías intervinieran por blanqueo. Esto es lo que va a pasar con el Emérito. Ahora nos dicen que van a mirar y a remirar pero miren ustedes que les avanzo que todo va a quedar en esto.

Los otros dos asuntos abiertos en diligencias meramente fiscales ya nos han avisado de que están cubiertos por la inviolabilidad constitucional. A otra cosa mariposa. Cuando la Fiscalía archive sus diligencias previas, aquí paz y después gloria, porque cualquier otra iniciativa penal ante la Sala Segunda se la van a despachar con una inadmisión apoyada en el informe negativo de la Fiscalía. Ya ha pasado con una de Òmnium Cultural. No llegará a entrar en la sistema, porque ya se sabe que eso es peligroso.

No, Juan Carlos I no se va a sentar en un banquillo y, si lo reclamaran de algún otro país, las investigaciones hechas y cerradas en España servirían para bloquear también esa vía. La única diferencia de lo que sucede con épocas anteriores es que es ya demasiado obvio que no basta con decir no –no a la comisión de investigación, no a las querellas, no a tocar nada– y, por tanto, que alguna actividad había que desarrollar si bien fuera la menos grave. Ahora resulta que el emérito está tan impaciente, y es tan poco consciente de lo que sucede, que no se resigna ni a esperar fuera a que todo esté resuelto para evitar que la presión mediática le complique las cosas a su hijo.

La situación es, en realidad, bastante grave. Es muy complicado pasar sobre la corrupción que salpica a la jefatura del Estado y casi imposible no preguntarnos quién, por qué y a cambio de qué estuvieron interesados en regar millones sobre el anterior Rey. No somos ya un pueblo niño y sabemos que ser “primo” ni siquiera de sangre no provoca con tanta ligereza una liberalidad económica como la que estamos viendo.

La cuestión es que, si se avanza por ese camino y se cuestiona la única ventaja que tiene un régimen anacrónico como el monárquico –la ejemplaridad y la baratura, nos dijeron–, nos situamos ante un abismo institucional que a pocos les hace gracia. Por contra, a los que les hace gracia poco les importa saber qué sería de este país en una desestabilización de ese tipo. La otra cara de la moneda es la duda de si la estabilidad aguanta una mano de mierda más o si la próxima será la que termine por mandarlo todo igualmente al carajo.

Así las cosas, los del cuanto peor, mejor, esperan a ver si les cae como un regalo el desplome de la monarquía parlamentaria y los que temen que esto se lleve nuestro sistema de vida actual por delante, como en una riada, tiemblan ante las consecuencias. Mala puñeta tenemos, de cualquier forma.

Unos construyendo burladeros, parapetos o poniendo sacos terreros y otros mirando a ver cómo retirarlos porque, la verdad, las cargas explosivas las ha colocado solo el propio interesado. Como se le escapó el otro día a Ayuso, a la que le explican cosas y luego se lía, “¡El Rey no es como usted, qué se ha creído!”.

No, el ciudadano Borbón no existe, por mucho que quieran conjurarlo.

La armonización fiscal se ha convertido en el nuevo caballo de batalla entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central. El acuerdo presupuestario del Ejecutivo de Pedro Sánchez con ERC por el que se pondrá en marcha un grupo de trabajo específico para la reforma del impuesto a las grandes fortunas y para acabar con “el dumping fiscal de Madrid” ha vuelto a dar alas a la guerra política que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto en marcha contra el Gobierno de coalición. Pese a las críticas de la baronesa del PP en las que asegura que el objetivo de la armonización es “robar a los madrileños”, la realidad es que los beneficios fiscales diseñados por la Comunidad de Madrid se concentran en los contribuyentes de mayor renta y riqueza y suponen una reducción de los ingresos públicos per cápita que, en comparación a la mayoría de las Comunidades Autónomas, que afecta a la calidad de los servicios públicos.

El Ministerio de Hacienda ha anunciado que la creación de la comisión para estudiar dicha reforma fiscal integral se llevará a cabo al margen de los Presupuestos del próximo año y se enmarcará previsiblemente en la modificación del modelo de financiación autonómica que se empezará a trabajar desde febrero. Ante la beligerancia de los ataques de Ayuso, Pedro Sánchez ha defendido que “la armonización fiscal también se tiene que producir en determinados impuestos en nuestro país si queremos garantizar algo en lo que estoy convencido que puede estar de acuerdo todo el mundo, hasta incluso la señora Ayuso, y es la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, vivan donde vivan”.

Pero lo cierto es que la política fiscal de la Comunidad de Madrid está diseñada para beneficiar sobre todo a las rentas más altas. En el informe realizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal, financiado por la Generalitat valenciana, se recalca que “los beneficios fiscales diseñados por la Comunidad de Madrid operan de manera que se concentran considerablemente en los contribuyentes de mayor renta y riqueza. Los datos indican que el 7% de los contribuyentes con rentas superiores a los 60.000 euros se benefician del 42% de las minoraciones de las cuotas líquidas en el IRPF”.  

En esta carrera emprendida por los Gobiernos del PP de la Comunidad de Madrid destacan las rebajas introducidas en los tributos cedidos, principalmente en el IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Los investigadores del IVIE señalan que “si se cuantifican los gastos fiscales que representan esas rebajas, Madrid deja de ingresar más de 4.100 millones de euros anuales, unos 636 euros menos por madrileño. Más de la mitad de esos beneficios fiscales se concentran en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (2.663 millones de euros). También son muy importantes las minoraciones de ingresos en el Impuesto sobre el Patrimonio (996 millones) y el IRPF (504 millones)”.

Según los datos aportados por la Agencia Tributaria sobre la campaña de Renta de 2018, la Comunidad de Madrid tiene el menor porcentaje la cuota líquida autonómica en el IRPF de los contribuyentes que declaran entre 60.000 y 150.000 euros de ingresos y la segunda más bajas entre las rentas de 150.000 y 600.00 euros.

En el informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2020, elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales, se pone como ejemplo un contribuyente que obtiene únicamente de rentas del trabajo 600.000 euros, soltero, menor de 65 años y sin hijos pagaría un 14% menos de IRPF en 2019 en la Comunidad de Madrid que en Navarra, autonomía donde gravan más ese nivel de ingresos. Si comparamos lo que tiene que pagar al fisco por IRPF una persona que ingrese 160.000 euros con las mismas características anteriores, la Comunidad de Madrid es la que menos grava de España, un 8% menos que la que más ingresa de un ciudadano con esta renta, que es La Rioja.

Pero es en el Impuesto sobre el Patrimonio donde la comparación con el resto de las autonomías es absolutamente disparatada. La Comunidad de Madrid tiene bonificado este impuesto en un 100%, es decir, no se paga nada. Una decisión de política fiscal que ha tenido efectos en la recaudación de toda España. Los asesores fiscales apuntan en su Panorama de Fiscalidad que “este tributo llegó a recaudar en 2008 cerca de 2.360 millones de euros, mientras que en 2017 recauda 1.267 millones de euros, lo que se explica por el mínimo exento de 700.000 euros que se aplica por defecto, por la exención de la vivienda hasta la cuantía de 300.000 euros por contribuyente –ambas medidas empezaron a aplicarse en 2012– o porque la Comunidad de Madrid lo tiene bonificado al 100%”.  

Las diferencias que hay que pagar por el Impuesto de Patrimonio entre Comunidades autónomas son abismales. Así, en el ejercicio que han hecho los asesores fiscales, para contribuyentes con patrimonios de 800.000 euros, sin discapacidad y sin tener en cuenta en cuenta los 300.000 euros exentos de la vivienda habitual, en la Comunidad de Madrid no pagará nada mientras que en Aragón tendrá que ingresar en Hacienda 1.164,37 euros, en la Comunidad Valenciana, 539,44 euros, y en Castilla y León, 200 euros.

Donde se nota la merma de ingresos para la Comunidad de Madrid es para los patrimonios aún mayores. Un contribuyente con 4 millones de euros de patrimonio (las mismas características anteriores) paga con este impuesto 59.919,56 euros en Extremadura, 36.546,37 euros en Galicia, 22.400 euros en Bizkaia o 9.136 euros en La Rioja. En Madrid, cero euros.

Para un ciudadano que declare 15 millones de euros de patrimonio, tendría que pagar este año al fisco por el impuesto de patrimonio cantidades que van desde los 418.155 euros de Extremadura a 331.444 euros en Andalucía o 68.442,6 euros en La Rioja. En Madrid no pagaría absolutamente nada.

De esta manera, es fácil entender que los millonarios se hayan ahorrado casi 6.000 millones de euros a no pagar nada por este impuesto en la Comunidad de Madrid desde 2011, momento en el que el gobierno regional madrileño aprobó la bonificación total. También queda patente cómo el crecimiento del importe bonificado desde ese año, con 534 millones, hasta los más de 900 millones en 2018 deja patente el efecto tractor de contribuyentes más ricos.

Es difícilmente entendible la crítica de la patronal CEOE al Impuesto del Patrimonio, que llegó a definir como “especialmente contraproducente”, por los “significativos costes que incorpora al ahorro, la inversión y la actividad”. Aunque la realidad es que la Comunidad de Madrid ha dejado de ingresar 6.000 millones desde 2011 y no hay ninguna prueba que esos 6.000 millones se hayan dedicado a inversión o actividad alguna.

Pero, además, la bonificación hace que en la Comunidad de Madrid “habrá personas que, aun superando el mínimo exento de 700.000 euros, no presentarán la declaración al no estar obligadas. El patrimonio medio de los declarantes madrileños es muy elevado, alcanzando los 9.675.043 euros, muy por encima de la media de declarantes españoles, cuyo patrimonio asciende a 3.305.039 euros”.

Impuesto de Sucesiones y Donaciones

En el caso del Impuesto de Sucesiones y Donaciones todas las Comunidades Autónomas se lanzaron a una carrera intensa por rebajar este impuesto. Debido a esta rebaja, la Hacienda española dejó de ingresar 5.031 millones de euros, según los datos del Ministerio de Hacienda.

En la competición por la reducción de esta carga impositiva Madrid es la Comunidad que más ha bonificado el impuesto, siendo la autonomía que más recaudación pierde. De esta manera, la región madrileña suma el 50% del dinero que se tendría que haber recaudado con el Impuesto de Sucesiones, ya que ha dejado de recaudar 2.663 millones este año. Muy lejos de los 855 millones de Catalunya, 396 millones de Andalucía o 313 millones de la Comunidad Valenciana.

Siguiendo la simulación que hacen los asesores fiscales, si una persona de 30 años y sin discapacidad recibe de su padre 800.000 euros en dinero en efectivo sin un destino específico, tiene como cuota líquida de impuesto de Sucesiones 2.000 euros en la Comunidad de Madrid, similar a Andalucía o Murcia, pero por debajo de los 12.000 euros de las provincias vascas, 56.000 euros en Catalunya o Galicia o los 200.122,67 euros, en Extremadura y Castilla y León. Hay que subrayar que el tipo es idéntico en la Comunidad de Madrid que en las dos regiones donde más se paga, pero las bonificaciones en la autonomía donde gobierna Isabel Díaz Ayuso es del 99%.

Igualdad entre los españoles

En la carrera desbocada de Ayuso por erigirse como el referente de la oposición, pasando incluso por encima del líder del PP, Pablo Casado, la presidenta madrileña ha tumbado unos de los principales argumentarios utilizados por los populares como es la defensa de la igualdad territorial de todos los españoles. En este caso, Ayuso reivindica la desigualdad entre Comunidades Autónomas y llega a lanzar duras acusaciones contra los ciudadanos al asegurar que en España “hay dos tipos de personas, los que tiran del carro y los que viven de otros”.

Con argumentos similares se ha posicionado la Confederación Empresarial Madrileña (CEIM) y el Instituto de Estudios Económicos, el think tank de la CEOE, en un informe financiado por la Comunidad de Madrid. La patronal señala que “una armonización de la imposición patrimonial para la Comunidad de Madrid supondría una pérdida de competitividad que a medio y largo plazo implicaría una contracción mínima del 2% del PIB para Madrid y del 0,5% del PIB nacional”.

Como curiosidad, mientras que la CEOE y su laboratorio de ideas han exigido reiteradamente la unidad de mercado de las autonomías como elemento fundamental para impulsar la competitividad de las empresas, en el caso de la armonización fiscal, la patronal puntualiza las bondades de la corresponsabilidad fiscal como “forma parte intrínseca de la naturaleza de las autonomías”. En el informe La Tributación del Ahorro y su Incidencia en la Reactivación Económica desde la Perspectiva de la Competitividad Regional, la organización empresarial insiste en que las Comunidades Autónomas “deben tener el derecho y la obligación de ejercer la corresponsabilidad fiscal”, que es “una palanca de mejora de eficiencia del sector público”.

Sin embargo, en el informe del IVIE se destaca como “Madrid tiene unos ingresos homogéneos per cápita de 2.515 euros, que la sitúan a la cola de España. Estos ingresos tan reducidos no se deben al Sistema de Financiación Autonómica, que deja a Madrid en una situación relativa prácticamente idéntica a la media, sino al ejercicio a la baja de su autonomía tributaria”.

Estos investigadores no tienen duda en asegurar que “la consecuencia de esos bajos ingresos públicos por habitante es un bajo nivel de gasto per cápita, que no tiene las mismas implicaciones para los más beneficiados de las rebajas fiscales y el resto de los contribuyentes. Para los primeros, cuyos ingresos son altos, las consecuencias del menor gasto son menores porque usan poco los servicios públicos sanitarios, educativos o de protección social. Pero para los segundos, que son la mayoría y sí que los utilizan, los beneficios de las rebajas fiscales son menores y sufren más las consecuencias de un gasto en servicios públicos más bajo”.  

Ventaja competitiva y robo de contribuyentes

La patronal, al igual que Ayuso, defiende que “Madrid es, junto al País Vasco, la región que tiene uno de los sistemas tributarios más atractivos del país y, por ello, ambas tienen una mejor clasificación en el Índice de Competitividad Regional de la Comisión Europea”, sin embargo los investigadores del IVIE ponen en duda que esta ventaja competitiva que achacan a la capitalidad: “propicia la aglomeración de centros de decisión públicos y privados en Madrid, reforzando la concentración de rentas y patrimonios que más se benefician de las políticas adoptadas”.

Además, recuerdan que “las rebajas fiscales de la Comunidad de Madrid tienen consecuencias sobre el resto de comunidades con las que compite fiscalmente: las bases imponibles que esta atrae reducen los ingresos de aquellas. Como se trata mayoritariamente de contribuyentes con bases elevadas, esa salida limita las aportaciones de aquellos en los que puede apoyarse la progresividad en las comunidades de origen”.  

“Durante los últimos 10 años Madrid ha conseguido aumentar su número de contribuyentes en más de 100.000 personas provenientes de otras Comunidades españolas. Esto sucede pese a que los ingresos y gastos por habitante de Madrid no son elevados porque renuncia con sus reducciones impositivas a los mayores ingresos que se derivan de sus mayores bases imponibles”, recuerdan los investigadores del instituto valenciano.

Según estos investigadores “la Comunidad de Madrid ha seguido una política basada en una combinación de ingresos y gastos bajos que responde a la Hipótesis de Tiebout, según la cual la estrategia fiscal tiene capacidad de incidir en las decisiones de los contribuyentes sobre dónde se domicilian”.

Teniendo en cuenta las estadísticas que presenta la Agencia Tributaria sobre Movilidad del Mercado de Trabajo en las Fuentes Tributarias, Madrid habría ganado más de 103.035 contribuyentes en el IRPF entre 2009 y 2018, desde que decidió establecer importantes beneficios fiscales en sus impuestos personales, con el punto de inflexión que fue la aplicación de la bonificación del 100% del Impuesto de Patrimonio a partir de 2011.

Los cálculos de los investigadores del IVIE señalan que “si el grupo que supera los 60.000 euros de renta, ese 7% de contribuyentes concentraría el 93% de los -4.163 millones de euros de beneficios fiscales de estos tres impuestos. Esto significaría una minoración media de las cuotas líquidas de estos contribuyentes cercana a los -16.200 euros anuales, una cifra que puede considerarse capaz de incentivar el cambio de domicilio fiscal”.

En el informe Movilidad de los contribuyentes de rentas altas en respuesta a las diferencias regionales en los impuestos personales, de Fedea, se describe cómo entre 2006 y 2012 el 59,3% de las migraciones del 1% con mayor renta tiene como destino Madrid.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que su Gobierno va a impulsar una legislación a tramitar en las Cortes autonómicas que pretende iniciar el camino de proponer una armonización fiscal a nivel estatal y evitar así “guerras fiscales” en todo el territorio.

Durante la celebración institucional del Día contra la Violencia de Género, García-Page ha señalado que será el mes de enero cuando esté listo el proyecto de ley para su tramitación, con la intención de que la fiscalidad sea “una parte esencial del concepto de nación y de patria”.

Así, ha cargado contra los que “se dan golpes en el pecho reclamando patria” pero a nivel impositivo “hacen lo contrario”. “No es lo mismo creer que practicar. No se hace más grande España buscando atajos fiscales”, ha incidido.

De este modo, será una ley que venga a “corregir desmanes y unificar”, ya que la “creencia en España” no sólo está en los discursos, sino “también en la renta”. Será, en definitiva, “una ley sin retórica, sin agresividad, sin ir contra nadie”, ha abundado el líder castellanomanchego.

Si las grandes fortunas y las grandes empresas se quieren ahorrar impuestos, tienen a su servicio toda una industria del fraude y, además, un grupo de países dispuestos a ponérselo muy fácil. Así lo han demostrado escándalos como LuxLeaks, SwissLeaks y los Papeles de Panamá, que han evidenciado con pruebas lo que todo el mundo ya intuía. Pero todos estos escándalos también han contribuido a que finalmente la justicia fiscal se sitúe, si bien tímidamente aún, en el corazón de la agenda política de la Unión Europea, la OCDE, el G20 y otras instituciones supranacionales.

En el pleno del Parlamento Europeo de esta semana, los eurodiputados tendremos la oportunidad de estrechar el círculo a las empresas multinacionales que intentan ahorrarse impuestos aprovechando estructuras complejas y declarando su actividad de la manera más opaca posible, votando una directiva a favor de la transparencia. Si la propuesta de la Comisión Europea tira adelante, las empresas multinacionales deberán dar información pública, detallada y de forma desagregada de las actividades financieras que llevan a cabo en todos los países donde operan, también fuera de la UE, incluyendo a cuántos trabajadores tienen contratados en el país, de qué activos disponen, cuánto facturan y qué impuestos pagan. Una información que deberán hacer pública, y entregar a la agencia tributaria de la jurisdicción donde la empresa tenga su residencia fiscal.

El objetivo es claro: reforzar la coordinación de transmisión de información entre los países para frustrar la ingeniería fiscal y, en último término, evitar el fraude, la elusión y la evasión. Para saber si una gran empresa realmente paga impuestos allí donde debería hacerlo, es fundamental saber dónde operan sus filiales, qué hacen allí donde operan, y qué impuestos pagan. La clave, pues, es que las diferentes administraciones tributarias dispongan y puedan compartir información veraz y pública de las multinacionales. Para alcanzar esta transparencia y coordinación, la UE debe jugar un papel central.

Sin embargo, durante la tramitación parlamentaria de la directiva, se han introducido algunos cambios que, si no revertimos en el voto final de la próxima semana, debilitarán la propuesta. El texto original de la Comisión proponía que la obligación de transparencia sólo se aplicara a las empresas que facturen más de 750 millones de euros anuales –unas 6.000 empresas en toda la UE–. Desde el grupo de los Verdes / Alianza Libre Europea pedíamos ampliarlo a las empresas de más de 40 millones de facturación –para alcanzar hasta 18.000 empresas–, pero el ala conservadora del Parlamento Europeo –el Partido Popular Europeo, la Alianza los Demócratas y Liberales, y los Conservadores y Reformistas– se opuso a la reducción de este umbral.

Y aún peor: los grupos conservadores –¡otra vez!– quieren introducir una cláusula de salvaguarda que abre la puerta a liberar a las empresas, de manera indefinida, de la obligación de entregar esta información, cuando consideren que puede ser comercialmente sensible. O dicho de otro modo, si una empresa considera que hacer públicos los impuestos que paga –y sobre todo los que ha conseguido no pagar–, puede perjudicar sus intereses comerciales, puede pedir una exención de esta directiva y no presentar la información. Y esto, un año tras otro sin límite.

La Unión Europea no puede permitirse mostrarse titubeante en la determinación necesaria contra la elusión fiscal. Hay una lucha firme y decidida a favor del bien común y la prosperidad compartida. Gracias a la recaudación de impuestos, todos los que corresponden, los gobiernos pueden proveer de más y mejores servicios públicos a la sociedad y fortalecer, de esta manera, la base indispensable para una mayor equidad y justicia social. Para alcanzar este objetivo, la UE tiene un papel clave: forzar a los Estados miembros a cooperar en lugar de competir en materia fiscal, y forzar a las empresas a ser transparentes.

Por todo ello, aprovecho estas líneas para pedir a todos mis colegas del Estado con los que comparto escaño en Estrasburgo y que se sientan más a la derecha que yo –PP, Ciudadanos y PDECat– que se desmarquen de sus grupos y voten a favor de la enmienda socialista, que propone que, una vez la información ya no sea considerada comercialmente sensible, sea publicada anualmente de manera retroactiva. Si no, esta directiva y todos nuestros esfuerzos en favor de la transparencia quedarán en nada.

Todo el mundo parece estar de acuerdo con la idea de que la educación es un pilar básico para el presente y el futuro de nuestras sociedades, el motor que hace avanzar al mundo por el camino del progreso y una de las principales herramientas para luchar contra la pobreza y la desigualdad. Cuando desde las organizaciones sociales nos movilizamos para defender el derecho de todas las personas a una educación gratuita y de calidad, el consenso político y social es prácticamente absoluto. Este acuerdo ha quedado reflejado, negro sobre blanco, en diversos compromisos internacionales, entre los que destacan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015.

El cuarto de ellos compromete a los Estados a “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, a través de una serie de metas relativas al acceso a la educación, la igualdad de género, la equidad educativa y el profesorado. Este objetivo, que debe alcanzarse en el año 2030, aplica a todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo y situación económica. Es decir, también afecta al sistema educativo español, e impone a nuestro país una doble obligación: como donantes, debemos volver a la senda de asignar el 0,7% de nuestra renta nacional bruta a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), y dedicar al menos el 8% de esa ayuda a la educación básica.

Pero también en nuestro país tenemos que trabajar para cumplir con las metas establecidas por el ODS4 y, teniendo en cuenta datos como que somos el segundo país de Europa con mayor tasa de abandono escolar prematuro, desde luego nos queda mucho por hacer. De momento, los partidos políticos están impulsando un pacto de Estado por la Educación que aspira a ser un acuerdo político, social y territorial amplio que sobreviva (al menos) varias legislaturas.

Sin embargo, a la hora de la verdad no salen las cuentas. La crisis. Los objetivos de déficit. Los recortes generalizados en los servicios públicos. No hay dinero, dicen. El caso es que, entre 2010 y 2012, España redujo el presupuesto educativo en un 12%, frente al 3% de la media europea; aunque lo cierto es que históricamente nuestro país ha invertido en educación menos que sus homólogos de la UE y la OCDE.

En cuanto a nuestras obligaciones como país donante, los datos pintan un panorama todavía más negro: la AOD española se ha recortado en más de un 65% entre 2008 y 2015, y en el caso concreto de la destinada a educación, la reducción ha sido aún mayor (de un 90%, pasando de 354 a 34 millones de euros en ese mismo periodo).

Así pues, el lugar prioritario que presuntamente ocupa la educación en la agenda política y social no se ve respaldado por una financiación adecuada que verdaderamente permita garantizar el derecho a la educación de todos los ciudadanos y ciudadanas, y especialmente de los colectivos más vulnerables. Llegados a este punto cabe preguntarse ¿qué pueden hacer los Gobiernos para que su compromiso con la educación vaya más allá del discurso?

De nuevo, las cifras nos dan la respuesta. Todos nos hemos familiarizado con escándalos como los “Luxembourg Leaks” (o la amnistía fiscal ilegal decretada por el Gobierno español en 2012), pero quizá no seamos del todo conscientes de su verdadero impacto. Por ejemplo, se estima que el fraude fiscal en España asciende a 59.500 millones de euros, una cifra superior al presupuesto total destinado a educación en el año 2016. El 72% del fraude fiscal en España corresponde a las grandes fortunas y sobre todo a las grandes empresas, cuya presencia en paraísos fiscales se incrementó en un 10% entre 2013 y 2014. Miles de millones de euros perdidos por las arcas públicas que podrían haberse destinado a garantizar la (muy necesaria) prestación de servicios públicos de calidad, incluyendo la inversión en educación, tanto en nuestro país como en los países en desarrollo (a través del incremento de la AOD).

La prestación de servicios públicos de calidad no sólo es una herramienta que permite redistribuir los ingresos, luchar contra la pobreza y la desigualdad y promover la igualdad de oportunidades, sino que es el principal mecanismo que permite a los Gobiernos garantizar derechos como la salud o la educación. Por eso, desde la Campaña Mundial por la Educación nos unimos a la Alianza Global por la Justicia Fiscal y otras organizaciones para exigir a los Gobiernos que se unan para luchar contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales, además de aplicar políticas fiscales progresivas que permitan una verdadera redistribución de los recursos que garantice la igualdad de oportunidades, especialmente de los colectivos más vulnerables. Y, en este sentido, la inversión en educación es clave.

Por ello, es el momento de pasar de las palabras a los hechos: garantizar la prestación de unos servicios públicos de calidad y aumentar el presupuesto de educación es posible. Sólo hay que querer.

La pobreza y la desigualdad son cada vez “más extremas, intensas y crónicas”. Esta es una de las premisas con las que la Alianza contra la Pobreza y la Desigualdad ha realizado en Toledo un acto de protesta con motivo del Día Internacional de Erradicación de la Pobreza. Según afirman, es urgente cambiar un sistema que genera riqueza para el 1% y un “empobrecimiento generalizado para el resto de la población”, tanto dentro como fuera del Estado español.

En el manifiesto leído durante la movilización, el colectivo Pobreza Cero afirma saber cuáles son los problemas y sus causas estructurales, sobre las que existen soluciones “reales y factibles”. Recuerda así que existen compromisos internacionales, como los recién acordados Objetivos de Desarrollo Sostenible, los protocolos de Derechos Humanos, las Convenciones de la OIT por un trabajo decente o el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, que “necesitan ser cumplidos para garantizar un cambio de rumbo y el cumplimiento de los derechos de todas y todos”.

En un contexto en el que la acumulación de riqueza en pocas manos genera pobreza en muchas personas y países, hay prácticas, afirma la Alianza, que deben desaparecer. Pone como ejemplo el caso de los fondos de origen español en paraísos fiscales o la negociación “a nuestras espaldas” de tratados comerciales que “van hipotecar nuestro bienestar, el de futuras generaciones y el del planeta”: el TTIP, el CETA o el TISA.

También argumenta que existen múltiples crisis y que una de las más graves es la de valores, en la que los dirigentes políticos “demuestran constantemente su irresponsabilidad y su falta de voluntad por cambiar las cosas”. “Es especialmente lamentable el papel que están jugando con su política de no-acogida de las personas migrantes y de las solicitantes de refugio o asilo”, añade.

Soluciones basadas en “derecho y justicia”

Igualmente, denuncian la puesta en marcha de políticas que aumentan las desigualdades, la tasa de paro, los niveles de pobreza o la brecha de género, ya que “se incumplen sistemáticamente los compromisos de protección social y derechos básicos como la sanidad, la educación o la dependencia”. Ante esta situación, exigen soluciones basadas en “derecho y justicia” para atajar las desigualdades y “frenar el incremento de la pobreza, de las desigualdades y el deterioro medioambiental en cualquier lugar del planeta”.

Por último, ponen sobre la mesa otras peticiones como políticas coherentes con la defensa de los derechos humanos y la protección medioambiental en todo el planeta; el rechazo a los tratados comerciales mencionados y su sustitución por un Tratado Internacional de los Pueblos para el Control de las Empresas Transnacionales; justicia fiscal a través de nuevas políticas tributarias; la transición hacia un modelo energético sostenible, y el cumplimiento de los derechos económicos sociales y culturales.

La cruda realidad es que el modelo económico es tremendamente injusto. Este modelo beneficia  de forma desproporcionada al 1% de la población mundial en detrimento del resto, provocando situaciones increíbles. Sólo 62 personas en el mundo concentran tanta riqueza como la mitad más pobre del planeta: 3.600 millones de personas, como afirmaba el informe “Una economía al servicio del  1%”, de Oxfam Internacional.

Y así el sistema fiscal, en lugar de funcionar como una herramienta de lucha contra la desigualdad, actúa como uno de los motores que impulsa y mantiene este modelo injusto. Un claro ejemplo de ello es el caso de España, donde el 85% de lo recaudado en 2015 provino de las familias, mientras que las grandes empresas sólo aportaron un 4% del total.  De igual modo, el fraude fiscal fue cometido en un 72 % por las grandes empresas y fortunas (y creciendo!). Además, sabemos que las empresas del IBEX – 35 siguen aumentando su presencia en paraísos fiscales, con 81 nuevas filiales abiertas en el 2014: un incremento del 10% respecto al año anterior.

Con estos datos, es inevitable caer en el pesimismo y pensar que poco se puede hacer al respecto, viniéndonos a la cabeza la imagen de una batalla perdida. Sin embargo,  la escenificación más apropiada sería la de David contra Goliat.  Un ejemplo es la noticia que conocíamos el pasado 29 de agosto: la Comisión Europea obligaba a la multinacional Apple a pagar 13 mil millones de euros como penalización por impuestos no pagados. Y nos atrevemos a afirmar que esta decisión es en parte el resultado de años de lucha de las organizaciones sociales, como bien explica Owen Jones en un artículo reciente. 

Afortunadamente, ya existe un creciente grupo de activistas interesados en defender la justicia fiscal.  Una iniciativa en este sentido es la reciente Plataforma por la Justicia Fiscal de Madrid, que agrupa a organizaciones ciudadanas, sindicatos, movimientos sociales, ONGs y otros actores. 

Estas son las noticias que tenemos que difundir y celebrar: nos motivan a seguir con la lucha, a continuar creyendo que la labor del activismo es mucho más que una loable actitud. El activismo no es algo utópico, sino que se trata de un medio para aunar fuerzas y ejercer presión para cambiar las cosas. Para poder ir poco a poco modificando este sistema odioso  y global al que parece que hemos llegado por imposición divina, sin posibilidad de revocarlo.

Pero logros como estos nos demuestran que no es así: que las injusticias tienen fecha de caducidad y ésta la marcamos nosotros.

Este texto forma parte de la jornada de acción europea por unos impuestos más justos Tax Justice Blogging Day. Es posible seguir las publicaciones en blogs de distintos países y apoyar la acción compartiendo su contenido en redes sociales con la etiqueta #taxjustice. 

Carta abierta al Ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, o a quien lo sustituya en la legislatura entrante

Estos días hemos conocido la existencia de una serie de cuentas en Panamá con las que, personas que debían tributar en España, han ocultado en fondos opacos su dinero.

Hace unos años se publicó la llamada 'Lista Falciani' en la que se hicieron públicos datos de evasores fiscales. Hervé Falciani, informático de HSBC, dio a conocer la lista y en ella figuraban muchos defraudadores españoles. Las organizaciones tributarias de Estados Unidos, Francia o Reino Unido, aprovecharon las listas para iniciar procedimientos judiciales contra sus defraudadores.

En España, sin embargo, la Agencia Tributaria Española no comenzó a investigar sobre los supuestos defraudadores para exigirles su puesta al día y multas, como hubiera sido la actuación correcta prevista en el ordenamiento jurídico, sino que les dio un plazo para regularizar su situación.

Es decir, les avisó de que, quien quisiera, podría regularizar voluntariamente su situación, como si se tratase de discrepancias en una declaración. En lugar de abrir un expediente de investigación, sobre cada uno de los sujetos implicados, se les permitió que declarasen su ocultación, evitando las grandes multas y los delitos fiscales.

Por todo ello, la Plataforma por la Justicia Fiscal, quiere reclamar responsabilidad al titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas o, en su caso, al responsable de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para que se inicien inspecciones sobre cada una de las personas y entidades detectadas, y no se les dé un trato de favor, privilegiándoles sobre el resto de la población.

En la actualidad, son muy elevadas las diferencias de ingresos y gastos públicos para llegar a la suficiencia fiscal. A las cifras de recortes llevadas a cabo en los últimos y el notable incremento de los pagos de intereses de la deuda, ahora hay que añadir que el actual Gobierno no ha reducido lo suficiente el déficit y aumentado la reducción significativa del Fondo de la Seguridad Social, por lo que se vuelven a agravar las dificultades para mantener un estado de bienestar que garantice los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).

Ante el alto nivel de fraude fiscal y social, es imprescindible que el próximo gobierno elabore una Ley contra la Evasión y la Elusión Fiscal, y que la Hacienda pública investigue a todos los grandes defraudadores que, con su actuación, van en contra del bienestar de la población española, obligándonos a los contribuyentes a pagar más impuestos o recibir menos prestaciones públicas.

*La Plataforma por la justicia fiscal está integrada por Alianza Española contra la Pobreza, ATTAC España, CCOO, UGT, USO, Coordinadora de ONG de Desarrollo de España (CONGDE), EAPN España, Economistas sin Fronteras, Federación de ONGD de Comunidad de Madrid (FONGDCAM), GESTHA, InspirAction, Observatorio RSC, Oxfam Intermón, Publiquen Lo Que Pagan y Salud por Derecho.

En este período de precampaña y casi inmersos en campaña electoral -en la que los candidatos y partidos políticos empiezan a detallar sus propuestas- es cuando la ciudadanía tiene que volver a poner el foco en cuáles son las realidades que nos importan y qué nos propone cada opción política al respecto. Como nos importa que la sociedad en la que vivimos sea cada vez menos desigual y garantice la igualdad de oportunidades de todos sus miembros, necesitamos conocer las medidas de fiscalidad que cada partido propone.

Así, las medidas que garanticen un sistema fiscal progresivo, donde pague más quien más tiene, y en el que la lucha contra la evasión y elusión fiscal sea una prioridad, son aquellas que servirán para consolidar sociedades más justas y equitativas, no sólo en este país, sino en todo el mundo.

Este mes de noviembre, diversas organizaciones hemos decidido confluir en la Plataforma por la Justicia Fiscal para exigir a los partidos políticos compromisos firmes que garanticen un sistema fiscal suficiente, justo y eficiente.

Así, pedimos a los candidatos de las próximas elecciones generales que se comprometan con tres medidas clave:

 Un diseño fiscal que recupere la progresividad debe gravar más a los que más tienen y acabar con los privilegios fiscales. Esto es posible dando más peso a la imposición directa frente a la indirecta (por ejemplo, el IVA), gravando la acumulación de riqueza mediante la revisión de los impuestos sobre el Patrimonio y las Sucesiones y equiparando las rentas de trabajo y de capital en el impuesto sobre la renta. Además, es necesario implantar un Impuesto a las Transacciones Financieras que frene las prácticas financieras especulativas, permita un mayor control y cuya recaudación se destine, en gran medida, a luchar contra la pobreza y desigualdad en cualquier parte del mundo.

 Por otro lado, es necesario acabar con las grietas por las que se pierden ingentes cantidades de recursos mediante prácticas de evasión y elusión fiscal. Para ello hay que dotar a la Agencia Tributaria de mayores medios técnicos y humanos en la lucha contra el fraude fiscal. También es necesario suprimir los tratamientos fiscales privilegiados, así como acometer una revisión pormenorizada de todos los beneficios fiscales. Y es clave la lucha contra el uso abusivo de paraísos fiscales, que ha de incluir, no solo un régimen sancionador para que se excluya de la contratación pública a las empresas con fondos en esos territorios, sino, además, que se tomen medidas urgentemente que mitiguen el enorme daño que producen en todas las economías.

Finalmente, es imprescindible fomentar una cultura de responsabilidad fiscal y de rendición de cuentas. Para ello, se ha de exigir que las empresas publiquen la información de los impuestos que pagan en cada país donde operan, relacionado con su volumen de negocio y beneficios. Se han de llevar a cabo campañas de sensibilización sobre la relevancia del pago de impuestos y las graves consecuencias del fraude fiscal.

Pagar impuestos es bueno, si todos pagamos de forma justa de acuerdo con la capacidad de cada uno, y se distribuye según las necesidades. De esa forma, los impuestos sirven para garantizar sociedades más equitativas y justas, donde no se recorten opciones vitales a las personas y se implante la necesaria justicia distributiva.

La ONG Oxfam Intermón, junto con otros miembros de la Alianza Global para la Justicia Fiscal, desarrolla la semana del 16 al 23 de junio diferentes acciones enfocadas a la creación conciencia social respecto a esta situación, con el objetivo de que el Gobierno español impulse un sistema fiscal internacional que garantice políticas públicas universales y de calidad.

El punto de inflexión tendrá lugar con motivo del comienzo de la ronda final de negociaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Financiación para el Desarrollo (FFD) que se celebra estos días en la sede de Nueva York, y que supone la antesala para la cumbre de Adís Abeba en julio.

Esta conferencia es una oportunidad crucial para impulsar el establecimiento de un nuevo organismo fiscal mundial en el que participen en igualdad de condiciones todos los Gobiernos. El Día Mundial de los Servicios Públicos es un momento clave para pedir la adopción de políticas fiscales justas que financien unos servicios públicos de calidad para todos, que es el medio más eficaz para acabar con la pobreza y la desigualdad.

A nivel nacional, los Gobiernos no consiguen poner freno a la evasión de impuestos por parte de grandes empresas y personas ricas, a los que, además, proporcionan incentivos y exenciones fiscales injustificados, dejando de recaudar así miles de millones que podrían invertirse en educación y sanidad gratuitas y de calidad para todos.

Referencias en este enlace, en este otro, y en la Web de la Alianza Global para la Justicia Fiscal.