Una carta de procedencia anónima recibida en el despacho del abogado tinerfeño José Pérez Ventura en enero de 2016 dio lugar a la apertura de una nueva línea de investigación en el caso Gloria, es decir, en la instrucción que revisa la gestión del anterior director general de la Radiotelevisión Canaria, Guillermo (Willy) García.

La carta no ha sido filtrada pero se sabe que en ella se ponía de manifiesto “la posible transferencia de dinero desde Videoreport [productora de televisión que tiene encomendada por concurso los contenidos informativos de la Televisión Canaria] a la excuñada del investigado Guillermo Valentín García Marchiñena…”, y de ella, al investigado.

La jueza asumió la petición de Izquierda Unida, acusación popular representada por el abogado José Pérez Ventura, y ordenó a la Policía y a la Agencia Tributaria “el volcado general de los datos que figuren en su base de datos” de la sociedad anónima de la que es titular la excuñada de Willy García, así como todos los movimientos de sus cuentas bancarias.

Se trataba de averiguar si, como decía el anónimo comunicante, la excuñada de Willy García, había ejercido de intermediaria para canalizar pagos sospechosos de Videreport Canarias al ya exdirector general de la Radiotelevisión pública. La investigada en cuestión, efectivamente, fue novia de un hermano de García hace unas dos décadas, pero el hecho de que mantuviera abierta su cuenta corriente en la entidad en la que trabajaba su expareja alimentó aún más las sospechas de los intrépidos investigadores.

El auto ordenando estas indagaciones llegó inocentemente a manos de algunos periodistas que, de inmediato, lanzaron informaciones que hablaban directamente de pagos sospechosos, de mordidas de Willy García a través de tan enigmática mujer. El escándalo crecía en intensidad.

El informante anónimo que tanto sabía de esos pagos sospechosos (30.000 euros en un año) debía saber también que la mujer que puso en el candelero judicial y mediático es maquilladora profesional, y que a tal fin constituyó en su día una sociedad limitada a través de la cual facturaba a sus clientes, entre otros Videoreport Canarias. Esos 30.000 euros correspondían al maquillaje de presentadores y presentadoras todos los días del año en los informativos de la Televisión Canaria, servicio que presta por contrato la referida productora Videoreport Canarias.

La jueza aceptó el anónimo que aportaba Izquierda Unida, ordenó las indagaciones que se proponían y, con aquellos mimbres, ordenó que citaran a declarar a la maquilladora. El resultado ha sido que con fecha 27 de septiembre de 2016, es decir, tras siete meses de indagaciones, gastos y un asesinato mediático de la mujer, se decretara el sobreseimiento de la causa respecto a ella.

Atrás quedaron atronadores titulares y afirmaciones periodísticas del tipo siguiente: “Nuevo giro en el caso Willy. El Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz investiga dos transferencias bancarias sospechosas que suman unos treinta mil euros realizadas por la empresa adjudicataria de los Servicios Informativos de la Televisión Canaria, a la empresa de la ex cuñada de Willy García”. Por supuesto, ninguno de los medios que escandalizó los ojos y los oídos de sus seguidores ha publicado ni una sola línea de este sobreseimiento. Y tienen el sumario actualizado día a día.

Pero esa carta de autoría anónima no es la única pista de dudosa credibilidad que ha activado al juzgado y a la Policía para abrir indagaciones a diestro y siniestro sobre cualquier cosa que tenga que ver con la gestión de Willy García, por muy disparatada que pueda parecer. Indagaciones acompañadas todas ellas de los correspondientes titulares y boletines horarios siempre en los mismos medios informativos.

Varios testigos cuya identidad permanece oficialmente en el anonimato pero que son sobradamente conocidos en el sector audiovisual canario y en los medios informativos, han lanzado una gran cantidad de acusaciones contra Willy García y su entorno que han escandalizado a los agentes policiales que intervienen. Son acusaciones sin sustento documental alguno, a veces simples rumores o chascarrillos, comentarios escuchados aquí o allá, que obligan a la jueza, acto seguido, a ordenar que se investigue para verificar una a una esas informaciones.

Así, se ha podido leer estos días en los mismos medios que airean el sumario que “el exjefe de Producción de RTVC se adjudicó contratos por 3 millones”, según un informe policial, lo que se debía traducir en la aportación de hojas registrales que permitieran confirmar que ese exalto cargo de la televisión pública es o era en aquellos momentos poseedor de participaciones en una productora a la que contrataba. Si es que contrataba, porque a la vista de los estatutos de RTVC, tanto Willy García como su sustituto, Santiago Negrín, han sido y son los únicos con capacidad legal de contratar, adjudicar y ordenar pagos. Hasta el momento, solo se sabe que la Policía vertió esa supuesta afirmación en su informe basándose en testimonios de personas anónimas.

Otro titular de estos días relataba que Willy García “visitaba a escondidas la productora más favorecida por RTVC”, en referencia a Doble Diez Canarias, de la que es administrador Santiago Falcón. “A escondidas” vendría a significar que el director general de un ente público no podría visitar de manera formal las instalaciones de una productora a la que tiene contratados varios programas que se emiten en la parrilla de la televisión que dirige.

En la misma línea, otro medio destacó que “una trabajadora de Doble Diez declaró en la investigación que ”Willy García y Santiago Falcón eran íntimos amigos“. Una relación que se hacía patente en las ”muchas visitas que Falcón realizaba a García en la sede de la Televisión Canaria en Tenerife“ (sic).

Y una acusación bastante alejada de las previsiones del Código Penal: “Willy García y Rubén Fontes ”ayudaron a destruir“ el mercado audiovisual canario”, cuando la realidad es que desde que se cambió el procedimiento de contratación de programas y de retransmisiones, justo en 2007 con la llegada de García a la dirección del ente, empezaron a contratarse directamente productoras que, con anterioridad, debían pasar por el proveedor único, Socater, que desde el comienzo de emisiones de la cadena y hasta aquel año tenía la exclusividad para explotar informativos, programas de entretenimiento y gestión publicitaria sin someterse a concurso ni reglas de contratación públicos.

Una providencia de la jueza a la Policía ordenando la realización de una indagatoria con “todo el historial” del ex director de Producción de TVC, Rubén Fontes, ha dado como resultado un informe aportado a la causa que ya ha sido divulgado por los mismos medios informativos con afirmaciones muy llamativas. Además de esa en la que se le atribuye la auto-adjudicación de contratos por casi 3 millones de euros, se asegura que Fontes llegó a pagar con su dinero, ¡pero en metálico!, los 700 euros del alquiler de su vivienda y otra cantidad superior al concesionario donde realizó una revisión de su coche particular.

Ante los llamativos hallazgos de estas pesquisas policiales, y al igual que hiciera con la maquilladora sospechosa, la jueza ha llamado a declarar a Rubén Fontes, a Santiago Falcón (Doble Diez Canarias) y a Raúl Rivero (Siete Mares) para que se defiendan de tales acusaciones. Fontes venía solicitando sin éxito su personación en la causa desde noviembre del año pasado, cuando afloraron los primeros titulares periodísticos. Ahora tendrá ocasión de dar su versión.

Desde la llegada del nuevo director general, no ocupa ningún puesto de responsabilidad en la Televisión Pública, pero tras de sí dejó algunas decisiones que ahora se ponen en entredicho, como la de proponer la contratación de varias productoras para la realización de retransmisiones en directo de acontecimientos deportivos, culturales y sociales. Entre otras productoras, Fontes contrató a Siete Mares, que sigue siendo contratada a día de hoy, dos años después, por el mismo procedimiento y la misma modalidad de contrato que firmaba Willy García.

Santiago Falcón, director general de Doble Diez Canarias, será llamado a declarar para que explique cómo es posible que durante la etapa de Willy García lograra contratar programas de entretenimiento (los de mayor éxito de audiencia de la cadena) como venía haciendo desde que produjo La Guagua en los inicios de la televisión pública, o como continúa haciendo ahora bajo la presidencia de Santiago Negrín.

El administrador único de Siete Mares, Raúl Rivero, deberá explicar sus relaciones con Rubén Fontes y si es cierto o no que no poseía unidades móviles en el comienzo de las contrataciones aun teniendo tanto entonces como a día de hoy como socio de su empresa a Audiovisuales Canarias, la primera compañía en montar industria de ese tipo en el archipiélago.

Testigo protegido y favorecido

Mientras tanto, el anónimo denunciante más conocido por la Policía y por todo el sector audiovisual como Nacho Brea, de Brea Producciones, sigue estacionando de modo permanente sus unidades móviles en el aparcamiento público del Gran Canaria Arena, propiedad del Cabildo de Gran Canaria, sin abonar ni un solo euro por el espacio que ocupa, por la luz que consume cuando realiza tareas de mantenimiento o por la seguridad privada que le garantiza la integridad de su equipo.

Fuentes oficiales aseguran que tiene un permiso verbal para hacerlo y que no consume más que el espacio que ocupa. Justifican esa autorización en el hecho de que una vez cada quince días realiza desde el Gran Canaria Arena una retransmisión deportiva. Los catorce días restantes sus equipos técnicos permanecen ahí custodiados por vigilantes de seguridad privados que paga la Corporación insular.

La televisión pública canaria ha empezado el año con un lavado de cara bastante simplista, aunque todavía no se sabe si efectivo. El ente público ha decidido utilizar como eslogan publicitario una palabra de ocho letras, acércate. Aunque parezca el título de la última canción de Maluma, es el vocablo que ha elegido Radio Televisión Canaria (RTVC) para aumentar sus índices de audiencia, que parece que no son muy altos.

Hace unas dos semanas, Jordi Évole escribía un artículo para El Periódico de Cataluña sobre la pasividad ciudadana y los intereses políticos que hay detrás. Évole explicaba que la pasividad era el resultado de una situación perfectamente diseñada por el poder político para dejar a los ciudadanos fuera de combate, como si fueran meros espectadores de la realidad e incapaces de cambiarla. Entonces justo me acordé del eslogan de RTVC. ¿Será esta una estrategia más para dejarnos inactivos ante la realidad? Quizá para no hablar de Baltar o del enchufismo del equipo Clavijo, ya demostrado.

Es habitual escuchar que los medios de comunicación son la representación de la sociedad. En el caso de RTVC no es así. La llamada tele canaria hace tiempo que no me representa, hace tiempo que no me apetece ver alguno de los programas que ofrece en su parrilla, salvando los informativos. Encender la caja mágica y poner una tarde cualquiera la televisión canaria es como viajar en el tiempo, un viaje que parece no terminar nunca y que te produce dolor de cabeza. Siempre me pasa lo mismo; por eso, ya no lo intento. Es ponerla y tengo la sensación de vivir en el 2003, con banda sonora incluida.

Willy para los amigos

La mediocridad a la que se ve sometida la televisión canaria es sangrante e insufrible para aquellos que deseamos medios de comunicación fuertes y libres. Una situación insostenible que ya no se puede maquillar, ni siquiera con una campaña publicitaria diciendo a los televidentes canarios que te vean. La Canaria consigue levantarse todas las mañanas gracias al esfuerzo de todos esos profesionales que trabajan y creen en ella. Y lo hacen a pesar de todo, a pesar del caso Willy García, que dejó a Videoreport en números más que rojos, a pesar también de tener unas audiencias cada vez más mermadas por la falta de contenido.

Que los canarios admitamos los supuestos contratos a dedo a productoras amigas por parte del exdirector de la televisión pública canaria Guillermo García y que aquí no pase nada es un expediente equis que todavía no consigo entender. El caso Willy García se resume en una serie de contratos firmados por el exdirector de la tele canaria por un valor superior a un millón y medio de euros. Todo ello con la supuesta finalidad de realizar una serie de programas y entrevistas de dudosa calidad para echarle una mano a la productora de su amigo Francisco Padrón.

¿Será la pasividad de la que hablaba Jordi Évole la que hace que los canarios y los profesionales que trabajan en los medios de comunicación no pongan el grito en el cielo? O ¿será que ya hemos dado por perdida a la televisión pública?

Los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno regional (CC Y PSOE) han decidido hacer borrón y cuenta nueva con la gestión de Willy García al frente de Radiotelevisión Canaria durante los últimos ocho años y, por tanto, no han apoyado la propuesta de Podemos para que el Ejecutivo se persone en el proceso judicial abierto por presunta malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y prevaricación.

Y se han negado a ello, en un lavado de manos político, pese a asegurar que, como afirma Podemos, creen que “los ciudadanos deben saber qué ha ocurrido en RTVC” y ambos grupos consideran estar “muy interesados en que todos los hechos se esclarezcan”.

No obstante, el socialista Gustavo Matos ha dicho que el hecho de que “se persone el Gobierno sería un paso atrás en la independencia de la gestión del ente” frente al Ejecutivo, mientras que la nacionalista Socorro Beato ha incidido en que “el 19 de noviembre los letrados  de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias decidirán si es menester una doble personación”, ya que es la fecha de la comparecencia en los juzgados fijada tras la personación del Consejo Rector en el proceso judicial abierto contra García y la ex directora financiera, Lourdes Reyes.

Unos argumentos que no han satisfecho al portavoz de la fuerza morada en la Comisión de Gobernación, Francisco Déniz, para quien el Gobierno que preside Fernando Clavijo “debe personarse, porque hay responsabilidades políticas de personas que siguen estando en el Gobierno”.

Las manos limpias

“El Gobierno debe dejar claro y manifiesto ante la sociedad que no tiene nada que esconder, que tiene las manos limpias, que no está ocultando ni amparando a nadie, porque la sociedad está muy defraudada con todo este asunto de la supuesta malversación de fondos públicos”, dijo Déniz. 

Para Podemos, de ser ciertos los hechos por los que está siendo investigado García, significaría que “traicionó la confianza que se puso en él, no solo al Gobierno y a los partidos que lo apoyaron, sino que traicionó a toda la sociedad canaria”. 

“No nos vale el argumento de que fue nombrado por Paulino Rivero. En esta nueva andadura que se supone de cambio, renovación y transparencia al Gobierno le interesa eliminar rémoras del pasado que están haciendo un daño tremendo a la credibilidad de las instituciones”, concluyó el portavoz de Podemos. 

En la misma línea, el conservador Emilio Moreno afirmó que el proceso penal en fase de instrucción abierta  puede concluir con una “responsabilidad penal significativa de los anteriores gestores del ente público”, por lo que las noticias que trascienden sobre la investigación “son preocupantes y deberían hacer al Gobierno personarse”. 

La portavoz del Grupo Mixto, Melodie Mendoza (ASG), que se abstuvo en la votación de la propuesta de Podemos,afirmó que pese a que la anterior gestión “ha dañado la credibilidad del ente”, no es de recibo “criminalizar” a RTVC, ya que en esta nueva etapa el Consejo Rector está actuando “con la máxima colaboración” tanto con la Justicia como con el Parlamento de Canarias. 

Al respecto, la nacionalista Beato ha incidido en que “el ente tiene plena autonomía frente al Gobierno y solo da cuenta al Parlamento”, además de que los nuevos responsables de RTVC están actuando “con absoluta colaboración con el Juzgado de Instrucción”.  

“Está fuera de toda duda la lucha de PSOE por cambiar un modelo de gestión de RTVC que daba lugar a fundadas sospechas de intervención del poder político. El nuevo modelo fue impulsado por el PSOE para que prime la independencia del ente. El Consejo rector ya se ha personado y es suficiente hasta el momento, y se dirimirán responsabilidades políticas cuando los hechos estén probados, por respeto a la presunción de inocencia, aunque no parece que la instrucción vaya a ser sobreseída”, remachó el socialista Matos. 

Como se recordará, el exdirector de RTVC está imputado por malversación de dinero público, a cuenta de unos contratos suscritos hace ocho años con la productora Amanecer Latino por más de un millón y medio de euros para unos programas que, o no fueron emitidos o lo hicieron en franjas horarias más baratas que el precio 'prime time' abonado.

El Consejo Rector de RadioTelevisión Canaria ha decidido este viernes personarse en las diligencias previas que se siguen para esclarecer determinadas contrataciones efectuadas por el anterior director general de Televisión Pública de Canarias S.A,, Willy García.

Según indica la RadioTelevisión Canaria en un comunicado, el Consejo Rector ha acordado solicitar a los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias la formalización del citado acuerdo.

En la reunión celebrada este viernes se abordó también el documento que recoge los principios básicos de producción y programación establecidos en el art. 24 de la Ley 13/2014, así como de las directrices generales de la realización de las actividades de producción y programación en la Televisión Pública Canaria hasta finales del año 2015.

En su primera votación, el Anteproyecto de Presupuestos para 2016 del Ente Público RTVC, así como los de explotación y capital de sus sociedades, Televisión Pública de Canarias, S.A. y Radio Pública de Canarias S.A., no obtuvo la aprobación del Consejo Rector, por lo que se abordará en una sesión específica a celebrar la próxima semana

Lourdes Reyes, ex directora financiera de la Radio Televisión Canaria, apuntó al periodista Daniel Cerdán como el estratega de las negociaciones con la Seguridad Social para saldar la deuda del empresario audiovisual Francisco Padrón, aunque esa deuda se saldara finalmente desde que Guillermo García tomara posesión de su cargo como responsable del ente público, con la contratación de cinco seriales sobre deportistas canarios por más de 1.600.000 euros.

Reyes, que declaró este jueves ante la magistrada del juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, sostuvo en su declaración que las negociaciones para saldar la deuda de Padrón de 1.314.933,94 euros fueron entabladas por Cerdán con la Seguridad Social durante los pocos meses en que éste fue director general de la RTVC, entre marzo y diciembre de 2007, según explicó a la prensa Pérez Ventura, representante de IUC, que ejerce la acusación popular.

Imputada por malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias (los mismos delitos por los que está imputado Guillermo García), Reyes afirmó que en noviembre de 2007 asistió a una reunión con el director territorial de la Seguridad Social para “saber cómo hacer” con los pagos a la embargada productora de Padrón, Amanecer Latino, y que acudió acompañada de una abogado del despacho de Garrigues Walker, pero “siguiendo indicaciones de Cerdán”, señaló el abogado de IUC.

Añadió que “como le indicaban los servicios jurídicos”, no era necesario en esas contrataciones aplicar la Ley de Contratos del Sector Público, por mediar la Ley de Propiedad Intelectual, y que había un modelo de ‘contratos tipo’ de programas, elaborados por los servicios jurídicos, en los que únicamente había que modificar el nombre de la empresa contratada y la cuantía del producto“.

La ex directora financiera, además, habría recalcado ante la magistrada que su trabajo consistía en verificar si había crédito suficiente para los distintos pagos, aunque el órgano de contratación recaía única y exclusivamente en Guillermo García, como este mismo afirmó este miércoles en el órgano judicial.

Cerdán: “Yo no di esa orden”

Daniel Cerdán, en la actualidad comisionado para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública, nombrado por el Parlamento de Canarias, negó este jueves a Canarias Ahora cualquier tipo de relación con los acontecimientos relatados en el juzgado por la ex directora financiera de Radiotelevisión Canaria.

Su mandato como director general se extendió solo nueve meses, entre marzo y noviembre de 2007, y abandonó el puesto por voluntad propia presentando su dimisión. 

“Ni ordené a Lourdes Reyes que se reuniera con los responsables de la Tesorería de la Seguridad Social ni negocié contrato alguno”, insistía Cerdán. “Desconozco la agenda de los directivos de la casa, o si alguno se reunió o no con ese organismo, pero lo que sí tengo muy claro es que si esa reunión se produjo no fue por indicaciones mías, ni se me reportó su resultado ni, por supuesto, se tomó alguna decisión en relación con ella”, recalcó el comisionado para la Transparencia.

En un comunicado emitido la tarde-noche de este jueves, Cerdán aseguró que “durante los nueves meses que dirigí RTVC no me reuní, ni contacté, ni negocié ni formalice ni firmé nada con el delegado provincial de la Seguridad Social en 2007, don José María Casero, al que no conocía ni entonces ni he conocido en ningun momento posterior”. Además, insistió en que “después de presentar mi carta de dimisión al presidente del Gobierno de Canarias en noviembre de dicho año, el Ejecutivo canario anunció públicamente el nombramiento de Guillermo Garcia como director general el 30 de noviembre de 2007. Su nombramiento apareció en el BOC el 4 de diciembre, tomó posesión el día 7 y firmó los primeros contratos con Amanecer Latino en los primeros días de 2008”.

El ex director general de la Radio Televisión Canaria, Guillermo García-Machiñena, ha asumido ante la juez de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife ser el único responsable de las contrataciones millonarias a la productora Amanecer Latino, de Francisco Padrón, durante las casi tres horas en las que este miércoles ha declarado como imputado por malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, y prevaricación.

Guillermo García afirmó, tanto a Canarias Ahora antes de entrar en el juzgado, como después, ante la magistrada María Lorenzo Cáceres Farizo, que la responsabilidad de la contratación de los 260 programas dedicados a estrellas del deporte canario, fue responsabilidad exclusivamente suya, sin la orientación o consejos de otras personas. “Uno tenía una idea de la televisión que quería hacer. Que fuese lo acertado o no es por lo que estoy aquí”, afirmó.

Asimismo, a preguntas de la magistrada y de la acción popular, que ejerce Izquierda Unida Canarias a través del abogado José Pérez Ventura, García-Machiñena negó que esas contrataciones se debiesen a “indicaciones directas” de Paulino Rivero u otros miembros del Gobierno.

La declaración del ex director del ente público duró cerca de tres horas, asistido por el letrado Rafael Castro. Fue preguntado por el coste de los programas, que supusieron 1.639.800 euros, en cinco contratos idénticos efectuados entre febrero y septiembre de 2008, y que sirvieron para que Padrón pudiera saldar una deuda con la Seguridad Social de 1.314.933,94 euros desde 2006, por lo que la Policía Judicial sospecha que pudo haber un pacto entre Padrón y Guillermo García para ayudarle a saldar esa deuda.

Ese precio (cerca de 7.000 euros por cada uno de los reportajes, de media hora de duración), fue considerado “adecuado a la oferta del mercado” por García-Machiñena, aunque en la investigación policial que ha dado lugar a la apertura de las diligencias previas no consta que hubiese estudios económicos o de esa oferta de mercado.

“Todo fue lícito”

El periodista y productor Francisco Padrón, que ya había realizado los programas para su televisión local Canal 7, y que los revendió a la Televisión Canaria, también fue interrogado exhaustivamente por la magistrada de Instrucción Número 4 como imputado en delitos de malversación y tráfico de influencias. Entró en el juzgado a las 10.10 horas y salió después de las 13.15 horas.

Su abogado, Ángel Isidro Guimerá, negó que hubiese habido reuniones en la vivienda de Paulino Rivero para ayudar a Padrón a saldar su deuda con la Seguridad Social. “Todo fue lícito”, afirmó el letrado, quien añadió que las producciones de Padrón “eran las más baratas del mercado”.

En cuanto a la malversación de caudales públicos, añadió que “no cabe ese delito porque cliente no manejaba ese dinero”. Para finalizar, puntualizó que va a pedir el sobreseimiento de la causa y que, una vez obtenido, ejercerá acciones legales por el atentado al honor de Padrón.

No es esa la visión de Pérez Ventura, quien manifestó a la prensa que “ha quedado claro que el precio por cada programa fue verbal y pactado, como si se tratase de una tarifa plana. Además, los contratos se debieron a una decisión unilateral, sin que se estudiaran ofertas de otras productoras y sin que hubiese concurso público”.

Este jueves debe declarar Lourdes Reyes, ex directora financiera del ente público y quien autorizó los pagos a Padrón, que fueron abonados directamente a la Seguridad Social.

Parte de los 260 programas que contrató en 2008 el exdirector general de la Radio Televisión Autonómica Canaria, Guillermo García-Machiñena, con Francisco Padrón García y su productora Amanecer Latino, fueron programas revendidos, puesto que ya habían sido grabados y montados con anterioridad, pero para la propia cadena de televisión de Padrón, Canal 7 del Atlántico.

Guillermo García pagó 1.639.800 euros por esos programas (260 reportajes sobre deportistas canarios, de 30 minutos de duración cada uno) en cinco contratos idénticos que se suscribieron entre febrero y septiembre de 2008 con Amanecer Latino, productora del que fue su mentor y “padrino” en Radio Club Tenerife.

Por ello, el exdirector de la RTVC ha sido imputado por malversación de caudales públicos y deberá declarar ante la juez titular del juzgado de instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife el próximo 29 de julio, según ha informado la agencia EFE.

Que parte de los programas ya estuvieran realizados y montados, amén de su mala calidad, con una simple cámara fija en plató, llevó a los profesionales de medios audiovisuales, consultados como peritos en las últimas semanas por la jueza María Lorenzo Cáceres-Farizo, a informar de que el pago de más de 6.000 euros por cada uno de ellos fue excesivo y no se adecuaba al mercado audiovisual en Canarias.

Guillermo García-Machiñena está imputado tras dos denuncias por las contrataciones que llevó a cabo con Padrón y que han sido investigadas por el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Judicial. Una de ellas fue presentada por la diputada del PP Águeda Montelongo ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, y la segunda se llevó a cabo de forma anónima ante la misma Policía Nacional.

Cuando Águeda Montelongo pidió a Guillermo García-Machiñena que aportase pruebas de la emisión de los programas contratados con Francisco Padrón apenas recibió una decena de las entrevistas que figuraban en la web de Canal 7 del Atlántico, pero no en la web de la Televisión Autonómica Canaria.

Una posterior investigación por parte de la Policía Judicial tras la denuncia anónima arrojó que algunos de los programas contratados fueron emitidos por la televisión pública en horarios de madrugada sin apenas audiencia, pero no hay constancia de que se emitieran los 260 programas contratados, y no hay rastro de al menos una treintena de ellos.

Los contratos que firmó Guillermo García con Amanecer Latino coinciden en el tiempo con el juicio por abusos sexuales a menores al que se enfrentó Francisco Padrón, y que concluyó en dos años de condena, ya que los menores, todos menos uno, se desdijeron de sus acusaciones, lo que llevó a que esos menores fueran imputados por falso testimonio. La Fiscalía había pedido 18 años de cárcel por ocho delitos de abusos sexuales.

Padrón, además, tenía una deuda contraída con la Seguridad Social de 1.314.933,94 euros desde 2006, por lo que la Policía Judicial sospecha que pudo haber un pacto entre Padrón y Guillermo García para ayudarle a saldar esa deuda.

La productora Audiovisual Amanecer Latino fue creada por Francisco Padrón García en 1994, pero en el año 2000 consta su cierre de hoja registral, por no haber aportado al Registro Mercantil el depósito de cuentas anuales, y desde 2006 no hay constancia en la Administración Tributaria de la continuación de su actividad, aunque los contratos con la TVAC son de 2008.

La Tesorería General de la Seguridad Social ya había advertido a la empresa pública desde 2006 que cualquier pago a Padrón debería ser embargado hasta satisfacer la deuda pendiente.

Guillermo García, ex director general de RadioTelevisión Canaria (RTVC), asignó pocos meses antes de abandonar el cargo hasta cinco contratos por un valor total de 1,3 millones de euros a Report Line Producción Audiovisual, propiedad del periodista y cineasta Lucas Fernández, persona del círculo más estrecho del exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y exsenador de Coalición Canaria Miguel Zerolo. Estas adjudicaciones coincidieron en el tiempo con el proceso de compra por parte de Plató del Atlántico, otra de las empresas de Fernández, del 51% de las acciones del grupo de comunicación propietario del periódico Diario de Avisos y de Teide Radio, entre otras compañías multimedia. Esta operación se materializó el pasado 8 de febrero.

En la última remesa de contratos del ente público antes de la salida de García y de la elección, el 25 de marzo, del Consejo Rector presidido por Santiago Negrín, Report Line figura como la principal beneficiada. Las tres primeras adjudicaciones se firmaron la víspera del Día de Reyes, según un documento interno del ente público al que ha tenido acceso este periódico.

Uno de estos contratos, por un montante de 295.100 euros (22.700 por cada uno de los 13 programas de 50 minutos de duración), estaba destinado a la producción del magacín Abriendo Puertas, que se emite los miércoles a las 23.25 horas desde finales de febrero . Este espacio, según explica la página web de la Televisión Canaria, “entra en los edificios más destacados del patrimonio arquitectónico y ofrece su historia y sus datos desde un punto de vista novedoso”. Subraya además que para la grabación de las tomas aéreas se han utilizado drones.

El segundo de ellos, Parranda canaria, sigue la estela de producciones musicales como La bodega de Julián o Parrandiando y ha costado 260.000 euros.. Con una duración de una hora y media, se emite los viernes y sábados a las 21.15 horas. En comparación con otro de los espacios dedicados al folclore de las Islas, Noche de taifas, de la productora Siete Mares, el precio es bastante superior (20.000 euros por programa frente a 6.000).

De la misma fecha es la adjudicación para la realización de Venus a la vista, un magacín en el que el periodista Andrés Chaves entrevista en un plató a mujeres del Archipiélago que han cosechado éxitos en distintos ámbitos. Por esta producción, Report Line recibe 257.400 euros, ya que cada uno de los programas de 50 minutos tiene un coste de 19.800 euros. Las entrevistas se pueden ver los lunes a las 23.50 horas.

El 20 de marzo, apenas cinco días antes de la elección del nuevo órgano rector y un mes después de la compra del decano de la prensa canaria por parte de Plató del Atlántico, el ente público rubricó otros dos contratos con la productora de Lucas Fernández para la emisión de 13 nuevos programas de Parranda canaria y otros 13 de Abriendo Puertas, aunque en este caso con un coste ligeramente inferior por pase, de los 22.700 iniciales a 20.000.

Lucas Fernández es socio único de Report Line Produccón Audiovisual desde el 30 de junio de 2011. En septiembre de ese mismo año fue imputado por la juez Carla Bellini dentro de la causa penal del caso Las Teresitas. En una de sus líneas de investigación, la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional puso el foco en Fernández y en el también periodista Jorge Bethencourt por un presunto delito de blanqueo de capitales por la compra en el año 2001 de la cadena Azul TV, aunque la pieza fue finalmente archivada.

Santiago Negrín es un periodista decente que ha procurado siempre ser ecuánime en sus juicios y generoso en la administración de sus afectos

Santigo Negrín, jefe de los servicios informativos de la cadena Ser en Canarias, ha sido elegido por el Parlamento de Canarias presidente del Consejo Rector de la radio televisión pública, después de una serie de movimientos orquestales en la oscuridad que retrasaron la renovación del Consejo un mes. Después de casi ocho años de absoluta inoperatividad del Consejo anterior, el Parlamento aprobó a propuesta del PSOE una ley que modifica completamente la estructura de poder en el Ente, fijando en el cuerpo legal lo que fue el espíritu de la tele canaria desde su fundación hasta la llegada de Rivero al poder.

Al contrario de lo que suele pensarse, la larga etapa de Willy García al frente de la tele, a pesar de la absoluta ausencia de control por parte del Consejo, no supuso una etapa de mayor libertad para el director de la tele. Tras su polémico nombramiento y su toma de posesión en Presidencia del Gobierno, Willy ni siquiera nombró a su equipo, directamente dispuesto por el presidente Rivero. La intromisión de la Presidencia del Gobierno en la cotidianeidad de las decisiones de la tele fue absoluta. Fue Rivero quien decidió que se anulara el contrato vigente, decisión rechazada por los tribunales que acabará costando una fortuna a la tele canaria y a los bolsillos de los ciudadanos. Fue Rivero quien nombró al jefe de los servicios informativos, a la directora de la radio, a la directora de antena, quien puso y quitó a periodistas en pantalla y quien decidió qué productoras debían ser atendidas y cuales ser vetadas.

La obsesión del presidente por someter y controlar a los medios y a los periodistas de Canarias abrió una etapa en la que la tele mutó todas sus funciones y obligaciones de servicio público para convertirse en un instrumento del poder presidencial. Una vergüenza que ha durado ocho años, que llenó el ente de caspa, sepultó las ideas con una visión trasnochada y pueblerina de la realidad de las islas, nos saturó de sucesos, inauguraciones y deportes con Rivero en la imagen, puso los informativos al servicio del presidente y su peineta y trasformó el dinero de la tele en una formas de comprar lealtades y silencios.

Hay algo de justicia poética en el hecho de que Rivero contemple como el Parlamento le enmienda finalmente la plana a su política catódica. Aunque él retrase el nombramiento de Negrín hasta -al menos- agotar el mes de espera que le permite la ley, el cambio es inevitable. Rivero podrá amagar, podrá no firmar el nombramiento o podrá irse de viaje. Pero Willy García haría bien vaciando ya los cajones de su mesa.

Negrín recibiría ayer, probablemente, un buen saco de llamadas y felicitaciones. Es un periodista decente que ha procurado siempre ser ecuánime en sus juicios y generoso en la administración de sus afectos. Pero yo no le felicito. Lo que le ha caído encima es un marrón de proporciones gigantes: con la única ayuda de un consejo muy sometido a presión partidaria, y la ineficaz protección de un Parlamento aún más dividido que el actual, Negrín tiene que limpiar la casa, trasparentar cuentas y contratos, levantar alfombras y dejar que entre aire nuevo. Recorrer el camino hacia atrás de un ente viciado por casi ocho años de cesarismo e incompetencia, apenas salvado por el esfuerzo de sus profesionales y la pericia empresarial de los adjudicatarios. Lidiar con ellos –los adjudicatarios del servicio- y con quienes pretenden recuperarlo, intentando un equilibrio razonable que entierre para siempre la guerra empresarial entre los medios. Integrar a las pequeñas productoras, que es donde florece el talento. Dar rienda suelta a la libertad y a la energía de los profesionales, acabando con la autocensura y las servidumbres pretendidamente institucionales. Y –sobre todo- hacer una televisión visible, cordial, alegre, entretenida, decente, plural, culta y pegada al terreno, pero sin complejos.

Lo dicho. Un enorme marrón para Santi Negrín. Le deseo mucha suerte. La va a necesitar…

Cuando se acude a la vía penal, es mejor apuntar en una dirección que dispersar el tiro hacia todo lo que se mueve.

Después de más de un año de agarradas, reconsideraciones y acusaciones cruzadas, la diputada Agueda Montelongo ha decidido llevar la polémica gestión de Willy García al frente de la tele pública durante estos últimos siete años a la Fiscalía Anticorrupción. La decisión se la anunció doña Agueda a don Willy en la última reunión de la comisión de control de la televisión pública canaria, celebrada en el Parlamento regional el pasado viernes. En ella, Willy García volvió a negarse a presentar la documentación que le ha sido exigida por el Parlamento sobre su chiripitiflaútica forma de contratar desde la tele, y él volvió a defender su gestión alegando los méritos de audiencia de sus concursos, su fútbol y sus programas de sucesos. Todo un clásico.

Al final, la señora Montelongo y el señor García se verán las caras en Anticorrupción, donde García debería dar cuenta de los contratos suscritos con la productora de Francisco Padrón, para realizar alrededor de 260 programas de entrevistas que no se ha podido demostrar se emitieran nunca, y también la sorprendente abundancia de contratos adjudicados a dedo a las productoras Doble Diez y Siete Mares, que en medios profesionales se consideran vinculadas al entorno personal y político del propio García. Eso, sin duda, habrá primero que probarlo, porque no es lo mismo señalar coincidencias que probar vinculaciones, pero es cierto y cuando menos chocante que esas dos productoras concentran una parte muy importante de la producción, que se multiplicó desde la llegada de García a la dirección. Podría decirse que son las dos productoras más activas en la tele del paulinato, sin faltar a la verdad.

Sin embargo, si el objetivo de doña Agueda es demostrar que en la tele se han producido actuaciones penalmente punibles en la adjudicación y contratación, creo yo que sería mejor centrarse en los encargos a la productora de Padrón que al parecer no se emitieron nunca: cuando se acude a la vía penal, es mejor apuntar en una dirección que dispersar el tiro hacia todo lo que se mueve.

Es verdad que en el PP de Tenerife parece existir cierto temor a ocuparse de esos contratos, que implican a un famoso periodista tinerfeño, que además se encuentra hoy imputado en otras causas penales de extrema gravedad. La diputada Montelongo no ha contado con el apoyo de todo su partido en esta particular guerra que se trae con Willy García, pero aún así parece decidida a llegar hasta el final.

Si, como dice el diputado de Nueva Canarias (NC) Pedro Justo, “el algodón que demuestra la calidad de una televisión pública es que la oposición esté contenta, y no el Gobierno”, se puede asegurar que esta máxima no se aplica, de momento, a la nueva Ley de la Radiotelevisión Canaria (RTVC).

Y es que, aunque está consensuada la mayor parte del texto, la elección de los componentes de la nueva dirección del ente público sigue enfrentando a los grupos del Pacto (CC y PSC) y de la oposición (PP y Mixto).

Aunque el futuro presidente del Consejo Rector del ente RTVC (cargo que sustituirá al actual de director general) ya no se elegirá a dedo por el presidente del Gobierno, como hasta ahora, el PP y NC recelan de que el sustituto de Willy García pueda ser nombrado en solitario por los grupos que apoyen al futuro Ejecutivo sin contar con la oposición.

Así ha quedado de manifiesto durante el debate de las enmiendas a la Ley celebrado en la Comisión de Gobernación, que ha dejado el texto ultimado para que sea refrendado por el pleno del Parlamento.

Según el texto que apoyan socialistas y nacionalistas, tanto la elección del presidente del Consejo Rector del ente RTVC como del resto de sus componentes “requerirá una mayoría de dos tercios del Parlamento”, es decir, 40 diputados.

Esta mayoría reforzada, que implica contar necesariamente con algún grupo de la oposición, se va rebajando sucesivamente, mes a mes y sesión plenaria tras sesión plenaria, en el caso de que no se consiga el consenso.

Si cinco meses después del primer intento ni siquiera 36 diputados (tres quintos) apoyan la elección, ésta podrá llevarse a cabo con el respaldo de 31 de las señorías (mayoría absoluta) y de no alcanzarse, se iniciará nuevamente el procedimiento de elección con una nueva propuesta de personas por parte de los grupos políticos representados en el Parlamento que deberá contener el cambio de, al menos, la mitad de sus componentes.

Favorecer el consenso

“Hay que intentar favorecer el consenso. Poner una retahíla de votaciones rebajando las mayorías necesarias es negativo si al final el Gobierno acaba eligiendo sin consensuar con la oposición los órganos de dirección de la RTVC”, ha asegurado el diputado de NC.

Según las tesis del representante del Grupo Mixto en la Comisión, “si no somos capaces 60 parlamentarios de ponernos de acuerdo, no damos ejemplo”, por lo que ha propugnado “forzar los consensos quitando la mayoría absoluta”.

En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular, Águeda Montelongo, para quien “no debemos hacer una Ley por la puerta falsa que deje la mano abierta a que se cometan los mismos errores”.

“No queremos que la futura RTVC sea como la actual, un instrumento de propaganda política al servicio del presidente del Gobierno con instrucciones directas al director general”, insistió Montelongo.

Por el contrario, tanto la nacionalista Nuria Herrera como la socialista Belinda Ramírez han defendido que el modelo de elección “favorece las mayorías e impide que la falta de consenso bloquee el nombramiento”.

Además, ambas consideran que cinco meses son más que suficientes para que la oposición apoye un Consejo Rector cuyos componentes han sido propuestos por todos los grupos parlamentarios y que, previamente, se han sometido a un examen ante los diputados.

Con todo, la discrepancia del PP se extiende a la cualificación de los componentes, pues Montelongo cree que “vamos a reproducir el modelo de la Universidad de la vida” permitir que puedan acceder al cargo “personas con formación superior o de reconocida competencia” en la comunicación.

Al respecto, Herrera ha recordado que los miembros del Consejo Rector serán elegidos por el Parlamento de entre personas “de reconocida cualificación y experiencia profesional”.

Pluralidad y objetividad

Con todo, la nueva RTVC, cuya legislación renovará la vigente, que data de 1984 y será aprobada en una próxima sesión plenaria, va más allá del mero cambio de procedimiento para designar los órganos directivos del ente público RTVC.

Así, se crea un órgano para que la sociedad civil participe en el ente y garantice la pluralidad del mismo como servicio público.

En este sentido, el Consejo Asesor estará compuesto por un total de 26 miembros (7 representantes de los cabildos, uno del Instituto Canario de la Igualdad y otro en representación del Instituto Canario de la Juventud, 2 representantes designados por las centrales sindicales, 2 representantes designados por las organizaciones empresariales, 3 representantes de la industria cultural, audiovisual y periodística, un representante de las asociaciones de consumidores y usuarios, un representante del sindicato más representativo en RTVC, un representante de los trabajadores del ente, un representante del Consejo Escolar y un representante por cada una de las universidades canarias).

Por último, y como se establece en el artículo 23 del texto legislativo, se crean lo consejos de Informativos como órganos internos de participación de los profesionales de la información del ente RTVC “para velar por su independencia, objetividad y veracidad de los contenidos informativos

La Televisión Canaria compró en el año 2008 a la productora Amanecer Latino SL, administrada por el periodista Francisco Padrón, un programa de diez capítulos que tenía como protagonista al novelista tinerfeño Alberto Vázquez Figueroa y que nunca llegó a emitirse por la entrada en vigor en 2010 de la denominada ley antitabaco, que prohíbe a los medios de comunicación mostrar imágenes de fumadores. El mundo de Vázquez Figueroa costó 90.000 euros, 9.000 por episodio.

El protagonista “aparecía en todos los programas con un cigarro en la mano y la ley lo prohibía taxativamente”, afirman desde el gabinete de Willy García, director general del ente público Radiotelevisión Canaria. Las mismas fuentes aseguran que las cintas se encuentran en las bodegas de la televisión y que es habitual que las cadenas no emitan los programas que compran de forma inmediata, sino en función de la planificación del departamento de programación.

El contrato de producción de El mundo de Vázquez Figueroa es uno de los seis firmados en 2008 con la productora de Francisco Padrón, acuerdos que se encuentran bajo sospecha después de que Willy García se haya negado a dar explicaciones sobre ellos tanto en el Consejo de Administración del ente como en la comisión de control del Parlamento canario.

Los otros cinco programas, adquiridos por 1,63 millones de euros para la realización de varias series de entrevistas a deportistas del Archipiélago, sí que fueron emitidos por la televisión pública canaria, según un certificado al que ha tenido acceso este periódico.

El primero de ellos, Valores del deporte canario, se difundió entre el 13 de julio de 2008 y el 30 de noviembre de 2009, con un total de 48 primeras emisiones (de las 52 previstas) en el segundo canal -en un principio sobre las 10.00 horas y, posteriormente, entre las 05.00 y las 07.00- y 16 repeticiones. Este programa cosechó una audiencia de apenas el 0,1%.

En su segunda temporada se programaron 27 emisiones y 27 redifusiones y alcanzó una cuota de pantalla del 1% sin variar la franja horaria..

De la serie Promesas del deporte canario constan en el certificado de la Televisión Canaria un total de 113 emisiones, de las cuales 59 corresponden a redifusiones. La primera de ellas fue colocada en la parrilla de Televisión Canaria Dos el 12 de julio de 2008 a las 16.02 horas y la última, el 25 de julio de 2010 a las 06.05 horas por la misma cadena. La audiencia media fue del 0,1%.

En el caso de Protagonistas del deporte canario, la Televisión Canaria solo emitió, entre el 23 de marzo de y el 29 de agosto de 2010 y también por el segundo canal, 48 de los 78 capítulos previstos en el contrato. Uno de ellos, el dedicado a Quico Cabrera, expresidente del Tenerife Marichal de voleibol femenino, se adelantó a diciembre de 2008 y se difundió en prime time (22.49 horas) un día después del fallecimiento de Cabrera. Las otras entrevistas fueron emitidas de madrugada (entre las 02.00 y las 03.00) o alrededor de las 06.00 horas. Con una media de 1.000 espectadores por programa, obtuvo un 1,4% del share.

Solo ocho de los 51 capítulos de Glorias del deporte canario se emitieron por el primer canal de la Televisión Canaria. Fue en mayo de 2009, siempre durante la madrugada (entre las 02.00 y las 03.00 horas) y registró una audiencia media de 9.000 espectadores, el 15,9% de cuota de pantalla. Cuando empezó a difundirse por la segunda cadena, en agosto de 2010, la media bajó a 1.000 espectadores y el 1,4% de share con un horario de emisión similar al del resto de programas, sobre las 06.00 horas.

El primero se firmó un 14 de febrero, Día de los Enamorados. Concretamente, el de 2008. De una parte, Willy García, recién nombrado director de Radiotelevisión Canaria. De la otra, Francisco Padrón, dueño de Canal 7 del Atlántico, administrador único de la productora Amanecer Latino y y exjefe de García en Radio Club Tenerife. Sobre la mesa, la realización de una serie de 52 entrevistas de aproximadamente 30 minutos a deportistas isleños bajo el título genérico Valores del deporte canario. El coste ascendía a 328.000 euros, más de 6.300 por programa y Padrón se comprometía a entregar el material antes del 30 de mayo.

A este primer contrato, de ocho páginas, le sucedieron cuatro prácticamente idénticos en apenas siete meses. El 17 de marzo ambas partes rubricaron otro acuerdo por el mismo importe para la producción de 52 entrevistas a promesas del deporte canario. Tan solo quince días después, el 1 de abril, la misma operación, las mismas condiciones y el mismo coste. Solo cambiaba el nombre del programa, Glorias del deporte canario.

Transcurrieron exactamente cuatro meses hasta que se cerró el cuarto contrato, en esta ocasión por 78 entrevistas y 492.000 euros bajo el epígrafe Protagonistas del deporte canario. No acabó ahí el vínculo. A la productora de Padrón se le debió quedar en el tintero algunos valores isleños y decidió ampliar el primero de los programas 26 capítulos, con un coste añadido de 163.800 euros. En total, cinco contratos, el último fechado el 25 de septiembre, que le costaron a Radiotelevisión Canaria 1.639.800 euros.

La diputada del Partido Popular Águeda Montelongo preguntó el pasado jueves por estos 260 programas en la comisión de control del ente, ante la sospecha de que nunca se llegaron a emitir. Y Willy García decidió no responder para huir de “débates estériles” y del “morbo político” que, a su juicio, buscaba la parlamentaria conservadora.

El director de Radiotelevisión Canaria volvía a eludir una cuestión que no solo ha sido reclamada por el PP, sino por otros grupos políticos tanto desde el Consejo de Administración como desde la propia comisión de control. Y la contestación del ente siempre ha sido la misma, una opacidad que ha alimentado las suspicacias en torno a los contratos firmados con Francisco Padrón, el periodista que poco tiempo después de rubricarlos se enfrentaría a un juicio en el que resultó condenado a dos años de prisión por abusar de un menor y a quien García reconoció en una reciente entrevista en el El Día como una de las persnas que más le ha ayudado y que ha marcado “un antes y un después” en su carrera.

Lo cierto es que de los 260 programas de la productora Amanecer Latino apenas hay datos. Radiotelevisión Canaria no ha aportado las cintas ni el certificado de emisión ni los datos de audiencia que habría obtenido. Según un anexo de programas remitido por el ente al que ha tenido acceso este periódico, las entrevistas se habrían emitido entre el 17 de marzo de 2008 y el 20 de octubre de 2010 en un solo pase por la ya desaparecida Televisión Canaria Dos -dejó de emitir en agosto de 2012-. En este documento aparecen fechados 213 programas y sin datar otros 32.

En algunas parrillas de programación de la época figura la emisión de capítulos por este segundo canal a horarios como las 02.25 o las 06.00 horas.

En la página web de la Televisión Canaria no hay ninguna referencia a los programas de la productora de Padrón, pero en la plataforma Youtube sí se puede encontrar una de las entrevistas para el programa Valores del deporte canario, la realizada al que fuera campeón del mundo de kick-boxing Zeben Díaz. El programa está grabado íntegramente en un austero plató de los estudios de Canal 7 del Atlántico, sin exteriores ni imágenes de recurso. Según el anexo de programas del ente, este capítulo debió emitirse el 16 de noviembre de 2008.

La diputada Águeda Montelongo ya ha anunciado que próximamente -tenía pensado hacerlo el pasado lunes, pero finalmente lo ha aplazado- se presentará en la sede de la Televisión Canaria para reclamar la documentación sobre estos y otros contratos del ente y no descarta poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

Un Consejo de Administración de tres miembros

La opacidad y falta de control de la actividad de Radiotelevisión Canaria se ha agravado por la situación por la que atraviesa su Consejo de Administración, que cuenta en la actualidad con solo tres miembros: Larry Álvarez y Joaquín Ucelay, del Partido Popular, y Honorio García, de Coalición Canaria. En su origen, eran ocho los componentes de este órgano encargado de fiscalizar la gestión del ente público. Dos de ellos ya han fallecido: el socialista Domingo González Chaparro (en enero de 2011) y el nacionalista Marcos Brito (en octubre de 2014).

Los otros tres han presentado su renuncia por distintos motivos. Manuel González (PSOE), viceconsejero de Relaciones con el Parlamento, por incompatibilidad con el cargo qu ostenta en el Gobierno regional. José Manuel Bermúdez (CC), alcalde de Santa Cruz de Tenerife, para centrarse en su labor como regidor y porque no se sentía “cómodo” en el Consejo de Administración. El último en abandonar el órgano ha sido Miguel Guerra, de Nueva Canarias, la voz más crítica con la gestión de Willy García de los últimos años. El vocal renunció al cargo al entender que no tenía posibilidad de cumplir con la función de control asignada al Consejo y que el Parlamento y los grupos mayoritarios no habían tenido “la voluntad de velar por el interés general” para que el órgano cumpliese el papel asignado por ley.

La renovación de los miembros del Consejo de Administración de Radiotelevisión Canaria se encuentra bloqueada desde hace siete años porque la normativa fija que debe hacerse con el apoyo de tres quintos del Parlamento. Mientras se tramita en el Parlamento autonómico la nueva Ley de la Televisión Canaria -que el Gobierno prevé aprobar a finales de año-, el Consejo sigue sin tener operatividad, puesto que no cuenta con el quórum requerido para poder ejercer sus funciones.

Estamos hablando de casi 300 millones de las antiguas pesetas, que pudieron haber sido abonados sin contraprestación alguna a una empresa –Amanecer Latino- cuyo administrador único fue –durante muchísimos años- jefe directo del que hoy es el actual director general de Radio Televisión Canaria.

La televisión canaria firmó, entre febrero y septiembre de 2008, cinco contratos por un total de 1.639.800 a la productora Amanecer Latino, propiedad del periodista Francisco Padrón, para la realización de 260 programas, organizados en cinco series de programas, en los que se debía entrevistar a 260 deportistas, a sus amigos, conocidos, vecinos y familiares. Según ha denunciado el PP, los programas no fueron nunca emitidos, ni probablemente realizados, aunque sí fueron inmediatamente abonados.

El pago de los programas -260 capítulos contratados en sólo siete meses- se produjo poco antes de que Padrón se enfrentara a un macrojuicio en el que el fiscal le pedía un total de 13 años por pederastia. Padrón sólo fue condenado a dos años por abusos sexuales –lo que le evitó entrar en prisión- porque en la vista, seis de los menores denunciantes se desdijeron de las declaraciones efectuadas ante la Policía y ante la jueza instructora, declaraciones que incriminaban de forma directa a Padrón, asegurando que éste les había dado dinero a cambio de recibir favores sexuales. Aún a pesar del cambio de opinión de los menores, Padrón resultó condenado porque uno de los niños sí mantuvo su acusación de que entre sus 13 y 15 años, acudió con frecuencia a la finca de Padrón, donde Padrón le pagaba por desnudarse y dejarse tocar.

Pero volviendo a la tele, resulta que desde hace más de un año, desde distintos grupos y partidos políticos, se ha intentado conseguir que Willy García explique ante el Consejo de Administración de la tele o en la Comisión de Control del Parlamento dónde se encuentran esos 260 programas -y algún otro más encargado también a Padrón en esas fechas y que tampoco aparece- por los que se pagaron al final algo más de dos millones de euros. Preguntado por ese asunto hace unos meses, García insulto y amenazó a la diputada Agueda Montelongo, recibiendo por sus amenazas la reprobación unánime del Parlamento, aunque García no renunció a seguir en la dirección de la tele, algo inaudito en un mundo distinto al de la Universidad de la Vida.

Ayer, Águeda Montelongo pidió de nuevo información sobre el asunto, y García no aportó ninguna evidencia de haber recibido y emitido esa producción, que debería figurar en las bodegas de la tele, de acuerdo con la cláusula sexta de los cinco contratos firmados entre él y Francisco Padrón. La televisión apenas ha aportado una decena de entrevistas mal iluminadas, pésimamente realizadas, y que parecen coincidir con programas efectivamente montados por Padrón, pero para su propia televisión –Canal 7 del Atlántico- en cuya web puede encontrarse aún alguno de ellos, mientras en la web de la tele canaria no aparece ninguno.

Desde luego, parecen muchas coincidencias. Quizá haya llegado el momento de que este muy turbio asunto salte a los juzgados. Porque estamos hablando de casi 300 millones de las antiguas pesetas, que pudieron haber sido abonados sin contraprestación alguna a una empresa –Amanecer Latino- cuyo administrador único fue –durante muchísimos años- jefe directo del que hoy es el actual director general del Ente. Y además, en un momento en que ese dinero le resultaba imprescindible al antiguo patrón. Si esta historia tremebunda no es carne de Fiscalía, ya me dirán ustedes de que debe ocuparse la señora Farnés.

El secretario general de Radiotelevisión Canaria, Guillermo García, eludió este jueves responder en la comisión de control del ente del Parlamento de Canarias a las preguntas de la diputada del PP Águeda Montelongo al considerar que se trata de “debates estériles” con los que la parlamentaria busca “rédito político”, a la vez que desgastarle a él.

Montelongo había preguntado por la contratación de la productora Amanecer Latino para programas que en algunos casos fueron emitidos sólo por internet o por el segundo canal y que en otros no consta que fuera emitidos.

La diputada aludió a diez programas que costaron 2,3 millones de euros que solo se emitieron en el segundo canal y en canal de internet, y con un único pase.

También, según la diputada del PP, se contrataron por 328.000 euros una serie de programas denominado Glorias del deporte canario, a razón de 6.000 euros cada uno.

Esos programas, eran conversaciones en un plató, sin exteriores, y que en algún caso habrían sido emitidos anteriormente por otra cadena, Canal 7 del Atlántico, propiedad, como la productora, de Francisco Padrón.

En otro caso por el que preguntó Águeda Montelongo, se contrató por 90.000 euros a la misma productora el programa El mundo de Váquez Figueroa, del que no consta que fuera emitido.

“La cosa es más seria de lo que parece”, dijo Águeda Montelongo, quien acusó además a Guillermo García de retrasar al máximo la información por escrito que solicita sobre los contratos con productoras y de darla de forma incompleta.

El director general de RTVC eludió responder a las preguntas sobre estos contratos porque la preferencia por unas producciones u otras entra en el ámbito de los gustos y de la subjetividad, de manera que “el baremo” que hay que aplicar “son las audiencias”.

“No todos los programas son de mi agrado, porque no se trata de hacer la televisión que le gusta a una persona, sino una televisión para todos los públicos”, dijo García.

Subrayó que él huye de “los debates estériles” sobre “los gustos de cada uno” y que se plantean “para desgastar” a los responsables del ente y para “buscar rédito político”.

García citó a todos sus predecesores en el cargo al frente de RTVC, que contrataron a las mismas productoras, algo que él ha seguido haciendo con mucho menos presupuesto y ha incluido además a productoras más pequeñas contribuyendo a sostener la industria audiovisual.

En otra intervención, Águeda Montelongo criticó al director general por mantener como jefe de área de la jefatura de producción de programas de RTVC a Rubén Fontes, que a la vez ejerce como dirigente de Coalición Canaria.

Guillermo García defendió que Fontes es un extraordinario profesional y señaló que no se deben mezclar las afinidades políticas de cada cual con su profesionalidad.

Belinda Ramírez, del PSOE, coincidió en que no es razonable que un dirigente de CC sea el jefe de programas de RTVC y aseguró que mientras no se acabe con ese tipo de injerencias política no se podrá contar con un modelo neutral de televisión pública en Canarias.

No obstante, reprochó a la representante del PP que critique estas prácticas en las islas pero las mantenga en las televisiones públicas de las comunidades autónomas en las que gobierno y en Televisión Española.

Nuria Herrera, de CC y Guillermo García, también incidieron en las injerencias políticas del PP en las televisiones que controla.

Según defendió Nuria Herrera, “cada uno puede tener las convicciones políticas y que estime oportunas sin que eso suponga prejuzgar su profesionalidad”.

Tenemos Willy aún para unos meses. La ventaja es que el que lo sustituya después dependerá de un Consejo muy distinto. Y podrá levantar las alfombras y pasar la lupa por todos esos contratos.

El fallecimiento -la pasada semana- de otro de los miembros del Consejo de Administración del Ente Público RadioTelevisión Canaria, el alcalde Marcos Brito, coloca a este organismo en una situación completamente imposible. De los ocho miembros que lo integraban en un principio, han fallecido dos –el socialista González Chaparro y el nacionalista Brito (que había anunciado su renuncia del Consejo, pero no la había hecho efectiva)- y han dimitido otros tres: el alcalde Bermúdez, por considerar el Consejo poco compatible con la alcaldía chicharrera, el socialista Manuel González, por incompatibilidad formal con sus funciones actuales en el Gobierno regional, y Miguel Guerra, que fue elegido como representante por Coalición Canaria, pasó a Nueva Canarias y –después de ser durante varios años el mayor crítico de Willy García dentro del Consejo- acabó por tirar la toalla, supongo que para evitar morir de melancolía, que es el estado que produce el esfuerzo inútil. Quedan los dos representantes del PP –Larry Álvarez y Joaquín Ucelay y un solitario representante de Coalición Canaria, el conejero Honorio García-.

El consejo carece, pues, de quorum para que sus reuniones sean válidas, y ni siquiera el intento de Willy de considerarse a sí mismo parte de ese quorum, intento desmontado fulminantemente por los tribunales, puede aportarle hoy ningún tipo de funcionalidad. Así las cosas, la única opción posible es renovarlo y acabar con la indecencia que supone que los 38 millones de euros que nos cuesta cada año la tele a todos los canarios, se gasten sin control alguno por un señor que tiene -entre otras- la extraña costumbre de contratar programas multimillonarios que luego no se emiten.

El problema para esa renovación imposible es que –mientras no se apruebe la nueva Ley de Televisión Canaria- debe producirse de acuerdo con la actual normativa que establece que el Consejo debe renovarse con un apoyo de tres quintos del Parlamento, algo que hoy es inviable. Cuando se estableció ese formato se buscaba forzar un consenso, suponiendo que sus señorías no utilizarían el procedimiento como sistema de bloqueo. Y ha ocurrido –como en tantas votaciones similares en el Congreso- que el consenso obligado ha dado pasado a un bloque elegido. Habrá pues que esperar a la aprobación de la nueva Ley, prevista para finales de este año. Parece que Fernando Clavijo, nuevo mandamás coalicionero, quiere sacar a Willy de la tele antes de la campaña electoral, pero es poco probable que el Gobierno promueva la renovación del Consejo y el director general al final de la legislatura, a pesar de que el PSOE se comprometió a hacerlo.

Tenemos Willy aún para unos meses. La ventaja es que el que lo sustituya después dependerá de un Consejo muy distinto. Y podrá levantar las alfombras y pasar la lupa por todos esos contratos.

La ausencia de varios miembros del Consejo de Administración de Radiotelevisión Canaria (RTVC) provocó la suspensión del encuentro previsto para este miércoles y, por tanto, impidió debatir la propuesta del presidente de la cúpula del ente público, Miguel Guerra, sobre la destitución del director general del canal autonómico, Guillermo Willy García.

Según la propuesta redactada por el también consejero en representación de Nueva Canarias (NC), la Ley 8/1984 contempla la destitución del máximo responsable de RTVC por parte del Gobierno, a iniciativa propia o a propuesta del Consejo de Administración, a causa de su “incompetencia manifiesta o actuación contraria a los criterios, principios u objetivos” previstos en la normativa.

Igualmente, el reglamento del ente público también ampara la destitución del director general si “La gestión de la contratación llevada a cabo durante la VII Legislatura por el Ente público Radio Televisión Canaria y sus Sociedades, no se ha ajustado en general a criterios de eficacia, eficiencia y economía”. A juicio de Miguel Guerra, “esta afirmación es transcripción literal de la conclusión número 8 del informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias” de 2013.

Aunque “esta primera razón sería suficiente para motivar la resolución y solicitud que propone el Consejo de Administración”, continúa la propuesta del consejero nacionalista, las conclusiones y recomendaciones de la Audiencia de Cuentas “incorporan muchas otras razones motivadoras de la resolución que se propone, mostrando la incompetencia manifiesta del director general”.

En este contexto, el documento de Guerra recuerda la “gestión personalizada y centralizada en su figura”, por lo que la Audiencia recomienda “que no debe priorizar su papel a los necesarios controles internos y a un necesario marco reglado, que proporcione las mínimas garantías en lo que se refiere a las decisiones que afecten a la gestión corporativa de la contratación”.

Además, Willy García, añade la propuesta, “ha incumplido sistemáticamente en su gestión, el espíritu y la letra de la Ley, obviando las competencias del Consejo, vaciándolas de contenido e ignorando las aportaciones de los consejeros del ente en su papel de fiscalización y control del cumplimiento en la programación que corresponde” a la cúpula del canal autonómico.

“Sirvan de botones de muestra asuntos tan relevantes, como la planificación de la actuación de la RTVC, la aprobación de los planes anuales de actividades del ente, así como el plan de actuación de las distintas sociedades dependientes, que han requerido en los tres últimos años de repetidas votaciones del Consejo para ser aprobados sin las mayorías previstas en el apartado 2 del artículo 11 del Reglamento, siendo decisivo el 'legalmente dudoso' voto del propio director general en el cómputo de la mayoría absoluta por el que se han aprobado in extremis”, detalla Miguel Guerra.

“Son igualmente relevantes los incumplimientos en la aprobación de los anteproyectos de Presupuesto del Ente público y sus sociedades en más de un ejercicio presupuestario”, abunda la propuesta. Y, además, “no consta la aprobación por el Consejo de la plantilla de la Televisión pública de Canarias, S.A., que es el órgano competente para ello”, rememora Guerra del informe de la Audiencia.

Además, el presidente de la cúpula de RTVC subraya “el incumplimiento muy reciente” del pluralismo democrático y acceso a los medios de comunicación en períodos y campañas electorales durante los comicios europeos del 25 de mayo. No en vano, “el plan de cobertura informativa de las Elecciones Europeas 2014 no pudo ser analizado por el Consejo de Administración del ente, no pudiendo por tanto, cumplir su papel de garantes en los medios de comunicación públicos canarios de garantía y representatividad de las fuerzas políticas concurrentes que dispone la Ley”.

En definitiva, Miguel Guerra considera que Willy García “no cumple con los dos grandes objetivos que dan sentido a la creación de la radio y la televisión públicas de Canarias: vertebrar social y culturalmente a las Islas desde unos medios de comunicación propios, próximos y cercanos, al tiempo que generar y potenciar una industria del sector audiovisual que facilite y muestre el talento creativo de los profesionales de Canarias, desde esa potente plataforma de unos medios de comunicación públicos”.

A su juicio, “el director general del ente RTVC viene desarrollando una actuación contraria o no ajustada a los criterios, principios y objetivos de los servicios públicos de radiodifusión y televisión dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias, recogidos en los artículos 2 y 3 de la Ley 8/1984

Entre los criterios legales incumplidos por Willy García, Miguel Guerra enumera “respeto, promoción y defensa de la igualdad y del pluralismo político, entre otros valores del ordenamiento constitucional y estatutario”, además de “objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones; la separación entre informaciones y opiniones, la identificación de quienes sustentan estas últimas y su libre expresión; acceso a los medios de los grupos sociales y políticos representativos, respetando el pluralismo político, religioso, social y cultural de la sociedad canaria; promoción de la cultura y de la educación; defensa de la identidad, valores e intereses del pueblo canario, así como la promoción de la convivencia y solidaridad reconocidas en la Constitución y el Estatuto de Autonomía”.

Por último, la propuesta de destitución atribuye también al director de RTVC las “actuaciones impropias de la responsabilidad institucional que ostenta, algunas de ellas en la propia sede del Parlamento de Canarias, y en las sesiones pertinentes de la comisión de control parlamentario” con la consiguiente reprobación de los cuatro grupos políticos en sede legislativa.

“Comportamientos y actitudes no presentables ni ajustadas a derecho del Director general” también fueron denunciadas por los consejeros del ente. “Sirva como ilustración de ello el que como miembro del Consejo de Administración ha participado con voz y voto en sesiones donde se debatían cuestiones de su gestión o que le afectaban personalmente”, ilustra Miguel Guerra antes de destacar que haya representado a los consejeros de Coalición Canaria, “produciendo con ello situaciones y resultados en votaciones que han distorsionado el sentir y la expresión de la voluntad” de la cúpula del ente.

Ante la pérdida de “la confianza y el crédito de la mayoría de los consejeros”, el presidente del máximo órgano de RTVC considera que la permanencia de Willy García hasta terminar la legislatura, “no solo no contribuye al normal funcionamiento de este órgano colegiado del Parlamento, sino, por el contrario, agudiza la crisis y el bloqueo institucional”.

“La expresión más inmediata de ello podría haber sido la previsible no aprobación de las cuentas anuales del ente público RTVC del ejercicio 2013, en la sesión que estaba convocada formalmente para hoy 18 de junio de 2014 y que no ha podido celebrarse por falta de quórum, al no comparecer los consejeros de CC”, lamenta Miguel Guerra antes de detallar que “hubiese sido la segunda ocasión” en que los balances no fueron aprobados tras el rechazo suscitado por los números de 2012.

Según concluye el presidente de RTVC, el Consejo de Administración del ente lleva más de siete años en funciones, esperando la renovación de este órgano colegiado del Parlamento de Canarias. “A pesar de las dificultades y la controvertida gestión del actual Director General, el Consejo ha continuado ejerciendo sus funciones con responsabilidad, asumiendo las tareas de fiscalización y control de los servicios públicos de radiodifusión encomendada por el Parlamento de Canarias”, finaliza Miguel Guerra.

La Mesa del Parlamento de Canarias y la Junta de Portavoces han acordado este lunes por unanimidad reprobar la actitud del director de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Guillermo García, en la última sesión de la comisión de control, por su tono amenazante y ofensivo.

Las amenazas y ofensas se dirigieron a una diputada del PP, Águeda Montelongo, pero los cuatro grupos políticos del Parlamento han interpretado que afecta a toda la Cámara y lo que significa como representante de los ciudadanos.

En la sesión de control que ha provocado esta reacción del Parlamento canario, el director general de RTVC advirtió a la diputada del PP que tuviera “mucha prudencia a la hora de hablar” de determinados asuntos de la televisión autonómica “no sea que más pronto que tarde le pasen factura”.

También la acusó de actuar “como una espía al estilo de Mortadelo y Filemón” durante sus visitas a la sede de RTVC.

El acuerdo, que fue dado a conocer por los portavoces del PP, Australia Navarro, y del PSOE, Manuel Fajardo, es “un primer aviso” para que el Gobierno “tome cartas en el asunto”.

“El Gobierno debe hacer saber a Guillermo García que debe mantener la cortesía y las formas en el Parlamento, aunque no le gusten las preguntas a las que debe responder en la comisión de control de RTVC”, agregaron.

Si ese “primer aviso” no surtiera efecto y se repitiera el tono amenazante y ofensivo del director general, los grupos han decidido adoptar otras medidas, como podrían ser una declaración institucional o una proposición no de ley conjunta contra el director general de RTVC.

Manuel Fajardo enfatizó que “a uno le pueden gustar más o menos las preguntas en una comisión de control, pero eso no da derecho a insultar, vejar o utilizar un tono amenazante”.

La decisión de la Mesa y de la Junta de Portavoces es “inédita, nunca había ocurrido antes, pero es conveniente” ante la falta de respeto a una diputada y a todo el Parlamento, agregó Fajardo.