El Tribunal Supremo ha zanjado un debate que afectaba al colectivo de profesionales sanitarios: los enfermeros que se dedican exclusivamente a la docencia universitaria no están obligados a permanecer colegiados, como sostenía el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería. La resolución, recogida en una sentencia firmada el pasado 23 de marzo a la que ha tenido acceso este periódico, sienta jurisprudencia y unifica criterios respecto a la colegiación obligatoria, tras fallos contradictorios en instancias inferiores.

La doctrina surge a raíz del caso de un profesor del Grado de Enfermería de la Universidad de Jaén, que en 2019 solicitó su baja en el colegio profesional alegando que no ejercía labores asistenciales como enfermero, sino únicamente docentes. El Colegio Oficial de Enfermería de Jaén y, posteriormente, el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería rechazaron su petición. Tras un largo recorrido judicial con resoluciones dispares, el Supremo ha terminado dándole la razón al profesor universitario.

Desde el despacho de abogados Salvador Martín que ha representado al docente señalan que el alcance de la sentencia va más allá de este caso concreto. “A todas las profesiones sanitarias les va a afectar”, explica el letrado, apuntando a que la doctrina “puede ser extensible a otras muchas profesiones” que impongan la colegiación obligatoria. Según detalla, el criterio del Supremo es claro: “El profesional que no se dedique expresamente a labores de asistencia sanitaria –en este caso, el que se dedique a la docencia universitaria– no tiene la obligación de colegiarse”.

Enseñar no es curar

La clave del fallo radica en una distinción que el Alto Tribunal considera fundamental: no es lo mismo ejercer la profesión que enseñarla. “Hay que tener en cuenta la diferencia entre ejercicio profesional, en cuanto supone la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos a una situación real, y la docencia, que implica la transmisión de unos conocimientos que van a capacitar para aquel ejercicio”, recoge la sentencia.

A partir de esa diferencia, el Supremo concluye que impartir clases en el Grado de Enfermería no puede equipararse automáticamente al ejercicio de la profesión sanitaria, al no existir una relación directa con el paciente. Y, por tanto, no justifica por sí solo la obligación de colegiarse.

“El ejercicio exclusivo de la docencia universitaria en el Grado de Enfermería, cuando se acredite que no se encuentra vinculada al ejercicio de prácticas clínicas asociadas a la prestación de servicios sanitarios propios de la profesión de enfermería, no supone el ejercicio de la profesión de enfermería y, por tanto, para dicho ejercicio exclusivo de la docencia universitaria no es exigible la colegiación obligatoria en el Colegio Oficial de Enfermeros correspondiente”, establece el Tribunal Supremo en su doctrina.

La sentencia también recuerda que la colegiación obligatoria solo tiene sentido cuando actúa como garantía del interés general, especialmente en ámbitos donde pueden verse afectados la salud o la seguridad de las personas, como establece la normativa vigente. En el caso de la enseñanza universitaria, esa función de control no corresponde a los colegios profesionales, sino a las propias universidades, que “no centros sanitarios ni forman parte de la estructura asistencial del sistema sanitario”, como apostilla el Alto Tribunal.

Unificar criterio entre colegios profesionales

Durante el procedimiento, la defensa aportó documentación que evidenciaba diferencias de criterio incluso dentro de la misma comunidad autónoma. En Andalucía, algunos colegios de Enfermería –como el de Huelva– ya eximían de colegiación a los docentes universitarios, mientras que otros –como el de Jaén– sí les obligaba a mantenerse inscritos.

A juicio del letrado, la imposición de esas cuotas respondía más a un “ánimo recaudatorio” que a una verdadera necesidad de control profesional. Ahora la reciente sentencia del Alto Tribunal pone fin a esta disparidad y delimita con claridad cuándo puede exigirse la colegiación: únicamente cuando se desarrollan funciones sanitarias.

Con este fallo, el Tribunal Supremo fija como doctrina que el profesorado de Enfermería que no desarrolle actividad clínica ni participe en prácticas asistenciales no tiene obligación de estar colegiado. Una premisa que, según los abogados, puede extenderse a otros colectivos sanitarios, como el de los médicos.

La sentencia no solo resuelve el caso concreto del profesor jiennense —reconociendo su derecho a darse de baja y a recuperar las cuotas abonadas desde diciembre de 2019—, sino que establece un criterio con alcance en todo el territorio nacional y en otras profesiones reguladas. Este periódico ha consultado al Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería si quería hacer algún comentario tras la sentencia, si bien hasta el momento no se ha pronunciado.

Las puertas correderas se abren y Samira aparece por la sala de llegadas de la terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Se abraza a una compañera; las dos empiezan a llorar, pero al segundo ríen, mientras escuchan los gritos de la veintena de personas que se ha acercado a recibirlas tras un periplo de más de 50 horas desde Gaza. “Palestina libre”, corean estas, en inglés, con la bandera nacional desplegada.

Junto a otros cinco compañeros, estas dos jóvenes son las primeras estudiantes en aterrizar en España desde la Franja en virtud de un programa de evacuación de universitarios auspiciado por el Ministerio de Exteriores. “Siento una mezcla de alegría y tristeza, pero estoy muy agradecida por estar aquí”, expresa.

Samira, que prefiere no usar su verdadero nombre por temor a represalias para su familia en Gaza, salió del enclave en el marco de una meticulosa operación que comenzó el miércoles a las seis de la mañana y que la llevó con sus compañeros de la sede de Unicef en Deir al Balah, en el centro del enclave, al paso sur de Kerem Shalom, en el linde con Egipto e Israel, y de ahí en autobús desde Cisjordania hasta la frontera jordana, con largos periodos de espera, sin probar bocado hasta bien entrada la noche.

Además de Exteriores, Unicef, la ONG Gaza Scholarship Initiative, la Red Universitaria por Palestina y las universidades de Jaén, Carlos III de Madrid y Autónoma de Barcelona se implicaron en que la operación llegase a buen puerto.

Exteriores ha evacuado desde mediados de 2024 a más de 60 menores y sus familias por motivos médicos, pero esta es la primera vez que España logra traer a estudiantes por motivos académicos. Algunos de ellos llevaban desde el año pasado con la beca Erasmus concedida, como explica en el aeropuerto, nervioso ante la inminente llegada de los estudiantes, el vicerrector de Internacionalización de la Universidad de Jaén, José Ignacio Jiménez González, cuya institución también articula un programa propio de acogida académica. “No hemos cejado en el empeño”, dice de los meses de trámites y esfuerzos.

Tienen un montón de emociones encontradas. Están superados, tristes, excitados, incrédulos, como si estuvieran soñando. Hay momentos de alegría y otros en que rompen a llorar

Dana Jadallah — Gaza Scholarship Inititive

La mezcla de emociones de los estudiantes la explica igualmente Dana Jadallah, de la Gaza Scholarship initiative, que recibió a los alumnos a su llegada a Jordania. “Tenían un montón de emociones encontradas. Estaban superados, tristes, excitados, incrédulos, como si estuvieran soñando. Había momentos de alegría y otros en que rompían a llorar”, detalla.

La ONG, que ha colaborado en otras cinco salidas de universitarios —Suiza, Eslovenia, Francia, Reino Unido e Irlanda también han facilitado evacuaciones por razones académicas— la conforman grupos de madres. “Los recibimos en el hotel en Amán para darles apoyo en ausencia de sus familias. La mayoría no han salido de Gaza antes, así que el cambio es grande”, relata Jadallah por mensajes de texto desde la capital jordana.

La Red Universitaria por Palestina, un colectivo académico comprometido con la situación en los territorios ocupados, se implicó también en el mecanismo, cuya efectividad lleva tiempo reclamando. En septiembre remitieron una carta abierta al ministro del ramo, José Manuel Albares, en la que insistían en la necesidad de ponerlo en marcha.

Uno de los firmantes era David Peñafuerte, trabajador también de la universidad jienense, que relata la angustia en las comunicaciones con los alumnos. “Preguntaban cuándo las íbamos a poder sacar, y a veces era difícil explicar que no estaba en nuestra mano”, explica, aludiendo a las delicadas negociaciones diplomáticas entre los servicios consulares españoles y las autoridades israelíes. elDiario.es se ha puesto en contacto con el Ministerio de Exteriores, pero no ha obtenido respuesta.

“Si una pasaba unas semanas sin contestar al WhatsApp, podías pensar que quizás la hubiesen matado”, indica. Peñafuerte se emociona recordando la impotencia que sentía entonces, y piensa en las jóvenes. “Se han despedido de sus familias sin saber si van a poder volver”, advierte.

"Pese a la guerra, pese a perder a mi hermana, pese a tener que sacar a mi padre de entre los escombros, de todas las cosas horribles que he vivido, me saqué el título"

Samira — Universitaria gazatí

Los incesantes ataques israelíes dificultaban la salida de las estudiantes. La propia Samira, de 25 años, que vivía en el campo de refugiados de Nuseirat, cuenta que el ejército hebreo mató a su hermana e hirió a su padre, pero que incluso en esas condiciones logró acabar sus estudios de grado en la universidad de Al-Aqsa, que ahora completará en Jaén con un máster en Economía y Desarrollo Regional.

“Pese a la guerra, pese a perder a mi hermana, pese a tener que sacar a mi padre de entre los escombros, de todas las cosas horribles que he vivido, me saqué el título”, explica, y avanza: “Ahora tengo muchas ganas de empezar este nuevo capítulo de mi vida”.

De los seis que aterrizaron en Madrid —una séptima estudiante viajó directamente a Barcelona para matricularse en la Universidad Autónoma—, cuatro emprenderán camino a Jaén, pero el quinto se quedará en la capital. Se trata de Mohammed Aljundi, de 20 años, nieto del exdirector de una escuela de la UNRWA, y acogido en la capital por la diplomática jubilada Mon González, amiga de la familia. González conoció al abuelo de Mohammed en los años 90 cuando ambos estudiaban en Escocia.

Dejar atrás Gaza es, según explica antes de abandonar el aeropuerto, “muy difícil”, pero no había “otra opción”. Tras optar a una beca de la Carlos III, pensó que el bloqueo israelí le impediría disfrutarla. Finalmente, sí ha podido viajar, cuando “nadie lo esperaba”.

Con la frente sudada por el viaje, Mohammed cavila sobre el futuro. Estudiará en inglés el curso para acceder a una ingeniería en la universidad madrileña, pero lo que venga después dependerá de él, por primera vez en mucho tiempo. Mira al techo y especula, con media sonrisa: “Quizás me quede en España”.

La comisión permanente del Consejo de Universidades ha decidido este martes por unanimidad aceptar las reclamaciones presentadas por la Universidad de Granada (UGR) y la Universidad de Jaén (UJA) respecto a la verificación de dos nuevos títulos oficiales, que la agencia de calidad andaluza había denegado en junio a las universidades públicas: el Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de la UGR y el Grado conjunto en Ingeniería Biomédica por parte de ambas instituciones.

La decisión adoptada este martes por el órgano dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades zanja así la polémica abierta tras la negativa adoptada por parte de la administración andaluza. La resolución desfavorable por parte de la entidad encargada de evaluar las titulaciones universitarias en Andalucía (la ACCUA) desató una contundente oleada de críticas en el sistema universitario, debido a que se dio a conocer cuando ya contaban con alumnado preinscrito. Además, se dio la circunstancia de que la agencia de calidad andaluza concedió el visto bueno a la universidad privada Loyola para implantar este curso el mismo título que había vetado en las universidades públicas de Jaén y Granada. 

Fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades han calificado la decisión de “excepcional e inédita”, tomada ante “la constatación de la adecuación de los argumentos académicos planteados por las universidades en sus reclamaciones”. Según el Ministerio, estos argumentos aseguraban la calidad global de los proyectos de grado en los aspectos fundamentales de cualquier proyecto universitario de formación.

Como consecuencia de esta decisión, los dos grados pasan a contar con el visto bueno de la permanente del Consejo de Universidades, conformada por una representación de rectores de las universidades españolas y un representante del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El siguiente paso, según la normativa vigente, es que la Junta de Andalucía autorice el inicio de sus actividades académicas y ponga en funcionamiento todos los mecanismos y procedimientos para hacer efectivos los nuevos títulos.

La Junta lo pudo “haber resuelto antes”

A juicio del Ministerio, la polémica derivada del bloqueo a estas dos titulaciones “la podría haber resuelto antes la Junta de Andalucía a través de su agencia de calidad,” la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), que emitió por dos veces informe desfavorable, pese a los argumentos académicos explicitados por las dos universidades andaluzas, “que son muy sólidos”, según el Ministerio.

De haber reconsiderado su decisión, “esta situación se podría haber resuelto satisfactoriamente antes”. Ahora, ha tenido que ser la Comisión Permanente del Consejo de Universidades la que “de forma excepcional” resuelva esta situación “garantizando la calidad de la docencia y asegurando los derechos del estudiantado”.

En una comunicación remitida este martes a la Junta de Andalucía y a las universidades afectadas, la Comisión Permanente ha instado a consensuar la temporalidad de inicio de actividad de ambos grados, teniendo en cuenta que la decisión coincide con el inicio de la actividad académica y con el estudiantado matriculado.

Ambos títulos se implantarán en el curso 2026/2027

Los rectores de la Universidad de Granada (UGR) y de la de Jaén (UJA) han manifestado este martes su “satisfacción” ante la resolución adoptada por el Consejo de Universidades, que estima su reclamación y aprueba la verificación de las dos nuevas titulaciones.

Dada la coincidencia en el tiempo con el inicio de las clases en el ámbito universitario, se ha optado por dedicar el presente curso académico a terminar de pulir los detalles necesarios para “una implantación efectiva y exitosa de ambos títulos en el curso 2026/2027”. Ello también “en aras de la excelencia académica y de garantizar los derechos del estudiantado”, según indican desde las instituciones universitarias afectadas.

Por su parte, el rector de la UJA, Nicolás Ruiz, ha manifestado que la nueva resolución “corrige una situación a todas luces injusta”. “Estábamos convencidos de que nuestra propuesta para cursar el nuevo título es muy sólida y muy solvente”, ha apuntado Ruiz, recordando que esa fue la razón por la que el equipo de Gobierno de la UJA “decidió llegar hasta el final, siguiendo todos los cauces administrativos pertinentes, para defender los intereses de nuestra institución y de todas las personas que han trabajado en la elaboración de las memorias”.

Junto a ello, la Universidad de Granada y la de Jaén se han puesto a disposición de la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación y de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) para seguir trabajando en la implantación de la Programación Universitaria 2025/2028 y para “mejorar y fortalecer” el sistema público universitario andaluz.

La Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía(ACCUA) ha concedido el visto bueno a la universidad privada Loyola para que implemente este próximo curso 2025-2026 el Grado en Ingeniería Biomédica. Se da la circunstancia de que la entidad encargada de evaluar las titulaciones universitarias ha denegado ese mismo título a las universidades públicas de Jaén (UJA) y Granada (UGR), a pesar de que contaban con alumnado ya preinscrito.

La resolución de rechazo de la ACCUA –entidad adscrita a la Consejería de Universidad– ha desatado una contundente oleada de críticas en las provincias de Jaén y Granada. La decisión, anunciada el pasado 25 de junio –misma fecha en la que se emitió el informe favorable de Loyola al que ha tenido acceso este periódico–, ha sido especialmente polémica por el momento escogido: apenas días antes del inicio del proceso de matrícula universitaria y con cerca de 800 estudiantes que ya habían formalizado su preinscripción.

La comunidad universitaria ha calificado la resolución de “arbitraria”, “perjudicial” y “carente de justificación técnica suficiente”, desencadenando una movilización social e institucional sin precedentes en defensa de las universidades públicas, encabezada por los rectores de la UJA y la UGR. “Exigimos las mismas reglas de juego y las mismas exigencias que las universidades privadas para que podamos competir en igualdad de condiciones”, ha manifestado el rector jiennense, Nicolás Ruiz, cuestionando que “en Andalucía hayamos pasado, en muy poco tiempo, de una a seis universidades privadas”.

Todo ello en un momento crítico para la agencia de calidad universitaria andaluza, cuestionada por su falta de independencia y su “deficiente funcionamiento”, y sin director, desde que Antonio José Cubero Atienza dimitió el pasado marzo “por motivos personales”, dejando desierto hasta la fecha el cargo para el que fue nombrado en febrero de 2023. El propio Cubero Atienza alertó en un informe –firmado dos meses antes de dimitir– de la “falta de independencia y autonomía” que padecía por entonces la ACCUA.

Las privadas en el punto de mira

Entre los argumentos esgrimidos para conceder el nuevo grado a la Loyola, ACCUA destaca que la institución privada ha justificado ampliamente “la demanda del título en Andalucía”. Un razonamiento que ha agravado el malestar de la comunidad universitaria, al contemplar cómo universidades públicas consolidadas han visto denegadas propuestas similares, pese a contar con la correspondiente autorización previa de la Consejería de Universidad, concedida en el último cuatrimestre de 2024.

Ante la reacción que ha suscitado la negativa a las públicas, el consejero del ramo, José Carlos Gómez Villamandos, ha querido subrayar que la agencia –perteneciente a su propio departamento– “es total y absolutamente independiente”, garantizando que la Consejería no interviene “en ningún momento en la verificación”. En ese sentido, Villamandos ha manifestado que la Junta respeta los criterios técnicos de los evaluadores, “que son totalmente ajenos a la comunidad autónoma”.

Lejos de calmar las aguas, las palabras del responsable de Universidad han reavivado las tensiones con los rectores de la pública, a cuenta de la privatización del sistema universitario que llevan años denunciando. “En los próximos días, presentaré un análisis del informe remitido a la Universidad Loyola que seguro que no dejará indiferente a nadie”, avanzó el rector de la UJA en una rueda de prensa convocada esta semana para expresar su rechazo ante el informe negativo del Grado de Ingeniería Biomédica.

Pérdida de credibilidad

La Universidad de Granada también ha expresado su “profunda sorpresa y desacuerdo”, no solo por el rechazo al grado compartido con Jaén, sino también por la negativa a otras tres propuestas: el Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, un Máster en Inteligencia Artificial aplicada a la Salud, y un Programa de Doctorado en Arquitectura.

“La situación es claramente anómala”, ha señalado la UGR, que recuerda que en los últimos 15 años ha logrado acreditar con éxito más de 200 títulos oficiales. “Resulta incomprensible que se cuestione la capacidad de una universidad líder en investigación en IA”, añaden desde la institución universitaria de Granada, que ha presentado una reclamación ante el Consejo de Universidades del Ministerio.

Fuentes universitarias con más de 30 años de trayectoria aseguran a este periódico que nunca antes habían atendido a un descontento y una crítica tan dura por parte de los rectores hacia la administración andaluza. El máximo responsable de la UGR, Pedro Mercado, ha dicho esta semana haber perdido la confianza en la agencia para la calidad universitaria en Andalucía y ha reclamado una reforma profunda del ente evaluador “para que recupere su credibilidad”.

“Quiero que cuando se verifiquen títulos, por ejemplo, de una universidad privada de golpe de doce títulos, se miren tan minuciosamente como se han mirado cada uno de los títulos que se han presentado por parte de la Universidad de Granada”, ha defendido Mercado, aludiendo al hecho de que los centros privados logran ampliar progresivamente su oferta académica, gracias al aval que le concede la administración andaluza.

Procedimiento de evaluación

En total, este año se han sometido a evaluación de ACCUA 48 títulos de grado y máster del sistema público andaluz. Las universidades públicas enviaron sus solicitudes tras obtener la autorización previa de la Consejería en el último cuatrimestre de 2024, paso imprescindible para que una titulación sea aprobada.

De esas 48 solicitudes, seis han sido rechazadas “por no cumplir los criterios técnicos exigidos”, según un comunicado oficial de la agencia evaluadora. De acuerdo con ACCUA, actualmente la normativa europea exige que, para que un título tenga carácter oficial y sea reconocido dentro de la UE, debe pasar por un procedimiento de evaluación independiente y externo del que no pueden formar parte ni la Junta, ni las universidades andaluzas, ni su profesorado. Tanto es así que, según la agencia, la comisión evaluadora está formada por más de un centenar de profesores universitarios ajenos a Andalucía.

Los seis títulos que han recibido informe desfavorable son dos másteres de la Universidad de Córdoba (Enseñanzas Artísticas de Música e Ingeniería de Caminos Canales y Puertos, este último junto a la UJA); dos grados coordinados por la Universidad de Granada (Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y el Grado de Ingeniería Biomédica); así como el máster en Intervención e Investigación Logopédica de la Universidad de Málaga con la de Chile. Cierra esta lista el máster en Inteligencia Artificial y Big Data aplicada a Ciencias de la Salud de la UNIA (coordinadora) con la Universidad de Granada.

Las instituciones universitarias pueden recurrir la decisión de la ACCUA ante el Consejo de Universidades –órgano adscrito al Ministerio– que trasladará los casos a una comisión independiente dentro de la propia agencia andaluza. Dicha comisión será distinta a la que ha evaluado en primera instancia y se encargará de realizar un nuevo informe. Si es favorable, podrán implantar los títulos en cuanto lo decidan. Si no, deberán esperar a septiembre para volver a presentar la solicitud. Pese a que las universidades de Jaén y la de Granada han presentado sendas reclamaciones, los rectores han descartado ya implantar la formación el próximo curso.

“Algo no funciona” en la ACCUA

En este contexto, el PSOE ha anunciado que llevará el asunto al Parlamento de Andalucía. Su portavoz en materia de Universidad, Antonio Ruiz Sánchez, ha avanzado que su grupo registrará la próxima semana una proposición no de ley para exigir mejoras sustanciales en la agencia de calidad universitaria porque “algo no funciona”, según el parlamentario socialista.

Ruiz ha recordado que la agencia lleva meses sin dirección, ya que su anterior responsable advirtió por escrito del riesgo de que la nueva ley de universidades de la Junta desdibujara su autonomía. “Se plantea su integración en un órgano superior que, de facto, desdibujaría su autonomía al suprimir su personalidad jurídica”, señala el parlamentario socialista, en alusión al informe que emitió la agencia en contra de la nueva ley de la ciencia, promovida por el Gobierno del PP.

El diputado socialista apunta, además, a una falta de personal que estaría provocando tanto la tardanza como la forma en que ACCUA gestiona la verificación de nuevos títulos: “En el caso de la UJA y la UGR, los informes llegaron demasiado tarde, impidiendo reaccionar y afectando a cientos de estudiantes ya inscritos”, apostilla Ruiz.

El PSOE también solicitará la comparecencia del consejero de Universidad para pedirle explicaciones sobre por qué se deniega el grado de Inteligencia Artificial a la UGR —“una universidad puntera en investigación en este campo”— mientras se aprueba para una universidad privada de reciente creación (UAX Mare Nostrum); o por qué se permite a Loyola ofrecer Ingeniería Biomédica y se veta a las universidades de Jaén y Granada.

Nuevo motivo de fricción entre la Junta y los rectores

La relación entre los rectores de las universidades públicas y el Gobierno andaluz arrastra años de fricciones, marcados por la falta de financiación que exigen los responsables universitarios, y la crítica a la “deriva privatizadora del sistema universitario” que le achacan al Ejecutivo dirigido por Juan Manuel Moreno.

La Junta de Andalucía, por su parte, ha lamentado la “estrategia de confrontación” de los rectores y les ha instado a “respetar la integridad y la independencia” de la agencia. Sin embargo, para buena parte de la comunidad académica del sistema público, este nuevo episodio ha puesto en evidencia una creciente desconfianza hacia el sistema de verificación universitaria en Andalucía y la necesidad urgente de una reforma que garantice transparencia, equidad y rigor técnico, sin distinciones entre lo público y lo privado.

Ángel González no va a olvidar nunca la huelga contra la LOMCE de mayo de 2013. Este estudiante participaba en las protestas contra la conocida como Ley Wert cuando, tras algunos altercados entre la policía y los manifestantes, acabó detenido. La policía le acusó después de haber lesionado a un agente, concretamente de romperle la pierna. González admitió en un principio que se resistió a la detención, pero según su versión no agredió al agente y su única falta fue demorarse en identificarse.

Lo seguro es que acabó detenido y golpeado por la policía, según denuncia, y ahora afronta un juicio por supuestas lesiones por el que la Fiscalía pide para él dos años de cárcel y una multa de 30.000 euros. Compañeros de la universidad, profesores, sindicatos educativos y otros colectivos exigen su absolución por unos hechos “rotundamente falsos y manipulados”, según afirman varios testigos y, aparentemente, recogen varios vídeos en poder de la defensa, en los que se vería al policía cayéndose él solo.

González ha optado por guardar silencio. Su madre, Mari Carmen, habla de “farsa”, de estar viviendo “una pesadilla” y de que esta situación está “hundiendo la vida” a la familia. Los sindicatos enmarcan la maniobra policial en una manera de “coartar el derecho a la huelga” según Eduardo Domínguez, responsable de CCOO en la Universidad de Jaén. El juicio empieza el próximo jueves.

De la huelga a comisaría

Los hechos ocurrieron el 9 de mayo de 2013. Ángel González, estudiante de grado de Estudios Ingleses en la Universidad de Jaén de 20 años en aquel momento, se unió a la manifestación en la jornada de huelga en la educación contra la LOMCE. La manifestación acabó con la policía cargando contra un grupo de los congregados, según se ve en un vídeo.

Mari Carmen, la madre del acusado, explica que sufrió lesiones en la mano y varios hematomas. “Pero lo peor es el daño psicológico”, afirma. La presión era tan alta que el joven se marchó dos años de Jaén.

Según la versión de la madre, primero intentaron acusarle de haber roto el tobillo de un agente de seguridad del campus. “Hubo un juicio de faltas pero ni siquiera tenía el tobillo roto. Varios testigos afirmaron que ni siquiera estaba allí. Y como no podían ir por ahí le acusaron de haber lesionado al policía”.

¿Cambio de versión?

La familia asegura que tiene en su poder varios vídeos en los que se ve al agente cayéndose él solo. Según Mari Carmen, la Fiscalía ni siquiera se ha molestado en mirar estos vídeos. Y afirma que la policía tiene otro que no han querido hacer público. “Si realmente creen que mi hijo le pegó, que lo saquen”, exige. CCOO también afirma que el agente primero reconoció el carácter fortuito de la lesión y luego “cambió súbitamente su versión”, que califican de “falsa y sin pruebas”.

Un par de centenares de personas, compañeros de González, asociaciones de estudiantes, profesores y testigos de los hechos se han manifestado este martes para pedir justicia. Los sindicatos en bloque también se han volcado con él, y enmarcan el caso en la aplicación de la Ley Mordaza (que no estaba vigente en el momento de los hechos pero sí ahora), en un ataque “al derecho de manifestación” y sostienen que el estudiante fue detenido y acusado por manifestarse.

La última palabra la tendrá el juez. La vista empieza el jueves.

Natural de Torredelcampo (Jaén), Adoración Mozas tuvo que viajar a Málaga para poder cursar una titulación superior de Ciencias Económicas y Empresariales. Desde 1991 es Profesora Titular de la Universidad de Jaén, institución en la que también ha estado al frente de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) y en la que actualmente ocupa el cargo de Vicerrectora de Estudiantes e Inserción Laboral. Su laboratorio está en la calle, y su última investigación, que comparte con otros tres investigadores y trata sobre la aplicación de las TIC al sector del olivar, ha sido reconocida con un Premio Arco Iris a la mejor investigación sobre cooperativismo.

El Grupo de Investigación Microbiología e Inmunológica de la Universidad de Jaén (UJA) y vinculado al Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (ceiA3) estudia los efectos protectores frente a infecciones que tienen las grasas del aceite de oliva en comparación con otro tipo. El objetivo es investigar cómo afectan a los neutrófilos, que son células del sistema inmunológico implicadas en la defensa del organismo contra enfermedades infecciosas.

El responsable del grupo, Gerardo Álvarez de Cienfuegos, ha apuntado que la grasa forma parte de la dieta humana en al menos un 5% de ahí la importancia de saber cuáles son mejores para la salud. Los experimentos realizados por el equipo muestran que las de aceite de oliva estimulan las células del sistema inmunológico consiguiendo una defensa efectiva frente a infecciones. Mientras, otros tipos de grasas como los aceites de pescado provocan una sobre estimulación de estas células defensivas que tiene efectos negativos y que suele terminar en la muerte.

“Hemos alimentado a ratones con tres tipos de grasas, aceite de pescado, de girasol y de oliva, durante un mes, un tiempo considerable dado que la vida media de estos animales es de dos años aproximadamente”, ha comentado el experto. Cumplido este tiempo, se ha sometido a los ratones a un tratamiento con la bacteria infecciosa listeria monocytogenes para ver cómo reaccionaban. Los resultados muestran que los animales alimentados con aceite de pescado murieron rápidamente, los alimentados con aceite de girasol murieron en un término medio y los que se han alimentado con aceite de oliva han superado la infección de la bacteria.

La UJA investiga también cómo actúan estas células en las personas con inmunosupresión, es decir aquellas que tienen su sistema de defensa inactivo. “Este trastorno es bastante corriente en personas de edad avanzada, en pacientes con diabetes o en personas que reciben tratamientos terapéuticos o procesos de quimioterapia”, ha detallado el investigador.

En los últimos experimentos han usado agentes inmunosupresores en los ratones y el resultado ha sido semejante, el aceite de oliva sigue siendo el que mayor curva de supervivencia consigue. “Se debe a que el aceite de pescado provoca una sobre-estimulación de las defensas, incrementa tantísimo los niveles de actividad de los neutrófilos de manera que sucede como en las enfermedades autoinmunitarias y el organismo sufre de forma patológica esta sobre-estimulación”, ha dicho.