El empresario canario Jaime Cortezo, propietario de 3.077.968,4146 metros cuadrados de una de las mayores reservas vírgenes de Gran Canaria, Guguy, ha asegurado, a través de un comentario en la sección de lectores de Diario de Lanzarote que ha vendido su parte de la reserva natural por un importe mayor del que lo adquirió. El medio utilizado para dar a conocer su satisfacción por el desenlace de esa operación condujo a este periódico a telefonear al promotor inmobiliario para preguntarle por los pormenores. A la pregunta de a quién vendió su finca, la respuesta fue “no se lo puedo decir”. Y a los demás intentos por conocer los detalles, la respuesta fue que no va a hablar nada sobre el asunto.

“Te voy a adelantar una primicia, ayer lo vendí muy bien por cierto, la lástima es que fue por mayor importe del que me costó”, escribió Jaime Cortezo en medio de una conversación con otros lectores en el canal destinado a esos fines en el periódico.

En las últimas semanas el paraje natural se ha convertido en uno de los grandes temas de debate. Los medios de comunicación del Archipiélago se hicieron eco el pasado mes de enero de que el promotor inmobiliario había puesto en venta sus parcelas de Guguy en un portal web chino por seis millones de euros. En ese momento saltaron las alarmas injustificadamente. La propiedad de Jaime Cortezo es una reserva natural especial y área de sensibilidad ecológica que pertenece al municipio de La Aldea de San Nicolás y que linda con el parque rural del Nublo. Por su condición de espacio protegido no se permite la explotación turística ni agrícola del terreno, es decir, allí no se puede hacer de nada. Era una hazaña más del empresario en la que picaron las instituciones.

En los últimos días Cortezo vuelve a convertirse en el centro de atención mediático. El pasado 29 de enero fue condenado a dos años y medio de prisión por un delito contra la Hacienda pública a través de su empresa Residencial Hoya del Pozo S.A. Asimismo, el nuevo Plan General de Arrecife, en la isla de Lanzarote, preveía una salida para una de las piezas de suelo sobre las que más se ha debatido durante las últimas décadas, el Islote del Francés. El proyecto concede a los propietarios, entre los que se encuentra encabezando la lista Jaime Cortezo, más edificabilidad que nunca: 69.500 metros cuadrados que se podrían construir en edificios de hasta siete plantas o unos de 26 metros de altura.

A raíz de la publicación de este plan, este lunes, Diario de Lanzarote, publicó un reportaje en el que explicaba las principales claves para entender la historia reciente del controvertido islote. La información no dejó indiferente a muchos seguidores del periódico que comenzaron a debatir en las redes sociales y en los comentarios de la misma noticia en la web del periódico. Entre ellos se encontraba Jaime Cortezo que no pudo contenerse y entró en el juego y escribió un comentario en el que desmintió la información publicada sobre el asunto, permitiéndose el lujo de corregir al periodista que se encargó de escribirla.

En uno de sus nueve comentarios, el promotor inmobiliario aprovecha para anunciar una noticia que a muchos tiene en vilo, la venta de Guguy. Cortezo comienza explicando que la reserva natural, conocida popularmente como Guguy, “se pronuncia Güi Güi” y continúa con su escrito, “le voy a dar una primicia, ayer lo vendí, muy bien por cierto, la lástima es que fue por mayor importe del que me costó, ya que sé que en Lanzarote no se admite, que ahí es obligatorio perder dinero”, lamenta el promotor.

Para acabar su escrito el empresario no duda en bromear con un asunto que ha afectado a gran parte de la sociedad canaria. “Güi Güi es su topónimo, los poco instruidos le llaman de distintas maneras, desde ayer yo lo llamo By By. Qué más da! No me felicite, es mi negocio, comprar y vender más caro”, alardea Cortezo.

Saltaron las alarmas injustificadamente. Guguy se ponía a la venta en un portal chino. La reserva natural especial y área de sensibilidad ecológica que pertenece al municipio de La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria) y que linda con el parque rural del Nublo, se anuncia todavía en la web www.juwai.com por seis millones de euros. Otra hazaña del empresario inmobiliario Jaime Cortezo, el propietario de tres millones de metros cuadrados de la zona, que hace temblar a los grancanarios. La noticia ha creado revuelo en la sociedad canaria aunque, independientemente de quién sea el dueño de Guguy, allí no se puede hacer nada de nada. Una provocación del empresario en la que han picado las instituciones.

El vendedor no escatima en detalles descriptivos en la web en la que pone en venta su terreno. En el texto, donde emplea la toponimia errónea de Güi Güi, describe el paraje con todo tipo de detalles climatológicos y ambientales y la existencia de dos playas “grandes” y una playa pequeña que “desaparece con las mareas altas”. Además, localiza el litoral en “la isla más importante” como zona turística de Canarias y habla de la riqueza e importancia paisajística de la reserva natural, informó la semana pasada el diario Canarias 7. Lo que se le olvidó comentar al empresario son las concretas posibilidades que tiene para su explotación turística, es decir, ninguna.

No es la primera vez que la zona de Guguy, sometida a varios pulsos entre la administración pública y este empresario, entra en un huracán mediático. En el año 2003, Canarias Ahora publicaba la intención de Cortezo de permutar Guguy por los terrenos del viejo Estadio Insular, en Las Palmas de Gran Canaria. En aquel entonces, Cortezo tenía la intención de que las asociaciones empresariales y la Cámara de Comercio de Gran Canaria respaldaran la idea de hacerse con el suelo del viejo recinto de Ciudad Jardín para levantar allí un edificio “emblemático” con viviendas de lujo y oficinas, una plaza y un aparcamiento “para que los vecinos no protesten”. Se le fue de las manos y las autoridades rechazaron tajantemente su propuesta.

En 2008, Guguy volvió a salir a la palestra. El propietario intentó vender los terrenos al Cabildo de Gran Canaria por una cantidad próxima a los 40 millones de euros. Su intención era enajenar 12 millones de metros cuadrados que asegura que eran de su propiedad por una suma de entre tres y cuatro euros el metro cuadrado. El beneficio sería tremendo, 25 veces el precio que pagó cuando lo adquirió.

En ese momento, desde el Cabildo, presidido por el socialista José Miguel Pérez, se decidió hacer una tasación del suelo que se quedó en 4,8 millones de euros, 35,2 menos de los que pedía Cortezo. Lo que demuestra el interés incesante del promotor inmobiliario por deshacerse de un paraje que nadie se explica para qué adquirió.

El por entonces consejero de Hacienda de la Corporación, Luis Ibarra, aclaró que ese precio podría ser incluso menor una vez y se depuraran los metros que forman parte de los cauces de los barrancos, ya que “son públicos”. A todo esto había que sumarle el pleito que el propietario tenía con el Ayuntamiento de La Aldea en los tribunales. En el Consistorio le reconocían la propiedad de 8 millones de metros cuadrados de los 12 que aseguraba Cortezo que le pertenecían. En 2013 se dio a conocer la sentencia definitiva: el Tribunal Supremo dictó una resolución en la que daba la razón al Ayuntamiento aldeano y desestimaba las pretensiones de la empresa Cortezo Inversiones.

Al conocer la cantidad que le podría dar brindar la Corporación insular, el empresario no dudó en su respuesta: “Por ese dinero no lo vendo. Está mejor en mis manos porque está visto que valoro mucho más ese paraje que el Cabildo”, afirmó.

Ahora, diez años después y tras pasar varios procesos judiciales, como el caso del Islote del Francés, en Arrecife, y la polémica en las viviendas de Hoya Pozuelo, en Telde, que sentó a Jaime Cortezo en el banquillo acusado de una estafa múltiple de la que fue absuelto, vuelve a ser noticia por este nuevo intento de deshacerse de Guguy. Quizás, esta sea la definitiva y algún empresario chino se interese por la reserva natural o, quizás, alguna administración dé el paso y realice la operación para que se eviten más especulaciones.

Morales: “Da lo mismo un chino que un camerunés”

Morales: “Da lo mismo un chino que un camerunés”El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, asegura que no tiene ninguna oferta de compraventa de Guguy. “Si nos hicieran una propuesta la estudiaríamos”, afirma. Asimismo, el presidente, que no se muestra alarmado por el futuro de Guguy, tiene claro que “ese 10% que queda en manos privadas no puede ser utilizado absolutamente para nada”, como hasta ahora.

“El Ayuntamiento de La Aldea respondió al impulso de que mucha gente se asustó por la información de la primera página de un periódico. Es una reacción entendible pero será el Cabildo el que valore si se le presenta una oferta”, comenta Morales haciendo a alusión a la petición del Consistorio aldeano de que compre los terrenos. “Da lo mismo que Guguy esté en manos de un chino, de un camerunés o de un ecuatoriano, es parque protegido y no se pueden lucrar con él”.

Por su parte, el alcalde de La Aldea de San Nicolás, Tomás Pérez, considera que ese espacio “debe quedar en manos públicas”. “Aunque no se puede hacer nada, estaría bien que el titular sea una entidad insular como el Cabildo”, recalca Pérez. Al mismo tiempo, el alcalde aldeano solicita que “estudien y valoren la oferta” cuando les llegue.

Además, el regidor aldeano lanza la idea de que el espacio se convierta en Parque Nacional. “Sería muy importante para el municipio y para Gran Canaria; Guguy reúne los requisitos para ser propuesta y creo que beneficiaría desde el punto de vista económico y de conocimiento de la Isla”, cuenta a Canarias Ahora.

El alcalde insiste en que “se incrementaría el número de personas que llegan al municipio” y por tanto apuesta por ello. “Ahora mismo tiene la calificación de reserva especial pero no tiene la proyección que debe tener”, apunta. Pérez también destaca los puestos de trabajos e inversiones que se crearían, “habría personas dedicándose al cuidado de ese parque que en estos momentos no dispone de control ninguno”, sentencia.

Guguy, o como se conoce comúnmente Güi Güi, entra dentro de una Reserva Natural Especial con un alto grado de protección, por ello está garantizada la preservación de hábitats singulares, especies concretas, formaciones geológicas o procesos ecológicos naturales de interés especial y no es compatible la ocupación humana ajena a fines científicos, educativos y, excepcionalmente, recreativos o de carácter tradicional.

Es decir, si Jaime Cortezo encuentra un interesado en los terrenos, tendrá que trabajar muy bien su estrategia hasta lograr persuadirlo para que compre un paraje natural donde no se puede mover ni una piedra.

El principal propietario del Islote del Francés, el empresario Jaime Cortezo, asegura que desconoce el informe de Costas, presentado en el trámite de información pública del Plan General de Arrecife, que declara como dominio público todo el suelo del Islote.

Cortezo asegura que ese informe “es mentira” y que le extraña porque hay dos informes de Costas, asegura, que dicen todo lo contrario. “Para poder hacer ese informe nos tenían que haber llamado y a mí no me han llamado”, señala, asegurando que esta situación le produce “indefensión”.

“Ese informe no puede ser así, no sé quién se ha inventado eso porque está declarado urbano por un Juzgado y eso va a misa”, afirma el promotor. “Si es urbano, la servidumbre de protección es de veinte metros”. Según Cortezo, para cambiar el deslinde hay que dar audiencia a los interesados.

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“Puedo concretar mi argumento en dos palabras: lo sabía”. El abogado Juan Sánchez Limiñana, que representa a cinco querellantes en el caso de la presunta estafa de Hoya Pozuelo, ha solicitado de esta manera una pena de 17 años y medio de prisión y 4 millones de euros de indemnización para el promotor inmobiliario Jaime Cortezo por la venta de unos dúplex afectados por un expediente sancionador de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) y una orden de derribo al incumplir la Ley de Costas.

Sánchez Limiñana ha protagonizado la exposición más agresiva y vehemente de cuantas han tenido lugar este martes en el cierre del juicio.

Ha comenzado su intervención explicando la razón por la que, nueve años después, ha retirado la acusación contra Elena del Castillo, esposa de Cortezo. El letrado ha cuestionado que la sobrina del Conde de la Vega Grande no acudiera a los juzgados a denunciar la presunta falsificación de su firma, ya que esta aparecía en algunos documentos del expediente a pesar de que ella siempre ha negado que diera poderes para que actuaran en su nombre. “Si hay familia en la isla que se pueda permitir movilizar a todos para ver quién ha falsificado su firma es la familia de Elena del Castillo. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque sabe que lo hizo su marido. Y como no va a ir contra él, retiramos la acusación”, sostuvo.

Limiñana ha querido echar por tierra el argumento esgrimido por la defensa acerca de la devolución de 1,8 millones de euros a quienes compraron sobre plano viviendas en la parcela I4, una fase posterior a la I2, en la que se encuentran los inmuebles afectados por la orden de derribo.  

En este sentido, cuestionó la estrategia de defensa por llevar a corroborar esta versión “sólo” a  tres testigos cuyos testimonios, dijo, “no encajan”. Así, recordó que a uno de ellos le informaron “que había un contencioso y se echó para atrás porque ya se había mudado dos veces y su mujer quería que sentara la cabeza”, que a otro le devolvieron el dinero “porque había un retraso” y que el tercero “estaba muy ilusionado, pero no preguntó a su cuñada (Victoria González, apoderada de Hoya Pozuelo) por los problemas de las viviendas”. “Es absurdo, un insulto”, comentó el letrado.

Limiñana reiteró la expresión ya acuñada en el escrito de acusación para referirse de forma irónica a sus representados como “el club de los idiotas”. “Son los idiotas, los listos están en la I4. ¿Es que nadie pide la devolución? O eso no ocurrió así o aquí hay algo raro”, dijo.

Para el abogado, Cortezo conocía “perfectamente” la existencia del expediente de la Apmun desde un primer momento, pues el entonces consejero de Política Territorial y Medio Ambiente, Tomás van de Walle, es familiar suyo. Limiñana considera que el consejero advirtió al empresario de la posible infracción urbanística y que éste precipitó la venta de las viviendas firmando la mayoría de las escrituras en ese periodo.

Sobre las reuniones con los vecinos, aseveró que las testificales han acreditado que el promotor “no les dijo que el expediente podía llevar al derribo, sino que todo estaba bien”.

“Nadie se cree que nadie preguntara si iban a tirar la casa (como declaró el jefe de Administración de Hoya Pozuelo) ni que en la firma ante la notaría los compradores hablaran del derribo y los vendedores callaran”, ha añadido el letrado, quien ha concluido recordando que una denuncia simple, de apenas un par de folios, de alguien a quien Cortezo consideraba “su empleaducho” fue más poderosa “que todos los bufetes de abogados especialistas” contratados por Cortezo. “Si su empleaducho lo sabía, él también”.

Engaño por ocultación

Por su parte, Mónica Pérez, que representa a otros dos querellantes, expuso que en el caso de Hoya Pozuelo el promotor engañó a sus clientes por ocultación, ya que les vendío las viviendas “cuando había una resolución firme de derribo y varias sentencias” desfavorables a los intereses de la empresa. Además ha recordado que los inmuebles adquiridos por sus representados (Antonio Antón y Julián Téllez) no tenían licencia de primera ocupación.

La letrada ha puesto de manifiesto las “contradicciones y faltas a la verdad” en los testimonios de los testigos propuestos por la defensa y de los empleados de la sociedad de Cortezo. “Se desprende que la información era sesgada, parcial e inducía al error a los compradores”, ha señalado Pérez, que ha recordado que el promotor tiene “un plus de responsabilidad”.

Para la abogada, una prueba fundamental de que los afectados desconocían que las viviendas tenían una orden de derribo es que las compraron a precio de mercado. “Es sangrante que se diga que buscaban lucrarse, ha habido un quebranto tanto económico como moral y lo único que buscan es un resarcimiento de los padecimientos sufridos”, ha zanjado.

Pérez ha mantenido la petición de penas para los acusados, esto es, ocho años de prisión para Jaime Cortezo y cuatro para Juana Rosa Fuentes, contable de Hoya Pozuelo que firmó la escritura de compraventa de uno de sus representados.

Los abogados defensores del empresario Jaime Cortezo y de la contable Juana Rosa Fuentes han defendido este martes en las conclusiones finales del juicio por la presunta estafa de Hoya Pozuelo que la única voluntad de los querellantes durante el proceso ha sido lucrarse a costa de la sociedad del promotor y que prueba de ello son las elevadas cantidades que han reclamado en concepto de quebranto económico y daños morales.

El exmagistrado Miguel Losada, que ha representado a Jaime Cortezo en este litigio, ha alegado que el largo proceso judicial y todas las acciones que ha acometido el empresario en distintos frentes -ha llegado hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos- para intentar demostrar que las viviendas no invaden la zona de servidumbre fijada por la Ley de Costas constatan que “estaba plenamente convencido de que lo que había hecho se ajustaba a la legalidad”.

Losada ha insistido en uno de los argumentos más reiterados durante la vista oral por la defensa para intentar revelar la buena fe del empresario, la devolución de 1,8 millones de euros a aquellos vecinos que compraron sobre plano en una fase posterior de la promoción.

El abogado ha intentado desacreditar las versiones ofrecidas por los denunciantes sobre su desconocimiento de los problemas que arrastraban las viviendas. De María Candelaria (Laly) Sánchez manifestó que, “como era injustificable que, siendo periodista, alegara falta de información, declaró que Cortezo le dijo que no se iba a tirar la casa y que no se fiaba de lo que salía en la prensa”.

Acerca de Julián Téllez, recordó que fue al Ayuntamiento de Telde a preguntar por las cargas de la vivienda porque “conocía lo que pasaba por el señor (Antonio) Antón. Sobre este último, que era en ese momento director del Centro Coordinador de Emergencias 1-1-2 del Gobierno de Canarias, consideró ”curioso“ que no se hubiera enterado de la afección ”estando tan vinculado“ al Ejecutivo regional. Además cuestionó que se erigiera en el adalid de la querella cuando ”no era propietario de la vivienda“, puesto que había transmitido su parte a su mujer, Clotilde Saavedra. tras la disolución de la sociedad ganancial.

“Tanta zozobra les dio la orden de derribo de 2006, en la que les daban 15 días para tirar la casa, y no se ha cumplido. A lo mejor es que compraron bien y sabían que no se iban a derribar”, concluyó el letrado.

Indicios de falso testimonio

El abogado de la acusada Juana Rosa Fuentes, Álvaro Campanario, ha apreciado en la vista oral desarrollada desde hace tres semanas en el Palacio de Justicia de Las Palmas “indicios claros de falsos testimonios contra los imputados”. Si el letrado de la acusación Juan Sánchez Limiñana se refirió de forma irónica a los compradores como el club de los tontos, Campanario los ha situado en el grupo de los listos, ya que algunos de ellos, “sin tener legitimación activa y sin estar adectados”, se han personado en el proceso.

Y como el “más listo de los listos” ha nombrado a Antonio Antón, quien, “tras manifestar que no sabía nada y que no hablaba con ellos, de la noche a la mañana pasa a liderar a los vecinos y los convence para ir al despacho de (Josefina) Navarrete y a presentar la querella”.

Para el letrado, entre los supuestos perjudicados se está “intentando colar a personas”, lo que le parece “de una gravedad extrema”. Campanario ha criticado además las indemnizaciones “astronómicas” que se han solicitado por los daños económicos y morales.

En relación a la acusación contra su clienta, Juana Rosa Fuentes, estimó que no tiene “justificación ni fundamento”, puesto que la contable se limitó a “hacer un favor a una compañera de trabajo” (Victoria González) que no podía acudir a la firma de las escrituras porque los compradores querían rubricar la operación por la tarde. “No existió un intercambio de palabras ni tenía ánimo de lucro, puesto que ella tenía un sueldo y no cobraba ningún tipo de comisión por la venta”, apostilló.

Ernesto Vieira, teniente fiscal de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, ha solicitado la absolución del promotor Jaime Cortezo al no apreciar en su actuación en la venta de los dúplex de Hoya Pozuelo, en el municipio grancanario de Telde,  la comisión de los delitos de estafa, alzamiento de bienes y falsedad documental. También ha pedido una sentencia absolutoria para la otra acusada, Juana Rosa Fuentes, contable de su empresa.

En sus conclusiones finales, el representante del Ministerio Público ha expuesto que el jucio ha puesto de manifiesto versiones contradictorias, pero que, sin embargo, “no se han impuesto unas sobre otras”.

Para Vieira, en la vista oral no ha quedado acreditado que Cortezo tuviera intención de engañar a los compradores de las viviendas. Así, ha constatado que la empresa disponía de una provisión de fondos para pagar a los afectados. que devolvió el dinero a algunos compradores y que, si bien es cierto que “en algún caso” no fue atendida esta solicitud, “las obras importantes” de reforma acometidas en los inmuebles “no facilitaban” el reintegro de las cantidades abonadas.

Vieira ha negado que existiera una maquinación para ocultar datos esenciales a los vecinos y precisó que el grado de conocimiento que estos tenían sobre los problemas que afectaban a las viviendas estaba condicionado por las informaciones periodísticas, que lo convirtieron en un hecho “público y notorio”, y por la presencia del resto de residentes.  “¿Cabe el engaño ante un hecho público y notorio o cuando no se hace ningún acto de ocultación del expediente?”, se ha preguntado. En opinión del fiscal, para ser así los afectados debían estar “completamente aislados del entorno social, sin contacto con los vecinos”.

Según Vieira, el error “es evidente”. Sin embargo, no lo atribuye a un engaño del promotor, sino a la “aceptación consciente de un riesgo (por parte del comprador) para obtener un beneficio, que puede ser la revalorización de la vivienda en primera línea de costa”.

En relación a la acusación contra Juana Rosa Fuentes, considera que su papel es “residual, insignificante e irrelevante” y que, por ello, “debería quedar disculpada”.

El caso de la supuesta estafa en la venta de los dúplex de Hoya Pozuelo (en Telde, Gran Canaria) ha quedado visto para sentencia después de tres semanas de juicio en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Y lo ha hecho con un encartado menos en el banquillo, ya que el abogado Juan Sánchez Limiñana, en representación de cinco de los querellantes, ha retirado la acusación contra Elena del Castillo, administradora solidaria de la empresa de su marido, el promotor inmobliario Jaime Cortezo.

La vista oral se ha cerrado en esta octava sesión con la última palabra del empresario, para el que la acusación pide hasta 17 años y medio de cárcel y 4 millones de euros de indemnización por los delitos de estafa, alzamiento de bienes y falsedad documental. Cortezo ha aprovechado este momento para defender que Hoya Pozuelo hizo “los mayores esfuerzos” para devolver el dinero a los compradores de las viviendas que estaban afectadas por una orden de derribo al invadir la zona de servidumbre de protección de Costas.

El promotor matizó que no fueron dos, sino tres las reuniones que mantuvo con los vecinos, la última de ella en el despacho de un magustrado después de haber sido presentada la querella. En estos encuentros ofrecía a los compradores “devolverles el dinero que habían pagado, no el precio de mercado de las viviendas”, ya que las diferencias entre ambas cantidades “eran enormes”.

Según Cortezo, ningún comprador le solicitó por escrito la devolución del dinero y de forma verbal sólo lo hicieron dos vecinos (los hermanos Valido), aunque finalmente “se arrepintieron”. “Si alguien hubiera querido el dinero, se lo habría dado”, sentenció el empresario contradiciendo lo manifestado por varios querellantes en anteriores sesiones.

Lectura de la declaración del denunciante y de Bonis

Antes de la última palabra de Cortezo y de las conclusiones finales de las partes, la secretaria judicial leyó en la sala la declaración prestada en el periodo de instrucción por el denunciante del caso, José Luis Arencibia, que falleció hace unos años.

En ella, Arencibia manifestaba que era socio del empresario en Promo Bandama y que su actuación en la promoción de Hoya Pozuelo se limitó a alguna pequeña intervención en la contabilidad de la sociedad y una sustitución a Gustavo Albarracín (que trabajaba para el empresario a través de otra sociedad) para solicitar en el Ayuntamiento de Telde la licencia de construcción para las viviendas de la parcela I2, donde se encuentran los inmuebles amenazados por la piqueta.

Al realizar este trámite, preguntó a uno de los técnicos municipales por el retraso en los permisos y este le transmitió que la promotora “había aumentado la parcela en 20.000 metros cuadrados” con respecto al proyecto original, ganando una fila de viviendas en primera línea de mar.

Arencibia declaró entonces que ya tenía algunos problemas con Cortezo por algunas irregularidades contables y por la caída de un muro de contención en una vivienda de El Fondillo y que entonces decidió averiguar “con una cinta métrica” si la distancia entre los mojones y los primeros inmuebles respetaba lo fijado en la Ley de Costas.

Tras comprobar que había menos de 100 metros entre esos dos puntos, 70 en concreto, y que, por lo tanto, invadía la zona de servidumbre, el socio de Cortezo se puso en contacto con él para exigirle “que las viviendas no fueran entregadas”. Tardó cinco meses en presentar la denuncia, tras la cual, siempre según su versión, el empresario aceleró el ritmo de ejecución de las obras para intentar venderlas con celeridad.

También se leyó en la sala la declaración en instrucción del exconsejero Julio Bonis, amigo de Jaime Cortezo y de uno de los querellantes, Antonio Antón. El histórico dirigente nacionalista apenas apuntó que medió entre ambos para intentar rebajar el precio de la vivienda y que no recordaba haber hablado con Clotilde Saavedra, su entonces secretaria, sobre el tema de Hoya Pozuelo, aunque sabía que había problemas porque “lo había leído en la prensa”.

Cabe recordar que Saavedra se querelló contra su jefe por falso testimonio en un juzgado después de que el político declarara. Según informó en la sesión de este martes Miguel Losada, abogado de Cortezo, la Audiencia Provincial de Las Palmas confirmó el auto de sobreseimiento de la querella dictado por el juzgado de primera instancia.

La provisión, un mero apunte contable

En la última sesión del juicio declaró como testigo Antonio Henríquez, economista y auditor que en agosto de 2007 constató que Hoya Pozuelo había reservado una dotación contable entre los ejercicios 1999 y 2006 para hacer frente a una eventual pérdida por una resolución desfavorable de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias, el organismo que había incoado el expediente sancionador por la invasión del dominio público marítimo-terrestre de las viviendas de primera línea y que finalmente dictó la orden de derribo.

Esta provisión quedaba reflejada en las cuentas anuales de la empresa presentadas ante el Registro Mercantil y en el Impuesto de Sociedades.

A preguntas de Mónica Pérez, una de las abogadas de la acusación, Henríquez admitió que esta provisión era un “mero apunte contable”, un movimiento con el que la empresa podía aumentar los gastos o disminuir los beneficios, pero que el dinero “no estaba físicamente”.

Por su parte, Antonio Herrera, arquitecto técnico de Hoya Pozuelo, acreditó que las obras se realizaron conforme a la licencia otorgada y que las reformas que se realizaron posteriormente en las viviendas eran ilegales porque en la primera construcción los inmuebles ya tenían la ocupación máxima. Además, Herrera dijo desconocer si a estos dúplex se les había concedido la licencia de primera ocupación.

Luis Hernández, expresidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y socio del empresario Jaime Cortezo en la promoción de viviendas de Hoya Pozuelo  -a través de una sociedad familiar que tenía el 24% de las participaciones-, ha abrazado este lunes la teoría de la conspiración para explicar el caso de presunta estafa que se juzga desde hace dos semanas en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas por la venta de unas viviendas en el barrio de La Garita, en el municipio grancanario de Telde, sobre las que recaía una orden de derribo por invadir la zona de servidumbre fijada por la Ley de Costas.

En su declaración como testigo en la séptima sesión de la vista oral, Hernández ha achacado el conflicto a un “ataque en tromba” de los medios de comunicación contra su persona para vender como “un gran escándalo” algo que, en su opinión, cumplía con la legalidad. Ni los abogados de la acusación preguntaron ni el también exconsejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias profundizó en los motivos de este supuesto ataque.

Sin embargo, en una de las primeras sesiones del juicio, fue una de las querellantes, María Candelaria (Laly) Sánchez, la que esbozó esta teoría al ser preguntada sobre las explicaciones que le proporcionaba Jaime Cortezo acerca de la apertura del expediente sancionador de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun). Según la periodista, el promotor le transmitió entonces que todo se debía a una “persecución política y mediática” contra Hernández con la guerra por el control de La Caja de Canarias como telón de fondo.

Esta versión sitúa el origen del conflicto en unas declaraciones de Hernández contra el entonces director de la entidad financiera, Juan Francisco García, editor de Canarias 7,  el periódico que destapó el caso el 1 de marzo de 2000.

“Fue un ataque contra mí. Lo comentamos mil veces”, ha afirmado Hernández. Para el expolítico, existía la impresión generalizada de que el expediente sancionador a Hoya Pozuelo “no iba a ir a mayores”, porque “nadie pensó que hubiera problemas” y porque las viviendas contaban con las preceptivas licencias. “Son las únicas casas de la zona que están legalmente a cien metros”, ha sentenciado.

Hernández ha recordado que en aquella época se conocía “al detalle” el caso de Hoya Pozuelo porque “salía todos los días en prensa”. “Yo fui quien presenté a Laly a Jaime, que le montó una emisora, y Laly defendía a la empresa en la radio”, ha comentado en relación al conocimiento que tenía la periodista, compradora y querellante, sobre los problemas que afectaban a las viviendas.

El expresidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha reconocido que medió entre Cortezo y uno de los compradores, Antonio Antón, director en ese momento del Centro Coordinador de Emergencias 1-1-2 del Gobierno de Canarias, para intentar abaratar el precio del dúplex en el que estaba interesado el ahora querellante. Hernández explicó que lo conocía por los múltiples viajes que, siendo consejero, realizó en jet foil cuando Antón era oficial de una de las embarcaciones y Julio Bonis. capitán de la misma.

A preguntas de la defensa del promotor, Hernández confirmó lo sostenido por la secretaria de Cortezo sobre el presunto chantaje al que le sometió Antón reclamándole 70 millones de pesetas (240.000 euros) para retirar la querella que le había interpuesto. “Jaime ofrecía en esa época a todos devolverles el dinero que habían pagado, en este caso, unos 40 millones”, precisó el exconsejero.

Hernández también contó que Bonis le había recomendado contratar a su antigua secretaria, Clotilde Saavedra, la mujer de Antón, pero que no lo hizo por la querella contra Cortezo. “Si no llega a demandarle, la hubiera contratado, era muy competente”, apostilló.

Los peritos se ratifican en sus informes

Además de Hernández, en la sesión de este lunes han comparecido cuatro peritos que tasaron varias viviendas de la promoción de Hoya Pozuelo para calcular posibles indemnizaciones, el médico de cabecera de Clotilde Saavedra y una psicóloga que la atendió en la Unidad de Salud Mental.

El arquitecto Víctor Sánchez se ratificó en un informe elaborado en 2011 por el que, mediante el método de comparación, valoró una de las viviendas afectadas por la orden de derribo en 403.000 euros. Sánchez admitió que desconocía esta amenaza de piqueta cuando realizó el encargo y señaló que, de efectuarse ahora, probablemente el valor del dúplex sería inferior por la propia evolucón del mercado inmobiliario.  

Otro de los peritos, Salvador Quintana, que tasó once viviendas, recalcó la situación priviliegiada de las viviendas, en primera línea de mar, lo que incrementa el valor del suelo.  Tampoco hizo constar en sus informes los problemas con Costas porque partió “de un hecho cierto”, esto es, que había una construcción “a la que se le tuvo que dar una licencia urbanística”, y confirmó que el plazo de caducidad de este tipo de informes es de seis meses.

Por su parte, Julio de la Rosa y Claudio Martín valoraron dos viviendas en algo más de 400.000 euros cada una.  En su exposición, explicaron que sus propietarios acometieron una serie de obras de ampliación y mejora de las calidades en los inmuebles. “No creo que nadie que haga estas reformas quiera quitarse las viviendas, buscan más comodidad, más confort para quedarse”, apuntó De la Rosa.

Estos dos peritos concluyeron que las casas de Hoya Pozuelo se vendieron a un precio superior al que fijaba en ese momento el mercado. Para ello se basaron en datos estadísticos del Ministerio de Fomento, según los cuales el precio del metro cuadrado de la vivienda era de 1.400 euros, por lo que, de acuerdo a estas estimaciones, las propiedades se debieron vender a unos 226.000 euros y no a 300.000. “Es incomprensible comprar una casa con una orden de derribo si no es un chollo y un chollo es que te la vendan por lo menos al 50% del valor de venta”, sostuvo.

Por último, tanto el médico Juan Jiménez Santana como la psicóloga Cristina Lastra ratificaron que Clotilde Saavedra, una de las compradoras afectadas, ha padecido distintos episodios depresivos que atribuye a los problemas legales de su vivienda. 

El juicio continúa este martes con la octava y última sesión.

El abogado especialista en derecho urbanístico Normando Moreno, que defiende desde marzo de 2000 a la empresa de Jaime Cortezo en el contencioso ante Costas por la invasión del dominio público marítimo terrestre de los dúplex de Hoya Pozuelo, en Telde (Gran Canaria), ha declarado este miércoles que tanto el promotor como los compradores de las viviendas “han sido víctimas de un sistema kafkiano, que no funciona”.

En la sexta sesión del juicio contra Cortezo, Elena del Castillo y Juana Rosa Fuentes por los presuntos delitos de estafa, falsedad documental y alzamiento de bienes en la venta de los mencionados inmuebles, Moreno ha recordado en su declaración como testigo que el deslinde se realizó en el año 1985 al amparo de la Ley de Costas de 1969, que “no distinguía lo que era la ribera del mar ni establecía una zona de servidumbre”.  

“Sin embargo”, añadió el reputado letrado, “se basan en que el replanteo invade una servidumbre, una línea imaginaria que nadie ha trazado”.  

Cabe recordar que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Rural (Apmun) del Gobierno de Canarias abrió en febrero de 2000 un expediente sancionador a Hoya Pozuelo SL tras la denuncia interpuesta por José Luis Arencibia (ya fallecido), un excolaborador de Cortezo que consideraba que las viviendas invadían los 100 metros de servidumbre que la normativa establece para proteger la costa. El procedimiento se resolvió con una orden de derribo para las viviendas de primera fila de esta promoción, orden que después fue ratificada por varias sentencias judiciales.

Moreno precisó que la Ley de Costas aprobada con posterioridad, en 1988, obligaba a la Administración a adaptar los deslindes anteriores, como el de Hoya Pozuelo, para fijar la ribera del mar y la zona de servidumbre.

El abogado ha relatado que en estos quince años de litigio, desde que Cortezo le encargara el escrito de alegaciones para el trámite de audiencia por el expediente de la Apmun, ha ejercido 31 acciones y ha trabajado en más de 40 expedientes “voluminosos” para “intentar llevar al sentido común este asunto”.

Agotada la vía judicial en España, la defensa del empresario llevó el caso de las viviendas de Hoya Pozuelo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, Estrasburgo no ha admitido los recursos al entender que no concurren las causas para ello.“La jurisdicción europea es muy particular”, ha sentenciado  Moreno, quien, no obstante, cree que  aún hay margen de defensa y que el caso puede tener más recorrido. En los tribunales comunitarios “hay otras acciones que se pueden emprender”, ha afirmado el letrado sin dar más detalles.

Moreno ha lamentado que en este proceso no haya habido una “mayor coordinación entre la estrategia de defensa de los propietarios de las viviendas y la de Jaime Cortezo”, ya que las instituciones europeas son “más sensibles” a los problemas de los ciudadanos afectados por “decisiones desproporcionadas” como la que, a su juicio, ha derivado en este pleito.

“Nunca se pueden hacer afirmaciones rotundas, y menos en Derecho, pero las cosas podían haber sido de otro modo si se llega a hacer causa común. Hubiera sido ejemplarizante”, ha concluido.

Para este encargo profesional, Moreno se ha servido de varios informes elaborados por el ingeniero topógrafo Enrique Vidania, que también ha declarado como testigo este miércoles.Vidania ha defendido que el deslinde realizado en la zona de Hoya Pozuelo es incorrecto: “El propio informe de la Demarcación de Costas dice que hay errores de metros”.

Según el topógrafo, las viviendas de Hoya Pozuelo no se encuentran dentro de la  zona de servidumbre, puesto que, en su opinión,  no hay menos de 100 metros entre las mismas y la denominada ribera del mar. Afirmó además que es “imposible hacer una línea paralela” y que, pese a ello, en ese terreno sólo hay dos mojones que marcan el deslinde cuando debería haber “aproximadamente 24”.

Vidania ha manifestado que la línea que delimitó la Apmun no coincide con la fijada por Costas y que en el caso de uno de los mojones, el número 22, hay un error “muy llamativo” de 13 metros que perjudica a la promotora. “Puede haber incluso falsedad de documento público”, se ha atrevido a decir.

El tercer testigo en comparecer este miércoles ha sido Federico Rodríguez, que en febrero de 2000 reservó una vivienda en la parcela I4, una fase de la promoción posterior a la I2, en la que se encuentran las casas afectadas por la orden de derribo. Sin embargo, en octubre de ese mismo año, ante la “incertidumbre” que existía, decidió no ejecutar la opción de compra y se le devolvió el dinero que había aportado. Según Rodríguez, el propio Cortezo le explicó que había un problema “con el tema del deslinde”, aunque finalmente renunció “por el retraso de la obra”.

El juicio por la presunta estafa de Hoya Pozuelo se reanuda el próximo lunes con la declaración de nuevos testigos.

Ni todos sabían todo ni nadie sabía nada. El juicio por la presunta estafa en la venta de los dúplex de Hoya Pozuelo, en el municipio grancanario de Telde, ha llegado este martes a su ecuador. El carrusel de testigos que ha desfilado desde la pasada semana por la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria ha incurrido en numerosas contradicciones en relación al grado de conocimiento que tenían los compradores sobre los problemas que afectaban a las viviendas y a la información que daba la promotora de Jaime Cortezo.

Las estrategias están claramente definidas. La defensa trata de demostrar que la empresa fue transparente con los potenciales clientes, que puso a su disposición todos los datos y que fueron estos quienes asumieron el riesgo de comprar. La acusación, en cambio, intenta probar que Hoya Pozuelo no contó toda la verdad, que se limitó a informar de la existencia de un expediente de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Rural (Apmun), a minimizar el conflicto y ocultar la amenaza de derribo con el propósito de engañarles.

En la sesión de este miércoles, la quinta de la vista que se sigue en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, las testificales han contribuido a acrecentar la confusión sobre lo que cada uno conocía y lo que la empresa transmitió.

Adolfo Matías, que fue hasta 2012 jefe de Administración y Financiación de Hoya Pozuelo, afirmó que la promotora informó a los vecinos en una reunión que la Apmun había iniciado un expediente que afectaba a una serie de viviendas. “¿Nadie preguntó qué iba a pasar con sus casas?”, cuestionó Juan Sánchez Limiñana, el abogado de un grupo de querellantes. “No, no hacía falta que preguntaran, sabían que existía riesgo de derribo”, respondió Matías tras varios rodeos ante la incredulidad del letrado, que puso en entredicho la veracidad de su relato.

Matías había manifestado con anterioridad que la empresa iba reservando cada año una dotación en las cuentas en previsión de que tuviera que pagar a los compradores de la parcela I2, la afectada por la Ley de Costas. “El dinero siempre estuvo a disposición de los propietarios”, sostuvo el extrabajador de Cortezo. Sin embargo, esta oferta de devolución,  también confirmada por los compradores, no se llegó a concretar en ninguno de los casos.

Juan Manuel Soto, Carmelo Lozano y Vicente Molina estuvieron interesados en los inmuebes de esta promoción, pero finalmente decidieron no comprar. El primero de ellos, un periodista que trabajó en Onda Real junto a Laly Sánchez (una de las querellantes), explicó que este caso tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación durante esa época, ya que los titulares de los periódicos adquirían una “dimensión exponencial” cuando eran replicados desde las diferentes radios y televisiones. “La visibilidad del conflicto era muy notoria”, manifestó Soto para explicar su primera renuncia a la vivienda en el año 2000.

El periodista reconoció que tres años después, en 2003, volvió a mostrar interés por los dúplex. “La afectación siempre fue un hándicap, pero lo veíamos como una oportunidad, muchos percibimos que aquel expediente no tenía recorrido, no parecía que fuesen a demolerse las viviendas”, relató Soto, quien, no obstante, terminó rechazando de nuevo la idea: “Al tener conocimiento directo de los hechos, me convencí de que no conpensaba”.

Soto está casado desde el año 2000 con la hermana de Victoria González, quien, como apoderada de la empresa de Cortezo, firmó la mayoría de las escrituras de compraventa. “Me imagino que en alguna reunión familiar hablamos de ello, pero no recuerdo ninguna opinión de ella. Se sabía la afectación, no había mucho que hablar”, justificó el periodista a las preguntas de uno de los abogados de la acusación.

Carmelo Lozano ya había comprado una vivienda de otra fase de la promoción, pero preguntó por una de las propiedades de la parcela I2 porque “quería mejorar”. En ese momento, le advirtieron de que había “un contencioso” con Costas y le invitaron a acudir a las oficinas si quería conocer más datos. No hizo falta. “Nada más saber eso, les dije Adiós, muy buenas. Me daba miedo comprarla por si había algún problema”, apuntó.

Vicente Molina ya había pasado por dos viviendas de otras fases de la promoción de Hoya Pozuelo cuando se interesó por las de primera fila para estar “más cerca del mar”, “Me dijeron que había un problema con Costas y no me metí por eso y porque mi mujer me frenó porque era el tercer cambio de vivienda”, comentó.

Préstamo de Bancaja

También a petición de la defensa de Cortezo, ejercida por el letrado Miguel Losada, comparecieron este martes Ángelo García, director de la sucursal de Bancaja donde Hoya Pozuelo suscribió un crédito hipotecario de 1,4 millones de euros en 2003, y Antonio Lucena, el constructor que finalizó las obras de la promoción de viviendas.

García dijo que, tras analizar el estado financiero de Hoya Pozuelo, la entidad detectó que había una provisión reservada, como posteriormente comprobó tras consultarlo con la empresa, al pago a los compradores por el litigio con Costas.

Esta provisión, explicó, no fue ningún obstáculo para cerrar la operación porque existían garantías adicionales que incidieron “de forma considerable” en la misma, como un local comercial en la calle Franchy Roca o el contrato de arrendamiento de las oficinas. “Es casi imposible que hubiese concedido el crédito sólo con las garantías de las viviendas”, aseguró.

Por su parte, Lucena negó que hubiera prisa por terminar los dúplex de primera línea, como sostienen las acusaciones en sus escritos, y aseguró que estas propiedades fueron las últimas en entregarse y que se retrasaron  porque en muchas de ellos se hicieron reformas a petición de los compradores.  

En el caso de los hermanos Valido, el constructor explicó que las obras permitieron conectar por el interior ambas casas hasta convertirla en una sola y que, para ello, hubo que tirar una escalera y ensanchar la otra. Lucena precisó que devolver la vivienda a su distribución original sería en la actualidad “muy costoso”. Cabe recordar que los hermanos Valido solicitaron la devolución del dinero tras conocerse el expediente y que, según declaró Cortezo en la primera sesión, la empresa no pudo hacerlo precisamente porque estas reformas impedían su venta en las mismas condiciones. 

Concepción Almeida, secretaria del empresario Jaime Cortezo, ha declarado este lunes en el juicio por la presunta estafa de Hoya Pozuelo (Telde) que uno de los compradores de esta promoción de viviendas, Antonio Antón, exdirector del Centro Coordinador de Emergencias 1-1-2 del Gobierno de Canarias y excompañero del histórico dirigente nacionalista Julio Bonis, pidió al promotor 70 millones de pesetas (420.000 euros) primero y 50 millones (300.000 euros, la cantidad que pagó por el inmueble) con posterioridad a cambio de retirar la querella que le había interpuesto y de  “influenciar” en los otros afectados para que hicieran lo mismo.

En la cuarta sesión de la vista oral del caso por el que se sientan en el banquillo de los acusados el empresario, su mujer -Elena del Castillo- y la contable J.R.F., la secretaria del promotor ha explicado que, por política de empresa,  Cortezo devolvía “el 100% de lo entregado” a todos los clientes que se arrepintiesen de haber suscrito el contrato de compraventa sin aplicarle la cláusula de penalización que figuraba en este documento.

Según Almeida, la mercantil reembolsó unos 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros) a aquellos que adquirieron sobre plano las viviendas de la parcela I4, situada junto a las propiedades afectadas por la orden de derribo por invadir la zona de servidumbre establecida en la Ley de Costas. Esta fase posterior, la I4, nunca se llegó a construir, puesto que no disponía de la preceptiva licencia de obra.

La secretaria de Cortezo sostuvo que de la parcela I2, donde se encuentran las casas que continúan bajo la amenaza de la piqueta, sólo solicitaron la devolución dos compradores, los hermanos Valido. “Estaban muy preocupados sobre si seguir o no , tuvieron una reunión con Cortezo y empezaron los trámites para revender la casa”, manifestó Almeida, quien, sin embargo, dijo no recordar cuál fue la razón por la que finalmente esta operación no se llevó a cabo.

Al igual que manifestaran en sesiones precedentes Cortezo y otros empleados de su empresa, Almeida señaló que el equipo de ventas tenía la orden de facilitar a los compradores toda la información en relación al expediente abierto por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias y que fue ella misma quien convocó dos reuniones para analizar la situación con los afectados.

Sobre otra de las compradoras, María Candelaria (Laly) Sánchez, aseveró que, un día después de que saliera publicada en la prensa la noticia de la apertura del expediente por parte de la Apmun, la periodista llamó (“como todos los medios”) a la empresa para conocer la versión de Jaime Cortezo, por lo que “conocía” los problemas que arrastraba la vivienda.

La secretaria del empresario procesado reiteró que a los ciudadanos que se interesaron por las viviendas después de las publicaciones de prensa se les informó de los riesgos y que alguno de ellos “se echaron para atrás”, pero otros, como Laly Sánchez, Antonio Antón o Julián Tellez, decidieron seguir adelante con la compra.

En el mismo sentido se pronunciaron otros dos trabajadores de la empresa de Cortezo que testificaron este lunes a petición del abogado del empresario, Miguel Losada.

Según Olivia Pinedo, que pertenecía al departamento de ventas, los empleados informaban a los potenciales compradores de la existencia del expediente y les proporcionaban una copia del mismo. “Que yo sepa, eran sentencias favorables”, respondió Pineda a la pregunta formulada por el letrado Juan Sánchez Limiñana sobre si se les daba a conocer también que en ese momento ya existían varias resoluciones judiciales firmes que concluían que las casas debían ser demolidas.

Por su parte, Lorenzo Manuel Benítez, contable de algunas empresas de Cortezo, se mostró convencido de que los afectados sabían todo lo que pasaba con la promoción de Hoya Pozuelo porque “salía en prensa un día sí y otro también”. Cuando los compradores acudían a las oficinas a interesarse por el expediente, la empresa “les explicaba la situación y les decía que no había ningún problema”, concluyó.  

Julián Tellez: “No conocía a nadie”

El querellante Julián Téllez, que también ha comparecido en esta cuarta sesión del juico como testigo, compró una de las viviendas de primera fila de Hoya Pozuelo en febrero de 2004 (cuatro años después de la apertura del expediente). El acuerdo se cerró, siempre según su relato, en 282.000 euros, 24.000 de ellos abonados en el momento de realizar la reserva en el contrato privado, 42.000 en efectivo y el resto en la escritura de compraventa, de acuerdo a lo estipulado con el empresario.

“Nadie me informó de nada extraño, jamás me dijeron nada y nunca hubiera comprado si supiera que había algún problema”, apostilló Téllez, quien había llegado a la isla en diciembre de 2003 como consecuencia de un traslado laboral. “Antes no había estado en Gran Canaria, no conocía a nadie, ni siquiera a mis compañeros de trabajo”, ha agregado.

En relación al proceso de financiación, su versión de los hechos choca tanto con la manifestada este lunes por Enrique Navarro, director de la antigua sucursal de Bancaja en la calle Rafael Cabrera de Las Palmas de Gran Canaria, como la de su vecino Antonio Antón en la tercera sesión. Y es que ambos afirmaron que había sido este último quien había ejercido de intermediario para cerrar la operación con la entidad, extremo que Téllez ha negado.

El comprador ha puntualizado que no fue hasta 2006 cuando supo, a través de la prensa, de la orden de derribo que pesaba sobre su vivienda.Tres años después, a raíz de un “importante problema personal”, concertó una cita con Cortezo y le exigió la devolución del dinero. “Me dijo que vería como podía ayudarme, que no creía que pudiera devolvérmelo porque crearía un precedente, pero que en 48 horas encontraría una solución. No me ha vuelto a llamar”, ha zanjado.

Además, negó que tuviera prisas por adquirir el inmueble, puesto que ya disponía de una vivienda en régimen de alquiler, y afirmó que no esperó a que expirara el plazo para que el Ayuntamiento de Telde le contestara a su pregunta sobre las posibles afecciones de la vivienda porque creyó que si no había obtenido respuesta en un mes, ya no la iba a obtener.

Bancaja: “No nos dijeron nada del derribo”

Enrique Navarro, director de la sucursal de Bancaja donde Téllez suscribió la hipoteca, también manifestó haberse enterado de los problemas de las viviendas en el año 2006 tras ver la noticia en la prensa. Antes, aseveró, “había mantenido contactos con Hoya Pozuelo, pero no nos transmitió nada de un posible derribo”. En el estudio de viabilidad económica y en la tasación realizada “no había ningún problema”, añadió.

Por su parte, Fernando Erdozain, director de Empresas de Deutsche Bank, la entidad que firmó el crédito con la promotora, un préstamo al que se subrogó la mayoría de los compradores, coincidió con el testimonio de su compañero Rafael Benitez (director de Privados) al afirmar que el banco no tenía ningún inconveniente en retrotraer las ventas por los problemas urbanísticos detectados por la Apmun.

El último testigo en declarar este lunes fue José Luis Mendoza, oficial de la notaria donde se hacían las escrituras, que contó que en los preámbulos de estas firmas se hablaba del expediente a Hoya Pozuelo y que en la nota informativa registral no aparecía anotado nada sobre la infracción de la Ley de Costas. Además, aseguro desconocer que el titular de la notaría tenía el 12% de las participaciones de Hoya Pozuelo.

Un año y medio de grabaciones para documentar una mentira. Clotilde Saavedra, una de las querellantes de la presunta estafa en la venta de los dúplex de Hoya Pozuelo, en el municipio grancanario de Telde, ha  afirmado este miércoles que registró durante todo ese tiempo  las conversaciones que mantenía con Julio Bonis, exconsejero del Gobierno de Canarias, amigo del promotor Jaime Cortezo, jefe de Saavedra durante años y excompañero de su marido en el jet foil, para atestiguar que el histórico dirigente nacionalista mintió cuando declaró a favor del empresario.

La denuncia de Saavedra por falso testimonio en un juzgado dio origen a un procedimiento penal contra Bonis que fue archivado en primera instancia y reabierto posteriormente a instancias de la Audiencia Provincial de Las Palmas, a quien había recurrido la extrabajadora del político. En la actualidad, esta cara B del conflicto de Hoya Pozuelo se encuentra en fase de  instrucción.

En su declaración como testigo en la tercera sesión del juicio por estafa que se ha celebrado este miércoles en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, la exsecretaria de Bonis contó que recurrió a su jefe en el año 2003 tras conocer que existía una orden de derribo sobre la vivienda que había comprado. “Me dijo que había llamado a Cortezo y que todo se iba a solucionar, que estuviera tranquila”, manifestó Saavedra, quien asegura haber vivido un “auténtico calvario” desde entonces que la ha dejado “sin trabajo y sin salud”.

Y es que, posteriormente, Bonis volvió a contactar con ella para comunicarle que le habían citado a declarar en los juzgados y que el promotor le había pedido que lo hiciera a su favor “para evitar que él y su mujer fueran a la cárcel”. Según la versión de su exsecretaria, el político le confirmó entonces que Cortezo devolvería el dinero de la vivienda como contraprestación por haberle “echado una mano” en el proceso judicial.

A partir de ese momento, tanto el dirigente nacionalista como el empresario comenzaron a “darle largas” sobre la devolución, alegando que no querían “crear un precedente” con el resto de vecinos, momento que Saavedra aprovechó para “comprarse cuatro grabadoras” y registrar sus conversaciones con Bonis. La querellante perdió su trabajo tras denunciar a su jefe y, según ha señalado, ha tenido importantes problemas de salud desde entonces por la depresión que sufrió a raíz de los problemas de su vivienda.

Una entrada “en B”

Por su parte, Antonio Antón, marido de Saavedra, excompañero de Bonis y exgerente de la empresa pública que gestiona el 1-1-2 en Canarias, sostuvo que  en marzo de 2003 cerró un acuerdo verbal con Cortezo por el que pagaría 300.000 euros para adquirir la vivienda bajo dos condiciones: que el contrato se firmara en julio y que, del total, 240.000 euros se abonaran mediante escrituras y los otros 60.000 “en mano”. “Era en dinero B, se lo pagué el día 1 de julio en su despacho”, ha precisado Antón al ser preguntado por el abogado de Cortezo sobre la cantidad que no aparece reflejada en el contrato de compraventa.

El querellante ha negado que tuviera conocimiento del expediente sancionador incoado por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias ni de la orden de derribo hasta marzo de 2003, cuando su mujer vio la noticia y la foto de su casa en la prensa un día después de haberse negado a recoger una certificación de la Apmun porque estaba a nombre de la empresa de Cortezo con la que habían suscrito la operación.

“Yo estaba en ese momento de viaje, pero cuando volví me personé en la oficina de  Cortezo, que hizo hincapié en que todo se iba a resolver, en que era un tema político, de ajuste de cuentas”, ha manifestado Antón.  Meses después, en septiembre, volvió a recibir una llamada del empresario: “Me dijo que me devolvería el dinero, que en 48 horas lo solucionaríamos y hasta hoy, todavía lo estoy esperando”.

Antón, que posteriormente organizó una reunión de vecinos que desembocó en la primera querella por estafa contra el promotor, ha insistido en que hasta ese momento no había leído nada en la prensa sobre Hoya Pozuelo ni se había enterado de los problemas a través de los otros residentes. En este sentido, explicó que durante ese intervalo de tiempo realizó reformas y dos aportaciones a la hipoteca, una de ellas tras vender un apartamento en el Sur por 72.000 euros.

“Por supuesto que no la hubiera comprado ni me hubiera gastado ese dinero si llego a saber lo del derribo. Llevo muchos años con la espada de Damocles arriba, pensando que llaman a la puerta y derriban la casa”, ha sentenciado el  querellante, que ha evitado pronunciar la palabra amigo para referirse a su relación con Bonis, aunque ha reconocido que fueron “buenos” compañeros de trabajo y ha limitado la actuación del exconsejero a una mediación para ponerle en contacto con Cortezo.

“La empresa era solvente”

Rafael Benítez, en el momento de los hechos director de Privados de Deutsche Bank, entidad que había concedido el crédito a la empresa para acometer la promoción, al que se subrogó la mayoría de los compradores, ha relatado que continuaron realizando las operaciones tras conocer el expediente de la Apmun porque la empresa “era solvente”, porque las viviendas afectadas “sólo eran unas diez” y porque existía la posibilidad de retrotraer las hipotecas y volverlas a poner a nombre de Hoya Pozuelo.

“Hablamos con Cortezo y nos dijo que era el primer sorprendido, pero nos calmó. Estaba dispuesto a devolver a quien tuviera la menor duda el dinero que había pagado, incluso abonando intereses y los gastos de escritura”, apuntó Benítez, quien, no obstante, ratificó que finalmente no se produjo ninguna devolución a pesar de que “muchos compradores” le solicitaron información, incluso “acompañados de sus abogados”.

También ha declarado en la sesión de este miércoles Javier Cortezo, hermano de Jaime y el arquitecto que redactó el proyecto. Manifestó que la obra se ejecutó de acuerdo a los planos “sin ningún problema” y que, cuando surgió el problema de la invasión de la zona de servidumbre establecida por la Ley de Costas,  él ya había finalizado su labor al haber firmado el certificado final de obra.   

Javier Cortezo explicó que tampoco se detectó ningún inconveniente en el replanteo del proyecto sobre el terreno y sostuvo que las viviendas de primera fila no deberían estar afectadas por la Ley de Costas. “Lo han medido a partir del amojonamiento, pero la Ley dice que se mide hasta donde llega la marea, hasta la ribera del mar. Los mojones no se mojan nunca”, ha apostillado.

Por su parte, Gustavo Albarracín, comercial que tenía la exclusiva de la venta de las viviendas de Hoya Pozuelo, ha achacado a “un lamentable error” el hecho de que apareciera en varios escritos del expediente de la Apmun representando a Elena del Castillo, la esposa de Cortezo, que también está procesada en esta causa. “No acierto a explicarlo”, ha zanjado Albarracín, que ha negado que la acusada le diera poderes para ellos.

El juicio contra Cortezo, Del Castillo y la contable Juana Rosa Fuentes por estafa continuada, falsedad documental y alzamiento de viernes se reanudará el próximo viernes con la declaración de nuevos testigos.

“Lo sabían ellos y los departamentos de riesgo de los bancos desde el minuto cero”. El promotor Jaime Cortezo Massieu ha negado este lunes haber ocultado a los compradores de los dúplex de Hoya Pozuelo, situados en el barrio de La Garita del municipio grancanario de Telde, el expediente sancionador de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias que situaba esta promoción de viviendas bajo la amenaza de derribo por invadir la zona de servidumbre establecida en la Ley de Costas.

El empresario se ha sentado este lunes en el banquillo de los acusados junto a su esposa, Elena del Castillo, y la contable de una de sus empresas, J.R.F., en la primera de las nueve sesiones del juicio que se celebra ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas por la venta de las casas de Hoya Pozuelo.

Un grupo de querellantes, representados por el abogado Juan Sánchez Limiñana, acusa a los dos primeros de los delitos de estafa continuada en el tiempo, falsedad documental y alzamiento de bienes y pide 17 años de prisión para cada uno de ellos. La acusación ejercida por la letrada Mónica Pérez reclama ocho años de cárcel para Cortezo y Del Castillo y cuatro para Fuentes por estafa. La Fiscalía pide el sobreseimiento del caso al no apreciar delito.

La denuncia de la infracción urbanística ante la Apmun fue interpuesta en septiembre de 1999 por José Luis Arencibia (ya fallecido), quien, según ha explicado Cortezo en el juicio, trabajaba para esta promoción de Hoya Pozuelo “a comisión”. El empresario ha defendido que no tuvo conocimiento de esta denuncia durante el periodo en el que se firmó ante notario la mayoría de los contratos de compraventa (entre octubre de 1999 y febrero de 2000) y que, tras la apertura del expediente sancionador el 28 de febrero y después de consultarlo con los abogados y el arquitecto, se reunió con los compradores para explicarles la situación.

El promotor ha asegurado que, tras conocer la orden de derribo (que fue posteriormente ratificada por varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias), ofreció a los compradores devolverles el dinero que habían pagado hasta ese momento o venderles otras viviendas en parcelas que no estaban afectadas por la Ley de Costas.“Ninguno quiso aceptar”, sentenció Cortezo para matizar posteriormente que dos hermanos sí lo solicitaron, pero que las reformas realizadas en la vivienda para adaptarla (uno de ellos tiene movilidad reducida) impedía su venta y, por ello, “acabaron desistiendo”.

Para el promotor de Hoya Pozuelo, haber devuelto la cantidad que había recibido hasta esa fecha por la venta de los dúplex afectados por la invasión del dominio marítimo-terrestre -una cifra que, según sus cálculos, ascendía a 580.000 euros-, hubiera sido “facílisimo”.

En relación a las viviendas vendidas después de que la Apmun hubiera decretado la orden de derribo e incluso después de que el TSJC la hubiera confirmado, el empresario ha reiterado que los clientes sabían lo que firmaban y que su empresa no les ocultó nada.

En este sentido, remarcó que la esposa de Antonio Antón (que en ese momento era gerente de la empresa pública que gestiona el Centro Coordinador de Emergencias 1-1-2 del Gobierno de Canarias) pasaba cada día por su empresa para interesarse por la situación del expediente y preguntar si iban a demoler. “Parecía que estaba en nómina”, ha aseverado Cortezo, que agregó que Antón llegó a presentarse en su oficina con Julio Bonis, entonces consejero de Política Territorial y amigo de ambos, para hablar del asunto.

También se refirió en su declaración a la periodista Candelaria Sánchez, otra de las denunciantes y directora durante ese periodo de varios medios de comunicación propiedad del empresario. Según Cortezo, Sánchez mintió cuando dijo que “no se había enterado” de los problemas de la promoción cuado adquirió la vivienda puesto que “lo había hablado con Paco Santiago, Guillermo Reyes, Lorenzo Olarte... y estaba igual de convencida que yo de que no iban a tirar las casas”.

El empresario desligó a su esposa y a la contable de cualquier responsabilidad en la venta de las viviendas. De la primera afirmó que figuraba como administradora de algunas de sus empresas porque le había dado poderes tras sufrir un infarto, a modo de precaución, pero que nunca ejerció como tal y que sólo visitó las oficinas “dos o tres veces” en veinte años.

En cuanto a Juana Rosa Fuentes, señaló que firmó una de las escrituras “por casualidad”, porque los clientes querían realizar la operación por la tarde, la apoderada no trabajaba en ese horario, y Cortezo le había dado los permisos el día anterior.

La esposa del promotor, Elena Castillo, sobrina del Conde de la Vega Grande, ha manifestado que nunca ha participado en los negocios de su marido y ha negado que fuera la propietaria de la vivienda actual de Candelaria Sánchez, como figura en el expediente de la Apmun, así como que diera poderes a Gustavo Albarracín, empleado de Cortezo, para que la representara ante la Administración. “Me pregunto cómo se ha atrevido esta persona o quien sea a firmar en nombre mío. Nunca tuve nada que ver con Hoya Pozuelo”, ha zanjado.

Por su parte, Juana Rosa Fuentes también negó cualquier tipo de responsabilidad, coincidió en su versión de los hechos con la exposición de Cortezo en relación a la “casualidad” de su actuación y apuntó que los compradores eran plenamente conscientes de los problemas que arrastraban las viviendas hasta el punto de que una de ellas llegó a comentar tras cerrar la operación que había comprado una casa “con derecho a demolición”.

Este martes continúa el juicio con la declaración de seis testigos.