La persistente falta de acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los acreedores europeos sobre el tercer rescate griego ha vuelto a quedar patente una vez más y en las últimas horas han reaparecido las dudas sobre la posibilidad de que el programa pueda acabar con éxito. El FMI analizó el lunes en Washington el informe anual sobre Grecia y “algunos directores tuvieron opiniones diferentes sobre la trayectoria presupuestaria y la viabilidad de la deuda” helena, dijo el organismo en un comunicado.

La institución que dirige Christine Lagarde cree que la deuda griega es “insostenible” y exige a los socios europeos más medidas para lograr un alivio. Además, considera que los objetivos fiscales que marca el rescate para Grecia son poco realistas. Atenas debe alcanzar en 2018, cuando finalice el programa, un superávit primario (el que no tiene en cuenta el pago de la deuda) del 3,5% del PIB, pero según las proyecciones del FMI, sólo es posible llegar al 1,5%. Por eso, le exige al Gobierno de Alexis Tsipras que apruebe medidas preventivas en materia laboral y de pensiones que puedan entrar en vigor en caso de que se cumpla la meta pactada.

El tercer rescate –de 86.000 millones de euros– se firmó en agosto de 2015 sin la participación del FMI, debido a la insostenibilidad de la deuda –actualmente, del 180% del PIB–. Sus normas le impiden dar préstamos en este caso. Pero los acreedores europeos, sobre todo Alemania, condicionan la continuidad del rescate a que el fondo contribuya a su financiación.

El Ejecutivo griego deberá afrontar en julio nuevos pagos y el Eurogrupo se niega de momento a darle el siguiente tramo del rescate. A las divergencias con el FMI, hay que añadir que Atenas aún no ha aprobado dos terceras partes de las medidas que los socios europeos le exigen para poder cerrar la segunda revisión del acuerdo. Los partidos de la oposición llevan meses reclamando elecciones anticipadas.

No obstante, el Gobierno de Tsipras confía en reconducir a tiempo la situación. “Todas las partes han expresado la voluntad de tomar iniciativas para conseguirlo y concluir la evaluación”, dijo el martes un portavoz. La Comisión Europea, por su parte, espera llegar a un consenso “lo antes posible”, según ha dicho hoy la portavoz de asuntos económicos, Annika Breidthardt.

El desembolso del siguiente tramo podría llegar en la reunión del Eurogrupo del próximo 20 de febrero, en caso de que todas las partes estuvieran de acuerdo. La cita es la última antes de que empiece el maratón de elecciones que este año hay previsto en varios países de la UE.

¿Es el Brexit un sucedáneo del Plan B? ¿Hasta qué punto algunos defensores del Plan B optan por salidas individuales? ¿El Brexit que ver con el Grexit?

El Plan B no es unívoco ni homogéneo. Está claro. Y seguramente tampoco el Brexit. Pero el proyecto que abanderan los defensores del Brexit poco tiene que ver con el Plan B, aunque ambos movimientos surjan en un contexto de crisis económica y del proyecto europeo por la austeridad decretada por la troika y sus consecuencias.

Reino Unido no está en el euro ni en Shengen –acuerdo de supresión de controles fronterizos–, por ejemplo, y tradicionalmente ha sido uno de los socios comunitarios menos entusiastas, reacio a procesos de integración, más cómodo con la estrategia atlantista con Estados Unidos que con el continente europeo.

La campaña a favor del Brexit ha estado liderada por la derecha, cuyo principal partido, el Conservador de David Cameron, ha evidenciado la división que arrastra desde los años setenta sobre la construcción europea. El ultranacionalista UKIP de Nigel Farage sí ha estado en bloque a favor del Brexit, como los líderes conservadores Boris Johnson y Michael Gove, que han azuzado un nacionalismo alimentado por el rechazo a la inmigración.

“Hay en Reino Unido”, explicaba Íñigo Sáenz de Ugarte en su blog, “como en otros países europeos, una corriente antiestablishment que cuestiona los hechos asumidos por la clase dirigente, incluso más allá de cuestiones ideológicas. El FMI, la OCDE, la OTAN y otros organismos internacionales han recomendado que el Reino Unido continúe en la UE. Pero también lo han hecho casi todos los dirigentes laboristas y sindicales, incluido Jeremy Corbyn o figuras de la izquierda como Owen Jones. ¿Cuál es el factor relevante? La inmigración y el rechazo que se ha creado a la presencia en el país de trabajadores extranjeros. Sin ese rechazo a la inmigración, incluida la de los ciudadanos de otros países de la UE que ejercen el derecho a la libre circulación, el resultado de la consulta no habría estado nunca en duda. Y eso a pesar de que son muy pocos los británicos que creen haberse visto perjudicados personalmente por la inmigración”.

El Plan B

Hubo un tiempo en el que el Grexit –la salida del euro– estaba solo en la mente de las instituciones europeas, agitado hasta la saciedad durante la campaña del referéndum griego de julio pasado, hace exactamente un año. Hasta tal punto estaba fundamentalmente en boca de la troika que Alexis Tsipras aceptó un tercer memorándum que le llevó a convocar elecciones –que volvió a ganar holgadamente–. Y, para entonces, el Grexit ya no estaba sólo en boca de la troika.

La salida del euro la puso sobre la mesa la escisión de Syriza, Unidad Popular, que al final se quedó fuera del Parlamento griego (consiguió el 2,8% de los votos) en las elecciones del 20 de septiembre –además del KKE (Partido Comunista de Grecia) y los neonazis de Amanecer Dorado–. Una moción del GUE (Grupo de la Izquierda Unitaria, en el que están Podemos, IU, Bildu, Syriza y Unidad Popular, entre otros) firmada por el Partido Comunista de Portugal (PCP) y Akel (Comunistas de Chipre) reclamaba “la creación de un programa de apoyo a aquellos países que consideren que su permanencia en el euro se ha convertido insostenible e insoportable, previendo la compensación adecuada por las pérdidas causadas, en el marco de una salida negociada de la moneda única para aquellos países que lo deseen”: es decir, que exista un mecanismo para salir del euro, cosa que ahora no está regulada.

Paralelamente surgió la campaña Por un plan B en Europa, lanzada por el líder del Parti de Gauche francés, Jean-Luc Mélenchon, junto al exministro de Finanzas griego Yanis Varufakis y la expresidenta del parlamento heleno Zoe Konstantopoulou –candidata ahora de Unidad Popular–, el alemán Oskar Lafontaine –Die Linke–, y el italiano Stefano Fassina –Partido Democrático, exviceministro de Economía–.

La campaña fue presentada en octubre en el Parlamento Europeo por Mélenchon, los eurodiputados del GUE Marina Albiol (IU), Miloslav Ransdorf  (Partido Comunista de Bohemia y Moravia) Javier Couso (IU), Nikolaos Chountis (Unidad Popular), Sabine Lösing (Die Linke) y Rina Ronja Kari (Movimiento popular contra la UE, danés). Y evidenció los matices: la idea del plan B tiene que ver más con formar una alternativa a la construcción europea actual, dominada por la troika e instituciones con déficits democráticos que con una Europa sin euro o salidas unilaterales del sistema monetario europeo –aunque esta idea tenga defensores, como los griegos de KKE y Unidad Popular, el PCP portugués o los comunistas chipriotas–.

Este movimiento siguió evolucionando por varias vías, incluido el DiEM 25 (Movimiento 2025 por la Democracia en Europa) de Varufakis, y confluyó en febrero pasado en Madrid, en una cumbre social contra la austeridad. en la que participó el propio ex ministro de Finanzas griego: “Tenemos que hacer lo que la generación de los años 30 aquí en España y en el resto de Europa no consiguió hacer: crear una gran coalición de demócratas. Una Europa que funciona así es una Europa herida: la crisis no ha terminado, solo han cambiado sus síntomas”.

En aquella cumbre de febrero, organizados en foros, talleres y sesiones plenarias, algunas simultáneas, se debatió sobre la necesidad de “un plan B para Europa contra la austeridad y por una revolución democrática”, y las posibles alternativas en función de siete ejes, y se aprobó un calendario de movilizaciones europeo.

¿Y quiénes estuvieron en esa plaza? Activistas sociales y representantes de organizaciones políticas, algunos en las instituciones y otros no. El eurodiputado de Podemos Miguel Urbán, participante y uno de los organizadores, lo definió entonces como “unas de las conferencias más importantes contra la austeridad en los últimos años, que pretende sacar un proceso de movilización europea, en torno a la austeridad, el TTIP, los refugiados y la construcción de una Europa diferente”.

“Gran parte de los problemas que tenemos y vamos a tener se llama UE”, proseguía Urbán, “y gran parte de las soluciones, una Europa diferente, también ha de surgir de dentro de la UE. Grecia demuestra que hay que refundar un nuevo internacionalismo y que tenemos que tener un pueblo valiente, un Gobierno valiente: es una lección de Grecia que queremos empezar a construir. Hay un elemento central, que es el de los refugiados, la Europa fortaleza, el auge de la austeridad y un autoritarismo orwelliano en una mutación hacia la derecha europea, que recuerda a nuestra historia más negra. Ante eso, los socialistas y los populares europeos se están adaptando, y nosotros queremos combatir la xenofobia, el racismo, no simplemente con el discurso de que entren todos, sino para impedir la batalla de pobres contra pobres. Y para eso hacen falta ayudas sociales y derechos sociales para todos: que haya una Europa social es la mejor forma de acabar con la xenofobia”.

La eurodiputada de IU Marina Albiol escribía este viernes en eldiario.es: “En un contexto en el que desde la extrema derecha se comienza a pedir referendos en los diferentes estados de la Unión, la izquierda hemos de apostar por reforzar nuestros lazos y luchar codo con codo para construir una integración europea diferente que pueda, frente el TTIP, el CETA o el TiSA, acoger a las personas migrantes y refugiadas y garantizar unas condiciones de vida dignas para la población a través de la redistribución de los recursos. Sin embargo, queda claro que el Brexit es lo contrario a este modelo, pues no cuestiona las políticas austericidas y antisolidarias que se vienen practicando, sino que es una salida individual de unos de los estados más ricos de la UE”.

“No se trata de salir directamente del euro”, comentaba entonces el eurodiputado de IU Javier Couso, pero sí de dar alternativas al control hegemónico del BCE que defiende a la banca privada y la estabilidad financiera. No es una propuesta inmediata para ofrecer a nuestras sociedades, sino de reflexión para salir de esta arquitectura que es una cárcel para los países del sur: se pueden reformular los tratados, el BCE, hay muchas posibilidades“.

El responsable económico de Podemos, Nacho Álvarez, explicó así la posición de su partido con respecto al plan B: “El euro ha demostrado ser un experimento histórico fallido, además de un instrumento de dominación política. Puede que perviva aún años como unión monetaria, pero lo hará –si nada cambia– a costa de dosis crecientes de autoritarismo, pérdida de soberanía y falta de democracia. En todo caso, el momento no es fácil: democratizar las estructuras de gobierno del euro será muy complicado, al tiempo que amplias capas de la población rechazan una salida unilateral de la moneda única por las duras consecuencias que eso tendría. Esto obliga a considerar diversas opciones intermedias, como la posibilidad de un Parlamento de la zona euro en el que se recoja la soberanía de los diversos parlamentos nacionales, con funciones verdaderamente legislativas y representativo del peso demográfico de cada país. Simultáneamente, también deben valorarse posibles mecanismos de reajuste cambiario entre los distintos países, dando lugar incluso a diversos euros”.

El acto de Mélenchon, Albiol, Ransdorf, Couso, Chountis, Lösing y Ronja Kari:

La crisis económica, las amenazas del Grexit y el Brexit y la muerte de Schengen son un cúmulo de errores de la UE. Para sobrevivir, el bloque debe aprender a resolver las causas fundamentales de sus problemas

Las condiciones que esgrime el Reino Unido para continuar dentro de la Unión Europea pueden resumirse con un simple “menos Europa”.

Durante las negociaciones con Grecia se repitió continuamente que era Europa lo que estaba en juego, no solo Grecia. Si la respuesta de Europa a un estado miembro con problemas es el castigo o la salida, ¿qué tipo de compromiso con Europa puede esperarse de cualquiera de los países miembro? Hoy podemos decir de nuevo: “No es el Brexit, es Europa estúpido!”

¿Cuánta menos Europa es aceptable para conservar al Reino Unido, cuando lo que es necesario es más y mejor Europa?

La historia nos juzgará; por el momento, no está claro si en este periodo veremos el principio o el fin de la UE, o de hecho, un punto de inflexión.

Pero esa historia todavía se está escribiendo y nosotros aún podemos influenciar en lo que contará. Déjenme sugerir el que podría ser un párrafo de un libro sobre la historia reciente de Europa en un futuro próximo.

“... mientras la idea de que una divisa común podía funcionar como motor de la integración, la inexistencia de una política fiscal y económica común dividió Europa entre deudores y acreedores. Los acreedores impusieron sus normas a los deudores, como si cualquier deuda pudiera existir sin un crédito paralelo, y llevaron a toda la economía de la Unión a la recesión.

Con la pobreza y el desempleo arruinando la UE, cualquier nuevo inmigrante era observado con sospecha, fuera refugiado de un conflicto o no. Los migrantes, llegados en un número inferior al 1% de la población de la Unión, llamando a las puertas de Europa propiciaron la reaparición de las fronteras interiores, mientras la UE desaparecía“.

Con la pobreza y el desempleo arruinando la UE, cualquier nuevo inmigrante era observado con sospecha, fuera refugiado de un conflicto o no. Los migrantes, llegados en un número inferior al 1% de la población de la Unión, llamando a las puertas de Europa propiciaron la reaparición de las fronteras interiores, mientras la UE desaparecía“.

Si damos respuesta a la propuesta de Brexit, tal como la UE está haciendo, ¿quiénes serán los próximos titulares de la “tarjeta roja”: Suecia, Finlandia, los Países Bajos, Polonia, Dinamarca...?

La UE debe demostrar su habilidad para solucionar las causas fundamentales de sus problemas, y para empezar a construir una Europa unida y democrática, o simplemente asistir a su desaparición.

Desde que golpeó la crisis financiera en 2009, cada programa económico impuesto a Grecia por sus acreedores, se ha hecho bajo un supuesto central arrogante: que las reformas estructurales concebidas enérgicamente y aplicadas sin demora, ofrecerían una rápida recuperación económica. La Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional anticiparon que la austeridad fiscal sería costosa y afectaría los ingresos y empleos –aunque subestimaron significativamente cuán costosa sería. Sin embargo, señalaban que las reformas orientadas al mercado tanto tiempo postergadas y muy necesarias resultarían en un impulso compensatorio para la economía griega.

Cualquier evaluación de los resultados actuales arrojados por las reformas estructurales en todo el mundo –sobre todo en América Latina y Europa del Este desde los años noventa– enfriaría dichas expectativas. La privatización, la desregulación y la liberalización producen típicamente un crecimiento a largo plazo, en el mejor de los casos, pero tienen efectos a corto plazo que con frecuencia son negativos.

No quiere decir que los gobiernos no pueden generar un aumento rápido de crecimiento. De hecho, dichas aceleraciones de crecimiento son muy comunes en todo el mundo. Sin embargo, están asociadas con una eliminación bien focalizada y selectiva de obstáculos importantes, y no con una liberalización general e iniciativas de reforma en la economía.

La teoría detrás de las reformas estructurales es simple: abrir la economía a la competencia incrementará la eficiencia con la que se asignan los recursos. Al abrir las profesiones reguladas –como por ejemplo, farmacias, notarios y taxis– los proveedores ineficientes serán eliminados por empresas más productivas. La privatización de empresas estatales hará que la nueva gestión racionalice la producción (y eliminará los trabajadores excedentes cuyo empleo responde a clientelismo político).

Estos cambios no inducen directamente crecimiento económico, pero incrementan el potencial de la economía o los ingresos de largo plazo. El crecimiento por sí solo ocurre cuando la economía empieza a converger con este nivel alto de ingresos de largo plazo.

Numerosos estudios académicos han mostrado que la tasa de convergencia tiende a ser de alrededor de 2% anual. Es decir, cada año, una economía tiende a disminuir la diferencia entre sus niveles de ingreso actuales y potenciales.

Estas estimaciones nos ayudan a entender la magnitud de crecimiento que se puede esperar de las reformas estructurales. Seamos súper optimistas y supongamos que las reformas estructurales permiten a Grecia duplicar su potencial de ingreso en los siguientes tres años –presionando el ingreso per cápita griego más allá del promedio de la Unión Europea. Al aplicar cálculos de convergencia, se produciría un impulso de crecimiento anual de tan solo 1,3% en promedio en los siguientes tres años. Para poner estas cifras en perspectiva, recordemos que el PIB griego se ha contraído en 25% desde 2009.

Así pues, si las reformas estructurales no han sido productivas en Grecia, no es porque las administraciones griegas hayan bajado el ritmo. De hecho el récord de implementación de Grecia es muy bueno. De 2010 a 2015, Grecia escaló casi 40 lugares en la clasificación de los países con el mejor ambiente de negocios, realizada por el Banco Mundial. En cambio, la decepción actual tiene que ver con la lógica intrínseca de las reformas estructurales: gran parte de los beneficios surgen mucho después, no cuando realmente los necesita el país.

Hay una estrategia alternativa que podría producir un crecimiento significativo más rápido. Un enfoque selectivo que se centra en las “obligaciones normativas” –aquellas áreas donde los beneficios del crecimiento son mayores– maximizaría temprano los beneficios. También garantizaría un gasto valioso de las autoridades griegas en capital humano y político en estas batallas que verdaderamente importan.

Así pues, ¿específicamente cuáles obligaciones normativas en la economía griega deben abordarse?

El mayor impulso de la promoción de las reformas se obtendría del incremento de la rentabilidad de los bienes comerciables –lo que estimularía la inversión y las iniciativas empresariales en las actividades de exportación, nuevas y existentes. Claro, para lograrlo, Grecia carece del instrumento más directo –la depreciación de la moneda– debido a que es parte de la eurozona. No obstante, la experiencia de otros países ofrece una larga lista de herramientas alternativas para promover las exportaciones –desde incentivos fiscales hasta zonas especiales para realizar proyectos de infraestructura específicos.

Lo más urgente en Grecia es la creación de una institución cercana al primer ministro que tenga como tarea fomentar un diálogo con inversionistas potenciales. La institución necesita la prerrogativa de eliminar los obstáculos que identifique en lugar de dejar languidecer dichas propuestas en varios ministerios. Típicamente dichos obstáculos son demasiado específicos –normas de zonificación o programas de capacitación, entre otros– y es poco probable abordarlos de forma directa mediante reformas estructurales generales.

La falta hoy en día de un enfoque específico para bienes comerciables ha sido costosa. Distintas reformas han tenido efectos contradictorios en la competitividad de las exportaciones. Por ejemplo, en el caso de la manufactura, los beneficios de la competitividad de los recortes salariales (“devaluación interna”) se vieron contrarrestados por aumentos en los costos de la energía derivados de medidas de austeridad fiscal y ajustes de precios de las empresas estatales. Una estrategia de reformas más focalizada podría haber protegido las actividades de exportación de dichos efectos perjudiciales.

Las reformas estructurales convencionales tienden a sesgarse hacia las “mejores prácticas” –políticas remediales que se suponen son universalmente válidas. Sin embargo, como han descubierto los casos de éxito de países en todo el mundo, un enfoque que retoma las mejores prácticas no ayuda mucho a promover nuevas exportaciones. Al no tener su propia moneda, el gobierno griego tendrá que ser especialmente creativo e imaginativo.

En particular, la experiencia de otros países indica que es probable que una respuesta rápida de proveedores necesite de políticas selectivas y discrecionales a favor de los exportadores, en lugar de políticas favoritas “horizontales” de los partidarios de reformas estructurales. Y aquí radica la paradoja: cuanto más ortodoxa es la estrategia macroeconómica y fiscal de Grecia, más heterodoxa tendrá que ser su estrategia de crecimiento.

Traducción de Kena Nequiz

Copyright: Project Syndicate, 2015.

www.project-syndicate.org

Con el drama griego todavía fresco en la memoria, el mundo se verá obligado en breve a pronunciarse sobre el debate de fondo que ha puesto sobre la mesa el referéndum y la posterior claudicación de Alexis Tsipras. ¿Qué recursos legales tiene un Gobierno para reestructurar su deuda? ¿En qué medida las exigencias de los acreedores están por encima de las necesidades de la población? ¿De qué manera se pueden establecer quitas en el total de esas obligaciones para facilitar su pago? En septiembre la Asamblea General de Naciones Unidas debe votar la propuesta de una norma internacional para regular la negociación de las deudas soberanas. El texto lo ha aprobado hace unos días un comité especial impulsado por Argentina y que cuenta con el asesoramiento del nobel de Economía Joseph Stiglitz.

Se trata de una serie de principios que se basan en la idea de que los estados soberanos tienen “el derecho de diseñar sus políticas macroeconómicas, incluyendo la reestructuración de su deuda soberana, la cual no debe ser frustrada o impedida por ninguna medida abusiva”. Sin embargo, el mismo enunciado aclara que “la reestructuración debería realizarse como último recurso y preservando los derechos de los acreedores”.

Contra los fondos buitre

También hace hincapié en la “buena fe tanto del deudor soberano y de todos sus acreedores”, y señala que ambas partes deberían implicarse en las negociaciones de reestructuración para garantizar la “sustentabilidad de la deuda”. Para eso, los Gobiernos en problemas tendrían que “lograr el apoyo de una masa crítica de acreedores a través de un diálogo constructivo sobre las condiciones de la reestructuración”, según el documento.

Este punto es uno de los que más satisfacción ha generado en Buenos Aires, desde donde se ha propuesto e impulsado este comité especial, que contó con el apoyo de 124 países. Tras el default de principios de siglo, Argentina consiguió el acuerdo con más del 76% de sus acreedores. Con esta regla en vigor, eso le hubiera bastado para extender las condiciones negociadas a los demás. Sin embargo, ahora el país se enfrenta a la reclamación de los fondos buitre que compraron parte de esa deuda y que han obtenido el respaldo de la justicia norteamericana para exigir el pago del valor nominal de sus bonos.

“La cláusula de acción colectiva es un punto muy importante. Con ella Argentina hubiera cerrado su tema en 2005”, apunta Roberto Lavagna, el ministro de economía que en su momento negoció la reestructuración de la deuda del país suramericano.

Otra de las recomendaciones que recoge el documento y por las que Argentina ha peleado especialmente es la que se refiere a la inmunidad soberana, “un derecho de los Estados ante tribunales nacionales extranjeros” y cuyas “excepciones deberían ser interpretadas restrictivamente”, de acuerdo con el texto. El enunciado supone un pequeño triunfo en la batalla que el gobierno argentino libra contra el juez Thomas Griesa, que ha amparado la reclamación de NML Capital Ltd. El problema es que Argentina no puede negociar con este fondo buitre excluyendo al 93% de los acreedores que sí aceptaron una quita. De pagar a NML Capital el valor nominal, debería hacerlo también con todos los demás.

“En un contexto donde los gobiernos de turno buscan resolver sus problemas trasladándolos al gobierno siguiente, seguirá habiendo incentivos a renunciar a la inmunidad soberana para obtener mejores condiciones de financiamiento al emitir deuda. Por lo tanto, debería establecerse que sea imposible para los países renunciar a la inmunidad soberana en los contratos de deuda”, ha asegurado a la prensa local el economista argentino Martín Guzmán, que formó parte del grupo de expertos convocados para el debate.

Pago sustentable

La propuesta del comité ad hoc de la ONU se basa en la “sustentabilidad” de la deuda. Sostiene que las reestructuraciones deben realizarse “preservando los derechos de los acreedores” pero a la vez promoviendo “un crecimiento económico sostenido e inclusivo”, “minimizando los costos económicos y sociales” y “respetando los derechos humanos”. Toda una declaración en un momento en el que se cuestionan los efectos que ocasionan en la población los recortes exigidos a Grecia para evitar su default.

Además, el comité menciona el principio de “imparcialidad”, que exige que “todas las instituciones y actores involucrados en la reestructuración de deuda soberana, incluso a nivel regional, de conformidad con sus respectivos mandatos, disfruten de independencia y se abstengan de ejercitar cualquier influencia indebida en los procesos”.

“Establecer que el objetivo es la sustentabilidad de la reestructuración más que la aceptabilidad de los mercados es un cambio fundamental”, concede Lavagna. “Los cupones ligados al crecimiento del país que reestructura mejoran la oferta de cualquier reestructuración”, apunta el economista.

Tanto Estados Unidos como Inglaterra, Alemania y Francia se oponen a que la ONU se meta en este asunto porque lo consideran una competencia del Fondo Monetario Internacional, y previsiblemente votarán en contra del documento.

Por eso Stiglitz dedicó parte de su intervención en el cierre de la comisión a defender el papel de Naciones Unidas. “El lugar adecuado para llevar a cabo esta discusión no es el FMI. Allí se congregan solamente los acreedores, entonces ningún debate equilibrado puede surgir. El espacio indicado es la ONU, es el único lugar donde se pueden sentar en la mesa acreedores y deudores”, aseguró.

Aunque Angela Merkel haya logrado que la mayoría en el Parlamento alemán apoye por ahora la propuesta de un tercer rescate a la economía de Grecia, la idea de que este país mediterráneo termine saliendo de la zona euro se ha popularizado en cierto sector de la población germana, incluida en buena parte del partido de la canciller, la Unión Cristiano Demócrata (CDU). Sin embargo, fuera del territorio germano, y a rebufo del tenso debate sobre el Grexit, vuelve a oírse hablar de esa idea que a muchos sonará peregrina y que consiste en imaginar a Alemania, la mayor economía europea, saliendo de la moneda única.

El influyente periódico conservador alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung recogía hace unos días que en Francia se está haciendo cierto eco la idea del Germexit. Con ese término se alude a un eventual abandono de Alemania de la moneda única. Esa expresión la utilizaba recientemente en un editorial Luc Le Vaillant, periodista del diario progresista galo Libération. Le Vaillant planteaba en su columna: “¿Y si echamos fuera a Alemania?¿Y si la dejamos que se pudra en su riqueza?”. Tal era la propuesta que planteaba el editorialista de Libération con el objetivo de, entre otras cosas, “liquidar el rigor recesivo que impone Berlín como una evidencia propia de quienes no comprenden que se pueda poner en entredicho una ideología vestida con la sobrepelliz del realismo”.

En su artículo, citaba este periodista francés la descripción de Alemania contenida en el último ensayo del líder izquierdista galo Jean-Luc Mélenchon, Le Hareng de Bismarck, le poison allemand (Ed. Plon, 2015) – “El arenque de Bismarck, el veneno alemán”. En ese libro, Alemania aparece como la principal responsable de una Europa transformada en “una apoteosis contrarrevolucionaria, un gran mercado cristiano, una avanzadilla del ordoliberalismo”, según resumía Le Vaillant el contenido del volumen firmado por el eurodiputado del Frente de Izquierda francés.

La respuesta del Frankfurter Allgemeine Zeitung al artículo de Le Vaillant ha sido calificar los comentarios del periodista de Libération como el resultado del “florecer de un gran resentimiento anti-alemán” en Francia. Sin embargo, la salida de Alemania del euro no es algo que se plantee exclusivamente en países donde hay más o menos motivos para que florezca una renovada germanofobia. Por ejemplo, en Estados Unidos, el economista indio Ashoka Mody, quien fuera director adjunto del departamento europeo del Fondo Monetario Internacional (FMI), escribía hace unos días que, dada la crisis de la eurozona, “Alemania, no Grecia, debería salir del euro”.

“El regreso alemán al Deutsche Mark (DM) causaría que el valor del euro cayera inmediatamente, dando a los países de la periferia de Europa un más que necesario impulso a su competitividad”, señalaba Mody en una columna para la agencia de noticias internacional Bloomberg. “La alteración de una salida alemana sería menor”, porque “el DM compraría mas bienes y servicios en Europa (y el resto del mundo) de lo que el euro lo hace hoy”, y, además, “los alemanes se harían más ricos”, añadía.

Esta idea no la ha gestado Mody, actualmente profesor de Economía Internacional en la Universidad de Princeton. Hace tres años, el magnate y filántropo estadounidense de origen húngaro, George Soros, ya popularizó por un tiempo el Germexit. Lo hizo a través de su participación en varios foros en los que defendió esa tesis. También se apoyó para lanzar ese debate en un artículo que firmó para la prestigiosa revista estadounidense New York Review of Books.

Titulado The Tragedy of the European Union and How to Resolve it – “La tragedia de la Unión Europea y cómo resolverla” –, Soros planteaba en dicho ensayo que, “sin Alemania, la zona euro no tendría dificultades para llevar a cabo un cambio de 180 grados que de otro modo necesitaría el consentimiento de la canciller Merkel”. “Una salida de Alemania sería un evento que perturbaría por un tiempo” la eurozona “pero sería gestionable” a diferencia “del caótico y extendido efecto dominó que tendría que los países con deudas se vieran obligados a salir del euro”, agregaba Soros.

No obstante, en Alemania, éstas ideas están muy lejos de ser tenidas en cuenta. Ocurre, más bien lo contrario. Las altas instancias germanas parecen querer preparar el terreno para remodelar una zona euro de modo que ésta pueda perder miembros si no queda más remedio. En este sentido, el Consejo Asesor de Economistas del Gobierno alemán se ha pronunciado recientemente a favor de la creación de un mecanismo que permita abandonar la moneda única a aquellos miembros insolventes.

Esta influyente institución germana no planteaba esta idea para ofrecer herramientas con las que ayudar a países como Grecia, aunque el Grexit, según el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, puede ser “el mejor camino para Grecia”. En realidad, los conocidos como “sabios” de la economía alemana están pensando en los votantes de los países donde reina el escepticismo respecto a la onerosa política de rescates. “Para asegurar la cohesión monetaria deberíamos tomar nota de que el electorado de los países acreedores no está dispuesto a financiar a los países con deudas de manera permanente”, ha aclarado Christoph Schmidt, el presidente del Consejo Asesor de Economistas teutón. En los planes de Schmidt y compañía no figura que Alemania deje una zona euro en la que, no en vano, el país de Angela Merkel es el más influyente. 

El recurso al referéndum del gobierno de Syriza ha terminado por poner de manifiesto de manera descarnada que la gobernanza económica en la UE ha sido sustraída a la ciudadanía

Cualquier pretensión soberana de apartarse del camino de la ortodoxia resulta ignorada, cuando no directamente aplastada, en la medida en que suponga un cuestionamiento de los dogmas neoliberales

Las conclusiones de la auditoría griega pone de manifiesto lo que los mecanismos de rescate implican en términos de un gigantesco proceso de privatización de beneficios financieros y socialización de pérdidas a escala europea

Unas semanas después de asistir a su desenlace y tras vivir con intensidad un proceso que había llevado a mucha gente a pensar que un cambio de rumbo en la construcción europea era posible, las lecturas sobre la crisis griega nos dejan una sensación profundamente inquietante en la manera en que se ha resuelto este episodio. Isidro López, diputado por Podemos en la Asamblea de Madrid y miembro del Observatorio Metropolitano, describe en este artículo cómo el recurso al referéndum del gobierno de Syriza ha terminado por poner de manifiesto de manera descarnada una realidad que ya hace algunos años pudimos intuir en la imposición de gobiernos tecnócratas en la propia Grecia y en Italia: la gobernanza económica en la UE ha sido sustraída a la ciudadanía, y cualquier pretensión soberana de apartarse del camino de la ortodoxia resulta ignorada, cuando no directamente aplastada, en la medida en que suponga un cuestionamiento de los dogmas neoliberales.

Al margen de la problemática de la deuda de los países del Sur, la forma en que se están llevando a cabo las negociaciones sobre el TTIP no hace sino ratificar la anterior afirmación: las políticas económicas que llevan a cabo las instituciones europeas se despliegan a una escala que escapa al control democrático. Si esas políticas entran en contradicción con los intereses generales, como ha sucedido a raíz del desarrollo de la crisis financiera, se imponen por la fuerza.

No deja de ser paradójico que el proyecto europeo, mientras que a nivel de garantías jurídicas ha sido capaz de articularse como un espacio en el cual la protección de los derechos y libertades individuales se ha visto amparada y reforzada, se encuentre a estas alturas y a su vez absolutamente desacreditado en cuanto espacio de integración, más allá de la unión monetaria, y solidaridad entre los estados miembros, con unas instituciones absolutamente sometidas al poder económico. Así, en el marco de la crisis griega y citando nuevamente a Isidro López: “La decisión del Banco Central Europeo de bloquear el ELA y dejar a los bancos griegos con sus problemas de liquidez (...) es una aberración desde el punto de vista de las funciones democráticas de un banco central. La función de los bancos centrales es proteger a los ciudadanos que dependen de él de la crisis, no provocarla por motivos políticos”.

Esta misma idea de que la crisis griega se ha abordado atendiendo a criterios exclusivamente políticos y no a ningún tipo de racionalidad económica era defendida en este medio esta misma semana por Miguel Urbán, para quien “la Troika nunca quiso negociar un acuerdo con Grecia porque ”acordar“ implica partir de posiciones distintas para llegar a un ”acuerdo“, cediendo cada parte en un proceso libre y dialogante”. La resolución del conflicto abre así, como decíamos, un horizonte preocupante, y es que “no hay una maquina más potente de generar euroescépticos en este momento que las instituciones europeas y el Eurogrupo”. No deja de sorprender, en este caso, la ceguera ante los desequilibrios que ha generado la construcción europea y la fractura social que estos conllevan, una fractura social que desde luego no va a solucionarse a base de austeridad.

Llegados a este punto, y a pesar de la sensación de fracaso y la preocupación que cabe experimentar ante el desarrollo de los acontecimientos, podríamos extraer también algunas conclusiones valiosas de lo ocurrido en estos últimos meses. En este sentido, pensamos que uno de los aspectos que hay que poner en valor es el trabajo de la comisión que ha llevado a cabo la auditoría de la deuda griega.

Hay dos aspectos que nos parece importante resaltar. En primer lugar, hay que reconocer que en el marco de una negociación que difícilmente puede reconocerse como tal y tan desequilibrada como la que se ha producido entre Grecia y el Eurogrupo, el informe de auditoría no es condición suficiente a la hora de que la parte deudora pueda plantear una quita si no va acompañado de otro tipo de medidas de presión. Y sin embargo, al mismo tiempo tenemos la impresión de que ha sido una herramienta infrautilizada de cara a ganar una batalla igualmente importante como es la de la opinión pública europea.

Dicho de otra manera, las conclusiones de la auditoría griega podrían ayudar a tender puentes y articular redes entre la ciudadanía de los estados miembros, en la medida en que pone de manifiesto lo que los mecanismos de rescate implican en términos de un gigantesco proceso de privatización de beneficios financieros y socialización de pérdidas a escala europea.

En España, y a distinto nivel, la creación de Observatorios Ciudadanos Municipales constituye un paso sumamente interesante en esta dirección, a la espera de lo que ocurra en los próximos meses y del resultado de las inminentes elecciones generales. Pendientes de cómo se desarrolle un posible proceso de confluencia entre Podemos y la nueva Plataforma Ahora en Común, pensamos que sería deseable que la cuestión de la auditoría ocupara un lugar central en los programas y en el debate público.

Si bien, y como se ha demostrado, la negociación desde abajo de una posible quita no deja de ser sumamente problemática y dependería de las alianzas que fueran capaces de establecer los países afectados por la austeridad, creemos a su vez que el potencial de la auditoría ciudadana de la deuda reside precisamente en implicar a la ciudadanía en un proceso a través del cual conocer los mecanismos mediante los cuales se ha generado el endeudamiento y, a través de ese conocimiento, exigir responsabilidades. Asimismo, y en el marco de una posible recuperación, serviría para cuestionar el modelo sobre el cual se ha asentado el crecimiento de la economía española durante las últimas décadas. Tal y como señalaba Alberto Garzón esta semana en Zona Crítica, “las reformas estructurales impuestas por la troika en los países del Sur de Europa tienen como objetivo profundizar en el carácter periférico y dependiente de estas economías”. Frente al ‘no hay alternativa’ y al discurso del miedo hacia un proceso que implique una transformación profunda, debemos ser capaces de explicar que perseverar en la especialización inmobiliaria de la economía española supone hipotecar nuestro futuro y aceptar “un modelo económico de precariedad laboral y social”.

Este artículo refleja la opinión y es responsabilidad de su autor. Economistas sin Fronteras no necesariamente coincide con su contenido.

Yanis Varufakis, el icónico exministro de Finanzas griego, dijo que se tomaría un tiempo para analizar las medidas impuestas por la troika para Grecia antes de dar su valoración. Y parece que definitivamente ese tiempo se acabó. Además de votar en contra del primer paquete de recortes en el Parlamento griego, Varufakis ha ido publicando varios post en los que desmenuza y analiza las medidas acordadas con la troika.

En su último artículo (del 20 de julio) en la web de Project Syndicate, Varufakis analiza la idea del fondo de privatizaciones que considerar un “horror” y un “estigma para la conciencia europea”. El fondo tiene un tamaño (predeterminado) de 50.000 millones de euros y acogerá un número indefinido de activos públicos griegos que se irán vendiendo para amortizar deuda a 30 años vista.

El académico cree que el plan es “una oportunidad desaprovechada” y que es “políticamente tóxico” ya que aunque estará radicado en Grecia estará administrado por la troika. El griego asegura que había otras opciones a este plan, que él mismo presentó ante la troika el pasado 19 de junio, en la recta final de las negociaciones que se rompieron el 26 de junio. En esta propuesta alternativa proponía “juntar los activo públicos” excluidos los de seguridad y patrimonio cultura, en un grupo financiero que se adminstrara como una entidad privada auspiciado por el Parlamento y con el Estado griego como único accionista. El grupo, asegura Varufakis en el artículo, prepararía los activos para su venta y “emitiría un bono con plena garantía” para recaudar entre 30.000 y 40.000 millones de dólares que se invertirían en modernizar estos activos.

Este plan de inversión, según el exministro, tendría efectos multiplicadores en la economía griega a 3 o 4 años vista, con el consiguiente aumento de los ingresos tributarios. Con el tiempo, Varufakis pretendía conceder una licencia bancaria al grupo para que funcionara como un banco de inversiones al uso. Finalmente, algunos activos se privatizarían y otros no.

“Nuestra propuesta fue acogida con un silencio abrumador” asegura el profesor que lamenta como pese a poner este tipo de medidas sobre la mesa el resto de Gobiernos del euro filtraban a los medios que Grecia no ofrecía propuestas innovadoras. “Nuestra innovadora propuesta fue arrojada a la papelera” lamenta Varufakis que lanza un guante: “ahí sigue para que otros la recuperen”.

La mirada de tota Europa i de la resta del món es torna a posar sobre Grècia. Sembla ja innegable l’existència d’un conflicte fàcilment intel•ligible en termes dicotòmics: elits – poble, capital financer – classes populars, Europa central – Europa perifèrica. D’aquesta manera és com han aparegut moviments polítics capaços d’articular discursos en clau d’impugnació populista, no solament en termes progressistes com Podemos a l’Estat Espanyol, Syriza a Grècia o SinnFein a Irlanda, sinó també en clau reaccionària com el Front Nacional a França, Alba Daurada a Grècia o Vertaders Finlandesos a Finlàndia.

El moment populista, doncs, esdevé un fet difícilment qüestionable en un escenari de desintegració dels diversos règims consolidats. De forma anàloga al moment populista sembla estar vivint-se un procés de “llatinoamericanització”, aquesta dinàmica que recorre, sobretot, la perifèria europea està desembocant en l’obertura del camp de possibilitats en direcció a una situació post – neoliberal en alguns escenaris nacionals europeus. Fins ara, la denominació post – neoliberal havia estat exclusivament reservada pels diversos governs llatinoamericans que havien desafiat – de manera exitosa - les directrius del FMI i les instàncies del capital financers. Estava reservat, doncs, per govern com el xavista a Veneçuela, el de Rafael Correa a Equador o el d’Evo Morales a Bolívia, entre altres.

Fixant-nos en el cas hel•lè, quins elements comuns podem trobar entre la situació grega actual i les dinàmiques llatinoamericanes prèvies a les situacions post – neoliberals? Justament podem identificar dos elements claus que han permès l’arribada de l’opció de Syriza al govern: un elevat nombre de la societat exclosa tant en termes econòmics com socials i un govern, de facte, supranacional no democràtic – ja siga de manera directa a través del capital financer o a través d’un gestor institucional com és l’Eurogrup o la Comissió Europa – i, per tant, una incapacitat d’exercici de la sobirania nacional. L’elecció de Syriza, doncs, esdevenia una impugnació en clau de progrés, en una direcció post – neoliberal que tractava d’esmenar el capital financer com a govern a l’ombra.

Aquest mateix dilluns, però, el guió es trencava. A pesar del suport popular en una consulta que tractava d’enfortir la posició negociadora del interlocutor hel•lè front els seus homòlegs, el govern grec claudicava front les pressions de les autoritats europees. Així, ens trobem davant d’una derrota en majúscules? Cal rendir-se als peus dels vidents de l’apocalipsi – com el KKE – capaços de visualitzar la derrota setmanes abans però incapaços de visualitzar el seu propi estancament en termes pràctics? En opinió de qui escriu la posició adequada seria tractar d’entendre la situació hel•lena a partir dels diversos factors contingents que hi juguen i, sobretot, no entendre la partida com acabada sinó, al contrari, com acabada de començar.

2. El GREXIT, l’estratègia de Syriza i el capital financer

Des d’un inici les negociacions entre les autoritats gregues i les europees donaven poques opcions als partidaris d’una reforma a l’interior de la Unió Europea. El capital financer francès i alemany – que negociava mitjançant els representats de les institucions europees – tenia escassos incentius per accedir a una quita o reestructuració del deute grec. L’acceptació de la reestructuració o quita implicaria obrir la porta a una futura operació homòloga en el cas del deute espanyol o portuguès. D’aquesta manera, progressivament el procés de negociació ha anat aproximant-se cada vegada més a un punt de no retorn, aquest punt en un eix temporal el podem situar en el moment del referèndum realitzar per Tsipras com un intent de reforçar la seua posició negociadora i desencallar la negociació.

Com s’ha deixat palès al llarg de la negociació, l’operació d’eixida de Grècia de la Unió Europa – batejat com GREXIT pels mitjans de comunicació – ha estat més una amenaça més recurrent per la banda negociadora institucional que no pas per la del govern hel•lè. La negociació, doncs, deixava notar el paper dominant dels negociadors de la Unió, és a dir, dels creditors.

Aquesta lògica negociadora inicial no sorprendria a ningú donades les relacions creditor – deutor i el relativament disminuït pes de l’economia grega en el conjunt europeu, però aquesta posició marcava un inicia desavantatjós per a la negociació en termes progressistes.

L’amenaça, doncs, d’un possible GREXIT constituïa un mecanisme dissuasiu envers la possibilitat d’una negociació forta en termes progressistes, és a dir, una amenaça envers propostes com la reestructuració o quita del deute o la implementació de mesures socials. De qualsevol manera l’estratègia de negociació no solament tractava de dissuadir a Syriza, sinó que també tractava de deixar clara l’hegemonia del capital financer i del paper alemany com a punta de llança de la negociació front a les insinuacions i intents desganuats de la socialdemocràcia francesa, entre altres, per oferir un tracte més suau o permissiu.

L’estratègia de Syriza havia estat basada, fins aleshores, en forçar progressivament una nova relació amb els creditors, una nova relació més favorable als interessos de les classes populars gregues. Tanmateix aquesta estratègia estava fortament basada en la capacitat política i democràtica de Syriza, és a dir, en la creença de ser capaços de forçar una millora en la posició negociadora hel•lena a través de l’augment del suport popular democràtic. Aquesta estratègia de reforma progressista dintre de l’eurozona, però, es va mostrar poc efectiva front els interessos del capital financer.

Aquesta pèrdua d’efectivitat es trobava remarcada per un factor clau en la negociació, la disminució actual de l’exposició de la banca tant alemanya com francesa al deute grec. A través dels mecanismes financers del BCE, l’exposició de la banca alemanya i francesa ha disminuït, col•locant els actius relacionats amb el deute hel•lè en entitats públiques – el propi BCE va comprar la major part – o diversificant-ho en diverses opcions. D’aquesta manera el poder negociador de Syriza disminuïa respecte del que podria haver gaudit fa un anys, l’eixida de Grècia de l’euro, doncs, no tindria un impacte directe financer tan elevat.

L’efecte més rellevant, però, seria ideològic o moral en tant que mostra la Unió Europa com un procés reversible i, per tant, insegur.

L’esgotament de l’estratègia progressiva de Syriza era cada vegada més patent, els creditors a cedir mínimament en els punts clau de la negociació. A més, per forçar més els termes de la negociació, el Banc Central Europeu – fent gala de la seua (no) independència política – va muntar un setge al sistema bancari grec per tal de deixar aquest sense liquiditat, formant el famós Corralito“ de les últimes setmanes. Amb l’esgotament de l’estratègia ”pacífica“ de Syriza s’apropa el moment d’escollir el següent pas: cedir a les exigències del capital financer o radicalitzar l’estratègia.

Quina haguera estat la possible estratègia radical de Syriza? L’ala esquerrana del partit  - i no tan esquerrans – tenien un possible plantejament per resistir els embats de la Troika. Com el mateix Costas Lapavitsas explicava, la radicalització de l’estratègia passava necessàriament per la quita o impagament del deute i per la nacionalització de la banca per bastir a l’estat d’eines per implementar les polítiques necessàries. Tot i això, el propi Lapavitsas acceptava la repercussió d’aquesta radicalització de l’estratègia: una eixida imminent de l’eurozona, però comandada per les forces progressistes.

Aquesta nacionalització de la banca proposada per l’ala radical de Syriza no suposa una transgressió molt elevada de la realitat. De fet, la banca pública grega és en quasi la seua totalitat capital d’origen públic dels rescats financers, solament la gestió és privada. Com ja hem dit, la nacionalització de la banca ampliaria la capacitat d’acció de l’estat grec, permetent la implementació de polítiques per normalitzar les operacions de la banca a un grau adequat. D’aquesta manera, la gestió pública podria implementar la realització de transaccions o operacions, fins i tot, amb control de capitals.

Entorn el GREXIT ha existit un llarg debat dintre de les pròpies forces intel•lectuals de Syriza, així el propi Varoufakisadmetia la dificultat que el GREXIT aportava a la situació econòmica grega. En una economia on la moneda – l’euro – està controlada pels creditors, una eixida del sistema monetari implica la necessitat d’implantar una pròpia, aquest procés és clarament un procés costós i lent pel que deixaria a l’economia en una situació de “standby”. Tot i això, tant Varoufakis com Lapavitsas semblaven d’acord amb una possible estratègia econòmica, aquesta passava necessàriament per la nacionalització de la banca per poder suportar l’eixida de l’euro.

L’objectiu d’aquesta estratègia és aconseguir crear liquiditat per al sistema bancari grec, aquesta liquiditat és una variable necessària per a la continuïtat de l’economia grega. L’obtenció de liquiditat no passa necessàriament – a curt termini – pel retorn al dracma (com ja hem dit la implantació de la nova moneda te uns costos i uns tempos), cap la possibilitat de pagar les obligacions estatals a través d’altres canals com l’expedició de IOU’s (pagarés), mesura que el propi Varoufakis ha reconegut com a inclosa en el seu pla econòmic inicial.

Tot i això, però, fins i tot amb la implementació del pla radical de Syriza, la geopolítica ha jugat  - i jugarà – un paper ben important al desenvolupament de les negociacions i del conflicte. L’aparició d’agents externs com els EUA – ja presents al FMI – demanant una reestructuració del deute grec respon a clars interessos geopolítics nord-americans. Així, als EUA no els interessava mínimament una zona grega – tant a nivell geogràfic com polític - fora de la OTAN i sota la influència de Rússia i Xina, una zona hel•lena amb el iuan com a moneda internacional podria accelerar el procés de desbancament del dollar com a moneda oficial de caràcter internacional.

D’altra banda, tampoc Xina o Rússia semblaven disposades a impulsar la disgregació de l’eurozona. Amb l’elevat volum d’inversions de la Xina en els països de la Eurozona tant en termes de IED com en termes de compra de deute, poca intervenció a favor de l’impagament grec podria esperar-se per part del gegant asiàtic. Al cas rus, per contra, sembla ser un cas més complex, amb l’acord amb Grècia per fer passar el gasoducte TurkStream que creua la Mar Negra i permet fer arribar el gas rus a Àustria passant per Grècia. L’acord rus, doncs, li permet agafar una posició més forta en el conflicte ucraïnès en controlar una gran part del subministrament de gas i, a més, dona possibilitat de cooperació amb un membre de la OTAN. La posició geopolítica, però, donaria per un article sencer per comentar i comprendre.

3. Syriza com a hidra i l’enfrontament dels seus dos caps.

La conclusió ràpida de l’escenari grec podria ser una conclusió de derrota i fi de la història (una vegada més), per desgràcia per alguns/es tot i les capitulacions de Tsipras queda molt per veure en aquest escenari. La capitulació de Tsipras no ha estat aprovada, ni molt menys, pels òrgans interns i la polarització entre la posició moderada i radical interna del partit s’ha aguditza. Tanmateix, l’organització popular als carrers grecs ha tornat a reviscolar, tot i que amb una menor intensitat que anteriorment pel suport al partit governant.

Dintre d’aquest escenari, l’anàlisi que millor ens pot ajudar a entendre la situació actual serà, segurament, aquell que més s’allunye d’afirmacions taxatives: ni la negociació ha estat un mal menor (de nou ressona allò del “There is no alternative”) ni s’ha d’entendre com una traïció. Una possible manera d’entendre l’actual situació és en l’escenari previ i en la planificació de l’actual, qui podria tenir un paper rellevant en la planificació de l’estratègia en una situació com l’actual? Evidentment, la comissió econòmica de Syriza.

La comissió econòmica de Syriza encarregada de gestionar la negociació des de la visió de Varoufakis i Tsakalotos, entre altres, es composava d’experts provinents de visions properes al (post)keynesianisme, en el terme ampli del concepte. Des d’aquesta visió es va elaborar el “Programa de Tessalònica”, un recull de mesures emmarcades en un futur escenari de reforma progressista dintre de l’eurozona, una mena de “New Deal” hel•lè. Aquest programa, però, s’ha mostrat com inassolible dintre del límits de la moneda única i les restriccions del capital financer a través del deute, l’escenari de progrés, doncs, s’enderrocava front la posició radical.

La manca de capacitat de lectura i preparació de la situació per part del model moderat situa la pilota al camp radical. On estava aquest pla radical d’eixida de l’eurozona? On estaven els experts en el moment de l’acceptació de les reformes? Com el propi Lapavitsas reconeix, la resposta és: ignorats. Dintre dels ritmes del partit hel•lè s’havia instaurat uns ritmes que no permetien el debat en termes complets, el debat incomplet i incoherent Aquest fet implicava la inexistència d’un pla d’eixida i contenció en relació al GREXIT, com el propi Lapavitsas ha afirmat.

Les seues paraules en relació al GREXIT foren tergiversades, afirma l’economista hel•lè,la incapacitat grega d’eixir de la zona euro no es dona per cap altre factor que la manca d’unes condicions mínimes de resistència: plans governamentals, conscienciació de la població, nacionalització del sistema financer etc. Cap estat o economia humana pot preparar tots estos elements en 12 hores. La pregunta, doncs, que aquells que pretenen entendre la situació grega haurien de plantejar-se és: per quan l’esquerra es plantejarà seriosament un alternativa a l’eurozona? Però sembla que això deurà esperar.

D’aquesta manera la moneda del rescat sembla estar en l’aire, Syriza ara mateixa és un camp de correlacions decantades envers el sector moderat, un sector que s’ha mostrat força impotent front a la situació. Les cartes del sector radical semblen ser les de sempre: la mobilització popular i una bona mobilització interna de l’ala radical dintre del partit i les seues bases. Tot i això, cal tenir en compte una restricció important: la no intenció i necessitat de l’ala radical de no fer trontollar el govern de l’esquerra – com ells mateixa anomenen al govern – sinó de girar i canviar de signe aquest, de radicalitzar-lo sense forçar una desintegració. No serà una tasca senzilla, però sembla clau per a les properes dècades.

La Comisión Europea ha redactado en las últimas semanas un extenso informe que contendría los pasos a seguir y las consecuencias de una posible salida de Grecia del euro, según ha informado el diario griego 'Kathimerini' en su edición digital.

Este informe, que comprende unas 200 preguntas y respuestas sobre el futuro de Grecia fuera de la eurozona, se encontraría en una caja fuerte a pocos metros de la oficina del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en el piso 13 del edificio Berlaymont de Bruselas.

El documento fue recopilado a finales del mes de junio por un equipo de 15 personas, muchas de ellas directamente implicadas en las negociaciones sobre el tercer rescate a Grecia y su contenido recoge algunas consecuencias sociales “potencialmente devastadoras”, según el medio heleno, que podrían emerger si Grecia abandona o es expulsada de la moneda única y, casi por descontado, del acuerdo Schengen que regula los desplazamientos transfronterizos.

Según el medio, Juncker explicó en persona la existencia de este informe así como su contenido al primer ministro griego, Alexis Tsipras, antes de la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la eurozona de la semana pasada en Bruselas y que culminó con la aprobación de duras medidas para reformar la economía griega a cambio de un tercer rescate.

La última opción

El diario describe un estado de consternación entre los responsables de redactar el informe. “Nadie se podía creer que las cosas hubieran llegado a ese punto”, explican al medio fuentes europeas, que hablan con absoluta certeza de que un 'Grexit' desembocaría en un caos social sin parangón en un país de la Unión Europea.

“Si este plan se materializara alguna vez, se escucharía el ruido de los tanques en las calles de Atenas”, llegó a declarar una de estas fuentes al diario.

Esta semana, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, reconoció que las conversaciones del pasado fin de semana estuvieron a punto de colapsar por las diferencias entre la canciller Angela Merkel y el primer ministro griego Alexis Tsipras sobre la cuantía de un fondo de privatización para Grecia, una de las condiciones para iniciar un tercer rescate.

“Cuando Tsipras y Merkel solicitaron un descanso, tenía la sensación de que estábamos a punto de fracasar”, declaró Tusk. La diferencia de pareceres residía en una distancia de 2.500 millones de euros.

“En ese momento les dije que si las negociaciones terminaban sin resultado, estaba dispuesto a anunciar que Europa iba a quedarse al borde de la catástrofe por 2.500 millones de euros”, relató Tusk al diario heleno.

Fuentes europeas bajo el anonimato han comentado las declaraciones de Tusk. “Parecía que (Merkel y Tsipras) estaban buscando una excusa para romper las negociaciones. No solo fue un momento muy peligroso; fue también genuino, una reacción a la fatiga y la frustración que ambos sentían”, indicaron al 'Kathimerini'.

Hasta marzo pasado Luc Coene (Gante, 1947) era el gobernador del banco central de Bélgica y miembro del Consejo del BCE. Exmiembro del Gobierno del liberal Guy Verhofstadt, Coene sería hoy una especie de halcón moderado, no muy lejos de las tesis del intransigente ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble. Nombrado consejero del Mecanismo Único de Supervisión del BCE y volcado en la actividad privada -participa en varios consejos de administración-, este flamenco que responde en un francés perfecto -al igual que su inglés- ha contemplado una salida parcial de Grecia del euro.

¿Grexit habría sido una buena idea viendo el acuerdo que se alcanzó la mañana del lunes?

Cuando vemos las dificultades que ha habido para alcanzar un acuerdo en el que el primer ministro griego no cree me hago preguntas sobre el valor de tal acuerdo. ¿En qué medida va a aplicarse? ¿O habrá que discutir a cada momento los elementos de este acuerdo porque se van a poner continuamente en cuestión? Me pregunto si habría sido tan negativo dejar salir temporalmente a Grecia del euro pero manteniéndola en la Unión Europea para que acceda a planes de inversión que relancen la economía, y dejándole más margen para aliviar la implementación de reformas que el país debe hacer. Grecia podría sacar más fácilmente las reformas quizás si tuviera su propia divisa, para después volver así a entrar en el sistema euro.

¿No le parecen exageradas las reformas impuestas a Grecia?

Son medidas absolutamente necesarias y justificadas. Estamos en una unión monetaria que precisa de una mínima convergencia en la política económica de los países para que la divisa sobreviva. En el caso de Grecia vimos en 2010 que el país había estado llevando a cabo políticas aberrantes con relación al resto de socios, y que se implementó un programa de austeridad que no llegó en realidad a aplicarse correctamente. Grecia es un país que no funciona, que necesita duras reformas.

Da la sensación que se le exigen reformas que otros no hacen, caso del fondo para privatizar activos estatales.

En parte es cierto, pero creo que hay buenas razones que justifican esa dureza: ya hemos destinado más de 200.000 millones a Grecia y estamos hablando de otros 80.000 millones. Hay quien pensará que las reformas tienen que realizarse de una vez por todas eficazmente y que el país sea capaz de devolver sus préstamos. Otros países han reformado bien su economía como Portugal, España o Irlanda. Las cosas han caído tan bajo y el Gobierno ha dejado tan claro que no quería esas reformas que se ha producido una ruptura en la confianza que ahora hay que restablecer.

Mucho se habla de la pérdida de confianza, pero Syriza apenas lleva medio año en el poder.

No es una confianza vis a vis hacia este Gobierno. Para nada. Es una desconfianza hacia la clase política griega. Seamos claros: Tsipras no ha mejorado la situación, más bien la ha complicado, pero la responsabilidad de lo que ocurre no es suya.

En privado, pero también en público, muchos dirigentes de la UE siguen creyendo que Grecia saldrá del euro.

Veremos. Creo que ahora hay un acuerdo que hay que intentar hacer cumplir. Si no, todo sería ridículo: no se puede gobernar cuestionando siempre todo. No sería bueno dudar de la decisión consensuada hace unos días por todos, ¿no?

No sé sabe muy bien de dónde saldrá el dinero, ni siquiera a corto plazo para permitir a Grecia pagar sus vencimientos, algunos de los cuales ya han expirado.

No olvidemos que hace unas semanas hablábamos de 50.000 millones y ahora de 80.000. No es solo improvisación: las necesidades son más elevadas de lo previsto por el agravamiento de los últimos días. Eso exige cierta creatividad para hallar soluciones. Y todavía hay una serie de condiciones: el voto en los diversos parlamentos y finalmente la verdadera negociación de las reformas sobre un programa de tres años. Queda mucho camino.

¿Cree usted que habría que hacer una reestructuración o una quita de la deuda pública griega?

Los gobiernos no han cerrado la puerta a esta vía. Simplemente es una solución que no puede llegar sin condiciones, sino que tiene que hacerse cuando todo esté en orden. Primero hay que ver que el país está comprometido con las reformas y que éstas tengan éxito. No entiendo la insistencia del FMI de hacer la reestructuración antes de las reformas.

¿Qué impacto podría tener un Grexit en la zona del euro?

Cuando hemos visto la reacción de los mercados financieros estos días, no he tenido la sensación de que hubiera muchos problemas. Los países están en una situación netamente mejor que en 2012. Mire la situación en España, compare la balanza de pagos actual con la de hace unos años. Podría haber incertidumbre, pero un Grexit habría, por el contrario, reforzado la disciplina dentro de la zona del euro.

Cuanto más decimos que un Estado periférico se recupera, más avanzan las fuerzas políticas contrarias a la austeridad.

No lo entiendo. Está claro que cada país tiene que equilibrar ingresos y gastos. No entiendo por qué aceptaríamos tener déficits eternos. La única diferencia es ver a qué ritmo hacemos los ajustes, y puedo entender que esto puede llevar más tiempo. Aquí quizás deberíamos ser realistas y aceptar esas diferencias.

¿Qué le parece el papel de Alemania?      

No es solo Alemania. Cuando vemos las discusiones, bastantes países estaban en la misma trinchera. Y muchos de ellos no estaban dispuestos a poner más dinero sin serias reformas sobre la mesa. Los medios lo han presentado como un diktat alemán, pero hubo una mayoría alineada con esta versión.

Imagen: European Central Bank

Las negociaciones de la cumbre del euro para desbloquear el rescate a Grecia se alargaron durante 17 horas. El presidente del Consejo Europeo cuenta ahora en una entrevista con El Mundo cómo fueron estas negociaciones. “A las 7.00, Tsipras y Merkel se plantaron y pensé que 'Grexit' era lo más probable”, asegura el político europeo en la conversación.

En una charla en la que explica que cree que la posición de Schäuble sobre la salida de Grecia del euro no era una “táctica”.  “El pensamiento representado por Schäuble, pero no sólo por él, de que es posible controlar un 'Grexit', intelectualmente es legítimo. No es nada extravagante, porque sin duda fue una posible alternativa del proceso. No una táctica. Mi intuición me dice que Schäuble es lo que cree de verdad. Ha mandado el mensaje muy claramente, abiertamente. Que lo mejor para Grecia y Europa es la salida del euro. Pero estoy totalmente seguro de que para Merkel la postura de su ministro era una herramienta útil de negociación, pero no era su objetivo político. No tengo dudas. Para todos los líderes, todos, incluida Merkel, el objetivo era evitar 'Grexit'”, dice.

Unas negociaciones largas con un resultado que Tusk asegura que es de “empate”. “No hay ganadores, ni perdedores”, dice en la entrevista respecto a las críticas que hablan de las duras condiciones impuestas a Grecia a cambio de la aprobación de la ayuda financiera a Atenas. “La posición de Alemania hoy, tras las negociaciones, quizá no sea más débil, pero desde luego no es más fuerte”, apunta Tusk.

Dijsselbloem, en 'The Wall Street Journal'

El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, también ha dado su versión sobre este último capítulo de la crisis griega en el diario The Wall Street Journal. “El Eurogrupo del sábado fue muy difícil”, explica. “Basicamente la confianza se había ido totalmente. Y quizá también en la cumbre del euro del martes anterior, con los líderes. Fueron muy muy críticos con el primer ministro griego, básicamente decían: 'Qué bases hay aquí para trabajar para el futuro? Has aprobado un referéndum sobre las bases de un acuerdo que ni siquiera había sido un acuerdo, propuesta que no estaban acordadas, le dijiste a tu pueblo que votara no y les prometiste que llegarías a un mejor acuerdo; eso es imposible'”, recuerda.

Dijsselbloem asegura que el momento más duro de la cumbre del euro fue a las seis de la mañana cuando el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, no podía llegar a un acuerdo sobre el fondo de los 50.000 millones de euros. “Había un gran número de problemas, un problema de principios para ellos. El fondo estaba radicado en Luxemburgo. Eso para él era un problema de principios; él no podía aceptar eso”, apunta.

El político explica que Tsipras pidió que hubiera algo de espacio para que se invirtiera en Grecia. “Así que llegamos a un acuerdo, un compromisio de que los primeros 25.000 millones de euros serían inversiones en Grecia. Creo que fue un acuerdo justo. Creo que es un compromiso justo. Los acreedores están por supuesto aceptando un montón de riesgos, así que, es justo pedir una contribución extra desde el lado griego”, dice.

Dijsselbloem niega que se alzara la voz en los momentos más duros del debate, aunque reconoce que fue un debate “crítico”. “Fue un debate muy, muy crítico, pero nunca se levantó la voz, nunca hubo observaciones personales. Una muestra de lo ocurrido, algunos colegas agradecieron al nuevo ministro griego su actitud y la nueva forma de aproximarse al problema, que era muy constructiva y realista. Por supuesto él se opuso a una serie de temas críticos y eso está bien. Respeto totalmente esto. Pero la forma en la que se aproximó a las preocupaciones y el pensamiento crítico fue muy constructivo”, dice.

La reestructuración de la deuda sigue siendo el caballo de batalla en este nuevo capítulo de la crisis griega. Esta tarde ha sido, Mario Draghi, gobernador del Banco Central Europeo, quien se ha alineado con las tesis defendidas por el FMI que abogan por una reforma de la deuda helena. “Sin polémicas, un alivio de la deuda es necesario”, ha dicho Draghi en una comparecencia en la que, usando el lenguaje alambicado del BCE, ha repetido que ellos trabajan dentro de su “mandato”. Un marco normativo donde, según ha repetido Draghi, “Grecia es y seguirá siendo parte de la zona del euro”.

Frente al informe del FMI, la Comisión Europea publicaba ayer un documento elaborado antes del acuerdo del rescate y que se mostraba mucho menos ambicioso a la hora de aliviar la deuda griega. Por su parte, Draghi se ha limitado a decir que esta reestructuración tiene que hacerse en el marco de la legalidad y no ha entrado a detallar las posibles recetas.

Esta mañana, el ministro de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schäuble, echaba más leña al fuego en una entrevista radiofónica que la reestructuración no es posible dentro del marco de la zona del euro, y volvía a abrir la puerta a un posible 'Grexit'. Las declaraciones llegaban precisamente horas después de que el Parlamento griego aprobara las nuevas normas de austeridad que Bruselas ha obligado a implementar como contrapartida a la ayuda económica. “No voy a comentar declaraciones de corte político, solo voy a hablar de nuestro mandato que dice que Grecia es miembro de la zona euro”, ha respondido Draghi al ser preguntado por este punto.

Ampliación de la línea de crédito de emergencia

Las palabras del gobernador del regulador europeo han llegado tras el anuncio del BCE de ampliar la línea de crédito de emergencia, conocida como ELA, en 900 millones de euros esta semana. Un gesto de corte político porque tiene en cuenta los pasos dados por Atenas tras la votación de las nuevas medidas de austeridad impuestas por Bruselas, pero que en la práctica mantendrá la asfixia de la banca y previsiblemente no permitirá a los bancos levantar la persiana ni acabar con el corralito.

La última decisión del organismo había sido la de mantener el límite de liquidez de emergencia a pesar de haber llegado a un acuerdo en la cumbre del euro para conseguir desbloquear la ayuda financiera a Grecia. Con la decisión de no aumentar el tope, el oxígeno sigue limitado a la banca griega con la persiana echada y se mantiene el corralito que limita a 60 euros la cantidad máxima de dinero que pueden sacar los griegos. Esta decisión se tomó después de que el organismo ya hubiera decidido aumentar las garantías que piden a los bancos helenos para poder acceder a esta liquidez de urgenica. tras la victoria del 'no' en el referéndum griego.

Draghi ha dejado la puerta abierta a posteriores ampliaciones de esta línea de crédito de emergencia. “Si las cosas siguen yendo en el camino adecuado, el BCE y el Banco de Grecia estamos trabajando muy de cerca y veremos cómo gradualmente satisfacer las condiciones generales para promover la liquidez y evitar el miedo a la bancarrota”, ha dicho.

El exministro de finanzas griego, Yanis Varufakis, continúa con su particular batalla contra el acuerdo alcanzado con los acreedores. En la última entrada de su blog, Varufakis reinterpreta -en rojo y entre paréntesis- las principales frases del documento consensuado en la cumbre del euro.

“El gobierno griego debe introducir nuevas medidas directas para los griegos más débiles que ya han sufrido duramente”, reinterpreta Varufakis donde el documento consensuado subraya la crucial necesidad de reconstruir la confianza en las autoridades griegas. En ese sentido, Varufakis continúa diciendo que “el gobierno de Syriza debe firmar una declaración de haberse rendido a la lógica de la troika” cuando el texto señala que la implicación del gobierno griego como clave. Varufakis también escribe sobre el texto de la cumbre que al introducir al FMI en las conclusiones “esto quiere decir que Berlín continúa creyendo que la Comisión no puede confiar en que Europa controle sus propios programas de rescate”.

En esta línea, el texto de la cumbre apunta que: “dada la necesidad de reconstruir la confianza en Grecia, la cumbre del euro da la bienvenida a los compromisos de las autoridades griegas para legislar sin demora el primer paquete de medidas”. algo que a los ojos de Varufaiks “quiere decir que Grecia debe someterse a un ahogamiento fiscal, incluso antes de que ninguna ayuda fiscal sea ofrecida”. 

Medidas para el 15 de julio

A partir de este punto, en la declaración conjunta de la cumbre del euro se detallan las medidas que Atenas debe adoptar entre este miércoles día 15 y el próximo miércoles día 22. El exministro de Finanzas también procede a hacer su interpretación de estas obligaciones.

Medidas con fecha límite en el 22 de julio

El documento de la cumbre establece un segundo paquete de medidas, que también son matizadas por el exministro de Finanzas.

En el resto del documento, Varufakis continúa haciendo apreciaciones sobre cómo ha medido el Eurogrupo las necesidades de capital de Grecia o cuál es la responsabilidad de Syriza en el empeoramiento económico del país. Respecto a las necesidades estimadas por la cumbre del euro para la financiación de Grecia de entre 82.000 y 86.000 millones de euros, Varufakis apunta que el Eurogrupo ha consensuado una cifra enorme, por encima de lo que es necesario, con el objetivo de señalar que la reestructuración de la deuda está fuera del debate y que ahora todo gira alrededor de la “esclavitud” de la deuda.

Varufakis también apunta que cuando el documento de la cumbre del euro asegura que los riesgos de no concluir rápidamente unas negociaciones son de Grecia, en realidad esto se refiere a que “una vez más, se le pide a la víctima que asuma la culpa por el comportamiento del villano”. En este sentido, Varufakis también matiza que al hablar de los problemas bancarios, en realidad la “troika admite que la recapitalización de los bancos hecha entre 2013 y 2014, que solo necesitaría hasta 10.000 millones de euros, fue insuficiente, pero por supuesto se culpa a... el gobierno de Syriza”.

Un día después de filtrarse un informe confidencial del FMI que plantea un ambicioso recorte de la deuda griega, mucho más incisivo y favorable para Atenas que el que hasta ahora le han concedido sus 18 socios del euro, Bruselas ha publicado el suyo. En realidad se trata de un análisis financiero con fecha del pasado 10 de de julio y que fue utilizado el fin de semana en el Eurogrupo, antes del acuerdo final pactado en condiciones agónicas. Sin embargo, esta evaluación elaborada por la Comisión Europea y el BCE, y que solo contempla un alivio de la deuda a cambio de duros sacrificios en el IVA, las pensiones y otras áreas que en su día fueron líneas rojas de Syriza, se ha hecho pública este miércoles, cinco días después.

Según portavoces de la Comisión, el análisis se ha colgado en la web “en interés de la transparencia”. Pero el documento choca frontalmente con el del FMI a la hora de concebir una menor carga de la deuda pública griega. El del Fondo apela directamente a un periodo de gracia de 30 años en el pago de los vencimientos, pero ofrece una remesa de alternativas como préstamos, una ampliación generosa de los plazos, transferencias fiscales anuales al presupuesto griego, reducciones del tipo nominal en los préstamos a Atenas…

En cambio el texto procedente de Bruselas y titulado Valoración de la Comisión Europea, conjuntamente con el BCE, de la demanda de Grecia de apoyo en forma de préstamos del Mede contempla acciones menos ambiciosas con la deuda helena y siempre condicionadas por más tijeretazos y subidas de impuestos. Se trata del caso de los ‘re-perfilados’ o del retraso en los vencimientos de los préstamos tanto nuevos como ya concedidos. El FMI propone recortar directamente la deuda; Bruselas solo retoques cosméticos que recuerdan al fracaso de la reestructuración de la deuda privada helena de 2012.

“La elevada deuda con relación al PIB y las elevadas necesidades de financiación plantean serias dudas con relación a la sostenibilidad de la deuda”, dice el texto. Las instituciones (el nuevo apodo de la Troika) contemplan “medidas para mitigar la deuda que serían concedidas solo una vez que los compromisos reformistas de las autoridades griegas hayan sido demostrados”. Un alivio, pero no antes de que lleguen los primeros recortes que se votaban este miércoles en el Parlamento ateniense.

Para evitar hablar de reestructuración –se rechazan explícitamente las quitas- la Troika introduce una “reevaluación sustancial” (reprofiling, el palabro de moda en Bruselas), una “extensión larga de los vencimientos y de los nuevos préstamos” o un “aplazamiento de los intereses”. Y esta reestructuración edulcorada se permitirá siempre que Atenas apruebe las durísimas reformas esbozadas la noche del domingo al lunes en el acuerdo al límite que firmó Tsipras con los otros 18 líderes de la zona euro.

Una percepción muy diferente a la del FMI, una institución que ve necesario un alivio profundo a la deuda pública helena, que se sitúa alrededor del 180% del PIB. Las previsiones de la Comisión, condicionados en todo momento por más inyecciones de austeridad, predicen que la deuda pública seguirá en niveles desorbitados: 165% del PIB en 2020, 150% en 2022 (actualmente, la deuda pública en España ronda el 100%). En el peor de los casos, se disparará al 187% y al 176% en 2020 y en 2022 respectivamente.

Dice este análisis con permanente tono sombrío que hay “sustanciales riesgos para la estabilidad financiera en Grecia” y todos ellos se atribuyen únicamente al Gobierno de Alexis Tsipras, ya que fueron “causados por la incertidumbre de las políticas financieras de las autoridades griegas en el último medio año”. Y cualquier medida que Atenas pueda adoptar fuera del paraguas del Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede), el vehículo creado en 2011 directamente relacionado con los programas de rescate europeos, provocaría “inevitablemente el colapso” de las entidades helenas.

Las instituciones comunitarias identifican unas necesidades de financiación de en total 81.000 millones (inferiores a las del FMI y destinadas a recapitalizar bancos, pagar a acreedores y lo que sobre utilizarlo para la economía real). Las del Fondo, que fueron las previsiones que más se comentaron tras la terrible negociación del acuerdo dominical entre jefes de Estado, oscilaban entre los 82.000 y los 86.000 millones de euros incluida la recapitalización bancaria y la financiación-puente. Esta última, la financing-bridge, asciende a 7.000 millones y persigue solventar los problemas a corto plazo: los vencimientos de deuda del 20 de julio con el BCE, superiores a 3.000 millones, y el default ya consumado con el FMI, que alcanza los 2.000 millones este mes de julio. La Comisión prevé abonar 74.000 millones de euros entre julio de 2015 y julio de 2018. Sumados los 7.000 millones, las necesidades suben hasta los 81.000 millones, una cantidad que deja menos dinero para relanzar la inversión y la economía griegas.

Sobre la financiación-puente aún no hay una decisión definitiva, aunque este miércoles el comisario Valdis Dombrovskis ha contemplado dos opciones: los programas de compra de bonos y adquisiciones en manos del BCE (los técnicamente llamados SMP o ANFA) y la movilización del dinero disponible en el Fondo Europeo para la Estabilidad Financiera. Esto último es más complicado y requeriría del consenso de los 28 estados de la UE: varias fuentes comunitarias descartan de hecho la opción del FEEF. Dombrovskis también ha hablado de “préstamos bilaterales”.

Contagio de la zona euro

La Comisión detecta un “riesgo significativo para la estabilidad financiera de los bancos” helenos. Las entidades griegas conservan una “cantidad notable de títulos gubernamentales y garantías (colateral) utilizadas para el ELA”, las líneas de emergencia teledirigidas por el BCE para garantizar la solvencia de los bancos desde marzo pasado.

La valoración de la Troika también advierte del escenario de Grexit, hacia el cual muchos países de la Eurozona (Finlandia, Alemania, Holanda, Eslovaquia, Eslovenia…) empujaron el sábado: “Un default de Grecia y de sus bancos podría tener consecuencias directas para los países donde la cuota de mercado de las oficinas y filiales de las entidades helenas tenga una importancia sistémica”. Por ello aconseja la Troika a Atenas adoptar las seis acciones prioritarias plasmadas en el documento del Eurogrupo, entre las que destaca una ambiciosa reforma de las pensiones.

El texto insiste en el contagio: aunque los riesgos directos para los 18 países con el euro habrían sido “reducidos durante los dos programas de ajuste macroeconómico”, “las consecuencias a largo plazo resultantes de los acontecimientos que afecten a la zona euro es probable que sean significantes”. Un peligro “difícil de valorar dada la ausencia de precedentes históricos”.

El viernes está previsto que se vote en una sesión extraordinaria del Bundestag la participación de Alemania en el tercer rescate a Grecia. En dicha ayuda, el país de la canciller Angela Merkel es el que más aporta, sufragando unos 19.100 millones de euros. Pero el precio que previsiblemente pagará el Gobierno germano va más allá de lo económico. También hay costes políticos. De hecho, el acuerdo alcanzado entre Grecia y sus acreedores ha instalado en Alemania una significativa sensación de malestar con el Ejecutivo germano y con una política de rescates europea considerada demasiado cara. Además, en este contexto, han vuelto a ganar fuerza en el continente aquellas voces que denuncian esa supuesta “Europa alemana” donde las soluciones a la crisis pasan únicamente por las políticas de austeridad.

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha tenido que aceptar que su país reciba más ayuda para evitar la bancarrota si aplica más austeridad. Esa es la medicina económica con la que en Europa, y especialmente en Alemania, se quiere resolver la crisis del euro. Pero que se haya apostado una vez más por ayudar a Grecia a cambio de intensificar las duras medidas que defienden a capa y espada Angela Merkel y su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, no ha traído consigo celebraciones triunfales en Alemania. Abundan las críticas al nuevo rescate a pesar de que los hay que consideran que en la reunión de la que salió el acuerdo entre Grecia y sus acreedores se produjo una “victoria” de Merkel.

Así, el diario más leído de Alemania, el periódico populista Bild, criticaba esta semana que Angela Merkel creyera en un acuerdo donde las cifras, supuestamente, no cuadran. El tercer rescate a Grecia, valorado en 86.000 millones de euros, está hecho con “números fantasiosos”, lamentaba el Bild. Uno de sus editorialistas, Julian Reichelt, negaba incluso las palabras de la canciller según las cuales “Europa ha ganado” con el último acuerdo entre Grecia y sus acreedores. “Ningún político tiene un mandato para los cinco años de fallida política de rescates, ni un sólo pueblo de este continente ha votado esa política”, recordaba Reichelt en una columna cuyo titular exclamaba de forma alarmante: “¡Europa en peligro!”.

Sobre los números del acuerdo también se mostraba crítico Hans-Werner Sinn, presidente del Instituto IFO para la Investigación Económica y viejo partidario del Grexit. “Pese a que esta decisión costará al resto de Europa una gran cantidad de dinero, no será suficiente para satisfacer a los ciudadanos griegos”, aseguraba. Otros economistas citados por la prensa estos días se mostraban más optimistas. No obstante, entre ellos, reinaba la cautela. Por ejemplo, Marcel Fratzscher, presidente del Instituto Alemán para la Investigación Económica, calificaba el acuerdo del tercer rescate como “un primer paso para frenar la espiral de la economía de Grecia”.

Menos reservas a la hora de expresarse ha mostrado cierto sector conservador de una clase política alemana todavía visiblemente enfurecida por las posiciones adoptadas por el Gobierno de Alexis Tsipras. Este lunes, Thomas Strobl, vicepresidente del grupo parlamentario de la Unión Cristiano Demócrata (CDU), la formación política que lidera Angela Merkel, declaraba ante las cámaras de televisión: “Los griegos ya nos han irritado suficiente”.

“En la CDU mucha gente está, de algún modo, muy enfadada, aunque todos están de acuerdo en que Merkel y Schäuble lograron su objetivo en la negociación con Tsipras. Están muy enfadados con el Gobierno griego y su actitud durante las negociaciones”, aclara a eldiario.es Olaf Boehnke, responsable de la oficina en Berlín del think tank europeísta Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR, por sus siglas en inglés).

Debate público

En la prensa seria, especialmente la de centro-izquierda, el malestar se debe al trabajo del tándem negociador que han formado Merkel-Schäuble. Así, Wolfgang Münchau, editorialista de la web del semanario Der Spiegel se refería en los siguientes términos al acuerdo alcanzado: “Grecia se ha rendido y Alemania ha ganado. Es el triste resultado del fin de semana”. “Merkel ha conseguido reavivar la imagen de país tacaño, amenazante y sin corazón”, señalaba, por su parte, un editorial del diario Süddeutsche Zeitung.

“El debate público es un poco esquizofrénico en Alemania”, explica a este periódico Jan Peter Schemmel, investigador de la Fundación Nueva Responsabilidad, un think tank independiente con sede en Berlín. “Durante los meses anteriores al pasado fin de semana, los medios de comunicación estaban, sobre todo, en contra de los griegos, acusándolos de no mantener su palabra o diciendo que había que enseñarles a hacer política, y muy poco se decía que había que ayudar a los más desfavorecidos en Grecia. Pero ahora que en otros países de Europa se está denunciado que los alemanes impusieron sus dictados en las negociaciones, se escucha eso de que tal vez fuimos demasiado duros”, añade.

En este sentido, según Boehnke, el responsable del ECFR en Berlín, “hemos vuelto al punto del debate continental en el que se escucha en otros países que no se quiere vivir en una Europa alemana”. Para este experto, estas quejas no resultan tanto de una voluntad expresa de Merkel y Schäuble de dominar la Unión, sino que son consecuencia de las soluciones que se pueden dar a la crisis griega con una unión monetaria “a la que le falta la mitad de su estructura, pues no existe una política fiscal común”. Aún así, según Boehnke, “en Europa se ha perdido confianza en Alemania, porque ha quedado claro que si bien Merkel y Schäuble pueden encontrar una solución a la crisis griega a corto plazo, en Berlín, como pasa en otras capitales, nadie quiere emprender las grandes reformas europeas que hacen falta”.

El Congreso ha acogido este miércoles un duro debate sobre el tercer paquete de ayudas a Grecia. El presidente del Gobierno ha cargado contra el gobierno de Alexis Tsipras y ha insistido en que es culpable de haber roto la confianza entre los socios europeos con la convocatoria del referéndum. Pese a asegurar la disposición de España a “apoyar al pueblo griego”, Rajoy ha destacado que se hará “dentro de las reglas europeas”. Desde PSOE e IU le han acusado de mentir. Pedro Sánchez ha insistido en que ha hecho “una vergonzosa utilización” de la crisis griega y de ser “partidista” en vez de “patriota”. Alberto Garzón le ha llamado “mafioso” y “matón”.

Pedro Sánchez ha arremetido contra el Gobierno por la “semana negra” en la que han sumido a España por la derrota de Luis de Guindos en la competición por presidir el Eurogrupo, por el protagonismo “nulo” en los debates sobre el 'Grexit' por el “silencio cómplice” que ha mantenido cuando Alemania amenazaba con la salida de Grecia del euro o por la falta de diálogo con la oposición para ir a Bruselas con una posición común. Pero el líder del PSOE no solo ha tenido reproches para el PP. También ha cargado contra el Gobierno de Syriza por haber apostado, a su juicio, por la “confrontación”.

“Grecia y España tienen algo en común: un Gobierno y un primer ministro que les miente”, ha afirmado Sánchez desde la tribuna. El secretario general de los socialistas ha recordado a Rajoy que España fue rescatada por la UE en 2012. “El señor Tsipras mintió a los griegos como el señor Rajoy mintió a los españoles”, ha continuado Sánchez, que considera que el Gobierno heleno acabará incumpliendo su programa electoral.

Además de sentir “tristeza y bochorno” por la actitud del Gobierno español en Bruselas, Sánchez ha acusado de ser “igual de irresponsable que el señor Tsipras negando la ayuda del presidente Hollande y de los socialdemócratas europeos”. Esa es la razón por la que el candidato del PSOE considera que “el Gobierno de Syriza se ha equivocado”. “Se ha equivocado en su estrategia de confrontación, se ha equivocado en su alianza con la derecha extrema con un frente nacionalista, y no articulando un frente europeísta”, ha lamentado.

Garzón llama “matón” a Rajoy

Mucho más beligerante contra Rajoy ha sido Alberto Garzón, que le ha calificado como un “matón” y un “mafioso” por las tesis que ha defendido durante la crisis helena. “Creemos que Europa se hace en torno a la solidaridad y la fraternidad de los pueblos y no en torno a los comportamientos mafiosos y matones de un puñado de burócratas”, ha afirmado Garzón.

“Son ustedes unos ladrones. Roban a los pobres para dárselo a los ricos”, ha expresado el candidato de IU tras el acuerdo alcanzado entre Tsipras y el Eurogrupo. “Con el rescate a la banca han sido la antítesis de Robin Hood: quitar dinero a los pobres para dárselo a los ricos”, ha continuado Garzón.

Cuando ha terminado su intervención, Garzón ha bajado de la tribuna y ha entregado al presidente el libro de Keynes 'Las consecuencias económicas de la paz'. El dirigente de IU ha elegido este texto porque Keynes porque participó en el inicio de las conversaciones para el Pacto de Versalles tras la I Guerra Mundial y tuvo que dimitir porque se oponía a la estrategia de exigir reparaciones alemanas a toda costa al considerar humillante políticamente y contraproductivo económicamente las propuestas. Consideraba que el objetivo debía ser recuperar la economía alemana, no hundirla.

Después de escuchar las críticas de la mayoría de los portavoces, Rajoy ha reprochado a Sánchez que no se hubiera atenido a los asuntos importantes del debate. El presidente ha asegurado que el discurso del socialista “vale tanto para hablar de Grecia como de la PAC o de la OTAN” y le ha negado “autoridad moral” para criticarlo. “Usted ha dado los votos al partido de Tsipras en España”, ha dicho en alusión a los acuerdos con Podemos tras las elecciones municipales y autonómicas.

En su turno de réplica, Sánchez ha insistido en las mismas ideas que en su intervención inicial. Así, ha recriminado que Rajoy someta a votación en el Congreso las ayudas para el rescate a Grecia mientras que no hizo lo mismo en 2012 cuando la UE tuvo que rescatar a los bancos españoles. Ante el conformismo de Rajoy por la derrota de España para liderar el Eurogrupo -ha dicho que “unas veces se gana y otras se pierde”-, el líder socialista ha insinuado que los socios europeos no votaron a De Guindos por ser quien “provocó” el rescate.

Una fianza por valor de 50.000 millones de euros a cambio de prestar casi 82.000 millones. Este es (muy, muy resumido) uno de los principales ejes del principio de acuerdo firmado entre la troika y Grecia este mismo lunes. La creación de un fondo con bienes públicos a privatizar por el Gobierno heleno fue uno de los escollos más duros a salvar durante la larga noche. Alemania fue la artífice de la idea (que pone cifras a la desconfianza) y Alexis Tsipras terminó considerándola con importantes cambios: se gestionará desde Atenas y por griegos.

La forma del fondo no parece muy compleja (los principales detalles aquí) pero el fondo es lo que entraña más complicaciones. Para empezar, llama la atención que se haya puesto una cifra (50.000 millones de euros) antes de saber el contenido. Al final, se meterán diferentes activos (compañías públicas, edificios, terrenos, etc...) y se hará que cuadre la cifra en 50.000 millones de euros. Pero, ¿por qué este número?

El plan de privatizaciones procede ya de 2011, cuando el FMI calculó para dar su parte de la financiación a Grecia que para finales de 2015 se podría conseguir 50.000 millones de euros mediante privatizaciones. Sin embargo, en su polémico informe de hace apenas tres semanas, el Fondo Monetario Internacional reconocía que esta había sido una (de las muchas) previsiones fallidas. A día de hoy solo se ha logrado hacer caja con 3.200 millones de euros, un 94% por debajo del objetivo marcado al inicio del rescate.

De hecho, el fondo que se quiere crear ya existe en cierta manera, ya que para cumplir el más que ambicioso plan de privatizaciones inicial, Grecia creó el “Hellenic Republic Asset Development Fund” una agencia privatizadora. En su web se puede ver la cartera de propiedades a la venta, que incluye playas, castillos, red de hoteles, el aeropuerto de Atenas, correos, empresas de aguas, autopistas y un largo etcétera. Las únicas alegrías se la han dado, por ahora, la venta de Loterías, los edificios de algunas embajadas en el extranjero, terrenos y sobre todo la telefónica del país.

Según el FMI, por ahora se ha vendido los activos menos polémicos pero los que se preveían como “socialmente más sensibles” no han sido enajenados. Esto es: la red aeroportuaria, las eléctricas, las gasistas, los trenes, etc... En enero de 2013 se rehicieron a la baja las previsiones pero tampoco se acertó. En ese momento se consideró que se podría lograr al menos 23.000 millones de euros entre 2014 y 2022 pero de los cuales, al menos la mitad debería haber venido por la venta de las participaciones en los bancos (como sucedió con Bankia, al rescatarlos el Estado heleno pasará a ser su principal accionista). Al final, en los últimos tiempos, solo se ha conseguido 400 millones de euros al vender un espectro de radiofrecuencias y al resto ha pinchado

El informe sobre la sostenibilidad de la deuda de hace quince días, y que las otras dos patas de la troika trataron de abortar, intentó hacer un ejercicio de realismo reconociendo que los bancos son, a día de hoy, imposibles de vender. Más bien al contrario, necesitan al menos 25.000 millones de euros para recapitalizarlos así que son en realidad un agujero negro. También se reconoce que es casi imposible vender más activos inmobiliarios.

Tampoco son ninguna bicoca las empresas públicas. Ya en su día fue casi imposible lograr la venta de ninguna de ellas y además, el cierre de la bolsa helena estos quince días ha dejado su valor por los suelos. En 2014 se trató de vender la empresa pública de gas (DEPA) que había sido cortejada por la pública rusa Gazprom. Finalmente el acuerdo quedó en agua de borrajas, supuestamente porque la rusa no ofrecía las garantías suficientes al Gobierno, pero huelga decir lo que supone para la zona del euro que Gazprom tome posiciones dentro del continente. La Comisión ya había advertido de que podría bloquear la operación.

Además, solo en el último año, la cotización de la gasista griega ha perdido casi un 50% de su valor y el día que se cerró la bolsa de Atenas apenas capitalizaba por 400 millones cuando en su día se esperaba que su venta diera alrededor de 1.000 millones. En general, desde mediados de 2014, la bolsa helena se ha llevado un buen trastazo.

En cuanto a la venta de propiedades inmobiliarias y terrenos, el FMI se ha dado de bruces con la realidad griega: cuando se inició el rescate en 2010 ni siquiera existía el catastro (una de las reformas auspiciadas desde entonces) y para hacer cualquier tipo de venta los litigios son interminables. Por no hablar, claro, de que habría que cambiar la Ley de Costas o la Ley de Montes vigentes en el país para poder vender muchos de los terrenos (con algún tipo de valor) que tiene el Estado heleno.

Como muestra de estos problemas, el New York Times contaba que al intentar privatizar la compañía de aguas Griega descubrieron que tenía 700 millones de euros en facturas sin pagar. Por no hablar de la necesidad de pasar incluso leyes que pusieron un precio al agua. También se llevaron un chasco al intentar vender varios kilómetros de costa que daban al mar Jónico y pertenecían al Estado griego. Cuando fueron a tasar la propiedad se encontraron con que había más de 7.000 viviendas ilegales a las que nadie había prestado atención. Y pasar el bulldozer no era una opción.

Así las cosas, en el informe del FMI se rebajaban las expectativas a 500 millones de euros de privatizaciones al año. Con esta proyección se necesitarían solo 100 años para que el fondo pudiera liberar esos ínclitos 50.000 millones de euros.

Con estos mimbres, lo esperable es que se busquen otros activos para redondear el fondo, ya que el casero alemán no parece dispuesto a recortar la fianza.

Grecia necesitará un alivio mayor sobre la deuda que el que ha acordado con sus socios de la zona del euro. Esta es la conclusión de un informe confidencial elaborado por el FMI después de que Atenas llegara a un acuerdo con sus socios europeos y al que ha tenido acceso Reuters. En este documento, el organismo internacional concluye que esto es necesario debido a la “devastación que su economía y que su sistema bancario han sufrido en las últimas dos semanas”.

El informe concluye que los países europeos deberían dar a Grecia un periodo de gracia de 30 años en el pago de la deuda que tiene Atenas con Europa, incluyendo nuevos préstamos, y una ampliación importante de los plazos de vencimiento de la deuda, o bien realizar transferencias fiscales anuales al presupuesto griego o aceptar profundas reducciones del nominal en sus préstamos a Atenas. Hasta ahora, los países de la zona del euro habían hablado de un 'reperfilado' de la deuda griega, atrasar fechas de pago o recortar tipos de interés en los créditos.

“El dramático deterioro de la sostenibilidad de la deuda apunta la necesidad de un alivio de deuda a mayor escala que el que había sido considerado hasta la fecha -y el que ha sido propuesto por el Mecanismo Europeo de Estabilidad”, dice el FMI en su informe.

Este documento actualiza los datos de sostenibilidad de la deuda de análisis previos y fue enviado a los países de la zona del euro el lunes por la tarde, horas después de que Atenas y sus 18 socios hubieran llegado a un acuerdo para desbloquear la ayuda financiera al país. Tras 17 horas de negociaciones, la cumbre de los países pertenecientes a la moneda única consiguió desbloquear las negociaciones para un tercer rescate de 86.000 millones de euros a cambio de duras medidas de austeridad y reformas.

El exministro de Finanzas griego, Yanis Varufakis, ha publicado una nota rápida en su blog con las primeras valoraciones del durísimo acuerdo alcanzado entre Grecia y la troika.

Varufakis, que sigue siendo diputado por Syriza en el Parlamento griego, dice que se “reserva su juicio”, hasta escuchar de primera mano cómo discurrieron las negociaciones por boca del primer ministro, Alexis Tsipras y de su sucesor en el Gabinete, Euclides Tsakalotos. Pero no se priva de dar sus primeras impresiones sobre el comunicado final de la cumbre de líderes.

En los términos en los que está redactado el comunicado, Varufakis asegura que suena a “derrota” y a convertir a Grecia en un “vasallo” del Eurogrupo. “La cumbre no tuvo nada que ver con economía”, asegura el exministro en su breve reflexión. “Es simple y llanamente una manifestación de la política de humillación en acción”, sentencia con dureza. “Incluso si se odia a nuestro Gobierno, uno debe ver que la lista de demandas del Eurogrupo se desvía de la decencia y la razón”, concluye.

En opinión de Varufakis, la cumbre del euro ha sido “la culminación de un golpe de Estado”.“En 1967 los tanques de los gobiernos extranjeros acabaron con la democracia griega” recuerda quien ha estado al frente de las finanzas griegas durante seis meses que cree que ahora se han sustituido los tanques por los bancos griegos. “La principal diferencia con aquel golpe es que la propiedad estatal no estaba en el punto de mira”, remarca el griego que cree que ahora los nuevos golpistas sí quieren echar mano a los bienes públicos para poder atender con ellos el pago de los intereses de “una deuda impagable e insostenible”.

“El acuerdo anula completamente la soberanía nacional, sin poner en marcha un órgano supranacional, y paneuropeo por encima. Los europeos, incluso aquellos a los que no les importa nada Grecia, deben estar informados de esto”, sentencia.

Varufakis retoma la idea de que las condiciones impuestas a Grecia son una suerte de “tratado de Versalles”. Según el profesor, “nunca antes la Unión Europea había tomado una decisión que dinamitara tanto el proyecto de integración europea” y cree que en la fórmula en la que se ha tratado a Tsipras y al Gobierno de Syriza han sido clave en esta destrucción.

“El proyecto de integración europea ha sido herida de muerte en los últimos días”, ha recalcado en su nota el economista que se ha apoyado en la opinión del Nobel de Economía, Paul Krugman para decir que no han sido los griegos los responsables de matar la idea de una Europa unida y democrática.

Explotando su lado academicista, que tanto parecía molestar a sus colegas de Eurogrupo, Varufakis cita a Nick Kaldor, un economista de Cambridge que ya en 1971 advirtió de que forjar una unión monetaria antes que una unión política conduciría al fracaso. “Bruselas, Berlín y Fráncfort han conspirado para demostrar que tenía razón”, lamenta.

Varufakis asegura que no se debería estar prestando tanta atención a si el Parlamento griego va a aprobar o no el paquete de medidas. “La pregunta clave es: ¿Tiene la economía griega alguna posibilidad de recuperarse en estos términos”. “Esto es lo que debe preocupar a los parlamentarios estos días. Si una rendición completa va a llevar a un agravamiento de la crisis”.