El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el enfermero del Hospital Insular de Gran Canaria Iván R.A contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que le condenó por envenenar a su mujer a veintitrés años de prisión y a pagar a su hijo y a los padres de su mujer una indemnización de 100.000 euros a cada uno.

La Sala de lo Penal señala que no hay prueba directa en el sentido de que nadie ha podido afirmar haber visto al acusado administrar a su mujer alguna sustancia o medicamento no pautado pero añade que existen hechos indiciarios que, apoyados en documental, testifical o pericial, han servido al jurado para sostener que “el acusado procedió reiteradamente y con ánimo de matar al suministrar a su mujer diversas sustancias que, finalmente, desencadenaron su fallecimiento”.

La sentencia destaca, entre los indicios para condenar al recurrente, el hallazgo en el cuerpo de la víctima de medicamentos y sustancias no pautados como talio, barbitúricos e insulina, la existencia en jugo gástrico de benzodiacepinas y opiáceos que se administran por vía oral, la presencia de esas mismas sustancias en días en que no se habían administrado, la crisis de la paciente en momentos en los que estaba con su marido o éste acababa de irse. También afirma que el condenado tenía acceso al cuarto de medicamentos y que además de conocer la historia médica de su mujer y de contar con los conocimientos precisos para administrar los medicamentos, era un gran profesional reclamado por el coordinador de enfermeros de la UMI del Hospital Insular.

La resolución detalla que, como reconoce el jurado, el condenado “tenía los conocimientos, los medios y la oportunidad”, bien en el domicilio familiar, bien en la UMI, donde el biombo le proporcionaba intimidad, bien en la planta de Medicina Interna y afirma que una vez ordenada la restricción de visitas cesaron los episodios de hipoglucemias. En este sentido, hace hincapié en que el jurado dio más credibilidad a la argumentación y a la prueba ofrecida y llevada a cabo en el juicio por las acusaciones, que sostenían la existencia de un asesinato, que a la teoría ofrecida por la defensa, basada en la existencia de una enfermedad genética desconocida con padecimiento de síntomas diversos. La Sala explica que tanto el jurado como la Audiencia Provincial razonaron que si bien es cierto que la insulina no causó la muerte de la mujer, los peritos explicaron que su administración con los consecuentes efectos de hipoglucemias y paradas, debilitaron enormemente su organismo, apreciándose en el corazón múltiples microinfartos.

Los magistrados concluyen que del examen interrelacionado de todos los elementos indiciarios se constata como las diversas piezas encajan perfectamente y ratifican la plena racionalidad del análisis y la conclusión extraída por el tribunal sentenciador.

El enfermero condenado por la Audiencia de Las Palmas a 23 años de cárcel por envenenar en 2010 a su mujer con talio, barbitúricos y otros medicamentos, recurrirá la sentencia del alto tribunal canario que confirma el fallo dictado en primera instancia y le prohíbe comunicarse con su hijo durante 33 años.

Según ha informado el abogado del enfermero, José Álvarez, la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias “no tiene ni pies ni cabeza” y además no resuelve ninguna de las cuestiones que presentó en su recurso de apelación de cerca de 500 folios.

Álvarez ha lamentado que la sentencia del TSJC, que aún no ha sido difundida por el gabinete de prensa del alto tribunal canario, conteste a su recurso con 33 páginas “con muchísimo relleno”.

La sentencia, que fue difundida este martes por el periódico Canarias 7, fue notificada al abogado de la acusación particular, ejercida por Acenk Galván, quien representa los intereses de los padres de la víctima, la también enfermera Laura A.G., que son los abuelos maternos del único hijo que tenía la pareja, que es menor de edad, y quienes tienen su patria potestad, también por decisión de la justicia .

Galván ha celebrado la decisión del TSJC por confirmar la pena impuesta al acusado de 23 años y por añadir la petición que formuló para que se prohibiera la comunicación y el contacto al acusado con su hijo durante el tiempo de la condena y diez años más.

El abogado de la acusación particular ha indicado que a la petición que formuló de incomunicación del acusado con su hijo se adhirió el Ministerio Público, al tiempo que ha señalado que la sentencia dictada por la Audiencia de Las Palmas no recogía ningún tipo de prohibición en la comunicación del acusado con su hijo.

Para Galván, era de “justicia” que se incomunicara al acusado con su hijo, con el que mantenía comunicación telefónica cuando el menor se hallaba con sus abuelos paternos, pues cuando este niño sea mayor se enterará que su padre mató a su madre.

“Este padre se acabó para este niño”, quien ahora tiene como padres a sus abuelos maternos, ha declarado Galván.

La Audiencia Provincial considera probado que el enfermero envenenó a su pareja con talio y otras sustancias.

La Audiencia de Las Palmas ha condenado a 23 años de cárcel por asesinato -dos menos de los que reclamaba el fiscal- al enfermero del Hospital Insular de Gran Canaria que en 2010 envenenó a su mujer suministrándole talio, barbitúricos y otros medicamentos no pautados por sus médicos.

La sentencia condena además al procesado, Iván Ramírez Aguilar, a indemnizar con 200.000 euros a los familiares de su esposa Laura A.G.: la mitad para su hijo y otros 100.000 euros para sus padres.

Tal como estableció en su veredicto el Jurado que juzgó el caso, la Audiencia considera probado que Ramírez Aguilar decidió acabar con la vida de su mujer y que, para lograrlo, le suministró un metal radiactivo diluido en la comida (talio) y también le administró sin su conocimiento benzodiacepinas, opiáceos e insulina.

El magistrado Carlos Vielba, ponente de la sentencia, recuerda que el Jurado emitió su veredicto de culpabilidad en base a los indicios disponibles que, a su juicio, llevan a optar por la postura mantenida por las acusaciones en sus alegatos iniciales y en sus informes “porque es la única capaz de explicar los hallazgos médicos”.

Así, destaca que en todas las crisis que sufrió la víctima y que le condujeron a la muerte, el 11 de julio de 2010, existieron los siguientes elementos comunes: Laura como afectada, la aparición de sustancias no pautadas o halladas en partes de su cuerpo en las que no debían aparecer y el acusado, que estaba con su mujer en el inicio de la crisis o había estado tiempo antes con ella.

El magistrado recuerda que la muerte de Laura A.G. se eleva a asesinato al concurrir las agravantes específicas de alevosía y ensañamiento, porque la víctima “no tuvo en ningún momento la oportunidad de defenderse ante la confianza que tenía en el acusado”, quien la sometió “a padecimientos de todo punto innecesarios para conseguir su criminal propósito”.

Además, se aplica al acusado las agravantes de parentesco y de abuso de confianza, aunque no referida a la que le profesaba la víctima, sino a la que tenían en él sus compañeros de trabajo, que “le permitieron acudir libremente a la unidad de medicina intensiva fuera de las horas de visita, incluso cuando ya existía la restricción de horarios o incluso cuando Laura ya no estaba ingresada”.

Respecto a la determinación de la pena, el magistrado explica que se entiende como proporcional la condena de 23 años de prisión, ya que también tiene en cuenta el tiempo que ha transcurrido hasta que se han juzgado estos hechos, prolongado de forma “inexplicable” por carecer la Audiencia de una segunda sala para juicios con Jurado.

Sobre la petición de las acusaciones de inhabilitar al acusado para el ejercicio de la patria potestad durante el tiempo de la condena, el magistrado afirma que “dentro de doce años, la patria potestad se habrá extinguido de no ocurrir ninguna causa de incapacidad, como así se desea”.

Respecto a la orden de alejamiento respecto de su hijo, “Vielba estima que no cabe imponer al menor la condena a no relacionarse con su padre, pues si bien ahora el niño no está en condiciones de entender los hechos cometidos, es posible, y la experiencia así lo dice, que en un futuro quiera, o no, una relación con su padre” o contactar con él.

El magistrado cree que “no cabe” atribuir la patria potestad del niño a los abuelos maternos, como pedía la acusación particular, porque ello excede, con mucho, la competencia del tribunal.

Además, plantea que el Servicio Canario de la Salud “debería haber sido llamado como responsable civil subsidiario pues, en cierta medida, la falta de control sobre los medicamentos existentes en el Hospital Insular, pudo haber facilitado la comisión de los hechos” a tenor de “las deficiencias que existían, según parece, ya solventadas”.

El magistrado ponente se refiere también en su sentencia al nombre que se ha dado a este procedimiento en los medios de comunicación: el “caso talio”.

Al respecto, señala que “por muy periodístico” que el nombre de caso talio, “la presencia de este metal pesado resulta casi anecdótica y se enmarca en un elemento más del móvil homicida que guiaba la actuación del acuerdo, pues lo relevante es la administración de insulina, de mayores dosis de medicamentos pautados y de medicamentos no pautados”.

La enfermera Laura A.G., supuestamente envenenada por su marido, el también sanitario Iván R.A., estuvo expuesta puntualmente al talio entre dos meses y medio y tres meses antes de morir, según se concluye del análisis de su vello púbico, donde se hallaron 8,8 microgramos del metal pesado.

Así lo ha corroborado este martes, a preguntas del Ministerio Fiscal y la acusación particular el teniente coronel y farmacéutico José Luis López Colón, del Centro Militar de la Farmacia para la Defensa, en el juicio con tribunal Jurado que sigue en la Audiencia de Las Palmas contra el presunto asesino de la enfermera.

En esta sesión, tanto Colón como varios químicos y farmacéuticos del Instituto Nacional de Toxicología de Madrid han respondido, a través de una videoconferencia a las preguntas que la defensa y las acusaciones les han realizado acerca de los informes que realizaron tras analizar diferentes muestras del cuerpo de la fallecida, de su pareja y del hijo de ambos.

Los expertos han destacado que en los dictámenes elaborados en agosto y en septiembre de 2010, uno y dos meses después de la muerte de la enfermera, no se hallaron en Laura A.G., ni en su marido, concentraciones tóxicas o superiores al rango de valores considerados normales para el talio, cuya presencia siempre se situó por debajo de los cinco microgramos por gramo.

Sin embargo, en un informe sobre unas muestras de vello púbico realizado el 8 de julio de 2010, cuatro días antes de que muriera la víctima, de 34 años, Colón detecta 8,8 microgramos de talio, lo que, según ha dicho, podría indicar cierta toxicidad a ese metal, aunque no es un valor concluyente.

Los expertos consultados este martes han reiterado que las intoxicaciones medioambientales por talio solo están descritas en personas que permanecen durante mucho tiempo cerca de fábricas de cemento, es decir, que para producirse es necesaria una exposición prolongada al metal tóxico, lo que no es aplicable en el caso de la enfermera.

También han afirmado que ese metal no tendría que aparecer en una persona que lleva una vida normal.

Cólon ha subrayado asimismo que los restos de talio encontrados en el vello púbico de la fallecida pueden ser compatibles con una exposición puntual al metal, lo que implicaría que su concentración “se diluyera” con el paso del tiempo.

El doctor en Farmacia del Centro Militar de la Farmacia para la Defensa, institución europea de referencia en la detección de metales que se presentan por debajo de los niveles considerados tóxicos, según han reconocido hoy los peritos del Instituto Nacional de Toxicología de Madrid, también ha afirmado que los síntomas que tenía la víctima pueden ser compatibles con la acción del talio.

Así, tanto Colón como los peritos del Toxicológico han concluido que las líneas de Mees que presentaban las uñas de Laura A.G. podrían corresponderse con una intoxicación de talio, arsénico o floruro.

A preguntas del Jurado, el perito ha informado de que es normal encontrar metales en analíticas.

En cualquier caso, José Luis López Colón ha considerado que la concentración de talio encontrada en el vello púbico de Laura A.G. antes y después de su muerte y las líneas de Mees halladas en sus uñas “pueden ser un hallazgo más” de su supuesta intoxicación que, sin embargo, “no podría confirmarse”.

Los peritos contratados por la defensa expusieron este jueves, en ocasiones de una manera demasiado teórica, sus argumentos acerca del fallecimiento de Laura A.G. la enfermera que murió presuntamente envenenada por su esposo Iván R.A., también enfermero.

Luis Frontela, Juan Bautista Alcañiz, Santiago Durán y Carlos Pérez fueron desmontando la versión ofrecida por los forenses en las sesiones anteriores del juicio por el caso talio aludiendo a “lagunas” en su autopsia.

El catedrático de Medicina Legal, Luis Frontela, apoyado por partes de los informes médicos y fotografías del cadáver de Laura A.G. proyectadas en una de las paredes de la sala, puso en duda muchas de las cuestiones que los forenses Javier Tapia y Eva Bajo habían afirmado.

Líneas de Mees

El autor de la segunda autopsia de las niñas asesinadas en Alcasser, arremetió contra uno de los argumentos más repetidos por los forenses que le practicaron la autopsia a Laura A.G. la existencia de líneas de Mees en sus manos.

Bajo aseguró que en su vida profesional nunca había visto esas señales, que, según explicó, constituyen otra de las pruebas que demuestran que la enfermera sufrió una intoxicación por talio, a lo que el Frontela contestó “Como profesor no puedo consentir esa barbaridad. Si una experta dice que es la primera vez que los ve, ¿Cómo puede ser una experta?”.

Según el facultativo, esas señas son habituales en los niños y también en personas que han estado muy enfermas.

Talio

Durante su exposición, Frontela se dirigió al jurado popular y le instó a que hiciera una búsqueda en Internet sobre los síntomas de intoxicación por talio.

Para argumentar que Laura A.G. no fue intoxicada por este metal pesado, el perito de la defensa puso en duda las pruebas realizadas al cuerpo, “el estudio del pelo no es suficiente para verificar una intoxicación por talio”, afirmó.

Para tirar abajo otra de las razones expuestas por los forenses para verificar la intoxicación de la víctima, la alopecia, Frontela expuso que el talio va a la sangre y, por tanto, Laura A.G. tendría que haber sufrido una alopecia completa, “también se le caerían los pelos de las cejas. Eso no es talio”, afirmó mostrando fotografías en las que se apreciaban algunas calvas en la cabeza de Laura A.G.

Frontela hizo uso de sus años de experiencia profesional para afirmar que “en muchos pelos que he analizado ha salido talio” y que esto puede ser debido a la utilización de alguna crema o cualquier otro producto químico.

Autopsia provisional

El catedrático de Medicina Legal sostuvo que todos los medicamentos aparecidos en los análisis fueron administrados por los médicos y añadió que “antes de decir que ha sido una muerte violenta, hay que saber de qué ha muerto”, afirmación que puso muy nerviosos a los forenses que durante la exposición del facultativo no cesaron de hablar entre ellos preparando su réplica.

El doctor contratado por la defensa hizo un repaso de la autopsia provisional de Laura A.G. (se realizaron tres informes) y destacó que en las conclusiones del documento consta que no se observó ningún resultado anómalo.

Bulto en el flanco izquierdo

Uno de los momentos más surrealistas de la sesión fue cuando Frontela explicó que el bulto en el flanco izquierdo que presentaba el cuerpo de Laura A.G. no correspondía a pinchazos.

El facultativo utilizó imágenes de un bloque de plastilina al que fue cortando la parte superior de manera transversal con ayuda de un cutter para demostrar que el hematoma que tenía la víctima en el costado era simplemente un vaso sanguíneo y que no existían tales pinchazos.

“El Pentotal no mata”

Por su parte, Juan Bautista Alcañiz comenzó su exposición como perito de la defensa acusando a Bajo y a Tapia de ocultar datos, “la mitad de la verdad es la mayor de las mentiras”, afirmó provocando una mayor incomodidad a los forenses.

El facultativo sostuvo que Laura A.G. en ningún momento falleció por intoxicación de medicamentos y añadió que todos los medicamentos habían sido pautados salvo el Pentotal. “El Pentotal no mata”, afirmó y mostró a los asistentes un frasco vacío del fármaco.

Alcañiz reconoció que los médicos a veces no apuntan todo lo que suministran a sus pacientes, aunque añadió que las dosis que revelaron los análisis realizados a Laura A.G. eran “mínimas” y, por tanto, ese medicamento no puede haber sido el responsable de su muerte.

Por otro lado, el doctor Santiago Durán, destacó que una de las “lagunas” que presenta la autopsia realizada al cuerpo de la enfermera es que no hay información acerca del timo (órgano linfático e inmunitario situado detrás del esternón) cuando un análisis más detallado de este podría haber esclarecido las causas de la muerte.

Durán expuso los fallos que, a su juicio, cometieron los profesionales que atendieron a Laura A.G. durante sus estancias en el hospital. La discontinuidad analítica, “nadie le hizo una analítica para identificar los aminoácidos y verificar si la insulina que tenía era exógena”, afirmó tras una pormenorizada descripción acerca de los tipos de insulina con estructura química existentes. Los peritos de la defensa coincidieron en afirmar que la insulina no fue “la causa directa o indirecta” de la muerte porque Laura A.G. murió 43 días después de sufrir una hipoglucemia, aunque consideran que sí fue administrada por vía exógena.

El facultativo lamentó lo que denominó como discontinuidad clínica que explicó analizando las actuaciones de los médicos durante los meses de mayo y junio. “No se tomaron medidas para proteger a la paciente aunque se sospechara de que la estuvieran agrediendo. No se hizo nada para demostrarlo” y criticó que, lejos de intentar protegerla, se le aislara tras un biombo.

El doctor Carlos Pérez fue el último de los peritos de la defensa en exponer sus argumentos durante la mañana.

Apuntó a un síncope vasovagal, ocurrido tras varias paradas cardíacas, como causa de la muerte de Laura, no a un fallo multiorgánico como se había sostenido anteriormente. “Es muy difícil saber por qué murió. Es un caso de discusión clínica. No nos pondríamos de acuerdo”, aseguró.

El facultativo arremetió contra la expresión utilizada por la forense Bajo para expresar que Laura A.G. había sufrido una intoxicación,“blanco y en botella, leche” y que este jueves ratificó diciendo que “las piezas encajan como un puzzle”. “Han encajado las pruebas a la fuerza”, afirmó.

Los dos médicos forenses que practicaron la autopsia a la enfermera Laura A.G., que supuestamente murió envenenada por su marido, también enfermero, han insistido este miércoles ante el Jurado de la Audiencia de Las Palmas en que el talio hallado en la víctima no es producto de una contaminación.

Durante las dos horas que ha durado el interrogatorio por parte del abogado defensor de Iván R.A. a los forenses Eva Bajo y Javier Tapia, éstos han incidido de nuevo en que el talio sólo dio positivo en el cuerpo de Laura A.G., y no en el de su hijo ni el del acusado, por lo que descartaron que su existencia se debiera a una contaminación.

Así mismo, Tapia ha indicado que el hallazgo del talio en el cuerpo de Laura A.G. fue a raíz de los análisis que se solicitaron desde el Hospital Insular, donde la paciente murió el 11 de julio de 2010 tras sufrir repetidos ingresos hospitalarios desde el 15 de mayo de ese año.

Ha señalado que se solicitó una analítica para buscar en el organismo de Laura A.G. metales pesados como el arsénico, ante los vómitos y dolores abdominales que sufría.

Los dos médicos además han explicado de nuevo que las líneas de Mees que se apreciaron en las uñas de las manos de la víctima evidenciaron, tras su análisis, la existencia de talio.

Bajo ha subrayado que en su vida profesional era la primera vez que veía estas líneas, que constituyen otra de las pruebas que demuestran que la enfermera sufrió una intoxicación por talio, que fue una de las “múltiples sustancias” que se le suministraron y que acabaron con su vida, según los forenses.

Pese a que estas líneas pueden obedecer no sólo a la intoxicación por arsénico, talio o floruro, así como a la acción de la quimioterapia, procesos patológicos, insuficiencia renal o cardiaca y anemia, Bajo ha señalado que en las “miles de autopsias” que ha practicado ha visto muchas insuficiencias renales, pero nunca había apreciado esos signos.

La forense ha precisado que en esos casos se presentan estas líneas de Mees de manera excepcional, mientras que por metales pesados son frecuentes.

Los médicos también han reiterado que la punción que presentaba la víctima en el costado izquierdo, y que no se la hizo el personal del hospital que la atendió, es indudable que se produjo con una aguja, a tenor del resultado de las pruebas del tejido analizado.

Así mismo, han insistido en la “perversión” con la que se le suministró medicamentos a Laura A.G., pues en las analíticas que se le efectuaron el 5 de julio de 2010 se apreció en los jugos gástricos la existencia de morfina y tiopental, un barbitúrico “muy letal” que si se combina con otros sedantes puede producir la muerte.

La sesión continuará este jueves con la declaración de los peritos propuestos por la defensa, según ha indicado el magistrado que preside el tribunal, Carlos Vielba, quien ha advertido que será más estricto ante los continuos reproches que se han cruzado el abogado José Álvarez y los forenses, y con el modo de formular las preguntas del letrado, de quien lamentó que en las dos horas que duró la sesión sólo formulara cinco preguntas sobre el informe de autopsia.

El acusado Iván R.A se enfrenta a una pena de 25 años de prisión por un supuesto delito de asesinato, ya que tanto la fiscal de Violencia de Género Beatriz Sánchez, como la acusación particular ejercida por la familia de la fallecida y la popular del Instituto Canario de Igualdad, sostienen que fue él quien envenenó a su mujer.

La defensa pide su libre absolución, pues defiende que Laura A.G. murió a causa de una enfermedad rara, glucogénesis, que no se le pudo determinar.

El cansancio y la tensión comienzan a hacer mella en el maratoniano juicio del caso talio en el que se acusa al enfermero Iván R.A. de asesinato con circunstancia agravante mixta de parentesco por el fallecimiento de su mujer, Laura A.G.

Este martes había gran expectación en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas por escuchar los testimonios de los peritos. “Laura falleció de muerte violenta, es decir, se le administraron múltiples sustancias que le causaron la muerte”, afirmó Eva María Bajo, subdirectora del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria.

La forense comenzó su exposición, apoyada por fotografías, sobre la autopsia realizada a Laura A.G. dos días después de su muerte (el 13 de julio) asegurando que se trata de un caso “extraordinariamente complejo”, y pidió al jurado popular que no perdieran “la visión de conjunto”.

Durante el examen realizado al cuerpo de la fallecida se encontraron signos que hicieron pensar a los forenses que Laura A.G. sufrió una intoxicación “prolongada durante meses”. Las mejillas sonrosadas con “aspecto de vida”, la alopecia que presentaba y las “líneas de mees” que tenía en los dedos (síntomas característicos de la intoxicación por arsénico o por otros metales pesados como el talio), apuntan, según la forense, a que Laura A.G. “estuvo expuesta a talio”. Aunque nunca tuvo patologías que justificaran la muerte por parada cardiorrespiratoria, las pruebas forenses demostraron que su corazón presentaba microinfartos y una “infiltración grasa en el tejido”.

Cuando los médicos sospecharon que Laura A.G. podría haber sido intoxicada solicitaron el análisis de metales pesados donde se hallaron niveles “altos” en su cuerpo aunque, explicó Bajo, “evidentemente” no murió por ello. “No podemos decir que haya muerto de algo concreto, pero sí que se vio expuesta a varios tóxicos que deterioraron su organismo”, concluyó. Exposición que tanto Iván R.A. como su abogado escucharon negando con la cabeza y con gestos de fatiga.

“Como si pequeñas piedras fueran lanzadas a un cristal poco a poco y lo acabaran rompiendo”, afirmó el abogado de los padres de Laura, Acenk Galván, a modo de metáfora para resumir lo expuesto por los forenses. Durante el interrogatorio de la acusación particular los peritos afirmaron que “el suministrador” de las sustancias tóxicas “debía tener conocimientos de medicina y acceso a la víctima y a las sustancias”.

A su vez, los peritos hicieron hincapié en que la persona que le administró sustancias no pautadas por los médicos, conocía “la vida” que tenían dichos medicamentos, porque tanto el tiopental como la morfina (sustancias que se encontraron en varios análisis realizados a Laura A.G.) tienen vidas muy “cortas”, es decir, desaparecen del cuerpo en cuestión de horas. “La persona que la intoxicó estaba siguiendo vías raras para despistar”, aseguraron.

En relación a estas afirmaciones, la médico intensivista, Carmen Pérez, que acudió a esta sesión en calidad de perito y auxiliar de autopsia, negó, basándose en el informe de uno de los doctores, que a Laura A.G. se le administrara morfina durante el trayecto en ambulancia de su casa al hospital el 3 de junio. El abogado defensor señaló que tiene constancia de que otro doctor sí había indicado la administración de dicha sustancia, lo que Pérez atribuyó a un “error en la transmisión de la información”.

Tras denegarle al abogado de la defensa, José Álvarez, en más de diez ocasiones que se le mostraran a la doctora Carmen Pérez diversos informes, la paciencia del magistrado Carlos Vielba llegó a su límite durante una de las intervenciones que realizó el doctor Javier Tapia, cuando comentó que las intoxicaciones por talio “no son tan raras” y que este metal pesado “se podría haber cogido del hospital” exposición que el abogado defensor contestó gesticulando con actitud burlesca. Ambos recibieron el apercibimiento del juez.

En relación al bulto que tenía Laura A.G. en su flanco izquierdo, los forenses confirmaron que hubo “daño provocado por una punción” ya que apreciaron durante la autopsia la trayectoria de una aguja en el interior del cuerpo que llegó a dañar el músculo.

Otra de las cuestiones recurrentes en este juicio son los índices de insulina en el cuerpo de la fallecida, que aumentaban y disminuían sin motivo aparente. Los forenses aseguraron que los elevados “picos” que presentaba Laura A.G. hacen pensar que fue suministrada de manera exógena.

La médico intensivista que trató a Laura A.G desde la fecha de su último ingreso (el 5 de julio) hasta su muerte (el día 12 del mismo mes) en la UMI del hospital Insular de Gran Canaria aseguró, durante una nueva sesión del juicio sobre el caso talio, que en vista de los síntomas cambiantes que presentaba la paciente, que “hacían pensar que podría haber una intoxicación por metales pesados”, decidió solicitar un análisis de metales pesados.

Un tipo de análisis que se pide “raramente” y por ello, la doctora tuvo que consultar qué muestras debía tomar para enviarlas a un laboratorio de Madrid. Relató que tuvo conocimiento de los resultados el día 12, un día después de la muerte de Laura A.G., y que la especialista con la que habló se mostró sorprendida por la presencia de talio en los análisis de la paciente. “Lo llamativo es que salió talio”, aseguró.

La médico afirmó que la paciente presentaba disociación electromecánica, es decir, que el corazón de Laura A.G. latía, pero no era capaz de bombear sangre. Descartadas las patologías que la producen, este hecho les hizo pensar “en la acción de tóxicos, bien por medicamentos o por veneno”.

Otra testigo, médico de urgencias del mismo centro hospitalario, aclaró que al ser dada de alta a finales de junio, Laura A.G. tenía un “posible diagnóstico” de una enfermedad hereditaria. Los padres de la paciente, al ser preguntados por esto, negaron que existiera alguna enfermedad hereditaria en la familia.

La intensivista que trató a Laura A.G. aseguró que los padres estaban “desesperados” y querían que fuera trasladada a un centro sanitario de la península. Algo que no sucedió porque la paciente “no estaba en condiciones de ser trasladada”.

Durante los interrogatorios, el letrado de la defensa nombró a varios profesionales que atendieron a la paciente pero que no han sido citados a declarar dejando entrever su malestar, como hizo en la segunda sesión, por algunas cuestiones del procedimiento.

Parte judicial

En vista de que Laura A.G. no evolucionaba de la manera esperada por los médicos y que se encontró medicación no pautada en el resultado de sus análisis, el hospital solicitó un parte judicial.

“Nosotros no sabemos de lo que ha muerto Laura”, afirmó la facultativa, que insistió en diversas ocasiones en la sintomatología cambiante e “inexplicable” que presentaba la paciente.

Un bulto en el flanco izquierdo

Como ya ocurrió en sesiones anteriores del juicio, varios testigos confirmaron que Laura A.G. tenía “un bulto en el flanco izquierdo”. Lo que no queda claro es si fue provocado por pinchazos. “No nos cuadraba. Parecía líquido, no podía ser celulitis”, afirmó la intensivista.

Lo que confirmaron los testigos es que existían rumores acerca de si Iván R.A podría estar suministrándole medicación a su esposa. “Se oían comentarios. Había cosas extrañas”, relató una enfermera compañera del acusado. Afirmó que Iván R.A, estando Laura A.G. dada de alta, le dijo que si podía darle un glucómetro del hospital, pero que se negó a dárselo “por si pasaba algo”.

La madre de la mujer supuestamente envenenada por su esposo enfermero en Gran Canaria lo ha tachado este viernes de “psicópata” y de ser “muy frío” y “carente de emociones”, y ha dicho que “tenía las cosas muy bien atadas” para acabar con su hija, al declarar en el juicio que se sigue contra él.

En una jornada con la que se cerraba la primera semana de la vista oral contra el presunto asesino Iván R.A., Rosa María G., la progenitora de su supuesta víctima, ha destacado que “nunca le gustó” el enjuiciado, al que ha llegado a aludir señalando que trató de “controlar mejor a su presa” aprovechando su condición de trabajador del hospital, donde la ingresaron y acabó por fallecer.

En esa línea, ha sostenido que el que fuera su yerno obstaculizó que los padres de la víctima, Laura A.G., residentes en su ciudad de origen, Granada, tuvieran conocimiento detallado de lo que le ocurría desde que fuera hospitalizada inicialmente, en mayo de 2010, al comienzo de una serie de episodios de problemas de salud que concluyeron con su muerte semanas después, el 11 de julio.

Ya que, conforme a su relato, Rosa María no tuvo conocimiento del primer ingreso de su hija en el Hospital Insular de Gran Canaria, debido a un cuadro clínico que la condujo a una parada cardiorrespiratoria de origen extraño, en opinión de diversos profesionales sanitarios que ya han declarado en la causa, hasta que ella llamó a Iván, debido a que Laura no le cogía el teléfono.

Entonces éste le comunicó que su hija se encontraba en la Unidad de Medicina Intensiva (UCI) del Insular, si bien, al preguntarle ella qué tenía Laura, le contestó “que no le pasaba nada”, ha declarado.

Rosa María decidió, no obstante, volar hasta la isla para acompañar a su hija, a quien, cuando la vio en el hospital por primera vez, la encontró “asustada” y le relató que le habían dicho que tenía “un cuadro típico de sobredosis”, pese a que ella no tomaba ninguna medicación porque antes de esos episodios no había padecido enfermedad de consideración alguna.

Destacando que sólo se decidió a contarle eso cuando su esposo las dejó a solas, porque, a su entender, “estaba esperando a que se fuese el acusado” para hablarle de ello.

Además, ha dicho que su entonces yerno “se interponía” entre ella, el padre de Laura y los médicos que la trataban cada vez que intentaban hablar con ellos a solas sobre lo que le ocurría, respecto a lo cual ha asegurado que uno de los facultativos le explicó que sus primeros problemas, derivados a una hipoglucemia o falta de azúcar en sangre severa, eran provocados por alguien.

“Me dijo: a su hija le ponen insulina por la noche”, ha relatado, añadiendo que tiempo después fue la propia Laura quien le contó que “parecía ser que sospechaban de Iván”, a quien “parece ser que le tenía miedo” la fallecida.

Su madre ha aludido también, para argumentar su tesis de que Laura fue asesinada por su marido, a hechos como que solía valerse de su condición de empleado del Insular para acceder al cuarto de medicamentos de la UMI, del que ha afirmado que cogía “todos los días” fármacos supuestamente destinados a causar daño a su hija, varios de los cuales le habría escondido en su bolso sin decírselo.

Y a que, cuando Laura fue dada de alta tras su primer ingreso en el hospital y volvió a su casa, “llegó como una rosa”, recuperada después de que en el centro sanitario le restringieran las visitas a su esposo, cuya proximidad determinó luego, según ella, que volviera a enfermar hasta acabar muriendo.

El testimonio de la madre de la fallecida, que el acusado ha seguido entre negaciones con la cabeza y gestos de pena, llevándose con frecuencia las manos a los ojos como para atajar lágrimas, se ha producido en un día en el que también han declarado, como ocurriera un día antes, varios enfermeros y médicos que atendieron a Laura.

Entre ellos estuvieron dos que, a diferencia de los comparecientes ayer, dijeron no haber visto nunca entrar al cuarto de medicamentos de la UMI a Iván: los enfermeros y compañeros de trabajo del acusado María Desiré y Aridani Méndez.

La primera ha declarado, además, a preguntas del abogado defensor del procesado, que éste hablaba “muy bien” de su esposa y ella también de él, mientras que el segundo, que estuvo junto a Laura cuando falleció porque estaba de guardia en la UMI, ha asegurado que “la reacción de Iván fue la de cualquier persona que pierde un familiar, un ser querido”.

El juicio contra él, que se sigue en la Audiencia Provincial de Las Palmas, se retomará la semana próxima, ya que está programado que dure hasta el 18 de febrero.

La tensión estuvo presente en la tercera sesión del juicio contra el enfermero Iván R.A., por el supuesto asesinato de su esposa Laura A.G. Sobre todo durante el interrogatorio del abogado defensor, José Álvarez, que fue apercibido en varias ocasiones por el magistrado Carlos Vielba.

El letrado defensor insistió durante su interrogatorio en la medicación que le suministraron los facultativos a Laura A.G. durante los días que estuvo ingresada. Iván R.A. afirmó que “no confía” en los médicos que trataron a Laura, ya que aseguró que le administraron perfangal (paracetamol) en el Hospital Insular de Gran Canaria a principios del mes de julio durante su segundo ingreso. “Laura tampoco confiaba en los médicos por las insinuaciones de que se estuviera administrando algo (ella misma o algún familiar)”.

Según el enfermero, “hay veces en las que los médicos usan más o menos cantidad de medicación de la que luego escriben en el historial”. Y añadió que cuando un paciente sufre una crisis muchas veces no se llega a anotar nunca toda la medicación suministrada.

En el primer ingreso de Laura A.G., en el mes de mayo de 2010, según la declaración del presunto asesino, se le administraron dopamina y perfangal de un gramo cada seis horas. Sin embargo, en el segundo ingreso, durante los primeros días de julio, a la víctima le fue administrado perfangal de un gramo, aunque previamente se le había contraindicado, junto a otros medicamentos como emotilato, midazolam, cloruro mórfico o transilium. Algunas de esas sustancias aparecieron en los análisis realizados al cuerpo de la fallecida.

Al parecer, intentaron que Laura A.G. fuera trasladada al Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, pero, según el relato del acusado, los médicos del Hospital Insular no les proporcionaron su historia clínica.

Algo llamativo de la declaración del acusado es que recuerda casi a la perfección fechas y horarios de todo lo acontecido, al contrario que su abogado, que durante el interrogatorio confundió meses y días en varias ocasiones.

Sospechas

A finales del mes de junio de 2010, según el acusado, “una compañera del hospital se dedicó a difundir el rumor de que alguien le estaba suministrando medicación a Laura”. Según Iván R.A., los psiquiatras que la trataron le confirmaron que las sospechas circulaban por el hospital.

El acusado afirmó que llegó a solicitar el traslado de su esposa a la Península para que continuara allí su tratamiento. Tras el alta, “la semana que estuvo en casa compré varios billetes de avión que luego tuve que cambiar porque Laura me decía que estaba demasiado cansada para volar”, aseguró Iván R.A.

En relación al argumento esgrimido por las acusaciones señalando que Iván R.A. acudía al hospital a coger medicación, el acusado aseguró que en el servicio de farmacia “no entra nadie” y explicó que los medicamentos que se encuentran en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) llevan un estricto control. Hasta tal punto que se exige la devolución del bote que contiene el medicamento tras su utilización.

Al referirse al hijo de ambos, Iván R.A. rompió a llorar cuando afirmó no haberlo visto en los tres años y medio que lleva preso en el Centro Penitenciario Salto del Negro. “Solo puedo hablar con él cada 15 días”, sollozó.

Problemas de dinero

Durante el interrogatorio, la representante de la acusación popular (Instituto Canario de la Mujer del Gobierno regional) preguntó en diversas ocasiones al acusado por la situación económica del matrimonio.

Iván R.A. reconoció que tenían varias deudas y que les habían sido concedidos tres créditos bancarios para reformar la casa y otros gastos. También aseguró que posteriormente había solicitado varios préstamos que le fueron denegados. En los meses previos a la muerte de Laura, Iván R.A. declaró que le había pedido dinero a compañeros y familiares, dinero que, en algunos casos, no fue devuelto porque “no tenía la cabeza en esas cosas”.