El Gobierno va a proponer que José Manuel Maza sea nombrado nuevo fiscal general del Estado, en sustitución de Consuelo Madrigal. Según han confirmado fuentes gubernamentales a eldiario.es, el Consejo de Ministro hará este viernes la propuesta para que sea refrendada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y por el Congreso.

Maza es en la actualidad magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y relevará a Madrigal, que lleva tan solo dos años en el cargo. Será el tercer fiscal general del Estado bajo la presidencia de Mariano Rajoy. El primero, Eduardo Torres Dulce, dimitió en a finales de 2014.

Para su nombramiento se precisará la participación de los tres poderes del Estado, ya que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá aprobar un informe de idoneidad tras la propuesta del Consejo de Ministros, y después comparecerá en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para obtener su aval.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha confirmado la propuesta de Maza y ha querido “destacar y agradecer el trabajo desempeñado por Consuelo Madrigal”.

Madrigal abandona la dirección del Ministerio Público después de tan solo dos años en el cargo. El trabajo de la primera mujer en acceder a esa responsabilidad durante este tiempo ha consistido en buena parte en lidiar con los procesos judiciales abiertos contra los responsables de la consulta del 9N en Cataluña.

Fue este asunto el que hizo dimitir a su antecesor en el cargo. Torres Dulce anunció su dimisión en diciembre de 2014 por las malas relaciones con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y por las desavenencias con el Ejecutivo por la consulta independentista.

Defendió inhabilitar a Garzón

Durante su etapa en el Tribunal Supremo, Maza fue uno de los siete magistrados que juzgaron a Baltasar Garzón por abrir una causa para investigar los crímenes de la dictadura franquista. Seis jueces decidieron absolver a Garzón por este hecho, pero Maza disintió con un voto particular.

En él, defendió que el juez, inhabilitado más tarde por las escuchar ordenadas durante la instrucción del caso Gürtel, debía ser apartado de la carrera judicial por “prevaricación dolosa” al intentar asumir una competencia que no le correspondía.

Según Maza, Garzón puso el procedimiento judicial “al servicio de sus propias intenciones subjetivas”, y le reprochó que iniciase una investigación “contra personas ya fallecidas y por delitos que habían sido objeto de amnistía o en todo caso, se encontraban claramente prescritos”.

Durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha evitado dar ninguna razón para el cambio de Madrigal por Maza. El portavoz del Gobierno no ha justificado de ninguna manera la destitución de la hasta ahora fiscal general, a pesar de la insistencia de los periodistas.

Según Méndez de Vigo, el ministro de Justicia ha propuesto a Maza con el mismo y “único elemento” con el que se justifican el resto de nombramientos en el Ejecutivo: la idoneidad. “Es el candidato más idóneo, no puedo decir nada más”, ha afirmado. “Es la persona que mejor puede cumplir con esa función”, ha añadido el portavoz del Gobierno, eludiendo contestar a si el nombramiento tiene que ver con el proceso judicial contra los impulsores de la consulta del 9N en Cataluña.

El PSOE, por su parte, ha calificado de “mala noticia” la desginación de Maza. En un comunicado, los socialistas afirman que la trayectoria “conservadora” del magistrado “no garantiza en absoluto el perfil independiente que requiere” el cargo y alertan de que Maza “puede dejar al Ministerio Fiscal en una posición de subordinación frente al Gobierno”.

El BOE recoge hoy declaración de excedencia voluntaria de Eduardo Torres-Dulce, Fiscal General del Estado hasta el pasado mes de diciembre. La autorización, con efectos a partir de mañana 1 de septiembre, era el último paso necesario para que Torres-Dulce pueda empezar a prestar sus servicios en el bufete Garrigues, uno de los más importantes del país.

El pasado 30 de julio, la Oficina de Conflictos de Interés autorizó a Torres-Dulce a prestar sus servicios en este despacho de abogados, pese a que no habían pasado aún los dos años de enfriamiento que prevé la leyenfriamiento tras el cese de los altos cargos. En concreto, la norma establece que “los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado”.

Las asociaciones de fiscales criticaron la autorización, puesto que consideran que la información sensible con la que ha tratado Torres-Dulce durante su mandato pasa a manos ahora de una entidad privada.

El problema está en que es la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la encargada de aprobar o no el empleo de un ex alto cargo, durante esos dos años, en una entidad privada. Es decir, tiene que decidir si la empresa a la que va a trabajar está vinculada a las decisiones que tomó puesto y hay conflicto de interés. La norma vigente hasta marzo establecía que ese vínculo existía si el alto cargo había “firmado resoluciones” que afectaran a la empresa. La última reforma, en cambio, es más específica en este punto y habla de “un informe preceptivo, una resolución administrativa o un acto equivalente sometido al Derecho Privado” que haya afectado a la entidad a la que va a trabajar tras su cese.

Las autorizaciones de compatibilidad de trabajo durante esos dos años sí se publican en el Portal de Transparencia. No se hace lo mismo, en cambio, con las razones de esa decisión, que no son públicas, ni con las denegaciones.

Una información de El BOE nuestro de cada día

La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha criticado este martes mediante un comunicado la decisión del Gobierno de autorizar al exfiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce para incorporarse al bufete de abogados Garrigues sin respetar el plazo de dos años de incompatibilidad que contempla la Ley tras el cese de altos cargos. La información ha sido publicada en el Portal de la Transparencia del Gobierno, que ha estado cerca de seis meses sin actualizar la información relativa a los altos cargos.

Según APIF, parece “enormemente preocupante” la decisión de la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Gobierno, de permitir la incorporación del anterior Fiscal General del Estado a un despacho de abogados.

“Es curiosa en primer lugar la fecha en que se adopta, idónea para disminuir el impacto público de la noticia al conocerse en mitad de agosto”, considera esta asociación de fiscales, tras recordar que trata de un Fiscal General que ahora mismo no habría agotado el plazo legalmente establecido de permanencia en el cargo “como garantía de independencia en su función”.

Añade APIF que, “después de su inexplicada dimisión”, Torres-Dulce “obtiene un beneficio gubernamental de gran importancia” que no consideran justificado.

“Creemos que el Fiscal General del Estado es la figura clave para garantizar la aplicación de la ley, decisivo en las estrategias de la Fiscalía en la lucha contra el terrorismo, la corrupción, en las luchas contra los fraudes financieros -que han afectado estos años a importantísimas entidades bancarias-, y además de ser quien decide nombramientos claves en la Fiscalía”, añaden los fiscales independientes.

Depositario de secretos

Por otra parte, APIF recuerda que Torres-Dulce “es depositario de secretos, de aspectos fácticos de las investigaciones que no deben ser conocidos y que son inherentes a su cargo, conoce de las opiniones que se vierten en las juntas de Fiscalía, de los pareceres de todos los fiscales a quienes quiere consultar”.

Por ello, subrayan que desde el Gobierno se considere “que no hay inconveniente en no respetar el plazo de dos años de incompatiblidad después del cese para trabajar en un despacho de abogados obliga a reflexionar sobre las causas de su cese en el cargo, los silencios sobre las mismas y pone de manifiesto la necesidad de instaurar un código ético en la Fiscalía”.

Todo ello, concluyen, no beneficia nada la imagen de la Fiscalía y la necesaria autonomía respecto del Gobierno, y por ello la esta asociación lamenta profundamente la decisión adoptada.

Torres-Dulce cesó el pasado 19 de diciembre, antes de que concluyera su mandato. Alegó motivos personales, si bien desde diferentes ámbitos se apuntó a su falta de sintonía con el Gobierno como causa esencial de su decisión.

Seis meses después, el Portal de la Transparencia vuelve a actualizarse. La web que recoge la fiscalización a los altos cargos del Gobierno había dejado de publicar ceses desde el pasado mes de enero, tal y como informó eldiario.es este domingo. Hoy, el servicio ha sido actualizado y recoge las autorizaciones del paso a la actividad privada de cuatro exmiembros del Gobierno que han abandonado el servicio público en los últimos meses.

El portal recoge el paso a la actividad privada de cuatro ex altos cargos. El exsubsecretario de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales, quien ha abandonado su posición como máximo colaborador de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para regresar al Banco Santander. Allí, la nueva presidenta, Ana Botín, le ha recibido con un importante ascenso. La baja, según el portal, se produjo el pasado 19 de junio; la autorización, sin embargo, la recibió ocho días antes, el 11 del mismo mes.

La segunda de las nuevas autorizaciones la ha recibido el exministro de Justicia. Alberto Ruiz-Gallardón añade a los permisos para ejercer la abogacía y la docencia el pácet para incorporarse a la empresa Thinking Heads Gruop, que se define como “la primera consultora estratégica especializada en el posicionamiento de líderes y la programación de contenidos”.

También ha sido autorizado para pasar a la actividad privada el ex director general de Bellas Artes y Bienes Culturales, Jesús Prieto, quien podrá colaborar con el estudio jurídico AC&G Asesores Legales gracias a un convenio con la Universadida Nacional a Distancia (Uned).

Por último, el ex fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha recibido permiso para trabajar en el despacho de abogados Garrigues.

Seis meses de retraso

El Portal de la Transparencia recopila toda la información que la Administración General del Estado está obligada a presentar: desde los bienes inmuebles propiedad del Estado a los sueldos de todos los altos cargos. Uno de los datos que recoge son las autorizaciones que reciben dichos altos cargos cuando quieren incorporarse a la actividad privada una vez que cesan, por el motivo que sea, de su puesto.

Hasta este domingo, el último cese que se podía ver en el Portal de la Transparencia era el del expresidente de la empresa pública de exportación de armas Defex, Fernando Aguilar Viyuela, quien pidió permiso para incorporarse a una compañía dedicada a la producción de eventos. Su salida se produjo el 31 de enero. Desde entonces, nada nuevo.

Los gestores del portal aseguraron a eldiario.es que el “atasco” estaba en la Oficina de Conflicto de Intereses, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y encargado de recibir las peticiones de autorización de los altos cargos salientes y certificar si cumplen o no las exigencias para pasar a la actividad privada. Estos tienen el derecho de conocer el resultado (autorización o denegación) en el plazo de un mes.

Este mismo lunes, un portavoz oficial de la Oficina de Conflictos de Intereses ha asegurado a eldiario.es que la información está enviada a los gestores del Portal de la Transparencia desde mediados de la semana pasada, pero que por falta de personal no se había podido actualizar el servicio hasta hoy.

En cierta chistografía figura el del forense que certifica la muerte natural de un hombre con un tremendo cuchillo de matarife clavado en el corazón: era natural, comprenderán, que estuviera muerto.

El chistecito fue lo primero que se me vino a la cabeza al enterarme del cese/dimisión de Eduardo Torres-Dulce en la Fiscalía General del Estado. Quizá fuera porque, en verdad, todo el mundo la esperaba y debe considerarse natural que un Gobierno, de la catadura del pepero, lo pusiera en la puerta de la calle por lo derecho o lo indujera a coger puerta creándole una situación insostenible. Resulta curioso que Torres-Dulce, que muchos consideraban fiel servidor del Gobierno, acabara así por una serie de desacuerdos que él mismo llamó “los tiempos de la Justicia”, que no coinciden con las urgencias del Ejecutivo y su partido para alejar y echarle tierra a sus feos asuntos; unas veces por conveniencias electoreras, otras para fortalecer a los amigos encausados y en todas para ciscarse de la gente.

No voy a aburrirles repitiendo eso tan sobado de que no debería ser el Gobierno quien nombre al Fiscal General; ni que sean las cuotas parlamentarias las que determinen la composición de los altos tribunales y de los órganos rectores de los jueces. Aunque fueran los socialistas, creo que Alfonso Guerra, si mal no recuerdo, quien anunció la muerte de Montesquieu, es decir, la sumisión a las conveniencias del Ejecutivo de los Poderes Legislativo y Judicial. Eso permite a un Gobierno, como el que nos ocupa ahora mismo, torpe y falto de escrúpulos democráticos, librar batallas políticas en los tribunales y utilizar su mayoría parlamentaria para legislar mediante decreto-ley para imponer “reformas” como las que padecemos y dejar medio zumbadas a las clases medias y a las populares en la miseria. Las cosas han llegado al extremo de que no son pocas las ocasiones en que el Gobierno ha sacado adelante iniciativas legislativas con su mayoría y el voto negativo de la oposición en peso. Una serie de leyes para las que el PSOE, por ejemplo, anunció su derogación en cuanto llegue a La Moncloa; si llega, claro. Una de esas leyes es la de Educación, la de Wert; o la de Seguridad Ciudadana, que dejó en amable anécdota la “patada en la puerta” del socialista Corcuera o corcuese. Esto de medio cambiar de régimen en cada legislatura para seguir igual de mal ya cansa. El tosco talante del ministro de Interior, Fernández Díaz, se puso de manifiesto al replicar a los críticos de su política de inmigración que está dispuesto a enviarles los inmigrantes para que sean ellos quienes los atiendan. Su actitud dejó claro el escaso peso del Gobierno pepero en el marco de la UE que ni siquiera agradece a España, panda de ingratos, que con su espectacular recuperación económica y dos piedras sea ahora la que tira del carro del continente y alrededores. Son ellos quienes viven ahora por encima de sus posibilidades gracias a que nos estamos quedando nosotros sin posibilidades de vivir. “Todo por la Patria”.

Para sustituir a Torres-Dulce, Rajoy ha designado a Consuelo Madrigal que cuenta, al parecer, con una trayectoria en la carrera fiscal reconocida por las organizaciones profesionales que han acogido bien su nombramiento. Es considerada conservadora y según algunos analistas revela que el presidente del Gobierno ha optado por dotar a la Fiscalía General de un perfil técnico. Lo que no sé si es un reproche al cesado/dimitido por hacer política al tratar de defender los tiempos de la Justicia con una insolente reivindicación de su autonomía frente a los designios del Gobierno.

Ya veremos por donde sale Madrigal, la primera mujer que accede al cargo. De momento, tiene sobre la mesa el caso Gürtel, el feo asunto de los papeles de Bárcenas y el de la caja b, del que no sabemos si acabará recorriendo las demás letras del abecedario. No lo tiene fácil ni sé cómo podrá abordarse el fondo político del problema, es decir, el hartazgo de la opinión pública que, si por un lado, puede ayudar a la cúpula de la Justicia a sacudirse presiones gubernamentales, por el otro puede subirlos a la picota si no pone “técnicamente” en su sitio a quienes los han nombrado. Es en la Justicia donde mejor se aprecia la profundidad de la crisis institucional. Las imágenes facilitadas en los últimos días de juzgados con expedientes almacenados hasta en los retretes y con estanterías que se han venido al suelo de cargadas, lo que no es, ni mucho menos, alegoría del peso de la Justicia sino expresión del intento de que no le caiga arriba sino a los robagallinas que con un par de folios de sumario van aviados.

La precampaña de Fernando Clavijo

Como Dios ayuda a quien madruga, Fernando Clavijo, candidato de CC a la presidencia del Gobierno, se ha lanzado ya a la precampaña de la precampaña de la campaña de las próximas elecciones. Acabo de leer un artículo suyo, al menos por él firmado, en el que afirma que Canarias necesita un “gran pacto social”. Acompaña semejante descubrimiento del Mediterráneo con una serie de generalidades que no sé si obedecen a que solo buscaba hacer bonito; o si es que ha preferido no extenderse en el contenido del pacto que propone, no vaya a ser que lo rechacen sectores de la población que le resten su grandeza. Por no faltarle, incluye Clavijo el estribillo de que es muy consciente de las grandes dificultades para ponerlo en marcha cosa que, sin dejar de ser cierta, me obliga a preguntarme si se trata de una cura en salud o de sentar las bases del pretexto futuro de no haberlo alcanzado, poniéndose el esparadrapo antes de la herida. Desde luego, no hay duda de que ha superado la fase de aprendiz político y ofrece ya cierto dominio del arte de la conduerma pejiguera. Mucho ha llovido (en Canarias algo menos) desde los días en que Rousseau acuñó el concepto que hoy presenta diversos contenidos que debería precisar el aspirante en estos momentos. Por ejemplo, el pacto que dio lugar al Estado social y de Derecho al que se refiere la Constitución; y ya que de Constitución hablo, no está de más recordar que el fundamento de las democracias parlamentarias es eso, un gran pacto social. Como no lo concreta y visto que las lenguas de doble filo hablan de sus querencias por entenderse con el PP, sospecho si no será que no quiere dificultar esa futura e hipotética alianza con Soria mediante la reivindicación del Estado social y de la integridad de la Constitución, resquebrajada a golpe de decretos leyes.

Sin embargo, esa ambigüedad, por calificarla de alguna manera, la deja a un lado Clavijo a mitad de su artículo sin abandonar, eso nunca, los grandes palabros. Aboga por la “simplificación y descentralización administrativa” para llegar a donde pretendía: la gestión del suelo al que al que quiere liberar, aunque no la cite expresamente, de las garras de la COTMAC (Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias) que ha convertido la tramitación de expedientes, dice él, en una carrera de obstáculos. Vaya por delante que no trato de romper una lanza por la COTMAC y no me sorprendería que sean ciertos sus excesos burocráticos. Pero no lo es menos que muy bien pueden obstaculizar los expedientes el empeño de los promotores urbanísticos que presionan para hacer las cosas a su gusto, llevándose por delante lo que haga falta.

En este sentido, como muestra de las cabras que guardamos, recuerdo a un conocido que, en tiempos ya lejanos e irremediables, se marcó un edificio de apartamentos de aquí te espero. Al hombre le molestó una crítica que le hice y se plantó en la Redacción dispuesto a llevarme al lugar de autos para que apreciara su exquisito cuidado con el Medio Ambiente. Yo ya había estado allí, pero me hice el nuevo por la curiosidad de ver por donde iba a salir. Fue inútil que le explicara que unos parterres (con plantas autóctonas, eso sí) y algo de césped entreverado nada tienen que ver con el medio ambiente. Su mentalidad venía a ser la que caricaturizaban los Piedra Pómez al proponer que se “azulejiaran” de cumbre a costa todos los barrancos de la isla para acabar con aulagas, matos, lagartos y demás porquerías. A Dios gracias no hay presupuestos para tanto.

Volviendo a Clavijo, su propuesta, “con todas las garantías”, me lleva a preguntarme a quien tocará vigilar el respeto de esas garantías todas si desaparece la COTMAC. La lógica y la experiencia inducen la sospecha de que quiere que ese cuidado quede por cuenta de los alcaldes. Lo que me recuerda una Memoria de la Fiscalía de Canarias de hace años en la que se hacía responsable de los desastres urbanísticos, muchos de ellos auténticos delitos medioambientales, a los alcaldes. No señalaba con el dedo a ninguno, faltaría más, seguramente porque su autor o autores eran conscientes de que no todos los alcaldes son iguales y que no pocos de los atentados no surgían de su voluntad sino de las presiones de los que podían “apretarles” (los “tosnillos”, mismamente) a través de los dirigentes de sus partidos. Sé que para más de uno fue un alivio poderle decir a algún que otro promotor que debía pasar por la COTMAC. Mucho escoció, recuerden, aquella memoria de la Fiscalía que se olvidó rápidamente.

Insisto en que no faltarán razones para criticar a la COTMAC, pero una cosa es una cosa y otra cosa son dos cosas. Es evidente que Clavijo se sitúa con su propuesta, la única concreta que contiene su artículo, en la órbita de José Manuel Soria que no oculta su deseo de eliminar la COTMAC. No debería, pues, quejarse el candidato nacionalista de que se dé por sentado que va del bracillo del muy ministro y que ha adoptado actitudes del peor neoliberalismo. No es de recibo que si un departamento gubernamental no funciona habría que plantearse primero si desempeña una función necesaria y proceder a ponerle remedio. Prescindir simplemente de él sirve a otros intereses y no está de más recordar que organismos con funciones similares a las de la COTMAC hay en otros sitios y funcionan.

La Triana desaparecida

Tras la campaña de Navidad desaparecerán, para siempre, al menos dos establecimientos de Triana; de los de toda la vida. Dicen que es el signo de los tiempos con lo que no estoy de acuerdo. Entre otras cosas porque hay ciudades, como Barcelona por ejemplo, donde los pequeños comercios han seguido funcionando a pesar de las grandes superficies y de los centros comerciales que ofrecen la posibilidad de comprar, de tomar el aperitivo, comer y cuanto se le ocurra a cualquiera para pasar una jornada de ocio. El secreto, la existencia de patronales de ese pequeño comercio con las cosas claras y de autoridades que no las tienen menos claras y procuran crear las condiciones mínimas para permitir que los pequeños establecimientos sigan sumando su nada desdeñable cantidad de puestos de trabajo. Lo que no es el caso de Triana donde la miopía de los comerciantes y el por ahí me las den todas del ayuntamiento y de los responsables institucionales del comercio hacen que ya no queden en la zona, como rastro de su tradición, sino alguna relojería, la tostadora de café y la óptica de Herrera como ejemplo de buen hacer incluso arquitectónico.

Hay cantidad de casos que reflejan esa miopía. Uno de ellos, que no sé si considerar pura leyenda urbana, por más que mucho se comentó en su día. Me refiero a la oposición del comercio trianero a que se instalara en la zona El Corte Inglés. Según tengo entendido iba a levantarse en el solar de lo que hoy es Hiperdino, pero acabó yéndose a Mesa y López, a la que convirtió en zona comercial donde encontraron su lugar establecimientos del pequeño comercio, incluido algunos de los trianeros de siempre. Otro caso fueron las pegas puestas a la peatonalización de la calle a la que se dotó de canaletas para hacer posible la utilización de las primeras tarjetas que fueron, asimismo, rechazadas. Por no hablar de lo que tardaron algunos comercios en aceptarlas como medio de pago. Ya en el terreno de lo utópico, hace más de veinte años hubo un proyecto para promocionar la zona a partir de su historia, sus personajes y un más que notable anecdotario que iba desde su inicial condición marinera, cerca de la Caleta de los Abades y el posterior Muelle de Las Palmas hasta hoy, o sea, el ayer de hace más de cuatro lustros. La incardinación en la historia de la ciudad y de la isla de la zona, con sus comerciantes pendientes de las cotizaciones de la fruta canaria en los mercados para determinar los pedidos de mercancías; las inversiones en la perforación de pozos a partir de los beneficios obtenidos por los establecimientos; la venta de telas a los comercios de los pueblos y un largo etcétera hubiera proporcionado a Triana una textura histórica de la que formaba parte su vieja apariencia, perdida por supuesto, de calle comercial londinense con sus establecimientos con reclamos en inglés. Lo que mosqueaba tanto a los venidos de tierra adentro que comerciantes hubo que colocaron en sus escaparates avisos de “Se habla español” para que se decidieran a entrar. Al parecer se pretendía que la publicación, que sería el centro del proyecto, promocionara los establecimientos y sus artículos y la distribuyeran los propios comerciantes mediante una bandeja sobre el mostrador o un expositor; pero no hubo manera. En el fondo, se pretendía presentar la zona como una gran superficie en horizontal y al aire libre. Según supe por los autores del proyecto, la cosa no salió debido a un listado de colaboradores en el que figuraba el nombre de algún rojo reconocido o tenido por tal, que de todo había.

No les hablo de los desmanes urbanísticos porque, total, para qué. Hoy Triana es lo que es y ha entrado, menos mal, en la era de las terrazas durante tanto tiempo proscritas mientras el comercio tradicional desaparece y los que han venido a sustituirlos tienen las ideas algo más claras.

Por cierto: no sé si recuerdan ustedes la que se formó con el viejo edificio del comienzo de Triana, junto al ex Guiniguada. Se consiguió, en buena hora, parar el disparate que se pretendía perpetrar en aquella casona relacionada con una curiosa historia que tenía que ver con los Austria. Sin embargo, allí sigue muerta de risa y sin perro que le ladre. Si poco cabía esperar del Ayuntamiento, bien pudieron los defensores del Patrimonio de la ciudad completar su atinada actuación de entonces con proyectos y propuestas. A lo mejor los hay, pero la realidad es que no tengo noticia de ninguno.

El bicentenario de Mogán

Cuadros históricos de la Revolución de Septiembre en Las Palmas es el título de un libro de Julián Cirilo Moreno “ex federal y ex Teniente de la 1ª de Voluntarios de la Libertad” como él mismo se titula en el arranque. Está fechado en 1899 y bien merece una reedición para que el personal de hoy se regocije con el desenfado y el humor del autor que da no pocos datos acerca de cómo se vivió aquel acontecimiento en Gran Canaria. Aprovecho la oportunidad del bicentenario del municipio para esta anotación.

El acontecimiento, habrán adivinado, fue la revolución de 1868 que mandó al exilio a la reina Isabel II. Cuenta Cirilo Moreno de la reunión de la Junta Revolucionaria, en la que él actuó de secretario y en la que se dio cuenta de la adhesión de los municipios de la isla al levantamiento: estaban todos con la “nueva situación” y solo faltaban los pronunciamientos de Mogán y Agaete. La Junta decidió, entonces, enviar dos representantes de la Junta a recabar que se retrataran.

Comienza el capítulo hablando de Mogán en aquel extremo sur de la isla casi inaccesible por tierra con sus “sierras de montañas, empinadas cumbres y tajadas estribaciones”; el que por mar era “casi inabordable para nuestros pailebotes, pues unas veces impiden el arribo a tus playas la calmas chichas de Juan Grande y otras los ventarrones del Descolorado; que dicen suavizando el realismo duro del verdadero nombre, los púdicos mapas ingleses de nuestras islas”. Ni que decir tiene que el verdadero nombre del Descolorado era Descojonado, dicho sea con perdón en aras de la precisión topográfica.

Sigue Cirilo Moreno en ese plan, en tono coñón, con la respuesta moganera al requerimiento de la Junta:

“Que hacía mucho tiempo que en el pueblo de Mogán se estaba trabajando para echar abajo a los Borbones”.

La respuesta dio pie a Cirilo Moreno para recordar que si una “pequeña piedrecilla desprendida, un grano de arena, hizo dar en tierra con la colosal estatuta de Nabucodonosor. ¿Por qué no admitir que los trabajos del pueblo de Mogán, de tiempo preparados, como confesaba, no fuese la causa oculta de la caída del Trono? […] El aplomo y la serenidad de la contestación revelaba algo: de allí se desprendía que el acontecimiento no tenía para el pueblo novedad alguna, como la de una cosa que se trabajaba y cuyo buen resultado se esperaba con antelación”.

No fue ese el caso de Agaete, que comunicó haber reconocido como soberana a la Junta de Santa Cruz de Tenerife. Alguien de la concurrencia afirmó que en la villa traidora había una compañía de soldados dispuesta a hacer fuego a quien tratara de someter al municipio a la Junta de Las Palmas.

Total que se solicitó el inmediato “castigo de los traidores” y que “las demás compañías, las leales del batallón de Guía, marcharan inmediatamente a reducir por la fuerza de las armas al pueblo rebelde”. Cosa que no ocurrió, que yo sepa. Por cierto, que entre las imputaciones de los junteros a los agaetenses figuraba la de “fenicios” que no querían dejar de vender la cochinilla “fabricadas con grava volcánica”. Seguramente en alusión al fraude de mezclar la cochinilla con arena muy fina de modo que, al secarse el insecto y doblarse sobre sí mismo, dejara dentro unos granos que sumados aumentaban el peso. Gente lista, ya saben, la hubo siempre y ya no sé si es cierta la historia, son muchas las que tengo recogidas como leyendas urbanas, del que metía en el centro de los grandes quesos candados y cosas por el estilo para lo mismo.

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Después de purgar a los jueces y a la policía, ahora le toca al fiscal general

Rajoy se escuda en que la dimisión del fiscal Eduardo Torres-Dulce es una decisión personal. No es personal. Son negocios, los negocios de un PP que no quiere que nada ni nadie que tenga que ver con la investigación y la difusión de los casos de corrupción escape a su control en pleno año electoral. Han ido a por los jueces, enseñándole la puerta al juez Ruz. A por los policías, donde ya llevan tres ceses en la cúpula Anticorrupción. A por los medios de comunicación, tanto los públicos como los privados. Ahora le toca a la Fiscalía. Así funciona el respeto por las instituciones democráticas y por la separación de poderes en el Partido Popular.

No, Torres-Dulce no es precisamente un rojo peligroso. Su gestión en casos como el 'Faisán' –donde obligó a los fiscales de la Audiencia, contra su criterio, a acusar de pertenencia a banda armada a la misma policía que llevaba años jugándose la vida con ETA– deja claro que, en muchos asuntos, el PP encontró en él un aliado fiel. No ha sido suficiente. 

Al Gobierno no le basta con un fiscal conservador y leal. Quieren algo más: alguien obediente, que no se revuelva, que acate las órdenes. Alguien que no se escandalice cuando, por ejemplo, la presidenta del PP catalán le ordene cuándo y cómo se tiene que querellar; un fiscal general al que no se le ocurra respaldar al juez Ruz cuando decide responsabilizar a Ana Mato y al propio PP por haberse lucrado con la Gürtel. Quieren un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo, como decía el José Luis López Vázquez de Atraco a las tres.

Por supuesto, la salida de Eduardo Torres-Dulce tiene muy poco que ver con esos “motivos personales” que el educado fiscal general quiere ahora alegar. Hace ya semanas que el ministro de Justicia estaba buscando su sucesor. Su salida estaba cantada y se va, y así lo dejan claro desde su entorno más próximo, porque el Gobierno no le respaldaba y le pedían que se apartase ya. 

Torres-Dulce es a la Fiscalía como Julio Somoano a la televisión pública. Ninguno de los dos puede ser calificado de peligroso antisistema. Pero los dos han caído porque nada es bastante para este PP acorralado por la corrupción, hundido en las encuestas y que en 2015 se juega a doble o nada todo su poder. Son los coletazos de un animal herido, de un Gobierno que prefiere pagar el coste en imagen que suponen todos estos golpes a las instituciones democráticas antes que permitir que el más mínimo mecanismo del Estado escape de su control. 

Somoano fue cesado porque el PP quería otro Alfredo Urdaci. Torres-Dulce, porque buscan un nuevo Jesús Cardenal. 

Ahora si eres fiscal general del Estado te tienen que dimitir porque ya no te pueden fulminar. Se lleva la dignidad y eso es un gran patrimonio

La reflexión sobre la dimisión de Torres-Dulce termina en pocas palabras. Cierta decencia unida a la presión. El PP te dimite rápido. Siempre lo hacen. Hay una llamada y alguien dice: será mejor que dimitas porque si no, te van a cesar. Así se consiguen la mayoría de las dimisiones. Ahora si eres fiscal general del Estado te tienen que dimitir porque ya no te pueden fulminar como hicieron con Juan Cesáreo Ortiz Úrculo cuando llevaba ocho meses de mandato con Aznar. En el PP lo de que te cesen y dimitir se lía tanto que leí ayer que Úrculo dimitió. Entrando en bucle. Lo de la dimisión tiene poco análisis desde el punto de vista del afectado. Se lleva la dignidad y eso es un gran patrimonio.

El verdadero análisis debe residenciarse en lo que este hecho dice del Gobierno del PP. Lo que afirma sobre su concepción del Ministerio Fiscal. No les valen ni afines. No, los quieren esclavos. Y no están acostumbrados así que no reparan en que la inteligencia se comparece mal con la sumisión. De vez en cuando nos sorprenden y en vez de un tonto obediente nombran a un afín inteligente. Estos matrimonios peperos siempre acaban mal. Y sin pasar por la Rota.

Torres-Dulce quizá tuvo un fallo de serie. Él, que en lugar de en un bólido iba a caballo. Siempre le faltó peso político. No lo tuvo ni lo intentó. No venía de esas lides. Se habla de su desencuentro con los ministros. Pasó por esto. Los fiscales generales se han entendido habitualmente con el presidente del Gobierno. Sin intermediarios chisgarabís. Los fiscales generales tenía su propio peso. Opinión. Eran una fuerza con la que el Ejecutivo tenía que contar antes de hacer reformas o plantear cuestiones que afectaran a la carrera fiscal. El fiscal cinéfilo había visto pocas películas. Insuficientes. No se dio cuenta de que para no ser esclavo hay que ser en cierta manera amo. Renunció a esa fuerza o, simplemente, no supo hacerse con ella.

El verdadero análisis nos sitúa en la relación entre el Partido Popular y la Justicia, esa que ha de controlar sus desmanes. Por diferentes cuestiones el saldo de tal maridaje es inédito en democracia: Presidente del CGPJ y del TS, hundido. Ministro de Justicia, hundido. Fiscal General del Estado, hundido. ¡Coño! para ser un partido en el que todo dios se resiste a dimitir como gato panza arriba, en este apartado han hecho bingo.

El gran tema es el PP. No es que Torres-Dulce haya sido un mantecado y siempre haya actuado de forma radicalmente independiente. Hay vestigios. En el Caso Faisán entendió como el Gobierno que la Fiscalía de la AN debía acusar por pertenencia a banda armada a los policías que se habían jugado el pellejo contra ETA durante décadas. Como suele suceder, la presión fue extra legal... y de tapadillo.

Hasta que los fiscales de la AN exigieron una orden por escrito como manda la Ley para aceptar esa indicación. No, no es que Torres-Dulce no haya jugado a favor del Gobierno. Así que imaginemos qué no debe de haber sucedido ahora para que le pidan la inmolación. No lo duden, así ha sido. En el colmo del cinismo Rajoy ha dicho “dimite por razones puramente personales”. Sí, la náusea es íntima y las consecuencias de no hacerlo seguro que están meridianamente claras.

Y, me van a perdonar, pero voy un poco más allá. ¿Se explican ahora por qué el PP cambió totalmente de parecer cuando llegó al Gobierno y se puso a defender la instrucción por parte del fiscal? ¿Alguien se imagina que es asumible que con este nivel de control político la iniciativa de acusarnos proceda de la Fiscalía? ¿De esa que defiende a las hijas y hermanas de Rey?

El fiscal general del Estado ha dimitido. La Sala Penal del Tribunal Supremo ha enviado una carta a su presidente, casualmente exalto cargo de Aznar, por primera vez en la historia del tribunal para exigirle que eleve protesta ante Rajoy por la injerencia de ministros del Gobierno en las decisiones del alto tribunal.

¿Alguien tiene dudas respecto a de qué hablamos?

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La oposición ve detrás de la renuncia del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, las presiones del Gobierno ante las investigaciones de los casos que afectan a la corrupción del PP. PSOE y UPyD van a pedir la comparecencia de Mariano Rajoy para que dé explicaciones sobre su dimisión.

“El presidente ha forzado la dimisión y tiene que venir a explicarlo”, afirma Antonio Hernando. El portavoz socialista en el Congreso ve en la dimisión de Torres-Dulce los ataques a su independencia: “No le controlaba y había estado defendiendo su independencia”.

“En las próximas horas, el PP nos va a enseñar su cara más dura nombrando a un fiscal de obediencia fiel a Génova, 13”, pronostica Hernando. En las últimas fechas, Torres-Dulce ha discrepado con las posiciones del Ejecutivo respecto a la querella por la consulta soberanista de Cataluña y por la instrucción del caso Gürtel y la pieza separada que investiga la contabilidad irregular del PP a raíz de 'los papeles de Bárcenas'.

Izquierda Unida también pone el foco de esta dimisión en la actuación del Gobierno en los asuntos judiciales: “La cátedra del cinismo se la va a llevar Rajoy”, manifiesta Gaspar Llamazares. “Ha venido al Congreso a contarnos sus medidas anticorrupción y lo que está empezando a poner en marcha son las medidas para tapar la corrupción y garantizarse la inmunidad”, expresa el diputado.

Llamazares también duda de la imparcialidad del futuro fiscal general: “A Rajoy no le vale un fiscal fiel como era Torres-Dulce, lo que necesita es un cruzado”. “El PP está saliendo en tromba a defender sus intereses”, zanja.

UPyD también pide la comparecencia de Rajoy para explicar la renuncia del jefe de la Fiscalía, aunque ha criticado su labor al frente de esta institución por haber ido en algunos casos por detrás de las acusaciones personadas en causas de importancia para los intereses del PP y el Gobierno, como el de Bankia.

ERC vincula la dimisión con el 9N

ERC considera que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, no ha dimitido sino que le han hecho dimitir por no haber hecho “el trabajo sucio” que el Gobierno le encargó de “parar” la consulta soberanista del pasado 9 de noviembre. “El Gobierno se ha sentido humillado y no perdona a Torres-Dulce que no hiciera el trabajo sucio de parar el 9 de noviembre”, ha expresado Joan Tardà (ERC). “Ningún fiscal general del Estado, ni el anterior ni el que venga, ni ningún Rajoy cualquiera, podrá parar la voluntad del pueblo de Cataluña de alcanzar su libertad plena”, ha advertido.

“Al PP le molestan los policías profesionales, los jueces independientes y los fiscales con autonomía, en definitiva, le molesta la democracia”, ha dicho Joan Coscubiela (ICV). El diputado cree que las quejas de Torres-Dulce por la falta de medios de la Fiscalía ha molestado en el Gobierno. “Al Gobierno solo le gustan los ciudadanos, profesionales o instituciones silenciosos y dóciles, ha aseverado antes de pedir que los ciudadanos pongan fina a la hegemonía del PP antes de que acabe ”con la democracia“.

Podemos también ha vinculado la dimisión de Torres-Dulce con “la mala relación del Gobierno con la pluralidad y la independencia de las instituciones”. “Le dimite el Fiscal General del Estado, Torres-Dulce”, ha expresado Íñigo Errejón, miembro de la dirección del partido de Pablo Iglesias.

La Junta de Fiscales de Sala ha comenzado este miércoles su reunión poco después de las 10.00 horas de este miércoles y tiene sobre la mesa una propuesta del fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, para que se dirija una querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas; la vicepresidenta, Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau, por los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y usurpación de funciones por su papel en la organización del llamado “proceso participativo” del 9N.

Así lo han señalado fuentes fiscales minutos después de dar comienzo la reunión, que se celebra con la ausencia de dos de los 27 miembros de éste órgano. Al cónclave, presidido por el propio Torres-Dulce, faltan el juez togado militar, Fernando Marín Castán, que no ha tomado posesión tras haber sido designado recientemente, y el fiscal de Sala del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campos, que se encuentra enfermo.

Otro de los documentos que la Junta tiene sobre la Mesa es el acta de la reunión que celebraron el lunes los nueve miembros de la Junta de Fiscales de Cataluña y que fue remitida a la Fiscalía General del Estado para justificar su negativa a interponer la querella.

Según esa acta, los fiscales opinaron que el hecho de que el Tribunal Constitucional (TC) no dirigiera a la Generalitat una advertencia expresa en la providencia por la que suspendió la consulta alternativa “parece responder a una decisión meditada” de este órgano y dificulta que pueda hablarse de un delito de desobediencia.

“La ausencia de orden concreta, precisa y determinada supone, obviamente, la falta de un destinatario con los mismos atributos” y “tampoco se dirige a un destinatario concreto”, apuntan los fiscales para justificar su oposición a la presentación de acciones penales contra Mas.

El documento, de ocho páginas y que sólo se refiere al delito de desobediencia y no a otros supuestos penales, añade que, pese a las objeciones para interponer las acciones penales ellos son conscientes de que en contraste con el papel del TC “como parte procesal respetuosa y sumisa con el 'iter procesal'”, por parte del Gobierno de la Generalitat “se ha recurrido al empleo de argucias jurídicas sin precedentes (..) y con absoluta falta de lealtad al acuerdo constitucional”.

La Junta de Fiscales de Sala está integrada por 26 fiscales, además de Torres-Dulce, y se trata de cargos que en su mayoría no fueron designados durante su mandato, sino que corresponden al de Cándido Conde-Pumpido. Tan solo tres corresponden a la etapa del actual fiscal general: el fiscal jefe de Siniestralidad Laboral, Anselmo Sánchez-Tembleque; el responsable de la Secretaría Técnica de la Fiscalía Jaime Moreno y el recientemente designado teniente fiscal del Supremo Luis Navajas.

La Junta la integran el teniente fiscal del Tribunal Supremo --el recientemente designado Luis Navajas-- varios fiscales más del Supremo, entre ellos Eduardo Fungairiño; los fiscales jefes de la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional, los responsables de las fiscalías especializadas (Anticorrupción, Drogas, Seguridad Vial, Siniestralidad Laboral, Cooperación Internacional, Extranjería, Menores, Medio Ambiente, Violencia de género) y los jefes en la Secretaría Técnica, de la Inspección y de la Unidad de Apoyo.

Según el artículo 15 del Estatuto Fiscal, esta junta “asiste al Fiscal General del Estado en materia doctrinal y técnica, en orden a la formación de los criterios unitarios de interpretación y actuación legal”.

La decisión que adopte la Junta de Fiscales de Sala es, en todo caso, no vinculante, y la decisión última dependerá de Torres-Dulce, que trata con esta reunión de obtener el respaldo de la cúpula del Ministerio Público en una actuación que ha merecido el rechazo de los fiscales del territorio afectado.

Fuentes de la Carrera consultadas aseguran que, si la Junta se opusiera a la acción penal, lo que parece poco probable, la decisión de Torres-Dulce sería la de no interponer finalmente la querella.

Los fiscales no estarán presentes en las exhumaciones que se realicen en las fosas donde están enterradas víctimas del franquismo. El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro ha recibido una de cal y otra de arena por parte de su jefe, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. Euskadi contará con Fiscalía Anticorrupción, tal y como había solicitado Calparsoro, pero sus esfuerzos en materia de memoria histórica para que los fiscales tengan un papel en las exhumaciones han quedado definitivamente enterrados.

La petición para que los fiscales estén presentes en las exhumaciones de víctimas de la represión franquista, recogida en la memoria de la Fiscalía del País Vasco de 2013, ha sido rechazada por el fiscal general. En un detallado informe de 15 páginas redactado por Calparsoro, el fiscal vasco considera “conveniente que se aborde una directriz o instrucción sobre intervención y presencia del Ministerio Fiscal en las excavaciones y exhumaciones de presunta fosa común o de algún lugar donde presuntamente podrían estar enterradas personas desaparecidas”. Calparsoro recuerda que España es parte de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas firmada en Nueva York el de 20 diciembre de 2006.

Y además, en su escrito, apuntaba las recomendaciones realizadas recientemente por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para desapariciones forzadas a España, en la que le “exhortaba a que asuma que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido de las mismas y aun cuando no se haya presentado ninguna demanda formal”. El citado informe provisional conminaba también a las autoridades españolas a “adoptar las medidas necesarias, legislativa o judiciales”, precisaba, “con miras a superar los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones, en particular la interpretación que se ha dado a la Ley de Amnistía”, aprobada en 1977.

Precisamente, en la respuesta del fiscal general del Estado, Torres-Dulce apela tanto a la extinción de la responsabilidad penal al calor de la Ley de Amnistía como a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para argumentar que no se pueden investigar este tipo de delitos. El fiscal general, además, en una interpretación “formalista”, según califica Calparsoro, apunta también que en aquella época los delitos de lesa humanidad no estaban tipificados en el Código Penal y, por tanto, no existía la imprescriptibilidad de los mismos, como sucede ahora con los delitos contra la humanidad. Finalmente, en la respuesta -transmitida verbalmente en febrero pasado desde la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado a Calparsoro- Torres-Dulce le recuerda que el Convención Internacional para la protección de todas las personas contras las desapariciones forzadas de Naciones Unidas no es de aplicación retroactiva, por lo que este tipo de delitos quedarían fuera de la actuación de los fiscales. España firmó la Convención en diciembre de 2006 y el instrumento de ratificación por España se publicó en el BOE el 18 de febrero de 2011.

Injerencia de Torres-Dulce

Calparsoro considera que Torres-Dulce hace un interpretación de la Ley de Amnistía y de la jurisprudencia del supremo -en concreto del auto de 28 de marzo de 2012 en el que se niega a la Audiencia Nacional la posibilidad de instruir e investigar los casos de desapariciones forzadas de la Guerra Civil española- “excesivamente formalista” y en la que no se arriesga más allá con el objetivo de cumplir una de las recomendaciones de la ONU para con los familiares de los desaparecidos y represaliados durante la Guerra Civil y el franquismo: “el derecho a conocer la verdad sobre la suerte de sus seres queridos desaparecidos”, así como “el derecho a la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado”.

No es la primera vez que el Fiscal General del Estado muestra su talante más restrictivo y poco dado a interpretaciones extensivas a la hora de enfrentarse a las peticiones en relación a la memoria histórica. El pasado mes de enero, en el caso de la petición de amparo de una mujer por los continuos desestimientos judiciales a investigar la desaparición de su abuelo y tío abuelo, enterrados sin consentimiento familiar en el Valle de los Caídos (Madrid), Torres-Dulce se enfrento al fiscal del caso, Manuel Miranda. La sección tercera del Tribunal Constitucional decidió, el pasado noviembre, no admitir a trámite la petición de amparo y Miranda recurrió la resolución. Torres-Dulce le llamó al orden y el fiscal, finalmente, retiró el recurso. La junta de fiscales del Constitucional afeó la conducta de su jefe supremo y le acusó de injerencia.

Miranda, en su escrito, finalmente retirado, apuntaba que el Tribunal Constitucional “no ha tenido la oportunidad de abordar los efectos que una Ley de Amnistía puede tener sobre el deber de investigación judicial eficaz de hechos delictivos y su conexión con el derecho a la tutela efectiva”. Pero la actuación del fiscal general del Estado ha evitado que el intérprete de la Carta Magna unifique doctrina sobre una cuestión que, a día de hoy, sigue obteniendo respuestasdiferentes y contradictorias algunas entre sí en los juzgados españoles.

Euskadi tendrá Fiscal Anticorrupción. Otra cosa será cuándo. El Consejo Fiscal ha respaldado la propuesta del fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, para que esta comunidad autónoma cuente con un fiscal delegado de la Fiscalía Anticorrupción. La decisión se ha adoptado en la reunión que han mantenido este mediodía el Consejo Fiscal, en la capital vizcaína, el primero ordinario que celebra en Euskadi el órgano de Gobierno de la carrera fiscal.

Juan Calparsoro, que ha hecho causa de esta petición desde que el pasado año incluyera en la memoria de la Fiscalía vasca una queja por la falta de medios para luchar contra la corrupción, ha llevado al pleno de los fiscales la proposición aprobada por el Parlamento vasco en favor de la creación de una plaza de fiscal en Euskadi para luchar contra la corrupción. Torres-Dulce y el propio Carlpasoro has señalado que este tipo de figuras “nos ayuda en esta lucha” para atajar la corrupción. Junto a esa figura, el fiscal general espera también que “a comienzos del año que viene” puedan entrar en funcionamiento las Unidades de Investigación, apoyadas por las unidades de la Policía Judicial y de los técnicos de las agencias tributarias expertos en la lucha contra la corrupción.

¿Cuándo se creará la figura del Fiscal anticorrupción en Euskadi? Es difícil saberlo porque, como confesaba a eldiarionorte.es tras la reunión uno de los fiscales provinciales vascos: “lo fácil es pintar en una pizarra, ahora hay que crear la plaza”. De hecho, una de las quejas que han salido de la reunión del Consejo Fiscal contra el Ministerio de Justicia es su decisión final de reducir a 18 las 27 plazas de nuevos fiscales que fueron “aprobadas” en noviembre de 2013 y confirmadas en una reunión con el ministerio de Alberto Ruiz Gallardón el pasado mes de abril. La decisión es “alarmante” y supone un “tratamiento inmerecido”, han destado desde el Consejo Fiscal.

El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, cree que no hay riesgo de que Jordi Pujol Ferrusola se evada o destruya pruebas que puedan existir en su contra. De ahí que entienda la decisión adoptada por la fiscalía de la Audiencia Nacional de no pedir medidas cautelares contra Jordi Pujol Ferrusola tras sus cinco horas de declaración ante el juez Pablo Ruz. “No existen los elementos que exige el Tribunal Constitucional” para pedir esas medidas cautelares, ha subrayado en Bilbao, defendiendo así la posición de los fiscales de la Audiencia Nacional. El Consejo Fiscal ha reunido a sus miembros este mediodía en la capital vizcaína.

El Fiscal General del Estado considera que la “alarma social” o el “escándalo social” son “conceptos caducos dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, que, a su juicio, ha marcado con claridad los elementos que deben producirse para solicitar medidas cautelares contra un derecho fundamental como la libertad de un imputado. Entre ellos, Torre-Dulce ha destacado la posibilidad de que el imputado pueda sustraerse a la acción de la Justicia o que haya un riesgo claro de que se destruyan pruebas fundamentales para el proceso. Y también ha indicado la necesidad de que exista “documentación precisa” para reclamar al juez medidas cautelares contra el primogénito de Jordi Pujol.

Eduardo Torres-Dulce cree que el proceso contra Pujol Ferrusola - está aun en un momento “embrionario” y que no tiene nada que ver con el 'caso Bárcenas', donde la causa ya estaba muy avanzada y los posible delitos también muy centrados. Durante su declaración ante el juez Ruz, Pujol Ferrusola negó que los ingresos investigados respondieran a comisiones y defendió en todo momento que las 17 empresas que le pagaron 8 millones de euros entre 2005 y 2010 lo hicieron a cambio de diferentes trabajos realizados y nunca como mordidas o comisiones.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha reconocido que los mensajes del jefe de Gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, y la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola con maniobras para hacer estallar el caso Pujol publicados por eldiario.es pueden generar “sospechas de interferencia” en la labor de la Justicia que no resultan positivas para la “credibilidad de las instituciones”.

En una entrevista en el programa Hoy por hoy de la Cadena SER, Torres-Dulce ha destacado la importancia de reforzar el papel del Ministerio Fiscal en las investigaciones con el fin de garantizar una imagen de independencia. “Estamos en un terreno en el que la credibilidad de la población sobre las instituciones es importante”, ha señalado.

En cualquier caso, el fiscal general del Estado ha reclamado que no se mezclen “las actuaciones políticas” y la actividad “estrictamente procesal” sustentada en los datos aportados por la investigación. “Las declaraciones tienen la relevancia que tienen. Una relevancia penal no tienen, cada uno verá las conclusiones políticas que se pueden obtener”.

eldiario.es publica este viernes un intercambio de mensajes de móvil entre el jefe de gabinete de Rajoy y la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola en el que Jorge Moragas anima a Victoria Álvarez a denunciar los manejos de dinero opaco ante la Policía. “Si dieses una entrevista y lo contases todo, salvarías a España”, afirma el político en uno de los SMS.

El Consejo Fiscal apoya la reforma del aborto que impulsa el ministerio de Justicia que dirige Alberto Ruiz Gallardón, según informa la Cadena SER. En un informe firmado por el Fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el órgano del ministerio público respalda la supresión del sistema de plazos actual al considerar que el aborto no es un derecho de la mujer y que la vida del nasciturus merece ser protegida.

El dictamen del Consejo va más allá, y solicita que la ley se endurezca en algunos aspectos. Por ejemplo, pide que se multe a las mujeres que aborten fuera de los supuestos establecidos por la reforma, ya que si no existe reproche penal “supone un recorte cualitativo de la protección penal de la vida del nasciturus y puede entenderse como incoherente con los principios de la norma y el marco constitucional”.

También insta a que se mantenga la eliminación del supuesto de anomalía fetal, al que se refiere como “opción legítima de política criminal”. A la vez, aconseja al Gobierno que recuerde las dos leyes anteriores y la regulación existente que se deriva de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Los médicos que emitan informes favorables al aborto son otro de los objetivos del Consejo Fiscal, al entender que no es garantía suficiente que se exija que ejerzan fuera del centro donde se realiza la interrupción del embarazo. Por ello, propone que los que decidan sean médicos de la sanidad pública sin vinculación alguna con los centros privados.

El aborto de las menores, único rechazo

El órgano consultivo, por otro lado, rechaza que en la reforma de Gallardón se contemple que sea un juez el que decida sobre el aborto de las menores de 16 y 17 años cuando haya conflicto con sus padres, como también recoge la Cadena SER. En este caso, entiende que se debe respetar la decisión de las jóvenes, y que “judicializar toda discrepancia con la mujer puede no ser recomendable en el caso de las menores emancipadas, o de 16 o 17 años, a quienes se debe reconocer un grado de autonomía superior”.

La Fiscalía tiene como “hipótesis de trabajo” que la Audiencia Nacional se haga cargo de una investigación de los altercados producidos el 22M tras la masiva manifestación de las 'Marchas de la Dignidad'. Aunque no ha querido “avanzar nada” hasta que la Policía transmita la información, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha expresado que “cualquier manifestación de violencia que coarta el derecho de manifestación debe ser investigada por el Ministerio Fiscal”.

Torres-Dulce ha explicado que ha solicitado a la Policía la información relativa a los hechos que acabaron con al menos 100 personas heridas, de las cuales 67 eran antidisturbios, y ha precisado que aún no la ha recibido por lo que se ha mostrado “respetuoso con la presunción de inocencia” hasta que tenga “constatación suficiente” de lo sucedido.

En cuanto a la presencia de observadores internacionales de la OSCE para evaluar las prácticas policiales, como parte de un informe en el que estudiarán el respeto al derecho de manifestación en varios países, Torres-Dulce ha expresado su “respeto” a la actuación de los organismos internacionales y ha defendido que puedan “establecer los criterios que consideren”.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, el fiscal general del Estado se ha mostrado favorable a que el Tribunal Constitucional estudie si la modificación de la ley del Poder Judicial que ha limitado la aplicación de la justicia universal se ajusta al marco de la Carta Magna. En este sentido, ha expresado que el Ministerio Público se mostrará “sensible” si los jueces deciden plantear la inconstitucionalidad del cambio legislativo, que el PP aprobó en solitario y por la vía de urgencia.

Además, ha señalado que se analizarán caso por caso las doce causas abiertas en la Audiencia Nacional: “Nos movemos en cada caso con un examen ponderado”, ha afirmado. El juez Santiago Pedraz, que ha asistido al acto aunque se ha marchado antes de que comenzara el turno de preguntas en el que Torres-Dulce se ha pronunciado sobre la justicia universal, se ha opuesto a archivar la investigación del asesinato de José Couso, el cámara de Telecinco que murió en Bagdad a causa de los disparos de militares estadounidenses. El juez Velasco tampoco archivará la investigación del genocidio de varios jesuitas en El Salvador.

“A nosotros nos habría agradado que el Gobierno nos hubiera consultado” sobre la modificación de la norma, ha expresado Torres-Dulce, que ha recordado el escrito firmado por varios fiscales en contra de la limitación y obligación al archivo de las causas.

No investiga la Asamblea Nacional catalana

El fiscal general del estado ha negado que el Ministerio Público este investigando “en este momento” a la Asamblea Nacional Catalana. En este sentido, ha precisado que el pseudosindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia en la que solicita la ilegalización del organismo. “Es posible que esté en el registro, pero no nos ha llegado”, ha señalado. “Sería una grave decisión”, ha afirmado el jefe del Ministerio Fiscal tras expresar que defenderá un proceso de ilegalización en el caso de que la Asamblea Nacional Catalana vulnere la Constitución o la Ley de Partidos.

Torres-Dulce se ha mostrado prudente ante la posibilidad de que la Justicia deba intervenir en el caso de seguir adelante el proceso soberanista y celebrarse una consulta popular en Cataluña y ha eludido pronunciarse aduciendo que no puede dar hipótesis sobre cosas que aún no han ocurrido. No obstante, ha sentenciado: “La justicia interviene siempre que se quiebre la legalidad y la Constitución”.

“Parcelar” el caso de los ERE

El fiscal general ha defendido que Anticorrupción haya solicitado que la jueza Mercedes Alaya eleve al Supremo la parte del caso de los ERE de Andalucía que puede afectar a aforados, entre ellos los expresidentes regionales, José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

“Ha llegado la hora de que se parcele para mayor eficiencia”, ha asegurado Torres-Dulce, que sostiene que esa decisión sería “positiva para la clarificación y el proceso”.

El fiscal general ha insistido ante el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en que la Administración de Justicia necesita urgentemente una reforma y, en concreto, ha enfatizado en la necesidad de que la Fiscalía reciba dotación para modernizarse teconlógicamente. Por su parte, Gallardón ha sostenido que el Gobierno mantenido la “autonomía” del Ministerio Público: “Nunca he violentado esa necesaria imparcialidad con la que en el marco del estado de derecho tiene que actuar el fiscal general”, ha expresado durante su discurso de presentación de Torres-Dulce.

Cuando un país transita instalado en la desconfianza ante sus gobernantes y el desencanto con sus legisladores, sólo sus jueces se convierten en el último reducto de los ciudadanos para corregir los desafueros que unos y otros perpetran contra el sentido común de la ciudadanía. Es por ello que el poder judicial –una casta, para muchos intocable- está más que nunca bajo el escrutinio diario de millones de ciudadanos que ven en sus jueces la última esperanza para evitar la consumación de conductas incomprensibles... quizás incalificables.

Precisamente ese papel de última frontera para la salud mental de la ciudadanía es el que obliga a los jueces a ser especialmente escrupulosos en sus actuaciones y no convertirse en piedra de escándalo –arrojada por unos partidos u otros- que los equiparen a quienes han superado los peores sueños de una sociedad democrática.

Una de las frases más tópicas a la hora de valorar las sentencias judiciales es aquella que reza: “Acato y respeto ...”. Pues bien, algunas de las últimas decisiones de sus señorías echan por tierra el tópico, porque si bien no hay más remedio que acatar, ya que lo contrario sería incurrir en un delito, el respeto no se impone, se gana y no parece que algunos autos y actuaciones judiciales estén haciendo méritos para ello.

La apertura del año judicial, que ayer tuvo lugar, puso de manifiesto hasta qué punto la justicia comienza a distanciarse de la ciudadanía. Que el Fiscal General del Estado, Torres Dulce, pusiera el acento en su discurso en la “unidad de España”, en lugar de en las tropelías que se están cometiendo contra los trabajadores, o sobre una actuación decidida y enérgica en el caso de las preferentes, habla bien a las claras de la distancia que empieza a abrirse entre las “puñetas” y la calle.

Sumarios como los de los ERE, Noos o Bárcenas, auténticos escándalos que indignan a la sociedad -de la que emana la administración de justicia- exigen actitudes inequívocas por parte de las señorías a quienes corresponde su instrucción y no parece que en los últimos tiempos Alaya, Castro y Ruz hayan estado muy acertados.

Dando por bueno –que ya es mucho dar- que los autos de la jueza Alaya en el caso del fraude de los ERE, no tengan ninguna intencionalidad de interferir con la agenda política del PSOE, o de la Junta de Andalucía, su última actuación consagrando la “preimputación” de los expresidentes, Chaves y Griñán, riza el rizo del surrealismo jurídico, aunque más grave parece que en dicho auto la jueza aluda a que ha llegado el momento de entrar en la política. Y no señoría, porque es precisamente lo contrario lo que exige la sociedad de este país: jueces independientes de verdad, sobre cuyas actuaciones no haya sombra de duda política.

Tampoco parece demasiado afortunado el gin tonic del juez Castro con una de la abogadas de Manos Limpias, acusación particular del caso Noos. Dando por bueno que la copa no va a mediatizar las decisiones del juez que encausa a Iñaki Urdangarín y que imputó a una Infanta de España, no parece muy apropiado que alguien de su experiencia dé tres cuartos al pregonero con una conducta tan poco apropiada para quien tiene sobre sí todos los focos mediáticos del país.

Qué decir de la benevolencia del juez Ruz a la hora de reclamar pruebas del Caso Bárcenas al PP. El hazmerreir del caso los ordenadores del tesorero del PP sería cómico, sino fuera porque muchos españoles sospechan que tras tanta dilación en la reclamación de dichos equipos subyace una permisividad intolerable con la corrupción política.

Casos como los referidos se convierten en la prueba del algodón para que la ciudadanía siga pensando que la justicia es nuestra última esperanza de regeneración y la prima de Zumosol para volver hacer de la política, lo que nunca debió dejar de ser.

En Marbella, donde el ilustre invitado del palacete pompeyano es la comidilla del verano, hay quien compara las vacaciones de Torres-Dulce con las de Luis Bárcenas: “Uno en las termas de Serrano Alberca, otro a la sombra de Soto del Real”.

Eduardo Torres Dulce ha protagonizado un incidente más de los muchos en los que ha incurrido desde que el Gobierno del PP le nombrara Fiscal General del Estado, hace ahora algo menos de año y medio, al ordenar a la fiscalía de la Audiencia Nacional que acuse de colaboración con banda armada a los dos mandos policiales procesados en el conocido como ‘caso Faisán’, que se enfrentan a una pena de 5 años de prisión. Torres Dulce respalda, como hizo el PP cuando estaba en la oposición, que altos cargos del Ministerio de lnterior abortaron en 2006 una operación policial contra una red de extorsión de ETA que operaba en el bar Faisán de Irún para no entorpecer la negociación que el Gobierno de Rodríguez Zapatero mantenía entonces con la banda terrorista.

El Fiscal General ha tenido que recurrir al artículo 25 del Estatuto Orgánico del Fiscal para modificar el auto del fiscal del caso, que considera que ambos policías, los comisarios Enrique Pamies y José María Ballesteros, son sólo responsables de un delito de revelación de secreto, castigado son 2 años de reclusión. Víctor García Hidalgo, entonces director general de la Policía e inicialmente procesado como sus subordinados, quedó exonerado de cualquier responsabilidad. La causa está conclusa desde el pasado 1 de marzo, a la espera de que todas las partes presenten sus conclusiones provisionales para fijar la fecha de la vista oral.

Se trata de la última injerencia, pero no de la única, que el Fiscal General del Estado ha protagonizado para imponer o influir en las decisiones de la fiscalía en otros casos de gran relevancia pública. Su nombramiento en diciembre de 2011 fue aplaudido por la carrera fiscal, que interpretó que suponía que un profesional accediera a un cargo que ha estado siempre sometido a la sospecha de su sometimiento al Gobierno de turno, que es el que lo nombra.

Hace unas semanas hizo una declaraciones públicas en las que afirmaba que no veía motivos para imputar a la infanta Cristina en el ‘caso Urdangarín’, con el consiguiente revuelo. Una opinión que, en este caso sí, coincide con la del fiscal del caso, Pedro Horrach, que ha recurrido la citación de la infanta para que declare ante el juez. Un hecho inédito hasta ahora. Igualmente ha defendido que la instrucción de los conocidos como papeles de Luis Bárcenas, que habían correspondido por reparto al magistrado Gómez-Bermúdez, eran competencia de Pablo Ruz, instructor del ‘caso Gürtel’, y en el ‘caso de los trajes’ por el que fueron juzgados y absueltos por un juzgado popular el expresidentes de la Generalitat valenciana Francisco Camps y el portavoz del PP en la cámara autonómica, Ricardo Costa, decidió que la fiscalía no recurriera el fallo ante el Tribunal Supremo (TS), que lo ha confirmado. Dos temas de importante calado político que afectaban al PP. Precisamente el año pasado ‘contribuyó’ a la inhabilitación del juez Baltasar Garzón por las escuchas del ‘caso Gürtel’, al apoyar que la fiscalía no recurriera el fallo.

Su falta de tacto le ha llevado a incurrir en numerosas polémicas, como la que provocó cuando dijo que no veía elementos suficiente para calificar de estafa la comercialización de participaciones preferentes y deuda subordinada en pleno escándalo por la venta de dichos productos entre pequeños ahorradores que van a perder la mayoría de su dinero. Tal vez no haya que extrañarse tanto, porque la primera decisión que tomó al jurar su cargo fue ‘resucitar’ la teoría de la conspiración por los atentados del 11-M. La publicación por un diario del hallazgo de chatarra de los trenes le bastó para abrir una investigación por un presunto delito de obstrucción a la justicia pese a que los restos estaban localizados desde hacía años. El anticipo de lo que está siendo su gestión.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha ordenado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional incluir el delito de colaboración con organización terrorista en el escrito de acusación presentado este viernes contra los dos mandos imputados por el chivatazo al aparato de extorsión a la banda terrorista ETA que se produjo en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) el 4 de mayo de 2006.

El fiscal pide dos años de cárcel para el ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y uno y medio para el entonces inspector José María Ballesteros por un delito de revelación de secretos, aunque incluye como alternativa una petición de cinco años de cárcel por colaboración con organización terrorista.

El escrito de la Fiscalía, que no lleva firma, señala que la calificación jurídica alternativa se hace en virtud del inciso primero del párrafo primero del artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que recoge que el “fiscal general del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes convenientes al servicio y ejercicio de sus funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos”.

Torres-Dulce ha impuesto su criterio a la Fiscalía

Eduardo Torres-Dulce impuso su criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que no contemplaba la imputación de un delito de colaboración con banda armada y tan solo pretendia, según han confirmado fuentes jurídicas a eldiario.es, señalar un posible delito de revelación de secretos. Según fuentes de la Fiscalía General, entre Torres-Dulce y la Audiencia “se produjo una consulta”. Sin embargo, no hubo espacio para el diálogo y sí para la imposición jerárquica, lo que provocó que el escrito de la Fiscalía haya sido presentado sin firmar.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado han explicado al eldiario.es que esta circunstancia es “habitual” sobre todo cuando se trata de una instrucción directa del Fiscal General del Estado. La Fiscalía General del Estado insiste en que “el Ministerio Público es un órgano colegiado”.

En ese sentido, el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal indica que “El Fiscal que reciba una orden o instrucción concerniente al servicio y al ejercicio de sus funciones, referida a asuntos específicos, deberá atenerse a las mismas en sus dictámenes, pero podrá desenvolver libremente sus intervenciones orales en lo que crea conveniente al bien de la justicia”, si bien no aclara la actuación del fiscal en sus escritos.