Las Federación de Caza de Castilla-La Mancha, Aproca C-LM, Atica C-LM y Atica Guadalajara han criticado que la todavía consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, ha hecho “dejación de funciones” al no firmar la Orden de Vedas de la temporada cinegética 2015-2016 para que sea el nuevo Gobierno quien lo haga. En nota de prensa, han criticado duramente esta decisión por entender que esta “incomprensible decisión” supone dejar abandonado al sector cinegético de la región.

Han dicho no asegurar esta postura “sobre todo porque todos los aspectos de la mencionada Orden han sido consensuados en el Consejo Regional de Caza y todo ello fue aprobada y decidido previamente a la celebración de elecciones autonómicas”. Para el sector cinegético, la “gravedad” no radica en el hecho de que sea el nuevo consejero o consejera quién firme la Orden de Vedas, sino en que ese proceso demorará varias semanas su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, lo que conllevará retrasos que afectarán al sector.

Concretamente, han apuntado que esta decisión puede afectar a la media veda, que debe comenzar a mediados de agosto, y a los cotos de caza que realizan una actividad comercial y que deben tener la seguridad de fechas. El retraso en su publicación, y no con varios meses de antelación para poder incluir en su programa esta actividad, pondrá en riesgo, han dicho, “la generación de miles de jornales de caza”.

Para el sector cinegético, no se entiende esta decisión, máxime cuando el Tribunal Supremo acaba de admitir a trámite el recurso presentado por el sector cinegético y la propia Administración contra la Resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que modificaba periodos de caza para determinadas especies. Además, han recordado que en el pasado Consejo Regional fueron presentados estudios científicos que avalaban los nuevos periodos de caza propuestos en esta Orden de Vedas. Las cuatro asociaciones de cazadores y propietarios esperarán a la entrada del nuevo Gobierno para trasladarles la “gravedad de la situación y instar a que de manera urgente e inmediata se publique la Orden de Vedas”.

La Consejería de Agricultura ha pedido mediante un escrito a la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM) que aclare sus afirmaciones sobre las brigadas de investigación de incendios, pues no se ajustan “a la realidad”. El escrito, registrado este viernes y al que ha tenido acceso a Europa Press, está dirigido a Rubén Cabrero, presidente de APAM, tras el comunicado de prensa que difundió a los medios en el que denunciaban que la campaña de alto riesgo de incendios forestales se ha iniciado sin la constitución de las Brigadas de Investigación (BIIF), “por tercer año consecutivo, después de que el Gobierno regional decidiese eliminarlas”.

En el escrito del departamento que dirige en funciones María Luisa Soriano se indica que en la presente anualidad se ha procedido a la asignación de la categoría funcional 'Agente Investigador de Causas de Incendios' a los correspondientes funcionarios adscritos al Cuerpo de Agentes Medioambientales que están “desempeñando óptimamente sus funciones con arreglo a la normativa”. Asimismo, fuentes de la Consejería de Agricultura han señalado que estas afirmaciones son “radicalmente falsas” porque son 205 agentes los que forman parte del cuerpo de agentes medioambientales y realizan estas funciones. Estas fuentes añaden que dentro de este cuerpo hay dos agentes destinados a cada provincia que desempeñan estas funciones y cuatro en cada provincia en el periodo comprendido entre el 10 de julio y el 2 de agosto.

Los Agentes Medioambientales denunciaron que esta es la tercera campaña en la que el Gobierno regional ha decidido prescindir de las Brigadas de Investigación de los Incendios Forestales, incluso durante la campaña de alto riesgo, y a pesar de los reiterados consejos de estos profesionales e instituciones como la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo han recomendado que se mantengan. Además, los profesionales han culpado al Gobierno de María Dolores de Cospedal de “únicamente poner trabas” a su trabajo, impidiendo la investigación de los siniestros.

La Asociación de profesionales ha asegurado además que ha llevado la situación a la Fiscalía General del Estado y que la Administración castellanomanchega no ha reaccionado. El resultado, señalan, es que muchos incendios se han quedado sin investigar, a pesar de que el Código Penal recoge los delitos por incendio forestal y que los agentes medioambientales están obligados a poner en conocimiento judicial estos hechos. “Tenemos una responsabilidad legal como Agentes de la Autoridad y Policía Judicial que somos”, han asegurado los profesionales, que han afirmado, incluso, que pueden acarrear una responsabilidad penal por el incumplimiento de sus obligaciones.

Las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales no se constituirán en 2015, siendo ésta la tercera campaña en la que el Gobierno regional ha decidido prescindir de estos servicios. La entrada de la campaña de Alto Riesgo de incendios forestales no contará con los profesionales especializados, a pesar de los consejos que instituciones del calibre de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo lo han recomendado, según informa la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales en un comunicado.

El colectivo asegura que durante los últimos tres años de la legislatura de María Dolores de Cospedal, su equipo de Gobierno “únicamente ha puesto trabas” a su trabajo, por lo que no han podido investigar los incendios forestales ni tampoco llevar los resultados a las autoridades judiciales correspondientes. La Asociación asegura que ha llevado la situación a la Fiscalía General del Estado y que la Administración castellanomanchega no ha reaccionado. El resultado, señalan, es que muchos incendios se han quedado sin investigar, a pesar de que el Código Penal recoge los delitos por incendio forestal y que los agentes medioambientales están obligados a poner en conocimiento judicial estos hechos.

“Tenemos una responsabilidad legal como Agentes de la Autoridad y Policía Judicial que somos”, aseguran los profesionales, que señalan que incluso pueden acarrear una responsabilidad nuclear por el incumplimiento de sus obligaciones. Junto a esto, afirman, los procesos de prevención o las soluciones para los incendios se dejan de lado. Los agentes medioambientales “desconocen los intereses del Gobierno regional para dificultar la investigación de los incendios forestales”, y aseguran que estas Brigadas de Investigación no generan ningún coste adicional a la Administración y que, de hecho, sin ellas se “infrautiliza” el trabajo de los agentes.

Por otro lado, la Asociación ha denunciado que sus instrumentos de trabajo siguen sufriendo importantes carencias como la instalación de dispositivos luminosos V-1 azules en sus vehículos, algo que se requiere desde la Inspección de Trabajo. Estos dispositivos, aseguran, les permitiría llegar más rápido a los incendios, mientras que ahora llegan más tarde por no ser reconocidos como un “vehículo prioritario” en las carreteras. A esto añaden que el parque móvil está en “pésimo estado” lo que los pone en riesgo permanente a la hora de desplazarse. Por esto, el colectivo asegura que es “prioritaria” una relación con el nuevo Gobierno que asuma en los próximos días en Castilla-La Mancha, para buscar una “rápida solución” a estas cuestiones.

El reparto de las últimas Conferencias Sectoriales de Agricultura y Desarrollo Rural, tal como denunció el PSOE el pasado viernes, ha dejado a 140 proyectos de los 188 presentados por bodegas castellano-manchegas sin ayudas, además de agotar los fondos para modernización de estas infraestructuras en 2016 a pesar de estar pensados hasta 2018. Cooperativas Agroalimentarias se han sumado a la petición del socialista Alejandro Alonso para que la Consejería de Agricultura comparezca y dé explicaciones para este acuerdo “tan lesivo para los intereses regionales”.

Para paliar los efectos de estos resultados, la agrupación de cooperativas ha pedido que se incluya al sector vitivinícola en las ayudas que se incluyen en el Programa de Desarrollo Rural, a partir del próximo año. Señalan también que este resultado “tan desfavorable” del reparto de las ayudas por toda España influirá en los intereses del sector agroalimentario “más importante y floreciente” de Castilla-La Mancha.

Las cooperativas han reprobado también que la región sólo haya recibido el 21,7% de las ayudas repartidas por todo el país y que se haya agotado el presupuesto adjudicado para las próximas cinco campañas, y señalan estar “absolutamente en contra” del presupuesto que ha llegado a la región, además de los criterios “tenidos en cuenta en el reparto realizado”.

La organización señala que “no se puede permitir” que un sector como el vitivinícola con sus ingresos de entre 1.500 y 1.800 millones de euros de facturación gracias a las más de 500 bodegas y más de 200 cooperativas se quede entre 2016 y 2018 sin tener la posibilidad de obtener ayudas. Las subvenciones, señalan, ayudan a seguir invirtiendo en la “mejora de la calidad” de las producción y también en la comercialización de las mismas.

Alejandro Alonso, del PSOE, exigió la comparecencia “inmediata” de María Luisa Soriano, que todavía no se ha producido, para explicar por qué “le ha venido bien esa cesión del 30 por ciento de recursos que ha hecho en nombre de los castellano-manchegos”. El socialista calificó la decisión de la Consejería de Agricultura como “el colmo de la irresponsabilidad y la tropelía”.

De los 229,5 millones de euros que se han destinado a España para el programa de apoyo al sector vitivinícola, España adjudicó este verano 174,8 millones de euros, y el resto se adjudicó el 15 de junio de este año. Con esto, el gobierno ha distribuido todo el dinero aprobado para un programa para el periodo entre 2014 y 2018, destinado a proyectos de modernización para “garantizar la producción de los vinos de la mejor calidad posible”. “Ya no va a haber ni un sólo euro desde 2016 a 2018 para que los gobiernos que van a tomar posesión puedan acceder a este programa aprobado por la Unión Europea”, afirmó Alejandro Alonso, coordinador de los parlamentarios socialistas regionales en el Congreso.

Como un asunto “gravísimo” desde el punto de vista político calificó el socialista la situación, en especial considerando las cifras que afectan a Castilla-La Mancha. De la primera partida, aprobada en junio, se adjudican 17,05 millones, lo que implica un 21% del total, mientras la región ha recibido “de forma histórica” entre el 45% y el 50% de los programas que se refieren al sector vitivinícola. “Estando en funciones la consejera regala el presupuesto del vino en la región”, afirmó el socialista.

El conflicto que denuncian los socialistas no acaba aquí, ya que Alonso ha asegurado que sólo 48 de las bodegas que han presentado proyectos para esta convocatoria recibirán dinero de las subvenciones, mientras que otras 140 se quedarán fuera, y no podrán acceder a ningún fondo hasta 2018 porque los recursos disponibles se han gastado, según afirma el socialista. “Es una situación que clama al cielo. No se pueden hacer peor las cosas”, señaló el socialista.

Además, Alonso asegura que las mismas empresas han acudido a los socialistas para señalar que la Consejería de Agricultura está llamando para comunicar las aprobaciones y quienes no han recibido la llamada reclaman una respuesta. “diría cesión, ceder los recursos que corresponden a Castilla-La Mancha para que se distribuyan en otras Comunidades”, afirmó el parlamentario. De este modo, el PSOE exige una comparecencia “inmediata” de la consejera para que de una explicación de “qué es lo que ha hecho con los recursos de plan de apoyo al sector vitivinícola” y para que comunique el listado de las empresas que recibirán una resolución.

Por parte del Partido Popular, la senadora Carmen Riolobos ha aclamado el trabajo “brillante” de María Luisa Soriano, y ha afirmado que el PSOE intenta meter “un dedo en el ojo” al actual Ejecutivo. Riolobos ha afirmado que Soriano ha conseguido los “máximos recursos” para los agricultores y ganadores de la región, en especial la tramitación de la Política Agraria Común. Ante esto ha señalado que lo que da miedo es “lo que se avecina”, porque el acuerdo entre PSOE y Podemos no contempla “ningún sector estratégico de la región, ni agricultores, ni ganaderos, ni parados ni jóvenes”.

La secretaria nacional de Agricultura y Medio Ambiente del PP y también consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, ha criticado que  los partidos “emergentes apenas presten atención al sector agrario en sus programas, excepto para intentar subir el IVA”. Así lo ha sostenido durante la reunión de la Comisión Regional de Agricultura del Partido Popular de Castilla-La Mancha, donde también ha criticado las propuestas de “nacionalizar el campo, hablar de mercados locales o poner trabas a la producción con mayores requisitos medioambientales”.

“En definitiva, quieren una producción pequeña y más cara que se venda en la misma comarca, lo que supone un retroceso de varias décadas”, ha lamentado la consejera.

Frente a estos modelos tan perjudiciales para el desarrollo del sector agroalimentario, ha expuesto que el Partido Popular propone continuar con la senda que ha iniciado María Dolores de Cospedal en estos cuatro años, basada “en la reducción de trabas administrativas, la eliminación de impuestos y tasas, la modernización de las explotaciones y las industrias, la mejora de la competitividad, el impulso a la formación, la calidad y la internacionalización”.

Una 'tractorada' con agricultores llegados en estos vehículos a través de cinco rutas diferentes, desde las cuatro provincias del Vértice de La Mancha, ha llegado a este emblemático punto de la comarca manchega situado en el término municipal de Villarrobledo (Albacete). Los agricultores piden la regularización de los pozos del Alto Guadiana que afecta a 40 municipios de las cuatro provincias colindantes.

La falta de una regularización para el uso de estos pozos agrícolas está impulsada por la eliminación del consorcio del Plan Especial del Alto Guadiana, que antes era el encargado de regir estos pozos. La no regularización provoca que no se puedan usar con lo que los agricultores de una zona especialmente seca de Castilla-La Mancha no pueden usar el agua de estos pozos, afectando en total a más de 2.000 familias según los convocantes. La 'tractorada' ha sido organizada por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) que son precisamente los más afectados por la falta de puesta en marcha de estos pozos a costa de lo que el portavoz del PSOE en las Cortes, José Luis Martínez Guijarro, se ha animado a llamar “aguatenientes”.

“Los agricultores quieren continuidad a las medidas que contemplaba el Plan Especial. Antes de 2011 se había comenzado un proceso de regularización de pozos para los cultivos leñosos trabajando además con las explotaciones prioritarias, pero al llegar al cargo Cospedal se eliminó”, según Martínez Guijarro. “Me dan envidia el apoyo que tienen los regantes de Valencia y de Murcia de sus gobiernos regionales”, decía al respecto Julián Morcillo, secretario regional del sindicato.

Por su parte, la consejera de Agricultura y Medio Ambiente, María Luisa Soriano, ha acusado a UPA de mantener silencio cuando se empezó a “crear la expectativa” de la regularización de los pozos durante la legislatura anterior del PSOE. De este modo, la consejera ha señalado que ahora que “prácticamente todos los pozos” de cultivos leñosos están regularizados llevan a cabo esta tractorada de protesta. En este sentido, ha querido añadir que las regularizaciones se han llevado a cabo a partir del 2011, gracias al Gobierno actual.

Puntos de vista distintos de la situación que hacen los sindicatos y partidos políticos y que, a pesar del mal tiempo y de la lluvia casi continua, no ha evitado que se reúnan los tractores llegados de las cuatro provincias, destacando la presencia de criptanenses, socuellaminos, de tractores llegados de Pedro Muñoz, de Tomelloso, Villarrobledo, desde Cuenca llegados de localidades como Las Pedroñeras, Las Mesas, El Provencio, San Clemente o La Alberca del Záncara, o desde Argamasilla de Alba.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana asegura estar trabajando en el asunto para que se respeten los derechos de los regantes de estos tipos de cultivos, y desde Asaja se ha pedido una reunión con miembros de la Confederación para estudiar el caso.

Ante las declaraciones del secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores, Julián Morcillo, que aseguró que sentía incluso “envidia” de los regantes murcianos y valencianos, porque cuentan con el apoyo de sus Gobiernos regionales en la gestión del agua, el Gobierno regional ha acusado a la organización de seguir una “estrategia política”. María Luisa Soriano se ha referido así a la tractorada convocada en el Vértice de la Mancha en Ciudad Real para denunciar la falta de regularización de pozos del Alto Guadiana, que afectan, según UPA, a dos mil familias.

María Luisa Soriano ha acusado también a UPA de mantener en silencio cuando se empezó a “crear la expectativa” de la regularización de los pozos, según las declaraciones que recoge Europa Press, durante la legislatura anterior del PSOE. De este modo, la consejera de Agricultura ha señalado que ahora que “prácticamente todos los pozos” de cultivos leñosos están regularizados llevan a cabo esta tractorada de protesta. En este sentido, ha querido añadir que las regularizaciones se han llevado a cabo a partir del 2011, gracias al Gobierno actual.

La tractorada que UPA ha convocado para este jueves tiene como fin denunciar la falta de regularización de pozos en cerca de cuarenta municipios de la región, y que supone poner a dos mil familias en “una situación extrema”. De este modo, los tractores saldrán desde cinco puntos diferentes. La primera, desde Campo de Criptana, pasará por las localidades de Pedro Muñoz y Socuéllamos, mientras que la programada desde Santa María de los Llanos incluirá también Las Mesas y Socuéllamos. Quienes quieran salir desde El Provencio y Villarrobledo podrán seguir los tractores que saldrán desde Alberca o desde Las Pedroñeras, y también desde San Clemente.

Representantes de la Asociación de Jóvenes Agricultores de la provincia de Ciudad Real han solicitado también soluciones a la situación de los pozos de la zona del Alto Guadiana a la Confederación Hidrográfica del afluente. Florencio Rodríguez, secretario general de la organización, exigió que se busquen los recursos disponibles para resolver estos expedientes de explotaciones prioritarias y de cultivos lechosos, según comunican en nota de prensa. En este sentido, Rodríguez señaló que son muchas las explotaciones que, a pesar de tener sus derechos de agua reconocidos, siguen esperando por la regularización de parte de su superficie.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana aseguró a ASAJA que están trabajando en una solución para que quienes exploten cultivos leñosos no sufran “agravios comparativos”. Los Jóvenes Agricultores han destacado que debe haber una discriminación positiva para los agricultores con explotaciones prioritarias que tienen un “marcado carácter social” o que ayudan a la generación de empleo, como las hortofrutícolas y las mixtas. ASAJA se reunirá también con representantes de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura para abordar el conflicto.

La denuncia de los  la falta de regulación de numerosos pozos del área del Alto Guadiana, que afecta a unas dos mil familias, sigue en pie. Julián Morcillo, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores de Castilla-La Mancha ha recorrido en las últimas semanas diversas localidades afectadas para sensibilizar a la población del problema por el que están pasando los agricultores y para llamar a la participación en la próxima manifestación que ha convocado la organización. Esta tractorada incluirá cinco rutas de tractores que confluirán en el centro del “mayor viñedo del mundo”.

Morcillo ha señalado que esta convocatoria pretende apoyar a los agricultores que sufren la falta de regularización de los expedientes de sus pozos desde 2008. Además, la organización ha señalado que, “encima” deben soportar declaraciones de la Consejería de Agricultura, organismo a quien denuncian ha mentido al señalar que el problema está resuelto. A finales de mes, María Luisa Soriano, consejera de Agricultura, señaló que la regularización de estos pozos estaba “prácticamente finalizada”.

Ante esto, UPA ha señalado que no sólo los agricultores no han encontrado una solución para su problema, sino que además el nuevo Plan Hidrológico del Guadiana lo ha agravado, al aumentar las declaraciones de “sobreexplotación” a nuevas masas del afluente. Se trata de once masas calificadas como tal, todas en la región, según denuncia la organización. La consecuencia de estas medidas, según Julián Morcillo, será que, de las concesiones legales a las que pueden acceder los regantes, sólo podrán usar poco más de un tercio y en el mejor de los casos.

De este modo se “prohíben” siete mil pozos destinados a pequeñas parcelas en el Acuífero 23, según la denuncia de Morcillo, quien ha recalcado que los agricultores en Castilla-La Mancha llegan a sentir envidia de los regantes murcianos y valencianos que tienen apoyo de sus Gobiernos regionales. Por otro lado, en Castilla-La Mancha, el Ejecutivo decide negar el problema, en palabras del secretario general. Ante esto, UPA señala que la única solución es “salir a la calle” para que la voz de los agricultores sea escuchada, tras “múltiples promesas incumplidas”.

La falta de regularización de estos pozos, ha señalado la organización, es la amenaza que supone para el “mayor viñedo del mundo”, ya que se le deja sin dotación hídrica adecuada. Las rutas que seguirán los tractores este jueves serán cinco desde las localidades de Campo de Criptana, Santa María de los Llanos, Alberca, Las Pedroñeras y San Clemente. Los tractores confluirán a las 11.30 de la mañana en el llamado ‘Vértice de la Mancha’, en la unión de carreteras de Villarrobledo, Socuéllamo y Tomelloso, kilómetro 21 en la carretera N-310.

A pesar de que el texto de la nueva Ley de Caza de Castilla-La Mancha ya es oficial, el Gobierno de Castilla-La Mancha sigue justificando sus argumentos que llevaron a la reforma del documento de 1993. Antes de presidir la Gala de la Caza de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, consejera de Agricultura de la región señaló que gracias a esta reforma beneficia a más de 160.000 cazadores. El texto, subrayó la responsable de Agricultura y Medio Ambiente, se caracteriza por ser “moderno, social y respetuoso con el medio ambiente y las especies”. Durante el evento, la Federación de Caza regional reconoció a quienes se han “destacado” en la caza o en su apoyo a la actividad cinegética.

Soriano ha indicado, además, que la caza se destaca por ser la “segunda actividad deportiva” de Castilla-La Mancha, lo que ha respaldado con el número de licencias federativas, con lo que se entiende la importancia y el “enraizamiento” de la actividad en la vida diaria de los pueblos y ciudades, según afirmó la consejera. En la misma línea ha destacado la importancia económica de la actividad cinegética, que ha cifrado en 600 millones de euros al año, y unos 6.500 puestos de trabajo. Para Soriano, esto “permite crear riqueza y empleo en muchos pequeños municipios de toda Castilla-La Mancha.

La consejera ha remarcado también los beneficios administrativos que trae el documento al sector, uno de los argumentos más esgrimidos por el Gobierno de María Dolores de Cospedal para defender la reforma de la Ley de Caza. En este sentido, Soriano ha señalado que se simplifican los trámites administrativos y que la caza será compatible con otras actividades, además de lograr una “planificación integral de la totalidad de los terrenos cinegéticos”. El último de los argumentos que ha señalado Soriano es que “se conserva el medio natural, a la vez que se fomentan los hábitats de las especies”, tal como señala una nota de prensa publicada por el Gobierno regional.

Si bien la necesidad de reformar la Ley de Caza ha sido ampliamente discutida por diversas organizaciones, como WWF España o Ecologistas en Acción, María Luisa Soriano ha insistido en que la actividad cinegética ha cambiado mucho, y que esto ha sido transmitido desde “todas las organizaciones del sector”. Nuevamente, el Gobierno regional asegura que se ha mantenido un diálogo “intenso” con todos los colectivos para que el “texto fuera lo más completo posible”. Las diversas asociaciones ecologistas han negado haber llegado a un consenso con el Gobierno, y aseguran que sólo se han tenido en cuenta alegaciones “insustanciales”, dentro de las 169 que las Cortes regionales aceptaron.

El Gobierno regional ha lamentado también que el “partido Socialista de Emiliano García-Page” intentase boicotear la ley “desde los inicios”, al “aliarse con los grupos anticaza”, a quienes ha acusado de extender “barbaridades” que ha achacado a querer perjudicar la imagen del sector de los cazadores. El PSOE anunció en diversas ocasiones que no estaban en contra del sector cinegético ni de la práctica de la caza, sino de un texto que, aseguraban, había sido diseñado para los grandes propietarios de fincas del sector. En este punto, María Luisa Soriano ha criticado que “el PSOE no saliera a defender a un sector tan importante social y económicamente para la región y participase de forma constructiva en la elaboración de la Ley, en la que le hemos tendido una mano que no han tomado prefiriendo desacreditar la actividad cinegética de manera totalmente irresponsable”.

Dentro de los artículos más criticados por las asociaciones ecologistas, están el número veinte, en el que se regulan el uso de armas permitidas en las actividades cinegéticas. En el punto dos del mismo se establece que “para la práctica de la caza podrán usarse las siguientes armas reglamentadas”, a lo que se suma que “las lanzas en las modalidades de caza que permitan su uso”, algo que se ha interpretado como que se permite el lanceo de animales. Por otro lado en el  artículo siete se indica que, si bien los animales domésticos asilvestrados no tendrán “la consideración de piezas de casa”, podrán ser abatidos o capturados por razones sanitarias, de daños o de “equilibrio ecológico”, con la autorización de un órgano provincial.

María Luisa Soriano, la consejera de Agricultura del Gobierno de Cospedal, señaló en rueda de prensa que “no entiende” la polémica y las denuncias de los agentes medioambientales acerca de la nueva ley de Montes, actualmente en trámite desde el Congreso. Para Soriano, este proyecto “no cambia nada”, ya que los agentes forestales seguirán teniendo potestad en la tramitación desde el punto de vista “administrativo”, mientras que los delitos “continuarán” siendo competencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Por otro lado, Soriano ha señalado que la nueva ley, que permite la recalificación inmediata de terrenos después de un incendio, es “muy moderna” y “respetuosa” con el medio ambiente, además de con todos los agentes que trabajarán alrededor de la nueva legislación.

Rubén Cabrero, presidente de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha, ha señalado que estas declaraciones son “totalmente falsas”, ya que el cuerpo que representa se ve obligado a intervenir ante los delitos de este tipo, que incluyen incendios forestales y prácticas ilegales de caza, entre otros. “Es increíble que nuestra consejera, nuestra jefa, no sepa a qué nos dedicamos después de cuatro años de legislatura”, ha señalado Cabrero. La Asociación asegura que la indignación que han suscitado las declaraciones de Soriano ha alcanzado ya niveles nacionales, y que se trata de una “falta de respeto a los 6.400 Agentes Medioambientales del Estado”.

El colectivo afirma que lleva sus 140 años de historia investigando delitos medioambientales, no sólo gracias a sus competencias, sino porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal los obliga a ellos. En este sentido, el cuerpo señala que la legislación dictamina que son parte de la Policía Judicial, y que, como tales, deben intervenir ante todos los hechos de su competencia que tengan la consideración de delito, y responder ante el Juzgado de Guardia con el correspondiente Atestado y poner sus acciones en conocimiento del Ministerio Fiscal. Entre las actividades de persecución y denuncia, que se llevan a cabo en Castilla-La Mancha, se encuentran los múltiples delitos contra la flora y la fauna, como en el caso de uso de venenos o cepos, las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales, o presuntas irregularidades como la construcción de la familia Oriol-Aznar en el Parque Nacional de Cabañeros.

La Asociación Profesional ha señalado, además, que mientras Soriano realizaba estas declaraciones, que han llegado a tildar de “bochornosas”, parte del cuerpo de la provincia de Ciudad Real realizaba una intervención de decomiso de cepos, lazos sin freno y cajas trampa, cuyo uso se encuentra señalado como delito en el Código Penal de España. La postura de Soriano, señala el cuerpo, no sólo muestra un grave desconocimiento de la legislación que rige la actividad de este grupo de funcionarios, sino que es otra causa más para pedir su dimisión. “La Consejera aporta falsedades sin fundamento legal, porque no tiene otra forma de defender la irracional Ley de Montes”, asegura la Asociación.

El colectivo ha aprovechado para reiterar también su oposición a la Ley de Montes, que se encuentra actualmente en tramitación, en la que aseguran no están solos. En este sentido, los Agentes Medioambientales han destacado el apoyo de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que ha dejado claro que el apartado que afecta a las funciones del colectivo medioambiental es “innecesario”, siendo suficiente la colaboración que se ha llevado a cabo hasta ahora. El cuerpo de Agentes Forestales señala que son los funcionarios con mayor formación académica, y que son necesarios al haber sido creados precisamente para ese objetivo. “Los Agentes Medioambientales nos debemos a la ciudadanía y no estamos al servicio de la política, por lo que nos opondremos firmemente a esta Ley para seguir protegiendo el valioso patrimonio medioambiental de Castilla-La Mancha”, ha finiquitado la Asociación.

El Gobierno ha reaccionado, después de las demandas de colectivos agrarios, y ha anunciado que la vacuna obligatoria para prevenir los serotipos 1 y 4, que son los que tienen incidencia en la comunidad autónoma, de la Lengua azul será gratuita en la región. En este sentido, la resolución de convocatorias para poder subvencionar los tratamientos se publicarán “próximamente”, tal como ha señalado el Gobierno en nota de prensa.

Las ayudas contemplan un máximo de 0,4 euros, en el caso de los bovinos, y de 0,2 euros para los ovinos, ambas en el caso del serotipo 1. Para ambas razas, la ayuda podrá ser de hasta 0,4 euros para el tratamiento del serotipo 4. En el último caso, la vacunación se llevará a cabo en todo el territorio de las provincias de Ciudad Real y Toledo, pero para el serotipo 1 se prevé para el oeste de Ciudad Real y para Toledo. Las campañas de vacunación serán cuatro para todos los animales mayores de 3 meses, y la primera debe finalizar antes del 30 de junio.

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Castilla-La Mancha había solicitado ya a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente el mismo apoyo que los ganaderos reciben en el resto de las comunidades autónomas en relación con las medidas de protección frente a la lengua azul. La gratuidad en otras zonas de vacunación obligatoria ya había sido anunciada. ASAJA señaló en nota de prensa que el Ministerio de Agricultura anunció que la Unión Europeo financiaría la mitad del coste del tratamiento, mientras que las Comunidades Autónomas y el Ministerio se repartirían equitativamente el coste restante.

La Lengua azul es una enfermedad que produce lesiones en las pezuñas, la musculatura y en la mucosa bucal del ganado ovino caprino y bovino. En noviembre del año pasado, el Boletín Oficial del Estado señaló, en la actualización de las zonas restringidas en relación a estos dos serotipos, que el área entre Piedrabuena y Horcajo de los Montes, en Ciudad Real ya entraba en esta clasificación, junto a las de Almadén y Almodóvar del Campo.

Los votos del Partido Popular tumbaron en las Cortes de Castilla-La Mancha la enmienda a la totalidad de la Ley de Caza presentada por el grupo parlamentario socialista. María Luisa Soriano, consejera de Agricultura, salió en la defensa de la normativa en las Cortes regionales, resaltando que la nueva Ley de Caza, impulsa la sostenibilidad de la actividad genética y la protección del medio ambiente. No sólo eso, sino que esta normativa se adecuan a las necesidades de la región, que han cambiado en la que ha calificado como una de las regiones más importantes en el sector.

A pesar de lo que han señalado los sectores contrarios a la Ley, Soriano ha señalado que con los cambios que aportará esta normativa se mantendrán los 6.500 puestos de empleos, con los que se gana más de 1,6 millones de euros, que se unen al total de 600 millones de euros que genera el sector en la región, según ha señalado Soriano.  Además, destacó que se tramitan unas 180.000 licencias de caza por año en la región. El sector, señaló Soriano, necesita una regulación ordenada y sostenible, que además sea respetuoso con el medio ambiente.

Soriano acusó a los socialistas de tener un “cierto desconocimiento” al presentar una enmienda total en contra de la ley, algo que también acusan se trataría de una jugada política por posicionarse a favor de quienes están en contra de la normativa. La cabeza de Medio Ambiente fue especialmente dura con las firmas y las acusaciones presentadas por la Plataforma en contra de la Ley de Caza, asegurando que no sabe cuál es el artículo que señala que es posible amtar gatos y perros, o el cierre de caminos públicos.

José Luis González, portavoz del grupo socialista en las Cortes ha pedido a la Junta de Comunidades que retire la Ley y que empiece un debate nuevo, acusando al Gobierno regional de no ponerse en contacto con la oposición a la hora de redactar la nueva normativa. Además, González calificó las reuniones con los colectivos del sector como una “simulación de negociación”. Los socialistas además matizaron no estar en contra de la caza, sino de un modelo que han calificado como “comercial”, que creen es lo que se recoge en esta nueva Ley.

Los más de cuarenta colectivos que forman la Plataforma en contra de la Ley de Caza han convocado para el próximo sábado 21 de febrero una gran manifestación en Toledo para pedir, nuevamente, que se retire esta normativa. La reivindicación recorrerá el camino entre el parque de la Vega y la plaza de Zocodover bajo el lema #stopleydecaza y pedir así que “no se privatice la naturaleza” o se “vulneren los derechos de los animales” con una ley que han calificado como del medioevo.

Tal como se informa desde el Proyecto Iberlince, que agrupa a varias administraciones y se dedica a la reintroducción de esta especie con fondos europeos del programa Life, ha concluido la suelta de ocho ejemplares en los Montes de Toledo, cuatro machos y cuatro hembras, que se inició gradualmente el pasado mes de noviembre, tras pasar por un periodo de adaptación previo en una amplia zona cercada en el municipio de Mazarambroz.

Aunque inicialmente se anunció que se suspendían las nuevas sueltas con motivo del hallazgo del último lince muerto en Almuradiel (Ciudad Real) el pasado 21 de enero, finalmente se decidió concluir la suelta de los tres ejemplares que restaban, ya que la propia consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, estimó que la pérdida de cuatro de los ocho ejemplares reintroducidos en Ciudad Real el pasado mes de julio por distintas causas entraba dentro de lo normal.

Todavía no se ha informado del resultado definitivo de la necropsia de Kivu, el último lince muerto, y sobre el que se aventuró que habría sido víctima de otro macho por una disputa motivada por el celo, lo que habría sido una muerte natural no ocasionada por acción del hombre (sería el primero de los linces muertos en cuya muerte no ha intervenido el hombre).

El primero que falleció, Kala, lo fue por un golpe en la cabeza, sin que se conozcan las causas (atropello, golpe fortuito, golpe de otro animal, etc.); posteriormente Kenitra fue hallado con un disparo en la cabeza y Kairos murió estrangulado por un lazo de caza.

Pese a la intensa labor de seguimiento que se realiza a los ejemplares liberados por parte de los responsables técnicos del proyecto Iberlince y de los agentes medioambientales, determinados peligros relacionados con los cotos de caza, tales como lazos ilegales, cebos envenenados o presencia de cazadores, pueden hacer fracasar la reintroducción, también en la provincia de Toledo.

La Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha prepara para el año que viene una nueva orden de recogida de setas, hongos y trufas que estará lista según lo previsto para comienzos del próximo año. Una orden que se basará en permitir la actividad pero a la vez compaginarla con unos márgenes que permitan que en el futuro que las setas y hongos sigan creciendo y que haya futuro micológico en los campos.

La intención de la Consejería con esta nueva orden es prolongar en el tiempo esta actividad, poniendo determinados requisitos a ejercerla para que en el futuro puedan crecer más. En resumen, “garantizar la sostenibilidad en el tiempo de esta actividad”, en palabras de la consejera María Luisa Soriano.

Esta regulación, aparte de determinados requisitos para poder coger setas en los campos castellano-manchegos, definirá además determinadas áreas de actividad especial. Algunas de ellas serán las llamadas 'zonas de reserva': en estas zonas estará terminantemente prohibido coger setas, hongos o trufas. La prohibición se hace en las zonas donde por conservación o motivos biológicos es necesario conservar los hongos existentes. Otras zonas serán los 'cuarteles' (ya sean seteros o truferos) que serán lugares donde para ejercer la actividad serán necesarios permisos del dueño del terreno.

Luego, en las zonas donde libremente se podrá ejercer la actividad, habrá cuatro tipos de terrenos y formas de coger setas: sin ánimo de lucro, por fines recreativos, por fines comerciales o por fines científicos-educativos. Cuando sea por forma recreativo o sin ánimo de lucro habrá un límite de cantidad de recogida por persona y día para que no se “arrasen” los campos por pocas personas; en los otros tipos de aprovechamiento no se ponen estos límites.

También se señalan algunos puntos de cómo se debe realizar la recogida y medios a utilizar (algo que también está ya en parte legislado) como por ejemplo la prohibición de usar elementos plásticos o bolsas de este material y la obligación de usar cestas de mimbre (así las esporas de los hongos caen al suelo lo que en el futuro hará que nuevas setas u hongos crezcan en el terreno, algo que con bolsas de plástico sería imposible). Tampoco se podrán coger setas pequeñas o que no hayan alcanzado el grado de madurez mínimo para que puedan crecer. La recolección masiva también estará prohibida.

“El objetivo es armonizar y ordenar los aprovechamientos micológicos y las técnicas de recolección para prevenir daños a los ecosistemas, a los suelos y a los propios hongos, lo que permitirá hacer la actividad de forma respetuosa con el medio ambiente”; han señalado desde la Consejería de Agricultura.

En noviembre de 2013 la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla-La Mancha aprobó la convocatoria para el ejercicio 2013 de las ayudas para potenciar “el aprovechamiento sostenible de los cotos privados de caza y el turismo cinegético” con cargo al Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha.

La cuantía total máxima destinada a dichas subvenciones quedó establecida en 500.000 euros pero ahora, un año después y sin haber resuelto todavía la convocatoria, se ha publicado en el Diario Oficial una Resolución de la Dirección General de Montes y Espacios Naturales, por la que se amplía el crédito disponible en 259.681 euros, pasando a ser en total 759.681 euros los que se repartirán en subvenciones finalmente. Aunque no se ha justificado esta ampliación de crédito en un 50% parece motivada por el número de solicitudes presentadas.

Esta línea de ayudas se justificó en la exposición de motivos de la convocatoria, firmada por la consejera María Luisa Soriano, en que la caza “genera desplazamientos de cazadores, familiares y amigos” y por lo tanto una “importante actividad turística”.

Los cotos privados, únicos beneficiarios, pueden recibir ayudas para crear pastizales, colocar abrevaderos, comederos, o cumplir el programa sanitario, entre otras acciones de mejora. También se subvencionan infraestructuras para favorecer el turismo cinegético, tales como alojamientos, caminos, pantallas naturales, muladares o zonas de evisceración. Asimismo también se subvenciona la creación de itinerarios y observatorios. Finalmente se pueden obtener ayudas para competiciones de caza, jornadas, exposiciones y material de promoción.

Empleo escaso

Para justificar el decidido apoyo a la caza por parte de la Junta de Castilla-La Mancha, el Gobierno viene insistiendo en que los 7 millones de hectáreas que ocupan los aproximadamente 5.500 cotos de caza de la región generan 6.500 empleos con unos jornales anuales de 1,68 millones de euros y una facturación anual de la actividad calculada en 600 millones.

Desde Ecologistas en Acción niegan la mayor, justamente basándose en los datos oficiales que lo que demuestran, en su opinión, es que “la ratio de empleo es bajísima, con poco más de un empleo por coto y menos de un empleo para cada 1.000 hectáreas de terreno acotado a la caza”. La media de facturación de 100.000 euros por coto resulta llamativa para los ecologistas “ya que refleja una cifra que no se corresponde con los gastos que se hace en personal. Esos datos invitan a pensar que muchas de las personas que trabajan en monterías no están registradas oficialmente”, indican.

Al margen de las valoraciones éticas y ecológicas sobre la caza, para Ecologistas en Acción resulta “cuestionable el apoyo de las administraciones públicas, en forma de subvenciones, a un negocio que beneficia a pocas personas y no al conjunto de la ciudadanía” mientras que “otras actividades económicas y el medio ambiente se ven perjudicados”.

El director general de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, Juan Ignacio Zafra, y el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, Ángel Villafranca, han firmado un convenio por el cual la entidad bancaria de La Caixa pone a disposición de las cooperativas un total de 1.500 millones de euros para su financiación que llegarán a cubrir las necesidades de 447 cooperativas de la región englobando un total de 149.000 socios en ellas.

La firma del convenio se ha celebrado en Valdepeñas, con la presencia de la consejera de Agricultura de la Junta de Comunidades, María Luisa Soriano, y el alcalde de la localidad, Jesús Martín, así como más de 300 expertos y profesionales del sector primario que tan importante es en la región como se ha mostrado en las últimas listas de desempleo y Encuestas de Población Activa en la que su temporalidad ha movido las cifras generales de empleo en Castilla-La Mancha.

“Lo que hoy más necesita el sector agropecuario es tener una entidad que les refrende y eso está tan poco de moda como es que le dé un crédito”, con esas palabras ha querido Jesús Martín agradecer a La Caixa su iniciativa así como agradecer que haya sido la firma del convenio en Valdepeñas, una de las localidades conocidas mundialmente por su sector primario. “Gracias porque Valdepeñas sea punto de convocatoria para un sector tan importante como es la vitivinicultura en nuestra localidad”.

El evento no se podía celebrar en otro escenario que no fuera el Museo del Vino valdepeñero, que cumple 15 años en activo en 2014. Allí, el director general de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz, ha resaltado lo importante que es el sector primario y la agricultura y ganadería en España: “Se ha vuelto a poner de manifiesto durante la crisis que si hay un sector anti cíclico y que en época de crisis ayuda a la vertebración de la realidad económica y social de un país, sin duda alguna, ese sector es el primario. Y es fundamental para cualquier entidad financiera que quiera ser líder estar muy cerca del sector agrario, ganadero o pesquero”.

Además de la firma del convenio, el encuentro también ha servido para poner de manifiesto las experiencias de los afectados así como compartir los problemas que principalmente agricultores pero también de otros sectores tienen en su campo de trabajo. Inevitablemente el sector vitivinícola ha sido el más representado en Valdepeñas y es el que más peso tiene en toda la región, una labor que da trabajo a varias decenas de miles de familias en Castilla-La Mancha y cuyas proyecciones de futuro son optimistas con el crédito y financiación concedidos por La Caixa.

Si la Consejería de Agricultura, que dirige María Luisa Soriano, hubiera actuado correctamente y hubiera eliminado los peligrosos controles de predadores, probablemente el lince Kenitra estaría vivo. Esa es la conclusión de las organizaciones ciudadanas que integran la Plataforma contra la nueva Ley de Caza de Castilla-La Mancha.

La Plataforma exige una investigación y una información completa y veraz de la muerte por disparos de un cazador del lince reintroducido el pasado mes de julio y apunta a que la muerte vino propiciada por decisiones y descoordinaciones que llevaron a permitir el control de predadores en la zona de suelta de Kenitra, aun cuando se sabía que llevaba tiempo asentado en la finca Navas de la Condesa-Casa de Fuentes, propiedad al parecer del banquero Jaime Botín.

La reacción de la Junta, anunciando su personación en el caso, sería para la Plataforma un simple gesto de cara a la galería “para hacer que todo el foco se centre en la acusación contra el cazador y evitar que se profundice en la mala gestión y en la descoordinación que han contribuido a este lamentable suceso. En este mismo sentido cabe valorar la reacción sobreactuada de la Federación Española de Caza, curiosamente idéntica a la de la Junta”.

A día de hoy se conocen buena parte de los detalles que rodearon la muerte de Kenitra, y todo parecer apuntar a responsabilidades compartidas del cazador, de los gestores cinegéticos de la finca, de la Consejería de Agricultura y posiblemente del programa Iberlince, responsable de la reintroducción de ocho linces el pasado verano en la provincia de Ciudad Real, así como a una evidente falta de previsión y de coordinación entre todas las partes, según fuentes de la citada Plataforma.

Al parecer el lince llevaba un buen número de días localizado a través del radiotransmisor que portaba dentro del coto de caza donde murió, y sin embargo en las fincas del entorno de la zona de suelta no se habían puesto en práctica medidas efectivas para evitar que se realizaran controles de predadores bien mediante trampas, como los alares o lazos, o bien mediante batidas o cacerías de zorro.

Para los responsables de la Plataforma, la Consejería de Agricultura debió asegurar antes la zona de suelta frente a prácticas cinegéticas que suponen un grave riesgo para los linces, como es el caso de los controles de predadores, e impedir que se permitiera realizar una cacería de zorros en el coto donde se situaba al animal.

Para evitar nuevas muertes de linces o de otras especies protegidas la Plataforma contra la Ley de Caza pide que se eliminen y prohíban de una vez en todas las fincas de las comarcas de Sierra Morena, Campo de Montiel y Montes de Toledo, todos los métodos de control de predadores que suponen un riesgo evidente para el lince y otras especies protegidas. Mientras tanto estiman que Iberlince debe retrasar las sueltas hasta que la Junta de Castilla-La Mancha ofrezca garantías plenas de que se ha hecho todo lo necesario para asegurar las zonas de suelta y de presencia eventual de linces en la región.

Tanto el gobierno regional como las propias organizaciones de cazadores y, lógicamente, las organizaciones ecologistas, han sancionado la muerte del lince Kenitra, ocurrida durante una batida de caza de ciervos por un disparo recibido de un cazador, aunque aún está pendiente de resultado la necropsia del animal que confirme las causas del fallecimiento.

“Jamás se debe disparar ante una pieza que no esté permitida por ley y menos que esté en peligro de extinción y pertenezca a un programa de recuperación de una especie”. Palabras del presidente de la Real Federación Española de Caza, Andrés Gutiérrez, que ha considerado el acto como “intolerable”, ya fuera fruto de un error o premeditado. También han pedido saber el nombre concreto del individuo que disparó al animal anunciando que le van a expulsar de toda organización en caso de que esté federado.

Aunque fuese accidental, como se señaló en un primer momento, Andrés Gutiérrez señala que “no existe excusa ninguna. Nunca debemos de disparar sin cerciorarnos de a qué pieza lo estamos haciendo. No cabe lugar a error”. También ha pedido a los cazadores que extremen las precauciones para que no se repitan estos casos anunciando además que se personarán como causa particular contra el cazador que lo ha hecho.

Otros que también lo harán, según han anunciado, será la ONG ecologista WWF, que además pide que se depuren responsabilidades por lo sucedido “en caso de que las haya”. La reintroducción del lince ibérico no puede estar reñida con la actividad de la caza y la organización ha pedido a todos los entes implicados, desde el gobierno hasta los propios dueños de cotos y cazadores, que extremen las medidas y eviten este tipo de situaciones.

“La colaboración de propietarios, gestores de caza y cazadores de la zona ha sido hasta la fecha impecable. Pedimos que extremen las precauciones y eviten que este tipo de situaciones se puedan volver a producir. La presencia de esta especie amenazada debe ser completamente compatible con la gestión cinegética, tal y como ya ocurre en otros lugares”.

Consideran que este tipo de casos tiran por tierra todo el trabajo que lleva a cabo el proyecto Iberlince, un proyecto para el que la Unión Europea destina dinero a España. De los ocho linces liberados en la provincia de Ciudad Real el pasado 3 de julio dentro de este plan solo quedan vivos seis, sin conocer las causas de la muerte del anterior lince, Kala.

La Consejería de Agricultura que dirige María Luisa Soriano también será acusación particular contra el cazador del animal, una vez que ha pasado a la Guardia Civil toda la información de la que dispone para el caso. Una vez los resultados de la necropsia sean concluyentes también se facilitarán a las autoridades, que son quienes llevan a cabo por la justicia las hipotéticas penas a las que se enfrentaría el autor del disparo y posiblemente por extensión el propietario de la finca, Jaime Botín, hijo del recientemente fallecido Emilio Botín, presidente del Banco Santander.

Aunque es la justicia quien llevará el caso al nivel que estime oportuno, la Consejería, en representación del gobierno regional, también demandará por su propia cuenta a quien ha matado a Kenitra.

Ubicado en Torrenueva, el complejo de ocio ‘La Caminera’ ha sido objeto de las preocupaciones ambientales de colectivos medioambientalistas, como Ecologistas en Acción que aseguran que el funcionamiento del campo de golf es completamente ilegal, ya que cuenta con dos declaraciones de impacto ambiental negativas por parte de la misma Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, debido a los efectos para el hábitat de diversas especies y sobre los recursos hídricos de la zona. El “Oasis en la Mancha”, en su propia definición, ha intentado la legalización de su campo, a pesar de estar situado en plena zona de especial protección para las aves (ZEPA), según las denuncias de Ecologistas en Acción.

La Federación de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha denuncia que “La Caminera” está asociado a una instalación hostelera que obtuvo una declaración de impacto ambiental favorable “forzada”, que se produjo cuando la infraestructura ya estaba construida, sin los permisos ambientales perceptivos. Ecologistas afirma desconocer también si los promotores del complejo poseen las licencias municipales para la actividad del campo de golf, en teoría inaccesibles debido a los resultados negativos de las declaraciones de impacto ambiental, pero sí aseguran que, tanto el Ayuntamiento como la Consejería de Agricultura, apoyan el desarrollo del proyecto. El colectivo denuncia así que se incurre en una “dejación de funciones” e incluso en un posible delito de prevaricación por parte de las instituciones.

Ecologista en Acción asegura también que las resoluciones de impacto ambiental negativas obligan al Complejo a restituir el terreno ocupado a su situación original, y a enterrar la línea de suministro eléctrico que ha sido responsable de muerte por electrocución de especies protegidas, como el Águila imperial. “Es inadmisible que se esté tramitando por tercera vez el expediente de evaluación de un campo ilegal”, asegura el organismo, mientras señalan que el complejo debería haber sido desmantelado hace ya seis años, tal como los señaló la Junta en una resolución el 10 de octubre de 2008.

En este nuevo trámite, el grupo exige otra Declaración de Impacto Ambiental negativa, ya que el Campo sigue siendo incompatible con el hábitat, sus especies amenazadas y pone en riesgo el equilibrio del Acuífero del Campo de Montiel, algo señalado por la misma Consejería de Agricultura.