El Partido Popular de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, ha comentado la citación judicial para prestar declaración de dos de sus dirigentes, Diego Ortega, presidente del partido local y Jesús Teodoro Octavio, tesorero. Aseguran los populares en un comunicado que “todos los movimientos económicos efectuados así como las deudas con proveedores siempre han estado a disposición de cualquier afiliado y están debidamente justificadas ante el Tribunal de Cuentas”.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Alcázar de San Juan ha citado a declarar a ambos para el próximo 13 de marzo tras la denuncia penal -ya admitida a trámite- interpuesta por el que fuera portavoz de la formación, Ángel Puente, por presunta financiación ilegal y falsedad documental en el PP local.

Los 'populares' aseguran no haber recibido la correspondiente notificación judicial sobre la admisión a trámite de la denuncia. “No obstante, en caso de ser cierta dicha denuncia, desde esta formación local, estamos abiertos y somos favorables a la investigación de los hechos denunciados, con el fin de demostrar documentalmente la falsedad de las acusaciones realizadas, y así poder defender la limpieza en las cuentas y en la documentación del Partido Popular de Alcázar”.

En cuanto a la financiación, argumentan que “desde el Partido Popular de Alcázar se actúa conforme a lo establecido en Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, tanto en lo referente a los ingresos como en los gastos de organización y funcionamiento”.

“Tanto las actas de los Comités Ejecutivos Locales, celebrados mensualmente por este partido, debidamente aprobadas y firmadas por el secretario general, con el visto bueno del presidente, así como los informes de tesorería adjuntos a cada acta, siempre han estado a disposición de los miembros de dicho Comité y de cualquier afiliado que las requiriesen para su consulta, así como tener acceso a dicha documentación en cualquier momento”, argumentan.

Igualmente, se refieren al denunciante, el exconcejal Ángel Puente, asegurando que “está inmerso en un proceso disciplinario de expulsión por parte de los órganos internos del partido, y cuyo expediente se encuentra en trámite en el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular de Castilla-La Mancha a propuesta del Comité Ejecutivo Provincial de Ciudad Real, por vulneración grave de los Estatutos del Partido”.

El PP alcazareño mantiene su “más firme convicción” de haber actuado conforme a la legalidad y ha mostrado su intención de colaborar de forma “estrecha y decidida” con la Justicia para “demostrar ante los Tribunales y ante la opinión pública la honorabilidad y honradez de este Partido y de sus dirigentes”, finaliza el comunicado.

El juzgado nº 1 de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) ha admitido a trámite la denuncia por lo penal que presentó el que fuera concejal y portavoz del Partido Popular en esta localidad, Ángel Puente que dimitió del Comité de Dirección del partido el pasado mes de septiembre tras anunciar que había denunciado al presidente de la formación, Diego Ortega, por “irregularidades”. Una denuncia que está relacionada con la presunta financiación ilegal y falsedad documental en el seno del PP alcazareño.

En un auto, según publica la Cadena SER, el juez cita a declarar al también ex alcalde de Alcázar Diego Ortega y a Jesús Teodoro Octavio, tesorero del partido, el próximo 13 de marzo ya que “la denuncia presenta características que hacen presumir la existencia de un delito”, según las estimaciones del juez.

El exconcejal popular Ángel Puente presentó esta denuncia el pasado 13 de octubre en la que acusó a Diego Ortega de haber “secuestrado” al Partido Popular en la localidad, asegurando que no se han presentado actas del Comité de Dirección en los dos últimos años, algo que consideró un posible hecho delictivo. También denunció que desde diciembre de 2015 no se presentaban informes de tesorería, y que los presentados apuntan a una deuda de 20.000 euros aparecida en sólo un mes y medio.

Diego Ortega, en declaraciones a la SER, asegura no tener notificación oficial del juzgado y que no será hasta entonces cuando haga declaraciones al respecto. Hay que recordar que el PP de Alcázar abrió expediente de expulsión contra Ángel Puente y que, en septiembre, Ortega le acusaba de entender la política como una “actividad para conseguir sus intereses” y que su último objetivo era “morir matando y se ha querido ir haciendo ruido”.

Diego Ortega aseguraba que todas las acusaciones de Puente son falsas ya que se realizan comités de dirección mensuales y también reuniones semanales, que describía como foros “abiertos a la participación”.

La actualidad política en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) acabó de la misma forma que en las Cortes regionales: con un último Pleno donde el PP (y en este caso también los independientes de Ciudadanos por Alcázar que gobiernan en coalición) se quedó en solitario en la sala tras el abandono de toda la oposición de la sala por celebrar un Pleno a tres días de las elecciones en el que se hacían concesiones administrativas municipales a miembros de las listas electorales que se presentan en los comicios.

Hasta en tres ocasiones se pidió la suspensión de este Pleno por entenderse que el Gobierno local, al que le queda un fin de semana en el poder, no está legitimado para dar unas concesiones que empeñan la labor del futuro gobierno que salga de las próximas urnas. Incluso a la Junta Electoral de Zona se pidió esta suspensión, aunque esta se apartó del caso ya que al no ser un asunto electoral se declaró “no competente” para suspenderlo.

La oposición también había pedido la eliminación de esos puntos que daban concesiones administrativas a miembros de los partidos en el poder, algo que tampoco hizo el alcalde, Diego Ortega. El punto culminante de la sesión plenaria fue cuando a los miembros de la oposición en el Ayuntamiento tampoco les dejaron explicar los motivos por los que solicitaban la suspensión de estos puntos

Por ejemplo en el Pleno se aprobó la concesión del kiosko bar de la ciudad a un miembro de las listas de uno de los partidos del gobierno. También se aprobó modificar partidas presupuestarias para pagar servicios a otro miembro de las dos listas que actualmente forman gobierno, un servicio valorado en más de 8.000 euros al mes según indica el Partido Socialista de la localidad. “Es una inmoralidad convocar un Pleno el último día de campaña y hacerlo además para adjudicar subvenciones”, decía la candidata a la Alcaldía por el partido, Rosa Melchor.

“Es un mal talante democrático no permitir a la oposición, que somos además el grupo mayoritario, que explique sus argumentos para pedir la suspensión del Pleno. Diego Ortega -el alcalde, del PP- termina el mandato como empezó, notándose que quien manda (no quien gobierna, porque no gobierna nadie) es Ángel Montealegre -el líder de Ciudadanos por Alcázar-”. “Ha tratado de conseguir votos a costa de todos los vecinos y vecinas de Alcázar. Clientelismo político”, ha querido remarcar Melchor en un Pleno en el que ha estado arropada por toda la corporación municipal del PSOE que ha dejado la sala.

La justicia ha abierto diligencias previas contra la cúpula del actual gobierno de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), localidad gobernada por un pacto entre Partido Popular y el partido local 'Ciudadano por Alcázar'. Concretamente investiga las actuaciones del alcalde, Diego Ortega, así como de los tenientes de alcalde María Jesús Pelayo y el ex-teniente de alcalde (dimitió hace dos meses) Ángel Puente.

Son dos causas distintas y paralelas las que se han abierto contra estas tres personas, relacionadas ambas con la cesión de suelo a una empresa de neumáticos. Por un lado el Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad investiga prevaricación administrativa en la cesión de ese suelo a la empresa. Un caso que denunciaron asociaciones de vecinos de la zona y que además ha sido señalado por dañar el medio ambiente ya que está empresa está ubicada a pocos metros de donde empieza el complejo de las Lagunas de Alcázar.

Además de la posible prevaricación, el juzgado de instrucción número 2 investiga a estas tres personas del Ayuntamiento por falsificación de documentos públicos, entre otros delitos. El caso también se refiere a esa empresa de neumáticos que ha contado con numerosas irregularidades en su apertura en la localidad tal como se lleva años criticando en la ciudad tanto por oposición como por vecinos. Son 18.000 metros cuadrados que cedió la Junta al Ayuntamiento para instalación de empresas de I+D+i pero que a su vez el Consistorio local habría “regalado”, en palabras de miembros de la oposición, a esta empresa. Así se demuestra en que el Registro de la Propiedad de Alcázar de San Juan se negó a firmar la cesión de terrenos aludiendo que el suelo público no se puede regalar, y para escriturar este suelo se desplazaron hasta la localidad de Consuegra (Toledo) para que sí se aceptara.

Uno de los señalados en el caso, Ángel Puente, cuando dejaba el Ayuntamiento en febrero indicaba que lo hacía “por una oferta de trabajo”. Con los meses se ha conocido ya la empresa para la que trabaja, que es precisamente esta empresa de neumáticos. Es decir, que el que fuera teniente de alcalde de la localidad que dio el suelo a esta empresa ahora trabaja para ellos, en unas acusaciones hechas hace unas semanas por miembros del PSOE que han presentado la denuncia (cinco concejales así como asociaciones de vecinos).

El juzgado en estas diligencias previas indica que “ve indicios de delito” en los hechos señalados por lo que comenzará la instrucción de los mismos. Tanto Ortega como Pelayo se presentan de nuevo en las listas del Partido Popular para revalidar gobierno, con Ortega de nuevo como número uno.

Tras conocerse que la valoración de las ofertas para encargarse del contrato de limpieza viaria de Alcázar de San Juan había sido realizada por un imputado en el caso Brugal por, entre otras actividades, presuntamente hacer estos informes dando puntuaciones fraudulentas para que las empresas que le interesaba consiguiera contratos públicos a cambio de dinero o favores hacia altos cargos del PP, de la Diputación de Alicante o de ayuntamientos de la provincia, el alcalde Diego Ortega ha comparecido para expresar que el Gobierno municipal no tenía constancia de que estaba imputado y ha querido dejar clara la limpieza de todo el proceso de licitación.

“Si alguien puede demostrar que ya se ha concedido el contrato, presento mi dimisión. Estoy seguro de que lo haría cualquier miembro del Gobierno y yo abandonaría mi candidatura a la Alcaldía del 24 de mayo”. Con esas palabras el alcalde de la localidad quiere señalar que no ha habido mala fe por parte del Consistorio en ningún momento, que no se conocía la imputación del técnico José Vicente Jiménez Baena y que por ello el Ayuntamiento ha sido el primero que ha pedido un nuevo informe (aunque no obstante se ha hecho cuando ha salido a la opinión pública este informe).

Diego Ortega también ha querido acusar a la oposición en el Gobierno, a los miembros de la Plataforma contra la Privatización del Agua de Alcázar (a quien acusa de haberse convertido en una plataforma política y no ciudadana) y al resto de partidos de la localidad de querer señalar al Gobierno municipal cuando no ha realizado ninguna acción ilegal ni con un mal procedimiento a su juicio. Además ha querido recalcar que después de que se encargue este nuevo informe el Ayuntamiento va a intentar por todos los medios que en el mes que le queda en el cargo hasta las elecciones se licite en su totalidad el contrato, que es el de mayor cuantía de presupuesto municipal (18 millones por seis años de contrato) y que había sido concedido en un primer momento a FCC, misma empresa a la que se le había vendido el 52% de 'Aguas de Alcázar' (FCC-Aqualia).

“Intentan utilizar este hecho de manera electoralista”, según Ortega, que ha querido garantizar que el Ayuntamiento ha actuado correctamente en todo el proceso. Sin embargo la oposición le pide que deje la licitación de este contrato anulada ante la falta de legitimidad de un gobierno al que le queda un mes en el cargo, y que sea el nuevo gobierno resultante de las elecciones el que se encargue de ello, ya con el aval del voto ciudadano recién efectuado. Algo que según miembros del Gobierno no va a ser así y quieren realizar aunque sea en plena campaña electoral, con el compromiso presupuestario en que dejará al Gobierno resultante de las urnas el 24 de mayo.

Ortega también ha acusado a los miembros de la Plataforma ciudadana del agua de tener una actitud “radical y antidemocrática” por oponerse a que la misma empresa que se ha llevado el agua municipal se lleve otro servicio que supone el 70% del presupuesto anual municipal.

El mismo consultor imputado del que se ha rechazado el informe fue quien hizo los pliegos de contratación iniciales del proceso, un trabajo por el que cobró 10.890 euros. Si se rechaza el informe consultivo que hizo, la oposición pregunta por qué no se rechazan los pliegos de condiciones, que también los hizo él y que son la base de toda la contratación. Tampoco se puede volver a valorar los datos técnicos de las ofertas de contratación cuando ya se conoce la oferta económica (se debe hacer sin conocer el precio, siempre antes) por lo que si se concede la adjudicación, aunque haya un nuevo informe hecho por otro consultor, es prácticamente seguro que se declarará nula la licitación.

No obstante el gobierno, a pesar de que le quede un mes en el cargo, sí puede conceder en 15 días el contrato, porque la propuesta de adjudicación a FCC (la empresa ganadora del concurso a pesar de costar sus servicios un millón de euros más) no se ha retirado, sino que sigue en pie. Su aprobación en Pleno municipal se puede realizar en cuestión de días al no haberse retirado, estando presentada con el anterior informe del consultor imputado.

Los pliegos de contratación que hizo el imputado tampoco los quiso firmar el técnico municipal, que aludió que se negaba a hacerlo al no haber efectuado los estudios. Esos pliegos técnicos, que debe firmarlos un técnico, están firmados por el concejal Ángel Puente, algo también irregular en todo un proceso que ahora mismo se encuentra, a la espera del informe consultivo por la vía libre, parado unos días.

El 18 de marzo de 2015 se reunió en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan la Mesa de Contratación para la adjudicación del contrato de servicio de limpieza viaria, limpieza de edificios municipales y mantenimiento complementario de zonas verdes del Ayuntamiento. En esta Mesa de Contratación estuvieron presentes concejales de los tres grupos municipales, con la presencia como vocales de Ángel Montealegre (Ciudadanos por Alcázar, gobernando en pacto con el PP) y Ana Belén Tejado (PSOE). Este contrato, de tres millones de euros anuales, es el mayor contrato público de Alcázar de San Juan, que sin embargo se disponía a conceder esta semana en plena precampaña electoral, “a la carrera” para dejarlo cerrado antes de las elecciones según la oposición y algunos ciudadanos

Cuatro empresas presentan ofertas para este contrato, las cuales todas cumplen los requisitos iniciales. Por ello se encarga a un técnico que valore las ofertas y las puntúe según lo que ofrecen y el coste para así poder elegir. En este punto entra todo el problema: el Ayuntamiento propone contratar a un técnico externo que lo haga, algo a lo que se opone la concejal Tejado pidiendo que lo haga alguien del Ayuntamiento. Como hay familiares de empleados públicos con intereses directos en el contrato, se decide que no sea un técnico del Ayuntamiento (así lo dice la ley de empleados públicos). La socialista pide entonces que lo haga un técnico de la Junta o de otro Ayuntamiento, a lo que Montealegre le responde que “debe ser un técnico competente”. Se decide así contratar a un técnico externo, en donde aparece como contratado José Vicente Jiménez Baena.

Este técnico está imputado en la Comunidad Valenciana por el caso Brugal, por presunto amaños de contratos en la zona de la Vega Baja, por las localidades de Orihuela y Torrevieja. Con los votos de los miembros del PP y Ciudadanos por Alcázar, se encarga el informe a este técnico.

Este técnico fue apoderado de la empresa de limpiezas SUFI, la que está siendo investigada por la 'mordida' de 200.000 euros de los papeles de Bárcenas a cambio del contrato de basuras de Toledo. Precisamente está imputado por cohecho y por presuntamente bajar la valoración de empresas en concursos de esta región para que determinadas empresas elegidas previamente se llevaran los contratos públicos de distintos servicios. Además entre las pruebas en su contra están llamadas de teléfono (intervinieron su línea) en la que habla por ejemplo de la importancia de cerrar un contrato de basuras antes de las elecciones en vista de que el PP pudiera perder la Alcaldía y la Diputación de Alicante, así como habla de cómo ha habido que “darle cariño” a alguno de los alcaldes de la zona para que aceptara el trato (entendiéndose “darle cariño” como algún tipo de soborno o favor). En las mismas conversaciones se identifica como “José Vicente, el SUFI”.

En el informe de Alcázar este auditor dio la mejor calificación a la oferta de FCC, que hay que recordar ya se llevó el contrato de Aguas de Alcázar ya que ahora FCC y Aqualia son la misma empresa. La oferta de FCC, si bien era la que más servicios ofrecía según el informe, era también la más cara, por encima de la de la actual empresa que se encarga de ello, CESPA.

En la Comunidad de Madrid se ha señalado a la empresa SUFI por el pago de comisiones a alcaldes del PP a cambio de darle contratos públicos a las Uniones Temporales de Empresas (UTEs) de SUFI y FCC.

En las grabaciones del caso Brugal en las que participa este técnico aparecen numerosas referencias a cómo se han hecho favores a alcaldes de la zona contratando a familiares suyos en empresas, dando supuestos sobornos, “abriendo el abanico”, como dicen en las conversaciones e indicando qué empresas deben ganar los servicios públicos y cómo se debe alterar los concursos para que sus empresas se lleven el dinero público.

Ante el escándalo que ha supuesto esto en Alcázar de San Juan, donde ya Aqualia (Aqualia-FCC) se ha llevado un contrato de agua que la justicia ha declarado nulo por las formas en cómo se licitó, todos estos hechos han levantado indignación ante lo que no hay nada ilegal en el proceso, pero si inmoral especialmente con la presencia de esta persona. Las sospechas sobre la limpieza del proceso han obligado al Ayuntamiento a suspenderlo completamente y emprenderlo de cero.

Desde el Ayuntamiento, el alcalde Diego Ortega indicaba que no sabía que este auditor estaba imputado por estos casos, a pesar de que basta una búsqueda rápida en Internet para encontrar archivos del caso, conversaciones incluidas, un caso que lleva en instrucción desde diciembre. “Para despejar las dudas y evitar suspicacias se encargará un segundo informe externo, probablemente a un técnico de la Junta o de otro ayuntamiento”. Puede ser que el informe del auditor sea correcto, pero ante las dudas y el historial que levanta un encausado por precisamente alterar valoraciones de ofertas públicas, el informe se rehará.

Independientemente de ello, a este técnico habrá que pagarle por su trabajo, una contratación que al suponerse menor de 18.000 euros no es necesario que se publicara oficialmente.

Un caso más de errores en la concesión de contratos públicos del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (precisamente con la concesión a la misma empresa el contrato del agua y este) que ha indignado a la oposición indicando que “no sabemos si el Gobierno local es ignorante, lo hacen a propósito o es dejadez en sus funciones”.

Indiferente a las críticas que ha suscitado el anuncio del cambio del nombre del Parque Picasso a Eugenio Molina, último edil franquista, en Alcázar de San Juan, el alcalde de la localidad ha salido en defensa de su decisión. Diego Ortega, alcalde del Partido Popular, ha señalado que cambiar el nombre del parque se debe a sus logros, y que no tiene nada que ver con la ideología del vecino de la localidad manchega. Entre ellos, Ortega ha señalado la construcción del antiguo Hospital Comarcal o el polígono de descongestión de Madrid en Alcázar de San Juan.

El actual edil manchego ha señalado que el antiguo alcalde franquista se puede considerar como un ejemplo de servicio público, añadiendo, incluso, que tenía un espíritu de reconciliación, que ha sabido “inspirar en la transición política”. En un comunicado de prensa, Ortega ha señalado que el edil destacaba por su espíritu de “consenso y reconciliación”, que abrió “la institución municipal a la democracia” y fue pionero en instalar en Alcázar “un espíritu democrático”. Diego Ortega ha querido remarcar también que no existe una información oficial que designe el parque en cuestión como Picasso, incluso tampoco “en la conciencia ciudadana”. Tanto el colegio como el pabellón deportivo que se encuentran en las cercanías se llaman así.

Ortega ha aprovechado la oportunidad también para señalar que, mientras nadie duda de los logros de Eugenio Molina, si es discutible lo logrado por Pablo Iglesias, fundador del PSOE, quien tiene una avenida en su nombre. Además, añadió que durante los años en los que los socialistas gobernaban en Alcázar de San Juan se hizo homenaje a varios alcaldes “anteriores a la democracia”, como el caso del primer alcalde del período, Bonifacio Romero. El “popular” ha señalado que se trata de reconocer su labor, independientes del periodo en el que gobernaron.

El alcalde de Alcázar de San Juan defendió también su decisión en la última entrevista realizada en el programa ‘El Cascabel’ de 13TV, donde señaló que “todos saben el progreso que trajo Eugenio Molina Muñoz”. Por otra parte, el Partido Popular de Alcázar de San Juan ha querido lanzar una campaña a través de Twitter con el hashtag #GraciasDonEugenio, que no ha generado repercusión más allá de la cuenta del partido en la localidad manchega.

Tanto el PSOE como Izquierda Unida han criticado la decisión anunciada por el Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos por Alcázar. El portavoz socialista de la localidad, Javier Ortega, ha señalado que Molina fue “elegido por Franco”, no por los ciudadanos, y que homenajear a figuras como Molina “es volver atrás”. Por otro lado, Izquierda Unida ha señalado que consideran al franquismo como un “régimen ilegítimo” y que mantienen su compromiso con la memoria histórica de las víctimas del mismo.

La sentencia decretaba la semana pasada que el proceso de venta del 52% de la empresa pública 'Aguas de Alcázar' de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) quedaba nulo. Una nulidad que no obstante no quiere decir que el proceso se paralice, sino que la justicia contempla que la forma de llevarse a cabo es nula (por no informar a los partidos de oposición del Pleno municipal como estipula la ley así como por hacerlo por vía de urgencia cuando no estaba justificado hacerlo así), sino que la justicia decreta que no es correcto y que debe reemprenderse. Para que se paralice, la parte demandante (el PSOE local) debe pedir la paralización cautelar del proceso y la ejecución provisional de la sentencia demostrando que seguir con el proceso traería perjuicios al próximo Gobierno local.

A esa sentencia le seguían las valoraciones de los socialistas así como del partido en el poder, el Partido Popular (en coalición con 'Ciudadanos por Alcázar'). Diego Ortega, el alcalde alcazareño, señalaba que esta sentencia “no cambia nada” y que el proceso sigue adelante, que solo se había señalado un mero error en las formas “pero no en el fondo”. Algo que según la Plataforma contra la Privatización del Agua de Alcázar es mentira, acusando una vez más a Ortega de mentir (reiteradamente) y pidiéndole que se marche ya del Consistorio al considerar que ha quedado ya deslegitimado para los poco más de dos meses que quedan de legislatura.

La propia Memoria que se encargaba de regir el proceso de la privatización de 'Aguas de Alcázar' tiene ocho puntos. Los ocho puntos tienen que seguirse paso a paso, uno a uno y aprobándose el anterior para pasar al siguiente. Esos puntos son los siguientes:  

Es ese paso 4, el de la aprobación en Pleno, lo que ha quedado anulado, lo que quiere decir que todos los pasos posteriores también quedan anulados. Por tanto, el proceso debe rehacerse desde ese punto y por tanto, según la Plataforma, sí implica cambios en todo el proceso, que no queda paralizado pero sí muy retrasado. Ahora quedan pendientes las alegaciones que se puedan hacer a la sentencia ya que no es firme, pero la resolución de esas alegaciones llegarán, como pronto, para final de año, por lo que será un nuevo gobierno local el que se encargaría de esa gestión.

La Plataforma también ha pedido a Ortega que “deje de derrochar. Que no cause más daño ni más perjuicios ni más gastos al Ayuntamiento y a los vecinos. Que detenga la sangría económica que está sufriendo nuestro pueblo. Que no hipoteque más la tarea del futuro nuevo equipo de gobierno”. También han añadido “que respete y diga la verdad y que deje ya su soberbia y su prepotencia”.

Diego Ortega, alcalde de Alcázar de San Juan e impulsor del proyecto de vender el 52% de la empresa pública 'Aguas de Alcázar', ha restado importancia a la decisión del tribunal contencioso-administrativo de Ciudad Real de anular la venta de la empresa. Ortega considera que la sentencia simplemente entra a explicar que ha habido deficiencias en la forma de hacer el proceso, pero no lo declara ilegal ni ve defecto alguno en la venta en sí.

Ortega hace una interpretación diferente de la sentencia, indicando que ni el convenio con Aqualia para la gestión del agua pública ha quedado anulado ni supone ninguna consecuencia el auto judicial. El propio auto indica que el Pleno en el que se decidió la venta de la empresa es nulo, así como todas las decisiones tomadas posteriormente en torno al tema (mesa de contratación, firma del contrato con Aqualia, etc.), pero Ortega niega que todo esto sea así y critica al PSOE de “falso triunfalismo” por una sentencia que “no cambia nada”, a juicio de Ortega. “Es un simple aspecto formal”.

Es decir, que aunque ese Pleno y todo lo votado en él (como la venta de la empresa) quede anulado, considera que ello no es así y sigue adelante. Para hacerlo se refiere a otro Pleno de mayo de 2014 en el que se volvió a votar la venta de la empresa. Este Pleno se celebró una vez se subsanaron defectos de forma a lo largo de octubre de 2013 a mayo de 2014, y considera Ortega que, si el pleno de octubre está anulado, el de mayo no y en mayo se volvió a votar lo mismo. Una interpretación particular de la sentencia judicial que habrá que ver si es la determinada por la justicia, que indica que todo lo hecho posteriormente en torno a la venta de 'Aguas de Alcázar' está anulado.

El alcalde ha adelantado que el Ayuntamiento recurrirá no obstante la sentencia conocida, pero destaca que aunque se ratifique la sentencia de anulación del Pleno, la venta y contrato con Aqualia van a seguir adelante. Indica que la anulación se produce por un aspecto “exclusivamente formal, pero no es motivo para anular todo”.

“Rosa Melchor utiliza la sentencia para manipular, confundir y alarmar, como hacen siempre, a los vecinos. No sería la primera vez que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contradice una sentencia previa del Contencioso-Administrativo y nos acaba dando la razón en el tema de 'Aguas de Alcázar'. Han vuelto a usar el tema con mala fe y mala intención, cuando deberían estar agradecidos por solucionar el problema que ellos crearon, garantizando la viabilidad de la empresa”.

El proceso, de forma cautelar, no se paraliza puesto que para ello tiene que pedirlo la demandante de este recurso (Rosa Melchor, la candidata a alcaldesa por el PSOE) o que la justicia resuelva todas las apelaciones que habrá. Mientras estas no estén resueltas, el proceso no se paraliza, salvo que la justicia decida lo contrario.

La venta de 'Aguas de Alcázar', o concretamente el 52% de la misma, queda anulada. La justicia decreta que Alcázar de San Juan debe seguir teniendo su agua pública después de que el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 haya admitido un recurso de Rosa Melchor, candidata a la Alcaldía de Alcázar, por la que todo el proceso de la venta de la empresa de aguas queda anulado. A este auto judicial cabe apelación en los próximos quince días por el Ayuntamiento, pero la resolución de la apelación llevaría varios meses, fácilmente hasta final de 2015. De manera cautelar el proceso no se paraliza sino que tiene que ser la denunciante (Rosa Melchor) la que pida que se pare el proceso.

Todo viene curiosamente no de que sea ilegal su venta sino el proceso que el Ayuntamiento presidido por Diego Ortega (PP) ha llevado a cabo para hacerlo. Concretamente viene del Pleno del 14 de octubre, que fue la sesión en la que se aprobó la venta. Esa sesión se convocó con carácter extraordinario, algo que la justicia avala “cuando existe un proceso que requiere la máxima velocidad de ser llevado a trámite”. Pero el mismo auto indica que “nada habría cambiado si el Pleno se hubiese ordenado dos días después por vía ordinaria” y de hecho indica también que “el declararlo extraordinario se hizo para saltarse diversos trámites legales de información del proceso, especialmente con la oposición”. Una oposición, los concejales del PSOE, que no recibieron la información del Pleno, alegaciones y puntos del día hasta el viernes 11 en algunos casos mientras que otros documentos los recibieron el mismo día del Pleno a primera hora.

La justicia indica que “se debe aportar la documentación de los argumentos a debatir mínimo con dos días laborables de antelación. El día 12 de octubre era festivo, mientras que el 13 era domingo, por lo que no dispusieron de ese tiempo para preparar una oposición o estudiar la documentación”. Por otro lado las apelaciones a la venta de la empresa eran 110 folios que recibieron el mismo día del Pleno “siendo imposible preparar una respuesta”, según el auto. Por ello, por las formas tomadas por el Ayuntamiento, la justicia anula todo ese Pleno y lo que se dispusiera en él, así como todo lo que se aprobase posteriormente en relación con el mismo. Es decir, que se anula la venta de 'Aguas de Alcázar' a Aqualia, la mesa de contratación, el contrato firmado entre Ayuntamiento y Aqualia y todo lo relacionado con el caso, ya que el Pleno del 14 de octubre fue el de la venta de la empresa.

Desde la Plataforma indican que “no sabemos cómo sentirnos. Nos ha pillado de sorpresa y no sabemos si esto ya es real o solo más burocracia”. El auto ha sorprendido a todos los implicados en el caso, también a quien puso esa denuncia, Rosa Melchor, que ha indicado a este medio que “por fin se hace justicia. Hemos conseguido la clave que era llegar a las elecciones sin la empresa vendida. Ahora en las elecciones podrá ganar otro partido y ya se habrá acabado la venta de la empresa. La clave era llegar a las elecciones y lo hemos conseguido, el agua seguirá siendo pública”.

A 24 de mayo, fecha de las próximas elecciones, 'Aguas de Alcázar' será pública si Diego Ortega no es reelegido alcalde de Alcázar de San Juan. Si Ortega vuelve a ser alcalde la justicia resolverá el recurso de apelación al auto de Rosa Melchor decidiendo si accede a atender las alegaciones con Consistorio o si las rechaza, bloqueando finalmente el proceso.

La Plataforma contra la privatización del agua lleva desde hace casi dos años luchando por lograrlo, y este auto es un duro golpe para el gobierno de coalición PP-Ciudadanos por Alcázar que se había empeñado en hacer el proceso a pesar del rechazo de la ciudadanía (un 94% de alcazareños lo había rechazado en referéndum). Queda por saber en qué quedaría el contrato con Aqualia en caso de paralización y si el Ayuntamiento tendrá que pagar a esa empresa una indemnización por no poder finalmente ejercer la actividad, algo que está por ver pero que sí se contemplaba en el contrato con la empresa. Sí que tendrá que pagar costas del proceso judicial el Ayuntamiento, como indica el auto.

Siguientes pasos a seguir

El proceso queda anulado pero no paralizado. Para paralizarse, la demandante (Rosa Melchor) debe pedirlo a la justicia alegando los posibles inconvenientes que acarrearía seguir con el proceso. La paralización del proceso se daría solo definitivamente y cuando la justicia resolviese las apelaciones. Es decir, que de manera cautelar el proceso sigue en pie mientras decide la justicia, aunque este tribunal lo haya anulado.

Toda apelación serviría para prolongar el proceso, pudiendo elevarlo al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha e incluso al Supremo para que durante unos meses más se continúe con el proceso. En primer lugar la justicia debe resolver el recurso que con toda seguridad presentará el Ayuntamiento en los próximos días a este auto, una resolución que se daría para final de año con facilidad. Si hubiese más recursos, el proceso sería el mismo, siguiendo en pie hasta que todos quedasen resueltos. Ahí sería el paso en que el proceso quedaría ya definitivamente anulado. Algo que por otra parte es de esperar con la sentencia tomada por el tribunal, pero los recursos podrían usarse para alargar en el tiempo los plazos (algo que también aumentaría los costes de la operación al Ayuntamiento y a su vez a todos los alcazareños).

La concejala socialista Ana Belén Tejado, una de las candidatas a las primarias del partido en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), ha presentado un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Ciudad Real para que se declare la nulidad de la venta de 'Aguas de Alcázar' a FCC-Aqualia, como ha hecho el actual gobierno de coalición de PP y 'Ciudadanos por Alcázar'. Tejado presentó este recurso del 6 de noviembre y era la única persona que podía hacerlo.

Hasta el 24 de octubre lo habría podido hacer cualquier ciudadano: pasa esa fecha solo lo podía hacer ella ya que presentó en septiembre un recurso anterior que solicitaba lo mismo. Al haber abierto un trámite legal con anterioridad, este recurso entra dentro de esos plazos, de ahí que Tejado fuese la única persona que ahora podía recurrir fuera de plazo para las demás personas. Aquel recurso de septiembre, ha señalado Tejado, lo presentó “a título personal y como concejal”, es decir, no es el PSOE quien lo ha realizado sino ella misma.

El recurso se basa en la necesidad de que hubiera mayoría parlamentaria a la hora de votar a favor de la venta de la empresa pública, considerando Tejado que está muy claro el hecho porque de los 21 concejales del Ayuntamiento, solo 9 votaron a favor, cuando son necesarios 11. El hecho de que con 9 concejales se aprobase es porque faltaron algunos ediles (ausencias “sospechosas” según señaló la Plataforma contra la privatización de Aguas de Alcázar). “Es una cuestión numérica, hacen falta 11 y fueron 9. Es nulo según la Ley”.

Cabe recordar que la venta de 'Aguas de Alcázar' se realizó con la celebración de un Pleno por vía extraordinaria en el que según los socialistas, ni se enteraron de qué ocurría ni de por qué se organizaba. Tampoco tuvieron la documentación necesaria para valorar los hechos y no supieron de la venta de la empresa hasta el inicio de la sesión. Tampoco asistió público ni ninguna persona externa al Ayuntamiento ya que nadie lo supo.

“Llevan más de tres años no respetando los derechos de los ciudadanos y concejales, insultándolos y menospreciándolos. Este asunto requiere publicidad y transparencia y no el secretismo con el que lo aprobaron. Estaban malvendiendo el patrimonio y querían ocultarlo. La venta solo era urgente para Ortega y Montealegre -Diego Ortega, alcalde de Alcázar, y Ángel Montealegre, concejal de Ciudadanos por Alcázar- para coger cuanto antes el dinero del préstamos para tapar los agujeros de su gestión económica y poder inaugurar obras antes de acabar su mandato”.

El recurso incide en que el acuerdo del Pleno es nulo porque no cumple el artículo 47.3 de la Ley 7/85 reguladora de las Bases de Régimen Local.

“No podía dejar de presentar el recurso. Es un compromiso personal, moral y político con todos los vecinos de Alcázar y con la Plataforma en Defensa del Agua Pública de hacer todo lo que estuviera en mis manos para paralizar la venta y recuperar la empresa lo antes posible”.

Antes en la clandestinidad se movía la droga, se traficaba con cualquier bien ilegal y se movían actividades al margen de la ley o que no debían ser vistas. Desde lo más sórdido a lo no aceptado socialmente. Ahora en la clandestinidad se aprueban leyes, se crean decretos y se conceden empresas.

Dicen que la ley está para cumplirla, pero difícil de llevar a cabo cuando el que la incumple es el que las dicta. Más aún cuando el que la incumple dice qué está bien y qué no. Y si algo no está bien, ya se encargará de hacer (o al menos que parezca) que lo esté. Antes un ciudadano votaba pensando en quien podrá representarle en un ayuntamiento (o en otro órgano), con la esperanza de que hará lo mejor para el bien común. Pobres ilusos.

Usted puede estar de vacaciones (bien merecidas; enhorabuena si es usted uno de los ocupados de la región, ya que por otra parte, es un privilegiado) y al volver, que su ayuntamiento le haya sorprendido con que la empresa de aguas municipal ya no es pública. ¡Sorpresa! ¡El mes que viene le llegará una factura nueva! Tranquilo, no busque entre el programa de gobierno del partido que ostenta la alcaldía (que no ganador), ya que no lo encontrará por ningún lado. Encontrará que usted votó en un referéndum allá por el mes de marzo en el que le preguntaron si quería que la empresa fuese pública. Ganó el “sí” con un 99% de votos. Entonces, ¿qué ha podido pasar? ¿Por qué no se ha pasado a un pleno ordinario? ¿Por qué no se ha escuchado a la gente? ¿Por qué se ha aprobado en un pleno organizado sin previo aviso, en plenas vacaciones, escondiéndose de la gente?

Pues sí, así fue. La venta de 'Aguas de Alcázar' esta semana se hizo en un pleno organizado horas antes, que no sabía nadie de su celebración. Minutos antes por las redes sociales se avisaban unos a otros: “oye, que van a vender 'aguas' esta tarde, a las 18:00”. Y lógicamente, uno dudaba del mensaje. Porque no estaba dentro de la agenda, de la hoja de ruta que había que seguir para realizar el proceso. Premeditación, alevosía, y no había nocturnidad porque estamos en verano y hay luz a esa hora. Fue tan a la carrera que ni la oposición se enteró de que se iba a hacer un pleno, por vía de urgencia. Haciendo el mínimo trámite legal que hay que hacer (aprobarlo en pleno). Pero claro, nadie indica cuándo debe ser ese pleno, a qué hora, ni si hay que avisarlo con días de antelación. Cumpliendo la ley. Pero escondiéndose cual ratas.

¿Qué tiene que temer alguien que hace las cosas mal? A su propia conciencia. Al saber que, aunque lo esté haciendo, no es correcto. Que no hace el trabajo para el que fue elegido, es decir, el de hacer lo mejor para sus ciudadanos. Que se ríe de la democracia. Y de su vecino del segundo. Y del tercero. Y del de la panadería de enfrente. Elegidos para representar a unos vecinos a los que insultan, a los que amenazan, a los que denigran. Y si hago algo ilegal, usted no se preocupe porque ya cambiaré la ley para que no lo sea. Porque yo soy la autoridad.

Cuando se siente acorralado, el ser humano puede reaccionar de muchas maneras distintas: unos se esconden, otros corren como pollos sin cabeza, los hay que en un ademán de furia intentan vencer a quien les acorrala y los hay quienes intentan ver que el riesgo no es tal. Formas diferentes de actuar, ninguna adecuada para quien debe representar al pueblo. El primer error es pensar que el pueblo te acorrala, cuando son los que te han elegido. Es creer que la autoridad eres tú, cuando no, son los ciudadanos. Las 11.000 firmas son la autoridad. Los más de 3.000 votos a favor del agua pública. Esos son la autoridad.

Decía Ángel Puente (portavoz del grupo popular en el ayuntamiento y concejal) a algunos vecinos: “cuando deje de ser concejal os va a faltar pueblo para correr”. Como si fuera un patio de colegio. Como si viviésemos en el salvaje oeste. ¿Por qué habrá que esperar tanto tiempo, sr. Puente? ¿Tanto le interesa aguantar el tipo? ¿Puede quedarle a alguien que desprecia a sus propios vecinos y votantes aún un ápice de dignidad? Cuando los representantes del pueblo lo amenazan, es que algo estamos haciendo mal en la democracia. Una democracia debe dejar de ser echar un sobre en una urna cada 4 años para que 'los elegidos' tengan carta blanca para hacer y deshacer.

Pero no se preocupen, alcazareños. No les subirá la factura del agua. Bueno, quizá sí, pero el señor Diego Ortega se comprometió a que no subiría más del IPC, y que si subía más, lo pagaría de su bolsillo. Delante de la gente y delante de un servidor que lo escuchó por sus propios oídos, en ese ayuntamiento que pertenece a los ciudadanos pero del que se permiten echar a gente. Supongo que en el próximo pleno municipal el señor Ortega pondrá su número de cuenta corriente al que pasarle las facturas del agua en caso de que suban más de lo estipulado. Al fin y al cabo el precio ya es una decisión que le corresponde a Aqualia, y que lógicamente es una empresa cuya función es ganar dinero. Tranquilos, el señor Ortega se encargará de todo, ¿o acaso será una mentira más?

Hasta el próximo día 16 de junio está abierto el plazo para que los interesados presenten ofertas para adquirir el 52,38 % del capital social de “Aguas de Alcázar Empresa Municipal, Sociedad Anónima” y constituir junto al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan una empresa mixta para la gestión del servicio del ciclo integral del agua durante veinticinco años.

El socio privado podrá comprar la mayoría de las acciones por un total de 66.111,32 euros, más 1.075.811,66 euros de abono de una “prima de emisión”. Además debe prestar o suscribir un préstamo a favor de la sociedad por 6.525.876,00 euros, reembolsable con intereses (calculados en un 6 % TAE), para financiar el pago de la deuda que tiene contraída Aguas de Alcázar con el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, su hasta ahora accionista único.

También la oferta incluirá una cuantía mínima que la nueva empresa mixta deberá destinar a obras de naturaleza hidráulica durante los 25 años indicados, que no podrá ser inferior a 3 millones de euros ni superior a 4,5 millones. Bien entendido que estas obras no las financiará el socio privado sino la sociedad mixta con sus recursos, obtenidos de la recaudación del servicio o acudiendo a préstamo.

El socio privado tendrá garantizado un ingreso de entre un 7 % y un 10 % de la facturación, excluidos impuesto, que se calcula en 4.450.000 millones de euros al año, en concepto de retribución por su “saber hacer”. Eso al margen de lo que perciba por el beneficio asociado a su participación, mayoritaria, en el capital social.

Finalmente se prevé que la nueva empresa abone al Ayuntamiento por la explotación del servicio un 5 % anual sobre la facturación del ciclo integral del agua, excluidos impuestos, por el “uso” de las infraestructuras. El socio privado deberá anticipar como mínimo 500.000 euros de ese canon al Ayuntamiento, aunque lo recuperaría posteriormente al repercutirlo sobre la sociedad mixta.

Negocio garantizado para el socio privado

En definitiva la aportación inicial de ese socio que se busca sería de 1,7 millones aproximadamente, sumando coste de acciones y prima de emisión junto a anticipo de canon. Además debe aportar un préstamo de 6,5 millones a un 6 % TAE de interés. El canon anticipado lo recuperará en sólo dos años porque se ha previsto entre los gastos de explotación anuales, el servicio de los intereses del préstamo y su amortización correrán de cuenta de la sociedad mixta durante 25 años y del resto de su aportación se resarcirá como máximo en tres años con los beneficios de la explotación y con el ingreso que tiene garantizado, de hasta un 10 % de la facturación anual (450.000 euros), por su “saber hacer”.

Todo ello suponiendo que las tarifas permanezcan invariables, lo cual parece improbable cuando el propio Ayuntamiento y el socio privado se llevan hasta un 15 % de la facturación y por lo tanto tienen interés en que aumente.

Renuncia a corregir el desequilibrio de la empresa municipal

El controvertido camino que ha escogido el Ayuntamiento de Alcázar se justifica en la situación financiera de la empresa municipal, ya que no en los resultados de explotación que siguen siendo positivos con unos costes inferiores en más de 200.000 euros a los ingresos que se obtienen.

El desequilibrio financiero se debe a la deuda que mantiene con el propio Ayuntamiento, su propietario único. Para corregirlo la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local también prevé la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda realizar aportaciones patrimoniales o ampliar el capital, renunciando por ejemplo a cobrar la deuda de su sociedad.

Además para este tipo de entidad, que desarrolla una actividad de abastecimiento de aguas, la misma ley da un plazo hasta el 31 de diciembre de 2015 para la corrección del desequilibrio.

El alcalde de Alcázar de San Juan, el “popular” Diego Ortega, anunció hace un mes que el Ayuntamiento retomaría el proyecto de convertir la sociedad municipal “Aguas de Alcázar” en una empresa mixta, tras conocerse la anulación por el Tribunal central de recursos contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, del procedimiento abierto con ese fin.

Este Tribunal acordó la anulación por entender, entre otras razones, que no se había acreditado la solvencia de los socios privados seleccionados para constituir una nueva empresa por medio de la enajenación parcial de las acciones de la sociedad municipal.

Sin embargo Ortega interpretó que la anulación obedecía a razones meramente “formales” que dijo trataría de solventar corrigiendo los pliegos de contratación y abriendo un nuevo procedimiento. Eso es lo que se propone con la convocatoria este próximo miércoles a las 8 h. de la mañana de un Pleno Extraordinario del Ayuntamiento en el que por vía de urgencia pretende aprobar, con los votos del PP y de Ciudadanos por Alcázar, un nuevo concurso para seleccionar un socio privado con el que constituir una nueva sociedad mixta que gestione el servicio de aguas.

La Plataforma Ciudadana que se opone a la privatización ya ha anunciado que estará presente en el Pleno y hará valer lo que consideran que es la voluntad mayoritaria de la población manifestada en una reciente consulta ciudadana convocada por esta organización, y aseguran que continuarán con sus movilizaciones.

Por su parte Rosa Melchor, portavoz del Psoe en el Ayuntamiento y firmante del recurso que logró la anulación del anterior procedimiento, cree “asombroso que vuelvan otra vez a empezar como empezaron la otra vez. Una cosa tan urgente en medio de una campaña electoral, nos parece mal que vuelvan a intentarlo”. Para Melchor ha quedado claro que “la inmensa mayoría de la gente no quiere y por ello seguiremos trabajando en la misma línea que hemos trabajado estos meses, examinando los pliegos y si cometen otro error, volveremos a llevarlo a los tribunales.”

Inviabilidad de la empresa mixta

Con la entrada en vigor de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la conocida como “reforma local”, no parece viable la fórmula que pretende el gobierno municipal de Alcázar, que sí lo era antes del 31 de diciembre de 2013.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha publicado una “Nota explicativa de la reforma local” en su web. En la página 13 de esta guía se hace referencia a las entidades directamente dependientes de “segundo nivel” y en cuanto a futuros proyectos de constitución se dice textualmente: “La norma establece como regla taxativa, de carácter general, que los organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes que estén adscritos, vinculados o sean dependientes, a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a cualquiera de las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley [Municipio, Provincia e Isla] o de sus organismos autónomos, no podrán constituir, participar en la constitución ni adquirir nuevos entes de cualquier tipología, independientemente de su clasificación sectorial en términos de contabilidad nacional.”

Y para mayor claridad continúa: “en consecuencia, queda vedada la constitución de entidades dependientes de otras dependientes directamente de las entidades locales, con independencia de la situación financiera de estas últimas y de la clasificación institucional de las primeras.”

Sin embargo cuando desde eldiario.es/clm advertimos de esta circunstancia el alcalde Diego Ortega, en declaraciones a La Tribuna de Ciudad Real, reiteró su intención y dijo que Aguas de Alcázar «se convertirá en una empresa de capital mixto», al tiempo que sostuvo que la ley de racionalización y sostenibilidad local «no supone ningún problema» para esta conversión. Será por tanto el Ministerio o los Tribunales quienes aclaren definitivamente la cuestión.

Disolver o reflotar la sociedad

Si se confirmase que queda descartada la posibilidad de constituir una sociedad mixta a partir de la empresa municipal Aguas de Alcázar, la misma Ley 27/2013 obliga al Ayuntamiento de Alcázar a adoptar medidas inmediatas para corregir el desequilibrio financiero de la sociedad, que sirve de argumento para justificar la venta de acciones a un socio privado y constituir una nueva empresa. En concreto para este tipo de entidad, que desarrolla una actividad de abastecimiento de aguas, se da un plazo hasta el 31 de diciembre de 2015 para la corrección del desequilibrio y si no se ha logrado se debería proceder a la disolución automática a 1 de diciembre de 2016.

El desequilibrio financiero se identifica con la necesidad de financiación o con la existencia de resultados negativos de explotación en los dos últimos ejercicios contables consecutivos, como es el caso de Aguas de Alcázar, sobre todo por una deuda que mantiene con el propio Ayuntamiento, su propietario único.

Para corregir el desequilibrio la norma señala que el Ayuntamiento podrá realizar aportaciones patrimoniales o suscribir ampliaciones de capital siempre que en el ejercicio presupuestario anterior hubiera cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y su periodo medio de pago a proveedores no supere en más de treinta días el plazo establecido en la normativa de morosidad.

Ante la resolución del Tribunal de Recursos Contractuales, que paraliza la adjudicación de la empresa municipal que gestiona las aguas de Alcázar de San Juan, el alcalde de la localidad, Diego Ortega, ha ofrecido una rueda de prensa en Ciudad Real, en la que ha recalcado que la resolución carece de carácter legislativo, siendo realmente un documento administrativo. Así, ha insistido en que el cambio de gestión significaría una mejora para el servicio y que daría viabilidad a una empresa que, tal como anuncia Ortega, el exalcalde socialista de la localidad ya había reconocido estar en quiebra. Ha señalado también que si se “hace caso a las pretensiones del PSOE”, los 30 vecinos que trabajan en la empresa, cuyos puestos de empleo se mantendrían con la adjudicación a Aqualia según el Gobierno Municipal, “podrían quedarse en la calle”. No ha dejado de señalar a Sánchez Bódalo, como una “falta de legitimación” del PSOE, al mantenerlo como concejal y vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real.

En el mismo evento, el portavoz adjunto del Partido Popular de Castilla-la Mancha, Miguel Ángel Rodríguez no ha hecho declaraciones respecto al agua, excepto al recalcar también que el Tribunal de Recursos Contractuales carece de función jurisdiccional, pero si ha criticado las actuaciones de Emiliano García Page, secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, y de Rosa Melchor, representante socialista en el Gobierno Municipal de Alcázar. Ha señalado que el PSOE no puede hablar de “calmar las aguas”, cuando “son ellos los que están enredando y propiciando el clima de enfrentamiento en Alcázar”. Rodríguez ha afirmado también que la rueda de prensa en Toledo de Melchor ha sido “una bofetada a Page, que tiene privatizado casi todo en su Ayuntamiento, sobre todo la gestión del agua”.

Por su parte, Rosa Melchor ha hecho un llamado al alcalde de Alcázar a parar el proceso de privatización y a cesar a los responsables directos del problema, y a negociar el futuro de la empresa Aguas de Alcázar para que siga siendo una empresa pública y viable. Mientras ha recalcado la satisfacción de la gran mayoría de los ciudadanos por la anulación de la privatización de la gestión del agua, ha afirmado que la sentencia supone un ‘varapalo’ a la política de los dirigentes del Partido Popular en la región. Melchor ha acusado a Ortega de querer “hacer méritos ante Cospedal”, al querer seguir adelante con el proceso de privatización. La socialista ha señalado también que tendrá en contra a los 11.000 vecinos que firmaron contra este proceso y a los cerca de 8.000 ciudadanos que participaron en el evento de la Consulta Ciudadana, puesta en marcha por la Plataforma Contra la Privatización de las Aguas.

El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan se propone subsanar las deficiencias puestas de manifiesto por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en la transformación de la empresa pública Aguas de Alcázar en una sociedad mixta, incorporando empresas privadas.

El Tribunal anuló la licitación, por lo que el Ayuntamiento deberá reiniciar el procedimiento al completo, corrigiendo los motivos de nulidad estimados por el Tribunal, tales como la “falta de aptitud para contratar” de las empresas licitantes y la falta de acreditación de la solvencia de la sociedad a constituir.

El Alcalde de Alcázar, por medio de un comunicado, ha declarado que la prioridad de su equipo de Gobierno es la de “dar viabilidad económica a la empresa, mantener los puestos de trabajo y no incrementar el precio de la factura” e insiste en la situación de “quiebra” de la empresa pública de Aguas por existir una deuda contraída de más de ocho millones de euros.

Por otra parte quien fue alcalde de Alcázar de San Juan, José Fernando Sánchez Bódalo, ha comparecido en el Juzgado, entre insultos de algunas personas concentradas en la puerta, para responder por la denuncia interpuesta por el Partido Popular en relación con la gestión de Aguas de Alcázar. Sánchez Bódalo ha defendido su gestión, que se hizo con transparencia y de forma “correcta”, por lo que interpreta que la denuncia del PP como el deseo de ensombrecer dicha gestión para lo que se habrían dedicado recursos públicos en acciones judiciales.

Respecto de la supuesta deuda de Aguas de Alcázar, Sánchez Bódalo ha explicado que es una “deuda contable” de la empresa con el Ayuntamiento, que es su exclusivo accionista, y que habitualmente se compensaba entre ambas entidades, por lo que no cabría argumentar situación de quiebra sino es para justificar la privatización.