El Gobierno de Canarias solicitará a la Unión Europea que promueva un marco regulador del autoconsumo de electricidad en sus estados miembros, que evite que los gobiernos nacionales bloqueen esa modalidad, como considera que está haciendo el ministerio español de Industria y Energía.

La consejera de Industria y Energía en funciones de Canarias, Francisca Luengo (PSOE), se queja de que el ministro del área, José Manuel Soria (PP), “no tiene en cuenta ninguna de las alegaciones” que ha formulado la comunidad respecto al borrador del real decreto que regulará en España el autoconsumo.

Esas alegaciones, precisa, atañen “básicamente a los peajes de respaldo, el balance neto horario, la posibilidad de almacenamiento de energía, la limitación de potencia y la necesidad de mejorar el procedimiento administrativo”, que estima “confuso y complicado”.

“No hay razones técnicas que justifiquen el bloqueo del ministro Soria al autoconsumo y la pregunta que nos hacemos es por qué no le interesa promover una modalidad que tiene beneficios demostrables, especialmente para una región ultraperiférica como Canarias”, argumenta Luengo, en un comunicado de prensa.

Por ese motivo, anuncia que la semana próxima viajará a Bruselas para “buscar el apoyo de la UE” y tratar de que “impida este freno al autoconsumo”, con “un marco regulatorio que lo impulse”.

El Gobierno de Canarias explica que apuesta por el autoconsumo porque lo considera “un complemento importante al sistema actual” y porque encaja en sus objetivos en esta materia: reducir la dependencia energética de las Islas, diversificar sus fuentes de abastecimiento de electricidad y limitar las emisiones de CO2.

“Necesitamos la ayuda de la UE, necesitamos recursos y una atención específica a las regiones ultraperiféricas. Y por eso, la próxima semana volveremos a Bruselas a reclamar un marco regulador adecuado”, adelanta Francisco Luengo.

La consejera canaria denuncia que el real decreto que prepara el Ministerio de Industria “impide el autoconsumo doméstico, ya que no se pagará el excedente de energía vertida a red, no se permite utilizar baterías de almacenamiento y no se regula el balance neto; es decir, no se prevé la compensación entre la energía generada y la consumida, dejando este aspecto a expensas de un acuerdo entre consumidor y comercializadora”.

Luengo viajará a Bruselas para demandar esta regulación comunitaria acompañada de representantes de las asociaciones de energías renovables de Canarias y del sector industrial.

La consejera canaria de Empleo, Francisca Luengo, ha denunciado este lunes en la conferencia sectorial del área que el Estado “se queda con 700 millones de euros de empleo que en realidad corresponden a las comunidades autónomas y no explica para qué ni cómo los va a gestionar”.

Luengo, que ha acudido a la reunión que se celebra en Madrid junto al director general del Servicio Canario de Empleo, Alejandro Martín, ha manifestado que “esta centralización de las políticas activas de empleo supone que Canarias reciba 25 millones menos”.

En relación a este asunto, la consejera ha anunciado que Canarias pedirá un informe jurídico “para saber si es posible recuperar esos fondos en el ejercicio de sus competencias”.

La consejera ha destacado que Canarias obtiene el primer puesto de todas las comunidades autónomas en la gestión de las políticas activas de empleo.

Pese a ello, ha criticado, esta comunidad autónoma “no ve suficientemente reflejado en su presupuesto esa buena gestión, ya que tan solo se nos da 14 millones por ello”.

Canarias recibirá este año 89 millones de euros para empleo, “cantidad insuficiente para atender a sus 256.000 desempleados”, ha afirmado Luengo, quien ha subrayado que el Estado “aún debe la reposición del PIEC”.

La consejera ha solicitado a la ministra Báñez que se haga público el puesto en que han quedado cada una de las comunidades autónomas.

“El Gobierno del PP no apuesta por la emprendeduría y para demostrarlo vale un dato: el año pasado nos dieron 1,4 millones de euros y en Canarias se repartieron ocho por las peticiones de los emprendedores. Este año tenemos ya peticiones por once millones y nos dan otra vez poco más de millón y medio, que el Gobierno de Canarias sufragará con fondos propios como ya hizo el año pasado”, ha referido.

Luengo ha mostrado su sorpresa porque la ministra “va a gastarse una importante cantidad de dinero en evaluar las políticas activas de empleo de todas las comunidades”.

Con respecto a este asunto, la consejera ha recriminado a la ministra que “invada competencias” de las comunidades autónomas “porque la evaluación es de cada comunidad”.

Además, ha advertido que “el dinero de Canarias se lo puede ahorrar porque nosotros ya las hemos evaluado y presentado en el Parlamento de Canarias”.

Luengo ha añadido que, en cambio, “no consta que el Ministerio haya hecho evaluación alguna de sus políticas con los fondos que se reserva cada año”.

La consejera canaria de Empleo ha pedido a la ministra “que suavice los criterios para que los desempleados que ya no cobran nada puedan acceder a los 426 euros, porque la medida está siendo un fracaso en toda España y Canarias, al tener una alta tasa de desempleo, es la que más sufre esta consecuencia”.

De igual forma, ha solicitado a Báñez que “de los fondos que se reserva, elabore un plan para atender a los jóvenes de entre 25 y 30 años que ha dejado fuera de la Garantía Juvenil y que en Canarias son 25.000, a los que atiende el Gobierno regional en solitario”.

La consejera de Empleo, Industria y Comercio, Francisca Luengo, ha afirmado este miércoles que la inversión y el desarrollo de la energía eólica en Canarias están a punto de sufrir “el segundo revés” por parte del Ministerio de Industria, que recurrirá el decreto autonómico en este ámbito.

Francisca Luengo explica que Industria ha decidido recurrir en los tribunales el decreto canario que suprime la figura del concurso y la sustituye por la autorización administrativa para adjudicar la potencia eólica por entender que invade competencias estatales.

Luengo considera “sumamente grave” que el Ministerio condene de nuevo a las Islas “a la prehistoria energética, frenando empleos e inversión en renovables con la excusa de que invadimos competencias estatales”.

De hecho, la consejera explica que “con el nuevo decreto de autorización administrativa de la potencia eólica ya eran quince los nuevos parques que habían solicitado instalarse en Canarias”.

“Nadie entiende que el Ministerio diga la semana pasada que en Canarias no se instalan los parques por la maraña administrativa cuando son ellos los que bloquean el desarrollo de la eólica”.

La consejera añade que “no se puede echar por tierra de esta manera el trabajo serio y riguroso de cuatro años” y se pregunta por qué “el Ministerio ataca el decreto que agiliza la instalación de la eólica y prefiere un modelo judicializado como es el concurso eólico”.

La política socialista añade que “los canarios han pagado ya unas cantidades desorbitadas de sus bolsillos en indemnizaciones por el concurso de 2005 y no vamos a volver a esa figura del concurso”.

Por último, la consejera pide a los que apuestan por las renovables en Canarias que defiendan el nuevo modelo energético de Canarias “que ya está en marcha” y muestren al Ministerio su rechazo a este segundo freno “injustificado” a las renovables en Canarias, “porque no hay argumento técnico ni legal que lo respalde”.

La consejera de Empleo e Industria del Gobierno canario, Francisca Luengo, ha animado este jueves a la inversión eólica en las Islas porque “las condiciones para desarrollar esta energía por fin se han desatascado y la situación ha cambiado mucho con respecto a hace dos años”.

Luengo ha destacado la necesidad de recuperar el Archipiélago como “el paraíso de renovables que puede llegar a ser” y que, “tras el parón causado por las decisiones legislativas del Ministerio de Industria y Energía”, dos años después “la eólica despega en Canarias”.

Según la consejera, han sido necesarias “muchas gestiones, conversaciones, informes, reuniones y, sobre todo, voluntad política” para entender los argumentos técnicos y económicos que demostraban “claramente” que frenar las renovables en el Archipiélago “no solo es injusto, sino más caro”.

Luengo ha asegurado que los inversores ya cuentan con una prima -“después de que el ministro José Manuel Soria la quitara al llegar en 2012”-, la planificación de las subestaciones de los parques -“para que se pueda verter a la red la energía eólica”- y otro procedimiento de autorización administrativa para instalar esta potencia, que ya está en el Consejo Consultivo para su aprobación.

La consejera también ha subrayado como importante el desbloqueo del concurso del 2007, todo ello gracias a que Canarias decidió “apostar por las renovables y no retrasar más su implantación, asumiendo las sentencias y reasignar potencia tal y como nos dijo la Justicia”.

En su opinión, el desbloqueo del concurso con la implantación de 442 mw ha supuesto que “del 8 por ciento actual en renovables se pueda pasar al 20”.

La consejera de Empleo del Gobierno canario, Francisca Luengo, ha dicho este sábado que celebra que los tribunales “tumben poco a poco” la reforma laboral del PP, partido al que pide que dé marcha atrás y la retire, y, en un comunicado, indica que en Canarias se hizo lo correcto al acordar la prórroga de los convenios colectivos.

Francisca Luengo, consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, señala que la última decisión judicial que afecta a la reforma laboral aprobada por el PP es la del Tribunal Supremo sobre la ultraactividad en los convenios colectivos.

Indica la consejera que el PP estableció en la reforma que todos los derechos de los trabajadores “quedaban prácticamente eliminados al caducar los convenios colectivos sin que las partes llegaran a un acuerdo”.

Añade que el Tribunal Supremo ha dado un “duro golpe” a uno de los pilares de la reforma laboral: el fin de la prórroga indefinida y automática de los convenios.

La sala de lo social del Tribunal Supremo ha fallado que los derechos recogidos en los convenios colectivos siguen vigentes a pesar de que hayan caducado y se haya agotado el año prórroga legal sin acuerdo.

La reforma laboral de 2012 acabó con la ultraactividad, un concepto jurídico que dictaba que los convenios colectivos se prorrogaban automáticamente de forma indefinida hasta que empresarios y trabajadores pactasen uno nuevo, de forma que limitó a un año la prórroga.

Francisca Luengo destaca que el Tribunal Supremo dice que aunque los convenios decaigan al año de expirar su vigencia por no haber acuerdo, los derechos colectivos laborales pactados pasan a ser individuales, es decir, se integran en el contrato.

“Esta es la tesis que mantuvimos en el Gobierno de Canarias y por ello firmamos un acuerdo con patronales y sindicatos para prorrogar los convenios y proteger así a los trabajadores canarios”, afirma Francisca Luengo.

De hecho, añade la consejera, los convenios colectivos se siguieron negociando en Canarias tras el acuerdo alcanzado entre las patronales canarias y UGT y CCOO para que las empresas privadas los prorroguen y no pierdan la ultraactividad eliminada en la reforma laboral, que implica su extinción.

La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo, ha dicho este miércoles que es inevitable la consagración del plan social de empleo, porque es una medida muy acertada de políticas activas de empleo al atender a las familias que no tienen ingresos y porque se cambia la ayuda social por un trabajo.

Francisca Luengo hizo esta afirmación tras reunirse con el presidente y la vicepresidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Ramón María Plasencia y Elena Luis, respectivamente, y recordó que del plan social de empleo se benefician 2.600 personas al año.

El plan social de empleo se prorroga para el próximo año, de forma que en enero se podrá comenzar, y los representantes de la Fecam destacaron la importancia de poder comenzar su aplicación en enero.

El Gobierno de Canarias destina al plan de empleo social diez millones de euros, y la misma cantidad los 88 ayuntamientos de la islas.

Este año no han participado en este plan los ayuntamientos de Yaiza y Tías (Lanzarote), mientras que el de Garafía (La Palma) lo hizo con el plan de garantías, debido en los tres casos a que los tres municipios tuvieron dificultades presupuestarias, y se espera que en 2015 el plan social de empleo sea para las 88 corporaciones municipales.

CCOO Canarias ha criticado que la plantilla del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) se vea “obligada a pagar la luz, el agua y los teléfonos para poder seguir trabajando”.

En un comunicado, el sindicato ha recordado que el pasado 27 de octubre en el Parlamento de Canarias se aprobó por unanimidad de todos sus Grupos una propuesta de Nueva Canarias, referida al Instituto Tecnológico de Canarias, según la cual el Gobierno tendrá que “garantizar la sostenibilidad financiera de esta entidad adoptando las partidas económicas suficientes en la Ley de Presupuestos Generales de la CAC para 2015 y en las próximas leyes presupuestarias”.

Sin embargo, según CCOO, la Consejera de Empleo, Industria y Comercio y Presidencia del ITC, Francisca Luengo, “ha comunicado a los representantes de los trabajadores que tampoco para este año 2015 el Gobierno destinará una partida para cubrir los costes generales de funcionamiento (agua, luz, teléfono,netc) como sí lo hace en otras empresas públicas”, de manera que el personal tendrá que seguir pagando con parte de sus salarios los costes de funcionamiento.

Además indican que la consejera ha señalado que para el 2015 “se producirá un importante déficit presupuestario que afecta al capítulo de personal”, lo que supondría que el Gobierno canario “se desmarca del acuerdo firmado el pasado 14 de febrero en el Tribunal Laboral Canario, según el cual los trabajadores recortaron sus salarios casi un 14% en los años 2014 y 2015 para dar mayor viabilidad a la empresa y evitar despidos”.

Por tanto, según el sindicato “se vuelve a poner en peligro la continuidad de los puestos de trabajo del ITC y obliga nuevamente al Comité Intercentros a demandar a la Presidenta del Consejo de Administración, Paquita Luengo, que se cumpla el Acuerdo adoptado en febrero del 2014 y que se tenga en cuenta la opinión unánime de todos los Grupos Parlamentarios para que se cumpla su mandato de dotar de suficiencia económica al ITC”.

Los sectores energético e industrial de Canarias se gestionan desde el victimismo, según el diputado del PP Manuel Fernández, pero la consejera de Empleo, Industria y Comercio, Francisca Luengo (PSOE) asegura que se debe al mal trato que el Gobierno central da a las Islas en los presupuestos.

La consejera Francisca Luengo, que este lunes compareció en comisión parlamentaria a solicitud del grupo Mixto para hablar de las consecuencias que para los sectores energético e industrial tendrán el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, insistió en criticar al Gobierno central por no tener en cuenta las diferencias del Archipiélago.

La política del presidente español, Mariano Rajoy, hacia Canarias está equivocada, en palabras de Francisca Luengo, quien aseguró que desde el Gobierno central se trata al Archipiélago canario como si fuese una parte del territorio continental, sin tener en cuenta que se trata de una región ultraperiférica.

Francisca Luengo reclamó recuperar planes como los de empleo y de infraestructuras educativas, de unos 40 millones de euros cada uno, así como por modificar el reparto del fondo de compensación territorial, y criticó los recortes que se han producido desde que el PP gobierna en España.

Recortes que afectan a ámbito fundamentales como la desalación de agua, dijo la consejera.

El diputado del grupo Popular Manuel Fernández se refirió al “victimismo de siempre” y a que se responsabiliza de los problemas de las Islas a la falta de generosidad del ministro de Industria, José Manuel Soria, para añadir que no se pueden crear industrias ficticias.

Manuel Fernández dijo que se subvenciona el transporte, la importación de mercancías y la exportación de productos elaborados porque esa es la política industrial que se puede hacer en Canarias porque “otra no se puede hacer porque no hay industria”.

Preguntó el diputado popular qué otra política industrial se quiere hacer en Canarias cuando, según sus palabras, “somos nosotros mismos los que consumimos productos de importación en lugar de productos canarios, porque somos así de buenos”.

“Fuera el victimismo”, insistió Manuel Fernández, para quien está claro que se sigue en una situación de déficit pero también recordó que en Canarias se dispone de políticas propias como el impuesto a la importación de productos, con lo que se quiere defender la producción canaria.

También dijo que para que haya industria tiene que haber quien compre, y comentó que, por ejemplo en el sector vitivinícola las instituciones canarias compran vino en la Península para venderlo en las islas, en alusión al Cabildo de Tenerife.

Manuel Fernández insistió en que hay mucho victimismo y así no se habla, añadió de que en materia de agua hay pérdidas de hasta el 40% en las conducciones de Lanzarote, por lo que reclamó que primero se corrijan los defectos para luego exigir.

La consejera reiteró la falta de dinero para desalación de agua y que para la industria apenas hay dinero en el proyecto de ley presupuestaria y negó que su discurso sea victimista, para reclamar que se compensen las deficiencias que Canarias tiene por ser un Archipiélago alejado del continente.

Francisca Luengo reconoció que el discurso del diputado del PP puede servir para la Península pero no para Canarias y recordó que por el hecho de que son territorios distintos el Gobierno central ha restablecido para las Islas las primas en energías alternativas.

La consejera aseguró que en política energética las infraestructuras de las Islas están en situación “hipercrítica” y criticó los recortes que se han producido desde la llegada del PP al gobierno central en cuestiones como ahorro y eficiencia energética.

El diputado del grupo Mixto Fabián Martín, del PIL, dijo que la inversión que para Canarias se destina en el proyecto de presupuesto es “irrisoria”.

El diputado del grupo Socialista José Ignacio Álvaro aseguró que solo queda la esperanza que los próximos Presupuestos Generales del Estado sean los últimos que elabore el PP, y el diputado nacionalista José Miguel González opinó que falta una orientación industrial o energética.

José Miguel González preguntó cómo se puede salir de la crisis económica sin fomentar la industria y estimó “increíble” el recorte en la inversión para desalación de agua, para recordar que en la Península hay zonas en las que el agua se toma casi a precio cero en los pantanos.

Regional, intergeneracional, representativa de unos 2.000 militantes –la suma de los avales de ambos– y ajena al aparato. Poco más o menos, y en palabras de Gustavo Matos, ese es el resultado de la suma de fuerzas que presentó este martes con la consejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo, quien ha decidido brindarle su apoyo después de no lograr las firmas suficientes para concurrir por su cuenta a las primarias del PSOE a la Presidencia del Ejecutivo autonómico.

En un ambiente de acuerdo de cierta relevancia y después de un cambio de última hora en la ubicación de la comparecencia de prensa por las obligaciones parlamentarias de Luengo, Matos afirmó que era un día de “alegría y de emoción”. “He trabajado con Paquita durante año y medio y sé cómo es: una persona trabajadora, leal y un valor que debe cuidar el PSOE”, señaló el actual director general de Comercio.

El político lagunero explicó que han decidido unirse porque ambos creen que el Partido Socialista debe superar cuestiones que tienen que ver con la territorialidad y que buscan transmitir una idea de región. También, sostuvo, esta candidatura es “de los socialistas canarios” y una apuesta por una forma de hacer política “más cercana”. Y fue más allá: “Estas no son unas primarias a la Vicepresidencia del Gobierno; no hacemos política con una calculadora en la mano”.

“¿Por qué con Gustavo y no con otras candidaturas?”, se había preguntado previamente Francisca Luengo, que abrió la rueda de prensa. “Vimos que la que más se acercaba al proyecto de Paquita Luengo era la de Gustavo Matos”, apuntó la consejera, que definió el acuerdo como “importante” para el Gobierno de Canarias y para la política. Además, incidió sobre una idea planteada por el candidato: “Yo no represento a ninguna familia; muchos militantes consideran que no es el momento de las familias”.

Luengo, que dijo conocer “sobradamente” a Matos, manifestó que son dos personas “completamente distintas”, pero también un “tándem perfecto” para lo que necesita el partido. El objetivo de este entente, según expuso, es que quienes ven en ella un “proyecto distinto” apoyen a Gustavo Matos, el candidato que, a su juicio, dispone de la opción “de mayor implantación regional”.

Polémica con los avales

Aunque la consejera llegó a decir en algún momento que no quería que pareciese que se estaba “sacando espinitas”, dedicó buena parte de sus intervenciones a mostrar su descontento con los avales que consiguió y que, finalmente, no fueron contabilizados. En este sentido, criticó que, tras presentar un recurso, se hayan vulnerado las normas y los plazos de respuesta, así como que la Comisión Regional de Garantías ha sido “más de recuento que de garantías del procedimiento”. Y precisó que será la Federal la que, finalmente, resuelva su alegación.

Por otra parte, Gustavo Matos opinó que el proceso de primarias abiertas legitimará al PSOE para hablar de regeneración política en Canarias, y aprovechó para hacer un llamamiento a los ciudadanos para que se sumen a una iniciativa que hará que esta formación política parta en los comicios con “ventaja democrática”. Asimismo, se mostró partidario de un debate entre las distintas opciones, hasta el punto de que, detalló, le hubiera gustado que se celebrase incluso antes del proceso de avales.

Luengo también subrayó que su decisión de intentar ser candidata a las primarias llegó tras el anuncio del secretario general regional, José Miguel Pérez, de no presentarse, toda vez que no iba a competir contra él. Ese hecho derivó en que tuviese “escasamente” doce días para recoger apoyos. Debido a ello, según expresó, nunca tuvo en mente pactar ni un plan B.

La consejera autonómica pide al ministro de Industria "no mirar para otro lado"

La consejera de Industria del Gobierno canario, Francisca Luengo, ha vuelto este lunes a reclamar al ministro José Manuel Soria aplicar “todas las dosis de diálogo y consenso que sean necesarias” para solucionar el conflicto de la futura central hidroeléctrica de Chira-Soria, en Gran Canaria.

Promover el entendimiento entre las dos empresas implicadas en el conflicto, Endesa y Red Eléctrica de España, es necesario porque a los canarios “les va la vida en ello” en materia de suministro energético y desarrollo de las fuentes renovables, ya que un desacuerdo “lleva a judicializar el problema” y, en consecuencia, a prolongarlo en el tiempo, ha afirmado la consejera. uengo ha insistido en que el problema y, por tanto, el retraso en la apuesta por poner en marcha la energía hidroeléctrica, se podría prolongar “muchos años” si no se lograr promover el acuerdo entre ambas partes.

“Sabemos todos que somos muy ricos en recursos naturales pero estamos muy atrás, en un escaso 6 %”, en la incorporación al sistema eléctrico de las energías renovables, ha subrayado. Ha insistido en que, por ello, Soria, ministro de Industria, debe implicarse en favorecer el consenso y no “mirar para otro lado”.

El referido conflicto se inició a raíz de que el Ministerio de Industria publicara el 6 de mayo en el Boletín Oficial del Estado una orden por la que obliga a Endesa a vender a Red Eléctrica de España en el plazo de seis meses la central hidroeléctrica de bombeo de Chira-Soria, clave para el futuro del suministro en Gran Canaria.

La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo, negó este lunes que el plan de empleo social del Ejecutivo discrimine a los parados en función de su municipio de empadronamiento, y acusó al PP de pretender boicotear esa iniciativa.

Luengo, que compareció en comisión parlamentaria, dijo que en los próximos días se decidirá con la Federación Canaria de Municipios cómo se distribuyen los fondos para ese plan de empleo social, para el que el año pasado el Gobierno destinó a cada municipio la mitad de la financiación que estos aportaron.

Esa distribución, según el PP, supuso una discriminación entre los parados en función de si el municipio en el que viven aportaba más o menos dinero, cuando las políticas activas de empleo no son una competencia local sino autonómica.

Aurora del Rosario, portavoz de empleo del PP, propuso a la consejera que los fondos del Gobierno de Canarias se distribuyan entre los municipios en función del número de beneficiarios (parados de larga duración en familias con todos sus miembros en paro) y no en función de lo que sea capaz de aportar cada ayuntamiento.

Señaló que el sistema de reparto resultó “tremendamente injusto” en 2013, porque hubo municipios que recibieron hasta diez veces más por beneficiario que otros, en función de la capacidad de cada municipio para financiar su parte.

Francisca Luengo negó que haya discriminación por lugar de empadronamiento entre los parados, y señaló que los criterios de financiación fueron fijados de común acuerdo con los ayuntamientos, de manera que el Gobierno aportaba en cada municipio la mitad que éstos fueran capaces de aportar, con un límite del 10% de lo recibido por el fondo de compensación intermunicipal.

Para la nueva edición del plan, que tendrá vigencia esta vez por dos años, aún no se ha concretado la distribución de los fondos, pero la consejera adelantó que los contratos serán de seis meses, con sueldos por encima de los 1.400 euros y con jornadas no inferiores al 75%.

También garantizó que este año el Gobierno de Canarias aportará el total de diez millones de euros presupuestados, independientemente de lo que aporten los ayuntamientos.

Además de beneficiar con empleos en lugar de con asistencia social a parados de larga duración en familias con todos los miembros desempleados, el plan permite además acometer obras y servicios en beneficio de los ciudadanos, destacó Francisca Luengo.

Acusó a la representante del PP de pretender boicotear el plan de empleo con acusaciones artificiosas sobre supuestas discriminaciones de los parados en función del municipio en el que están empadronados, así como de exigir al Gobierno de Canarias que incremente la financiación mientras el Estado aplica recortes en las políticas activas de empleo.

“Habla de discriminación y resulta que los ayuntamientos que dice que están discriminados son los que menos fondos pusieron, los del PP”, dijo la consejera a Aurora del Rosario.

La representante del PP pidió celeridad a la consejera, porque va a terminar el mes de mayo y sigue sin estar definido el plan de empleo social, e insistió en que la experiencia de 2013 sirva para corregir las “injusticias” respecto a algunos municipios, cuando las políticas de empleo no son competencia municipal.

La representante del PP aseguró que trataba de hacer un planteamiento constructivo para mejorar el plan, aunque añadió que entendía que al Gobierno de Canarias le diera “vergüenza” revelar que solo destina diez millones de euros para este programa.

Según Aurora del Rosario, la consejera trata de que los ayuntamientos le financien el plan para “salvar la promesa” del presidente del Gobierno, Paulino Rivero, de que habría 8.500 beneficiarios, cuando ahora ya se habla de que serán solo 5.000.

“Hay otros socialistas que no quieren jugar a que Coalición Canaria dirija la Consejería de Empleo”, pero si el plan se aplica “de un modo tan injusto será porque eso es así”, dijo Aurora del Rosario.

Francisca Luengo aconsejó a Aurora del Rosario que no boicotee el plan de empleo social y que “no se quede sola” en su posición contraria, porque, igual que en 2013, lo apoyan todos los alcaldes del PP.

La consejera de Empleo, Industria y Comercio, Francisca Luengo, ha asegurado este miércoles que el secretario general del PP de Canarias, Asier Antona “no sabe nada de empleo y, una vez más, lo demuestra cuando habla de las políticas activas de empleo”.

Según Luengo, no es cierto que el archipiélago haya recibido más fondos, pues “es justo lo contrario”, ya que no existe el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) y hay una reducción del 8% en todas las comunidades autónomas para este año.

La consejera se pregunta en un comunicado si “el PP quiere ocultar el recorte diciendo que no existe” y recuerda que, “cada vez que he ido al Ministerio, he pedido un convenio bilateral con las comunidades con más desempleo y que distribuya los fondos teniendo en cuenta el número de desempleados”. Puntualiza además que “las tasas de desempleo de Canarias, como ocurre en el resto de las RUP, son más altas que las de los continentes de los que dependen, y por ello se requiere una atención especial por parte del Ministerio”.

A juicio de Luengo, “si Antona aspira a gobernar en Canarias, lo mínimo es que defienda el archipiélago dejando los intereses partidistas”. En su opinión, “la política que practica Antona es una política amortizada, que no sirve para nada ni para solucionar la vida de la gente” y por ello le pide “que cambie su discurso”.

Posteriormente, la consejera autonómica ha criticado que Canarias reciba 70 millones de euros en fondos para políticas de empleo, unos 6 millones menos, pese a que la región cuenta con una de las mayores tasas de desempleo del país y ha realizado esfuerzos para la reinserción de desempleados. En declaraciones a la prensa durante la conferencia sectorial sobre empleo, Luengo ha subrayado que “el cumplimiento de objetivos”, una de las medidas que utiliza el ministerio para establecer el reparto de fondos a cada comunidad, no tiene “ningún reflejo” en la distribución de estos.

Por este motivo, ha instado al Ministerio de Empleo a que no reduzca las partidas presupuestarias para la región, ya que también suspendió el Plan Integral de Empleo (PIE) que tenía Canarias desde hace veinte años como región “ultraperiférica” que paliaba tasas de paro más elevadas con respecto a la península. La consejera canaria ha solicitado al ministerio que copie fórmulas que usa la Unión Europea para la distribución en función del número de desempleados ya que el baremo actual perjudica a Canarias.

Asimismo, ha afirmado que la reunión sectorial de empleo se celebra con retraso, por lo que pedirá a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que no repita la “mala praxis” del año pasado de transferir los fondos a las comunidades en noviembre ya que “ese retraso repercute de manera indudable en los ciudadanos”. Además, Luengo ha mostrado su preocupación por una posible “privatización” de los servicios públicos de empleo debido a la “deriva peligrosa” que ha supuesto la disminución de los fondos con respecto al año pasado y que “estos hayan ido a parar a las agencias privadas de colocación”.

Preguntada por las altas tasas de paro en las islas, la consejera ha dicho que el Gobierno canario está poniendo en marcha iniciativas de colaboración público-privadas, principalmente orientadas al sector turístico, sobre todo para jóvenes parados con baja formación, que son los que tienen mayores dificultades para acceder al mercado laboral.

“Boicot al Plan Social de Empleo”

Por su parte, el director del Servicio Canario de Empleo (SCE), Alejandro Martín, ha lamentado este miércoles que el PP de Canarias “siga intentando boicotear el Plan Social de Empleo” ante la petición de que el Gobierno regional asuma toda la financiación.

En un comunicado, Martín responde a la diputada regional del PP Aurora del Rosario, que el martes reclamó al Gobierno la financiación del Plan Social de Empleo sin condicionar su aplicación a la aportación de los municipios, y señala que la parlamentaria “ya no sabe ni qué hacer ni qué decir con tal de boicotear la iniciativa”.

Martín insiste en que el objetivo primordial del plan es “dar de comer a las familias que no tienen ingresos y que son muchas en Canarias, sustituyendo la ayuda social por un trabajo digno”, algo que, a su juicio, no entiende el PP “porque no conciben ayudar a nadie”, pues “ellos gobiernan no para mejorar la vida de los desempleados, sino la de otros”.

Así mismo, Martín critica la falta de coherencia en los argumentos expuestos por la diputada del PP, al estar en contra del plan y solicitar financiación.

“Es evidente que la falta de coherencia en sus argumentos demuestra que son argumentos políticos, de boicot al Gobierno”, añade el responsable del SCE, quien entiende que, si tanto quiere el plan, debe pedir los fondos a la ministra de Empleo, Fátima Báñez.

Según Martín, Del Rosario debería saber que en el Plan, el trabajador realiza obras del ayuntamiento y para los ayuntamientos, y ésa es la razón de que deban aportar parte de sus fondos, y añade que si el PP quiere que el plan se cargue al cien por cien a las políticas activas de empleo, debería hacer gestiones en el Ministerio de Empleo para que lo permitan.

Martín expone además que Báñez no permite los convenios con los ayuntamientos financiando la Comunidad Autónoma el cien por cien, por lo que aconseja a la diputada del PP que se documente “antes de hablar de un tema que desconoce tanto”, indica la nota.

La consejera de Empleo comparecerá el próximo martes ante el Parlamento de Canarias para informar de los detalles del acuerdo.

Luengo elogia el "ejercicio de responsabilidad laboral" de los trabajadores de la empresa pública.

Los trabajadores del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) han alcanzado un acuerdo con la Consejería de Empleo que evita el expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por esta empresa pública, al asumir una rebaja de sueldo del 10%, ha anunciado el Gobierno de Canarias.

En un comunicado, la consejera de Empleo e Industria, Francisca Luengo (PSOE), agradece a los trabajadores el esfuerzo que ha realizado y resalta el “enorme valor que tiene el sacrificio” que asumen al reducirse el salario “para cubrir el déficit”

“Con ello, se ha evitado un ERE que hubiera enviado al desempleo a la mitad de sus compañeros”, asegura.

Luengo elogia a la plantilla del ITC por haber realizado “un ejercicio de responsabilidad laboral, después de rechazar la primera oferta de la empresa. en la que participaba la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria”.

La consejera explica que “han sido los propios trabajadores los que han optado por este esfuerzo salarial para mantener la empresa pública”.

Luengo considera que “lo más importante durante la negociación ha sido siempre la estabilidad laboral, evitar los despidos y fomentar la I+D+i en Canarias”.

“Y lo hemos conseguido. Ha sido un camino difícil sin la ayuda ni colaboración por parte de la oposición política, pero hemos sido constantes en nuestro camino y la recompensa es ver cómo todos se quedan en sus puestos de trabajo”, dice.

La titular de Empleo anuncia que el próximo martes comparecerá ante el Parlamento de Canarias para informar de los detalles de este acuerdo alcanzado en el ITC, que ahora debe superar “el trámite del informe que deben emitir la Consejería de Hacienda del Gobierno canario y la Dirección General de Función Pública, tal y como ordena la Ley de Presupuesto 2014 de la comunidad autónoma”