Iñaki Urdangarin, excuñado del jefe del Estado, el rey Felipe VI, recibirá este martes en el centro penitenciario de Zaballa, a las afueras de Vitoria, el “licenciamiento definitivo” de su condena por corrupción decretada en primera instancia por la Audiencia Provincial de Palma y rebajada después por el Tribunal Supremo. Este 9 de abril se agotan los cinco años y diez meses de pena definitiva, aunque hace ya años que el preso más conocido de las cárceles gestionadas por el Gobierno vasco disfruta de un régimen de libertad condicional y no pasa para nada por la cárcel, e incluso puede viajar al extranjero.

Urdangarin ingresó en prisión en diciembre de 2018. Lo hizo en un módulo para mujeres en Brieva, en Ávila. Posteriormente, estuvo el centro de inserción social Melchor Rodríguez García de Alcalá de Henares, en Madrid, y también realizó voluntariado en una ONG. En marzo de 2021 fue trasladado a Zaballa. La familia de Urdangarin siempre ha residido en Vitoria y eso es lo que motivaba ese destino. Su padre, militante del PNV, llegó a ser presidente de la Caja Vital, la principal entidad financiera del territorio, y uno de sus hermanos ha dirigido unas conocidas instalaciones deportivas privadas hasta fechas muy recientes.

Cuando Urdangarin llegó a Zaballa, las cárceles vascas aún eran gestionadas por el Gobierno central. Fueron transferidas a la Administración autonómica en octubre de ese año. Desde el inicio, dispuso de un régimen de semilibertad en el que podía trabajar durante el día y tenía que regresar a dormir al presidio, el más moderno y grande de Euskadi, aunque únicamente entre semana. Ha tenido que participar en un programa específico para condenados de delitos económicos. Dentro de su plan de reinserción, encontró trabajo en el despacho Imaz Asesores del centro de la capital vasca, que pronto se llenó de 'paparazzi'. Allí conoció también a su nueva pareja, Ainhoa Armentia, lo que ha motivado su divorcio de Cristina de Borbón, una de las hijas del anterior jefe del Estado.

El exjugador de balonmano ha hecho una vida totalmente normalizada en Vitoria. Numerosas personas lo han visto en sus idas y venidas de la oficina en bicicleta. Significativamente, ahora hace un año, se acercó a la salida de la Itzulia (la vuelta ciclista vasca) para saludar a un antiguo conocido, el director del equipo Movistar, Eusebio Unzué. Esa escuadra se denominaba Banesto en los años dorados de Miguel Indurain y, terminado ese patrocinio, Urdangarin cobró abultadas comisiones del Govern balear para que se llamara Illes Balears. Es solo un ejemplo del 'modus operandi' de la trama del 'caso Nóos', en la que Urdangarin, yerno del entonces rey, Juan Carlos I, ejercía de intermediario y comisionista. Su esposa escapó al peso de la Justicia.

Fuentes penitenciarias explican que la liquidación de este martes, dado que el afectado no está preso, es un mero trámite. Se trata de un chequeo cruzado entre el calendario que maneje el tribunal enjuiciador (en este caso la Audiencia de Palma) y el centro penitenciario. En la ejecución de la condena ha intervenido también, desde que está en Euskadi, la sala de vigilancia penitenciaria de Bilbao, que es la que ha ido validando los sucesivos avances de régimen de Urdangarin.

Un antiguo agente de Banesto tendrá que ir a prisión por estafar a una veintena de vecinos de la localidad valenciana de Llombai, entre ellos a miembros de su propia familia. El Tribunal Supremo ha confirmado una condena de seis años de cárcel por sacar casi 800.000 euros de las cuentas de varios clientes y falsificar su firma para estamparla en cheques entre 2008 y 2010. El Banco Santander, que absorbió Banesto años después de los hechos, también es condenado a hacerse responsable de una parte de las indemnizaciones como responsable civil subsidiario.

El acusado G.C.M, abogado de profesión, era agente financiero y explotaba desde 2008 la sucursal de Banesto en la Plaça de la Creu de la localidad de Llombai, con menos de 3.000 habitantes y a poco más de 30 kilómetros de València. Muchas de sus víctimas explicaron que lo conocían del pueblo, alguno aseguró que tenía una relación de amistad con él y varios de los afectados eran, incluso, sus familiares.

Según los jueces, el dinero empezó a desaparecer de las cuentas de sus víctimas poco después de abrir las puertas de la sucursal de Banesto. En algunos casos eran cargos de 500 euros y en algunos casos el roto superaba ampliamente los 100.000 euros. El dinero salía del banco en efectivo y también en cheques con documentos en los que el acusado falsificaba la firma de sus clientes. Un dinero que acababa, sobre todo, en la cuenta que su empresa Finanlex - la misma con la que explotaba la sucursal de Banesto - tenía en la entidad Cajamar.

Algunos afectados eran de su propia familia, otras lo conocían y tenían amistad con él e incluso estafó 90.000 euros a una mujer de 96 años de edad, madre de su socio en el despacho de abogados que regentaba entonces. “Tranquilo, te lo devuelvo mañana”, le dijo por ejemplo a algunas de sus víctimas. En otros casos su estrategia era devolver pequeñas cantidades que había sacado de las cuentas para convencer a los clientes de que todo iba bien y que no iban a perder su dinero.

Ante la Justicia este antiguo agente de Banesto alegó, sin éxito, que todas esas salidas de dinero de las cuentas de sus vecinos de Llombai eran consentidas y conocidas por ellos: “Me prestaban el dinero para obtener altos beneficios y se lo devolvía cuando podía el dinero prestado”, dijo ante los jueces. El Tribunal Supremo acaba de confirmar la condena que le impuso la Audiencia Provincial de Valencia: seis años de cárcel, multa de 1.800 euros, inhabilitación para administrar bienes ajenos y la obligación de devolver a sus víctimas los casi 800.000 euros que se quedó en apenas tres años de firmas falsificadas.

La sentencia, según fuentes del caso, aún no ha entrado en fase de ejecución pero implica que tendrá que entrar en prisión a cumplir condena. El Tribunal Supremo, con Andrés Palomo como ponente, también amplía la responsabilidad civil subsidiaria del Banco Santander, que tendrá que hacerse cargo de casi todas las indemnizaciones. Los jueces no tienen dudas de que el acusado utilizó la imagen del banco y los recursos que tenía a su disposición en su propio beneficio: “Se valió de una aparente solvencia que le proporcionaba el hecho de actuar como director de dicha oficina rotulada con el logotipo, mobiliario y demás elementos (papel, cuño, libretas o tarjetas) característicos de Banesto”, relatan los hechos probados.

El “comportamiento execrable” de Banesto

El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos tanto del exagente de Banesto condenado como también del Banco Santander, que intentaba aminorar su condena económica, y estima el recurso de algunos afectados que reclamaban que su indemnización también corriese, en última instancia, a cargo de la entidad y asegurar así el pago. Y los jueces revelan que la Audiencia Provincial de Valencia tuvo palabras muy duras para la actuación de Banesto desde que descubrió el engaño, que han tenido eco en el proceso más de una década después. Apuntaron, por ejemplo, a “la falta absoluta de filtros de seguridad que debía implementar el banco y que hubieran seguramente impedido el perjuicio causado a los ahora perjudicados y de los que debe responder al menos civilmente”.

Revela la sentencia que, en su momento, Banesto consiguió de alguna manera que los afectados firmasen unos saldos finales que han usado para defenderse. Unos saldos finales que fueron firmados, recordó la Audiencia, por algunos clientes “de avanzada edad y en sitios varios, nunca en la agencia de Banesto” y cuando el acusado “ya no gozaba de legitimación para hacer ningún tipo de acto mercantil en representación de Banesto, pues el mismo había sido cesado por la intervención del banco”. Banesto, reprochan los jueces, “sorpresivamente, le pide a un agente intervenido y cesado en sus, funciones que consiga unos documentos de aprobación de saldos”.

Esta actitud de Banesto, dijo la Audiencia de Valencia, “es tanto como dejar al lobo al cuidado de los corderos, pero ojo, no de los propios, sino de los corderos de los demás”. Es curioso, dice además, “el comportamiento execrable de la mercantil que debe en origen, al menos, salvaguardar y redimir los intereses de sus clientes, no los suyos propios, que fue al parecer lo que intentó en aquellos momentos previos a la rescisión del contrato de agenda con el acusado”.

El Supremo no tiene ninguna duda de que hay pruebas suficientes para condenar a este agente de Banesto. Todas las víctimas dejaron claro que ellos no habían firmado esos cheques y que, incluso, el acusado reconoció lo que había hecho. A uno de sus familiares afectados le devolvió una parte del dinero la propia madre del condenado. En cualquier caso, el objetivo que buscaba al devolver pequeñas cantidades de dinero antes incluso de la apertura de la investigación judicial, era “garantizar la impunidad del acusado, entregas para mantener la confianza de los clientes”, dice el Supremo.

Esta no es la primera condena dictada en España contra un agente de un banco, que explotan las sucursales de la entidad, por engañar y estafar a clientes aprovechando la confianza que depositan en ellos, entre otras cosas, porque muchas veces no saben la diferencia entre un trabajador del banco y un agente. Tal y como reveló elDiario.es, hace unos meses la Audiencia Provincial de Madrid impuso 4 años de prisión a un exagente de Bankinter por estafar 5,4 millones de euros a una decena de personas que acudían a la sucursal de la calle madrileña de Núñez de Balboa.

El exbanquero Mario Conde sufría en la cárcel, echaba de menos sus cuadros y el vino, pero viene con “ilusiones renovadas” desde que abandonara la cárcel el pasado 17 de junio, tal y como cuenta él mismo. Y es que el exbanquero, ahora en libertad condicional, está viviendo un verano por todo lo alto y lleno de lujos que no se corta en compartir desde las redes sociales.

Instantáneas de sus paseos en barco, de platos degustación de la gastronomía local -como el pulpo o el carpaccio de bisonte europeo-, de paisajes rurales o de sus juegos con sus cuatro perros. En menos de de dos semanas, el que fuera presidente de Banesto ha publicado más de 30 fotografías en la red social Instagram que ilustran su recorrido por la Península, y que le han llevado a lugares como Mallorca, Galicia o Santander.

Con cada fotografía, Mario Conde lanza un mensaje de tranquilidad a sus adeptos: “me estoy recuperando”, afirma en unas, prefiero “poner al mal tiempo buena cara”, dice en otras. “¡Cuánta clase Don Mario!”, responden algunos de sus más de 2.000 seguidores.

La cuenta 'marioconde2016' fue abierta este año y cuenta con 251 publicaciones. En su descripción personal el exbanquero dice no creer “en palabras ni en gestos. Sólo en la conducta”.

En prisión desde abril

Mario Conde está siendo investigado por repatriar a España fondos ocultos en el extranjero. El pasado 17 de junio obtuvo la libertad provisional -que según el exbanquero tiene “olor a felicidad”- tras abonar 300.000 euros de fianza.

Ingresó el pasado 13 de abril en la prisión madrileña de Soto del Real en el marco de la causa en la que se le investiga por crear un entramado empresarial en España y el extranjero para repatriar fondos procedentes del 'caso Banesto'. Entre 1999 y 2014, habría blanqueado 13 millones de euros -2,2 a través de ingresos en efectivo y 10,7 de transferencias en cuentas en el extranjero-.

Nadie se sorprende de que el presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, Ausbanc, esté durmiendo en la cárcel. Que Luis Pineda utilizaba técnicas más que dudosas a la hora de aproximarse a jueces, políticos y fiscales ha sido un secreto a voces durante dos décadas en Madrid. Causa sorpresa, eso sí, dos décadas de funcionamiento de esta organización sin que nadie diera el alto. Hasta que no se ha tocado a la familia real, Ausbanc había hecho y deshecho en España con la connivencia del aparato político, judicial, financiero y de los medios de comunicación. ¿Cómo ha sido posible?

Capítulo 1. ¿Dónde está el dinero? En los bancos

Obviando su pasado de extrema derecha, Pineda entró con buen pie en los círculos financieros españoles a principios de los noventa al plantar cara a Mario Conde. Su acción contra el equipo gestor de Banesto le abrió la puerta de los banqueros habituales que tenían entre ceja y ceja al advenedizo y engominado ejecutivo. Aunque la asociación llevaba trabajando desde 1984, fue con esta acción con la que subió de categoría y Pineda empezó a codearse con la gran banca.

En un artículo publicado en 2007, Iñigo de Barrón cuenta una anécdota que ilustra perfectamente la relación que se generó entre el ultraderechista Pineda y los superbanqueros del momento. “Emilio Botín, presidente del Santander, bajó las escaleras de la Audiencia Nacional con cierto aire despistado. Tenía delante una veintena de fotógrafos y periodistas esperándole. Había declarado ante el juez por las indemnizaciones millonarias pagadas a los exdirectivos José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui. No era un trago fácil y parecía un poco apurado; pero, de repente, entre los periodistas alguien dio un paso adelante y se abrazó al presidente del banco”. El abrazador era Pineda, con el que Botín posó sonriente en múltiples ocasiones. Según El Confidencial, la Audiencia investiga ahora si Botín pagó a Ausbanc por retirar la denuncia en 1999 en el caso de cesiones de crédito.

De esta relación, casi de tú a tú, surgió una retroalimentación cada vez más perniciosa entre Ausbanc y los bancos. Pineda encontró la gallina de los huevos de oro con un modelo que combinaba el activismo de una asociación de consumidores con la potencia de un medio de comunicación. Aunque al lector medio no le suene, la publicación mensual de la asociación, Mercado de Dinero, tenía una difusión, según la OJD de 45.000 ejemplares el año pasado, aunque muchos de ellos fueran de entrega gratuita. Por comparar, la revista Tiempo (del grupo Zeta), que es semanal tiene una difusión de 20.000 ejemplares; Inversión (semanal) de casi 5.000 y Actualidad Económica (mensual) de 15.000 ejemplares.

Las sinergias de sus negocios podrían ser estudiadas en Escuelas de Negocios. La revista ponía el foco sobre diversas prácticas bancarias, captaba cada vez más usuarios y ponía demandas a las entidades. Para retirar las demandas (no todas, sino las que más interesaban a las entidades financieras), Ausbanc exigía dinero a los bancos. Y con el dinero seguía engrasando la maquinaria de las demandas y la difusión de su medios que, aunque fuera por el cauce gratuito, inflaban su influencia.

Capítulo 2. ¿Quién dijo miedo?

Cuesta creer que el primer banco de la zona del euro, Santander, o cualquiera de las otras poderosas entidades financieras españolas se plegaran a la supuesta extorsión de esta asociación. Varios factores justifican este miedo. Ante todo, las demandas de Pineda eran en gran parte efectivas y ganaba muchos juicios.

Una fuente bancaria lo tiene claro: “BBVA se negó a pagar el millón de euros que le tocaba. Le pusieron la demanda de las cláusulas suelo y palmó 100 millones. Le hubiera venido mucho mejor pagar el millón desde el principio”. “Es como un secuestro”, continúa la fuente, “pagas porque es el mal menor para tu familia”.

La ambivalencia entre el bien y el mal es otra tendencia en las últimas dos décadas de actividades de Ausbanc. Efectivamente, gracias a una de sus demandas, el Tribunal Supremo declaró nulas las cláusulas suelo; logró que se notificaran las comisiones en los cajeros antes de retirar el dinero; demandó a la cúpula del BBV precisamente por el caso de las cuentas opacas que estos días ha salpicado al exministro José Manuel Soria y un largo etcétera de actuaciones que le daban la pátina apropiada de legitimidad a su negocio.

Pero mientras conseguían beneficios que llegaban a todos los usuarios, mercadeaba con los bancos a los que demandaba siempre en su propio interés, tal y como refleja el auto de la Audiencia Nacional. Incluso servía como ariete de unas entidades contra otras.

También es importante entender que, tal y como apuntan algunos de los bancos que han vivido esta situación, ha habido una escalada en las técnicas utilizadas por la Asociación. Su relación con Manos Limpias es relativamente reciente y el pago directo por poner y quitar demandas, como en el caso de Unicaja, parece una práctica de los últimos años, según aseguran fuentes consultadas. Pineda se creció y, como nada ni nadie se le ponía por delante, fue elevando el tono de sus acciones.

Capítulo 3. ¿Eran tan listos que ganaban todas las demandas?

No las ganaban todas, aunque ellos para publicitarse aseguraban que sí. Pero lo cierto es que ganaban muchas y muy importantes. El poder judicial tampoco se queda libre de los coqueteos con Pineda. El País recoge cómo jueces y magistrados acudían asiduamente a los foros jurídicos de la entidad que patrocinaban los bancos. Un vistazo a la página de los eventos jurídicos de Ausbanc es suficiente para ver que el mundo judicial arropaba a Pineda. Importantes personalidades se desplazaban con todo pagado a sus congresos, sin rubor de ser fotografiados tras un rótulo de patrocinio de la entidad.

Capítulo 4. Algunos hombres buenos

Algunos bancos cortaron toda relación con Ausbanc. Otros se plantaron y volvieron a caer tras perder demandas. Bankinter se jacta de no haber caído nunca en la red de los Pineda, algo fácil de comprobar si se repasa la historia de publicidad de los medios del ahora detenido. BBVA se plantó y resistió a las presiones de la asociación, que le ha dedicado multitud de artículos críticos y fructíferas demandas. Varias fuentes aseguran que fue BBVA la que por fin denunció a la policía y arrancó la investigación, aunque desde la entidad no confirman este punto.

Las investigaciones en la Audiencia Nacional apuntan a que Novacaixagalicia también quiso romper con la entidad y que el resto de cajas de ahorros hicieron lo propio. Según El Confidencial, Miguel Blesa también se plantó con Caja Madrid. Pero Rato retomó la relación al precio de 600.000 euros anuales. José Ignacio Goirigolzarri bajó la cifra cuando llegó pero, según esa publicación, siguió pagando (recordemos que como entidad nacionalizada) hasta 150.000 euros anuales en supuesta publicidad.

Capitulo 5. ¿Y el Gobierno? ¿No hacía nada?

En el año 2005, Ausbanc fue expulsada del registro de Asociaciones de Usuarios por no defender los derechos de quienes decían representar: los consumidores. En el auto de Santiago Pedraz se observa cómo los delegados de Ausbanc en algunas comunidades autónomas se quedaban directamente con porcentajes de la publicidad o de los patrocinios captados por Pineda, algo que está fuera de lugar en la gestión de una asociación de consumidores. Se readmitió a la sociedad temporalmente pero de nuevo en 2014 se la volvió a expulsar, tal y como contamos en eldiario.es. El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, escribió un libro explicando los pormenores de los métodos de Pineda, hace ya más de dos años.

Pero aunque la decisión de excluirlo como defensora de los consumidores se tomó a nivel estatal, a nivel regional hubo decisiones muy diferentes. En la época de Esperanza Aguirre, Madrid mantuvo a Ausbanc en el Consejo de Consumo y le dio hasta 300.000 euros en subvenciones de la Consejería de Empleo y Mujer, algo que no le permitía a nivel estatal su expulsión del registro. Además, en la época de Alberto Ruiz Gallardón, la mujer de Luis Pineda, María Teresa Cuadrado, (también detenida ahora) era la directora general de Consumo.

En la Generalitat de Catalunya se propuso a Luis Pineda como experto para hablar en la comisión de investigación de Catalunya Caixa. Una opinión, por tanto, que las comunidades autónomas estaban interesadas en escuchar.

Capítulo 6. Los medios lo denunciarían... ¿no?

En el artículo citado de Iñigo de Barrón de 2007 ya se explicaba la técnica por la que Ausbanc presionaba a los bancos para conseguir dinero. Incluso ya se había demostrado por vía judicial la financiación de uno de estos congresos jurídicos. Entre los periodistas económicos eran vox pópuli las dudosas técnicas que utilizaba Pineda. El uso de Ausbanc como fuente era muy escaso, aunque no había más remedio –tal y como también ha hecho este medio– que citarlos cuando ganaban alguna sentencia, como es el caso de la de las cláusulas suelo. En eldiario.es hemos informado de Ausbanc además para contar sus métodos poco claros como Asociación de Consumidores.

Pero otros medios no han tenido problema en tener a Luis Pineda como tertuliano habitual o llevarlo a multitud de programas en calidad de experto. Pineda era un habitual de El gato al agua (Intereconomía), que aún la semana pasada le permitía defenderse del “escarnio”, y de un singular programa Sin tapujos. Merece la pena echar un vistazo a este programa que dedicaron a BBVA.

También le invitaban televisiones públicas como Canal Sur a programas como Pido la palabra. Según publica El Confidencial, Pineda cobró 360.000 euros por varias galas promocionales. RNE, como contertulio de Carlos Herrera en Onda Cero o Antena 3. Además, muchos medios de papel le pedían columnas de opinión o le consultaban como experto.

Epílogo. Todos lo sabían

Medios de comunicación complacientes, políticos haciendo la vista gorda, jueces engrasados y bancos secuestrados eran la combinación perfecta para un negocio millonario que ha durado casi treinta años.

Luis Pineda y Miguel Bernad son desde este miércoles reclusos del Módulo 1 de la cárcel de Soto del Real (Madrid), centro en el que cumplen prisión preventiva otros internos de renombre por su pasado en la política o los negocios. Pero el presidente de Ausbanc y el secretario general de Manos Limpias no se cruzarán con ellos. El Ministerio del Interior ha decidido que ocupen un módulo diferente para evitar que convivan con otros internos que fueron objeto de su maquinaria de querellas, como Mario Conde o Gerardo Díaz Ferrán, informaron a eldiario.es fuentes penitenciarias.

El Módulo 1 de Pineda y Bernad acoge alrededor de 120 internos de los denominados “primarios”, esto es, que pasan la primera temporada de su vida en la cárcel, al menos en una española –los hay que han sido extraditados para que terminen de cumplir una condena impuesta en el extranjero-, pero que en cualquier caso no son conflictivos. Aunque hay otros módulos de similares características, el 1 de Soto del Real se identifica porque los presos son de mayor edad, detallaron las mismas fuentes.

En ese Módulo 1 pasó la primera parte de su estancia en prisión el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, que hace tiempo es interno del Módulo 10, que también ocupa Mario Conde desde su reciente vuelta a la cárcel. Ambos tienen en común haber sido blanco de iniciativas judiciales de Manos Limpias o Ausbanc.

La asociación de Pineda dio un salto cualitativo en cuanto a ingresos e influencia gracias al caso Banesto, que llevó a Conde a prisión en dos temporadas distintas, y donde Ausbanc ejerció con contundencia la acción popular. Antes, Pineda había presentado una acción social de responsabilidad civil contra el banquero en el transcurso de una junta de accionistas extraordinaria, celebrada el 26 de marzo de 1994.

El pasado martes, tres días antes de que Pineda fuera detenido, la revista Mercado Financiero, una de sus sociedades investigadas, recordaba la actuación del presidente de Ausbanc en el caso Banesto y sus primeras advertencias sobre la gestión del banco que desarrollaba Mario Conde, allá por 1991, calificándola de “suicida”.

Pineda no ha estrenado NIS (Número de Identificación Sistemática) sino que se le ha adjudicado el que estrenó en 1982, en su primer paso por la cárcel. Luis Pineda fue condenado por el asalto y robo a la marquesa de San Eduardo en marzo de 1980 y, posteriormente, por lanzar cócteles molotov en el primer aniversario del fallido golpe de Estado de Tejero. Como Bernad, Pineda militó durante años en la extrema derecha.

Caso Blesa

Gerardo Díaz Ferrán estuvo imputado por un crédito de 26,6 millones que Caja Madrid, presidida en 2008 por Miguel Blesa, concedió a su grupo cuando éste ya no tenía ninguna capacidad para devolverlo. Detrás de esa causa estaba una querella de Manos Limpias, que permitió al juez Elpidio Silva abrir el caso. Sin embargo, las irregularidades cometidas en la instrucción por el magistrado provocaron que la Audiencia de Madrid anulara toda la causa. Silva acabó siendo condenado por aquellos hechos y otros vinculados a Blesa a 17 años de inhabilitación por el Tribunal Supremo.

Díaz Ferrán acumula hoy condenas que suman casi diez años de cárcel, pero en aquel momento Manos Limpias acusaba a Blesa y al expresidente de la CEOE de delitos societarios, falsedad documental y estafa. Cuando fueron a declarar ante Silva, pidió prisión provisional para ambos eludible con una fianza de 2,6 millones de euros.

El abogado en representación de Manos Limpias era el propio Pineda, que al término de la declaración de los imputados, el 5 de diciembre de 2012, declaró a los medios presentes: “No se trata de encarcelar a alguien por el gusto de hacerlo sino que tenemos que mandar la señal al mundo de que éste sigue siendo un Estado de Derecho y de que trabajando honestamente se puede llegar alto y lejos”.

Otra de las causas que impulsó Manos Limpias contra Blesa fue la que investigó la compra del City National Bank de Miami, archivada en primera instancia y pendiente de un recurso del pseudosindicato ante la Audiencia de Madrid. El abogado de la acusación popular es Luis Pineda, asistido por una letrada que trabaja para Ausbanc que ya ha trasladado a su entorno su intención de renunciar.

Santiago, 15 de septiembre de 2012. Falta apenas un mes para las elecciones gallegas y el desconocido partido Sociedad Civil y Democracia celebra una convención en el Palacio de Congresos de Galicia. En el escenario destacan dos grandes pancartas con el rostro de Mario Conde y en el público, que ocupa alrededor de la mitad de los 2.100 asientos del auditorio, se distinguen rostros populares como el del escritor Alfredo Conde o la presidenta de la asociación Galicia Bilingüe, Gloria Lago -en calidad, aclara, de “periodista” con el objetivo de realizar “una crónica para su blog” ha indicado a este diario-. “Aquí estamos los que no somos políticos”, “la nación más antigua del mundo está en proceso de desintegración”, se alertaba desde el escenario antes de la llegada de la estrella de la jornada, el exbanqueio detenido este lunes por, presuntamente, repatriar de Suiza 10 millones de Banesto.

En aquel acto, celebrado tras cuatro años de su salida de la cárcel y escasos meses después de ser recibido con cariño en actos públicos por dirigentes del PP gallego, la puesta en escena de Conde fue más relevante que el contenido de su discurso. Paseando por el escenario, micrófono en mano, el antiguo prodigio de las finanzas españolas imitó repetidamente un forzado acento gallego mientras desgranaba diversas diatribas contra la clase política, a quien apodó con un término poco presente entonces en el debate público: la “casta”. Sugiriendo que sus condenas judiciales habían tenido trasfondo político, advirtió de que hablaba sin “miedo”: “abrí una peligrosa puerta, a la gente que está en las castas no le gusta que llegues”, indicó.

Él, explicó a medio camino entre el mitin y el monólogo, daba el paso de optar a la presidencia de la Xunta porque “este país tiene un fallo multiorgánico”. La razón, que “dejamos las cosas en manos de los políticos”. Él, afirmó entre aplausos, sentía “incomodidad” ante “un sistema político y financiero con el que no estoy de acuerdo”. “Éramos ricos, ¿pero cómo es posible que se haya destrozado todo ese dinero?”, se preguntaba. En la sociedad española y gallega existía miedo, diagnosticó, y por eso iba a encabezar la candidatura de SCD por Pontevedra, la provincia por la que concurría Alberto Núñez Feijóo. “Estamos aquí para rebelarnos contra ese miedo”, proclamó.

Conde afrontaba la carrera electoral consicente de que le iban a recordar su pasado y por eso advirtió de que uno de los pilares del ideario del partido que pasaba a liderar era hacerle frente a la “corrupción” judicial. En los tribunales españoles, aseguraba, pesaban las “razones políticas”. Esas mismas, subrayó, eran las que provocaban que la judicatura fuera “capaz de excarcelar a etarras”, decisiones frente a las cuales resultaba “mucho más fácil” llegar a “condenar a un inocente”, dijo en referencia a sí mismo.

“Me gustan los retos”, aseguraba Conde, y por eso también abordaba la cuestión lingüística. Él, afirmaba, estaba “en Galicia” desde había “450 años”, razón suficiente para defender la lengua gallega, pero no a través del “proceso de eliminación del castellano en Galicia”, que desde su punto de vista era lo que estaba sucediendo. Con estos y otros mensajes y bajo e lema Juntos podemos Conde y los suyos concurrieron a las urnas y aquel 21 de octubre obtuvieron 15.990 votos, 9.600 de ellos en Pontevedra, donde el exbanquero era cabeza de lista.

Mario Conde, ¿fue político, banquero, las dos cosas?

Este gallego nacido en Tui (1948) sacó el número uno en la oposición de abogado del Estado y pronto entró a formar parte de la élite empresarial de la mano de Juan Abelló en la empresa Antibióticos. Dio lo que en la España de los 80 se conocía como “pelotazo” al venderla a una firma italiana. Poco después pasó a estar al frente del Banco Español de Crédito (Banesto) hasta su intervención en 1993. Aunque esa fue su última profesión (banquero), en el año 2000 se presentó a unas elecciones por CDS (el partido de Adolfo Suárez) con los que apenas recibió unos 23.000 votos. Posteriormente creó su propio partido, Sociedad Civil y Democracia con el que se presentó a unas elecciones gallegas en 2012 con similar resultado.

¿Por qué fue tan admirado?

Se hizo rico gracias al pelotazo en Antibióticos, era guapo, repeinado y arrogante. Un poco al estilo de José María Ruiz-Mateos, tejió a su alrededor una teoría de la conspiración sobre el poder corrupto como último culpable de sus delitos. Se hizo una figura pública y escribió tres libros. Sembró la sombra de la duda sobre su inocencia en un momento en el que la España democrática aún no estaba cuajada. Él, Jesús Gil y Ruiz-Mateos hicieron estrategias similares utilizando la política a su favor, con sus personalidades esperpénticas alimentando las dudas de los ciudadanos.

¿De qué fue condenado?

Conde fue condenado por la Audiencia Nacional en 1997 por el caso Argentia Trust en el que desaparecieron 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros). Quedó probado que en 1990 mandó hacer una transferencia desde la caja del banco a una cuenta en las Islas Cayman. En el año 2000 se le condenó dentro del ya Caso Banesto por apropiación indebida por la operación Cementeras y por un delito continuado de estafa. Durante años, Conde aseguró que ese dinero había ido a parar a terceras personas relacionadas con el Gobierno por los pagos de unas supuestas comisiones a cambio de favores para facilitar la salida a bolsa.

¿No fue a la cárcel por quebrar el banco?

No exactamente. El banco tuvo que ser intervenido porque, efectivamente, la mala gestión le llevó a tener un agujero patrimonial de 600.000 millones de pesetas, pero las condenas no fueron por mala administración como a las que se están enfrentando algunos banqueros tras la crisis del año 2008. Conde metió la mano en la caja directamente y fue condenado por ello.

¿Devolvió el dinero?

El dinero que había robado Conde desapareció en un entramado de paraísos fiscales que, por supuesto, empezaba y se perdía con unas cuentas en Suiza. Conde aseguró durante años que el dinero se lo habían quedado unos comisionistas y escribió un libro titulado “El Sistema” para explicar su teoría de cómo el poder corrupto se quedaba con el dinero. Fue obligado a pagar unas multas pero que eran una pequeñísima parte de lo que desapareció.

¿Perdió dinero el Estado con Conde y Banesto?

Sí. Hubo que rescatar a la entidad y el Fondo de Garantía de Depósitos cubrió las pérdidas de los depositantes con 600 millones de euros. Sanear al banco costó otros 1.900 millones de euros al banco Santander que se quedó con la entidad y la integró definitivamente en el grupo en 2012.

¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel?

Ingresó en prisión preventiva un mes en diciembre de 1994 y entró y salió de la cárcel alternativamente, primero cumpliendo la condena por el caso Argentia (por la que fue condenado en 1997) y luego por el caso Banesto. La última sentencia que recibió Conde fue en 2002 por el Tribunal Supremo, que le aumentó la pena por el caso Banesto a 20 años de cárcel a cumplir en Álcala Meco. Entre 2002 y 2005 estuvo en prisión hasta conseguir en ese año el tercer grado. En total, algo más de cinco años.

¿El dinero de Suiza está relacionado con el caso Banesto?

Hay que esperar a ver qué demuestran los investigadores pero los hechos son los siguientes: Conde mandó sacar de la caja del Banco 3,6 millones de euros y enviarlos a unas cuentas suizas y paraísos fiscales. Ese dinero se perdió y nunca apareció. Si ha estado bien gestionado, 3,6 millones de euros de 1992 han multiplicado fácilmente tres o cuatro veces aquella cifra.

¿Por qué no se acogió a la amnistía fiscal?

Conde no se pudo acoger a la amnistía fiscal (que se sepa) porque el dinero ilícito no se podía regularizar. En cuanto lo hubiera intentado (si es que no lo hizo), hubieran saltado todas las alarmas. Pero a Mario Conde se le acumulan los problemas en España. Según la lista de morosos publicada por Hacienda en diciembre, Conde debe casi 10 millones de euros a Hacienda, lo que le impide poder hacer una vida “normal” por así decirlo ya que sobre él penden amenazas de embargos y ejecuciones. Así que, aunque según acreditan las informaciones mantenía un alto tren de vida y tenía varias propiedades, no estaba claro cuánto tiempo más se podría mantener antes de que el fisco le echara mano.

¿Y cómo traía el dinero?

Es mucho más fácil sacar el dinero de España que traerlo de nuevo, una de las principales razones por las que los que tienen dinero en negro lo mantienen durante décadas en sus refugios. Pero cuando la necesidad aprieta no queda otra. Ahora la nueva investigación judicial parte de la sospecha de que Conde creó un entramado de sociedades pantalla con testaferros (incluidos los braceros de sus fincas) para ir repatriando los ingresos mediante operaciones ficticias, como préstamos, ventas o transferencias entre sus sociedades. Con cantidades tan importantes y tan constantes, es muy difícil no llamar la atención.

¿Cómo pudo rehabilitar su imagen?

La duda que extendió con sus libros y sus discursos sobre el papel del Estado en el caso Banesto ha servido de excusa para muchos a la hora de difundir y publicar la opinión del exbanquero. Su última columna se publicó la semana pasada en lo que queda del diario La Gaceta y versaba sobre los paraísos fiscales y los agujeros del Estado.

Mario Conde se reencuentra con su historia. El exbanquero ha sido detenido este lunes por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acusado de blanqueo de capitales y otros delitos, informaron a eldiario.es fuentes próximas a la investigación. La Fiscalía Anticorrupción cifra en 13 los millones blanqueados desde 1999. Unos fondos que provenían del saqueo de Banesto, por el que fue condenado en sentencia firme por el Tribunal Supremo.

La operación, llamada Fénix, ha sido ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. El magistrado también ha instado a la detención de otras siete personas. Dos de los arrestados son hijos del propio Conde: Mario y Alejandra. También figuran detenidos Fernando Guasch Vega-Penichet, marido de Alejandra; Francisco Javier de la Vega Jiménez, Francisco de Asís Cuesta Moreno (vinculado a Conde desde los años noventa) y María Cristina Fernández Álvarez.

Para llevar a cabo estos movimientos de dinero, Conde diseñó un sistema de facturación ficticio a través de la creación de un entramado de sociedades en el extranjero y en España, según datos de la investigación. El exbanquero repatriaba el dinero por medio de préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo. Las sociedades utilizadas para ello siempre estaban a nombre de terceras personas.

La investigación también comprende delitos contra la Administración Pública, insolvencia punible y organización criminal y ha sido desarrollada por la Guardia Civil. La UCO continúa practicando varios registros en Madrid y otras localidades, entre ellos el del chalet de Conde en la calle Triana, en el distrito madrileño de Chamartín.

Los investigadores creen que en el centro de la trama se sitúa la empresa Hogar y Cosmética Española. El consejo de administración de la compañía es un reflejo del “entramado familiar” al que apuntan la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. Su presidente es Mario Conde. Por debajo de él, como consejeros, su hija Alejandra, el marido de ésta y otro de los detenidos, Francisco de Asís Cuesta.

La fiscal encargada de investigar el caso es Elena Lorente, al frente de las pesquisas sobre los negocios privados de Rodrigo Rato. Lorente acusa a Conde y otras 14 personas de los delitos antes mencionados, al que añade fraude de ejecución -de las condenas contra el exbanquero- y ocho delitos contra la Hacienda Pública.

La querella, según informa la Fiscalía, tiene su origen en una comunicación del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), recibida el pasado septiembre de 2014, por la que se incoaron unas Diligencias de Investigación en esta Fiscalía, según Europa Press.

Las diligencias fiscales han permitido la recopilación de numerosa documentación en este tiempo, y se ha contado también con los informes elaborados por las Unidades de Guardia Civil (UCO), y Agencia Tributaria adscritas a esta Fiscalía.

Anticorrupción tiene indicios de que una parte importante de los fondos desaparecidos y no recuperados, según la querella del Ministerio Público, ha sido “blanqueada” desde 1999 hasta la actualidad en un montante superior a los 13 millones de euros.

Declive y condena

A partir de 1994 Mario Conde tuvo que hacer frente a varios procesos judiciales relacionados con lo que se denominó caso Banesto. En el primero de los casos a los que se enfrentó, el juicio Argentia-Trust, fue condenado en marzo de 1997 a seis años de prisión por apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, por retirar de Banesto 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas), que en un primer momento fueron ingresados en una cuenta suiza de la sociedad Argentia Trust (una compañía fantasma de Conde); el Tribunal consideró en su sentencia que Conde dispuso de bienes del Banco que le correspondía administrar sin dar ninguna respuesta apropiada y coherente sobre su uso.

El 31 de marzo de 2001 la Audiencia Nacional le condenó a catorce años por los delitos de estafa y apropiación indebida por el caso Banesto, y le obligó a devolver 7.200 millones de pesetas a la entidad bancaria. Las defensas recurrieron al Supremo, y Conde evitó la cárcel con una fianza de 500 millones de pesetas, informa Europa Press.

El 29 de julio de 2002 el Tribunal Supremo aumentó las penas, siendo condenado a 20 años de cárcel. Además, Conde, junto a otros directivos del Banco, fue condenado a pagar a Banesto 7.200 millones de pesetas (43,27 millones de euros). Cumplió su condena en la cárcel de Alcalá-Meco. A partir de 2005 obtuvo el tercer grado de régimen penitenciario, que le autorizaba a solamente dormir en la cárcel.

El 9 de octubre de 2012, durante el transcurso de la campaña electoral autonómica gallega, en la que Conde se presentaba como candidato al Parlamento de Galicia por Sociedad Civil y Democracia (SCD), la Audiencia Nacional, por medio del juez Fernando Grande-Marlaska, ordenó el embargo de cinco fincas situadas en diferentes lugares de España que, según el juez, le pertenecían, en ejecución de la sentencia del año 2000 del Caso Banesto.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Torrelavega ha condenado al Banco Santander al apreciar “temeridad y mala fe” en la venta de productos complejos. La entidad financiera está obligada a reintegrar 106.500 euros a dos personas por “negligencia” al comercializar un depósito con “un riesgo inversor alto” y “claramente contraindicado al perfil minorista y conservador del cliente”.

Los dos afectados, representados por el abogado José Ángel Ecenarro, exigían la nulidad del contrato porque Banesto -integrado ahora en el Banco Santander- les vendió lo que llaman un “plazo fijo mix”, supuestamente “exento de riesgo alguno” y dotado de con la posibilidad de “recuperar íntegramente la inversión”, incitándoles a disponer de sus fondos para invertirlos en una especie de imposición a plazo fijo que no era tal, sino un depósito estructurado.

De hecho, la sentencia firmada la pasada semana por la magistrada Patricia Bartolomé Obregón y ante la que cabe la posibilidad de recurso de apelación explica que el segundo tramo, en el que se invierten 35.500 euros, “es misterioso”, pues depende de un “subyacente” integrado por cuatro acciones de Abertis, Inditex, Banco Popular y Telefónica.

“Eso no significa que el dinero se invierta realmente en esas acciones, de manera que, si las acciones suben o bajan, el inversor gana o pierde paralelamente; no, parece más bien un contrato especulativo, una mera apuesta sobre si las acciones subirán o bajarán y en qué medida se apreciarán o depreciarán, de manera que dependiendo de cómo evolucionasen, se devolvería más o menos dinero, o bien un poco de dinero y unas acciones devaluadas o, finalmente, en el peor de los escenarios posibles, se perdiera toda esta inversión”, subraya la sentencia.

En el documento al que ha tenido acceso eldiario.es se explica también que, aunque las órdenes de compra las firmaron los dos demandantes, solo se hizo el test de conveniencia a uno de ellos, y ninguno se sometió al de idoneidad, que “fue rellenado por algún empleado del propio banco, sin que conste ni que se hicieran las preguntas ni tampoco que lo reflejado ahí sea cierto”.

Para la titular del Juzgado que ha investigado el caso, “todos los documentos fueron redactados previa y unilateralmente por Banesto, con cláusulas y contenido que solo una persona con cierta formación jurídica y económica puede comprender”. Curiosamente, señala la jueza, se realizó el test con la persona que no era con la que trataba el banco. Ni Banesto entonces, ni hoy el Banco Santander cumplieron con esa imagen “distorsionada” que dieron a los clientes que, “desde luego no prestaron su consentimiento al producto complejo que describen los papeles”.

La conclusión de la magistrada es que la entidad financiera vendió, con plena conciencia, un producto complejo y de riesgo alto, a clientes minoristas para los que era un producto “inadecuado”, sin cuidar de los intereses de estos como si fueran propios y sin explicar los posibles intereses contrapuestos entre el banco y sus clientes, tal y como exige la normativa vigente.

Cuando contrataron este depósito, eran personas que tenían ya una cierta edad, al borde de la jubilación, sin experiencia en productos financieros complejos, de perfil conservador y minorista, y que contrataron lo que el empleado de Banesto les vendió, en la creencia de que, si se les ofrecía este producto, es que resultaba adecuado para ellos.

Derechos de los consumidores

Según la sentencia, los representantes del Banco Santander entienden, sin dar razón alguna para ello, que no se aplica la normativa de consumidores y usuarios, “como si cuando un usuario de servicios financieros contratase con un profesional de la banca perdiera sus derechos o el Derecho lo desamparase, lo dejara inerme frente a quien tiene una posición más fuerte, como si en este particular sector económico la asimetría entre las partes se diese por buena”.

Puesto que la documentación aportada por el banco no refleja información “clara, sencilla y asequible” al ciudadano medio para poder saber qué se estaba contratando y el propio empleado del banco reconoce que es un “producto financiero complejo”, y dado que en casos sustancialmente idénticos la misma entidad ya había sido condenada por la forma de colocar este producto de alto riesgo entre minoristas, la magistrada ha declarado la nulidad del contrato, con declaración expresa de “temeridad”.

La continuidad de Alfredo Sáenz como primer ejecutivo del Banco Santander se ha convertido en una cuestión de Estado. El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido modificar la ley para que la última decisión que tomó su predecesor en el cargo, José Luis Rodríguez Zapatero, se cumpla en contra, incluso, de una sentencia del Tribunal Supremo.

Todo comenzó en 1994 cuando se utilizaron datos falsos para poner a un grupo de empresarios en manos de la más siniestra red de corrupción judicial descubierta hasta el momento en España, la que dirigían en Barcelona el juez Lluís Pascual Estevill y el abogado penalista Juan Piqué Vidal. Los empresarios fueron encarcelados injustamente y, algunos de ellos, extorsionados por Estevill.

PP y PSOE se han conjurado para que ni el marco legal que regula el gobierno de las entidades de crédito ni el Poder Judicial puedan apartar a Sáenz de su cargo. De hecho, Sáenz ya debería haber sido destituido después de que el Tribunal Supremo le condenara a tres meses de arresto y tres de inhabilitación para el ejercicio de la banca por un delito de acusación y denuncia falsa. Así, sin especificar que las víctimas de los delitos de Sáenz acabaron en manos de Estevill.

El Tribunal Supremo confirmó parcialmente la sentencia emitida un año antes por la Audiencia de Barcelona, que condenó a Sáenz a seis meses de prisión y seis de inhabilitación. El procedimiento se inició por una querella presentada por los empresarios afectados: Pedro Olabarría, los hermanos Juan Ignacio y Luis Fernando Romero y el hombre de confianza del grupo, Modesto González Mestres.

La Fiscalía Anticorrupción, que desarticuló la trama de Estevill y de Piqué, se personó como acusación contra Sáenz y sus subordinados de Barcelona, que fueron los encargados de presentar la denuncia falsa contra el grupo de Olabarría y los hermanos Romero. En ese procedimiento, el representante de la Fiscalía Anticorrupción fue el fallecido David Martínez Madero, que más tarde sería nombrado por el Parlament de Catalunya primer director de la Oficina Antifrau.

Ambos fallos también consideraban que los principales instigadores de la denuncia falsa contra el grupo de Olabarría fueron el entonces director general de Banesto para Cataluña y Baleares, Miguel Ángel Calama, y el abogado del banco, Rafael Jiménez de Parga, amigo del juez Pascual Estevill.

Intervención de Banesto

Una de las empresas de la órbita del grupo de Olabarría y los Romero, Harry Walker, había suspendido pagos dejando a deber a Banesto más de 600 millones de pesetas. Banesto pretendía recuperar el dinero de las cuentas personales de los empresarios. Sáenz fue nombrado presidente de Banesto el 28 de diciembre de 1993, tras la intervención de la entidad y la destitución del hasta entonces hombre fuerte de la entidad, Mario Conde.

El gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, se decidió a intervenir Banesto y destituir a Conde después de que los servicios de inspección del regulador constataran un agujero patrimonial en el banco de al menos 300.000 millones de pesetas. Una cifra que, a día de hoy, tras el dinero público destinado al rescate de la banca, puede parecer menos alarmante de lo que parecía en aquel momento. Sin embargo, sin Unión Monetaria y sin el euro, la cifra ponía realmente en peligro el sistema de pagos español.

Aunque, en buena medida, el colapso de Banesto se debió a las prácticas corruptas de Conde, especialmente en relación con la creación de la corporación industrial del banco, la práctica desaparición de los sistemas de control de riesgo puesta en práctica por el hoy tertuliano de Intereconomía contribuyeron en gran medida al desequilibrio patrimonial del banco. Por esa razón, Sáenz dio órdenes en cuanto se hizo cargo de la presidencia de recuperar los créditos impagados.

La sentencia considera que los instigadores de la denuncia falsa contra Olabarría y los Romero fueron Calama y Jiménez de Parga. El papel de Sáenz fue fundamental. No sólo autorizó la operación, sino que pretendía que los empresarios respondieran de la deuda de Harry Walker con su patrimonio personal, a pesar de que la estructura societaria lo impedía. El nuevo presidente de Banesto conocía el estado de cuentas de los empresarios por el cargo que ocupaba antes de ser elegido por el Banco de España para rescatar el banco presidido por Conde.

El rescate de Banesto no fue el primero que tuvo que afrontar en su vida Alfredo Sáenz. En 1982, cuando Banca Catalana suspendió pagos, el propio Sáenz fue el encargado de reflotar la entidad, que más tarde acabaría en manos del Banco de Vizcaya. Fue gracias a su cargo en Catalana que tuvo noticia de las cuentas de Olabarría y los hermanos Romero, información que, en ningún caso podía utilizar en Banesto.

Durante el juicio, algunos testigos dejaron claro que Banesto contaba con que la instrucción de la querella falsa cayera en manos del juez Estevill con el único fin de amedrentar al grupo de empresarios. Estevill no sólo encarceló a Olabarría, Luis Fernando Romero y Modesto González, sino que cambió la condición de uno de los testigos, el fallecido empresario Lorenzo Rosal, a imputado para que le pagara 25 millones de pesetas en concepto de soborno a cambio de no ingresar en prisión.

La reacción del Supremo

Aunque Sáenz fue condenado sólo por acusación y denuncia falsa, ha quedado claro que es un hombre realmente importante para su patrón, el presidente y principal accionista de la entidad, Emilio Botín. Tanto es así, que Botín logró que el último Consejo de Ministros presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero le indultara por la condena.

El año pasado le pagó un salario de 8,2 millones de euros, el doble del que cobró él mismo como presidente del consejo de administración. Y eso que Sáenz se había rebajado sus emolumentos en un 29%, porque en 2011 cobró en concepto de salario 9,2 millones de euros.

Es el banquero mejor pagado de España y el quinto del mundo. El próximo 21 de noviembre, Sáenz cumplirá 71 años. Y, aun así, su patrón le considera imprescindible para el banco.

El Supremo considera que el Gobierno de Zapatero se extralimitó y anuló parcialmente el indulto. Y acaba de iniciar los trámites para la inhabilitación de Sáenz que, si la ley se mantuviera como hasta ahora, no podría reincorporarse al cargo, porque el Banco de España impide que los ejecutivos bancarios tengan antecedentes penales. Y el Supremo ya ha dado instrucciones para que el nombre de Sáenz sea incluido en el Registro Central de Penados y Rebeldes. Por eso, el Gobierno de Mariano Rajoy ha convertido en una prioridad absoluta reformar la ley financiera para que la condición de honorabilidad de los ejecutivos bancarios sea discrecional del Banco de España y no dependa de los antecedentes penales. Una ley elaborada a la medida de Alfredo Sáenz.

El Tribunal Supremo ha anulado el indulto concedido al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ya que considera que la suspensión del oficio bancario no puede ser objeto de gracia.

El Alto Tribunal entiende que el Gobierno se excedió en la aplicación del indulto al pretender que su decisión supusiera que al banquero no le afectara la normativa bancaria que le inhabilita para ser banquero por sus antecedentes penales.

Por unanimidad de los ocho magistrados que integran la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acoge el recurso de varios empresarios, que sólo afectaba a un párrafo del indulto, el relativo a la incidencia de la medida de gracia en la normativa bancaria que le inhabilitaba.

En concreto, los recurrentes consideraban “ilegal” el párrafo del Real Decreto que excluye “cualesquiera otras consecuencias jurídicas o efectos derivados de la sentencia, incluido cualquier impedimento para ejercer la actividad bancaria, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años desde la publicación del presente Real Decreto”.

De Guindos: “El Gobierno aplicará la ley”

El ministro de Economía, Luis de Guindos, por su parte, ha eludido pronunciarse este martes sobre la decisión del Supremo, y se ha limitado a señalar que tanto el Gobierno como el Banco de España aplicarán el fallo, que podría inhabilitarle para el cargo.

“No tengo nada que comentar, respeto absoluto a las sentencias del Supremo”, ha dicho Guindos en rueda de prensa al término del Ecofin, durante la cual ha conocido el fallo. “No tenga usted la más mínima duda de que tanto el Banco de España como el Gobierno aplicarán la ley al respecto, como no puede ser de otro modo, y respetarán las sentencias”, ha resaltado.

Por lo que se refiere a la nueva norma que prepara al Gobierno sobre honorabilidad de los directivos bancarios, que permitiría al Banco de España autorizar a banqueros condenados a seguir ejerciendo en determinados casos, el ministro de Economía ha sostenido que este reglamento “no va a favor ni en contra de nadie”.

Guindos ha explicado que la norma responde a las directrices de la Autoridad Bancaria Europea y que todavía no está en vigor, sino que se ha sometido a consulta pública y el Gobierno tomará una decisión final una vez que haya escuchado todas las opiniones.

“No es tanto un tema de honorabilidad, que lógicamente se tiene que reforzar, sino también de profesionalidad”, ha sostenido el ministro el ministro de Economía. “Si hubiéramos tenido esta normativa en vigor, algunas de las cosas que hemos visto en los consejos de las cajas de ahorro en España no hubieran ocurrido”, ha dicho.

En todo caso, Guindos se ha mostrado convencido de que, ocurra lo que ocurra con Sáenz, la “capacidad de gestión” del Santander “le llevará a continuar siendo uno de los principales bancos, no solamente de España, sino en Europa y en el mundo”.

“El Banco Santander es una entidad de una enorme solvencia, que está diversificado por numerosas geografías, que tiene una trayectoria y un conocimiento de los mercados que prácticamente no tiene parangón en Europa”, ha señalado el ministro. “Sus trabajadores son de la máxima calidad y es muy importante para la economía española”, ha agregado.

Acusación falsa

El 25 de noviembre de 2011, el Consejo de Ministro del entonces Ejecutivo socialista decidió indultar a Sáenz de la condena de tres meses de arresto e inhabilitación para el ejercicio de banquero tras haber cometido un delito de acusación falsa cuando era presidente del Banesto.

Entonces, en 1994, la entidad financiera presentó una denuncia falsa contra cuatro empresarios catalanes, a los que quería cobrar un crédito de 600 millones de pesetas.

“Una vergüenza”, así califican varias fuentes consultadas los movimientos sobre las acciones de Banesto la semana pasada. La acciones de la entidad filial de Santander, que anunció en la mañana del lunes su absorción, pasaron de manos en las sesiones anteriores a un ritmo sospechosamente trepidante. Fuentes del mercado, que prefieren no ser citadas, reconocen que la semana pasada se filtró el rumor de que esta misma semana se podía anunciar la operación y comenzó el baile de títulos de la entidad financiera.

La reacción del mercado fue inmediata. El miércoles 12, el volumen de facturación de la entidad, esto es, las veces que cambia de manos en operaciones de compraventa, aumentó en un 1.921% frente al intercambio producido el día anterior (ver imagen). Al día siguiente, uno o varios inversores se apuntaron masivamente a este carro y se movieron en esa sesión hasta 1,13 millones de acciones de Banesto, cuando la media diaria durante 2012 fue de 158.000.

Pese a este elevadísimo volumen de facturación, el precio no sufrió alteraciones significativas. Así, en el día de más movimiento, la acción apenas mejoró en un 3% su valor. De nuevo fuentes del mercado explican que el cambio de titularidad no tiene por qué estar ligado a un brusco cambio de valor. Un inversor institucional puede haber ordenado (mediante uno o varios broker) la compra masiva de estas acciones con el fin de estar hoy bien posicionado ante el eventual anuncio de la operación.

Cabe resaltar que apenas un 10% de las acciones de Banesto circula libremente en bolsa. El resto del capital está ya en manos de la entidad financiera presidida por Emilio Botín. Cuando una acción es así de “estrecha” (como se conoce en términos técnicos), está sujeta a fuertes vaivenes en el mercado. Al operar sobre un número tan reducido de acciones, los movimientos que se producen en el precio o el volumen de la acción son mucho más virulentos.

Utilizar información privilegiada para operar en bolsa es un delito tipificado en la legislación española que puede ser perseguido penalmente. Lo difícil es demostrar que se ha utilizado para lucrarse cierta información obtenida gracias a un cargo en una empresa u organismo que opere en el mercado financiero. Es necesario que la información no esté al alcance de los inversores minoristas y que al trascender altere la cotización de un valor negociable. Hasta que una empresa no envía un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), no se considera que ha hecho oficial una información, aunque esta ya haya aparecido publicada en medios.

Aunque en el extranjero se han dado casos muy conocidos por condenadas por información privilegiada, como el caso de Raj Rajaratnam en EEUU donde el gestor de fondos tuvo que pagar una multa de 10 millones de dólares y devolver los 54 millones que había obtenido ilícitamente, en España su persecución ha sido muy deficiente. En la actualidad está bajo investigación un caso muy similar a este, el de la compra de Banco Pastor por parte de Banco Popular.

Santander anunció a primera hora de la mañana del lunes que absorbía a su filial Banesto con una prima –es decir, un precio superior al fijado en el valor de mercado de la acción– de casi un 25% respecto al cierre de las acciones el viernes. La oferta de compra de títulos de Banesto será en “papelitos”, esto es, se le canjeará al accionista sus 'banestos' por valores del banco de Botín. Así, por cada diez títulos de Banesto se darán al accionista 6,33 acciones de Santander.

Las acciones de ambos bancos estuvieron suspendidas buena parte de la mañana hasta conocerse los términos exactos de la operación. Una vez que se dio a conocer la noticia, como es natural, el precio de las acciones de Banesto se disparó en línea con la oferta del banco matriz. El rumor de que Banesto podría acabar fagocitado por su matriz llevaba semanas en el mercado. Banesto no había sido capaz de cumplir los requisitos de capital exigidos por el Banco de España para 2012 y su disolución dentro de Santander la libera de este compromiso.