Khurram Parvez era un adolescente cuando su abuelo, un civil, fue abatido a tiros por el ejército indio. Al crecer en Cachemira durante la década de los 90, Parvez terminó acostumbrándose a este tipo de violencia, pero nunca olvidaría aquel incidente.

A lo largo de las tres décadas siguientes, Parvez defendió los derechos humanos y documentó la violencia, la tortura y las desapariciones forzadas de cachemires atribuidas a las fuerzas armadas indias. Tras perder una pierna en la explosión de una mina terrestre en 2004, su contribución fue fundamental para lograr que los grupos rebeldes acordaran prohibir las minas terrestres.

Su trabajo le valió elogios a nivel internacional, pero el mes pasado, a primera hora del día, la Agencia Nacional de Investigación de India (NIA, por sus siglas en inglés), el organismo central que investiga los casos de terrorismo, arrestó a este hombre de 44 años en su casa y lo llevó a la cárcel acusado de “financiación del terrorismo”.

Se trata del último caso en suscitar acusaciones de represión a la disidencia por parte del partido Bharatiya Janata (BJP, por sus siglas en inglés), liderado por el primer ministro, Narendra Modi. Pero incluso bajo la sombra de la detención de Parvez, Modi es uno de los líderes mundiales que ha participado en la Cumbre por la Democracia convocada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En su intervención, el primer ministro indio se refirió a la independencia del poder judicial y de los medios de comunicación como “instrumentos importantes de la democracia”.

“Todos debemos mejorar constantemente nuestras prácticas y sistemas democráticos”, dijo el primer ministro. “Y todos tenemos que mejorar continuamente la inclusión, la transparencia, la dignidad humana, la respuesta a las quejas y la descentralización del poder”.

Más de 10.000 detenidos

La ley en virtud de la cual se detuvo a Parvez, la Ley de Prevención de Actividades Ilícitas (UAPA, por sus siglas en inglés) ha sido acusada de ser inconstitucional y antidemocrática. La UAPA, en apariencia una ley de prevención del terrorismo, ha sido utilizada regularmente por el Gobierno de Modi para detener a aquellos considerados críticos con el Gobierno, desde abogados y activistas hasta periodistas, sacerdotes, poetas, académicos, miembros de la sociedad civil y ciudadanos de la región de Cachemira.

El uso de la ley antes de la llegada del Gobierno de Modi al poder en 2014 era insignificante. Sin embargo, entre 2014 y 2020 10.552 personas fueron detenidas en virtud de la UAPA.

Para los arrestados en virtud de esta ley es especialmente difícil obtener la libertad bajo fianza, por lo que los acusados pueden permanecer en prisión preventiva durante años. Uno de los casos más notorios ha sido el del padre Stan Swamy, un sacerdote jesuita de 84 años con párkinson que fue detenido por su supuesto apoyo a actividades antinacionales y murió en la cárcel este año tras haber visto denegada repetidamente su solicitud de libertad condicional por motivos de salud.

Otro de los casos es el de un periodista, Siddique Kappan, que lleva más de un año arrestado sin derecho a fianza tras haber sido detenido mientras ejercía su trabajo. Hace dos semanas se le denegó la libertad condicional a Parvez y posteriormente fue enviado a la prisión de Tihar, en Delhi, tras 12 días detenido.

Designar como “terrorista”

El uso de la ley ha aumentado considerablemente desde 2019, cuando el Gobierno otorgó a las autoridades la facultad de designar a una persona como “terrorista”. El mes pasado, al estallar un episodio de violencia en el estado indio de Tripura, este nuevo poder fue utilizado contra los abogados que intentaron investigar los ataques, los periodistas que informaron sobre la destrucción de mezquitas y más de 150 periodistas y civiles que tuitearon sobre los incidentes.

En noviembre, un caso judicial llegó al Tribunal Supremo con el fin de impugnar la validez constitucional de la ley. La demanda señalaba que solo el 2% de las detenciones en virtud de la UAPA terminan en condena, argumentando que “los procesamientos en virtud de la UAPA se inician de mala fe o con pruebas de calidad insuficiente”.

“El principal problema con la UAPA es la vaga definición de ‘actividad ilícita’”, dice Salih Pirzada, abogado radicado en Cachemira. “Las autoridades pueden incluir cualquier cosa que hagas con tus acciones o palabras —o incluso si solo tienes la intención o la idea de hacer algo— en la definición de actividades ilícitas”.

El despliegue de la UAPA ha sido especialmente notorio en Cachemira, región que India y Pakistán se disputan desde la independencia india. Cachemira ha sido el hogar de una insurgencia violenta que lleva largo tiempo luchando contra el dominio indio y, como resultado, la región se ha convertido en la zona más militarizada del mundo.

Pero en agosto de 2019, el Gobierno del BJP revocó la autonomía que Cachemira había gozado a lo largo de 70 años y puso a la región bajo el control total del Gobierno central. A esto le siguió una severa represión militar, que se ha intensificado en los últimos meses.

En virtud de la UAPA, se han abierto expedientes policiales a un padre que reclamaba el cuerpo de su hijo asesinado por las fuerzas indias, a los jugadores de un partido de críquet organizado en memoria de un militante asesinado y a los cachemires que apoyaron a Pakistán en un partido de críquet India-Pakistán.

Repercusión internacional

La detención de Parvez suscitó la condena internacional. Mary Lawlor, relatora especial de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos, tuiteó: “No es un terrorista, es un defensor de los derechos humanos”.

El incidente también ha despertado llamamientos para modificar y adaptar la UAPA a la legislación internacional de derechos humanos. Human Rights Watch dice que las autoridades están “utilizando cada vez más la ley antiterrorista contra activistas, periodistas, manifestantes pacíficos y críticos para silenciar la disidencia”.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), la ley provoca “serias preocupaciones en relación con el derecho a la presunción de inocencia, así como con el derecho al debido proceso y a un juicio justo”.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio, Arindam Bagchi, acusa a la OHCHR de verter “acusaciones infundadas” y afirma que la detención de Parvez “se llevó a cabo de acuerdo con las disposiciones legales”.

“Las leyes de seguridad nacional, como la Ley de Prevención de Actividades Ilícitas de 1967 (UAPA), fueron promulgadas por el Parlamento para proteger la soberanía de India y garantizar la seguridad de sus ciudadanos”, dice Bagchi.

“Todos tienen miedo”

No es la primera vez que Parvez está en el punto de mira. Su organización, Jammu Kashmir Coalition of Civil Society (JKCCS), ha investigado la tortura sistemática, acusaciones de violaciones a civiles por parte de soldados indios, escenificación de tiroteos y la existencia de fosas comunes. También ha librado batallas legales en favor de las víctimas de Cachemira, por lo que Parvez resulta desde hace décadas un incordio para las fuerzas indias. En 2016, fue arrestado y retenido durante 76 días, hasta que un juez declaró que su detención era ilegal y arbitraria.

Parvez Imroz, colega de Khurram Parvez en la JKCCS, asegura que el fin de la detención era intimidar. En la actualidad, Imroz es el único miembro que queda al mando de la organización. En octubre de 2020, las autoridades allanaron su oficina por primera vez, lo que Imroz cree que fue el primer intento por hostigarlos.

“Su propósito era impedir que hiciéramos nuestro trabajo”, dice. “Ningún voluntario viene a trabajar aquí debido al miedo. Solíamos recibir a las víctimas aquí, pero todos tienen miedo”, agrega.

Traducción de Julián Cnochaert.

Según la instrucción emitida por la Subdelegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana, el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores presenta unas características especiales que lo relacionarían con el nivel cuatro de alerta antiterrorista y por ello se prohíbe a los manifestantes situarse a menos de cincuenta metros de la puerta azul del recinto. Para el Gobierno, alejar a los manifestantes de dicha puerta, una de las salidas de emergencia del recinto,  “resulta de imperiosa necesidad” con el fin de mantener dicho acceso libre y los emplaza a un mínimo de 50 metros del complejo.

Para la plataforma CIEs NO, que convoca las concentraciones, la argumentación de la Subdelegación no se sostiene, ya que ninguna de las situaciones que plantea es nueva. “La puerta azul ha sido siempre una salida de emergencia, llevamos ya más de dos años en alerta cuatro antiterrorista, el Complejo de Zapadores siempre ha sido un complejo policial con las mismas características y sin embargo el Gobierno nunca había actuado como ahora”, aseguran desde la plataforma.

El nivel antiterrorista consiste en una serie de directrices permanentes de ámbito preventivo que el Gobierno aplica a nivel nacional y que se traduce en un recrudecimiento de las medidas de protección en ciertas infraestructuras. Desde la plataforma afirman que entienden el aumento de protección del centro, pero que no deja de ser una estrategia del Gobierno para acallar las protestas.

“El Gobierno utiliza esa alerta cuatro para prohibirnos ahora manifestarnos frente al centro, llevamos bastante tiempo en este nivel de alerta y nunca nos habían puesto esta excusa. La utilizan porque es un argumento que puede parecer que tiene sentido, pero al final lo que están intentando es recortarnos derechos y limitar la capacidad de trabajo de nuestra campaña”, afirman desde CIEs NO.

Si bien estas concentraciones llevan produciéndose desde hace tiempo, las protestas se recrudecieron a raíz de la muerte violenta de un inmigrante de nacionalidad marroquí en el  centro el pasado mes de julio. El joven fue hallado muerto tras ser puesto en aislamiento después de participar en una pelea entre grupos y, pese a que la investigación sigue en curso, se apuntó a un supuesto suicido.

La plataforma señala ese momento como el punto de recrudecimiento de la situación y mantiene que el Gobierno se debería centrar en una mayor vigilancia por la protección, así como asegurar el cumplimiento de los derechos humanos dentro del CIE y no en tratar de acallar la campaña en protesta por una muerte y la situación en el centro. Los miembros de CIEs NO relacionan la situación, además, con la restricción del horario de entrada que aseguran que les trataron de imponer en verano a raíz de una supuesta falta de personal.

Para la plataforma, desde el Gobierno “están intentando restringir los derechos que la campaña ya tenía bastante asegurada, como eran las concentraciones y las entradas al CIE. Estas excusas son cosas al final que no tienen nada que ver, que dispongan de menos efectivos en verano no significa que durante ese tiempo los internos tengan menos derechos  de ser atendidos”.

“A nivel mediático, si consiguen deslegitimar la campaña, las denuncias y reivindicaciones que hagamos no tendrán tanto efecto. Van a intentar criminalizarnos y deslegitimarnos. Los meses anteriores nos hemos manifestado sin que se produjese ninguna instrucción desde Subdelegación, ni en relación a la alerta antiterroristas ni a la salida de emergencia.  ¿Lo que están diciendo es que los anteriores gobiernos no han tenido ningún tipo de preocupación por la alerta antiterroista? Lo veas por donde lo veas, no tiene mucho sentido”, concluye el portavoz.

El puerto de València y las aguas de alrededor acogen durante todo este martes un ejercicio de seguridad marítima antiterrorista, denominado MARSEC-19 y organizado por la Armada Española y la Autoridad Portuaria de Valencia (APV).

El ejercicio cuenta con la participación del Mando de Operaciones (MOPS), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), Capitanía Marítima de València, Puertos del Estado, la Dirección General de la Marina Mercante, SASEMAR y la empresa Trasmediterránea, ha informado la APV en un comunicado.

La operación simula un supuesto en el que se tiene conocimiento de la intención de un grupo terrorista de preparar un gran atentado en una terminal de pasaje de un puerto del Mediterráneo Occidental.

Dado el nivel de amenaza terrorista, el Capitán Marítimo de València cancela el paso inocente por aguas territoriales en una zona de seguridad establecida alrededor del puerto de las instalaciones portuarias, según las mismas fuentes.

Durante el ejercicio se llevará a cabo un abordaje coordinado entre la Armada y un equipo GEO de la Policía Nacional para impedir la intrusión sin autorización de un buque en aguas portuarias que, pese a tener prohibida su entrada al puerto de Valencia, entra en aguas territoriales.

Asimismo, se activará y comprobará el Plan de Protección del Puerto de Valencia bajo amenaza terrorista, en nivel de protección 2.

A las 18.00 horas, en las instalaciones portuarias, la Policía Nacional ha coordineado un dispositivo de cierre (C50) alrededor de una furgoneta sospechosa de llevar explosivos estacionada en la zona pública, así como el control de embarque en un ferry de Trasmediterránea bajo amenaza terrorista.

La primera teniente de alcalde y concejala de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Zaida González (PP), anunció este lunes la prohibición de circular por las vías del centro de la ciudad para aquellos camiones de más de 24 toneladas de peso.

González dijo que “se trata de una medida que ya habíamos anunciado y que ahora concretamos debido a las recomendaciones planteadas desde el Ministerio del Interior en materia antiterrorista y en lugares donde se prevé que haya una importante afluencia de público durante estas fiestas”, explicó la concejala.

A la vista de las recomendaciones de seguridad y de la agenda de eventos festivos del municipio, se ha determinado que en tres jornadas no circulen por el centro de la ciudad ese tipo de vehículos, concretamente en el perímetro comprendido entre las avenidas Tres de Mayo, Reyes Católicos, Asuncionistas y Ramblas de Santa Cruz.

El decreto recién firmado establece que dichas suspensiones solo se serán efectivas los días 24 y 31 de diciembre, así como el 5 de enero próximo. Los transportes suspendidos esas jornadas podrán realizarse desde el siguiente día laborable sin necesidad de solicitar una nueva autorización.

Únicamente se permitirá el paso a los vehículos de este tipo que transporten productos perecederos, y a aquellos que se dediquen a la distribución de estos para la reposición de locales de restauración y bares.

La Policía Local velará por el cumplimiento de estas condiciones, aunque, en caso de fuerza mayor y si es obligatorio algún transporte especial, deberá comunicarse previamente a la secretaría de dicho cuerpo policial.

Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), Asipal y CSI-F, todos con representación en la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, califican de “paripé” el dispositivo antiterrorista establecido en la capital tinerfeña por la Concejalía de Seguridad.

Según esas organizaciones sindicales, este dispositivo es “claramente insuficiente”, pues solo dispone de cinco policías y un mando, dura siete horas y no se establece todos los días de la semana.

Las mismas fuentes dicen que “lo más sangrante de dicho dispositivo es que en numerosas ocasiones se destina a cubrir distintos eventos deportivos o de ocio que se celebran en la ciudad, tal y como ocurrió el domingo durante la prueba deportiva que se celebró en el barrio de Santa María del Mar, el cual fue cubierto por los agentes destinados a la prevención de atentados, dejando descubiertas las zonas más sensibles de la ciudad ante un atentado terrorista”, se señala en un comunicado.

Asimismo, en el comunicado se expone que siguen sin chalecos antibalas individualizados para el personal que presta servicio en la vía pública y no hay formación especializada en terrorismo ni medios capaces de evitar un atentado. “Carecemos de cualquier protocolo de actuación y desconocemos cómo debemos actuar en el supuesto de un acto terrorista”, destaca la nota.

En esa línea indican que la Concejalía de Seguridad incumple la instrucción de la Dirección General de Seguridad y Emergencias emitida el pasado 5 de septiembre a todos los ayuntamientos, donde se hace hincapié en adoptar varias medidas tales como el control e identificación de vehículos y personas, chalecos de protección o la vigilancia de situaciones de radicalidad.

Desde los sindicatos están convencidos de que “la concejala de área, así como los altos mandos policiales, no creen realmente ni se toman en serio que un suceso de esas características pueda acontecer en la ciudad, y eso a pesar de que el nivel de alerta 4 reforzado hace hincapié en la vigilancia exhaustiva de las zonas turísticas, como es el territorio de Canarias”. Por tanto, explican, “toman medidas de cara a la galería, sin que sean realmente efectivas, y con ellas denotan un claro desprecio por la seguridad de las personas y de los agentes de policía”.

Por esas razones, piden que los responsables de la seguridad “cambien el chip y actúen como si un suceso de esta índole fuese a ocurrir mañana. Así se pecará de exceso y no de defecto al salvaguardar la vida de las personas”.

La Agrupación de la Policía Canaria de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias y la Federación de Servicios Públicos de UGT Canarias coincidieron este martes en “exigir la asunción de un plan específico para las islas que permita la inmediata incorporación de los más de 3.000 policías locales a la lucha contra el terrorismo”, se informa en nota de prensa.

Ambos sindicatos, presentes en la Mesa de Coordinación de Policías Locales que asesora a Gobierno de Canarias, entienden que estas medidas “son imperativas una vez que la Secretaría de Estado de Seguridad ha establecido la necesidad de que las policías locales colaboren en el Plan Nacional de Prevención y Protección Antiterrorista”. Los sindicatos consideran que “esta directriz no se está llevando a cabo en Canarias con el nivel de detalle que merece la gravedad del asunto, pues parece que como han pasado varios días, ya no existe ese temor a nuevas amenazas o peligros, y eso es una irresponsabilidad política, ya que los expertos en terrorismo mantienen la alerta 4 reforzada con las policías locales” asegura Carlos Lemes, miembro de la Agrupación de la Policía Canaria. Así, si bien aplauden que la Delegación del Gobierno esté manteniendo reuniones con algunas administraciones locales, lamentan que dichas reuniones “no pasen del compromiso de colocar barreras físicas, sin profundizar en medidas de colaboración de las policías locales”.

No se entiende, aseguran, que en estas reuniones “la Delegación del Gobierno no solo haya obviado a muchos ayuntamientos, sino que, además, pase por alto que la coordinación de las policías locales corresponde al Gobierno de Canarias, ausente de dichas reuniones”. “De esta ausencia también tiene culpa el Ejecutivo regional, que está haciendo dejación de las responsabilidades en materia de coordinación de las policías locales que se derivan del Estatuto de Autonomía”, asegura Carlos Lemes.

Para FSC-CCOO y UGT es “prioritario y urgente establecer medidas concretas para desarrollar una colaboración y coordinación interpolicial eficaz, para la cual el Gobierno de Canarias debería convocar la Junta de Seguridad Autonómica, así como abordar la asunción de medidas a cuatro niveles: la coordinación, la seguridad municipal, la autoprotección de los agentes de policía y las reformas legislativas.

Respecto de las medidas de coordinación, los sindicatos han presentado un extenso informe al Gobierno de Canarias, delegada del Gobierno y al Presidente de la FECAM con 24 medidas concretas para incrementar los niveles de seguridad de los ciudadanos y de los propios profesionales de la seguridad, y estiman prioritario, entre otros, el convocar la Junta de Seguridad Autonómica con el fin de analizar los riesgos en cada territorio, así como establecer fórmulas de intercambio de información entre los cuerpos de seguridad. “Es necesaria también la impartición de jornadas formativas en materia de terrorismo para los profesionales de la seguridad, formación que se debe incorporar en los programas de los cursos básicos de ingreso y capacitación de mandos. Asimismo, sería preceptivo que la Administración autonómica participara en la elaboración de la instrucción técnica y protocolos de actuación específicos para el desarrollo de la colaboración de las Policías Locales dentro del Plan Nacional de Prevención y Protección Antiterrorista”, dicen.

Como medidas de seguridad para los municipios, subrayan, “se hace imprescindible disponer barreras físicas en zonas sensibles; ampliar la presencia física de las policías locales en zonas específicas como medida disuasoria; realizar rigurosos controles de acceso a los eventos de pública concurrencia; vigilar y prestar atención a movimientos sospechosos de inmuebles ocupados o espacios de riesgos potenciales en el municipio; tomar medidas ante posibles brotes de discriminación, xenofobia o islamofobia que puedan surgir en los municipios; convocar urgentemente los empleos vacantes en las plantillas de Policía Local con el fin de aumentar la seguridad en los municipios; y establecer una línea de colaboración permanente entre el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos para una selección más rápida de los nuevos agentes de seguridad”, asegura José Antonio Alonso, de UGT.

En cuanto a las medidas de autoprotección para los policías locales, los sindicatos consideran que “es preciso minimizar el riesgo de los agentes en el mantenimiento de la seguridad. Para ello deberían restringirse las patrullas unipersonales, establecer un mínimo de efectivos y la utilización obligatoria de los chalecos antifragmento/antipunzante, dotar a las unidades especializadas de armas largas, escudos y cascos balísticos, entre otros elementos estos de los que es necesario incrementar la dotación”.

“Las reformas legislativas necesarias pasan por modificar la orden por la que se establece la estandarización de los medios técnicos y defensivos de los efectivos de las policías locales de tal forma que se simplifique y agilicen los procesos de selección de nuevos agentes, que actualmente se dilatan un año o más”, aseguran. Asimismo, “es preciso reactivar la Academia Canaria de Seguridad como órgano vertebrador de la formación en materia de seguridad y capacitación de todos los policías locales de Canarias”. Por último, los sindicatos exigen “acelerar la tramitación de la nueva Ley de Coordinación de las Policías Locales de Canarias, actualmente en elaboración”.

Aparte de estos cuatro ámbitos de actuación, los policías locales de Canarias exigen que “el Gobierno de Canarias solicite al Gobierno central que le ceda competencias en materia de personal, a través de la formula prevista en el artículo 150 de la Constitución Española, para que el Gobierno de Canarias asuma las competencias en el desarrollo de las Ofertas de Empleo Público y tasas de Reposición de las administraciones Canarias, con el fin de elevar el número de policías locales que en los últimos 10 años ha decrecido en más de 400, lo que supone no poder las demandas de seguridad en muchos municipios”.

El dolor inesperado produce miedo y el miedo paraliza. Empezamos a salir poco a poco de la parálisis en que nos han sumergido los atentados de Barcelona y es momento de analizar lo que nos ha pasado; es momento de pensar.

Estamos ante un asunto muy complejo en el que se mezclan cuestiones que van de lo local a lo internacional, desde la integración hasta los intereses empresariales españoles en algunos países árabes. Muy complejo, por lo que es más necesario aún analizarlo globalmente y desde la perspectiva de lo que se puede hacer realmente.

 El 11M fue un atentado perpetrado por extranjeros; ahora estamos ante un atentado yihadista cuyos responsables han crecido en nuestro país. Es lo habitual en Francia o en Reino Unido, que tienen modelos de integración e identitarios diferentes entre sí y diferentes al nuestro, pero no aquí. ¿Cuál es la razón? ¿Qué pasa por la cabeza de unos chicos que están aparentemente integrados? ¿Dónde perdieron el futuro?

Durante casi ocho años trabajé en la fundación pública Pluralismo y Convivencia, cuyo objeto es asegurar el ejercicio de la libertad religiosa a las confesiones minoritarias. Estuve esos años muy cerca de la realidad de la comunidad musulmana española. Más de un millón de musulmanes y musulmanas —más de un tercio de ellos españoles— no lo están teniendo fácil para normalizar su religión. Cuestiones que parecen normales como enterrarse en un cementerio público por su rito —reconocido por ley— o abrir un centro de culto siguen siendo muy difíciles.

Lo que es imposible es disponer de un imán formado en España. En una comunidad musulmana la autoridad la tiene el presidente y la junta directiva, el imán es un contratado que no suele pasar muchos años en el mismo lugar y que es habitualmente despedido cuando su prédica no gusta por radical —eso no va a pasar con el sacerdote católico de Madrid que ha echado la culpa de los atentados a Ada Colau. El problema es que cuando se busca un imán, éste se ha formado en Marruecos, Egipto o Arabia Saudí, porque aquí no hay como estudiar. Hay decenas de facultades de teología católica, pero ninguna islámica. Y esto es un problema. La religión genera dinámicas culturales —celebraciones, arte…— pero es diferente cultura que religión. Un imán formado en el Golfo trae dinámicas culturales que no son religiosas, pero que al final transmite.

¿Por qué no se ha normalizado? Aquí hay tres escollos importantes. El primero: Arabia Saudí, que financia mezquitas, imanes y sobre todos los libros de teología —traducciones de libros saudíes— cuyo objetivo es extender su visión rigorista del Islam. Sirva como ejemplo que el gobierno de Kuwait no deja importar libros de religión saudíes porque le parecen extremistas. El gobierno español lo sabe pero en la otra parte de la balanza están las armas que compran, el AVE de Meca a Medina y la licitación del metro de Riad; unas decenas de miles de millones euros para empresas españolas —algunas que aparecen en los sumarios de las tramas de corrupción del PP. En esa balanza ha ganado el dinero y no la normalización.

El segundo es Marruecos, que intenta no perder el control de sus emigrados porque piensa que de fuera les vendrá el cambio. Para esto intentan mantener su identidad, de manera que los hijos nietos y bisnietos de marroquíes sigan manteniendo la identidad del que emigró y no la del país del que han nacido. Eso deja a muchos hombres y mujeres en un limbo identitario, sin saber de donde son y eso es un problema. Escucho que los atentados han sido contra nuestra forma de vida, pero es la misma que la que tenían los que los han realizado. Llama la atención que en la prensa marroquí estos días se esté reclamando de nuevo el control de los imanes en España para que el discurso sea moderado. En este caso la cuestión no es de discurso, sino de identidad. Este camino lleva a segundas y terceras generaciones —que son españoles— a no saber de donde son, cuál es su casa, donde van a desarrollar su proyecto vital. Cuando esto ocurre, las identidades se buscan fuera de la realidad, muchas veces vía internet. El gobierno español lo sabe, pero en el otro plato de la balanza tiene la pesca, los intereses de las empresas españolas y las pateras. De nuevo pierde la normalización.

El tercero es el propio gobierno, que en lugar de dar pasos para normalizar el islam español, se ha dedicado a presionar a la Comisión Islámica de España mediante decretos —algunos con informe negativo del Consejo de Estado— para controlarla y recortando al extremo el dinero y los esfuerzos destinados a  la integración de las comunidades y a dar transparencia al ejercicio de la libertad religiosa. Porque no hay nada que ejerza más control que la transparencia —en esto y en todo. 

Hay un camino de integración por hacer que debe ir en paralelo, pero conectado con la seguridad y la política internacional. Aún así siempre habrá un riesgo que tiene que ver con la condición humana, la personalidad, la situación económica, la afectiva… y esto es muy relevante y poco controlable.

Se ha puesto de nuevo en la agenda la necesidad de la unidad y de reactivar el pacto antiterrorista. La cuestión de fondo es cómo. Porque el que lo propone es el gobierno que mira para otro lado ante la realidad de los musulmanes españoles, que ha reducido el trabajo de normalización que se había puesto en marcha, que usa la situación como táctica política contra el nacionalismo o los municipios del cambio. Recordemos que los únicos resultados de este pacto hasta ahora han sido encarcelar a algunos tuiteros y señalar al que no se suma incondicionalmente. Hoy más que nunca es necesario abordar el terrorismo con profundidad y seriedad, desde un análisis exhaustivo y poniendo por delante la resolución del problema y no los intereses comerciales o políticos; actuando en lo que podemos hacer aquí y no en lo que deben hacer otros. El objetivo no puede ser repetir todos al unísono “unidad”.

Pasos para un pacto real serían acoger a los refugiados que han sufrido en sus países el horror que vivimos ahora o empezar a generar políticas para la normalización de los españoles musulmanes. Se trata de anteponer el bien común a otro tipo de intereses. Se trata de sacarnos el miedo que si se queda nos va a paralizar. Se trata de pensar.

El autodenominado Estado Islámico ha publicado un vídeo en el que celebra los atentados de Barcelona y Cambrils y amenaza a España con nuevos ataques: “Al Andalus volverá a ser lo que fue, tierra de califato”. Pero, lejos de tener miedo, las redes sociales han respondido con su mejor arma: el humor. 

El protagonista del vídeo, Abu Lais Al Qurdubi —Abu Lais “El Cordobés”—, y que según fuentes policiales se llama Muhammad Yasin Ahram Pérez, tiene 22 años, nació en Córdoba y es hijo de la malagueña Tomasa Pérez, que se fue a Siria con sus hijos en 2014 para unirse al califato. Así es como “El Cordobés” se ha convertido este jueves en el centro del humor tuitero.

Mohamed Houli, detenido en la operación antiterrorista de los ataques de Catalunya, ha asegurado que parte de la cadena de atentados que tenían previstos la célula incluían que el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, se quería inmolar en Barcelona. Es Satty murió en la noche del pasado miércoles en la explosión de Alcanar, en la que Houli resultó herido.

Según informan fuentes presentes en la declaración, Houli ha reconocido que los terroristas querían colocar explosivos en los monumentos más importantes de la ciudad, aunque se ha negado a aclarar las localizaciones concretas. Según ha declarado, él supo de los planes hace dos meses. No ha explicado cómo adquirieron las más de 100 bombonas que acabaron explotando.

Houli, como también ha hecho Driss Oukabir —este último con más insistencia—, ha responsabilizado al imán de los atentados y le han situado al frente de la célula terrorista. Oukabir ha insistido durante su declaración en que él no pertenece a esa célula, que alquiló las furgonetas porque le dijeron que eran para una mudanza que iban a hacer tres de los implicados, y que la empresa les pedía que las alquilase alguien mayor de 26 años.

Por su parte, Mohamed Alla se ha defendido asegurando que el Audi A3 que usaron los terroristas en Cambrils estaba a su nombre, pero no lo utilizaba él, sino su hermano Said. Figura como propietario, ha declarado, porque así el seguro salía más barato, pero ha afirmado que su coche es un Seat Ibiza.

Salh el Karib, propietario de un locutorio en Ripoll, también se ha desvinculado de la célula terrorista. Según ha explicado, él se limitaba a actuar de intermediario cuando dos de sus miembros quisieron adquirir unos billetes a Marruecos. Oukabir y el imán le pagaron una comisión a cambio de que comprase esos pasajes a su nombre.

Tras la declaración de los cuatro detenidos, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido que ingresen en prisión incondicional acusados, de manera indiciaria, de los delitos de integración en organización terrorista, asesinato terrorista, estragos y tenencia de explosivos.

“No al terrorismo, no a la violencia y sí a la paz”. Este ha sido el llamamiento de la comunidad musulmana. Con el lema “La comunidad musulmana contra el terrorismo” cientos de personas se han manifestado este lunes por la tarde en la plaza de Catalunya de Barcelona. 153 entidades se han adherido al manifiesto y han mostrado su rechazo a los atentados de Barcelona y Cambrils.

Un manifiesto y tres parlamentos hechos en catalán, castellano y árabe han precedido un minuto de silencio que se ha impuesto rotundamente en medio de la plaza de Catalunya. También han querido mostrar el apoyo a las familias de las víctimas y los heridos. “Tenemos que trabajar para que no vuelva a pasar”, ha afirmado la portavoz de la Fundación Ibn Battuta, Míriam Hatibi.

“Hablemos seriamente sobre cómo podemos afrontar el futuro, que sientan que Catalunya es su tierra y que sean capaces de cambiar muchas cosas, que se adapten a los tiempos que corren”, ha manifestado Hatibi. Por ello piden a las instituciones que trabajen conjuntamente con las entidades de la Comunidad Musulmana de toda Catalunya. 

Hay que hacer “que sientan que Catalunya es su tierra, de manera que sean capaces de rechazar cualquier mensaje radical o extremista” han expresado en el manifiesto. Las entidades han finalizado la lectura del manifiesto llamando a “estar todos unidos contra el terror” e ir a la manifestación del sábado por la tarde en Barcelona.

A la manifestación también han participado la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, el consejero de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, los tenientes de alcaldía, Gerardo Pisarello y Jaume Collboni, la concejala Gala Pin, la diputada del PSC Meritxell Batet, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, entre otros.

Tras la lectura del manifiesto, los participantes han bajado por la Rambla de Barcelona hasta el Liceu. “Somos musulmanes, no somos terroristas”, “No tenemos miedo” y “No en mi nombre” han sido las consignas con las que han ido abriéndose paso entre los numerosos turistas y periodistas. A los pocos metros de llegar hasta el altar de flores y velas improvisado que hay en el mosaico de Miró, la Rambla ha estallado en aplausos.

La diputada en el Congreso de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha pedido “reflexión” a las fuerzas políticas que “están de observadores” en el pacto antiterrorista firmado en 2015 y que “se sienten” a trabajar “contra la lacra del terrorismo”.

Oramas ha realizado estas declaraciones tras participar en un minuto de silencio realizado frente al Cabildo de Tenerife en homenaje a las víctimas de los atentados de Cataluña.

Asimismo, Oramas ha mostrado solidaridad con las víctimas, su apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ha pedido la unión “de todos los demócratas”.

En el acto de homenaje a las víctimas celebrado frente al Cabildo de Tenerife, tanto los trabajadores como los representantes políticos han condenado los ataques terroristas.

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, ha mostrado un “inmenso sentimiento de solidaridad” con las víctimas, a las que, ha indicado, hay que atender y “no cansarse” de condenar el atentado.

Alonso también ha expresado que “toda la sociedad occidental está amenazada” y lo que se debe hacer es “buscar la manera de eliminar esta semana de las ciudades, pero manteniendo los principios básicos de la sociedad occidental, una sociedad abierta, normalizada y sobre la que los terroristas quieren atacar.

Asimismo, el presidente ha dicho que espera que todos los terroristas sean detenidos y que esto no vuelva pasar “ni en España ni en ningún lugar del mundo”.

El Gobierno y la Generalitat han acordado este lunes integrar a los Mossos d'Esquadra en el Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo (CITCO) y la Mesa de Evaluación del riesgo terrorista. El acuerdo se ha alcanzado en una reunión de la Junta de Seguridad de Catalunya, la primera en ocho años, entre los representantes de Interior del Ejecutivo catalán y el estatal.

De este modo, los Mossos d'Esquadra podrán tener acceso a la información policial europea y también a los foros estatales policiales de la lucha contra la amenaza yihadista, entre otros. Con todo, ha quedado pendiente la integración de los Mossos en el sistema Siena de Europol de intercambios de información policial europea que reclama la Generalitat.

En rueda de prensa al finalizar la reunión de la Junta, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado que se creará un grupo de trabajo para explorar la posibilidad de que los Mossos d'Esquadra puedan participar en el sistema de intercambios de información policial de Europol.

Zoido ha celebrado el tono en el que se ha celebrado la reunión de la Junta, que llevaba ocho años sin convocarse, y ha afirmado que ha sido posible porque “la normalidad constitucional se mantiene” entre la Generalitat y el Estado. “Hoy se ha roto el hielo”, ha expresado el conseller de Interior, Jordi Jané.

Además, se creará otro grupo de trabajo para estudiar la inclusión de los Mossos en el marco del “Convenio de Aplicación del Acuerdo Schengen”, como servicio competente para realizar persecuciones transfronterizas en caliente, como se ha acordado recientemente para la Ertzaina.

No ha sido fácil cerrar una fecha para la celebración de esta reunión, que llegará 3.052 días después de la última Junta, tras una ardua negociación llena de aristas que incluso llevó a Puigdemont a anunciar que la convocaría unilateralmente para el pasado 3 de julio, si bien finalmente Gobierno y Generalitat pactaron 'in extremis' citarse este lunes.

Una manifestación por la paz ha conseguido enfrentar a las organizaciones que representan a los musulmanes en Alemania. La marcha Nicht Mit Uns –No con nosotros–, que este sábado saldrá a las calles de Colonia a protestar contra del terrorismo, ha sido organizada por activistas para condenar los actos de terror y violencia llevados a cabo en nombre del Islam. Pero la organización islámica más grande del país ha comunicado que no va a participar en la manifestación, porque equivale a una “asignación de culpa” encaminada a dividir la sociedad alemana.

Los organizadores de las protestas han llamado al evento del sábado “Ramadán- Manifestación de paz”, donde prevén la asistencia de miles de personas. Dijeron que han elegido específicamente el Ramadán, mes santo de los musulmanes, debido al gran número de atentados que terroristas musulmanes han llevado a cabo por todo el mundo en los últimos meses.

Haciendo una lista de la cadena de atentados desde París y Bruselas hasta Kabul, Bagdad y Estambul, los organizadores –la estudiosa del islam Lamya Kaddor y el pacifista Tarek Mohamed– han hecho un llamado a los manifestantes para que “manden una enérgica señal en contra de la violencia y el terror”. Los organizadores han asegurado que “de manera perversa, los terroristas han elegido repetidamente este momento en particular para llevar a cabo un número especialmente grande de sus atroces hazañas”.

Pero DITIB, la organización coordinadora de musulmanes más grande de Alemania, se ha dirigido a sus miembros para decirles que permanezcan en sus casas, advirtiendo de que la manifestación sólo conducirá a más estigmatización. “Las demandas de manifestaciones antiterroristas 'musulmanas' estigmatizan a los musulmanes y dan la impresión de que el terrorismo internacional vuelve a sus comunidades y mezquitas”, afirma el comunicado, que destaca que los musulmanes “ya innumerables veces se distanciaron de los actos violentos en forma de declaraciones públicas comunes, reuniones públicas de oración” y otras iniciativas. 

También criticó a los organizadores por programar la manifestación el día 22 del mes del Ramadán, cuando los que cumplen el acto religioso tienen prohibido beber y comer entre las 3.47 am y las 9.55 pm. “No puede esperarse que musulmanes en ayunas puedan manifestarse al sol del mediodía” declaró DIBIT.

La manifestación del sábado tendrá lugar en la ciudad donde las tensiones entre inmigrantes musulmanes y no musulmanes aumentaron considerablemente después de los ataques sexuales llevados a cabo durante la celebración de año nuevo de 2015/2016, en las que cientos de mujeres denunciaron incidentes de abusos sexuales y violaciones por parte de hombres que la policía identificó como “de origen árabe y norafricano”.

Los críticos de la política de puertas abiertas de Angela Merkel en favor de los refugiados en el verano y otoño de 2015 han culpado al gobierno de los ataques terroristas, como por ejemplo el del mercado de Navidad en Berlín en diciembre, en el que 12 personas fueron asesinadas. Mientras tanto, los líderes musulmanes se han enfrentado reiteradamente a demandas que no han podido abordar adecuadamente los incidentes.

Nicth Mit Uns cuenta con el apoyo de la clase política alemana y de grupos de interés musulmán, incluyendo el Consejo Central de Musulmanes, así como grupos cristianos. Está prevista la participación de representantes de políticos de la coalición gobernante de democristianos y socialdemócratas, así como de la mayoría de los partidos de oposición, junto con escritores, actores y personalidades de la televisión.

Kaddor, escritora y presidenta de la Asociación Liberal-Islámica, que llegó a Alemania desde Siria con sus padres en 1978, afirma que la elección del momento de la protesta fue deliberado, tras semanas de violencia extrema por todo el mundo. “Manchester fue la gota que colmó el vaso”, dijo al periódico “Kölner Stadt-Anzeiger”, en referencia al ataque bomba al Manchester Arena, en el que 23 personas fallecieron y muchas más resultaron heridas. Y añadió: “Los musulmanes queremos unirnos y formar una amplia coalición contra todos los que usan la violencia, especialmente cuando lo hacen en nuestro nombre”.

DITIB explicó que llevará a cabo sus propias iniciativas de “oraciones por la paz y contra el terrorismo” en sus mezquitas este fin de semana.

Traducción de Alicia Stein

Cuando, tras el último ataque en Londres, la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, afirmó que estaría dispuesta a “cambiar las leyes que protegen los derechos humanos” si esto servía para combatir el terrorismo, muchos hicieron aspavientos. Pero lo cierto es que no afirmaba nada que no esté en la mente, y quizás en los planes, de muchos gobernantes europeos.

A pesar de que las palabras de May parezcan una salida de tono ilustran a la perfección una tendencia creciente de los últimos tiempos: oponer “derechos humanos” a “seguridad”, o “derechos humanos” a “lucha contra el terrorismo”, como si Europa viviera un dilema inevitable, planteado en términos de vida o muerte, que imposibilita que los dos conceptos puedan ir de la mano.

Miremos hacia Francia. No hablamos demasiado del país vecino, pero la realidad es que lleva un año y medio, desde los ataques de París de noviembre de 2015, en estado de excepción. Esta constante de estado de emergencia no es inocua y supone graves consecuencias que debemos analizar a fondo porque París parece el banco de pruebas hacia donde nos quieren conducir algunos gobernantes europeos para “combatir la amenaza terrorista”. Y la realidad es que las medidas extraordinarias en nombre de la seguridad han violado repetidamente los derechos de muchos ciudadanos franceses, con un uso y un abuso desmesurado del poder por parte de la policía, de las fuerzas especiales y del estado: veamos qué se cuece.

Francia ha ampliado poderes para poder realizar registros e imponer arrestos domiciliarios sin necesidad de una autorización judicial. Y ha ampliado los poderes para prohibir reuniones y manifestaciones públicas de modo permanente. Por supuesto que las medidas extraordinarias caben en un ordenamiento democrático y constitucional y en un estado de derecho, sí, pero sólo son admisibles y justificables de manera temporal y proporcionada, porque se alejan del derecho penal ordinario y restringen libertades civiles y derechos humanos. También deben ser sometidas a control y vigilancia.

El actual estado de excepción en Francia permite, por ejemplo, prohibir cualquier concentración como medida cautelar, es decir, preventivamente, alegando unos motivos demasiado amplios y poco precisos de “amenaza al orden público”. Tenemos evidencias claras que estos poderes se han utilizado con frecuencia de modo desproporcionado e injustificado. Se han dictado centenares de medidas que han limitado la libertad de circulación de personas y el derecho de reunión pacífica. ¿Alguien puede explicar, por ejemplo, la supuesta relación de protestas contra la última reforma laboral en Francia o contra el cambio climático con el terrorismo global o la seguridad? Más bien parece una excusa del estado francés para utilizar los instrumentos discrecionales de los que se ha dotado para reprimir el derecho a la protesta. Así, da la impresión de que el estado utiliza todos los recursos a su alcance para atacar a las personas y a los grupos más activos en los movimientos sociales.

Este estado de excepción renovado hasta seis veces (!) –que el flamante nuevo presidente, Emmanuel Macron, rompiendo lo prometido en campaña, ya se ha afanado a decir que quiere renovar– implica la normalización de las medidas invasivas del poder.

Si analizamos la eficacia y el resultado, las cifras son muy claras. De un total de 3.200 registros domiciliarios sólo han surgido cuatro investigaciones criminales, que no condenas, por delitos que podrían estar relacionados con el terrorismo. Se han dictado hasta 400 órdenes de arresto domiciliario sin que se hayan iniciado procedimientos judiciales contra estas personas. Entre noviembre de 2015 y mayo de 2017 se han prohibido 155 reuniones públicas y decenas de manifestaciones e impuesto órdenes para impedir participar en ellas a más de 600 personas, casi todas ellas relacionadas con las protestas contra la reforma laboral.

Y en las marchas que finalmente recibieron luz verde, la policía se desplegó para contener manifestantes pacíficos que no representaban ninguna amenaza concreta al orden público. El derecho internacional reconoce el derecho inalienable a participar en reuniones y manifestaciones pacíficas y los actos de violencia esporádica o delitos que otros puedan cometer no deberían ser atribuidos a personas con intenciones y conductas pacíficas. El resultado fue que en muchas de las protestas la policía recurrió a la fuerza excesiva de modo innecesario y arbitrario, dejando centenares de manifestantes heridos: balas de goma, sprays abrasivos en la cara, gases lacrimógenos, encapsulamiento de manifestantes durante horas y toda una serie de prácticas dudosas. Estos abusos rompen la presunción del derecho internacional de que una manifestación es pacífica salvo que las autoridades puedan demostrar lo contrario: las manifestaciones se perciben de entrada como una amenaza y no como un derecho fundamental (lo que son).

La cuestión central es que el Gobierno francés, y cualquier gobierno, deberían garantizar que las medidas de excepción se utilizan únicamente para lograr el objetivo por el que se declararon: prevenir nuevos ataques contra la población. Francia debería abandonar estas medidas si no puede demostrar que se enfrenta a una situación de emergencia pública real y masiva. Si no lo hace, corre el peligro de caer en una peligrosa y vertiginosa espiral (la actual) que conduce al país hacia un estado de excepción permanente.

Hay quien defenderá que la amenaza que representa el terrorismo es de tanta gravedad que debemos prescindir de normas existentes del derecho internacional para que los gobiernos puedan proteger a la población de los ataques. Que los derechos humanos, como dijo May, son un obstáculo para combatir de manera eficaz el terrorismo. La cantinela es antigua: la escuchamos desde 2001, desde los ataques de la 11S en EEUU. La Administración Bush ya esgrimió estos argumentos y conocemos perfectamente sus resultados: el programa de detenciones secretas de la CIA, la extensión masiva de la tortura, las intervenciones militares unilaterales, etc.

El catálogo de abusos contra los derechos humanos en nombre de la seguridad llegó a niveles inimaginables en lo que consideramos estados de derecho o democracias. ¿Y de qué sirvió? ¿Alguien, con dos dedos de frente, puede afirmar sin enrojecer, que hoy el mundo es más seguro que en 2001? ¿Que la amenaza terrorista se ha reducido? ¿Que hay más seguridad?

La doctrina que opone seguridad y derechos humanos no ha funcionado. Nada. Poner en peligro los derechos humanos, en definitiva vulnerarlos, no sirve a la lucha contra el terrorismo. Contrariamente, facilita al terrorista la consecución de su objetivo, al concederle una falsa autoridad moral y provocar tensión, miedo, odio y desconfianza hacia los gobiernos justo en aquellos sectores de la población donde tienen más posibilidades de reclutar a gente. Es una vía sin salida que hay que abandonar antes de que sea demasiado tarde.

El nivel de alerta 4 activado en toda España para prevenir atentados terroristas obligará esta Semana Santa a los pasos de las cofradías de Las Palmas de Gran Canaria a procesionar en favor del sentido del tráfico cuando salgan del entorno peatonal de Vegueta y Triana.

Así lo ha explicado este miércoles en la rueda de prensa de presentación del pregón y el programa de este año el presidente de la Unión de Archicofradías, Cofradías, Hermandades y Patronazgos de la ciudad, Guillermo Mariscal, quien ha anunciado que el pregón, que tendrá lugar mañana a las 20.30 horas en la catedral de Santa Ana, correrá a cargo del profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Jesús Pérez Peña.

Respecto a los cambios que afectarán a las procesiones por cuestiones de seguridad, el hermano mayor de la cofradía de Los Dolores de Triana, José Luis Rivera, ha explicado que, en este caso, este año se volverá a hacer el mismo recorrido de hace dos años, de manera que, en lugar de bajar por Perdomo, se bajará por Domingo J. Navarro.

Otra novedad de este año será la inauguración, el 7 de abril en la sede de la Unión, ubicada en la plaza de Santo Domingo, de una exposición con la que se conmemorarán los 75 años de historia cofrade de Gran Canaria.

Esta muestra exhibirá una semblanza de la Real Cofradía del Santísimo Cristo del Buen Fin, hermandad decana de la isla, y se podrá visitar hasta el próximo 21 de abril.

El pregonero de este año, el doctor Pérez Peña, ha explicado que en su discurso hará una reflexión personal en la que tratará de responder a la pregunta “¿por qué no debo ser creyente?”.

Pérez Peña ha considerado que el mensaje de la Semana Santa no es “reduccionista, sino universal”, por lo que “todos tienen acceso a él”.

El programa de la Semana Santa de Las Palmas de Gran Canaria 2017 comenzará el Domingo de Ramos a las 11.00 horas, con la procesión de “La Burrita”, que conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, a la que seguirá, desde las 19.00 horas, la del Cristo de la Salud y la Virgen de la Esperanza de Vegueta.

El miércoles 12 de abril procesionará, a partir de las 19.00 horas, la Hermandad de los Dolores de Triana, y, desde las 20.30 horas, la Hermandad del Santo Encuentro.

El jueves santo a las 00.00 horas comenzará el vía crucis en silencio que acompañará al Cristo del Buen Fin y, al día siguiente, tendrá lugar la procesión de “Las Mantillas”.

Mariscal también ha detallado que la magna procesión interparroquial, en la que están involucradas tres parroquias y nueve patronazgos, que van adosando los pasos en función del tiempo litúrgico que se representa en la calle, se celebrará el viernes santo a partir de las 18.30 horas.

Posteriormente, desde las 22.30 horas, tendrán lugar las procesiones del silencio de Triana y del retiro de Vegueta.

Justo antes de que sus torturadores lo empujaran desde una furgoneta al pavimento de una calle en Nairobi, estando casi inconsciente, a Abdi le advirtieron que había tenido suerte: “Hoy tenías que morir”.

El operativo de seguridad que lo detuvo era keniata, pero una investigación realizada por la Anganza Foundation for African Reporting sugiere que puede haber sido parte de una estrategia de contraterrorismo financiada por Estados Unidos en todo el continente africano. Esta estrategia está dejando un rastro de destrucción a su paso.

Desde que Kenia invadió Somalia en 2011 en un intento de desplazar al grupo islamista Al Shabaab, miles de somalíes que viven en Kenia, igual que Abdi, han sido detenidos; muchos por dudosas razones.

Las fuerzas de seguridad, especialmente la Fuerza de Defensa Keniata, que continúa recibiendo importante financiación estadounidense, y la unidad policial antiterrorista han sido acusadas de torturas y ejecuciones.

Aunque el relato de Abdi dificulta verificar el caso de forma independiente, los detalles coinciden con los de otros relatos recogidos por ONG locales, incluida la Unidad Médico-Legal Independiente, que registra incidentes de tortura y violencia policial en Kenia.

Abdi asegura que estaba saliendo de la universidad donde estudiaba en 2015 cuando un coche, transformado en unidad de tortura móvil, se detuvo a su lado. Desde dentro le apuntaron a la cara con un arma con silenciador.

Mientras lo arrestaban, los hombres, que se identificaron como policías, le dijeron a Abdi que hacía años que lo tenían vigilado. Sus interrogadores le explicaron que era sospechoso por vivir en una casa en las afueras de Eastleigh, un suburbio de Nairobi mayormente somalí. Le preguntaban una y otra vez: “¿Estás intentando reclutar para Al Shabaab?”

Abdi asegura que cuando no les gustaba una respuesta, le aplicaban una descarga eléctrica con un táser industrial para ganado. El hombre calcula que su calvario duró unas siete horas.

Desde ese día, Abdi sufre dolor crónico de espalda a causa de las descargas. Pero aun así, se considera afortunado. “De diez [personas] que se llevan, solo regresa una”, afirma.

“Kenia lo hace para complacer a otros países”

El doctor Abdallah Waititu tuvo menos suerte. No se le ha vuelto a ver desde que se fue de su trabajo la tarde del 4 de abril del año pasado. Este farmacéutico de 33 años de origen somalí, conocido como Duktur (“doctor”), era un pilar de la comunidad de Eastleigh hasta que desapareció.

“Nuestros amigos nos dicen que no nos preocupemos, que debe de estar vivo. Pero no lo creeré hasta que lo vea”, afirma su hermano Imran. La vida de la familia de Waititu cambió radicalmente. Sus tres esposas y cinco niños pequeños se han tenido que mudar a un piso más pequeño y sus hermanos trabajan horas extras para pagar el alquiler y la comida. Cada semana visitan comisarías y morgues.

La familia también está intentando denunciar al Gobierno para saber dónde está Waitutu. El Gobierno dice que no lo sabe.

En junio también desapareció Abdul Mwangi Karuri, otra importante figura de la mezquita y político en ciernes. Sus compañeros del Partido Democrático culpan a las autoridades.

El gobierno keniata, incluido el Centro Nacional de Contraterrorismo, no ha respondido las preguntas sobre ninguno de estos casos.

En Eastleigh, las historias de intimidaciones, arrestos, torturas y desapariciones se han vuelto comunes, pero Imran cree que “Kenia está haciendo esto para complacer a otros países. Cada secuestro le demuestra a los que ponen el dinero que lo están gastando bien”, denuncia.

Esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos

Desde hace años, Estados Unidos ha apoyado a algunos de los peores violadores de derechos humanos en el continente, una tendencia que los expertos advierten que puede empeorar con el presidente Donald Trump, que ha repetido que apoya las torturas contra sospechosos de terrorismo. Trump ya ha comenzado a cumplir sus promesas de campaña de reforzar aún más las acciones contra grupos terroristas.

Por todo el continente saltan a la vista las tensiones entre luchar contra el terrorismo y proteger los derechos humanos: en Nigeria, Estados Unidos está invirtiendo 38 millones de euros para combatir a Boko Haram, a pesar de que el propio Departamento de Estado descubrió que los servicios de seguridad nigerianos “han cometido asesinatos extrajudiciales, han torturado y han violado”.

En Sudán del Sur, la financiación estadounidense previa al estallido de la guerra civil de 2013 ayudó a entrenar y modernizar al Ejército, a pesar del uso extendido de niños soldados.

También está la  Asociación Transahariana de Contraterrorismo, una de las más importantes iniciativas que desde 2005 ha destinado entre 85 y 151,5 millones de euros al año del Gobierno estadounidense a las fuerzas de seguridad y servicios judiciales de diez países del Sahel y Magreb: Argelia, Burkina Faso, Chad, Mauritania, Malí, Marruecos, Níger, Nigeria, Senegal y Túnez. Muchos de ellos no han demostrado mucho respeto por la democracia y las libertades individuales.

Kenia es un ejemplo especialmente llamativo de este conflicto. En 2016, Estados Unidos apoyó al Ejército keniata con 113,8 millones de euros y a la policía con 7,6 millones de euros. Ese mismo año, Human Rights Watch registró 34 desapariciones forzadas en Nairobi y en el noreste de Kenia; todas ellas vinculadas con operaciones de contraterrorismo.

La prohibición de financiar a países que no cumplen

La Constitución estadounidense prohíbe financiar a países que violan los Derechos Humanos. Según la Ley Leahy, impulsada por el senador Patrick Leahy a fines de los años 90, “no se proveerá ayuda… a ninguna unidad de las fuerzas de seguridad de un país extranjero si el secretario de Estado tiene información creíble de que dicha unidad ha cometido violaciones graves a los derechos humanos”.

La elección de palabras ha sido la clave. Al especificar “ayuda a ninguna unidad”, la ley presupone que se puede financiar solo a los buenos policías, separándolos de los malos. Human Rights Watch asegura que este tecnicismo es lo que permite situaciones como la que se está dando en Kenia. Se han presentado solicitudes de información específica al Departamento de Estado, al Departamento de Defensa y a la embajada estadounidense en Kenia sobre la financiación que aporta Estados Unidos a los servicios de seguridad keniatas, pero no ha habido ninguna respuesta.

El Comando Africano de Estados Unidos, responsable de las relaciones militares estadounidenses en el continente, sostiene que “generalmente se niega la ayuda económica en los casos en que hay información creíble de que los miembros o unidades de una fuerza de seguridad extranjera han cometido violaciones graves de derechos humanos”.

Mientras tanto, no queda claro si la “guerra contra el terrorismo” está funcionando en África. Los ataques se han cuadruplicado desde 2009, y los muertos han aumentado un 850%. Si bien el colapso de Libia ha sido determinante en el dramático aumento de las cifras, así como también lo ha sido la expansión del Estado Islámico, también se puede adjudicar parte de la culpa a los fracasos de los servicios de seguridad nacionales.

En 2014, el Instituto de Estudios de Seguridad habló con 95 miembros de grupos militares islamistas en Kenia para preguntarles por qué se habían radicalizado.

La mayoría de los miembros, que formaban parte de diferentes grupos, desde Al Shabaab al Consejo Republicano de Mombasa (MRC, por sus siglas en inglés), “hablaron de injusticias cometidas por las fuerzas de seguridad keniatas”, según explica Anneli Botha, investigadora del proyecto.

Algunos se quejaron: “A todos los musulmanes nos tratan como si fuéramos terroristas”, mientras que otros detallaron delitos específicos cometidos por la policía keniata.

A un año de su detención, Abdi asegura que el miedo no le permite caminar por las calles, pero dice sentirse enfadado y traicionado. “Me atacaron los que se supone que tienen que protegerme. Se supone que tienen que luchar contra el terrorismo, pero los terroristas son ellos”, señala.

Traducido por Lucía Balducci

El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado este martes una resolución sobre trata de personas en situaciones de conflicto, a iniciativa del Gobierno español. El Ejecutivo ha enfatizado la relevancia de profundizar en esta realidad recordando el aumento del riesgo generado en contextos de conflicto por parte de grupos terroristas. Desde España, ONG especializadas como Women's Link lanzan vasrias preguntas retóricas: “¿Qué pasa con quienes huyen de esos mismos conflictos a este país?, ¿qué ocurre con las víctimas de trata que cruzan nuestras fronteras?”

La resolución aprobada reclama a los gobiernos una serie de acciones para tratar de frenar el tráfico de personas en guerras o en zonas afectadas por el terrorismo y para proteger a las víctimas de estos crímenes, al tiempo que advierte con sanciones de la ONU a los responsables.

“Las consecuencias de los desplazamientos forzados de personas debido a los conflictos no se pueden pasar por alto: los migrantes que se trasladan por necesidad y no por libre elección corren un mayor riesgo de ser objeto de trata a lo largo de su experiencia migratoria”, concluye la declaración.

Women's Link considera que el Ejecutivo español debería tomar nota de la declaración que proclama. “Es fácil impulsar una resolución cuyo contenido queda lejos y no recae tanto en la responsabilidad del Gobierno, por eso es importante recordar todo lo que sí podría hacer por esas víctimas de trata o de esos conflictos”, dice Gema Fernández, abogada de la ONG Women's Link.

El Ejecutivo ha enfatizado que la iniciativa surge de la constatación de que los conflictos aumentan el riesgo de que los grupos armados como DAESH, Boko Haram u otras redes criminales utilicen la trata como arma de guerra y de financiación. Algunas de las potenciales víctimas dejan sus países con dirección a Europa y esto es lo que se encuentran aquellas que acceden a territorio comunitario por España.

Fallos en la identificación de las víctimas de trata

El primer fallo, dicen desde Women's Link, es la identificación de las víctimas. “Teniendo en cuenta los datos sobre los movimientos migratorios, las estimaciones de trata en Europa y el número de identificaciones del Ministerio del Interior se refleja que la cifra de personas que realmente se acoge al periodo de reflexión es ridícula”, apunta Fernández. En la frontera sur “no hay un mecanismo eficaz ni protocolarizado. No se identifica como es debido a personas que puedan huir del terrorismo, como las de Boko Haram, o las víctimas de trata”, añade.

La Red Española contra la Trata de Personas denuncia que no hay un procedimiento integral de identificación para que las víctimas sean protegidas como tal. Una de las causas referenciadas por ONG especializadas es el enfoque desde el que se abordan: la lucha contra un delito vinculado a la migración irregular o el de seguridad, cuyo objetivo es desmantelar redes criminales.

Solo estás protegida si colaboras con la justicia

Es aquí donde aparece el siguiente punto débil de la protección de víctimas de trata en España mencionado por ONG: la protección de aquellas que sí son identificadas y se atreven a denunciar. Según explica Women's Link, solo existe una vía de protección específica para ellas: su colaboración con el sistema judicial.

“Pero si la mujer o niña no se atreve a denunciar, no colabora con la policía, el Estado no le ofrece protección. Se queda fuera del sistema. Para ellas no hay nada a nivel estatal”, afirmó Glenys de Jesús, directora legal de la ONG Women's Link en una entrevista reciente a eldiario.es.

¿Qué pasa con las víctimas de trata españolas?

Otro de los efectos de ligar la protección de las víctimas únicamente a la vía contemplada en la Ley Extranjería es la falta de una normativa específica para quienes son captadas en territorio español. El Informe Trata de Personas (TIP) 2016, publicado anualmente por el Departamento de Estado de Estados Unidos, sostiene que España es un país receptor y de tránsito, pero también de origen de “hombres, mujeres y niños sometidos a trata con fines de explotación sexual y laboral”. Las redes, según el documento, “también captan a personas del interior de España”.

Los últimos datos facilitados por la sección de Extranjería de la Fiscalía General del Estado, revelan que, durante 2015, se identificaron 68 potenciales víctimas españolas de trata con fines de explotación sexual y cinco casos de explotación laboral. Las cifras más recientes del Ministerio del Interior señalaron que las 13% de las víctimas de explotación laboral liberadas en 2015 procedían de España.

“Por ello insistimos en que debe pesar un enfoque de derechos humanos en en la lucha contra la trata. Le puede pasar a cualquier persona”, recalcan desde Women's Link. La manera de lograrlo está encima de la mesa desde hace cinco años: aprobar una Ley Integral que reconozca todas las formas de trata y ofrezca una mayor protección para todas las víctimas, con medidas específicas para cada una de ellas.

En las últimas elecciones generales, los principales partidos mostraron su disposición a crear una Ley integral, pero las organizaciones especializadas aún se muestran desconfiadas. En la actualidad existe el Plan Integral de Lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, aprobado por el Gobierno a finales de 2015, que no es de obligado cumplimiento.

Cerrar los ojos ante víctimas de trata menores

La protección de las víctimas de trata menores de edad acumula también críticas de las organizaciones especializadas. Por un lado, en el caso de las adolescentes víctimas de trata, destacan los fallos surgidos en la identificación de su minoría de edad.

“A los tratantes les interesa que pasen como mayores de edad. A las autoridades también, porque quienes tienen 18 años requieren una menor protección”, apunta González. “Esa es la perversión del sistema: cuando una mujer que cruza la frontera de forma irregular se declara menor, las autoridades lo cuestionan y les hacen las pruebas de la edad. Pero cuando ellas declaran que son mayores -como suelen exigirles los captadores-, no se hacen estas comprobaciones y se las deja continuar su camino”.

Otro fallo se encuentra en los centros de acogida: “No hay centros específicos para menores víctimas de trata: acaban en centros de menores normales, de los que muchas veces acaban desapareciendo -después de ser captadas de nuevo-, o casas para víctimas de trata donde viven con mujeres adultas, sin recibir una atención enfocada en la infancia”, explica.

Women's Link también alerta de la situación de los hijos de algunas mujeres migrantes víctimas de la violencia sexual en el camino, empleada como estrategia de los traficantes. “En estos casos, debe estar el Estado para protegerlo, pero hemos identificado que lo que suele hacerse es desproteger a las madres y les retiran las custodias de sus hijos”, añade la abogada de la ONG.

Denegaciones de refugio a víctimas de trata

Aunque la Comisión Española de Ayuda al Refugiado reconoce algunos avances en el tratamiento de las solicitudes de protección internacional para víctimas de trata, la ONG considera que continúan los problemas para identificarlas: los plazos breves del procedimiento de asilo, la privación de libertad -en el caso de las peticiones formuladas desde CIE- y el miedo a represalias generado por las amenazas y coacciones por parte de los integrantes de las redes.

A pesar de que en 2014 tres víctimas de trata obtuvieron el reconocimiento como refugiadas, la práctica de las autoridades españolas, señala CEAR, “fue la denegación al considerar que no encajaban dentro de los motivos estipulados” por la Convención de Ginebra.

El “caldo de cultivo” de la crisis de refugiados

La resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU también afirma que quienes sufren la trata o la violencia sexual a manos de grupos terroristas deben ser clasificadas como “víctimas de terrorismo” a la hora de acceder a apoyo oficial, reconocimiento y reparaciones.

El texto llama a todos los Estados a emprender acciones inmediatas para “prevenir, criminalizar, investigar, perseguir y asegurar rendición de cuentas” de quienes estén involucrados en el tráfico de personas, informa la agencia Efe. También urgen a las agencias de la ONU que operan en zonas de guerra y posguerra que tengan en cuenta los riesgos de trata de personas a la hora de evaluar las necesidades de protección de la población.

Desde Women's Link recuerdan que existen otras situaciones de gran riesgo, como la crisis de refugiados, en las que, si no se responden de forma efectiva, se genera “una emergencia humanitaria, caos, confusión que empujan a la gente, sobre todo a mujeres y niños, a vulneraciones de derechos añadidas”, como la trata. “La crisis de refugio crea situaciones de cuasi conflicto y es producto de las políticas europeas que generan un caldo de cultivo perfecto para el reclutamiento de víctimas de trata”, apunta González.

Según la ONG, la forma en la que están organizados los campos y la escasez de atención personalizada a las potenciales víctimas aumenta el negocio de las redes de trata. “La propia manera en la que se está gestionado la llegada de refugiados favorece extremadamente a la trata y a la violencia sexual”, concluye Gema González.

Me cuesta dividir el mundo en buenos y malos. Al final solo suelen quedar las víctimas y los verdugos, en el aeropuerto de Bruselas o en un estadio de Irak. Tampoco sé arreglarlo a hostias como sugieren ahora algunos intelectuales y corresponsales en guerras libradas con ardor y coraje desde los bares de los hoteles.

Escucho y leo a todos esos analistas y estudiosos que culpan a la generosidad de nuestros programas sociales, o a nuestra blandenguería a la hora de defender la supremacía de los valores que hicieron de Europa la mayor colonizadora, expoliadora o esclavizadora de la Historia. Asumo que el equivocado debo ser yo al intuir en semejantes discursos el aliento de la xenofobia, el racismo y el odio que siempre crecen tan vigorosos cebados por el miedo.

Debo ser muy ingenuo y muy débil porque no puedo dejar de preguntarme qué podríamos haber cambiado si en lugar de venderles armas, dictadores y muerte a los países y pueblos con quienes nos han declarado en guerra hubiéramos compartido sólo un poco de nuestra democracia decadente y viciada por tanta molicie y abundancia. Desconozco si encender velas o rezar sirve para algo o da miedo, pero sí sé que al menos no matan a alguien como las patadas, los tiros en la nuca y las hostias en nombre de la libertad.

Veo y oigo las informaciones y denuncias que descubren los agujeros y errores en la lucha contraterrorista o en la colaboración entre policías europeas. Salen los ministros en tromba a dejarnos claro que la culpa es de los otros países y de los otros ministros. Debo ser muy raro por qué pocos parecen preguntarse lo mismo que yo: cómo resulta posible semejante desastre justo en este momento de nuestra historia reciente, cuando hemos renunciado a más derechos que nunca a cambio de una seguridad que, al parecer, no podían asegurarnos como nos habían asegurado.

Vuelven a hacer sonar los tambores de la guerra. La misma guerra que hace apenas unos días íbamos ganando porque el Estado Islámico perdía socios, territorio y asesinos y ya no tenía a quien vender su barato petróleo. Justo a tiempo de evitar que empecemos a preguntarnos si no será realmente una guerra, o si la estaremos perdiendo, nos informan de otro gran éxito militar: nuestros heroicos drones han matado a otro jefe de los malos. El derecho internacional se ha convertido en un vídeo juego bélico.

Las noticias de la nueva Guerra Santa preceden a las inquietantes informaciones sobre las ingentes mareas de refugiados que hablan diferente, rezan diferente o viven diferente y aguardan ansiosos e insaciables al otro lado de los muros y las vallas que custodian nuestra libertad y nuestro bienestar. Será casualidad. Pero ni lo parece, ni creo en ella. Las coincidencias suelen ser las armas preferidas de los cínicos.

“Pienso que tenemos que usar los drones de manera selectiva y eficiente”, afirmaba en una entrevista el candidato a la presidencia de Estados Unidos Bernie Sanders. “[Criterios] que no siempre se han cumplido”, añadía inmediatamente. El senador de Vermont, antiguo opositor a la guerra de Vietnam, llegó a votar en 2013 contra la nominación del actual director de la CIA John Brennan, principalmente debido a sus discrepancias por la política de ataques con drones en Oriente Medio.

Brennan, oficial de la CIA durante los años de la administración Bush, llegó a defender públicamente el uso de “técnicas de interrogatorio mejoradas”, el eufemismo por el cual el ejecutivo se refería a los programas secretos de tortura sistemática llevados a cabo por la inteligencia americana en lugares como Abu Ghraib o Guantánamo. El mismo Brennan, que hoy ejerce como asesor antiterrorista para la administración Obama, es también uno de los principales impulsores de la actual campaña de asesinatos selectivos mediante aviones no tripulados. El pasado 2011 elogiaba “la excepcional precisión” de los ataques con drones, la cual supuestamente había permitido “no tener que lamentar una sola muerte colateral” en el uso de fuerza letal [sic].

Observamos que, pese a la desconfianza aparente que le merece Brennan, Sanders basa su defensa del programa dron partiendo de su mismo criterio: su eficiencia. Lo supedita por lo tanto a la condición de usar estas armas de modo “selectivo” y “eficiente”, algo que, de hecho, es lo que oficialmente ya vendría a caracterizar los métodos de la actual administración, cuyo artífice no es otro que Brennan. Lo novedoso del enunciado de Sanders es que no supone novedad alguna, dado que también el ejecutivo presidido por Obama aduce un componente quirúrgico a las intervenciones que realiza.

“Solamente autorizamos una operación contra una determinada persona si tenemos un alto grado de certeza de que es el terrorista que buscamos [y] que civiles inocentes no serán heridos o muertos, salvo en la más rara de las circunstancias” (…) Los estándares que seguimos a la hora de identificar un objetivo y evitar la pérdida de vidas inocentes exceden los requeridos por la ley internacional en un campo de batalla convencional“, dijo el actual director de la CIA al describir sus propios procedimientos, requisitos que bien podría haber suscrito Sanders, partidario de unos ataques con drones que tengan como prioridad su carácter ”selectivo“ y ”eficiente“.

Para ambos, la excelencia atribuida al arma es suficiente para justificar la existencia de un programa  clasificado autorizado   por el ejecutivo estadounidense para que sus departamentos de inteligencia puedan cometer asesinatos selectivos en cualquier rincón del mundo contra supuestos objetivos terroristas. Al parecer, el (¿elevado?) grado de precisión de las aeronaves no tripuladas convierte en irrisorio un debate acerca de su legalidad. Y que sea precisamente Sanders el que fundamente su defensa del programa dron al nivel de “eficiencia” que es capaz de asumir, revela un aspecto alarmante de la situación política actual en Estados Unidos: la normalización en el plano de lo político (incluso entre sus “enfants terribles”, como Sanders) de un modelo según el cual el presidente de Estados Unidos, en representación del poder soberano, puede decretar matar a placer sin tener que rendir cuentas a procesos de legalidad, tutela o evidencia.

La política antiterrorista deja de regirse por criterios de legalidad para pasar a ser una cuestión puramente técnica, cuyo   debate se circunscribe a la capacidad de matar “eficientemente” a la persona designada, como si los aspectos legales dejaran de ser aplicables debido al componente quirúrgico de las intervenciones (el cual no he querido valorar aquí, pero que sí he hecho en otro lado para desmontar algunos mitos acerca de su supuesta precisión). El perfeccionamiento de los ataques pareciera habilitar una especie de “seguro de impunidad” que inevitablemente genera episodios como el del pasado 7 de marzo en Somalia, donde 150 personas murieron a causa de un bombardeo de Estados Unidos. Un comunicado de 5 frases afirmaba, sin aportar prueba alguna al respecto, que se trataba de un campo de entrenamiento el grupo terrorista somalí Al Shabaab (sin siquiera nombrar alguna de las identidades de los objetivos abatidos, las cuales se siguen desconociendo). Y de la ausencia de declaraciones al respecto por parte del candidato Sanders no solamente cabe entender la aprobación tácita del asesinato extrajudicial de 150 personas en un territorio que no se encuentra en guerra contra Estados Unidos, sino también el alto grado de semejanza de sus “rigurosos estándares” con los de la actual administración en materia de ataques “selectivos”.

El 87% de los atentados perpetrados por organizaciones terroristas islamistas entre 2000 y 2014 se produjeron en países donde la mayoría de la población es musulmana, según los datos de la ‘Global Terrorism Database’ analizados y recopilados por eldiario.es. La base de datos desarrollada por la Universidad de Maryland registra, al menos, 15.181 atentados ejecutados por grupos islamistas radicales identificados por eldiario.es.

Distribución de los atentados cometidos por organizaciones islamistas según la religión mayoritaria (2000-2014)

Fuente: Global Terrorism Database y Pew Research

La metodología de la base de datos entiende por atentados terroristas los actos violentos que tienen (1) un objetivo político, ideológico, económico, religioso o social, (2) que busquen intimidar o coaccionar a una mayor audiencia, y (3) estén fuera de los preceptos del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

En total, más de 72.000 personas murieron a causa de estos actos terroristas en ese periodo. La mayoría, en países donde el Islam es la religión mayoritaria. La mitad de los ataques de organizaciones islamistas se llevaron a cabo en países que han sufrido graves conflictos bélicos como Irak (27%), Afganistán (15%) y Pakistán (9%). En estos tres países la religión musulmana representa a más de un 96% de la población, según datos del Pew Research Center.

En una situación diferente, Europa también ha comenzado a sentir el peligro que países de Oriente Medio y Asia Central, principalmente, han sufrido durante la última década. Los nuevos ataques en Bélgica reivindicados por el ISIS, donde varias explosiones han acabado con la vida de al menos 30 personas, representan una cruel pero mínima parte de los atentados cometidos por organizaciones de corte yihadista alrededor del mundo.

Mapa de los atentados cometidos por organizaciones islamistas según la religión mayoritaria (2000-2014)

Se han destacado los países de mayoría musulmana en amarillo. En azul, los de otras religiones.

Fuente: Global Terrorism Database y Pew Research

Europa no es la más afectada por los ataques ni siquiera entre los países donde la población cristiana es mayoría. Filipinas y Kenia, donde el cristianismo supera el 80% de la población, sufrieron 974 ataques desde el inicio del nuevo siglo. Más de 1.800 personas murieron en esos ataques. Una cifra que solo supera en los últimos quince años los atentados del 11S en Nueva York, donde murieron 2.996 personas. Los atentados fueron cometidos por Al-Qaeda.

Los atentados yihadistas se multiplican desde inicio de siglo

Los actos terroristas cometidos por organizaciones yihadistas se multiplican gracias al auge del Estado Islámico, Boko Haram o los movimientos talibanes en los últimos años. En 2000, los grupos islamistas ejecutaron 251 atentados en todo el mundo. Quince años después, en 2014, la cifra se multiplica hasta los 2.572 atentados.

Estos grupos defienden el integrismo islamista, que defiende la adaptación de la vida política a los mandatos religiosos más fanáticos del Islam. El término “islamista” no debe confundirse con “musulmán” o “islámico” ya que estos últimos se refieren a todo lo relacionado con la religión del Islam.

Evolución de muertos y atentados cometidos por organizaciones islamistas (2000-2014)

Fuente: Global Terrorism Database y Pew Research

El 0,1% de los atentados, en Europa Occidental

Solo se cometieron 22 atentados en los países de Europa Occidental entre 2000 y 2014. Representan un 0,1% de los 15.818 actos terroristas cometidos por grupos yihadistas en todo el mundo. Unos datos a los que se unirían los nuevos ataques este martes en Bruselas, donde han fallecido 30 personas, y en noviembre de 2015 en París, donde murieron 137 personas.

Entre 2000 y 2014, 248 personas murieron en ataques cometidos por organizaciones terroristas en los países de Europa Occidental. La mayoría en las explosiones del Metro de Londres en julio de 2005, con 56 fallecidos, y el 11M en Madrid. Los ataques de Atocha, llevados a cabo por una célula terrorista yihadista, acabaron con la vida de 192 personas.

Atentados y víctimas mortales por regiones (2000-2014)

Fuente: Global Terrorism Database y Pew Research