El Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife ha acordado el sobreseimiento de los cargos de cohecho que se imputaban al empresario tinerfeño José Ana Pérez Labajos dentro del caso Fórum. El archivo se refiere a la causa seguida contra el promotor y el exalcalde Miguel Zerolo, que, a finales de 2014, culminó con la absolución de este último por parte del Tribunal Supremo (TS).

Ahora el Juzgado considera que esa decisión es extensible a Labajos, en contra del criterio que mantenía la Fiscalía Anticorrupción, según ha informado la defensa del empresario en un comunicado.

El auto conocido este miércoles ratifica que no se encuentra fundamento alguno para mantener la existencia de indicios sobre una supuesta entrega de dádivas y decide el sobreseimiento parcial y provisional, ya que el empresario tinerfeño está también acusado de un delito de blanqueo de capitales en este caso.

La nota indica que el pasado 19 de junio la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife anuló una resolución emitida en abril en la que el Juzgado de Instrucción número 5 rechazaba la petición de sobreseimiento provisional del delito de cohecho solicitada por el empresario tinerfeño.

La Audiencia ordenó entonces que las actuaciones volvieran al momento procesal en el que se cometió el vicio que generó la indefensión del investigado y que era su petición de quedar libre de este cargo, por el que en su momento estuvo procesado también el exalcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo. Ambos declararon en el Tribunal Supremo (TS) y a finales de 2014 se dictó la resolución absolutoria.

El empresario José Ana Pérez Labajos, implicado en el caso Fórum de Tenerife, se conoció este jueves que ha pasado a la acción y esta vez ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado la actuación de la fiscal Anticorrupción en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, en ese proceso judicial, que se sigue, entre otros personas, contra él.

Según una nota que se remite a los medios con membrete de la Fundación Canaria de la Construcción (Funcan), entidad que presidía Pérez Labajos al menos hasta mediados de 2016, tal decisión se ha adoptado por “considerar que Farnés ha [incurrido en] supuestos delitos contra la Administración pública relacionados con su persona”.

Hay que recordar que el empresario tinerfeño José Ana Pérez Labajos es un promotor inmobiliario que estuvo relacionado con dos proyectos fallidos en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en la etapa de Miguel Zerolo como alcalde: la recalificación de unos terrenos en Valle Tahodio y el plan de construcción de un puerto deportivo en San Andrés, en este caso dependiente de la Autoridad Portuaria y que contó con aprobación al menos inicial.

Esos activos Pérez Labajos se los vendió a Fórum Filatélico, entidad luego intervenida por el Estado (como se hizo con su homónina Afinsa), y él se quedó como representante en la isla de la primera de esas sociedades. Por el caso Fórum, Pérez Labajos está investigado por cohecho.

Tal y como recoge el citado comunicado, que se refiere a Pérez Labajos en tercera persona, “la ramificación en la isla del conocido como caso Fórum salió a la luz a finales de 2006, pero, transcurridos casi 11 años, el empresario lamenta que ni siquiera se le conteste a las pruebas documentales, contrarias a los indicios delictivos planteados por la Fiscalía mediante tipificaciones generales, sin concretar los supuestos hechos delictivos”.

El mencionado promotor inmobiliario asegura, siempre a través de la Fundación, que “no ha tenido otra opción que presentar esa denuncia después del tiempo transcurrido en que ha permanecido como investigado [antes imputado], sometido a una violencia jurídica de origen político”.

En la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado, Pérez Labajos pone en conocimiento de ese órgano lo que “califica de 'irregularidades' supuestamente cometidas por la fiscal”, e indica que “su intención no es otra que esos hechos sean conocidos por el Ministerio Público, atendiendo a los artículos 1, 5, 60 y 61 y la legislación que regula ese organismo, así como a la posible vulneración de ella”.

Pérez Labajos sostiene que el caso Fórum “se ha convertido en una causa general, fenómeno que, al no estar tipificado, solo se puede definir mediante la existencia de factores de riesgo”. El empresario apunta, con la voz que le da el comunicado de la Fundación, que, “sin duda, existen falta de notitia criminis, filtraciones intencionadas o confidentes anónimos, aunque no para la policía”.

Igualmente, prosigue el escrito, advierte que “se han producido diligencias indeterminadas, ampliación injustificada por supuesto blanqueo de capitales, escuchas policiales y registros domiciliarios injustificados y realizados durante el secreto de las actuaciones (que se alargaron durante cinco años), imputaciones tardías, dilaciones indebidas y falta de imparcialidad de la instrucción, con claros hechos específicos”, remata.  

Pérez Labajos indica que hay “un cúmulo de índices que detectan una instrucción caracterizada por la 'arbitrariedad y la desviación”. Y todo ello, añade, hasta “el punto de solicitar a la Fiscalía General la apertura de la investigación correspondiente”, se recoge en la nota de prensa.

Al fracaso de los proyectos inmobiliarios ya señalados que llevaban la marca de Pérez Labajos (Valle Tahodio y puerto de San Andrés) hay que añadir otros: el abortado por la Justicia puerto deportivo de Tacoronte, en el norte de Tenerife, o la quizá más exótica propuesta de campo de golf en terrenos de la refinería de CEPSA en Santa Cruz.

Herminia Gil se ha convertido en una pieza clave del entramado que se ha dado en llamar caso Fórum y que no es otro que la compra por parte de esta entidad de los activos que estaban en poder del empresario José Ana Labajos, como eran el futuro puerto deportivo de San Andrés y la urbanización de Valle Tahodio. Gil ejerció como concejal del PSOE, de cuyo partido fue expulsada cuando votó a favor de la compraventa de Las Teresitas.

A partir de ese momento, el exalcalde Miguel Zerolo la contrató como asesora. De forma paralela trabajó para Labajos con lo cual los investigadores albergan pocas dudas de que sirvió de intermediaria para que el Ayuntamiento recalificara los terrenos de la urbanización Valle Tahodio. Unas labores por las que la exconcejal llegaría a cobrar un total de 416.500 euros por varios conceptos y años. La cifra no es pequeña si se tiene en cuenta que esta operación haría incrementar el valor de este suelo de 3000.000 euros a 15 millones, al pasar de tener la categoría de rústicos a urbanos. Finalmente, los informes contrarios de la Gerencia de Urbanismo, las repercusiones del caso Fórum y la decisión de la Comisión del Territorio de Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), dieron al traste con esta operación.

Las investigaciones policiales determinaron que Gil recibió entre 1996 y 2007 dinero por parte del grupo empresarial de Labajos repartido en diferentes conceptos como nóminas, transferencias, préstamos, adelantos, gestiones varias, gratificaciones y retribuciones en especie, al estilo de pago de alquileres o del seguro autónomo. La policía detectó que existía una serie de desembolsos en mano que suman 118.072 euros que no son controlables y de ahí vendría la diferencia entre lo declarado a Hacienda y lo que realmente ingresó en sus cuentas entre 2000 y 2006.

En este grupo figuraría lo que se denominó “sobresueldos” percibidos entre 2004 y 2006 y que se incluyen en lo que se dio en llamar “compromisos adquiridos Parque Marítimo Anaga, asesoría urbanística y relación con las asociaciones vecinales son 30.000 euros anuales pagaderos en diciembre”. Sin embargo, la policía considera que en realidad se trataba del pago de comisiones ilegales por su mediación ante el Ayuntamiento de Santa Cruz a favor de Labajos.

Los abonos se llevaban a cabo a lo largo de todo el año, lo que vendría a demostrar la confianza que existía entre ambos. En el primer ejercicio se pagaron 30.196 euros; en el segundo, 32.187, y en el tercero, 40.163, lo que suma 102.647 euros. Estas cantidades fueron abonadas “libre de impuestos”, el empresario asumió el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y debieron ser recibidas “en mano” ya que no consta su ingreso en cuenta bancaria alguna.

Lo más curioso es que aunque en todo momento se habla de sueldos, en realidad la actividad laboral de Gil es calificada de “prácticamente nula”. De hecho, en una ocasión para localizarla tuvieron que enviarle un telegrama, ya que ni siquiera lo pudieron hacer “a través de una llamada telefónica o lo que sería más lógico, esperar a que acuda a su puesto de trabajo”. La policía incautó numerosa documentación en la que se demostraría que la labor de Gil era la de mediar ante el Ayuntamiento y especialmente en asuntos como la recalificación de Valle Tahodio o la construcción de una serie de viviendas en la ladera de San Andrés. En el primer caso se localizó un abono de casi 40.000 euros que se intentó esconder bajo la apariencia de salarios o pagos en especie.

En otro de los documentos intervenidos Labajos admite que ha llegado a pagarle 406.506 euros desde el año 2003 y reclama que Parque Marítimo de Anaga (PMA) se los devuelva. Pero en realidad la policía cifró en 416.488 euros la cifra cobrada por Gil, “no por el trabajo realizado como empleada sino por la mediación ante el Ayuntamiento en aras a conseguir ciertas resoluciones adminstrativas favorables para PMA, como fueron precisamente la recalificación de Valle Tahodio”. Un cúmulo de hechos detrás de los cuales a los investigadores no les cabían demasiadas dudas de que se podía esconder un posible delito de cohecho y blanqueo de dinero, por los que Gil sigue aún imputada.

En retribuciones en especie se contabilizaron 42.960 euros, en las que se incluye el pago del alquiler en el que vivía. Labajos asumió también los honorarios del abogado Miguel Cabrera Pérez Camacho, por valor de seis mil euros, aunque se considera que en este caso más bien se trató de “un préstamo”. El empresario pagó también más de ocho mil euros en concepto de IRPF, lo que supondría otra prueba de un presunto cohecho.

En el año 2002, Labajos suscribió un contrato de compraventa con Gil por una vivienda y una plaza de garaje en la urbanización La Ladera por algo más de 60.000 euros, que fueron abonados en efectivo, pese a que en aquel momento no contaba con esa cantidad. En principio este documento no era exigido cuando se trataba de cerrar alguna operación con los empleados de Labajos.

Los investigadores aseguran haber contado con información confidencial de que Gil llegó a recibir 120.000 euros por haber votado a favor de la compraventa de la playa de Las Teresitas cuando era concejal del grupo socialista, causa en la que, sin embargo, nunca ha aparecido como imputada. Después de emitir este voto fue expulsada del PSOE pero no abandonó su cargo en el Ayuntamiento. Es más, a partir de ese momento, el entonces alcalde, Miguel Zerolo, la nombró asesora. Los investigadores no creen casual que el posible cobro de este dinero por apoyar la operación de compraventa y la adquisición de la vivienda se lleve a cabo en fechas próximas entre sí.

Llamativo resultó también que el precio de la casa fuera notablemente inferior al de mercado y que podía llegar a los 201.354 euros. En total, entre 2000 y 2008 Gil habría recibido de Labajos un total de 168.033 euros, cifra que se vería notablemente incremetada con la diferencia de precio de la vivienda. A todo ello habría que sumarle lo cobrado como concejal en concepto de dietas y por su participación en la Comisión de Fiestas y en el consejo de la empresa concesionaria del servicio de aguas Emmasa.

Su hijo, José Arturo Pillado Gil, también fue investigado y como resultado se comprobó que poseía una vivienda de protección oficial en San Andrés en la que no vivía, pese a que éste era un compromiso adoptado cuando se le adjudicó. Pillado Gil pasó a ser trabajador de Emmasa.

La policía detectó un documento en el que Gil y Labajos preparaban de forma minuciosa una posible declaración ante la juez y la Fiscalía Anticorrupción. “Todo ello vuelve a evidenciar la existencia de una perfecta organización cuyo propósito es conseguir beneficios económicos mediante la consecución de resoluciones administrativas favorables para sus intereses y en los que Herminia Gil adoptaba la posición de mediadora ante el Ayuntamiento”.

Durante el registro en su vivienda se encontró un sobre con cerca de 11.120 euros pagados por el Ayuntamiento no se sabe en concepto de qué. También destaca que dispusiera en su casa de un talonario de recibos en blanco de varias compañías de taxis, lo que supondría que podía solicitar el pago de facturas falsas en cualquier momento. En el registro se encontró un fajo de billetes de 50 euros que sumaban un total de 3.000 euros que, según dijo, provenían de un préstamo, así como numerosas joyas.

Durante su comparecencia ante la juez y la Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, dijo que era trabajadora de la empresa de discapacitados Simpromi, que durante su época como concejal se dedicó a atender a la gente de los barrios y que, por esta razón, después de ser concejal Zerolo la contrató como asesora de Servicios Sociales.

La diferencia entre el precio real de la vivienda y por el que finalmente la adquirió, fue justificado por la amistad que le unía con Labajos. El empresario la contrató, según dijo, por esta misma vertiente social y señaló que su labor se basaba en “darle ideas”. Negó tener cualquier relación con los casos Fórum o el de Las Teresitas, aunque admitió que sirvió para que Labajos y Zerolo se conocieran. Igualmente, aseguró que desconocía los pormenores de la operación de recalificación de Valle Tahodio.

Las investigaciones desarrolladas por la policía judicial a raíz de la puesta en marcha de la Operación Lavandera sacaron a la luz que el presidente de la Autoridad Porturia de Tenerife entre los años 1996 y 2007, Luis Suárez Trenor, manejó “grandes cantidades de dinero en efectivo cuya procedencia es desconocida”.

Concretamente, entre los años 2000 y 2006, llegó a ingresar cerca de medio millón de euros en sus cuentas, cifra que los investigadores consideran “totalmente atípica” y cuyo origen se desconoce. Pero además, entre los años 2000 y 2003 el también destacado miembro de Coalición Canaria (CC) adquirió cinco vehículos mediante pagos en efectivo por valor de 143.385 euros, cuya contrapartida en cuentas bancarias nunca se encontró.

A los investigadores les llamaron poderosamente la atención dos de estas compras, que relacionaron en el tiempo con la presentación ante la Autoridad Portuaria por parte de la empresa Parque Marítimo Anaga del proyecto de construcción de un muelle deportivo en este barrio de Santa Cruz. Y es que las investigaciones se desarrollaron dentro del conocido como caso Fórum que tenía en la capital dos activos como eran este puerto y la urbanización Valle Tahodio. La única explicación que los investigadores encuentran en los pagos sin recurrir a transferencias o cheques es que el origen de estas cantidades pudiera ser ilícito.

Los ingresos en efectivo cuyo origen no se conoce no se reparten en el tiempo, por lo que la policía judicial descarta que se trate de un salario en “B” pagado regularmente. Se da la circunstanca de que las percepciones por trabajo declaradas son muy similares a esta cifra. Los investigadores detectaron que estos ingresos no se realizan cuando Trenor precisaba de alguna financiación concreta, por lo que deducen que se llevaron a cabo cuando percibía este dinero a través de otros sistemas.

En su momento salió a la luz que contaba con una cuenta en el paraíso fiscal de la Isla de Man, lo que permite una mayor opacidad en las operaciones. Una razón más, según los investigadores, para sospechar de que Trenor contaba con un patrimonio oculto. Todo ello, sumado a la tenencia de grandes cantidades de dinero en efectivo, ratificaría la posibilidad de que presuntamente tuviese ingresos de procedencia ilícita.

Durante su declaración ante la juez Lucía Machado y la Fiscal Anticorrupción María Farnés Fernández, Trenor indicó que su sueldo como presidente del Autoridad Portuaria sumaba 90.000 euros, pero que también tenía otra serie de ingresos, como eran alquileres o empresas. Sin embargo, no pudo explicar por qué en la documentación bancaria existían 267.708 euros sin justificar, pero en cualquier caso negó haber recibido algún regalo por parte de ninguna entidad o persona. Aseguró que los vehículos los compró con sus ahorros que tenía guardados en su gaveta y que sumaban unos 60.000 euros. Acto seguido señaló que no podía comprender cómo se habían detectado en sus cuentas más de 500.000 euros de origen desconocido y por lo tanto se negó a responder a esta pregunta hasta comprobarlo.

Los investigadores también sospecharon que Trenor utilizó una empresa llamada EQ`S Investments LTD, totalmente de su propiedad, para desviar dinero que presuntamente tuvo un origen ilegal, resultado de su cargo al frente de la Autoridad Portuaria. Entre estas cantidades estarían las que supuestamente fueron pagadas por actuar como mediador en la concesión administrativa del Puerto deportivo de San Andrés. Las grabaciones telefónicas realizadas también demostrarían que poseía inversiones en otras empresas del extranjero.

Miguel Zerolo, senador de CC por la Comunidad Autónoma de Canarias, declarará el 13 de octubre próximo en el Tribunal Supremo por el denominado caso Fórum, un presunto soborno en una recalificación urbanística en 2004, cuando era alcalde de Santa Cruz de Tenerife, ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El Tribunal Supremo anunció en febrero pasado que investigaría al senador Miguel Zerolo, de Coalición Canaria (CC), por los indicios que dos juzgados habían encontrado de que al parecer pudo recibir sobornos de forma directa o por medio de familiares a cambio de autorizar como alcalde una recalificación urbanística.

En un auto hecho público el 10 de febrero de este año, el Tribunal Supremo se declaró competente para asumir la instrucción de esos hechos, que pueden constituir un delito de cohecho.

Los hechos se derivan de las indagaciones realizadas por la Audiencia Nacional y por el Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife, a raíz de una serie de documentos incautados en un registro a la sede de Fórum Filatélico.

Este es el tercer caso que en el Tribunal Supremo se ha abierto contra Miguel Zerolo, senador por designación del Parlamento de Canarias, por su gestión al frente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (1995-2011).

Según el Tribunal Supremo, los documentos incautados hace ocho años por el Juzgado Central de Instrucción número 5 al registrar la sede de Fórum Filatélico ponen de manifiesto posibles delitos en operaciones inmobiliarias en Santa Cruz de Tenerife.

Uno de ellos se refiere a la concesión administrativa para construir el nuevo muelle deportivo de Puerto de La Cruz y otro, el que implica a Zerolo y a otras personas no aforadas, a una recalificación de parcelas en el Valle de Tahodio.

Entre esos documentos, el Juzgado Central número 5 halló una “nota confidencial de pagos” comprometidos por la empresa Parque Marítimo Anaga (PMA) a varias personas, con estos presuntos compromisos: a Miguel Zerolo, una aportación de tres millones de euros “a la formación política que representa”, y al entonces presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Luis Suárez Trenor, “el 50 % de las obras a ejecutar” por parte del puerto.

También se describe el supuesto compromiso de pagar 60.000 euros al presidente de la Asociación de Vecinos de San Andrés y Anaga y 30.000 euros anuales a la asesora urbanística Herminia Gil.

Las diligencias practicadas en la Audiencia Nacional pusieron además de manifiesto que “durante la tramitación del PGOU (plan general de ordenación urbana de Santa Cruz de Tenerife) se cometieron diversas irregularidades para acomodarlo a los intereses de (el empresario) José Ana Pérez Labajos, que actuaba como cabeza visible de la entidad Parque Marítimo Anaga (PMA), a pesar de haber cesado su vínculo con esa entidad”.

Revelaron asimismo que, en las fechas en las que se gestionaba esa operación, Pérez Labajos vendió a la hermana del alcalde de la capital tinerfeña una vivienda a la mitad de su precio real (154.545 euros, cuando la Policía la tasa en 330.141).

El contenido de los documentos que la Audiencia Nacional remitió a los Juzgados de Tenerife también apuntaba “la actividad directa de D. Miguel Zerolo Aguilar para que se llevara a cabo el convenio a fin de lograr la reclasificación de los terrenos mencionados dentro del PGOU”, con el resultado de que la empresa PMA logró finalmente “aumentar considerablemente la superficie edificable”.

El Supremo acepta que los indicios que señalan a Miguel Zerolo se separen del resto del sumario que ahora tramita el Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife y que se abra una causa en su Sala de lo Penal contra él por un posible delito de cohecho, que instruirá el magistrado Andrés Martínez Arrieta.

El empresario atribuye el inicio de la operación Lavandera al malestar del arquitecto Julio Aumente y su expulsión del proyecto

El empresario José Ana Pérez Labajos, imputado por cohecho dentro de la ramificación del caso Fórum en Tenerife, conocido como operación Lavandera, no duda en tachar de los escritos en los que se ha basado su relación en esta trama como “un conjunto de pruebas falsas e inverosímiles”.

En concreto, el empresario se refiere a los documentos firmados por el arquitecto Julio Aumente, que califica de “disparatados, sin concreción lógica, ni juicio fundamentado”. Los informes en los que se recogen los pormenores de la adquisicón por parte de Fórum de los activos del futuro puerto deportivo de San Andrés y de la recalficación de terrenos en Valle Tahodio han sido publicados por el propio Labajos en su página web.

Sin embargo, el empresario sí parece darle crédito a las amenazas más o menos veladas que lanza Aumente ante las desavenencias que surgen con los socios de Parque Marítimo Anaga SA. “Esta actitud absolutamente innecesaria y hostil me va a obligar a adoptar medidas en defensa de mis intereses y consecuentemente contra los de PMA en Tenerife”, señala el arquitecto.

Labajos atribuye las denuncias de Aumente al malestar que éste tenía con sus superiores, ya que no había sido nombrado presidente de Parque Marítimo Anaga SA. Culpa al arquitecto de no poder cerrar reuniones con las autoridades canarias, ir por libre sin dar cuenta a nadie de sus negociaciones y en definitiva de estar “queriéndose llevar una parte del pastel antes de tiempo”.

Finalmente, las desavenencias llegarían al punto de que en diciembre de 2005 se acuerda su salida de PMA. Justo un año después el entonces juez de la Audiencia Nacional (AN) Baltazar Garzón remitiría a Tenerife el escrito firmado por el arquitecto ,-aunque él niega la autoría- en el que se hablaba del cobro de comisiones. A partir de ese momento dio comienzo la operación Lavandera.

“Dotes de adivinar el futuro”

Labajos es contundente al afirmar que nunca existió un fraude de ley en la cesión de los derechos de la concesión del puerto deportivo a Fórum Filátelico. Y ello es así en cuanto que la Ley de Costas permite estas transmisiones siempre que no superen el 50% del accionariado.

Aunque el empresario no aclara si es cierto que tal y como sostiene la policía en realidad Fórum adquirió el 99% de los activos. No obstante, indica que cuando se cerró la venta firmó un documento privado con los compradores en los que éstos se comprometían a informar a la Autoridad Portuaria de la operación.

También se llevó a cabo una reunión de los nuevos propietarios con el entonces director de Puerto, Manuel Fernández Castillo. Por ello, el empresario niega que se intentara ocultar esta compra y, muy al contrario, justifica que siguiera al frente de estos proyectos por que la mayoría de los compromisos habían sido adquiridos con anterioridad.

Pese a ello, tanto Juan Manuel Carlos Llorca, representante máximo de Fórum, condenado por blanqueo de dinero y actualmente en busca y captura, así como Aumente que trabajó con Labajos en Tenerife, aseguran que la operación debía ocultarse por que implicaba un fraude de ley.

En cuanto a su relación con Llorca, el empresario tinerfeño recuerda que se inició en 2002 y en aquel entonces desconocía totalmente sus actividades delictivas relacionadas con el blanqueo de dinero y narcotráfico, por las que sería condenado en 2005. “La Fiscalía nos otorga dotes de adivinar el futuro propias de una película de ciencia ficción. Don Carlos Llorca entró en Canarias de la mano de abogados y arquitectos, con la imagen de un gran inversor y sin las connotaciones delictivas de ningún tipo, en la época en la que adquirió los activos”.

En Valle Tahodio surge la dificultad añadida de que cerca de un millar de viviendas de autoconstrucción son propiedad de la empresa Euroactivos Inmobiliarios y se encuentran en situación ilegal. Por lo tanto sus ocupantes demandan al Ayuntamiento que les ortogue otra casa.

El entonces alcalde, Miguel Zerolo, imputado también en este caso por supuesto soborno, se ve en la obligación de presionar en este sentido para conseguir parcelas en las que reubicar a los vecinos, a los que además se les está requiriendo que entreguen la documentación de sus casas. Muchos, lógicamente, se niegan, por lo que en aquellos días se llegó a equiparar lo que estaba sucediendo en Valle Tahodio con lo ocurrido en la trasera de Las Teresitas.

En el caso del puerto deportivo, los problemas surgen porque la Autoridad Portuaria decide cambiar el proyecto y trasladarlo al lado de la Dársena Pesquera en vez de situarlo en el frente de San Andrés. Labajos siempre estuvo en contra de esta modificación y llegó a calificar el nuevo puerto como “una berruga”.

En este punto también discrepaba con Aumente, quien consideraba que era más económico y presentaba mayores ventajas. Sin embargo, Labajos mantiene que este cambio es precisamente una prueba de que nunca hubo un trato de favor por parte de la Autoridad Portuaria, basado en un posible cohecho.

Las investigaciones policiales desarrolladas por la unidad central de la Sección de Blanqueo de la Brigada de Delincuencia Económica y Financiera (BIDEF) en el marco de la operación Lavandera determinaron que el dinero que se utilizó en la compra de la concesión del futuro puerto deportivo de San Andrés pudo haber sido utilizado para blanquear dinero del narcotráfico. No es extraño si se tiene en cuenta que el máximo representante de Fórum Filatélico, Juan Manuel Carlos Llorca, actualmente en busca y captura, ya ha sido condenado por este mismo motivo.

La adquisición de los derechos se llevó a cabo a través de cuatro enrevesadas operaciones mercantiles. Primero en junio de 2002, la empresa Parque Marítimo Anaga SA y Coinpel, propiedad del empresario José Ana Labajos imputado en este caso, en primer lugar y de su mujer e hijo en el segundo, vendieron sus derechos a Centro Mode LTD y Club Pharnus Iberia.

Los precios acordados fueron 1,8 millones y 24.329 euros respectivamente. En realidad detrás de estos nombres quien se encuentra es Llorca cuyos abogados inmediatamente se incorporan como apoderados de las cuentas de Parque Marítimo.

Pero el mismo día y ante el mismo notario, Pérez Labajos vende el resto de las acciones que estaban en su poder a Fire Power LTD y Euromob LTD, que pagan algo más de dos millones cada una. Las cuatro empresas tenían domiciliadas sus cuentas en Londres excepto Club Pharnus, radicada en España, y todos los repesentantes que participaron en esta operación han estado relacionados en algún momento con Llorca.

De hecho, las investigaciones concluyeron con que detrás de estos movimentos en realidad lo que se intentaba era ocultar la identidad de los verdaderos propietarios de las sociedades. “El motivo es desconocido pero podría estar relacionado con actividades delictivas”, se recoge en el sumario.

“Enormes plsuvalías”

Las ventas generaron “unas enormes plusvalías” sobre todo en el caso de Coinpel, que no tenía actividad alguna y que pasa de contar con un capital de 30.000 euros a disponer de más de cuatro millones.

Y es que nada más cerrarse la venta desde las cuentas de Coinpel se realizan pagos a la empresa panameña Three Star Internacional Investment por valor de 636.000 euros. Las sospechas de la policía en el sentido de que se podría estar blanqueando dinero surgen del hecho de que dos de las transferencias por valor cada una de 265.000 euros se realizan al día siguiente de vender las participaciones al Club Phaurus Iberia.

La policía enlaza estas operaciones con la noticia aparecida en la prensa local en aquellas fechas en las que se relacionaba a un constructor local con narcotraficantes colombianos. Aunque no se dan nombres, lo cierto es que el movimiento de las operaciones financieras, las referencias a la delicada situación económica por la que atraviesa el empresario y el hecho de que esté incluido en este sumario dejan poco espacio para la imaginación.

La policía sin embargo desmintió que se estuviera investigando este caso concreto. No obstante, la Brigada indica que de ser cierto el artículo periodístico, “los auténticos propietarios de los fondos manejados serían carteles dedicados al tráfico de cocaína”.

Labajos siguió apareciendo como propietario para evitar el rescate de la concesión y por sus buenas relaciones con Zerolo

La documentación analizada durante las investigaciones de la conocida como operación Lavandera, demuestra que Fórum Filatélico intentó en todo momento evitar que trascendiera públicamente que habían comprado la participación en Valle Tahodio y en el puerto de San Andrés.

Por ello, el empresario y vendedor de estos activos, José Ana Labajos siguió apareciendo siempre como propietario. Y ello es así en cuanto que de las investigaciones se desprende que no se cumplió con los requisitos legales para transmitir la concesión encaminada a construir el puerto deportivo que obligaban a dar cuenta a Puertos de todo el proceso.

En el caso de la recalificación de Valle Tahodio también interesaba que Labajos apareciera como propietario dada la estrecha relación que mantenía con el exalcalde, Miguel Zerolo, imputado por supuesto soborno por el Tribunal Supremo (TS). Una de las condiciones de la venta de los activos fue precisamente que Labajos siguiera manteniendo su estatus como propietario “a todos los niveles públicos” y se comprometiera a hacer las gestiones ante las administraciones para el buen desarrollo de las mismas.

“Catalogado como un auténtico godo”

En un principio se intentó que el arquitecto Julio Aumente, autor del escrito en el que se recogían los supuestos sobornos, fuera la cabeza visible del grupo en Tenerife pero la estrategia falló.

Y él explica las razones de una forma muy gráfica: “Entendí que se había cometido el mayor error que se puede cometer en el mundo de los negocios en la Isla que es ser catalogado como un auténtico godo”. Por lo tanto se decidió que había que recuperar “a toda costa la imagen de José Ana como estandarte del Parque y pasar a un segundo plano de invitado como socio capitalista”.

En uno de los documentos que refleja una reunión sostenida en un despacho de abogados aparece textualmente: “Con respecto al pago reclamado por el alcalde habrá que ver el por qué y a cambio de qué”. Por ello no es extraño que los investigadores hayan concluido: “Los hechos expuestos apuntan desde la literalidad de los documentos a la posible comisión de delitos de cohecho y parecen hacerlo más allá de la mera conjetura”.

Los problemas surgen cuando Aumente comienza a desmarcarse de la trama. Así, en una de las ocasiones se señala, “dado el comportamiento que hemos observado en Julio últimamente, por un lado, hay que tratarle bien, pues es quien conoce mejor el proyecto y con quien tenemos el compromiso como arquitecto, pero sin permitir que se le suban los humos a la cabeza”. Con el tiempo Labajos atribuiría a estas desavenencias su imputación en el caso.

Pero en los buenos tiempos la documentación recoge que eran los encargados de gestionar los negocios de Fórum en la Isla. Labajos contaba con libertad de disponer económicamente de lo necesario, pero contando con el visto bueno de Aumente.

Las negociaciones tomaron un nuevo rumbo cuando el máximo representante de Fórum, José Manuel Carlos Llorca, es acusado de blanqueo de dinero por tráfico de drogas. En ese momento, tal y como refleja Aumente, “en la isla se encendieron todas las alarmas: desde el estudio jurídico, Labajos, la Autoridad Portuaria, Alcaldía... todos, nadie quería tener relación con nada que tuviera que ver con Marbella. Nos pedían insistentemente explicaciones que como bien sabéis no podíamos dar”.

En el calendario de trabajo que se elabora en 2005 se recoge, por ejemplo, la necesidad de tener al arquitecto Fernando Menis, “vinculado en el proceso de inversión profesional y económicamente”. De esta manera, “es como si tuviéramos vinculanda en el proyecto a la alta clase política”, para acto seguido recordar que es hermano del entonces presidente del Gobierno, Adán Martín, y pareja de la exconsejera de Educación y Cultura, Dulce Xerach.

Aumente abandonó la sociedad a finales de 2005 tras recibir 120.000 euros después de que, poco antes, las desavenencias con Labajos fueran constantes. El aquitecto llegó a pedir que se mantuviera al empresario alejado de las negociaciones y le culpó de “habernos metido en un callejón sin salida”. Indicó entonces que no les interesaba tener a una persona, “descontenta, boicoteando continuamente nuestra labor”.

El empresario anuncia en la prensa una web sobre su denuncia contra el exmagistrado, ya archivada por Anticorrupción

El empresario José Ana Labajos, imputado en el caso Fórum, que en Tenerife ha sido denominado operación Lavandera, ha acusado al exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que que en su día promovió esta causa, de haber cometido “un asesinato civil”. El empresario ha sido considerado siempre testaferro de Fórum en la Isla, ya que vendió al representante de este colectivo, Carlos Llorca, las acciones del puerto deportivo de San Andrés y las parcelas de Valle Tahodio.

El empresario dice ahora de Garzón: “Cometió varios asesinatos civiles contra varias personas inocentes y algún empresario actualmente arruinado”. Lo cierto es que si esta última afirmación la hace por él mismo no se entendería que haya pagado de su propio bolsillo anuncios en la prensa en los que da a conocer su página web denunciaagarzon.com.

Su inculpación en este causa la atribuye a la llegada al poder de “jóvenes socialistas que declararon la guerra a la corrupción y que defendían la supremacía ética de los valores de la izquierda”. Labajos cree que detrás de esta operación tan sólo se esconde “dar caza a las fuentes de financiación de Coalición Canaria (CC) a través de una de sus personalidades más relevantes”, el entonces alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, actualmente también imputado por el Tribunal Supremo (TS).

“El juez Garzón mediante una instrumentalización tramposa de los hechos, emprendió desde el año 2005 en combinación con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, una verdadera Inquisitio Generalis, enviando a Santa Cruz de Tenerife el embrión de una causa general”, indica en su página web.

Archivo “sin entrar en el fondo”

El empresario asegura haber sido víctima de indefensión y, por ello, en el mes de agosto del pasado año presentó ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra el ex magistrado. Sin embargo, apenas cuatro meses después ésta quedó archivada, “sin entrar en el fondo de los hechos”, según su interpretación.

Labajos lanza sus críticas contra el arquitecto Julio Aumente, que fue el que suscribió el documento en el que se hablaba de supuestos pagos a los cargos públicos para acelerar los proyectos y que al parecer en un momento dado quiso desentenderse de los negocios que se estaban llevando a cabo. Igualmente considera inverosímil que se le atribuya que conocía las actividades delictivas de Llorca, ya que la venta de las acciones las llevó a cabo varios años antes de que estallara el caso Fórum y éste pasara a estar en busca y captura.

A Labajos se le atribuye un papel primordial en la trama del caso Fórum en la isla como promotor del puerto deportivo de San Andrés y de la recalificación de terrenos en Valle Tahodio, que quedó finalmente anulada. El valor de los terrenos en este caso pasó de apenas 300.000 euros cuando eran rústicos a 15,5 millones una vez que pasaron a ser urbanos.

De hecho hace escasas fechas los tribunales le obligaban a pagar 5 millones de euros por los supuestos beneficios que obtuvo con la venta de los solares a Fórum. El empresario argumentó que la recalificación nunca se llegó a concretar, lo que no convenció a los magistrados.

Los investigadores relacionan esta venta con supuestos favores del exalcalde para recalificar los terrenos de Valle Tahodio

María Angustias Zerolo Aguilar, hermana del ex alcalde de Santa Cruz de Tenerife, podría haber recibido del empresario José Ana Labajos, imputado en el caso Fórum, una vivienda en la Ladera de San Andrés a mitad de precio. Las sospechas de los investigadores surgen de datos tan evidentes como constatar que, mientras cada casa de esta promoción llegó a valer alrededor de 317.000 euros y 13.500 la plaza de garaje, la hermana la obtuvo por 145.530 y 9.000 euros respectivamente.

Durante las investigaciones policiales del caso Fórum se descubrió una anotación en la agenda del empresario en la que, tras haber mantenido una reunión con el entonces alcalde Miguel Zerolo, se reflejaba “Zerolo: Viv: La Ladera”. Para los investigadores de esta trama sería una prueba de los supuestos favores que el empresario le hizo al ahora senador a cambio de la recalificación de terrenos en Valle Tahodio.

Lo cierto es que, por aquellas fechas y de forma milagrosa, los terrenos pasaron de rústicos a urbanos a través de un convenio que con el tiempo quedó anulado por la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) al demostrarse su ilegalidad. El valor de las parcelas aumentó de un día para otro de apenas 277.000 euros a 15 millones, pero a cambio de esta recalificación el Ayuntamiento apenas recibía pendientes a las que era imposible darle uso alguno.

“Presión a las más altas esferas políticas”

La compra de la casa a un precio más que favorable para la hermana de Zerolo, “debe relacionarse con los documentos remitidos por el Juzgado Central de Instrucción donde se dice que Labajos hizo una labor de presión a las más altas esferas políticas, asumiendo con cargo a su propia economía gastos de Parque Maritimo de Anaga SA (PMA)”.

Así aparecen dos escritos firmados por el empresario dirigidas a PMA donde se reclama una cantidad de dinero por pagos hechos de su bolsillo. También comunicó a los directivos de esta empresa que se iba a reunir con Zerolo “para negociar los últimos flecos” antes de la aprobación provisional del Plan General.

PMA iba a construir también el puerto deportivo de San Andrés y sus acciones habían sido adquiridas por el representante de Fórum Filatélico, Carlos Llorca, actualmente en paradero desconocido. A partir de aquí, Labajos pasó a convertirse en el testaferro de Fórum en la Isla.

La policía considera relevante que en la relación del precio de las viviendas de esta promoción construidas por el empresario no apareciera lo que costaba la de la hermana de Zerolo y de una persona llamada Juan Llamas. Otro tanto ocurría con la vivienda de Hermigia Gil, también imputada además de exconcejal del PSOE y contratada por Labajos, a la que se considera intermediaria en las negociaciones entre el empresario y el Ayuntamiento.

Durante las investigaciones que a lo largo de más de siete años se llevaron acabo en Tenerife se encontró documentación que, según la juez, “evidencia la actividad directa de Zerolo para que se llevara acabo el convenio a fin de lograr la recalificación de los terrenos del Plan General”. Labajos, Zerolo y Aumente, -el arquitecto que suscribió el documento descubierto por el que el juez Baltazar Garzón que hablaba de supuestos sobornos al exalcalde y que hizo saltar toda la trama a finales de 2006-, llevaron a cabo varias reuniones con el fin de conseguir el máximo de edificabilidad para esos terrenos que se sitúan justo al lado del Parque Rural de Anaga.

El Supremo se muestra partidario en este caso de enjuiciar tan sólo a Zerolo dada su condición de senador y mantener el resto de la causa en el juzgado número cinco de Santa Cruz. En estos momentos permanecen como imputados alrededor de una decena de personas.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se ha declarado competente para la instrucción y el enjuiciamiento del senador Miguel Zerolo (CC), exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, por un presunto delito de cohecho relacionado con el denominado caso Fórum, en el que se investiga una supuesta trama de pago de comisiones y financiación a Coalición Canaria a cambio de favores urbanísticos. El magistrado Andrés Martínez Arrieta ha sido nombrado instructor de esta causa especial.

En diciembre de 2006, el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón involucró en el caso a Zerolo y el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife en ese momento, Luis Suárez Trenor. Garzón consideró que ambos habían podido incurrir en un delito de cohecho en varias operaciones inmobiliarias promovidas por empresas filiales de Fórum Filatélico.

En el auto del Supremo se recuerda que en las diligencias previas se incautaron en el registro de la sede de Forum Filatélico documentos de cuyo examen era posible inferir la comisión de hechos delictivos en el curso de determinadas operaciones inmobiliarias realizadas en la capital tinerfeña. En concreto, estas operaciones estaban relacionadas con la gestión de la concesión administrativa para la construcción y explotación de un puerto deportivo y club de mar en el puerto de Santa Cruz, y la recalificación de dos parcelas de terreno en el Valle de Tahodio.