El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife rechazó este viernes, con los votos en contra de CC y PP, la moción promovida por Sí Se Puede e Izquierda Unida con la que se quería distinguir el trabajo como funcionaria de la exarquitecta municipal Pía Oramas, en la actualidad trabajadora del Cabildo. Pía Oramas fue clave para destapar la corrupción ya condenada por la Justicia, en un fallo de la Audiencia Provincial, en el proceso de compraventa del frente de playa de Las Teresitas. 

El mismo pleno sí aprobó una moción institucional, a iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que Santa Cruz se suma a “todas las voces que claman por un futuro en igualdad”, esta en relación con el Día del Orgullo LGTBI.

En ese texto se reconoce la “necesidad de invertir en políticas a favor de la diversidad sexual y de la no discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de género a través del desarrollo de programas y proyectos de atención, información, formación y sensibilización que hagan de nuestras ciudades y pueblos espacios seguros para la diversidad sexual”.

Ese acuerdo completa el izado de la bandera arcoíris, realizado este miércoles, con motivo del Día del Orgullo LGTBI, y viene a dar cumplimiento, del mismo modo, al adoptado por la Corporación en noviembre de 2007, por el que se oficializó el izado de esta enseña cada 28 de junio.

El pleno reiteró, además, el compromiso municipal “con los derechos humanos y, en consecuencia, con el principio de igualdad efectiva entre las personas, del que forma parte la diversidad sexual, así como de la no discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de género, reconociendo los avances en este marco, al tiempo que reiteramos nuestra firme determinación de avanzar en la superación de las barreras que aún perviven hoy en día”.

Sí Se Puede (SSP) e Izquierda Unida Canaria (IUC) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife han renunciado por ahora a plantear la reprobación de los tres concejales aún en activo que apoyaron en 2001 el convenio de compraventa del frente de playa de Las Teresitas, luego anulado por sentencia judicial ya firme.

Esta estrategia se adopta con la intención de poder obtener el apoyo unánime a la concesión de honores y distinciones de la ciudad a la exarquitecta municipal Pía Oramas, que impidió que “el mayor caso de corrupción de la ciudad” quedara impune.

Los portavoces de SSP e IUC, Pedro Fernández Arcila y Ramón Trujillo, que presentaron este martes en rueda de prensa la moción a favor del reconocimiento a Pía Oramas, confiaron en que con ese aplazamiento de la petición de reprobación de los concejales la concesión de honores a la exarquitecta por su lucha contra la corrupción en el Ayuntamiento y su “íntegra y ejemplar defensa del interés público” sea aprobada por unanimidad de todo el pleno.

La moción, que se debatirá el viernes, inicialmente tenía dos puntos: la concesión de honores a Oramas y la reprobación de los concejales Dámaso Arteaga (CC), José Alberto Díaz-Estébanez (CC) y José Carlos Acha (PP).

Sí Se puede e IUC los consideran responsables políticos por participar en la “nefasta decisión”, en “actitud política negligente”, que llevó a la aprobación de la compraventa del frente de la playa, por la que ha sido condenado a prisión en primera instancia, entre otros, el exalcalde Miguel Zerolo.

Según relató Trujillo, cuando este lune la junta de portavoces municipal conoció el contenido de la moción, la parte de la reprobación fue recibida con una “hostilidad superlativa” tal que ha decidido dejar ese punto para presentarlo por separado después del verano, con vistas a que su inclusión no perjudicara el apoyo al punto relativo al reconocimiento a Pía Oramas, que considera esencial.

Trujillo considera que nadie podrá oponer argumentos al reconocimiento del papel de Pía Oramas, que evitó con su actitud valiente que prosperara “la operación corrupta de Las Teresitas” frente a las “presiones intimidantes”, propias de “un entorno mafioso”, que recibió para que sobrevalorara el precio de los terrenos.

Dos realidades, dos Teresitas, o mejor dicho, una realidad y otra, “virtual, como una película de Matrix”. Así ejemplificó y resumió la fiscal jefe anticorrupción de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez-Frigola, lo que durante tres meses se ha expuesto ante el tribunal que juzga la compra del frente de la playa de Las Teresitas por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González por casi el triple de su valor.

Por ese supuesto beneficio a unos empresarios en detrimento del interés general, están acusados por malversación y prevaricación el exalcalde y exsenador Miguel Zerolo, para quien se piden ocho años de cárcel, lo mismo que para quien habría sido su mano derecha en esta operación, el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo. Los abogados de ambos pidieron la absolución o, en todo caso, que se tengan en cuenta las dilaciones indebidas, dado que la investigación judicial arrancó hace más de nueve años.

Esa compra que se llevó a cabo en 2001 ha sentado a 13 personas en el banquillo de los acusados hasta este miércoles. Desde las once de la mañana, los encartados son dos menos, al retirarse las acusaciones contra el exsecretario municipal, Eugenio de Zárate, y el exinterventor municipal, Antonio Messía Yraola tanto, por parte de la Fiscalía como de los representantes de la acusación popular y del Consistorio. Tras escuchar esa “absolución”, abandonaron la sala de vistas acompañados de sus abogados entre sonrisas y palmadas en la espalda.

La Fiscalía también retiró las acusaciones por prevaricación contra Pedro González Santiago y Carlos Plasencia, hijos respectivos de los empresarios encartados Ignacio González Martín y Antonio Plasencia Santos, los dueños de Inversiones Las Teresitas, artífices de lo que los técnicos de Hacienda calificaron como “un pelotazo de libro”, tras vender 11 parcelas del frente de la playa al Ayuntamiento de la capital tinerfeña por 52,2 millones de euros, mucho más dinero de lo que les costó comprar la playa y todos sus terrenos circundantes (101 parcelas en total) apenas tres años antes.

La fiscal ha sido la primera en informar los motivos por los que ha elevado sus conclusiones a definitivas, y lo hizo con esas dos realidades que durante varias semanas plasmaron los catorce peritos que intervinieron en la vista oral. Su intervención comenzó antes del mediodía y estaba previsto que se prolongase hasta la noche.

Lo primero que ha intentado tumbar la fiscal son los argumentos de los peritos que defendieron que el deslinde era otro al vigente e incluso que los terrenos vendidos podían tener un valor muy superior al precio que se vendieron.

De entrada, insistió en la parcialidad de los propuestos por las defensas de Ignacio González, Antonio Plasencia y Manuel Parejo, al demostrar los lazos profesionales e intereses particulares entre los peritos Javier Domínguez Anadón y Joaquín Jalvo con Luciano Parejo, hermano del acusado Manuel Parejo y uno de los asesores de este último en el proceso de la compra de la playa.

El proyecto de urbanización “no existía”

Para la fiscal, estos peritos se movieron en la realidad virtual, en la que habría un proyecto de urbanización aprobado para la zona, pavimentación, tratamiento de aguas residuales, alumbrado, todas las parcelas serían de titularidad privada y se podría urbanizar hasta alcanzar una población de 12.000 personas, cuatro veces más que la actual en el pueblo que alberga la playa, San Andrés. Los terrenos serían ya urbanos y la línea de dominio marítimo terrestre ni siquiera tocaría la playa en sí.

Frente a ellos y con argumentos distintos estaban los peritos que calificó de imparciales, como la exarquitecto municipal Pía Oramas, los peritos propuestos por el juzgado y los de la Universidad Carlos III y Sociedad de Tasación. “En la realidad real, la contrastada, todos ellos llegaron a un precio similar, en torno a los 3.000 millones de pesetas (unos 19 millones de euros). Pero si nos vamos a la película, todo estaría acabado y hasta el proyecto de urbanización, aprobado, lo que triplica el precio”.

Insistió en que el proyecto de urbanización (elemento clave para la tasación) no estaba aprobado por defecto. “No existe, no existía”, aseveró. Y por eso mismo, aunque algunos de lo acusados (como Parejo o Víctor Reyes) intentaron lanzar parte de la responsabilidad a quien era jefe de Planeamiento en la Gerencia de Urbanismo, Epifanio Gómez, la fiscal recordó que fue uno de los técnicos municipales que se negó a dar el visto bueno a la compra sin ese proyecto de urbanización aprobado.

En una exposición exhaustiva, Martínez-Frigola argumentó cada línea de la sentencia del Tribunal Supremo de 1998, por la que las defensas estiman que la línea de deslinde fue modificada o que los terrenos eran diferentes unidades de actuación, o que se podía convertir en privado terrenos de dominio público.

“Que no cabe propiedad privada dentro de los límites marítimo-terrestre lo dice la Constitución”, y añadió que, “para nada, Inversiones Las Teresitas tenía patrimonializado los terrenos ni sus aprovechamientos (por lo que no cabe, a su entender, que los empresarios sean indemnizados, aunque no se juzga ese punto en esta causa).

Igualmente insistió en que el Plan Parcial no fue modificado, sino solo revisado para adaptarlo a la Ley del Suelo, y según esta “era obligada una cesión del 10% de los terrenos para aprovechamiento municipal”. O lo que es lo mismo, que el Ayuntamiento, al comprar el frente de la playa, “renunciara a ese 10%, que debía ser suyo. Es como si al ir a comprar una televisión nos empeñamos en que no nos apliquen una rebaja. Eso solo es posible en esta película de Matrix”.

Un negocio que no era tal

Para la fiscal ha quedado demostrado que, al menos, tres de las once parcelas compradas eran ya de titularidad pública, aunque en el proyecto de compensación figurasen como de uso hotelero abierto. Si a ello se suma que en la zona de servidumbre “están prohibidos los usos residenciales”, igual que, argumentó, no se pueden hacer hoteles en las zonas con pendientes de más del 30%, “lo que queda para camas es muy poco”.

De forma que de las 4.600 camas previstas en el Plan Parcial, tan solo se podían construir 1.848. Esto es, para la fiscal, que el negocio de urbanización que alegan los empresarios y por el que fijaron el precio de la venta nunca hubiera podido ser tal.

La fiscal ha solicitado que en la condena se incluya el pago solidario de 6.570 millones de pesetas al Ayuntamiento, además de nueve millones de euros por intereses.

Por su parte, el abogado de la acusación particular José Pérez Ventura elevó las peticiones de pena para los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia a ocho años de cárcel en el caso de que se les considere inductores de la ventacompra, o tres años en caso en que solo se les considere cooperadores necesarios para llevarla a cabo.

Pérez Ventura mantuvo las acusaciones contra Pedro González Santiago y Carlos Plasencia, por lo que siguen en el banquillo.

Manuel Parejo, exconcejal de Urbanismo en Santa Cruz de Tenerife entre 1999 y 2001, no supo explicar este martes al presidente del tribunal que juzga el caso Las Teresitas por qué no se incluyeron en el expediente para la compra-venta de la playa los informes más beneficiosos al Ayuntamiento y solo constaban los más beneficiosos a los empresarios vendedores.

El magistrado Astor Landete le preguntó a Parejo hasta en cuatro ocasiones por qué no se habían incluido en el expediente que fue entregado a todos los concejales días antes del Pleno en el que se aprobó la operación de compra por 8.700 millones de pesetas (52,2 millones de euros) el informe que elaboró la exarquitecto municipal Pía Oramas, que valoraba los terrenos en poco más de 19 millones de euros, así como el anexo B de la tasación que realizó la Sociedad de Tasación S.A., que rebajó ese precio en casi un millón de euros al tener en cuenta los mismos condicionantes que remarcó la técnico: deslindes, afectación por parte de Costas, zonas no urbanizables, no aprobación de un Convenio de Urbanización...

Tampoco se incluyeron dos tasaciones de Pool Gest y de la Universidad Carlos III de Madrid, con valoraciones similares, todas ellas en torno a los 3.000 millones de pesetas.

La respuesta de Parejo fue igual a la que le proporciono el lunes a la fiscal anticorrupción: “se trataba de un informe previo, y los informes previos no se incorporan”.

“No consigo entenderlo”, le replicó el magistrado. “Se trataba de informes que eran favorables a los intereses del Ayuntamiento. ¿Por qué no se incluyeron? Si ya tenían cuatro informes, ¿por qué pidieron más a empresas externas?”

“Es que no había una posición unitaria para negociar y por eso se pidió más información”, alegó el exconcejal de Urbanismo, quien reiteró que el informe de Pía Oramas (el mismo que ha sido una de las bases para sentar en el banquillo a los encausados) era un trabajo “anterior”, así que no se le dio validez.

Tras dos intentos más, con iguales respuestas, el magistrado dejó de preguntar.

Cabe recordar que Manuel Parejo quiso recusar al tribunal que ahora le juzga, por considerar que ya estaba enviciado, al haber sido el mismo que le condenó por el caso Mamotreto (pieza derivada del caso Las Teresitas), aunque esa recusación fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Y cabe recordar también que el Tribunal Supremo anuló en 2007 la compra-venta del frente de la playa, entre uno de sus motivos, porque no se había incluido en el expediente el preceptivo informe de una técnico especialista municipal y porque los criterios para fijar el precio de venta eran contrarios a una buena administración.

En este sentido, otro de los acusados, el exportavoz del PSOE en el Ayuntamiento, de Santa Cruz de Tenerife, Emilio Fresco, afirmó este martes que supo de la existencia del informe de Oramas “después de la aprobación en el Pleno”, en la que votó a favor de la compra multimillonaria, porque de haberlo conocido “lo hubiera puesto sobre la mesa y pedido explicaciones”.

Minutos antes, Manuel Parejo, mano derecha de su entonces alcalde, Miguel Zerolo, y hasta que fue condenado en firme a dos años de cárcel por el caso Mamotreto, uno de los pilares “tradicionales” de Coalición Canaria en Tenerife, sostuvo ante su abogado defensor que no hubo presiones sobre Pía Oramas y arrojó la responsabilidad de que su informe no estuviera incluido en el expediente en su jefe inmediato, de nuevo el entonces jefe de Planeamiento en la Gerencia, Epifanio Gómez, que no está acusado.

En cuanto a las posibles presiones que Oramas denunció en sede judicial y, hace unos días, ante el tribunal que juzga el supuesto “pelotazo” de Las Teresitas, Parejo las negó y las redujo a “comentarios” entre compañeros funcionarios.

Igualmente, negó haber dado “instrucciones” al exsecretario de la Gerencia de Urbanismo (el acusado por prevaricación en esta misma causa, Víctor Reyes) para que hiciera un informe en el que la expropiación era imposible y así dejar como posibilidad la compra-venta.

El exsenador y exalcalde de Santa Cruz de Tenerife ha sido el primero de los trece acusados por la supuesta compraventa fraudulenta del frente de la playa de Las Teresitas. Y, como era de esperar, porque así lo había manifestado a la prensa antes y después de las veintitrés sesiones que se han llevado a cabo en la vista oral por este juicio, su base argumental ha sido que había que “salvar la playa” de edificaciones, y que creía que “se estaba haciendo muy bien, hasta para felicitarnos”.

La sorpresa ha sido que arrojara en los funcionarios técnicos municipales todo el peso del convenio para la compra, además de las negociaciones de este, los posibles trasvases de aprovechamiento de algunas parcelas compradas y que eran públicas (como la parcela de la batería militar, en la que se proyecta un hotel) a las parcelas de la zona trasera de Las Teresitas (lo que dio lugar al juicio por una pieza separada hace dos semanas, la del caso Las Huertas), incluso las negociaciones con los propietarios de esas parcelas, los poderosos empresarios tinerfeños Ignacio González y Antonio Plasencia, dueños de Inversiones Las Teresitas.

También fue una sorpresa que admitiera que fueron esos empresarios quienes fijaron desde un primer momento el precio de la transacción. “Fue una única reunión en la que se fijó el precio, en junio de 2001. No bajaban de los 10.000 millones de pesetas. Vino Ignacio González con otra persona, que no recuerdo”.

El exalcalde manifestó que mantuvo esa única reunión con González y Plasencia, lo que desmintió pocas horas después el exedil de Urbanismo Manuel Parejo, quien reconoció que fueron algunas más. Para él, como para Zerolo, se piden los mismos años de condena (8) por malversación de caudales públicos y prevaricación.

Al final, la oferta fue de 8.700 millones de pesetas (52,2 millones de euros), el precio que se pagó, el precio propuesto por los dueños de Inversiones Las Teresitas, aunque antes manifestó Zerolo que la aceptación de esa oferta fue porque los funcionarios, tanto de la Gerencia de Urbanismo como de los servicios jurídicos, amén de los informes favorables del exsecretario del Ayuntamiento, José de Zárate (acusado, le piden cuatro años de cárcel por prevaricación) y del interventor de la Gerencia (José Luis Roca, misma petición de pena).

“No era mi intención beneficiar a unos empresarios, sino que los empresarios beneficiaran al pueblo”, apostilló.

“Tuve conocimiento, pero no directo”

Presionado hasta el límite por la primer teniente de la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife y jefa de la delegación Anticorrupción, María Farnés Martínez Frigola, el exalcalde negó haber mantenido conversación alguna con Ignacio González en el consejo de administración de CajaCanarias, en el que ambos se sentaban, justo cuando ese consejo aprobó en 1998 la concesión de un crédito de 5.500 millones de pesetas para la compra de 101 parcelas, las del frente de la playa y sus alrededores.

“Tuve conocimiento, pero no directo, de que Inversiones Las Teresitas había comprado la playa a la Junta de Compensación. Lo supe de manera segura cuando los empresarios acudieron al Ayuntamiento a decir que había una sentencia del Tribunal Supremo que les permitía edificar y que querían edificar”.

Pese a que “salvar la playa de las edificaciones (repitió la frase tres veces en 10 minutos) es su principal argumento de defensa desde que se supo la denuncia de la Fiscalía en 2007, y fue motivo de dos de sus campañas electorales, negó saber que el Ayuntamiento intentaba comprar por 800 millones de pesetas el frente de la playa antes de que lo hiciera Inversiones Las Teresitas y antes de que saliera la sentencia del Tribunal Supremo por la que se permitía urbanizar ese frente.

Zerolo descargó parte de las responsabilidades en el concejal de Urbanismo y compañero de filas de Coalición Canaria, Manuel Parejo, del que dijo que era quien “me informaba de todo”, y que fue el acusado Víctor Reyes (contratado por Parejo, exsecretario de la Gerencia de Urbanismo) quien le informó de que no se podía expropiar los terrenos “porque sería un fraude de ley, pero lo pregunté. Después de lo que he escuchado en esta sala sé que un Ayuntamiento puede hacer de todo, pero entonces no sabía que podía modificar el Plan General” (de Ordenación Urbana).

“Entonces, ¿la decisión de no conmutar, de no expropiar, de no permutar era de los funcionarios?”, preguntó la fiscal. “No, no, no. Si su señoría lo que quiere es cogerme en contradicciones (...). El que hace un informe de que no se puede expropiar es un funcionario, y no sé si podía permutar”.

“Nunca he hablado con Pía”

Miguel Zerolo, que comenzó el interrogatorio tranquilo y con afán, dijo, de colaborar con la fiscal “porque me beneficia”, varió el tono conforme avanzaba el interrogatorio. Y una de las preguntas que empezó a agobiarlo fue relativa al informe que elaboró la exarquitecta municipal Pía Oramas, por el que el frente de la playa no podía costar más de 3.200.000 millones de pesetas (19 millones de euros).

Tras delegar en los técnicos municipales, aseguró que no sabía de ese informe. “Yo no he hablado con Pía Oramas en mi vida”. De la misma manera, dijo desconocer las restantes tasaciones del frente de la playa, incluidas la dos de la Universidad Carlos III de Madrid, ni la de Tinsa que encargó CajaCanarias y entregó al Ayuntamiento.

En cuanto a por qué no se incluyó el informe de Oramas en el expediente que se elevó al pleno municipal para la aprobación de la compra, descargó la responsabilidad en el jefe de Planeamiento municipal, Epifanio Gómez (no está acusado), y recalcó que los 8.700 millones de pesetas que se pagaron, impuestos por los empresarios, “eran una valoración media” entre lo 10.000 millones que los empresarios reclamaban en un principio y las tasaciones incluidas.

Admitió que solo leyó las conclusiones favorables del secretario y del exinterventor de todo el expediente de compra que se llevó al pleno de junio de 2001, en el que se aprobó por unanimidad la compra.

Se acabó

Tras beber varias botellas de agua, y más de tres horas de interrogatorio, Zerolo cortó con la fiscal. Fue al cabo de preguntarle por los décimos de lotería que alegó ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que le habían tocado y el motivo por lo que no tuvo que tirar de su cuenta corriente en dos años, según la investigación de la Policía Judicial.“No contestamos”, dijo su abogado Jorge Muñoz. Zerolo tan solo apuntó que le cayó un quinto de la lotería de Navidad y que luego compró unos 300 décimos por si tenía suerte en la de El Niño. “Y me cayó la pedrea”.

“No respondo más porque los medios de comunicación van a utilizarlo para zurrarme”, atajó. 

El abogado de uno de los trece procesados en el caso Las Teresitas por un presunto pelotazo por el cual el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife adquirió por 52,3 millones de euros terrenos en la playa del mismo nombre, ha cuestionado en la sesión de este martes (25 de octubre) que la exarquitecta municipal Pía Oramas intervenga en el juicio como perito y no cobre por ello.

Entre los acusados en este caso están el exalcalde de la capital tinerfeña Miguel Zerolo (CC); el exconcejal Manuel Parejo (CC), y los exportavoces de PSOE y PP, Emilio Fresco y José Emilio García Gómez, respectivamente, así como los empresarios Antonio Plasencia, Carlos Plasencia, Ignacio González y Pedro González.

También están acusados el exsecretario general municipal Eugenio de Zárate, el exgerente de Urbanismo José Tomás Martín y los funcionarios Antonio Messia, Víctor Reyes y José Luis Roca.

En la sesión de este martes el abogado de José Luis Roca preguntó a Pía Oramas, que fue la que en 2001 y como arquitecta municipal tasó los terrenos en 18 millones de euros, de dónde había obtenido los documentos que utilizaba como perito, a lo que ella respondió que los había solicitado a las administraciones para preparar su intervención.

Oramas, que también ha intervenido en este juicio como testigo, fue cuestionada por el abogado acerca de cuál era su interés como perito ya que, añadió, el resto de peritos reciben un abono económico, a lo que el juez, Joaquín Astor, replicó que se trataba de una profesional que había sido citada para este caso.

El abogado insistió en que el resto de peritos actúan en el juicio “bajo un mandato retributivo” y añadió que no alcanza a comprender los motivos de Pía Oramas, por lo que quiso saber si la actualmente arquitecta del Cabildo de Tenerife tiene algún interés personal.

Replicó Pía Oramas que el único interés que tiene al intervenir como perito es trasladar a los jueces con la mayor claridad posible sus conocimientos.

La actuación de Pía Oramas también fue cuestionada al ser preguntada acerca de cómo había obtenido determinado documento, y en este caso también fue el juez quien respondió, esta vez para recordar que todos los peritos tienen la información que precisan para ejercer esa función durante el juicio.

Pía Oramas es una de las doce peritos que intervienen en este juicio, entre ellos dos judiciales, Fernando Hernández y Alberto Núñez, dos de Sociedad de Tasación (Totasa) y dos de Tinsa, además de cinco solicitados por las defensas de los acusados.

Los peritos discrepan en el valor de los terrenos y en si era posible o no edificar en ellos, de forma que para los que actúan en representación de los acusados se podía construir y el precio era el que pagó la corporación municipal o aproximado, mientras que para el resto, ni se podía edificar ni los terrenos valían ese montante.

La Fiscalía Anticorrupción, que pide ocho años de prisión para Miguel Zerolo y para Manuel Parejo, y cuatro años para el resto de acusados, acusa a los imputados de “comportamiento arbitrario y postura antieconómica e irracional en la fijación del precio pagado a los empresarios”, que obtuvieron un lucro final de 39,4 millones de euros a costa de “las arcas municipales y en definitiva, del pueblo de Santa Cruz”.

El perito Jordi Duatis ha afirmado este lunes (24 de octubre) en la reanudación del juicio del caso Las Teresitas que fue un error considerar que se podía construir un hotel de cinco estrellas en la parcela once de la playa capitalina, que tiene un 70% de inclinación, y ha aseverado que si tuviera que repetir ahora este proyecto “lo cambiaría de sitio”.

Jordi Duatis, que es profesor de Arquitectura de la Universidad de Barcelona y ha sido designado perito por Inversiones Las Teresitas, realizó esta consideración en la sesión del juicio por la compraventa de terrenos en la citada playa de la capital tinerfeña.

Sin embargo Joaquín Jalvo, otro de los peritos nombrados por las defensas de los trece acusados, afirmó que en la citada parcela 11 podría haber el doble de la edificabilidad prevista y que es “la que menos problemas tiene”.

Continúa declarando Pía Oramas

Por el contrario, la exarquitecta municipal Pía Oramas subrayó que ninguna previsión de edificar hoteles en la playa podía incluirse en las excepciones contempladas por la moratoria turística.

Pía Oramas consideró “obvia” la imposibilidad de distribuir varios hoteles en los 90.000 metros cuadrados del frente de playa, de los que la mitad corresponden a la ladera, y puso como ejemplo que sólo un campo de golf acapara más de cien mil metros cuadrados.

La exarquitecta municipal reiteró que Las Teresitas está calificada como suelo urbano no consolidado y por lo tanto no cumplía los requisitos previstos en la moratoria para edificar lo que popularmente se denomina “hoteles urbanos”, que están admitidos en suelos urbanos no consolidados de carácter no turístico.

Por ello discrepó de otros peritos presentes en el juicio que, en su opinión, han hecho una interpretación “muy sui generis” del Plan Insular de Ordenación del Territorio de Tenerife en el que, recordó, la capital tinerfeña quedaba “fuera” del futuro desarrollo turístico en la isla.

Insistió en que Las Teresitas no tenía un proyecto de urbanización aprobado “y no se puede estar a la vez en un sistema de expropiación y en otro de compensación” y detalló que en la época en que era edil de Urbanismo Pablo Matos (PP) el objetivo era dotar a la zona de ámbitos deportivos y de uso ciudadano y los técnicos “teníamos que ofrecer vías para lograr” esta finalidad.

En tiempos posteriores se hablaba “de urgencia” para llevar a cabo la compraventa de los terrenos porque los empresarios tenían el crédito y en una reunión “me dio la sensación de que pretendían que subiésemos el valor de 3.200 millones de pesetas”, que fue la tasación hecha por la exarquitecta municipal.

La exarquitecta interpretó que esa reunión, a la que asistieron representantes de Tinsa, fue “para convencernos”, aunque luego Oramas puntualizó que realizaron una exposición “neutral” de su trabajo.

Apuntó Oramas que a ella se la invitó a la reunión para hacerla recapacitar en mis “planteamientos” y detalló que, en el encuentro, el abogado Mauricio Hayek argumentó que los promotores podían construir en el frente de playa en un ámbito de unos 169.000 metros cuadrados ya que la operación se consideraba aprobada por silencio administrativo.

Agregó que a ella no se le permitió hablar en el citado encuentro porque había una circular interna por la que los funcionarios de la Gerencia de Urbanismo no podían expresar su opinión sin una autorización previa del entonces concejal de Urbanismo, Manuel Parejo.

Oramas y Zurita, expedientadas por hablar en una reunión

Por este motivo, dijo Pía Oramas, el 29 de diciembre de 2000 a ella y a la también arquitecta municipal Ana Zurita se les notificó la apertura de un expediente de información reservado, trámite previo a un expediente disciplinario, por haberse pronunciado en una reunión convocada en el Cabildo de Tenerife con la consejera de Planificación Mónica Méndez.

El abogado de la acusación, José Pérez Ventura, solicitó que se incluyese este expediente en la documentación del juicio, a lo que el letrado de Manuel Parejo argumentó indefensión por no haberlo citado antes Oramas, condicionó su inclusión a que el Ayuntamiento aportase toda la documentación relativa a este asunto y advirtió con la posible recusación de la perito por mostrar “enemistad manifiesta”.

También otros abogados de la defensa rechazaron este trámite por “extemporáneo” y porque la posible apertura de un expediente es un hecho habitual en las administraciones públicas, “con el que se trata de desacreditar a uno de los encausados”.

Finalmente, Oramas aseveró que se le comunicó verbalmente que se sobreseía el expediente al haberse aceptado sus explicaciones y el magistrado Joaquín Astor precisó que se incluía el documento en la instrucción.

También aseveró la exarquitecta municipal que el funcionario Víctor Reyes trató de inducirla a cambiar los criterios por los que había efectuado su tasación y consideró que no tiene datos acerca de cómo finalmente se llegó al precio de 8.750 millones de pesetas.

Una tasación “un tanto anómala”

El apoderado de Sociedad de Tasación SA (Sotasa), José Luis Estevas-Guilmain, afirmó que el primer conocimiento que “en mala hora” tuvo de este asunto fue cuando desde el servicio de control de la entidad le comunicaron que había una tasación “un tanto anómala”, ya que nunca se había hecho la valoración de acuerdo a la información que aportaba el cliente (en alusión al Ayuntamiento de Santa Cruz).

Estevas-Guilmain indicó que en estos datos no se contemplaban las restricciones a la urbanización que implicaban la Ley de Costas, los estándares turísticos y la normativa de plazos por lo que el resultado era un valor “totalmente condicionado”.

Sin embargo, prosiguió, entendió que era “aparentemente correcto” si se cumplían unos determinados condicionantes que se expusieron en un informe adjunto, el “B”, que era parte indisoluble del documento elaborado por Sociedad de Tasación SA, “pero que no sé por qué desapareció”.

“No se podía edificar en el frente de la playa”. Y punto. Así de contundente se manifestó este martes la exarquitecta técnico municipal, Pía Oramas, en la décimo sexta sesión del juicio penal por el caso Las Teresitas que se sigue en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Según Oramas, no se podía construir y los empresarios de Inversiones Las Teresitas (ILT), que son los acusados por prevaricación Ignacio González Martín, su hijo Pedro González Santiago y Antonio Plasencia, no tenían derecho a indemnización alguna por ser algunas de esas parcelas de dominio público, como defiende esta perito, que es la misma que elaboró el informe de tasación de las parcelas en 33 millones de euros por debajo de las, al parecer, pretensiones de los empresarios y del propio Ayuntamiento.

En la sesión de este martes, que ha sido técnica, muy técnica, los ejes centrales fueron si las once parcelas del frente de la playa compradas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a Inversiones Las Teresitas, eran suelo urbano consolidado o no; si el deslinde era el de 1961 u otro; si cabía indemnización a ILT porque parte de los terrenos son de dominio público, o si era necesario que estuviesen realizadas las obras de infraestructura básicas para poder obtener las licencias de obras mayores para edificar.

Según Oramas, que actúa como perito a petición de la Fiscalía, está claro que las 11 parcelas del frente de la playa son suelo urbano no consolidado, y ello porque, de acuerdo con la Ley 1/2000 de texto refundido de las leyes de ordenación de territorio de Canarias, para que el suelo sea consolidado deben cumplirse con requerimientos tales como que haya acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales, suministro de energía eléctrica y pavimentaciones de calzada.

“No lo había ni lo hay”, señaló, lo que asimismo fue refrendado en tres ocasiones por la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente de Canarias (COTMAC).

La perito recordó que estaban previstos 9 hoteles, centros comerciales y urbanizaciones, y que la población del pueblo pesquero de San Andrés, en el que se ubica la playa, pasaría de 3.000 habitantes a unos 12.000, una población mayor a la que hay en el 60% de los municipios tinerfeños y que conllevaría, no ya un tratamiento de aguas residuales, sino la construcción de una depuradora.

Que el suelo no esté consolidado tiene una consecuencia, dijo, que es la cesión de un 10% del aprovechamiento urbanístico. “Sin excepción. Era obligado”, remarcó. Sin embargo, esa cesión del 10% “no se ve reflejada en el Convenio de Urbanización que presentó la Junta de Compensación al Ayuntamiento”, insistió la fiscal anticorrupción, a lo que asintió Pía Oramas.

Asimismo, la perito sostuvo que se llevó a cabo una revisión del Plan Parcial de las Teresitas, lo que es muy distinto de una modificación del Plan General de la ciudad. “Al no ser una modificación, sino un revisión, esa cesión del 10% del aprovechamiento era obligada”.

Para Pía Oramas (que se muestra contundente en sus afirmaciones), como para los peritos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Vicente Fernando Hernández y Alberto Núñez, que en tasaron el frente de la playa en algo más de 15 millones de euros (incluso menos del valor que estimó la extécnico municipal), debía haberse llevado a cabo una modificación del Plan Parcial, pero no fue así. Por ello, recalcaron que no era posible edificar en el frente de la playa.

Incluso si se hubiese modificado el Plan Parcial, estos peritos consideran que se hubieran perdido unos 40.000 metros cuadrados de edificabilidad. Añadió que las licencias para urbanizar son de dos años, mientras que las obras de infraestructuras tardarían unos nueve. “Imposible llevar a cabo los proyectos de edificabilidad”.

“La conquista de México duró 2 años. En las Teresitas se hubiese tardado menos”

En un sentido totalmente contrario se pronunciaron los peritos de las defensas, Domínguez Anadón, Joaquín Jalvo, Jorge Duatis y Gerardo Roger Fernández, quienes consideran que el suelo sí podía considerarse urbano consolidado.

Para Domínguez Anadón y Roger Fernández, aunque no se hubiesen llevado a cabo las obras de infraestructuras, está claro que los terrenos eran urbanos consolidados “por consolidación de derechos”, y las obras de infraestructuras básicas se podían haber desarrollado al tiempo que se llevaban a cabo las edificaciones.

Anadón, que durante toda la sesión discrepó de Oramas e incluso levantó la mano para pedir la voz, “la conquista de México tardó dos años. Estoy seguro que las obras en Las Teresitas hubiesen tardado menos”, dijo.

Para este perito, que tasó el frente de la playa en 71 millones de euros, el Plan Parcial de Las Teresitas dividía las 11 parcelas en polígonos “que podían tener una gestión autónoma. Está en la Ley del Territorio de Canarias”, en contra de lo que afirmó Oramas, para quien se trata de un único ámbito que actuación sujeto a las mismas condiciones.

Anadón insistió en que de acuerdo con la legislación vigente en 2001, esa gestión autónoma dependía de que se tratase de un único propietario, que dijo ser Inversiones Las Teresitas, aunque terminó por reconocer que los propietarios eran dos: ILT y la Junta de Compensación, dueña de la parcela 103.

Roger Fernández se reafirmó en que el Tribunal Constitucional anuló la Ley de 1992 en la que se basó el Plan General de Ordenación del la ciudad, de lo que deriva el Plan Parcial Las Teresitas, por lo que regía la Ley del Suelo de 1976, así que en su opinión no cabe la cesión de un 10% del aprovechamiento urbanístico por parte de los propietarios, sino que “los propietarios con el 100% de ese aprovechamiento”.

Por su parte, Joaquín Jalvo (que ha tenido vínculos laborales con Luciano Parejo, hermano del acusado Manuel Parejo, que era edil de Urbanismo cuando se llevó a cabo la compra del frente de la playa), cree que el frente de la playa no solo es terreno urbano consolidado, sino que tiene un grado superior, el de consideración de solar. “Siendo solar, se puede edificar al tiempo que se hace la urbanización” señaló.

Dieciocho millones y medio de euros. En concreto, 18.505.163 euros. Ese es el valor en que la Sociedad de Tasación, SA (Sotasa), tasó las 11 parcelas del frente de la playa de Las Teresitas, unos miles de euros por debajo, incluso, de la tasación que llevó a cabo la exarquitecta municipal Pía Oramas.

El informe original de la tasación de Sotasa, entregado este lunes por el apoderado de esta, José Luis Estevas-Guilmain, al tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en el que se sigue la vista oral de la causa penal del caso Las Teresitas, ha caído como una bomba, tanto que los 14 abogados de la defensa han solicitado la suspensión del juicio para estudiar sus consecuencias, una vez que el magistrado presidente, Astor Landete, accedió a admitir el nuevo documento como prueba.

Estevas-Guilmain, que intervino en calidad de perito, afirmó que el informe de Sotasa que aparece en el expediente para la compraventa de la playa daba un valor de unos cinco mil millones de pesetas más que el aportado hoy, ya que se recibieron presiones para que el valor se calculase sin condicionamientos de ningún tipo, es decir, que el aprovechamiento de los terrenos fuera del 100%.

Pero esos condicionamientos existían. En el informe entregado al tribunal juzgador este lunes, y al que ha tenido acceso Tenerife Ahora, se destaca en su apartado B que las parcelas tenían que tener consolidados los aprovechamientos urbanísticos definidos en el Plan General de Santa Cruz de Tenerife de 1992 y en el Plan Parcial de Las Teresitas de 1988.

También, que se hubiese terminado la gestión urbanística y quedase solo pendiente a ejecución y finalización de obras de urbanización y que no existiesen servidumbres ni otras cargas urbanísticas, salvo las citadas.

Además, y este aspecto llamó la atención, en el informe aportado se destaca que “el cálculo de los valores se ha realizado en los supuestos de que los terrenos no se encuentren afectados por el deslinde marítimo terrestre de Costas (como, en efecto, lo estaban); que no fuese de aplicación el Decreto 10/2001 del Gobierno de Canarias de estándares turísticos (Ley de Moratoria turística) y que no se tuviesen que considerar las suspensiones decretadas en el ámbito de los usos turísticos ni las posibles directrices de ordenación general y del turismo de Canarias, que al término del periodo de suspensión dictara el Gobierno de la Comunidad Autónoma, en cuanto a sus afecciones a los terrenos valorados”.

Sobre si pesaba o no la moratoria dictada por el Gobierno regional a los usos hoteleros en la playa de Las Teresitas es un asunto sobre el que expondrán sus opiniones los peritos en los próximos días, pero de acuerdo con las pruebas que se incluyen en el sumario, y que se vieron igualmente en el juicio por el caso Mamotreto, un tercio de las parcelas sí serían propiedad de Costas.

El apoderado de Sotasa, que firmó este informe el 10 de mayo de 2001, recalcó en un apartado B que los terrenos no debían estar sujetos a exigencias de cesiones de terrenos o de aprovechamientos, como sí lo estaban.

De esta forma, el valor de mercado de las parcelas que conforman el frente de la playa de Las Teresitas, fue estimado en 3.079 millones de pesetas (18.505.163 euros). Sin embargo, el informe final de Sotasa que se incluyó en el expediente fijó el precio de la playa en unos 46 millones, de euros, al no incluir las consideraciones que Estevas-Guilmain puso de relieve de este lunes. Y ello, afirmó, por las presiones del Ayuntamiento que este perito dijo que se recibieron en su empresa, tanto que este anexo B lo incluyó a pesar de poder ser despedido o no cobrar su trabajo.

Su declaración ha ido en el mismo sentido de la perita Pía Oramas. Ambos subrayan haber recibido presiones para que el valor de la playa fuese mucho mayor, o como dijo Estevas-Guilmain, había un “interés flagrante” en el Ayuntamiento para inflar el precio.

Este lunes, 17 de octubre, se ha reanudado el juicio por el caso Las Teresitas, con la declaración de varios peritos. La sesión ha sido todo un bombazo, en términos informativos, tras la declaración de José Luis Estevas-Guilmain, perito y apoderado en el momento de los hechos de Sociedad de Tasación (Sotasa). Esta empresa elaboró un informe valorando los terrenos que iban a ser comprados entonces por el Consistorio y que fue incluido, junto a otros, en el expediente para la compra de estos. Ese informe final tasaba los terrenos en unos 47 millones de euros, aunque finalmente el Ayuntamiento los comprase por 52 millones.

Sin embargo, en su declaración el perito ha expresado de forma tajante que “existía un interés flagrante” por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz en inflar el valor de los terrenos pese a que “se incumplía todo”. Y ha acompañado esta afirmación con una prueba documental que ha dejado a los abogados defensores de los acusados (entre ellos el exalcalde de la ciudad Miguel Zerolo) pidiendo el aplazamiento de la vista oral. La prueba no era otra que el informe original elaborado por Sociedad de Tasaciones, es decir, un documento anterior al incluido en el expediente de compra, en el que se otorgaba a los terrenos del frente de la playa de Las Teresitas un valor similar al que dio también la entonces arquitecta municipal Pía Oramas.

En una tensa prueba pericial ante la sección segunda de la Audiencia Provincial, este perito ha comentado que la tasación de su entidad se acercaba a los 48 millones de euros, pero se realizó un “anexo” donde se incluían una serie de condicionantes que dejaban su precio final en algo más de 18 millones. “Me extraña que no esté en los autos”, ha destacado.

Tanto Oramas como Sociedad de Tasaciones valoraron el suelo que se quería comprar en unos 19,2 millones de euros, más de 30 millones menos de lo que al final se pagó.

La declaración de José Luis Estevas-Guilmain viene a corroborar la versión de Oramas, que denunció haber recibido “presiones” para aumentar el valor de los terrenos, y reconoce que también ellos tuvieron que elevar la cantidad.

El documento aportado por Estevas-Guilmain ha sido aceptado como prueba documental por el presidente magistrado del Tribunal de la Sección II de la Audiencia Provincial, que es quien lleva la causa penal de este caso. Esto ha provocado un enorme revuelo en la sala y las protestas de los abogados defensores, que han terminado pidiendo un aplazamiento de la vista oral para poder estudiar el documento.

El juicio por la compra, supuestamente fraudulenta, del frente de la playa de Las Teresitas por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a dos empresarios afines al entonces alcalde, el exsenador Miguel Zerolo, se reanuda este lunes con la prueba pericial, una de las más importantes de la vista oral que se inició el pasado 9 de septiembre.

Entre los 20 peritos citados a declarar entre este 17 de octubre y el 4 de noviembre, destaca un nombre: el de Pía Oramas, exarquitecta del Ayuntamiento santacrucero (en la actualidad es técnico del Cabildo de Tenerife) y piedra angular de las acusaciones pública y popular que han sentado en el banquillo a Zerolo y a otros 12 acusados, entre políticos (como su mano derecha, Manuel Parejo, que también militaba en Coalición Canaria), funcionarios y los empresarios beneficiados, Antonio Plasencia e Ignacio González Martín. Se les acusa de malversación y prevaricación y se piden para ellos un total de 60 años de cárcel.

El de Pía Oramas es el nombre que más se ha repetido en las 14 sesiones de la vista oral que se han celebrado hasta la fecha. Elaboró en marzo de 2001 un informe sobre el valor de tasación de las 11 parcelas que conforman el frente de la principal playa de la capital tinerfeña y lo cifró en 19,2 millones de euros, aunque cuando llevó a cabo esa tasación ya había dudas acerca de la titularidad de algunas parcelas, que figuraban en el inventario municipal, es decir, ya serían propiedad del Consistorio.

Sin embargo, finalmente se pagaron 33 millones de euros más. En el expediente figuraban tres tasaciones de particulares, incluido una de expertos de la Universidad Carlos III de Madrid, pero el de Oramas no estaba, pese a que la tasación por un técnico municipal era de obligado cumplimiento, tanto que esa ausencia fue uno de los motivos por los que el Tribunal Supremo declaró la anulabilidad de la compra-venta de la playa en 2007.

En lo que llevamos de juicio, más de una decena de testigos han afirmado que nunca vieron el informe. Los concejales que participaron en 2001 en los dos plenos en los que se abordó la compraventa y en un tercer pleno, en junio de ese año, en que la operación fue aprobada por unanimidad, negaron conocer la tasación de Oramas. El socialista José Ángel Martín dijo que solicitó leerla reiteradamente cuando era responsable de Urbanismo, pero no lo consiguió.

Santiago Pérez, el ex secretario general del PSOE en Tenerife, testificó que “era vox populi” su existencia, cuando en 2002 ya se hablaba en la calle del “pelotazo” que habrían dado Plasencia y González Martín con la venta de los terrenos. Es más, aseguró que supo de su existencia porque la hoy diputada nacionalista, Ana Oramas, así se lo indicó en una conversación informal.

Coacciones para evitar que se conociera el documento

No solo se sabía de su existencia, sino que dos testigos declararon que Pía Oramas incluso llegó a temer por su vida, y les explicó dónde guardaba una copia. Fueron Luisa del Toro y Ana Zurita. Del Toro, que era directora técnico-jurídica de la Gerencia Municipal de Urbanismo, respondió a preguntas de la fiscal anticorrupción que ese informe le fue encargado por quien era concejal de Urbanismo en el año 2001, Manuel Parejo (para quien se solicitan ocho años de prisión, los mismos que para Miguel Zerolo).

“Se trataba de un asunto muy complicado. Doña Pía Oramas se sentía amenazada y coaccionada. Lo estaba pasando muy mal”, aseveró Del Toro. “Ella me hizo estas declaraciones de compañera a compañera, y me dijo dónde guardaba el informe de tasación, por si le pasaba algo”.

En el mismo sentido se expresó Ana Zurita, arquitecta y ahora diputada nacional del PP, que en 1998 era técnico de la Gerencia de Urbanismo y que en su testifical del pasado 20 de septiembre afirmó que conocía la tasación de Pía Oramas.

También conocieron esa tasación los técnicos Epifanio Gómez y Sebastián Martín. Epifanio Gómez, exjefe de Planeamiento Municipal, indicó al tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en la que se ve la causa penal por la compra del frente de la playa, que no era habitual que un concejal encargarse directamente una tasación, como hizo Parejo, y que pudo leer el informe de Oramas cuatro años después de que se llevase a cabo la operación.

Por su parte, Sebastián Martín, que era secretario delegado de la Gerencia del Ayuntamiento santacrucero (cargo en el que fue sustituido por Víctor Reyes, que también se sienta en el banquillo), declaró que conocía la tasación de Pía Oramas y que, además, se elevaron tres informes negativos al Convenio de Urbanización propuesto por la Junta de Compensación poco antes de llevarse a cabo la compra, y ello, entre otros motivos, porque hacían prevalecer el Plan Especial de Las Teresitas frente al Plan General de la ciudad.

La contundencia de la exarquitecto municipal

Pía Oramas ya declaró en febrero pasado, en el marco del juicio civil para dilucidar la titularidad de las parcelas del frente de la playa, y fue contundente al asegurar que el Ayuntamiento encargó otros dos informes de tasación para “echar abajo” el suyo. No solo eso, sino que recibió presiones para elevar el valor de los terrenos.

Con la misma rotundidad, dijo que no estaba aprobado el proyecto de urbanización para la instalación de infraestructura y que el convenio de la Junta de Compensación no se ajustaba a la legalidad.

Fernando Senante, abogado que formó parte del equipo redactor del Plan General de Santa Cruz de Tenerife de 1992, reconoció que en 2001 hubo una reunión en el Ayuntamiento con Pía Oramas, ya que “había discrepancias” en torno a su informe, pero negó que la extécnico municipal recibiera presiones para que cediera y respaldara con su firma la tasación de Tinsa, que elevaba el valor de las once parcelas hasta los 63 millones de euros, a lo que se negó.

El juicio civil está pendiente de sentencia a la espera del fallo en la causa penal y en aquel no solo se ha planteado la titularidad de las parcelas, sino que los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio Martín González, dueños de Inversiones Las Teresitas, devuelvan los casi 53 millones de euros que recibieron por el frente de la playa, además de otros 17 millones en concepto de intereses. Por su parte, los empresarios reclaman al Consistorio 116 millones de euros por lucro cesante.

Zerolo declara en noviembre

Entre este lunes y el 28 de noviembre comparecerán 14 peritos ante el tribunal que juzga el caso Las Teresitas, incluida Pía Oramas. El magistrado presidente, Joaquín Astor Landete, ya ha advertido de que la falta de espacio limitará la presencia de periodistas y público en la sala de vistas, pese a que se pidió, de forma reiterada, a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno canario una solución acorde a la magnitud de este juicio, sin recibir respuesta.

Los días 2, 3 y 4 de noviembre intervendrán tres, cinco y dos peritos diferentes. Los días 7 y 8 de noviembre se dedicarán a la prueba documental y, finalmente, entre el 10 y 11 de noviembre, serán interrogados los trece acusados.