“Me dicen que esa documentación no te la podemos dar”. Esta es una de las contestaciones que, con demasiada frecuencia, escuchamos en boca de los responsables de comunicación de las administraciones públicas. Eso cuando hay suerte, porque lo habitual es que recibamos un silencio por respuesta, a sabiendas de que el tiempo siempre juega en contra del periodista. Investigar y llegar al fondo de los asuntos que levantan polémica no es una tarea sencilla. En Despiertos lo hemos sufrido en todos los programas que hemos realizado desde que, hace ya un año, comenzamos en esta aventura. Y en Tindaya, como nos temíamos, las dificultades se han repetido.

En febrero, antes incluso de obtener la financiación para el cuarto capítulo, que conseguimos gracias a una intensa campaña de crowdfunding, comenzamos un trabajo de investigación y documentación periodística para adentrarnos en las entrañas de la montaña más simbólica de Fuerteventura. Hemos invertido incontables horas en hemerotecas, en archivos judiciales, en registros, en hablar con numerosas fuentes, en pedir documentación a las administraciones, en entrevistas con protagonistas… El resultado es un documental que llegará a las salas de cine este fin de semana, porque en Despiertos tenemos claro que el periodismo tiene que estar en contacto directo con la sociedad. 

El programa sobre Tindaya se estrenará este viernes en el Centro Insular de Juventud (antigua Universidad Popular), en Puerto del Rosario (Fuerteventura), a las 21.00. El sábado llegará a Tenerife, al Espacio Aguere Cultural (San Cristóbal de La Laguna), donde se proyectará a las 20.00. El domingo, por último, el reportaje podrá verse en las pantallas de los Multicines Monopol, en Las Palmas de Gran Canaria, a las 20.30. La entrada será gratuita y al finalizar cada sesión se abrirá un debate con el público para comentar nuestro trabajo. 

Pese a que son muchas las dificultades para hacer periodismo independiente, y esta vez tampoco ha sido sencillo obtener respuestas a tantas preguntas abiertas, cuatro meses de esfuerzos han dado unos frutos que esperamos recoger este fin de semana. Tindaya es un complejo entramado de intereses donde la realidad se mezcla con la opacidad. Por eso, en Despiertos no queríamos quedarnos en la superficie del debate que gira alrededor de la obra de Eduardo Chillida, aunque también le dedicamos una parte importante del reportaje, sino buscar las causas y contar las consecuencias de otro de los grandes pelotazos que hemos pagado todos los canarios.

Desatascar la ingeniería financiera que existió detrás del primer proyecto de Tindaya nos ha obligado a dedicar muchos recursos técnicos. Una vez más, en Despiertos vamos a mezclar periodismo con cine, a través de un montaje lleno de infografías y efectos especiales, con el objetivo de que sea más fácil entender la información que algunos actores interesados ocultaron bajo la carismática montaña majorera. Es un trabajo muy costoso, pero imprescindible.

Pasado pero también presente, ya que el proyecto vuelve a ser actualidad tras ser rescatado por el Gobierno de Canarias en la anterior legislatura e impulsado en la actual por el Ejecutivo que preside Fernando Clavijo. Con los antecedentes que encontramos en el contrato fallido de la década de los 90, que pasó una factura millonaria a los ciudadanos sin mover una sola piedra, se nos abrió un abanico inmenso de interrogantes sobre la nueva adjudicación que pretende sacar adelante la Fundación que se ha creado para ejecutar la obra de Chillida. Las respuestas, hasta donde ha podido llegar nuestro trabajo periodístico, también están en el documental que se proyectará en las salas de cine este fin de semana.

Acercar el periodismo a la sociedad es una de las prioridades de este proyecto independiente que hemos creado un grupo de profesionales descontentos con el funcionamiento actual de los medios de comunicación. Por eso, para nosotros es prioritario que nuestros reportajes se estrenen en contacto directo con el público, de manera que podamos generar un debate en el que se haga una crítica a nuestro trabajo y en el que desde Despiertos también contestemos cualquier inquietud que pueda surgir. Si el periodismo no se hace desde la gente y para la gente, si nos ven como voceros del poder y no como representantes de la sociedad, ¿cómo vamos a pretender que confíen en nosotros? En los tres primeros capítulos logramos llenar la sala del Espacio Cultural Aguere, en la que, sin lugar a dudas, ha sido la experiencia más gratificante de mi vida profesional. 

En esta ocasión el reto es aún mayor. Vamos a estrenar en Fuerteventura, no podía ser menos al tratarse de Tindaya, y en Las Palmas de Gran Canaria. Dos citas en las que deseamos poder contar con el apoyo social que, al menos hasta ahora, ha recibido Despiertos en la isla de Tenerife. Ese es nuestro músculo y la única manera de lograr que nos respeten. Solo así podremos conseguir que cada día sean más pequeños los muros que tenemos que saltar para llegar a la verdad.

Si este fin de semana te apetece conocer un proyecto de periodismo independiente, si te interesa Tindaya o si, simplemente, quieres pasar un rato agradable en un evento distinto, te esperamos en el estreno del cuarto capítulo de Despiertos. Gracias por ayudar a que tengamos una sociedad mejor informada. 

P. D: el trabajo que podrán ver en el documental de Tindaya es posible gracias al magnífico equipo que forma Despiertos, con Esaú Hernández, Juan Lupiáñez, Miguel Herrera, Gara Delgado, Víctor Socas, Mayté Delgado, Gabriel García y Jonathan Marrero. También han colaborado Txema Santana y Diego Lupiáñez. A ellos hay que sumar los 222 mecenas que ayudaron a financiar este proyecto y tanta gente que nos ha dado incontables muestras de apoyo. Gracias a todos. 

Suele ocurrir que los medios de comunicación entrevisten a directivos de grandes empresas. Es habitual que los altos cargos aprovechen estos encuentros para difundir las bondades de la entidad privada a la que representan. Si el invitado se siente cómodo, si no tiene que enfrentarse a sus contradicciones, lo normal es que termine por distorsionar la realidad. En estos casos, el ejercicio periodístico se transforma en una publicidad encubierta que el consumidor se traga con la nariz tapada.

Con la nariz tapada hay que leer la entrevista a José Manuel Fernández Sabugo, uno de los jefazos de CEPSA en Canarias, que el pasado 31 de mayo publicó Diario de Avisos. Y eso que los antecedentes prometían un desenlace distinto. El periódico que más ha informado de la contaminación de la refinería de Santa Cruz de Tenerife pregunta a uno de los máximos responsables de la petrolera. Contra todo pronóstico, el resultado es un paseo por un mundo paralelo donde nunca huele a azufre y los ciudadanos tenemos que dar palmas a la pata coja ante las constantes muestras de generosidad de la empresa. El titular es todo un acierto porque resume lo que nos vamos a encontrar si seguimos con la lectura: “CEPSA debería ser motivo de orgullo para los ciudadanos”. 

Es importante que nos adentremos en la profundidad del relato que nos brinda el entrevistado. A Fernández Sabugo le llama la atención que exista un rechazo social a la actividad de su empresa, aunque se esfuerza en asegurar que es menor de lo que puede parecer. A nadie se le escapa que una refinería en medio de una ciudad no es un generador de felicidad. CEPSA siempre lo ha sabido. Por eso ha hecho un esfuerzo ingente durante años en publicitar cualquier acto de masas. Desde patrocinar a un equipo de fútbol a ser la marca puntera del Carnaval. Es la única manera de intentar disfrazar el daño que su actividad causa al medio ambiente, patrimonio de todos, y a la salud de los seres vivos que habitan en sus alrededores. Pero la publicidad engañosa, incluidas las numerosas campañas en los medios de comunicación, no deja de ser eso, un disfraz.

No es cierto que CEPSA se plantee abandonar la capital tinerfeña porque hay un Gobierno autonómico muy malo que persigue a la compañía. Al contrario, la petrolera debería estar eternamente agradecida por el hecho de que el Ejecutivo regional históricamente haya mirado para otro lado ante los continuos incumplimientos de la refinería, que en varias ocasiones ha superado los límites legales a partir de los cuales la contaminación comienza a tener una afección directa en la salud de las personas. La Administración estaba obligada a avisar a la población, pero nunca lo hizo.

Si el Gobierno de Canarias decidió un día cerrar el puño ante CEPSA fue porque vio los dientes a los juzgados. Una denuncia de los exconcejales Guillermo Guigou y Ángel Isidro Guimerá, de Ciudadanos de Santa Cruz, desencadenó que la Fiscalía Provincial hiciera lo propio y provocase la apertura de una causa penal en la que se investiga un supuesto delito sobre el medio ambiente, con efectos en la salud humana, a raíz de las emisiones de la refinería. El miedo se instaló en el seno de la Consejería, que se puso las pilas y sacó adelante un plan para exigir a la compañía que redujese el dióxido de azufre que salía por sus chimeneas. 

Después de años de impunidad, CEPSA se enfrentó a una situación para la que no estaba preparada. La reacción de la petrolera fue echar un pulso al Gobierno, bajo el pretexto de que sus exigencias eran imposibles de cumplir, y cesó la actividad de refino, principal motivo de la contaminación. La realidad es que la empresa, si quisiera, podría cumplir la nueva normativa. Para ello solo tendría que invertir en la renovación de sus instalaciones, que se han quedado obsoletas. No olvidemos que la refinería de Tenerife fue la primera planta de estas características que la entidad puso en marcha en España, hace ya 87 años. Ha llovido mucho azufre desde entonces. Tanto como para colocar a Santa Cruz de Tenerife en el mapa de las ciudades más contaminadas de Europa.  

Fernández Sabugo reconoce parte de esta realidad cuando admite que, si encienden la maquinaria, incumplirían la normativa, algo que en el pasado no les importó mucho. Acierta también en que se ha recurrido la decisión y la cosa está pendiente de que falle la Justicia. Es llamativa la capacidad que tenemos las personas para acordarnos solo de la parte que nos interesa de una historia. Al directivo de CEPSA, por ejemplo, le resulta muy fácil hablar del contencioso abierto, pero guarda un sospechoso silencio sobre el procedimiento penal, aunque también es verdad que nadie se lo recuerda.

Tampoco es cierto que el tráfico contamine más que la refinería, a pesar de que esta afirmación se repite tanto en la pregunta como en la respuesta de Fernández Sabugo. “Si nosotros ponemos todos los coches en una esquina y la refinería en otra, yo no le tengo que decir hacia dónde se inclinaría la balanza”, afirma el entrevistado. La respuesta también está en la hemeroteca: un estudio achaca a CEPSA el 78% del azufre que respira Santa Cruz. La balanza casi tocaría el suelo por el lado de la refinería. Si le queda alguna duda al directivo de la empresa de la que todos deberíamos estar orgullosos, con la nariz tapada, la realidad demuestra que, en los dos años en que la instalación ha dejado de refinar, las emisiones de este contaminante se han reducido en el 50%.

Claro que siempre es más fácil culpar al ciudadano de la contaminación, que obviamente tiene su parte de responsabilidad, antes que cuestionar a una gran empresa que invierte mucho dinero en publicidad. Y que genera empleo estable, otro de los principales argumentos de los que intentan tapar las vergüenzas de la petrolera bajo la riqueza de su actividad. Es incuestionable que CEPSA ha sido la principal industria de Tenerife y uno de los motores del desarrollo económico de la capital. Pero hay cosas que el dinero no puede comprar.

Varios estudios científicos vinculan la contaminación de la refinería con daños a la salud de las personas, como el aumento de la mortalidad por enfermedades cardiorrespiratorias. Es muy cruel obviar este hecho, pero resulta peor el intento de enfrentar a los trabajadores con los ciudadanos que se preocupan por los efectos que provoca una actividad contaminante. No podemos vivir con la nariz tapada para evitar que el azufre se cuele en nuestro organismo.

CEPSA ha superado en numerosas ocasiones el límite horario de dióxido de azufre que se considera dañino para la salud. La barrera de por sí es bastante conservadora si se compara con las recomendaciones de la OMS, mucho más exigentes. Lo ha hecho con la complicidad de las administraciones públicas y nunca ha sido capaz de reconocer sus excesos. Las responsabilidades penales, si las hay, tendrán que ser asumidas por la petrolera ante la Justicia, pero la falta de sensibilidad social que ha demostrado la compañía es imperdonable. No, por mucho que le pese al señor Fernández Sabugo, no tenemos ningún motivo para estar orgullosos de la refinería. Por muchos equipos de fútbol y galas del Carnaval que patrocine.

De lo que debemos sentirnos orgullosos los ciudadanos es de que hayan existido políticos capaces de llevar a un gigante de la publicidad como CEPSa ante los tribunales. O de una fiscal como Inmaculada Violán, que denunció la contaminación de la refinería y se mantuvo firme cuando el juzgado archivó la causa sin haber practicado ni una sola prueba. La Audiencia Provincial aceptó su recurso y ha obligado, tras tirarle de las orejas a la jueza de turno, a que se investigue hasta el fondo el posible delito cometido por la petrolera. O de periodistas y directores de medios que rompieron la censura que rodeaba a la industria para informar de lo que era un asunto tabú. Esaú Hernández y Vicente Pérez hicieron sudar la gota gorda durante años a técnicos y asesores de comunicación de CEPSA. 

Vicente Pérez, por cierto, firma todas las noticias que he enlazado en este artículo. Todas menos la entrevista a Fernández Sabugo. Cuando Diario de Avisos, el periódico en el que trabaja, publicó las declaraciones del directivo de CEPSA, colgó en su perfil de Facebook un comentario en el que desmonta con elegancia todas las mentiras sobre la refinería. Hay compañeros que saben dónde termina su responsabilidad con la empresa que les paga y dónde empieza su deber con la sociedad que los necesita. 

Deténgase un momento a observar la foto que acompaña a este artículo. Imagine ahora que ese edificio reforzado es su lugar de trabajo. Es probable que un cosquilleo de preocupación le recorra el cuerpo. Tranquilo, para eso están ahí esos puntales, para que no le caiga nada en la cabeza. ¿Y si pasara? ¿Y si hubiera algún desprendimiento y usted, por ejemplo, se quedara aislado? Pues vendrían los bomberos a rescatarlo. Pero ¿y si debajo del techo apuntalado están las personas encargadas de salvarlo?

El edificio del parque de bomberos de Santa Cruz de Tenerife tiene problemas desde hace años. Al menos desde 2010, cuando un informe reveló que era necesaria una reforma de peso en el edificio. El proyecto se hizo poco después, pero acabó en el fondo de una gaveta y ahora ha sido necesario tomar medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores. Fíjese de nuevo en la foto. La imagen que tiene delante es el reflejo de la historia de un cuerpo de seguridad que sufre un importante abandono por parte de unas administraciones públicas que, solo cuando ya no queda más remedio, empiezan a apuntalar su actitud negligente.

En Tenerife hay un bombero por cada 5.000 habitantes y 44 de guardia para toda la isla. En el resto del país, la media está en un efectivo por cada 2.000 residentes. En Gran Canaria hay casi un centenar de profesionales de guardia, de los que solo 38 están en la capital. Estas cifras demuestran que en Tenerife se ha descuidado uno de los puntales básicos de la seguridad.

Los bomberos, que a su vez han estado demasiado tiempo escondidos en un silencio cómplice, convocaron una huelga indefinida hace unos meses para decir basta. Entre las principales reivindicaciones, además de cumplir con algunas reglas básicas de seguridad laboral y una mejora en la distribución del trabajo, los profesionales pedían la puesta en marcha de varios parques en el sur de Tenerife, donde la capacidad de respuesta actual es preocupante.

Vuela a mirar la foto. Si ha llegado a estas líneas seguro que en algún momento ha pensado en el grave incidente que provocó el desplome de un edificio en Los Cristianos, en el municipio de Arona. Ocurrió en abril de 2016 y, como no podía ser de otra manera, los cuerpos de seguridad jugaron un papel fundamental. Allí estuvieron los bomberos, en primera línea, junto a otros muchos profesionales que trabajaron en las labores de emergencia y algún que otro político que estorbaba para sacarse la foto. Ese día, todos los efectivos de guardia estaban en el lugar del derrumbe. Luego llegó el personal de refuerzo desde la capital y La Laguna. Todo bombero disponible se puso en marcha. Aun así, no dieron abasto y la situación, como ellos mismos relatan, fue extenuaste y los colocó al límite. ¿Qué hubiera ocurrido de ser necesaria la intervención de los bomberos en otro lugar de la isla?

Todos estos problemas se multiplican cuando llegan los meses de vacaciones, donde las dificultades para cuadrar los turnos aumentan a la par que disminuye la capacidad de mantener una cobertura efectiva. Es sorprendente cómo el Consorcio de Bomberos ha sido capaz de dar la espalda a la protección de los ciudadanos con tanto descaro en los últimos tiempos. Un órgano que forman el Cabildo, que es su cabeza visible; el Gobierno de Canarias, que hace unos años intentó borrarse, como si la seguridad no fuera con ellos, y los ayuntamientos más importantes.

La huelga dio paso a un intensa negociación que ha desencadenado en un principio de acuerdo. No deje de mirar la foto, porque es probable que vuelva a tener la sensación de que aquí, de nuevo, se está intentando apuntalar algo. El escrito, que todavía tiene que ser aprobado por el propio Consorcio, aunque los bomberos lo dan por hecho y estiman anunciar el fin de la huelga antes de verano, logra una serie de avances en las condiciones laborales. Cuestiones básicas que, de forma incomprensible, no se respetaban. No supondrá un aumento en las retribuciones, pero sí una mejor distribución del trabajo y del descanso.

Las mejoras laborales se comen una parte importante del acuerdo, donde también se apuntan soluciones para las grandes carencias que sacuden a los bomberos. Sobre la sede de Santa Cruz de Tenerife, después de seis años en los que se ha intentado disimular la necesidad de reformar el edificio, se ha encargado un informe externo a la prestigiosa empresa Bureau Veritas, que pagaremos entre todos, para actualizar la situación del inmueble y valorar los daños de la estructura. El compromiso es retomar el proyecto de 2011, que se dividía en tres fases, y acometerlo de una vez. Ahora solo falta saber de dónde va a salir el dinero para la obra.

El principio de acuerdo también reconoce la necesidad de construir nuevos parques en el sur de Tenerife. En concreto, se establece un compromiso de levantar tres nuevas sedes para los bomberos antes de cinco años. Una en el Valle de Güímar, otra en Arona-Adeje y, la última, en Guía de Isora. Apunten esto bien porque el tiempo pasa volando. Tres parques más en cinco años. ¿Y mientras tanto? Pues más puntales.

Hasta que se pongan en funcionamiento las nuevas instalaciones, el Consorcio se compromete a activar dos parques provisionales, en Arona al finalizar este año y en Güímar antes de que acabe 2018. En estos casos, el personal será cubierto con desdoblamientos. Es decir, la idea es que de los 10 bomberos que hay de guardia en estos momentos en San Miguel, cuatro pasen a la nueva instalación provisional de Arona. Entonces, ¿realmente se soluciona algo?

En principio, lo que se consigue es una mayor velocidad de respuesta ante determinadas actuaciones, pero el problema de fondo no se corrige. Para ello, además de la construcción de los nuevos parques, es necesario dotarlos de más personal. Y aquí cojea el acuerdo, ya que solo recoge la necesidad de consolidar en plantilla las plazas dotadas en el Presupuesto de 2017, cubrir las plazas vacantes y la revisión de la relación de puestos de trabajo (RPT). Claro que no sería la primera vez que se gastan cantidades millonarias en edificios públicos y luego no se dotan de los medios necesarios para que funcionen correctamente. También habrá que estar atentos a ver cómo se resuelve esto.

Mire por última vez la foto y guarde la imagen en su retina. No vaya a ser que vuelvan a pasar los años y la seguridad de los tinerfeños siga apuntalada. No sería la primera vez que las promesas pesan demasiado como para sostenerlas en el tiempo.

El político se mira al espejo por última vez, se abrocha el nudo de la corbata y sale de su despacho con la sensación de tenerlo todo controlado. Detrás de la puerta le esperan su jefe de prensa y dos de sus asesores más leales. Los cuatro bajan al mismo compás las escaleras que conducen a la habitación que habitualmente ocupan los periodistas. Al llegar a la planta baja, el asesor A empieza a darse cuenta de que algo no va bien. No se escuchan murmullos. No hay gente por los pasillos. Nada más cruzar la puerta, el peor escenario posible se presenta ante ellos. La sala está vacía.

El político mira a su jefe de prensa, que hace lo propio con el asesor A, que a su vez inclina la cabeza hacia el asesor B, que se hace el distraído con su teléfono móvil como si la situación no fuera con él. “¿Dónde se han metido los periodistas? ¿No enviaste las convocatorias?”, pregunta el importante dirigente municipal, mientras se empieza a desabrochar el nudo de la corbata. “Las envié, por supuesto. En mis 20 años de profesión, nunca había visto algo así”, replica el responsable de comunicación. Poco a poco, la sala comienza a llenarse con más personal de confianza: secretarias, directores generales, gerentes y, por supuesto, más asesores. Nadie sabe qué hacer. 

Unos kilómetros más al norte, o al sur, otro político se dirige en su coche oficial a la inauguración de un hospital. Aunque sabe de sobra que el edificio está vacío, porque aún no tiene ni medios ni personal, no quiere dejar pasar la oportunidad de figurar al día siguiente en las portadas de todos los periódicos anunciando los magníficos servicios que prestará la instalación cuando, esta vez sí, se inaugure de verdad. Claro que ese día, que a ser posible coincidirá con la víspera de una campaña electoral, habrá que volver a citar a todos los medios de comunicación y pasear por las instalaciones. Hoy, de momento, se conforma con una foto en la nueva fachada. 

A medida que se acerca a la zona donde se ha convocado a los periodistas, el chófer comienza a ponerse nervioso. No logra divisar la presencia de los medios y se inquieta. Mira por el espejo retrovisor para ver si le sigue algún vehículo. No hay nadie en cientos de metros a la redonda. “¿Estás seguro de que es aquí?”, pregunta el político desde el sillón trasero, antes de bajar la ventanilla para ver con más claridad lo que el cristal tintado le impedía apreciar bien. El coche, una berlina de color negro metalizado, aparca justo delante de la pared principal del edificio, recién pintada de blanco para la ocasión. Están solos.

Los móviles no paran de sonar en las redacciones. Los directores, subdirectores, redactores jefe y demás directivos de los medios de comunicación corren de un lugar para otro sin saber qué decir cada vez que se atreven a descolgar un teléfono. “Lo sé, lo sé, querido alcalde; estamos intentando solucionarlo”, se escucha en la sede de una televisión local. “Tranquilo, presidente, esto es cosa de un día; seguro que mañana se les pasa”, responden desde la emisora puntera de la radio. “No sé qué mosca les ha picado; han llegado temprano y me han dicho que se acabaron las ruedas de prensa, que se van a rebelar contra el periodismo basura”, explica como puede el responsable del periódico de mayor tirada. Las redacciones se han rebelado y la cosa parece que va en serio.

A partir de ese día, se acabaron las fotos de políticos en monopatín, políticos en los cochitos locos, políticos en toboganes, políticos cocinando platos selectos y otros más de andar por casa. Se terminaron las imágenes de políticos brindando, políticos ordeñando vacas, políticos en romerías, políticos en procesiones, políticos en hospitales públicos, políticos en hospitales privados, políticos haciendo ejercicio, políticos en traje de neopreno, políticos en la playa, políticos con casco e incluso con peineta. 

Ya no van los políticos a las televisiones locales a limpiar su imagen ni desayunan cada mañana en la misma emisora de radio. Las notas de prensa se acumulan en la carpeta de correo no deseado. Los periodistas son ahora los que marcan la agenda. Los medios de comunicación, en todos sus soportes, comienzan a llenarse con periodismo. Las páginas se escriben con investigaciones que sacan a la luz injusticias sociales. Se informa de la corrupción sin cortapisas. Se da voz a los problemas de los barrios, a las carencias de la sanidad, a las deficiencias de la educación… 

Y entonces ocurre algo maravilloso. La sociedad vuelve a recuperar la confianza en el periodismo. Empiezan a venderse más periódicos, aumentan las audiencias y crece el interés por la actualidad. Las empresas se pelean por anunciarse ante el aumento del consumo y se disparan las suscripciones. Crecen los ingresos y cada vez hay menos periodistas en paro. Las televisiones se ven obligadas a sustituir los contenidos basura por espacios que fomentan la cultura y la información. Hasta han desaparecido los bulos de las redes sociales porque ya no hay medios que los difundan.

A los políticos no les queda otra que preocuparse más de los verdaderos problemas sociales. Ya nadie se cree sus mentiras porque siempre hay un periodista que las desmonta. Las administraciones se convierten en palacios de cristal, donde todo es transparente y nada se oculta a los ojos de los ciudadanos. Mejoran todos los servicios públicos y poco a poco comienzan a borrarse del diccionario palabras como prevaricación, malversación o cohecho. Las redacciones se han rebelado y la cosa parece que va en serio.

El martes 9 de mayo, un avión comercial se dirigía hacia una de las conocidas como islas afortunadas. Durante la maniobra de aproximación al aeropuerto, justo en el lugar donde el mar abraza la tierra, varios pasajeros contemplaron a través de la ventanilla algo que despertó su curiosidad. Fueron solo unos segundos, el tiempo que el aparato tardó en atravesar el corazón de Santa Cruz, pero lo suficiente como para generar un distendido debate a bordo.

“Mamá, mierda”, exclamó un niño que iba en uno de los asientos delanteros del avión. “Kevin Yeray, te he dicho varias veces que no digas esas cosas”, le replicó la madre, que levantó entonces la mirada de su revista para acercar la cabeza a la ventanilla. Al divisar la mancha, se apresuró a salir del embrollo. “Eso es chocolate, hijo. ¿No ves esa fábrica que hay detrás? Ahí se preparan las chocolatinas que nos dan las azafatas”. 

“No hay que mentir a los niños, señora. Eso no es una fábrica de chocolate, es una refinería. Y su hijo tiene razón, esa mancha es consecuencia de unos vertidos que vienen de la depuradora. No es agua de colonia, precisamente”. Justo detrás de Kevin Yeray, un hombre de unos 40 años, con cara de formar parte del movimiento No a Todo, se alongó para continuar con su arenga particular. “Vivo en Chamberí y llevamos años soportando esto, además de mosquitos y malos olores. Privatizaron el agua y ahora pagamos más por peores servicios. A ver si las promesas se convierten en hechos”. Su elevado tono de voz terminó por animar el interés del resto del pasaje. 

Un joven con aspecto de usuario avanzado de redes sociales tomó entonces la palabra. “Está usted equivocado, don. Por ahí no solo se pierden nuestras aguas fecales. El sumidero también está conectado directamente con el Ayuntamiento. Hace unos años, desde aquí arriba se podía contemplar cómo se vertían billetes de 500 euros al mar. Como se lo cuento. La mancha era más grande que esta. Que si 40 millones por Las Teresitas, que si seis millones por el García Cabrera, otros 10 millones por el mamotreto… Así todos los días”. Una pareja de turistas que intentaba entender la conversación interrumpió el discurso para, no sin dificultades, expresar su preocupación de forma concisa.

“What the fuck?”. La mujer, cuyo rostro parecía curtido por una intensa vida viajera, señalaba con una mano la imagen de una guía turística que mostraba una playa paradisíaca llena de palmeras, mientras que con la otra apuntaba a la mancha. El muchacho se dio cuenta de que su alegato podía dañar la imagen turística de la isla, así que optó por lo primero que se le vino a la cabeza para recuperar la cara más amable. Se desabrochó el cinturón de seguridad e intentó darle una abrazo a la pareja. “What the fuck?”, repitieron de nuevo los extranjeros mientras se quitaban de encima al extraño que pretendía agasajarlos. La azafata, alertada por el atrevimiento del joven en pleno aterrizaje, le gritó desde su asiento para que respetara las medidas de seguridad. “Solo intento explicarles que Tenerife tiene muchos atractivos, que los vertidos son casos aislados”, se defendió antes de volver a meter la hebilla por la ranura. 

“No son casos aislados”, alertó otro de los pasajeros que se había percatado de la mancha. “En Canarias hay 500 puntos de vertidos al mar y solo 102 están autorizados”, aseguró con expresión de conocimiento de causa. El hombre subió la mirada por encima de sus gafas antes de rematar su intervención, consciente de que el resto del avión lo escuchaba. “Aunque no lo crean, nadamos entre aguas fecales sin darnos cuenta”. El silencio se adueñó de la cabina. La calma solo duró un segundo.

De golpe, se formó un gallinero de discusiones. Los residentes comentaban sus experiencias y los visitantes mostraban su enfado por la mancha inesperada. El murmullo subió de volumen hasta ocultar el sonido del hilo musical que los aviones utilizan para relajar los nervios en los momentos más críticos. “En unos minutos tomaremos tierra en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife Norte. Rogamos mantengan las formas”, se escuchó por el altavoz. Ni caso. El comandante activó entonces el protocolo para situaciones de indignación extrema durante un aterrizaje, que pasa por soltar un gas invisible, de olor imperceptible, que provoca un profundo sueño a todo aquel que lo respira. 

Al despertar, lo último que recordaban los pasajeros era el sabor dulce de una chocolatina. Nada más bajar del avión, dos jóvenes sacados de un concurso de belleza, embutidos en un mono de color amarillo, salieron a su encuentro con varios folletos publicitarios en la mano. “Bienvenidos a Tenerife”. Todo estaba en orden. 

En una época no muy lejana, cuando aún no había políticos condenados por corrupción en Santa Cruz de Tenerife, el director de un periódico cualquiera llama a su despacho al becario de turno para encargarle la entrevista de su vida. “Pibe, quiero que telefonees a Miguel Zerolo y quedes con él para hacerle un par de preguntas. Una fuente me ha soplado que están dando pelotazos en Las Teresitas y los bañistas están cansados de aguantar balonazos”.

El joven, atrapado por el desconcierto, decide ponerse en contacto con el gabinete de prensa para cerrar la entrevista y, de paso, preguntar si está permitido jugar al fútbol en la playa. “¿Pelotazos? Imposible, hace tiempo que prohibimos usar balones en la arena. Por cierto, ¿usted es nuevo? No lo conozco”. El becario, después de identificarse como mandan los cánones del periodismo, consigue concertar una cita con el alcalde para la mañana siguiente. Desde el Ayuntamiento le explican que a Zerolo le cuesta madrugar, así que acuerdan verse al mediodía.

Al llegar a casa, el muchacho revisa sus notas y se da cuenta de que algo no cuadra. Se sienta delante del ordenador y escribe dos palabras en el buscador de internet: “pelotazo” y “teresitas”. Para su sorpresa, descubre entonces que varios periódicos de Gran Canaria han publicado noticias sobre un caso de corrupción relacionado con la compra de los terrenos del frente de la playa. “¿Pero eso no es un acantilado?”, se pregunta antes de empezar a llenar su libreta de apuntes. Cuando termina, se acuesta en la cama, a sabiendas de que no va a ser fácil dormir. Mañana es un día grande.

La entrevista tiene lugar bajo un sol de Justicia en la terraza de un quiosco de Las Teresitas. El alcalde llega en un Volkswagen Golf de color gris y los cristales tintados. Se baja acompañado por sus dos escoltas y se acerca hasta una mesa donde un joven no despega la mirada de su móvil. Viste pantalones apretados, camiseta suelta y no lleva calcetines. Debe de ser el becario. Se sienta.

Miguel Zerolo: BuenoS díaS, ¿ereS el becario? (Habla como si fuera natural de San Millán de la Cogolla).

Periodista becario: El mismo. Pensaba que usted era canario y nacionalista…

MZ: (Deja de sonreír). Lo soy, lo soy, no hagas caso de mis bromas. Es más, te voy a decir una cosa. Algún día, Canarias será un Estado Libre Asociado.

PB: ¿Como Puerto Rico?

MZ: Como Puerto Rico. En mi partido tenemos que plantear este debate cuanto antes. Ya está bien de que los canarios paguen de su bolsillo los sueldos de, por ejemplo, políticos que solo van a Madrid a hacer lo que les sale de la polla. Y perdona la expresión, pero esto no pasaría si tuviéramos unas Cortes Nacionales en Canarias.

PB: Yo venía a hablar de Las Teresitas…

MZ: Ah sí, Las Teresitas. Bonita playa, pero podía haber sido la Copacabana de Santa Cruz.

PB: ¿Qué paso?

MZ: Pues que se judicializó. El PSOE ha tenido una gran parte de la culpa de que la playa no se haga, pero no voy a entrar en quién es culpable y quién no.

PB: ¿Quién es culpable?

MZ: Bueno, ya que insistes, te diré que Santiago Pérez es un fracasado de la política y un pedazo de inútil.

PB: ¿La culpa es de Santiago Pérez por denunciar el pelotazo en la Fiscalía Anticorrupción?

MZ: No hubo pelotazo. Fue una operación maravillosa. Era para felicitar a la Gerencia de Urbanismo, a los funcionarios y a todo el mundo que participó en ese tema.

PB: Yo soy de letras pero a mí no me salen las cuentas. ¿Me puede explicar por qué fue maravillosa?

MZ: Lo que tienes que hacer es preguntarle a Pedro González, que es un empresario hecho a sí mismo. Él puede explicarte esto mejor que nadie.

PB: A mí me gustaría hablar con Pía Oramas. He leído que hizo un informe que dice que los terrenos costaban tres veces menos de lo que pagó el Ayuntamiento. ¿Me puede dejar su teléfono?

MZ: ¿De qué periódico me dijiste que eras? ¿No serás de Gran Canaria?

PB: No, yo soy de aquí, de El Toscal. ¿Sabe dónde queda la casa Siliuto? Pues de esa zona. ¿Me puede dejar el teléfono de Pía Oramas?

MZ: Llama a mi jefe de prensa. Yo hace tiempo que dejé de hablar por teléfono. Esa gente lee hasta los mensajes de texto.

PB: ¿Qué gente?

MZ: Los policías enviados por las Fuerzas Nacionales Españolas. Me han baqueteado, como dice el compatriota Juan Manuel García Ramos.

PB: Perdone, pero me he vuelto a perder. ¿Qué tiene que ver Pía Oramas con todo esto?

MZ: (Saca un cigarro y lo enciende mientras mira de arriba abajo al becario). Pibe, si quieres llegar lejos en el periodismo, no vayas por ahí. El informe de Pía Oramas no existió jamás, eso es un disparate de los medios. Y no lo digo yo, lo dice José Luis Martín, un socialista de los pies a la cabeza. ¿Apuntaste eso?

PB: ¿El qué?

MZ: Lo de socialista. Es importante.

PB: ¿Quiere que lo escriba en rojo para que no me olvide?

MZ: No, tampoco es eso. José Luis es socialista pero no rojo. Los marxistas-leninistas son Santiago Pérez, Juan Fernando López Aguilar, José Ángel Martín y esa gente que se debería llamar Asamblea contra Tenerife. Pero mira, yo estoy tranquilo, a mí siempre me ha apoyado mi partido.

PB: Lo cierto es que también lo ha apoyado toda la gente que lo ha votado…

MZ: Ahí eStá. AprendeS rápido, chaval (recupera su acento riojano por un segundo). Por eso utilizaron el aparato del Estado contra mí, para quitarme de en medio porque en las urnas no pueden. “Vengo de una isla surrealista que no es ni África ni Europa, donde vivir es una forma de estar muerto y estar muerto es la única manera de ser importante”. ¿Conoce esa cita?

PB: ¿Es de un cantante?

MZ: No, es de Óscar Domínguez. La frase la pronuncia Joaquim de Almeida en la primera e impresionante película de Lucas Fernández, con el que, por cierto, no tengo nada que ver.

PB: Ya que lo menciona. ¿Ese Lucas Fernández es el mismo que guardaba en su casa 17 millones de pesetas? Me suena haber leído algo sobre eso.

MZ: No te creas nada de lo que leas. Yo de la prensa, sobre todo si es canariona, no me fío. Esto es una conspiración. A mí me han acusado hasta de comprar décimos de Lotería premiados. ¿Qué culpa tengo yo de tener suerte?

PB: Ya le digo que soy de letras, pero la probabilidad de que a una misma persona le toque la Lotería dos veces en un mes no debe ser muy alta…

MZ: Pues a mí la fortuna me sonríe, que quieres que te diga. Una vez fui de viaje a Isla Mauricio y entré en un casino. A mí no me gustan esas cosas porque yo solo juego al envite, pero los colegas me dijeron que probara y me animé. Pues resulta que gané “mucho dinero”.

PB: ¿Y qué hizo con ese dinero?

MZ: Me compré una finca en El Medano. Otra prueba de que sé algo de urbanismo. Me costó unos 60.000 euros y la vendí por diez veces más. ¿Acaso alguien que es capaz de algo así impulsaría una operación ruinosa para el Ayuntamiento? Las acusaciones se caen por sí solas.

(Entonces, el alcalde saca un paraguas de CajaCanarias y se lo entrega a uno de sus dos escoltas, que lo abre sobre la cabeza del político, cada vez más roja por el impacto directo del sol en el extremo izquierdo de la calva).

MZ: Perdona, pero el solajero este me tiene el totizo frito.

PB: ¡Un paraguas de CajaCanarias! Nunca me lo hubiera imaginado…

MZ: Me lo regaló un amigo de altos vuelos, Rudy. ¿Sabes quién es?

PB: Ni idea.

MZ: Buena gente. Era presidente de CajaCanarias, una entidad limpia y prestigiosa, como dicen los editoriales del periódico El Día. Si quieres aprender periodismo, apúntalo como lectura obligatoria. Ves, también soy un alcalde que fomenta la cultura. En esta entrevista ya te he hablado de cine y de literatura.

PB: Estoy aprendiendo mucho, señor alcalde. Esto no se paga con dinero. Voy a ser la envidia de mis amigos becarios.

(Justo en ese momento, llega la guagua de Titsa a Las Teresitas y se baja un grupo de personas, no más de cinco ni menos de tres, que se coloca delante del set improvisado para la entrevista. La que parece liderar el movimiento lleva una camiseta con el lema Libertad para Rosi Cubas, un megáfono en la mano derecha y una ristra de chorizos de perro en la izquierda. Al unísono, los rebeldes comienzan a corear gritos contra el alcalde: “¡No hay pan pa tanto chorizo!”. “¡Ahí está, la cueva de Alí Baba!”).

MZ: Ves lo que ocurre cuando los periódicos publican mentiras, que llegan cuatro gatos y se las creen. Me vas a disculpar pero así no podemos continuar la entrevista. Ha sido un placer. Si algún día me juzgan y el aparato del Estado español me condena, recuerda todo lo que te he enseñado. ¿Pagas los cafés?

PB: Yo no cobro, don Miguel, soy becario.

MZ: Déjalo de mi cuenta. Camarero, ¿tiene datáfono?

(Esta entrevista es ficticia. Le recomiendo que no se crea nada. Miguel Zerolo nunca pagaba con tarjeta).

Hoy me acuerdo de mucha gente. Personas que decidieron plantar cara a la corrupción sin medir el riesgo que conlleva chocar de frente con el poder político y económico. Sobre todo en un trozo de tierra rodeado por mar como Tenerife. Recuerdo especialmente a los perdedores, que son demasiados cuando unos pocos traman malversaciones millonarias con el dinero de todos. En la arena de Las Teresitas están enterradas tantas historias como nombres propios tiene la mayor ola criminal que se ha formado a estas orillas del Atlántico.

Hoy me acuerdo del día en que conocí a Lola Rebrow. Su acento alemán hacía aún más apasionante su defensa de San Andrés, donde vive desde hace más de 40 años. No era para menos. Su casa de Montaña Morera desapareció del Registro de la Propiedad después de que la Junta de Compensación se la vendiera a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González en 1998. Desde entonces, no paró de luchar, ni siquiera cuando el entonces concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, le cerró la puerta en las narices a ella y al resto de vecinos expoliados de Las Huertas. Era el año 2000 y en la cocina de la Gerencia de Urbanismo se estaba preparando un pelotazo de libro. No estaba el horno como para que unos ciudadanos de segunda vinieran a fastidiar el negocio.

Hoy me acuerdo de Jacinta Baute y de tantas familias a las que arrebataron sus terrenos sin darles nada a cambio. Si algo tiene en común la trama de Las Teresitas de principio a fin, sin duda, es la capacidad con la que se iba desprendiendo de cualquier obstáculo que dificultara una operación calculada al milímetro por un abogado de apellido Hayek. Años de pesadillas para cientos de vecinos de Las Huertas, que pasaban noches en vela para amanecer frente a las palas que pretendían urbanizar sus fincas.

Hoy me acuerdo del Club Deportivo San Andrés, un equipo histórico que se desangra día a día y camina hacia el abismo de la desaparición. Cientos de niños han abandonado el club de su pueblo porque no tienen donde jugar a su deporte preferido. Son las víctimas del engaño de Antonio Plasencia, al que le sobraba un campo de fútbol en primera línea de playa. Allí quedaba mejor un mamotreto de aparcamientos ilegal, que todavía hoy se levanta sobre una tierra acostumbrada a otro tipo de pelotazos, los que daban los jugadores que llevaron al San Andrés a competiciones nacionales.

Hoy me acuerdo de los chicharreros de tantas zonas humildes de la capital tinerfeña a los que Zerolo prometió un plan de barrios que sacaría a la periferia de su abandono histórico. Recuerdo los bailes del alcalde en las asociaciones de vecinos bajo una lluvia de promesas. No olvido que para llevar a cabo su compromiso el político de CC promovió la privatización del agua en Santa Cruz, lo que desencadenó la fraudulenta venta de Emmasa, una empresa pública que daba beneficios, a una filial del grupo Sacyr. Casi 70 millones que vinieron a cubrir el agujero dejado por la operación de Las Teresitas. El dinero nunca llegó a los barrios y el agua de la capital pasó a ser de las más caras de España.

Hoy me acuerdo del año 2009, cuando Zerolo nombró a Ignacio González Santiago concejal de Políticas Sociales de Santa Cruz de Tenerife. Unas semanas después, ambos daban una rueda de prensa para declarar la emergencia social ante la incapacidad del Ayuntamiento para asumir el aumento de la demanda de ayudas por culpa de la crisis. La foto de la comparecencia resume a la perfección la política chicharrera: a la izquierda, el alcalde que trazó un plan criminal para malversar 40 millones de euros; a la derecha, el hijo del empresario que se benefició del pelotazo de Las Teresitas. Los dos con cara de preocupación por el aumento de la pobreza en el municipio.

Hoy me acuerdo de José Ángel Martín y del resto de militantes del PSOE que se atrevieron a llevar la operación de Las Teresitas a la Fiscalía. Lo hicieron cuando denunciar la corrupción daba más problemas que beneficios, en una época en la que sensibilidad social ante los saqueos políticos estaba bajo mínimos. Zerolo le pasó la factura al concejal socialista durante cada pleno de los siguientes seis años. Recuerdo al alcalde humillar al edil socialista de forma cruel en sus intervenciones. Era la imagen del niño abusón que se ceba con otro más débil en el colegio. Pero ya se sabe lo que suele pasar en estos casos. El tiempo termina poniendo a cada uno en su sitio.

Hoy me acuerdo de Santiago Pérez y de cómo se enfrentó a la Agrupación Local de su partido para evitar la peor decisión que ha tomado el PSOE chicharrero en su historia. Fue el lagunero el encargado de redactar la denuncia que despertó el hambre de la Fiscalía Anticorrupción. Y lo pagó caro. Recuerdo los ataques constantes que sufrió por parte de Miguel Zerolo y su entorno, lo que incluye las decenas de editoriales que le dedicó el periódico El Día para sacudir su honor en público. El delfín de ATI siempre tuvo buenos aliados en la prensa tinerfeña.

Hoy me acuerdo de tantos periodistas que defendieron la operación de Las Teresitas como si les fuera la vida en ello, en vez de cumplir con su obligación de fiscalizar un pelotazo que olía peor que la Refinería. No olvido las tertulias en las que comunicadores amigos de Zerolo se burlaban del trabajo de la Fiscalía y de la Policía Judicial, mientras aprovechaban para cargar contra los denunciantes. Numerosos artículos en prensa limpiaban cada día la imagen del alcalde, mientras que algunos periódicos no escribieron ni una línea cuando se levantó el secreto de sumario y salieron a flote los excrementos de la política chicharrera.

Hoy me acuerdo de los compañeros que demostraron que el periodismo es necesario. Algunos padecieron las represalias. El rodillo de Zerolo acabó con los huesos de más de un periodista en el paro, mientras que otros fueron hábilmente cambiados de sección, lejos de la podredumbre del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Recuerdo las ruedas de prensa en las que se incordiaba para buscar titulares sobre Las Teresitas, el García Cabrera y el resto de casos que salpicaban al Palacio de los Dragos. No se me borra la imagen de Noé Ramón, Óscar Martín, Humberto Gonar, Vicente Pérez, Esaú Hernández… Una pregunta y otra hasta que el alcalde sudaba la gota gorda. Claro que todo eso coincidió con el ocaso del político de ATI. Si los focos del periodismo hubieran apuntado a la operación en 2001, tal vez hoy no tendríamos que lamentar los millones perdidos.

Hoy me acuerdo de la fiscal María Farnés Martínez, a la que no le tembló el pulso para sacudir las alfombras de la élite chicharrera. Gracias a su tesón, esta trama corrupta, que se había desarrollado cinco años antes de su llegada a Tenerife, ha podido ser condenada. A ella también la atacaron. La acusaron de estar controlada por el ministro de Justicia de la época, que no era otro que el socialista Juan Fernando López Aguilar. Miraron con lupa sus decisiones en busca de cualquier error. La representante del Ministerio Público no se achantó y puso en marcha una investigación que sacó a la luz las vergüenzas del poder político y económico. Su única mancha fue tener que renunciar al cohecho, incluso a sabiendas de que existían pruebas suficientes para plantearlo en el juicio. Farnés Martínez sabía mejor que nadie que es imposible malversar 40 millones en beneficio de dos empresarios sin recibir nada a cambio. Pero eligió amarrar el resto de delitos, consciente de que cualquier desliz sería usado en su contra. La sentencia ha demostrado que tomó la decisión correcta.

Hoy me acuerdo de los miembros del Grupo 7 de la Brigada Provincial de la Policía Judicial. Frente a numerosos contratiempos, sacaron adelante una investigación extremadamente compleja, con comisiones rogatorias en el extranjero y las críticas constantes por parte del entorno de Zerolo. Tuvieron que convivir con el enemigo en casa, lo que provocó numerosas filtraciones que mantenían al alcalde al tanto de los pasos que seguían las pesquisas. Pese a todo, el trabajo dio frutos. Gracias a ellos fue posible saber que el exsenador pasó 28 meses sin mover sus cuentas, que Antonio Plasencia le ingresó cuatro millones de euros a Rudy Núñez después del crédito de CajaCanarias o descubrir unas conversaciones telefónicas que dibujan el mapa del poder tinerfeño.

Hoy me acuerdo de Justicia y Sociedad, la asociación que se personó en el procedimiento desde el principio y llegó hasta el juicio. Recuerdo las dificultades por las que pasó el abogado José Pérez Ventura, ayudado en la vista por Antonio Espinosa, que estoicamente se mantuvo firme pese a los obstáculos que supone ejercer la acusación popular en el caso más mediático de la historia de Canarias. No olvido que tuvieron que reunir 28.000 euros para ejercer su derecho a ocupar un asiento en la sala. Consiguieron el dinero y su aportación fue decisiva. Han demostrado la importancia de mantener una figura que los defensores de la corrupción quieren suprimir.

Hoy me acuerdo del magistrado Joaquín Astor Landete, que tuvo que superar dos recusaciones para mantenerse al frente de la Sección de la Audiencia Provincial encargada de juzgar la malversación de Las Teresitas. Tampoco puedo olvidar a su compañero Jaime Requena, el ponente del fallo, cuestionado por aparecer después de la vista en actos de la Universidad de La Laguna junto a uno de los abogados de los acusados, con el que comparte Departamento en la Facultad de Derecho. Las 169 páginas de la sentencia disipan cualquier sospecha sobre su independencia. Que nadie dude de que si el resultado hubiera sido distinto, hoy serían pasto de feroces críticas.

Hoy me acuerdo de los funcionarios y trabajadores de la Gerencia de Urbanismo que no se plegaron a las presiones de sus propios compañeros, con los que compartían oficina a diario. Especial mención merece Pía Oramas. No dobló la rodilla nunca, ni siquiera con el paso de los años. Defendió el interés general por encima de su situación personal. Para ella, lo más fácil hubiera sido mirar para otro lado, incluso abandonar el Ayuntamiento, como hizo después de que se firmara el convenio de Las Teresitas. Ser la hermana de Ana Oramas era un peso que dignifica aún más su integridad. Gracias a profesionales como la exarquitecta municipal, Ruymán Torres, Luisa del Toro y otras personas honradas, ha sido posible condenar la corrupción que durante años se acumuló en la orilla de Las Teresitas.

Hoy me acuerdo de muchas personas, y otras que no caben en estas líneas, que han colaborado en la condena del mayor caso de corrupción de Canarias. Pero tampoco me olvido de los que protegieron a Zerolo y compañía durante años. De los que lo propusieron para representar al Parlamento de Canarias en el Senado. Los mismos que enterraban la cabeza cuando les preguntaban a qué dedicaba el tiempo el exsenador, que solo presentó una pregunta en tres años en la Cámara Alta, de la que dimitió tras ser condenado por el caso García Cabrera. Corría el año 2011 y los residuos del pelotazo ya flotaban en Las Teresitas, empujados a la superficie por un sumario que había visto la luz meses antes. Pero en Coalición Canaria decidieron unir filas para salvar al soldado Zerolo.

Hoy me acuerdo de que han pasado seis días desde que se conociera el fallo de la Audiencia Provincial y nadie en CC ha pedido disculpas. Los hechos probados de la sentencia sacarían los colores a cualquier persona con un mínimo de honradez en el bolsillo. Nadie que defienda el interés general puede sentir otra cosa que asco por los pasajes criminales que relatan los magistrados a lo largo de 169 folios de dignidad. No se trata de condenar públicamente a Zerolo, que ya tiene bastante con los años de cárcel que le han caído y la indemnización que tendrá que pagar, sino de evidenciar que se ha aprendido la lección, que no se permitirá que se vuelvan a saquear las arcas públicas. La sociedad necesita gestos; también los militantes de un partido que se avergüenzan de un pasado que quieren dejar atrás. Son mayoría y merecen que sus líderes estén a la altura. Nunca es tarde para reconocer los errores, sobre todo cuando han supuesto una factura demasiado elevada para tantas y tantas familias chicharreras.

El pasado viernes, en una foto sin precedentes, la plana mayor de la Administración de Justicia, en representación de todos los trabajadores, ofreció una rueda de prensa para defender que el futuro campus judicial se ubique en el centro administrativo de la capital tinerfeña. La unidad del colectivo sorprendió a propios y extraños, especialmente a los políticos que defienden trasladar la infraestructura al distrito Suroeste de Santa Cruz, a pesar de que hace unos meses esta posibilidad estaba descartada por el propio Gobierno de Canarias, que es el competente. En política hay dos formas de reaccionar a las críticas: o abres la boca para buscar el diálogo o lo haces para ponerte un cuchillo entre los dientes.

Tanto el consejero de Justicia del Gobierno regional, José Miguel Barragán (CC), como el concejal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Garcinuño (PP), eligieron la segunda opción. El secretario general de los nacionalistas respondió a las críticas acusando a los trabajadores de los órganos judiciales de secuestrar la legitimidad del Ejecutivo. Jueces, fiscales, procuradores, abogados y el resto de funcionarios no tienen derecho a expresar su opinión, pese a que son los principales afectados, junto a los usuarios, por el traslado de las instalaciones judiciales a la periferia. 

Lo llamativo es que Barragán, que se mueve muy bien en el papel de perro guardián de los intereses de CC, fue uno de los políticos que defendió con uñas y dientes la construcción del puerto de Granadilla, algo que solo fue posible por la decisión del Gobierno de crear una norma para desbloquear una resolución judicial que impedía llevar a cabo la infraestructura por la protección de los sebadales. Un acto que, siguiendo el manual empleado por el consejero, se podría catalogar como un secuestro de la Justicia para, desde el Ejecutivo, adaptar la legislación a los intereses particulares. No parece que el político majorero sea el más adecuado para impartir lecciones de democracia.

Pero si la salida de Barragán estuvo fuera de lugar, la del concejal chicharrero no se quedó atrás. En unas declaraciones al periódico La Opinión de Tenerife, realizadas el mismo día de la rueda de prensa, Garcinuño aseguró que existen jueces que no saben “nada o casi nada” de urbanismo. El edil del PP reaccionó así a las declaraciones del presidente de la Audiencia Provincial, Joaquín Astor Landete, que delante de los medios de comunicación aseguró algo tan obvio como que detrás de la decisión del Ejecutivo existen “intereses urbanísticos”. 

Hay que recordar que son urbanísticos, únicamente, los argumentos oficiales para justificar el traslado. Ahora toca averiguar a quiénes beneficia la decisión de ubicar una infraestructura de tal envergadura en la zona del Muñeco de Nieve, con la consiguiente revalorización de los terrenos colindantes. Lo que ya sabemos es que el distrito Suroeste es la bolsa de suelo privado urbanizable más importante de Tenerife. También es un hecho que su traslado justificaría otras grandes inversiones como el tranvía o la Vía Exterior, que se enfrentan a una importante contestación social y que se convertirían en irrenunciables para solucionar el problema de accesibilidad que supondría la apertura de una instalación por la que pasan, como mínimo, unas 3.000 personas al día. De igual modo, ha quedado probado que justo delante del actual Palacio de Justicia, en una parcela de Cabo Llanos que se expropió en base al interés general, el Ayuntamiento impulsa un pelotazo hotelero valorado en 30 millones de euros.

Garcinuño viene a decir que los que saben de urbanismo están en la Gerencia y no en los tribunales, donde se juzgan las tropelías que durante años han cometido los gestores políticos de la capital tinerfeña, con la imprescindible ayuda de algunos funcionarios. Y no se equivoca el concejal en una cosa. Un magistrado no tiene por qué ser un experto en cuestiones urbanísticas. Lo que debe exigirse a sus señorías es que apliquen las leyes con justicia y que conozcan al detalle la jurisprudencia. Eso sí, siempre de forma independiente. Esto no quita para que existan jueces que se hayan convertido en auténticos expertos en la materia, a raíz de las numerosas causas abiertas en los juzgados, especialmente en los ámbitos contencioso-administrativo y penal. En ese grupo entra la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, a la que pertenece Landete, sobre la que recae la responsabilidad de resolver el caso Las Teresitas. Lo que no parece de recibo es que el edil pretenda que los ciudadanos se crean que son los que gestionan el dinero público los que de verdad conocen las reglas del urbanismo y los que las aplican de manera responsable. Y menos en Santa Cruz de Tenerife.

Los que saben de urbanismo son los mismos que no han ejecutado la sentencia que obliga a derribar el mamotreto de Las Teresitas. Los que saben de urbanismo se reunieron el 5 de enero de 2016, con las bolsas de los regalos de Reyes debajo de la mesa, para aprobar un Plan Especial que vuelve a caer en algunos vicios que ya cometieron los anteriores gestores municipales y que, por ejemplo, plantea pagar con el dinero de todos la urbanización de unos terrenos cuya titularidad está pendiente de un pleito civil. Hechos que el pasado jueves, el día antes de que a Garcinuño se le calentara la lengua, la Plataforma por el Derribo del Mamotreto y contra la Corrupción llevó a la mesa de la fiscal María Farnés Martínez. Otra que no sabe de urbanismo pese a ser capaz de reconocer cada coma de los miles de folios que componen el sumario del caso Las Teresitas.

Los que saben de urbanismo aprobaron la construcción de un edificio de aparcamientos y otros negocios en primera línea de playa. Una operación completamente ilegal por la que han sido condenados a entrar en la cárcel, a falta de que se resuelva el indulto que han solicitado, los exconcejales Manuel Parejo y Norberto Plasencia, así como la exarquitecta municipal Loreto Ariz. Todo por culpa de los que no saben de urbanismo, o lo que es lo mismo, la fiscal de medio ambiente, la jueza de primera instancia, la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo.

Los que saben de urbanismo, con el exalcalde Miguel Zerolo a la cabeza, están pendientes de que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial dicte la esperada sentencia del caso Las Teresitas. Un procedimiento en el que ha quedado probado que la Gerencia de la capital tinerfeña pagó alrededor de 35 millones de euros de más por las once parcelas del frente de playa, en contra del criterio de una arquitecta municipal. Los que saben de urbanismo también hicieron la vista gorda cuando conocieron los indicios que apuntaban a que parte del suelo que se compró podía ser de propiedad pública. El Tribunal Supremo, donde no saben nada o casi nada de urbanismo, anuló en 2007 toda la operación.

Los que saben de urbanismo se sentarán en el banquillo de los acusados la primera semana del mes de julio. Será entonces cuando la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, donde tampoco saben nada de urbanismo pero acaban de condenar la corrupción que durante años campó a sus anchas por el municipio de Arona, juzgue la compra de la conocida como casa Siliuto. Un procedimiento que recuerda, en miniatura, lo ocurrido con Las Teresitas. El Ayuntamiento pagó más de 300.000 euros por el inmueble, por encima de la valoración que realizaron sus técnicos. De nuevo, los que saben de urbanismo, en este caso los exconcejales Norberto Plasencia y Manuel Parejo, acompañados por el funcionario Víctor Reyes, se enfrentan a importantes penas de cárcel solicitadas por la Fiscalía y la acusación popular.

Los que saben de urbanismo también permitieron durante años que en el Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife, ay si César Manrique levantara la cabeza, se celebraran fiestas ilegales sin que el dinero recaudado, a pesar de llevarse a cabo sobre un suelo público gestionado mediante concesión, repercutiera en las arcas del Ayuntamiento. A esos eventos acudían los que saben de urbanismo, pero nunca hicieron nada para evitar que un empresario se hiciera de oro gracias a la pasividad política.

Los que saben de urbanismo también impulsaron una carretera en el barranco de Santos que terminó por costar más de 100 millones de euros, muy por encima de la cantidad prevista. Son los mismos que avalaron un cambio de trazado que oportunamente invadió las propiedades de varios vecinos, entre los que se encontraban familiares de uno de los redactores de la obra. Los que no saben de urbanismo, o sea los magistrados del Tribunal Supremo, condenaron al Consistorio al pago de una indemnización millonaria a la que todavía tienen que hacer frente todos los chicharreros. 

Es probable que Garcinuño sepa mucho de urbanismo, sobre todo si se tiene en cuenta su formación como arquitecto, pero no puede pretender que los ciudadanos se fíen de las intenciones de un Ayuntamiento que ha sido gestionado históricamente desde los intereses particulares. Sobre todo cuando se intenta aplastar cualquier tipo de oposición con descalificaciones en vez de abrir el diálogo. Después del calentón del fin de semana, aprovechando que para llegar a Las Teresitas hay que pasar por Valleseco, el alcalde José Manuel Bermúdez tendió la mano a los trabajadores de la Administración de Justicia para buscar el consenso. Una sutil manera de devolverle a Barragán el plantón que CC le ha hecho en los Presupuestos Generales del Estado. Aunque sea consecuencia de la guerra existente entre los nacionalistas, más vale abrir vías al entendimiento que echar un pulso para ver quién sabe más de urbanismo. Sobre todo porque hasta ahora en esos enfrentamientos siempre han perdido los mismos: los ciudadanos. 

El Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife se ha quedado pequeño. El edificio actual, que se encuentra en la zona de Cabo Llanos (ver círculo rojo en la fotografía), justo en pleno centro administrativo de la capital, es una instalación moderna pero insuficiente para abarcar todas las necesidades judiciales del momento. Sobre esto no cabe la menor discusión. Desde hace años, el Gobierno de Canarias promueve la construcción de una nueva infraestructura que resuelva los problemas de espacio que padecen trabajadores y usuarios. A pesar de que siempre ha existido consenso sobre su ubicación, la parcela que hasta ahora se consideraba adecuada ha dejado de serlo por diferentes motivos que no vienen al caso. Como alternativa, el Ejecutivo regional y el Ayuntamiento han puesto sobre la mesa unos terrenos ubicados en la zona de El Sobradillo, es decir, en plena periferia de la ciudad. La propuesta ha levantado ampollas, pero ni se ha confesado toda la verdad ni son ciertos muchos de los argumentos que se utilizan para justificar el traslado. Esto es lo que no te cuentan sobre el futuro Palacio de Justicia.

En las últimas semanas es fácil encontrar en la prensa diaria declaraciones del nuevo consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno autonómico, José Miguel Barragán, o del alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, en defensa de la nueva sede del futuro edificio judicial. Ambos son miembros del mismo partido político que el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, cuya principal aspiración pasa por construir una nueva línea del tranvía en el distrito Suroeste, la zona donde se quiere colocar el Palacio de Justicia. Una propuesta que ha generado una importante contestación social de vecinos y comerciantes afectados. Más allá de la evidente coincidencia de siglas o de intereses, a nadie se le escapa que el traslado de la sede judicial viene muy bien para justificar el proyecto ferroviario, lo cierto es que los argumentos empleados hacen aguas a poco que se investigue la realidad urbanística de Santa Cruz. 

No hay que olvidar, en primer lugar, la fuerte inversión que el Ayuntamiento realizó hace años para expropiar gran parte del suelo de Cabo Llanos, precisamente con la idea de expandir la ciudad y trasladar el centro administrativo a la nueva bolsa de suelo municipal. Y así fue. Allí se ubicó el Palacio de Justicia que ahora se ha quedado pequeño, la Consejería de Educación, la Agencia Tributaria Canaria, el edificio Múltiples II, la Seguridad Social, Presidencia del Gobierno, el Intercambiador… Dicho de otra manera, se gastaron innumerables recursos públicos en la planificación de lo que se ha convertido en el auténtico corazón de la gestión pública chicharrera. Un acierto urbanístico que, a las primeras de cambio, se quiere echar abajo con el traslado de la sede judicial, con el consiguiente perjuicio para usuarios y trabajadores del edificio.

Las justificaciones empleadas por la versión oficial, a la que se han opuesto todas las voces autorizadas del Poder Judicial, se pueden resumir en los siguientes aspectos: escasez de suelo público en el centro de la ciudad, sobrecostes y dificultades administrativas para modificar el Plan General de Ordenación (PGO). Nada más lejos de la realidad. Porque la realidad es tozuda, por mucho que los políticos la disfracen con mentiras amplificadas por medios de comunicación afines. 

No es cierto que haya escasez de suelo público. Esta es la gran falacia de los que defienden la ubicación del edificio en El Sobradillo. Basta revisar el PGO para comprobar que existen terrenos municipales de sobra en el mismo Cabo Llanos. En la fotografía que acompaña a este artículo se puede ver señalada, en color amarillo, una parcela aledaña al actual Palacio de Justicia. Lo que no te cuentan es que ahí, donde en la actualidad se encuentra la llamada terraza de verano, que está abierta casi todo el año, y donde inicialmente se proyectó el Auditorio, se podría ubicar sin problema la nueva sede judicial. Son 3.000 metros cuadrados de suelo con una edificabilidad que ronda los 30.000 metros cuadrados (el edifico actual tiene 18.000). Esto permitiría conservar la instalación vieja, que incluso podría conectarse con la futura infraestructura. Porque esto es algo que nadie ha aclarado hasta ahora: ¿qué va a pasar con el Palacio de Justicia, un edificio moderno y bastante reciente, que no salió barato, si se traslada todo el operativo judicial al Suroeste? Dos problemas que se resolverían con la misma solución.

El obstáculo que supone esta opción para el Ayuntamiento es el uso que tiene el suelo de dicha parcela. Resulta que desde la modificación puntual del PGO de 2005, el terreno está destinado a la actividad hotelera. En caso de subasta, se calcula que el Consistorio podría obtener unos 30 millones de euros. Y ahí está el problema. Con un pelotazo de tal cuantía, difícilmente Bermúdez se va a plegar al sentido común. Pero aquí también hay trampa. En el caso de dar por válido el argumento de que ese suelo es un bien patrimonial al que no deberían renunciar los chicharreros, lo que no te cuentan es que justo al lado hay otra parcela, bordeada en color naranja en la fotografía, que también es de titularidad municipal.

Los terrenos contiguos a la parcela hotelera tienen un uso menos jugoso en términos económicos: están destinados a equipamiento religioso. Es verdad que la edificabilidad es menor, pero nada que no se pueda resolver a través del planeamiento. ¿O alguien duda de que el interés general está más que justificado? Pero es más, el Ayuntamiento no tendría ningún obstáculo urbanístico en intercambiar ambas parcelas, de manera que el hotel se ubicase en la zona ocupada ahora por aparcamientos clandestinos y el futuro Palacio de Justicia se levantase justo enfrente de la actual sede judicial. Lo que no te cuentan es que falta voluntad para hacerlo. 

Tampoco es verdad que mantener la sede judicial en Cabo Llanos suponga un sobrecoste. Ni económico ni administrativo. Habría que recordarles a Barragán, Bermúdez y compañía que la parcela de El Sobradillo, muy cercana al Muñeco de Nieve, tiene la ordenación suspendida. Esto quiere decir que para poder construir allí el Palacio de Justicia habría que realizar, como mínimo, una modificación puntual del PGO. Exactamente la misma figura a la que habría que recurrir para adaptar los terrenos aledaños al actual edificio. El coste, por tanto, es el mismo. 

Pero ojo, porque algunos juristas consultados advierten que la modificación de la parcela del Suroeste supone un cambio en el modelo de ciudad que define el planeamiento, al tratarse de una infraestructura estratégica. Este hecho provocaría que fuera necesaria una revisión del PGO, lo que es mucho más costoso en tiempo y recursos. Este tipo de actuaciones necesitan estar muy motivadas, lo que a su vez supone, como la realidad de los últimos años ha demostrado, cierta inseguridad jurídica y la puerta abierta a posibles pleitos. Y claro, llegados a este punto, se hace inevitable preguntar por el recorrido que tendría una más que probable denuncia. Si se tiene en cuenta el nivel de cabreo que acumulan los jueces por la decisión de trasladar el Palacio de Justicia al Sobradillo, la duda es más que razonable. 

Cuando son tantas las cosas que no te cuentan sobre una decisión política de máximo interés general, es necesario apuntar el foco del periodismo sobre la motivación que se esconde en la sombra. Hay que estar atentos, no vaya a ser que detrás de las intenciones de los gestores de lo público exista algún tipo de ánimo oculto. No sería la primera vez que se da una vuelta a la realidad para construir una gran infraestructura, ya sea un puerto encima de sebadales, un agujero en una montaña con importantes restos arqueológicos o, quién sabe, tal vez un tranvía que se lleve por delante el sustento de muchos pequeños comercios. 

Los premios nunca son justos. No pueden serlo cuando intentan destacar a una persona sobre el resto en una profesión en la que muchos se juegan su vida, algunos hasta físicamente, para demostrar que también existe un arma de construcción masiva: la información. Ser periodista, de por sí, ya es una medalla para todos los que son conscientes de su función social. El periodismo es de los pocos oficios que permiten hacerle la zancadilla a los poderes económicos y políticos. Ocurre menos de lo deseable, pero, cuando se consigue, es maravilloso. Los premios nunca son justos, pero a veces son necesarios.

El Pulitzer de este año es un reconocimiento a la esencia del periodismo. Informar de lo que unos pocos quieren ocultar. Encender la luz para ver en las tinieblas. Publicar las cuentas en paraísos fiscales de los políticos y empresarios que manejan el dinero público. Sacudir al poder. Dejar en evidencia a los mentirosos. Lograr que dimitan los delincuentes de la ética. La investigación de los Papeles de Panamá tiró de la manta del descaro con el que algunos se han manejado durante años, confiados en que el velo de la impunidad les protegería de por vida.

El Pulitzer a los investigadores de los Papeles de Panamá es también un puñetazo en el vientre para todos los que creen que el periodismo no existe. Que se puede controlar a los medios de comunicación. Que no hay libertad en la prensa ni profesionales dispuestos a contar la verdad. Pero también es un tortazo de realidad para los propios periodistas que han tirado la toalla, para los que creen que este oficio es una competición que premia al que llega primero, aunque eso suponga viajar en el mismo vagón que el poder. 

La investigación de los Papeles de Panamá ha demostrado que el libro de estilo del periodismo está aún por escribir. En un mundo dominado por el egoísmo, resulta de un mérito extraordinario triunfar desde el trabajo colectivo. Es posible dejar a un lado la primera persona del singular para empezar a conjugar este oficio desde la pluralidad. Un total de 370 periodistas de 76 países unieron fuerzas para traducir al lenguaje llano miles y miles de documentos financieros. Lograron que el planeta se tambaleara pero, sobre todo, demostraron que, desde un trabajo en equipo, la información puede conseguir que la Tierra gire en sentido contrario. 

En Canarias, la investigación de los Papeles de Panamá, que en España protagonizaron La Sexta y El Confidencial, permitió diagnosticar la enfermedad de la mentira que padece José Manuel Soria. Los síntomas siempre habían estado presentes, pero el periodismo, salvo honrosas excepciones, permitió que alguien que practica la política del embuste llegase a ser alcalde, presidente de un Cabildo, consejero de Hacienda y ministro. El que fuera líder supremo del PP no resistió la luz de los focos cuando estos apuntaron directamente a sus constantes engaños. De haberlo hecho antes, es probable que su carrera política hubiera terminado en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Pero tuvimos lo que permitimos.

Que 370 periodistas se unieran provocó una fisura en los muros de la censura. Hace un año era impensable ver el nombre de Pedro Luis Cobiella en un artículo que no estuviera relacionado con la inauguración de un nuevo hospital privado. Que el principal empresario de la sanidad tenga dinero en paraísos fiscales, por muy legal que sea, es una información capaz de llenar las páginas de cualquier periódico que se precie, sobre todo cuando una parte importante de sus ingresos procede directamente de las arcas públicas a través de conciertos ilegales. Lo contó El Confidencial y la noticia pasó por el altavoz de eldiario.es o de programas como Despiertos. No fue suficiente para la prensa tinerfeña, que no dedicó ni una mísera línea al dueño de Hospiten.

Un periodista que intente enfrentarse solo a la censura, antes o después, morirá en el intento. La investigación de los Papeles de Panamá ha evidenciado que el verdadero periodismo se sustenta en la colaboración. De nada sirve competir cuando la sociedad siempre pierde. En una época de cambios incesantes, donde todo se transforma a la velocidad de la tecnología, es necesario comenzar a explorar nuevas vías para recuperar una profesión que, una vez más, se ha vuelto a rebelar contra los que intentan amordazarla.

Los 370 periodistas de los Papeles de Panamá no están solos. Son muchos los que, como ellos, unen fuerzas cada día para sacar adelante un oficio golpeado por la crisis en medio de su propia crisis. Están ahí fuera, intentando sobrevivir entre toda la propaganda oficial. Cada vez son más los que dejan de contemplar su ombligo para mirar de frente a la sociedad. El Pulitzer es solo un premio y los premios nunca son justos, pero a veces son necesarios.

El Parlamento regional rechazó este martes la conocida como Ley Plasencia, nombre que recibe en honor a uno de los condenados por la extracción ilegal de áridos en los barrancos de Güímar, Antonio Plasencia. La iniciativa nació, creció y se reprodujo para favorecer los intereses de los areneros, los mismos que provocaron uno de los mayores atentados ecológicos que se han cometido en Canarias. Como nadie se atrevería a defender un cambio de uso que pudiera provocar indemnizaciones millonarias a las arcas públicas, el Cabildo de Tenerife ha camuflado la propuesta durante años bajo el discurso de la protección de los barrancos. Este martes, los grupos del PSOE, PP, Podemos y Nueva Canarias votaron en contra, mientras que la Agrupación Socialista Gomera se abstuvo. De nada sirvieron los esfuerzos que minutos antes había desarrollado encima de la tarima Carlos Alonso, presidente de la Corporación insular y padre político de la criatura. Solo Coalición Canaria, con Fernando Calvijo ausente, apoyó el texto elevado a la Cámara.

Para entender la importancia de la decisión que tomó ayer el Parlamento Autónomo, que además supuso que los diputados del PSOE y de Podemos llevaran a sus compañeros del Cabildo a un ridículo espantoso, es necesario plantear una serie de preguntas que merecen ser respondidas. Cuando la ingeniería administrativa se pone al servicio de los intereses privados, lo habitual es tejer una red jurídica que impide ver la realidad que se esconde debajo. Ya se sabe: a río revuelto, ganancia de Antonio Plasencia.

-¿Por qué las extracciones de áridos provocaron un atentado ecológico si se llevaron a cabo en un suelo donde se permitía la actividad minera?

El atentado ecológico que se produjo en Güímar no fue generado por que los empresarios extrajeran áridos en un suelo donde no estaba permitido. Al contrario, podían haber desarrollado la actividad minera sin problemas. Esto es muy importante para entender todo lo que pasó después. El delito contra el medio ambiente, como ratificaron la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y el Tribunal Supremo, se consumó porque los areneros llevaron a cabo la extracción de áridos sin los permisos oportunos. Es decir, sacaron todo el material que pudieron sin tener las correspondientes licencias. Esto les permitió no cumplir con algunos requisitos básicos que van ligados a este tipo de prácticas, como la necesaria regeneración del terreno en paralelo a la actividad. De haber hecho las cosas bien, no habría existido el queso gruyere que dibuja el paisaje de Güímar, pero tampoco hubiera sido posible obtener tanta piedra en tan poco tiempo. Y el tiempo es oro cuando hay un boom inmobiliario y media isla está en obras. No hay que perder de vista los años más intensos en los que se llevó a cabo el crimen: entre 1999 y 2005. En total, la superficie destruida ocupa 158 campos de fútbol y con el árido que salió de los barrancos de Güímar se podrían rellenar 22 millones de metros cúbicos. Hubo días que se contabilizaron más de 1.000 camiones durante una sola jornada de trabajo.

-¿Qué hicieron las administraciones mientras se extraían áridos sin control de los barrancos de Güímar?

Mirar para otro lado. Las instituciones públicas que tenían que conceder los permisos para llevar a cabo la actividad minera, y que por tanto conocían que los empresarios carecían de las obligatorias licencias, no se preocuparon nunca de frenar los trabajos. Solo cuando un vecino y un concejal del Ayuntamiento denunciaron, y las sentencias empezaron darles la razón, las administraciones mostraron algún impulso por arreglar la situación. Es más, en plena extracción minera, el Consistorio de Güímar llegó a firmar acuerdos con los areneros, auspiciados por el Cabildo de Tenerife, pese a ser conscientes de la ilegalidad que se cometía día tras día en los barrancos. Esto forma parte de la extraña manía que tenía Ricardo Melchior de solucionar la corrupción con diálogo en vez de con querellas. La respuesta de los empresarios demostró cuáles eran sus verdaderas intenciones: usaron los acuerdos para presionar y exigir que les dieran los permisos. Argumentos no les faltaban cuando acababan de estrecharse la mano con los políticos que debían vigilar sus actuaciones. Por cierto, el presidente del Gobierno regional en el momento álgido de los delitos era Román Rodríguez, que ayer votó en contra de la Ley Plasencia como portavoz de Nueva Canarias.

-¿Qué ha dicho la Justicia?

Después de una instrucción que se prolongó durante casi 10 años, que llegó a ser archivada y reabierta, la Audiencia Provincial condenó a los cuatro areneros acusados (eran cinco pero uno de ellos falleció) por un delito ecológico. Al juicio solo se presentó el empresario Francisco del Rosario, ya que el resto (Antonio Plasencia, Enrique Morales y Pedro Sicilia) llegó a un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular para declararse culpables, lo que les permitió eludir la cárcel a cambio de pagar la restauración de los barrancos. Del Rosario está en prisión y, más de un año después, todavía no se han presentado los planes para rehabilitar las canteras. Seis meses antes de la sentencia, el Cabildo de Tenerife había aprobado el texto de la propuesta que este martes tumbó el Parlamento.

-¿Quiénes apoyaron la Ley Plasencia en el Cabildo de Tenerife?

En el pleno celebrado el 31 de julio de 2015, la propuesta recibió el apoyo unánime del salón de plenos. Eso incluye a todos los grupos de la Corporación insular: CC, PP, PSOE y Podemos. Menos los nacionalistas, el resto de partidos votó en contra de la Ley Plasencia en el Parlamento. Cierto es que el PP rectificó cuando comenzaron a encenderse las alarmas de posibles indemnizaciones, aunque la verdadera razón del giro de los conservadores está relacionada con las fantasías urbanísticas de Luisa Castro, alcaldesa de Güímar, que un día soñó con llenar los barrancos de hoteles y parques de atracciones. Para salvar el escollo del PP, Carlos Alonso anunció el domingo, a través de una medida filtración al periódico El Día, un supuesto acuerdo con la alcaldesa para desarrollar los proyectos turísticos a través de la disposición transitoria segunda del texto legal. Dicen los que saben de derecho que las leyes hay que empezar a leerlas por el final, que es donde se cuelan las excepciones en forma de disposiciones transitorias.

-¿Qué dice el texto legal que rechazó el Parlamento?

La Ley Plasencia, de aprobarse como está planteada, lo que de momento no será posible al haber sido rechazada su toma en consideración, tiene como principal consecuencia el cambio de uso del suelo que ocupan las canteras de Güímar. Esto supone que todos los ámbitos donde se llevaron a cabo las extracciones ilegales de áridos pasarían a ser clasificados como rústicos de protección ambiental, lo que viene a ser lo mismo que decir que ya no se podría volver a extraer una piedra, más allá de las que cabrían en el bolsillo del pantalón de los areneros. Pero como toda ley que se precie, esta también tiene sus excepciones. La citada disposición transitoria segunda permite que, antes de la entrada en vigor de los planes de restauración, puedan llevarse a cabo actuaciones que redunden en el “interés general”, una expresión donde caben desde hoteles hasta toboganes. El sueño de Luisa Castro a tiro de árido.

-¿Qué consecuencias tendría la Ley Plasencia en caso de que entrara en vigor?

La primera e irremediable consecuencia sería la necesidad de indemnizar a los dueños del suelo. No sorprende que el 80% de los terrenos pertenezcan a tres de los condenados: Antonio Plasencia, Enrique Morales y Francisco del Rosario. Muchos agricultores vendieron sus fincas a precio de saldo cuando las palas de los areneros comenzaron a agujerear las canteras sin piedad. Tampoco cabe duda de que no vale lo mismo un suelo rústico que otro donde se permite una actividad económica como la minería. Ese perjuicio hay que pagarlo. Así lo advirtieron hasta tres informes de distintos departamentos del Gobierno de Canarias. Así lo terminó por reconocer el creador del texto legal, el prestigioso catedrático Francisco Villar, a quien recordarán por encargos tan llenos de polémica como la Ley del Suelo. El jurista de cabecera de Coalición Canaria, que ya fraguó una estrecha relación profesional con Fernando Clavijo en el Ayuntamiento de La Laguna, admitió la semana pasada, durante una excursión organizada por el Cabildo de Tenerife a los barrancos de la discordia, que podrían generarse derechos a indemnizaciones. El guía de la visita, a su vez presidente de Tenerife, Carlos Alonso, dio un paso más allá durante su intervención este martes en la Cámara regional y, por primera vez, planteó que las contrapartidas “no necesariamente se tienen que pagar con fondos públicos”. Lo que quería decir el dirigente nacionalista es que hay más vías para compensar a los condenados, ya sea mediante aprovechamientos urbanísticos u otras fórmulas que tiene la administración pública en la mano. Pero pagar, ya no quedan dudas de que habría que pagar.

La segunda consecuencia se produciría a raíz del desarrollo de los proyectos de interés general que, con mucho cuidado y calzador en mano, podrían meterse en la disposición transitoria. Como ya advirtió Luisa Castro en el programa de Despiertos Hoyos de ambición, los promotores tendrían que llegar a acuerdos con los dueños del suelo. Los condenados, después de conseguir beneficios incalculables por la extracción ilegal de áridos durante más de 15 años, volverían a ganar.

-¿Qué ocurrirá con la restauración de los barrancos?

La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife es muy clara en su redacción. Los areneros condenados tienen que adoptar todas las medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado en los barrancos y el resto de áreas degradadas por la actividad minera. Para ello, las administraciones competentes, o sea todas, deben aprobar los correspondientes planes de restauración. Pues bien, más de un año después, todavía no se han presentado estos documentos, necesarios para llevar a cabo la rehabilitación. Es decir, con la excepción del arenero encarcelado, al resto la condena aún no les ha costado ni un céntimo. No hay que olvidar que los peritos judiciales tasaron los trabajos de relleno en unos 209 millones de euros; una cantidad que, previsiblemente, será mayor, según algunos informes elaborados por el Consejo Insular de Aguas. El abogado de la acusación particular, Carlos Álvarez, ha anunciado que pedirá la entrada en prisión de los empresarios en el caso de que no se ejecute la sentencia en dos años. Lo curioso es que, de haber prosperado la iniciativa legislativa, la Ley Plasencia permitiría desarrollar proyectos de interés general en las zonas objeto de la restauración, incluso antes de que se aprobaran los planes. ¿Cómo tenían pensado llevar a cabo la regeneración del terreno si se desarrolla un complejo hotelero en la zona?

-¿Que pasaría si se mantiene el suelo como está?

En principio, no pasaría nada. De hecho, en las canteras no se podría extraer ni una piedra hasta que no se llevara a cabo la ejecución de la sentencia y se restauraran los barrancos. Después, si todavía les quedase saldo en la cuenta una vez desembolsados los más de 200 millones, cosa poco probable salvo en el caso de Plasencia, los areneros podrían volver a extraer. En esa hipótesis, nunca sería posible hacerlo con el desenfreno del pasado, ahora que todos los ojos que antes miraron para otro lado están puestos en ellos. Tendrían que mantener un equilibrio ecológico durante la actividad, a lo que se suma, o más bien se resta, que ya no podrán flotar sobre la burbuja del boom inmobiliario. Los beneficios, de tenerlos, ni de lejos llegarían a los registrados en la década prodigiosa. El negocio está en el cambio de uso del suelo. Eso lo sabe Plasencia, al que no le cuesta nada quejarse cuando una ley va contra sus intereses. La hemeroteca habla por sí sola, tanto como el sospechoso silencio del constructor en esta cuestión.

-¿No necesita áridos la isla de Tenerife?

Esta es otra de las grandes contradicciones. La semana pasada, la directora insular de Carreteras, Ofelia Manjón, reconoció que el Cabildo tiene problemas por la escasez de áridos que existe en Tenerife. Unas palabras que contrastan con la iniciativa legislativa que ha rechazado tomar en consideración el Parlamento. Mientras que se reconoce la escasez de materiales para la construcción, la Corporación insular fomenta el cambio de uso del principal suelo minero de la Isla. El planteamiento del absurdo se basa en buscar otra zona que degradar cuando ya existe un ámbito completamente destruido. Es tan sencillo como esperar por la ejecución de la sentencia, que es viable, aunque costosa, según los peritos judiciales, y permitir después las extracciones controladas.

-¿Hay alternativas para cambiar el suelo sin recurrir a la Ley Plasencia?

Según los impulsores de la propuesta, es decir, CC y PSOE en el Cabildo de Tenerife, la vía ideal es la tramitación de un texto legal en el Parlamento. Pero no es la única. Como argumenta un informe elaborado por la Consejería de Agricultura, el uso del suelo también se podría cambiar mediante una modificación del Plan Insular de Ordenación Territorial, algo que hasta ahora ha descartado de forma tajante la Corporación insular. Habrá que estar atentos a lo que digan a partir de ahora. El PP adelantó que va a pedir la creación de una comisión de estudio para buscar un remedio al deterioro de los barrancos de Güímar. No tendrán que estrujarse mucho el cerebro sus señorías. La solución está en la sentencia de la Audiencia Provincial. Solo hay que ejecutarla.

Alrededor de 1,2 millones de kilos de plátanos en perfecto estado serán retirados del mercado en los próximos días. La decisión, aprobada por el Gobierno de Canarias, que rechazó una propuesta inicial todavía mayor, es consecuencia de una orden que parte de Asprocan, la entidad que agrupa a las seis organizaciones de productores. La noticia supone el regreso de lo que se conoce como la pica, uno de los muchos problemas que asfixia a los cosecheros canarios, especialmente a los más pequeños, que suponen el 95% del total. Los detalles se pueden consultar en esta información del compañero Román Delgado. 

No es fácil mirar para otro lado cuando cada año se destruyen toneladas de fruta en buen estado. Son las consecuencias de un sistema que obliga a producir aunque ello suponga tener que tirar a la basura plátanos perfectamente comestibles. No deja de ser contradictorio que para paliar las consecuencias del libre mercado, lo que supone la entrada y la competencia en la Península de bananas de terceros países, haya que destinar 141 millones de euros públicos, año tras año, para que la producción local pueda sobrevivir.  

Tampoco es sencillo ponerse en la piel del pequeño cosechero, que trabaja con esfuerzo su plantación para recibir una cantidad ínfima por su venta, sobre todo si se compara con el precio que en la última línea de la cadena paga el consumidor. Sin la ayuda europea, que supone cerca de la mitad de los ingresos que genera el plátano en Canarias, miles de agricultores acabarían en la ruina y con ellos se eliminaría gran parte de nuestro paisaje, que está dibujado por la principal producción agrícola de las islas, lo que a su vez alimentaría las intenciones de constructores que buscan en el suelo rústico posibles desarrollos de proyectos turísticos, amparados en una futura Ley del Suelo que oculta bajo el paraguas del interés general la llave de la especulación. En una isla como La Palma, donde se concentran la mitad de los productores, las consecuencias serían catastróficas.

Cuesta entender que a ese pequeño platanero se le obligue a retirar del mercado fruta en buen estado, bajo el pretexto de la existencia de un exceso de oferta que impide su venta. El problema se repite año tras año, sin que exista un control que evite que un porcentaje de esos plátanos termine en vertederos, en complejos ilegales o en fincas ganaderas que, sin ser gestores autorizados, producen cantidades de compost a las que difícilmente pueden dar salida. Se calcula que de los 1,2 millones de kilos de pica que acaba de ordenar Asprocan los Bancos de Alimentos solo asuman la mitad. 

Los datos invitan a la preocupación: más de 59 millones de kilos de plátanos sufrieron la pica entre 2009 y 2016. Cerca de 35.000 toneladas fueron retiradas solo en el año 2010. Una situación que tiene un complicado encaje legal en el Reglamento 1308/2013, del Parlamento y el Consejo Europeo, en el que se obliga a las organizaciones a “garantizar que la producción se planifique y se ajuste con arreglo a la demanda, sobre todo en lo referente a la calidad y la cantidad” (artículo 152). En el reportaje de Despiertos Oro Parece se hace un repaso en profundidad de esta realidad del sector platanero en Canarias.  

Mientras se incumplen normas europeas, sobre todo por la pasividad que en los últimos años ha caracterizado a la Consejería de Agricultura, donde importantes plataneros han sembrado durante décadas sus intereses, los pequeños cosecheros piden a gritos soluciones. Ponen como ejemplo a Llanos de Sardina, la organización que controla la familia Godoy en Gran Canaria, que el año pasado decidió echarle un pulso a la pica. En vez de destruir la fruta, colocaron los plátanos en el mercado de Portugal. Y les fue bien. La reacción de Asprocan no se hizo esperar: 200.000 euros de sanción.

La situación del sector platanero obliga a explorar nuevas vías que permitan una paulatina reducción de la cantidad de fruta que se destruye anualmente, lo que en paralelo podría suponer nuevos ingresos para los productores. Tal vez para algunos sea más fácil seguir con la pica y poner la mano para que Europa mantenga el equilibrio del negocio. El problema es que el sistema actual hace aguas y tiene fecha de caducidad. La postura conservadora de Asprocan en cuanto a la búsqueda de soluciones a la pica, como la exploración de nuevos mercados, contrasta con la vehemencia que le ha permitido desarrollar una posición de lobby en Europa, donde pelea con uñas y dientes por una nueva prórroga del modelo actual. 

El plátano necesita una reflexión profunda de todos sus actores. Hay alrededor de 8.000 productores en Canarias, de cuyos ingresos dependen muchas familias humildes que miran con preocupación un horizonte lleno de nubes negras. La tormenta, de momento, solo ha golpeado a Asprocan con la dimisión del ya expresidente Henry Sicilia. Pero el suelo tiembla debajo de las plataneras, señal de que se avecinan movimientos importantes en los próximos meses. De momento, vuelve la pica. 

Evaristo González Reyes, el principal investigado en la operación Corredor, es un ingeniero del Derecho. Son muchos los abogados que, como el conocido empresario del ocio lagunero, son conscientes de que, en ocasiones, se pueden ganar los pleitos sin necesidad de entrar en los hechos. Basta con buscar fallos en el trabajo de los jueces que permitan, llegado el momento oportuno, tirar abajo cualquier procedimiento. Algo demasiado habitual gracias a la precariedad con la que funcionan la gran mayoría de los juzgados. Es casi imposible encontrar una causa penal en donde las defensas no hayan solicitado la nulidad de las actuaciones, pero lo ocurrido en el caso Corredor merece una mención especial.

La imputación de Fernando Clavijo en la Pieza 22, que se hizo pública en noviembre de 2014, cuando compaginaba la Alcaldía de Aguere con su aspiración a presidir el Gobierno de Canarias, puso todos los focos encima del Juzgado de Instrucción Número 1 de La Laguna. Una publicidad que le vino muy bien a Evaristo González, que aprovechó la coyuntura para diseñar una estrategia encaminada a demoler el trabajo de los tres jueces que habían gestionado, hasta ese momento, el procedimiento de Corredor. Empezó a rastrear el sumario; compuesto por miles de folios que estuvieron dos años pendientes de un escáner para ser digitalizados, que durmieron en un juzgado donde las puertas se abrían con radiografías y que, por si fuera poco, fueron objeto de una mudanza que obligó a poner patas arriba las ya de por sí precarias dependencias judiciales. Y encontró lo que buscaba, o más bien lo que no estaba.

Suele ocurrir que desaparezcan documentos en los sumarios. Lo difícil, aunque a veces pasa, es que una resolución judicial no deje rastro en el sistema informático. González Reyes, que siempre dirigió la estrategia de las defensas, conocía, como demuestran las escuchas policiales, las carencias con las que se custodiaban los documentos que conformaban la instrucción. No le costó mucho darse cuenta de que entre los miles de folios faltaba el auto que dio inicio a las intervenciones telefónicas. Un primer argumento que usó de ariete contra el Juzgado. El golpe sentó las bases de cuáles eran sus intenciones. Pero fracasó. El auto en cuestión pudo ser reconstruido gracias a que la Fiscalía encontró su rastro en el ordenador. Un primer contratiempo que pudo solventar el juez César Romero Pamparacuatro, que aún no era consciente de la que se le venía encima.

Con todas las miradas puestas en la instrucción, después de la primera grieta abierta por González Reyes, el juez cogió impuso para tomar declaración a los imputados, lo que se llevó a cabo durante los primeros días de enero de 2015. En la antesala de la fecha señalada, el abogado lagunero hizo dos movimientos que fueron decisivos en el desarrollo de los acontecimientos. A finales de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) recibió una querella contra César Romero Pamparacuatro por un supuesto delito de retardo malicioso (¿recuerdan los dos años que se paralizó la causa porque el Gobierno de Canarias no le quería dar un escáner al Juzgado?). Evaristo había decidido quitar de en medio a un juez con nombre mediático que muchos veían como un azote de la corrupción. Y sabía cómo hacerlo.

La independencia de jueces y magistrados es el pilar maestro que sostiene la estructura del Poder Judicial. Aunque en la práctica resulta utópico alcanzar un grado absoluto de autonomía, la teoría del Derecho Procesal establece una serie de herramientas que persiguen garantizar la mayor independencia posible en aquellas personas encargadas de la difícil tarea de impartir justicia. Son las causas de recusación, o lo que es lo mismo, los motivos por los que cualquier juez o magistrado debe dar un paso a un lado durante un procedimiento judicial. Pero siempre hay una trampa para toda ley o principio.

Una de las causas de recusación establece que debe abstenerse el juez o magistrado que haya sido objeto de una denuncia o querella por parte de alguno de los investigados. Un arma de la que suelen abusar los imputados, aunque no todos con la misma suerte. Para que funcione, solo es necesario que el tribunal de turno la acepte a trámite. Evaristo ya había sembrado su semilla, pero antes de recoger la cosecha se preocupó de regar bien el terreno.

En los primeros días de enero de 2015, a través de una providencia del propio Pamparacuatro, se conoció la inexistencia de otro documento clave que alentaba, de nuevo, las aspiraciones de las defensas de anular el procedimiento. En esta ocasión, lo que no apareció fue el auto de septiembre de 2010 que autorizaba la prórroga de las escuchas y que tenía que haber dictado la responsable de la instrucción en aquella época, Matilde Rocío Flores. Esta vez, no iba a ser posible su reconstrucción porque ni la Fiscalía ni la acusación particular encontraron huella en el sistema informático. Aparecieron los documentos anteriores y los posteriores, lo que era un claro indicio de que la resolución se llegó a conocer. Pero no fue posible encontrarla.

La ausencia del auto podía suponer la nulidad de gran parte de las escuchas, es decir, decenas de pruebas de presuntos delitos estaban camino de la basura. Tal vez por eso, Pamparacuatro decidió agotar todas las vías, consciente también de que su futuro estaba en el alero del TSJC. Por eso encargó un exhorto al Juzgado de Instrucción Número 18 de Sevilla, donde había ido a parar su colega de toga tras abandonar La Laguna. El 13 de febrero de 2015, Matilde Rocío Flores compareció para asegurar hasta la saciedad que había dictado el auto. No pudo aportar ninguna prueba, pero su declaración fue lo suficientemente contundente como para mantener la duda.

El tiempo corría y se alejaba el objetivo de Fernando Clavijo de llegar a la campaña electoral, al menos, con un sobreseimiento provisional de la Pieza 22. Aunque con su declaración, y la de varios técnicos municipales, había logrado contrarrestar una parte importante de los indicios que cargaba en su mochila, aún quedaban dudas razonables sobre algunas actuaciones, como la concesión de una licencia a una cafetería o el presunto retraso de una sanción a un local de ocio regentado por un empresario cercano a Evaristo González Reyes. Además de muchas otras pruebas solicitadas por la acusación particular.

Entonces, cuando parecía que nadie le iba a quitar el cartel de imputado a Clavijo durante la campaña electoral, llegó marzo. Después de haber transcurrido casi tres meses de su presentación, el TSJC, avalado por la Fiscalía, decidió aceptar a trámite la querella del principal investigado en la operación Corredor, sobre el que pesan graves indicios de fraude a la Seguridad Social, entre otros muchos delitos. La consecuencia fue inmediata: Pamparacuatro dio un paso a un lado y presentó su abstención. El imputado le había ganado el pulso al juez.

La decisión del TSJC abrió la ceremonia de la confusión. ¿Qué iba a pasar a partir de ese momento? Todas las fuentes jurídicas consultadas coincidían en lo mismo: el cambio de titular en el Juzgado iba a provocar un retraso en la instrucción. El nuevo juez o jueza tendría que estudiarse todas las actuaciones desde el principio, escuchar las intervenciones telefónicas, repasar las declaraciones de los implicados y decidir sobre las pruebas pendientes que se acumulaban en la mesa de Pamparacuatro. Nada más lejos de la realidad. De nuevo, el caso volvió a hacer honor a su nombre.

Una jueza sustituta aterrizó en La Laguna con el pie encima del acelerador y con un nombre difícil de olvidar. Teresa Álvarez de Sotomayor Soria se convirtió en la cuarta persona que se hacía cargo del caso Corredor. Treinta y cuatro días después de que el TSJC aceptara a trámite la querella de Pamparacuatro, dictó un auto para decretar el archivo provisional de la Pieza 22. A Clavijo le había sobrado un mes para llegar sin imputación aparente a las elecciones (formalmente, su estado procesal se mantuvo hasta el archivo definitivo, que se produjo la semana pasada).

En una coordinación digna de una piscina de natación sincronizada, Teresa Álvarez siguió una a una todas las consignas que fijó la Fiscalía. Los escritos del Ministerio Público entraban un día en el Juzgado y, en menos de 24 horas o incluso el mismo día, eran respondidos con un auto de la jueza. Así ocurrió el 15 de abril de 2015, cuando la entonces responsable de la instrucción anuló un mes de escuchas telefónicas (después caerían varios meses más), que resultaron ser las conversaciones y mensajes de texto entre Fernando Clavijo y los responsables de los locales presuntamente beneficiados por el Ayuntamiento.

Tal y como había pedido la Fiscalía, al día siguiente (16 de abril), con las escuchas más reveladoras anuladas, Teresa Álvarez de Sotomayor Soria dictó el sobreseimiento provisional de la causa. La jueza asumió punto a punto los argumentos del Ministerio Público y rechazó todos los delitos que inicialmente se le imputaban a Clavijo y a otras 13 personas, algo difícilmente posible de haberse mantenido en pie los pinchazos, al menos en el caso de la cafetería de La Cuesta y el local de ocio que regentaba otro destacado empresario del Cuadrilátero lagunero.

Tampoco tuvo en cuenta la jueza, para desespero de la acusación particular, las pruebas que aún quedaban por practicar. Especialmente significativo fue el hecho de que nunca se interrogara a la testigo que, durante la investigación policial, le confesó a un agente que acudió a una reunión en la que se encontraban Fernando Clavijo y Evaristo González. Una cita importante porque, de haberse producido, vendría a dar solidez a los hechos denunciados en 2010 por Carlos Calderón mediante una grabación. No hay que olvidar que el actual presidente del Gobierno de Canarias siempre dijo por activa y por pasiva que nunca había hablado con el conocido empresario del ocio. Ni siquiera cuando era concejal de Urbanismo y el destino cruzaba sus caminos.

El policía que realizó las diligencias ratificó en el Juzgado que, aunque en una primera ocasión no supo precisar, en una segunda conversación, esta vez telefónica, la testigo reconoció a Clavijo y al gerente de Urbanismo a través de unas fotos que le habían hecho llegar. El vídeo está colgado en Youtube.

Las defensas siempre sostuvieron la poca credibilidad de la testigo, que nunca ocultó su amistad con el denunciante de los hechos. Motivos que no disimulan la sorpresa que supone que no haya sido interrogada durante la instrucción. Primero no fue fácil dar con su paradero, porque después de hablar con la Policía, y reconocer el miedo que le provocaba la situación, regresó a su país natal, Argentina. El propio Calderón logró localizarla y aseguró que estaba dispuesta a declarar, pero su petición fue ignorada por el Juzgado. No hubiera costado nada su interrogatorio y es muy probable que, de ser una mentirosa, se hubiera desplomado a las primeras de cambio ante las previsibles preguntas de la fiscal y del ejército de abogado de los imputados.

El sobreseimiento provisional de la Pieza 22 despejó el terreno electoral de Clavijo y permitió, como era lógico, que los imputados proclamaran a los cuatro vientos su inocencia. Pero un auto judicial nunca da respuesta a todos los interrogantes; siempre hay hechos que se escapan del Código Penal y entran en el subjetivo terreno de la ética política.

El caso Corredor es la enésima prueba que demuestra que basta intervenir el teléfono de un alcalde, sea del color político que sea, para que salga a flote el clientelismo con el que se gestionan las corporaciones locales en estas islas oceánicas. También es un ejemplo de las distintas velocidades a las que viaja la Justicia, un poder imprescindible en todo Estado de Derecho que padece demasiadas imperfecciones, aprovechadas en ocasiones por los investigados para lograr un beneficio inmerecido. Por cierto, dos semanas después del sobreseimiento provisional de la Pieza 22, el TSJC archivó la querella contra Pamparacuatro.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado el recurso de apelación presentado por la acusación particular, que lleva el abogado Manuel Estévez, contra el sobreseimiento provisional de una pieza separada de la operación Corredor. La noticia, que recogió el periódico La Opinión de Tenerife el pasado fin de semana, supone el archivo definitivo de la causa abierta contra el actual presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante su etapa de alcalde en La Laguna y contra otras 13 personas que se vieron salpicadas por la causa que investiga al letrado y empresario Evaristo González Reyes, imputado desde hace años por un presunto fraude de más de cuatro millones de euros a la Seguridad Social.

La decisión de la Audiencia pone fin a la situación procesal del presidente regional, a quien le estalló su imputación en noviembre de 2014, justo cuando se preparaba su candidatura y dos meses después de haber logrado superar a Paulino Rivero en el proceso interno abierto por Coalición Canaria. El auto del juez César Romero Pamparacuatro cayó como una bomba en la ciudad de Aguere, con unas repercusiones que eran difíciles de medir en aquel momento. La resolución judicial sacó a la luz las conversaciones telefónicas interceptadas durante nueve meses por parte de la Policía Judicial, aunque desde el entorno de Clavijo se aseguró erróneamente que los pinchazos habían durado más de dos años, y abrió una de las instrucciones más polémicas de la historia judicial de Canarias, digna de una tesis de Derecho Procesal.

El auto de Pamparacuatro relataba una serie de conductas que apuntaban a la comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación o falsedad en documento oficial. Todo con el Ayuntamiento de La Laguna como epicentro y con Fernando Clavijo como principal imputado por sus actuaciones como edil de Urbanismo y alcalde, cargo al que accedió en noviembre de 2008 tras la renuncia de Ana Oramas. En la lista del juez también figuraban concejalas como Blanca Pérez, Aymara Calero o la socialista María José Castañeda; además de representantes vecinales y funcionarios del municipio. Todos han quedado libres de sospecha judicial con el archivo de la conocida como Pieza 22.

Para entender la importancia de la operación Corredor hay que remontarse al mes de marzo de 2010, cuando la Fiscalía presentó una denuncia en la que pedía que se investigase el presunto trato de favor del Ayuntamiento a un viejo conocido de la Justicia, el empresario Evaristo González Reyes. Una presunta trama que sacó a relucir otro empresario, de menor tamaño, Carlos Calderón, que decidió invertir en el negocio de la noche lagunera, un sector, junto al de las máquinas tragaperras, que Evaristo había convertido en la gallina de los huevos de oro.

Calderón regentaba un pub conocido del Cuadrilátero lagunero, el Sketch, en el que había fijado su mirada Evaristo González Reyes para montar un local de apuestas, un sector donde pretendía extender su negocio. En las conversaciones telefónicas intervenidas el empresario habla del reglamento que se tramita en el Parlamento de Canarias y llega a hacer referencia a una persona implicada en la supuesta operación a la que denomina “la joya de la corona”. La Policía concluyó durante la investigación que existían indicios para relacionar a González Reyes con los incendios que se produjeron en el local de Carlos Calderón, mediante los que, presuntamente, habría sido extorsionado el dueño del Sketch. Y de ahí viene el nombre del caso.

El enfrentamiento entre ambos empresarios llevó a Calderón a mantener una reunión con representantes del Ayuntamiento de La Laguna, a la que acudieron el propio Fernando Clavijo y el concejal del PSOE Javier Abreu, pese a que los socialistas se encontraban en la oposición. Cuando fue preguntado por su presencia, Abreu dijo recordar la cita pero no el contenido de lo que allí se trato. Pero Calderón decidió grabarlo todo y aportó la cinta a la Fiscalía, que rápidamente preparó una denuncia. Así arrancó la operación Corredor, que comenzó a instruir el juez Juan Manuel Reyes Alvarado, en el Juzgado de Instrucción Número 1 de La Laguna, y que continuó Matilde Rocío Flores Esquivias, que se convirtió en una figura clave en el desarrollo de los acontecimientos posteriores.

Si Reyes fue el encargado de poner en marcha el operativo policial y de decretar los pinchazos telefónicos, Flores Esquivias fue la responsable de las sucesivas prórrogas de las escuchas. Fue ella quien dictó el polémico auto que nunca apareció, ni siquiera en el sistema informático, y que provocó el desplome de parte de la causa. Hasta que obtuvo una plaza en Sevilla y abandonó la ciudad de los Adelantados. Fue entonces cuando aterrizó como titular César Romero Pamparacuatro, otro de los nombres propios de esta historia, que venía de poner patas arriba la isla de Lanzarote en el caso Unión.

Pamparacuatro continuó con la instrucción y se encontró con una bola que se hacía cada vez más grande. La investigación a Evaristo González desveló un entramado de empresas fantasma y hombres de paja, expresión que utiliza en varias ocasiones el juez en sus resoluciones, mediante la que se habrían defraudado más de cuatro millones de euros a la Seguridad Social. La causa creció al ritmo que lo hacían los delitos derivados, lo que llevó a decretar la detención de 14 personas, con el empresario lagunero a la cabeza. Evaristo González Reyes fue el único al que Pamparacuatro envió a prisión de manera provisional. Corría el mes de febrero de 2012.

Tres meses después, y tras fracasar en su primer intento, Evaristo logró convencer a la Fiscalía de que no existía riesgo de fuga o de destrucción de pruebas y fue puesto en libertad con cargos. En el verano siguiente, Pamparacuatro daba por finalizada la instrucción de la Pieza 22, que nació como la causa principal y que, ante los hallazgos de la Policía Judicial, terminó como un pequeño apéndice de la operación Corredor.

La pieza separada quedó lista para ser digitalizada, lo que iba a permitir que las actuaciones fueran puestas a disposición de las partes y levantar el secreto de sumario. El juez había encontrado indicios de delitos vinculados al presunto trato de favor a Evaristo González, la tramitación de subvenciones por el desalojo de Las Chumberas, la concesión de una licencia a una cafetería o las llamadas telefónicas que Clavijo mantuvo para intermediar en diversas contrataciones. Pero no había escáner.

La imposibilidad de digitalizar la causa llevó a Pamparacuatro a pedir, a través de numerosos escritos, que la Consejería de Justicia dotara de un escáner al Juzgado, a lo que recibió constantes negativas. Y aunque parezca increíble, los miles de folios de la operación Corredor durmieron en gavetas durante dos años, el tiempo que tardó en llegar a la sede judicial el aparato en cuestión. Bueno, no del todo, porque durante ese tiempo se produjo el traslado de los juzgados, que hasta entonces funcionaban como podían en un local de la calle 6 de Diciembre, al nuevo edificio de la plaza del Adelantado.

Hasta que se produjo el cambio de ubicación, la situación de abandono de la sede vieja llevó a que, como demuestran las escuchas telefónicas, el propio Evaristo González se planteara la sustracción de documentación, una sospecha que quedó archivada ante la falta de pruebas. Para hacerse una idea, basta escuchar el relato de algunos funcionarios, que recuerdan cómo había despachos que se abrían fácilmente con el simple uso de una radiografía. Estos antecedentes merecen especial atención si se tiene en cuenta que la desaparición de documentación fue decisiva en varias de las decisiones que se tomaron a lo largo de la instrucción.

Cuando en noviembre de 2014, por fin, se levantó el secreto de sumario y se notificó el auto de Pamparacuatro, en paralelo se puso en marcha una brillante estrategia de comunicación. El mismo día en que Fernando Clavijo recibió la notificación, en plena pretemporada como candidato a presidir el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de La Laguna convocó una rueda de prensa para anunciar la decisión judicial y entregar el auto a los periodistas. La prensa se enteró por el imputado de las actuaciones que dirigía Pamparacuatro. Y dio resultado. Al día siguiente, todos los periódicos abrieron con la declaración de inocencia del alcalde y no con la verdadera noticia: los hechos que para el juez suponían indicios de graves delitos.

A partir de entonces, Clavijo comenzó una gira. Atendió a todos los medios que quisieron escucharle. Había que acelerar el proceso a toda costa, porque el objetivo era llegar a las elecciones sin ninguna imputación en el cartel. La empresa resultaba casi imposible: faltaban seis meses para los comicios y la experiencia previa de los juzgados canarios en causas de corrupción se alejaba de cualquier registro similar. Pero la instrucción empezó a correr, en honor al nombre de la operación. En enero, Clavijo fue citado a declarar.

Justo en un juzgado cercano al de Pamparacuatro, en el Número 4 de Instrucción de La Laguna, se soltó un botón de muestra de las distintas velocidades a las que viaja la Justicia. Solo unos días después del auto de la Pieza 22, en el mismo mes de noviembre de 2014, se dictó una resolución judicial de similares características por la que se imputaba a otro alcalde, Álvaro Dávila. El regidor de Tacoronte también fue citado a declarar un mes de enero, pero de 2016.

Clavijo se buscó un buen abogado, el prestigioso catedrático Esteban Sola, al que le ha venido muy bien la publicidad del caso Corredor para ampliar su cartera de clientes, y aportó toda la documentación que pudo en su defensa. Su relato convenció a la Fiscalía sobre la escasa consistencia de algunas de las acusaciones, como la vinculada a la contratación de un trabajador de Urbaser o el presunto fraude en las subvenciones de Las Chumberas. El político de Coalición Canaria salió fortalecido de su declaración, pero su verdadera carta aún estaba por jugar. Días después, Evaristo González presentó una querella contra Pamparacuatro, lo que provocó un golpe de timón que dirigió la instrucción hacia un naufragio seguro.

Continuará…

Hay piedras y piedras, al igual que hay montañas y montañas. Tindaya no es un volcán cualquiera. Todo el que se acerca a sus pies queda poseído por la sensación de estar en un lugar especial. La piedra de Tindaya tampoco es una roca común. La traquita es un mineral difícil de encontrar y con un alto valor ornamental. Ha sido utilizada como materia prima en edificios tan simbólicos como la sede de CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife o el Auditorio Alfredo Kraus. La historia de Tindaya no se puede separar de la traquita.

Sobre la piedra de Tindaya duerme la mayor concentración de podomorfos, esas huellas tan características que siglos atrás grabaron los aborígenes y que se pueden localizar en Canarias. Pero lo importante de los restos arqueológicos de la montaña no es su número, sino el contexto en el que se encuentran, lo que ha convertido a Tindaya en un lugar mágico para todas las poblaciones que han habitado en la isla de Fuerteventura.

Tindaya es una joya para la arqueología, pero también para la geología, la biología o la astronomía. Una joya casi tan preciosa como su piedra. Durante décadas, su valor científico sucumbió ante la avaricia de los que siempre han visto en la traquita un buen negocio, los mismos que durante años esquilmaron la montaña a través de extracciones mineras de dudosa legalidad, permitidas tanto por las administraciones públicas como por los mismos que ahora ponen el grito en el cielo ante cualquier intervención que afecte a Tindaya. Y después, como si de pronto se hubieran dado cuenta de que estaba allí, los políticos pusieron sus manos en la montaña, lo que despertó a los ecologistas de su letargo.

Desde que el Gobierno de Manuel Hermoso llevó a cabo el pelotazo de Tindaya, a finales de los 90, se ha abierto un intenso debate sobre el futuro de la montaña y su necesaria protección. Vaya por delante la admiración que cualquier persona sensible con el arte debe sentir hacia la figura de Eduardo Chillida. El escultor es una eminencia y pasará a la posteridad gracias a un legado que también quiso extender a Fuerteventura. Eso sí, no sin antes intentarlo en muchos otros lugares que rechazaron de plano su ambicioso proyecto. Convertir Tindaya en una obra de arte, lo que pasa por extraer de sus entrañas la valiosa traquita hasta vaciarla, pondrá a Fuerteventura en el mapa y supondrá un aumento exponencial de la riqueza de la Isla gracias a la llegada de turistas que, arrastrados por la magia del genio vasco, dejarán parte de su alto poder adquisitivo en la economía majorera. Al menos, eso es lo que aseguran sus defensores. Habrá que ver hasta qué punto no es otra de esas expectativas huecas que se generan para alimentar el bolsillo de unos pocos.

El debate ha pasado de una generación a otra y ha sido recuperado con fuerza por el Gobierno de Clavijo. Pero eso únicamente es la superficie. Debajo de la discusión que enfrenta al arte con la conservación de la naturaleza se encuentra el negocio de Tindaya, una bomba que cayó en el Parlamento, nunca mejor dicho, a finales de los 90 y principios del nuevo siglo. Una trama de intereses en la que aparecen los nombres de destacados miembros del poder político y empresarial de Canarias que, una vez más, van de la mano. Y ahí, en las entrañas de la montaña, en el lugar que Chillida quería hacer una obra sin parangón en el mundo, es donde queremos llegar con Despiertos. Porque algún motivo habrá para recuperar un proyecto que lleva años dormido y cuya viabilidad es altamente compleja.

Si hay un elemento común en todos los programas de Despiertos es la estrecha cuerda que une el poder económico con el poder político. Después de varias semanas en las que hemos realizado una extensa investigación y labor de documentación, en especial por el laborioso trabajo que realiza nuestro compañero periodista Esaú Hernández, nos hemos encontrado con algunos viejos nombres de la primera plana de Canarias, con tratos de favor y, sobre todo, con el mismo problema de siempre: la ligereza con la que las administraciones gestionan el dinero público. Pero para llegar hasta ahí hay que tirar de la cuerda.

Sobre Tindaya se ha publicado mucho, solo en el año 2000 hay más de 8.000 referencias en prensa, pero no deja de ser un puzle que necesita ser armado. Ese es nuestro objetivo, porque unir las piezas sueltas es una de las principales misiones del periodismo. E insistimos: no nos vamos a quedar en la superficie. Para ello hemos incorporado al equipo al periodista del periódico El País Txema Santana, con el que pretendemos seguir mejorando el producto que ofrecemos a la sociedad.

Tindaya merece un programa como Despiertos y Canarias necesita toda la información sobre la operación que se esconde en el interior de una montaña que no solo es un símbolo de Fuerteventura, sino un patrimonio de todo el archipiélago. Será este el cuarto capítulo que hacemos, pero el primero financiado íntegramente por la gente. Gracias a la campaña de apoyos que hemos lanzado, a través de la plataforma de Goteo, vamos a conseguir que por primera vez se realice un producto periodístico de estas dimensiones sin un céntimo de las administraciones públicas o de grandes empresas. Pero no vamos a parar aquí. Si te gusta lo que hacemos, puedes apoyarnos para consolidar este ambicioso proyecto de periodismo independiente. Ya hemos dado un paso muy importante, pero hay demasiadas historias que contar. Ahora, de momento, nos vamos tras la huella de Tindaya.

A Rodrigo Rato le gusta pasárselo bien con el dinero ajeno. No hay nada como rastrear los movimientos de una tarjeta de crédito para conocer el tren de vida de quien lleva en un trozo de plástico los ahorros de los clientes de una entidad bancaria. La black del exministro es una ventana al derroche. Desde 700 euros por un bolso de marca para regalar en Navidad, justo unos días después de empezar a ejercer como presidente de Bankia, hasta 350 euros por unos huevos estrellados, todo acompañado por los 3.547 euros que desembolsó en concepto de “venta de bebidas alcohólicas”. Pero en la cárcel no hay lugar para el lujo.

Si el Tribunal Supremo no lo remedia, Rato tendrá que pasar cuatro años y medio en prisión por un delito continuado de apropiación indebida. Cuando no tienes libertad, el tiempo no vale nada. Un trago difícil de tolerar para alguien acostumbrado a convertir en oro cada segundo de su vida. El que fuera mano derecha del presidente Aznar utilizó la política, como tantos otros, con el único fin de aumentar su cuenta corriente. Y claro, cuando te gusta pasártelo bien y hacer negocios, resulta difícil no fijarte en unas islas afortunadas del Atlántico donde muchos engordan su patrimonio a la sombra de una palmera.

Rodrigo Rato aterrizó en el archipiélago de la mano de José Carlos Mauricio, con el que entabló una estrecha amistad cuando ambos eran portavoces en el Congreso y Coalición Canaria jugaba un papel protagonista en la investidura de Aznar. El exministro hizo buenas migas con el pujante sector empresarial que florecía en el sur de Gran Canaria, con el que comenzó una íntima relación de intereses que se prolongó durante años.

A medida que crecía su figura política, en paralelo aumentaba el número de personas que quería salir a su lado cuando una cámara enfocaba al exministro. La hemeroteca está llena de fotos que más de uno querría olvidar. Rato casi toca el cielo cuando Aznar, que ha reconocido que se lo ofreció en varias ocasiones, estuvo a punto de nombrarlo su sucesor. Pero el elegido fue Mariano Rajoy, lo que cambió de raíl el tren de la historia.

Después de años en la cocina de las influencias políticas, Rato tenía preparado su salto a un puesto que lo colocó en la primera línea de la economía mundial. El 5 de mayo de 2004 fue nombrado director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Tras una gestión llena de sombras, y su salida por la puerta de atrás en junio de 2007, un político tinerfeño se fijó en sus dotes oratorias para abrirle la puerta del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, o más bien la hucha del dinero público de los chicharreros. El comienzo del ocaso del exministro coincidió con el impacto mediático de un concejal del PP que, autobautizado como el pibe de Ofra, había conseguido desbancar de la primera plana de la prensa local al exalcalde Miguel Zerolo, más preocupado en aquel momento por buscar la manera de desinflar el pelotazo de Las Teresitas. Ángel Llanos Castro sabía cómo llamar la atención y tenía a su disposición la caja de la Sociedad de Desarrollo. Solo necesitaba a Rato.

Y Rato necesitaba una nueva fuente de ingresos. La encontró en las conferencias. La primera, impulsada por el joven Llanos, en Santa Cruz de Tenerife. El exdirector del FMI había elegido la capital para reaparecer en un acto público y la publicidad institucional hizo el resto. El evento se celebró en el Auditorio el viernes 23 de noviembre y el exministro se embolsó, según ha publicado el periódico El País, un total de 49.310 euros por una hora de charla. A más de 13 euros por segundo.

El acto comenzó con la presentación que realizó Miguel Zerolo, que dejó unas palabras que pasarán a la posteridad: “Rodrigo Rato es un político atípico, un ejemplo de maduración y cordura”. Atípico, maduro y cuerdo, el exministro comenzó a facturar desde que se subió al escenario, donde ya estaba Ángel Llanos con la hucha en la mano. “En los últimos meses, hay dos factores de estabilidad que han desaparecido: la fortaleza de la economía estadounidense y la ausencia de tensiones inflacionistas”. Diez segundos; unos 130 euros para el bolsillo. “Esos dos elementos han cambiado y, como consecuencia, las perspectivas económicas actuales en Europa, también”. Siete segundos más. 91 euros. Pausa para escuchar los aplausos y mirada cómplice al pibe de Ofra. Doce segundos de silencio por 156 euros.

En el primer minuto de su intervención en el Auditorio de Tenerife, Rato ya había ganado el salario mínimo y todavía no había dicho nada que no hubieran repetido antes otros gurús de la economía mundial, revalorizados con la llegada de la crisis. Una hora después, el hombre al que Hacienda investiga por no declarar casi siete millones de euros en once años, según conclusiones de la Policía Antifraude, salió del recinto, probablemente en dirección a algún caro restaurante chicharrero, con la satisfacción de haber ingresado 49.310 euros por contarle al mundo lo jodida que estaba la cosa.

En los años siguientes, mientras PSOE y PP recortaban al compás de la Troika, Rato continuó con su gira de conferencias a precio de oro. Un periplo que le volvió a traer a Tenerife en 2009, gracias a la mano de Antonio Alarcó, a quien conocía bien por haber estado casado con su prima, María Ángeles Alarcó Canosa. Al senador del PP se le ocurrió que tener a Eduardo Punset como cabeza de cartel del II Foro Científico y Social no era suficiente, por lo que metió al exministro con calzador en el evento organizado por la Fundación Canaria de Salud y Sanidad de Tenerife.

Una auditoria realizada por PriceWaterhouseCoopers (PwC) a la sociedad del Cabildo desveló que Punset y Rato recibieron 37.725 euros por su participación en el Foro. Su caché había descendido, pero siempre encontraba una solución a la vista. Unos meses después, en enero de 2010, el exministro fue nombrado presidente de CajaMadrid. Allí conoció las black y descubrió que no necesitaba codearse con científicos de primer orden para mantener su pasión por el derroche. Meter un trozo de plástico en un cajero era suficiente.

El ejemplo de Rato debe despertar más de una alarma ante la promoción que, con fondos públicos, se hace de individuos que convierten la corrupción en el primero de sus mandamientos. Ni el Rato de ahora, que aguarda el momento de entrar en la cárcel, ni el que trajeron Ángel Llanos o Antonio Alarcó, que usaba la libertad para aprovecharse de los demás, son distintos. La única diferencia es que los mismos que pagaron 13 euros por un segundo de Rato, a costa del bolsillo ajeno, han eliminado de la memoria del móvil todas las fotos del exministro. Menos mal que nunca podrán borrar la hemeroteca.

Lea usted siempre todo lo que firme. No se fíe de nadie. Es probable que alguien lo intente engañar, ya sea porque le mientan o porque no le digan toda la verdad. Lea todo lo que firme, especialmente si va usted a una oficina bancaria a suscribir una hipoteca. Allí es habitual que intenten colarle, por ejemplo, una cláusula suelo, lo que viene a ser una sutil forma de robarle sin que se entere. Pero ojo, revise bien el documento. En las estafas no es habitual el uso de las mayúsculas o la negrita. Las trampas siempre se escriben en letra pequeña.

Las hipotecas las carga el diablo, también cuando las promueven las administraciones públicas. Lea usted bien, sobre todo, si es un joven rebosante de ilusión que quiere acogerse a una ayuda del gobierno de turno para tener su primera vivienda. Es probable que en alguna parte del texto se cuele una expresión del tipo “según disponibilidad presupuestaria”. Si esto ocurre, y usted firma, se arriesga a tener que pasar años delante de la consejería correspondiente para reclamar el dinero que un día le prometieron.

Lea bien todo lo que firme, incluso si es usted una infanta. Que su padre sea rey puede ser motivo suficiente para que un oportunista venga a aprovecharse de su inocencia. Da igual a cuántos colegios privados haya ido, lo van a engañar. No se enamore, porque entonces puede ocurrir que su marido monte una empresa para defraudar y usted no se entere. No coja ese bolígrafo sin antes preguntar de dónde viene el dinero. No espere a que sea la Justicia la que escriba una sentencia que diga en mayúsculas que es usted una ingenua.

Tenga especial cuidado si se dedica a la política. Si, por ejemplo, es usted un alcalde y forma parte del consejo de administración de la caja de ahorros de su provincia, lea bien las actas de las sesiones. Puede darse la casualidad de que usted haya faltado a la reunión anterior por culpa de un viaje de ocio, que el placer es lo primero, y dos empresarios aprovechen para obtener un crédito con el que comprar la principal playa de su municipio. Si usted no lee el acta, pero la firma, dará la sensación de que está de acuerdo con la operación y dentro de unos años, quién sabe, algún fiscal lo puede acusar de haber participado en un pelotazo de libro.

Para evitarlo, lea también los informes de los técnicos de su casa, tal vez alguno lo avise de que pueden recuperar la playa por tres veces menos del dinero que piden los constructores, los mismos a los que permitió comprar las parcelas por no fijarse en el acta de la caja de ahorros. No tire usted por tierra toda su carrera política por no leer, que va a parecer que se dedica a enriquecer a determinados empresarios sin recibir nada a cambio.

Lea usted bien los informes de los técnicos aunque sea un simple concejal. No se fíe de su alcalde. Si a la junta de gobierno del ayuntamiento al que pertenece llega una petición de una licencia urbanística, pregunte por el dictamen del jurista municipal. Revise párrafo a párrafo su escrito, pero especialmente fíjese en lo que pone al final, en las conclusiones. Si dice algo así como “propuesta desfavorable”, no firme nada. Si lo hace, si solo está allí por la dieta y la cosa no va con usted, el tiempo puede sentarlo en un banquillo bajo acusación de ser un profesional de la prevaricación. Hacerse el tonto es posible que lo salve, pero recuerde que no es usted una infanta y se arriesga a una condena que evitará que pueda volver a viajar en un coche oficial.

Hay que leer siempre y no solo antes de firmar. Estar informado es la mejor herramienta que posee un ciudadano para defenderse ante los abusos. Lea usted todo lo que pueda; así será más difícil que alguien lo engañe. No baje la guardia nunca, especialmente en época de elecciones. Lea mucho cuando le llegue el momento de votar, no vaya a ser que le termine gobernando un partido permisivo con la corrupción, que rescate a los bancos que lo estafaron con la cláusula suelo o que defienda a una infanta que no sabe lo que firma.

Comienza a amanecer pero todavía hace frío. La lluvia de la noche se ha colado entre los barrotes y ha empapado el suelo. Las paredes están húmedas. Estoy acurrucado en una esquina pero ya no tengo sueño. Tampoco he dormido bien. Llevo toda la noche en tensión porque las tormentas me dan miedo y me siento solo. No lo estoy. Ellos me acompañan, aunque hace ya mucho que perdieron las fuerzas. Tengo hambre.

Me levanto y me estiro. Empiezo a caminar hasta que, de pronto, algo me aprieta el cuello y me obliga a detenerme. Es una cadena. La misma cadena a la que vivo atado 24 horas. A veces se me olvida que la llevo. Estoy lleno de heridas, aunque no recuerdo cómo me las hice. Grito, pero nadie me escucha. Ellos me miran. Creen que estoy loco por mantener la esperanza. Tengo hambre.

Me acerco hasta lo que resulta ser un recipiente. Está vacío. Ya no recuerdo la última vez que pude llevarme algo a la boca. Vuelvo a mi esquina y me siento encima del barro y de lo que parecen excrementos. Es probable que sean míos. Qué más da que me ensucie si ya nadie me acaricia. Todavía conservo un hueso que encontré enterrado cuando llegué aquí. Gracias a eso me entretengo. Jugar me ayuda a recordar lo mucho que me gusta correr. Ahora vivo encerrado en diez metros cuadrados. Cierro los ojos, pero no puedo evitar pensar en lo mismo. Tengo hambre.

Alguien viene. Me levanto y grito con todas mis fuerzas. Ellos me imitan. Esta vez, el olor es distinto. No es él. Veo cómo se acercan con algo en la mano. Son tres. Su voz suena cariñosa; hace tiempo que no escucho nada igual. Parece que tienen comida. Sí, es comida. No me lo puedo creer. Ellos, tampoco. Ya casi no me aprieta la cadena. Nos acercamos y buscamos entre sus manos. No aguanto más. Tengo hambre.

Nos lo hemos comido todo. Me siento como si tuviera fuerzas para saltar estas rejas. Lo intenté cuando los vi alejarse, pero no pude. Ojalá se hubieran quedado para siempre. Solo espero que vuelvan mañana. Miro al cielo y bostezo. Parece que esta noche no va a llover. Tal vez, nuestra suerte esté cambiando. Poco a poco, me dejo atrapar por un sueño profundo. Soy libre y corro sin parar hasta perder el aliento. Soy feliz. ¿Por qué no pueden ser así las cosas? Un ruido me despierta. Alguien viene.

A finales del mes de enero, un grupo de turistas encontró a 12 podencos desnutridos en una finca del municipio tinerfeño de Los Realejos. Los perros se encontraban en un estado de abandono absoluto, rodeados de excrementos, llenos de heridas y sin comida ni agua. Cuando el Seprona acudió al lugar, dos días después de que se presentara la denuncia, habían desaparecido. La semana pasada, fueron localizados por un grupo de activistas en un lugar cercano, al que volvieron unos días después junto a un equipo de Mírame Televisión. Tras la emisión del reportaje, los podencos volvieron a ser trasladados sin que, hasta el momento, se conozca su nuevo paradero.

Esta es la realidad de muchos perros de caza. El caso de Los Realejos es el peor ejemplo del frecuente uso de animales como simples herramientas. La falta de una legislación contundente contra el maltrato y la pasividad de las administraciones se convierten en su pena de muerte. En diez metros cuadrados cabe toda la crueldad del ser humano. También 12 podencos que pasan hambre cada día mientras esperan que, esta vez sí, alguien venga a rescatarlos.

Santiago Calatrava está acostumbrado a dejar huella. Sus obras majestuosas, cargadas de atrevimiento y con diseños que desafían la gravedad, brillan en medio mundo. Valencia, Oviedo, Bilbao, Venecia, Nueva York o Tenerife presumen del legado del arquitecto. Da gusto tener en tu ciudad un símbolo de modernidad y progreso. El problema es cuando llega la factura. Y la de Calatrava, por desgracia, suele salir muy cara.

El Cabildo de Tenerife ha decidido pasarle su propia factura al arquitecto. Ahora que han pasado más de 13 años desde la inauguración del auditorio, la institución insular ha exigido responsabilidades por los fallos detectados en el revestimiento de la infraestructura. Una chapuza, otra más, que supondrá un gasto de 2,6 millones de euros, según ha publicado el periódico Diario de Avisos.

La decisión de la Administración que preside Carlos Alonso abre una discusión jurídica sobre quién debe pagar la reparación. Con el Código Civil en la mano, el Cabildo tiene argumentos más que suficientes para plantear la reclamación, al considerar al arquitecto como director de la obra, algo que los asesores de Calatrava intentan negar para buscar un acuerdo pacífico. Un embrollo que, si no lo remedia algún pacto por debajo de la mesa de última hora, acabará en manos de la Justicia. Lo importante es que la factura no la paguen los de siempre, los ciudadanos.

Que una institución pública exija responsabilidades a empresas o particulares que generan perjuicios al interés general, Calatrava es un buen ejemplo, es una obligación. Por eso solo cabe aplaudir la decisión del Cabildo. Pero no muy fuerte, no vaya a ser que olvidemos la historia que ha acompañado la relación fraguada durante años entre Calatrava y Tenerife. Porque lo del Auditorio merece un poco de contexto.

La obra se adjudicó en 1997 por 26,7 millones de euros. La iniciativa estuvo acompañada de la polémica desde el primer momento. ¿Necesitaba Tenerife un auditorio de lujo? Las carencias de infraestructuras de primera necesidad que arrastraba la isla entonces, y que aún continúan, planteaban un serio debate al respecto. Eran años en los que crecía con fuerza la reivindicación de construir hospitales en el norte y en el sur, o la necesidad de dibujar un modelo de movilidad sostenible. Pero cada cosa va por su camino, y el del Auditorio estaba trazado por el entonces presidente del Cabildo, Adán Martín. Y no tenía marcha atrás.

Lo que mal empieza, suele continuar peor. Los problemas se desencadenaron uno tras otro, lo que dejó al descubierto una falta de planificación impropia de un proyecto de tal envergadura. Se cambió la ubicación a última hora, se modificó la sala sinfónica para albergar óperas, se añadió un aparcamiento… Modificaciones que llevaron a la paralización de los trabajos en 1999 y a una obligada ampliación del presupuesto. Había dinero en la hucha y no costaba nada añadirle una cifra más a la factura.

Cuando la obra se inauguró, el 26 de septiembre de 2003, el coste del nuevo símbolo de Tenerife superaba los 72 millones de euros. Y ahora es cuando toca parar y coger un poco de aire. El Auditorio, que iba a costar 27 millones, que ya dolían, multiplicó casi por tres su precio para las arcas públicas. Y eso sin contar los gastos que ha generado después. Pero la factura se pagó y ahora, al menos, tenemos un auditorio bonito, porque lo es, y todo un ejemplo de acústica. ¿No?

Pues tampoco. Según concluyeron expertos de la Universidad de La Laguna, una comisión de técnicos locales y el estadounidense Russell Johnson, al que le cayó una bronca de Calatrava, la acústica del auditorio no es buena. Así que además de caro y elitista, resulta que la calidad no está a la altura del precio. Era para estar contentos con el arquitecto. ¿Y qué hizo el Cabildo? Pues tragar y pagar.

En marzo de 2013, el sucesor de Adán Martín en la Corporación insular, Ricardo Melchior, fue cuestionado por los excesos en el coste del auditorio. La pregunta fue de esas que encajan mal los políticos porque se salen de la agenda oficial. Cuando un periodista rompe el guión del poder suele conseguir un buen titular, como ocurrió en aquella ocasión. El Ayuntamiento de Venecia había anunciado que iba a recurrir judicialmente el sobreprecio que pagó por un puente diseñado por Calatrava, lo que dejó en bandeja la oportunidad para el periodista. “Presidente, ¿ustedes por qué no hacen lo mismo?”.

Ricardo Melchior tragó saliva y contestó con toda la sinceridad que pudo, en unas declaraciones que hábilmente recogió Europa Press: “Todas [las modificaciones del proyecto] han ido al pleno del Cabildo con su justificación y sus informes técnicos, y en todas se ha cumplido con la legislación”. El presidente insular vino a decir, de forma oficial, lo que ya era una evidencia. Una traducción de lo que afirmó el político al lenguaje cotidiano vendría a dar este resultado: “Mira, aunque me toca las narices tu pregunta, te voy a contestar que no podemos hacer nada porque fuimos nosotros los que aprobamos todos esos sobrecostes sin importarnos pagar más, y eso sería como denunciarnos a nosotros mismos”.

Es una lástima que hayan tenido que pasar más de 13 años para que la Corporación insular se dé cuenta de que su obligación es la de exigir responsabilidades a los que se burlan de las administraciones públicas y del dinero de los ciudadanos. Valencia, Oviedo, Bilbao, Venecia o Nueva York presumen del legado del arquitecto, pero han tenido que soportar un precio demasiado alto. Aquí se miró para otro lado y se abrió el grifo del dinero público. Otras ciudades damnificadas han llevado al arquitecto, con mayor o menor suerte, frente a la Justicia. En Tenerife se optó por bautizar el Auditorio con el nombre del político que lo impulsó. Ojalá el Cabildo llegue hasta el final y los ciudadanos no tengan que pagar la factura de Calatrava, otra vez.

No es fácil congregar en una sala a 2.000 personas. El reto es aún más complicado si la única motivación que se le ofrece al público es asistir al discurso de un político. Los grandes líderes, gracias a la maquinaria interna de los partidos, suelen conseguirlo cuando se acercan las principales citas electorales. Menos habitual es lograr una movilización ciudadana de tal calado cuando el orador es un candidato a la alcaldía de un ayuntamiento cualquiera. Pero a veces ocurre.

El 26 de marzo de 2011, el auditorio de las Pirámides de Arona lució hasta la bandera. Ninguna estrella de rock se subió al escenario. Por la tarima solo desfiló un grupo de políticos congregados con una misma intención: arropar a José Alberto González Reverón. Y lo lograron. Más de 1.800 personas llenaron el recinto en un acto sin precedentes. Comida, folclore y un ambiente festivo como pocas veces se ha visto en un evento de política local. La ocasión lo requería. El entonces alcalde había sido noticia constante en los últimos años a raíz de una sesuda investigación judicial que sacó a la luz la corrupción que ha campado a sus anchas en ese ayuntamiento tinerfeño. “De Berto, me fío”, fue el lema que repitieron uno tras otro los oradores que tomaron el micrófono. Todos arrancaron el efusivo aplauso de un público ansioso por mostrar su apoyo a ese político que, teléfono en mano, resolvía cualquier problema que tuviera un vecino, ya fuera obtener una licencia ilegal o conseguir un puesto de trabajo con solo estirar un poco la manga.

Cualquiera que haya dado un discurso ante un auditorio repleto sabe que la adrenalina se dispara. Si el público es agradecido y acompaña con sus vítores, el predicador de turno comienza a flotar por encima de los espectadores como un ente superior. En ese momento te crees capaz de cualquier cosa porque sientes que nada te puede detener. Esto debe de ser lo que pasó por la cabeza a Francisco Linares, alcalde de La Orotava, cuando se subió a la tarima de las Pirámides de Arona. “Berto ha sufrido el ataque de mercenarios que creen que en la política vale todo, pero en la política, por un puñado de votos, no vale todo; hay que hacer política digna como hace Berto”, exclamó nada más acercarse al micrófono el veterano político. “Vamos a hacer de González Reverón el candidato más votado de toda España”, concluyó con gesto triunfante. Y de parte del extranjero, le faltó decir.

Detrás de Linares, tomó la palabra Ana Oramas, actual diputada de Coalición Canaria en el Congreso. Si el auditorio de las Pirámides de Arona no se vino abajo ese día, es probable que no lo haga nunca. La exalcaldesa de La Laguna sabía qué papel le tocaba desempeñar en esta ocasión y lo desplegó a la perfección. “Teniendo Berto querellas como tuve yo, 17 querellas; pero sabiendo que en los pueblos nos conocemos todos y Berto es una persona honrada, honesta y trabajadora”, gritó mientras arrancaba más de un lágrima entre el público. Pero aún le faltaba la guinda: “Berto es un pedazo de alcalde, claro que sí”, concluyó mientras casi 2.000 personas aplaudían en pie como si les fuera la vida en ello. Unas semanas después, González Reverón arrasó en los comicios locales y se mantuvo como alcalde de Arona con mayoría absoluta.

Cuando los líderes de Coalición Canaria acudieron al acto para salvar al soldado Berto, todos eran conscientes de que media Canarias se había echado las manos a la cabeza ante una investigación que puso al descubierto el absoluto desprecio de González Reverón por la ley, además de una corrupción sistemática basada en el clientelismo. Lo sabían, pero eran conscientes de que, al fin y al cabo, los que iban a depositar su voto en la urna no eran esos que se escandalizaban con las conversaciones que revelaron los pinchazos telefónicos, sino los ciudadanos agradecidos por los constantes favores del alcalde de Arona. La fórmula funciona y la consigna es clara: a los corruptos se les defiende siempre y cuando mantengan su capacidad para arrastrar votos. Pero era cuestión de tiempo que Berto cayera.

En el año 2012, la Justicia condenó por primera vez a González Reverón por enchufar, a través de la renovación ilegal de sus contratos, a dos trabajadoras municipales. Cuatro años y medio de inhabilitación en la primera de varias sentencias que han dado la razón a Linares: no todo vale para conseguir un puñado de votos. Antes de que la resolución fuera ratificada por la Audiencia, Berto se negó a dejar su cargo de alcalde hasta que se resolviera ese recurso. Justo el día previo al fallo del tribunal, el entonces máximo responsable de Coalición Canaria en Tenerife, a la sazón alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, concedía una entrevista en Mírame Televisión. Durante su intervención, el hoy presidente del Gobierno de Canarias defendió a capa y espada la continuidad del político de Buzanada en el cargo, e incluso se permitió cuestionar la sentencia de primera instancia. Un atrevimiento que quedó en ridículo tras el fallo que pocas horas después dictó el órgano judicial. Daba igual; Clavijo sabía lo que hacía.

Después de la primera condena, a Berto le llegó la segunda a través de una pieza separada del llamado caso Arona. Siete años de inhabilitación más por permitir obras ilegales en un hotel de primera línea de playa, el Sir Anthony, donde el exalcalde disfrutaba de habitaciones a su elección gracias a su generosidad con los gerentes de la instalación. La semana pasada, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife condenó a González Reverón a 17 años de inhabilitación, y ya acumula 28 años y medio, por conceder más de 200 licencias urbanísticas y adjudicar casi 80 contratos con informes jurídicos en contra. Una corrupción continuada que ha tenido importantes consecuencias económicas para el Ayuntamiento tinerfeño y que ha dejado su huella en el municipio. A pesar de ser uno de los principales destinos turísticos de Canarias, el desarrollo de Arona está paralizado, con barrios que padecen altas tasas de pobreza, urbanizaciones fantasma y carencias de servicios tan básicos como el saneamiento público. En paralelo, y mientras Berto miraba para otro lado, una trama de políticos, funcionarios y empresarios se dedicó a tejer una red de cobro de sobornos que tenía como epicentro la Oficina Técnica de la localidad. El Tribunal también los ha condenado.

La corrupción del clientelismo, a diferencia de la que acaba directamente en el bolsillo, es más fácil de disimular. Basta decir que no hay enriquecimiento para lanzar un velo de impunidad sobre cualquier político condenado por delitos tan graves como la prevaricación urbanística, la malversación o el tráfico de influencias. El problema de este comportamiento es que está tan extendido que son muy pocos los que no lo practican, de ahí el interés que existe en normalizarlo, aunque todavía son menos los que son pillados con las manos en la masa. Ahora bien, cada vez que se pincha el teléfono a un alcalde, dentro de una investigación judicial, se escribe un nuevo manual de cómo mantener el poder a través de la política de los favores.

Dos años antes de salir a defender a González Reverón en televisión, la Policía Judicial también intervino el dispositivo móvil de Fernando Clavijo, bajo el marco de la instrucción del caso Corredor. La investigación desveló que el hoy presidente de Canarias, aunque con menor actividad que el exalcalde de Arona, también utilizaba su teléfono para llevar a cabo diferentes gestiones que golpean cualquier sentido de la ética política y dañan el derecho constitucional que defiende la igualdad de todos los ciudadanos. El entonces regidor de La Laguna tan pronto recibía una llamada del exsenador del PSOE Aurelio Abreu para agilizar la contratación de una persona en la empresa Acciona, adjudicataria del propio Ayuntamiento, como se comunicaba directamente con el director de la Refinería de Cepsa para recomendar a la sobrina de una concejala de su partido.

La causa se archivó, aunque aún está pendiente de un recurso que tiene que resolver la Audiencia Provincial, después de que se anularan gran parte de las escuchas telefónicas por la desaparición de un auto judicial. Lo que no se perderá será un sumario que ha vuelto a poner de manifiesto que el clientelismo se ha propagado por las principales administraciones canarias.

En una de las conversaciones intervenidas, Fernando Clavijo recibió una llamada del entonces presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, para comentar el caso de una vecina del barrio de La Candelaria, aunque originaria, como Melchior, de Valle de Guerra. El máximo responsable de la institución insular aprovechó la conversación para avisar al alcalde de La Laguna de que esta persona quería hacer una obra menor sin licencia en la azotea de su casa, lo que provocó que la Policía Local levantara un acta y se abriera un expediente sancionador. Lo más llamativo es que un momento de la llamada el expresidente del Cabildo, al que Clavijo se dirige como “jefe”, asegura que “conoce desde pequeño” a la vecina de La Candelaria. “Decir que es de los nuestros es poco; es súper nuestra en todo”, espetó el hoy presidente de la Autoridad Portuaria para que no quedara ninguna duda.

Cuando el poder se sostiene sobre el hilo del clientelismo se genera un grave desequilibrio social. No todos los ciudadanos pueden ser uno de los nuestros, como tampoco es posible que todos los vecinos de Arona o de La Laguna tengan línea directa con el móvil personal de sus respectivos alcaldes. Además de vulnerar cualquier principio de igualdad, lo peor es que para favorecer a alguien siempre tienes que perjudicar a un tercero. Y aún más grave es que para ello los políticos suelen saltarse la legislación, que precisamente está hecha para garantizar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución.

Cuando las conversaciones de Clavijo se conocieron en los pocos medios que se atrevieron a publicarlas, el consejero del Cabildo de Tenerife Efraín Medina realizó unas declaraciones en las que aseguró que, si era necesario, no le importaría ignorar la ley para ayudar a un vecino.

Defender que la legislación está para torearla cuando lo que toca es ayudar a un ciudadano, primera lección de cualquier manual de clientelismo que se precie, supone golpear sin piedad los pilares que sustentan un Estado de derecho. Una mentira que se repite no se convierte en verdad, pero ayuda a confundir y generar empatía. Qué bueno es mi alcalde que se salta la ley por nosotros. Como Medina, Juan José Dorta (PSOE), el que fuera máximo regidor del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, utilizó el mismo recurso cuando fue cuestionado por la concesión continuada de licencias ilegales en el municipio del norte de Tenerife entre los años 2003 y 2007. “Prevaricaré siempre para ayudar a un vecino”, contestó a quien quiso preguntarle cuando se conoció la acusación de la Fiscalía.

Cuatro años después, con la soga de la Justicia al cuello y antes del comenzar el juicio, se declaró culpable, junto al resto de concejales de la Junta de Gobierno, y asumió una pena de un año de prisión y 12 años de inhabilitación especial.

La corrupción no se mide por la cantidad de billetes de 500 euros que logras esconder en una caja fuerte, sino por el daño que, a sabiendas, eres capaz de provocar en una administración democrática y en sus administrados. La prevaricación tiene importantes consecuencias para las arcas públicas, el mejor ejemplo es Arona, pero sobre todo es muy perjudicial para mantener la igualdad social. Un Estado de derecho deja de serlo si los ciudadanos no pueden vivir en una sociedad en la que todas las personas tengan las mismas oportunidades. No puede haber discriminación por cuestiones de sexo, raza o religión; pero tampoco por no haber nacido cerca de algún político o por no compartir carné de partido con el concejal de turno. Porque da igual cuántos auditorios seas capaz de llenar o cuántas veces te digan que eres un pedazo de alcalde. Un político nunca será justo si obliga a llevar a los vecinos una etiqueta que diga este es uno de los nuestros.