El acuerdo entre el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida y la Fundación Casa de Alba para reducir cinco euros el precio de la entrada al Palacio de Liria no era tal, sino una iniciativa privada de la entidad que administra el patrimonio de la familia nobiliaria. Pese a ello, el Ejecutivo municipal impulsó la comunicación de la acción mediante un acto al que acudió la concejala de Cultura, Marta Rivera de la Cruz. También mediante una nota de prensa en los canales oficiales del Consistorio.

“Lo que se ha comunicado públicamente es que ambas partes han alcanzado un entendimiento para facilitar una reducción en el precio de la entrada al Palacio de Liria para las personas nacidas y empadronadas en la ciudad de Madrid, decisión que corresponde exclusivamente a la Fundación Casa de Alba como entidad titular y gestora del espacio”, reconocen fuentes del área de Cultura de la corporación municipal en declaraciones a Somos Madrid. Pero Rivera de la Cruz se refirió expresamente a la medida como fruto de un “acuerdo” en la presentación.

“Dicha medida no conlleva contraprestación alguna por parte del Ayuntamiento de Madrid, ni económica ni de ningún otro tipo, ni genera obligación, compromiso o derecho alguno para esta administración”, apostillan desde Cultura. En respuesta a una petición de información de Más Madrid emitida por la coordinación general de Cultura, este organismo habla de nuevo de “un entendimiento” y concreta que “no existe expediente administrativo ni documentación adicional susceptible de ser remitida en los términos solicitados”.

Un gesto que “subraya la relación extraordinaria entre este espacio y Madrid”

El Ayuntamiento de Madrid hizo público el pasado 29 de enero ese supuesto acuerdo con la Fundación Casa de Alba en el que la entidad privada establece tarifas rebajadas en el acceso al Palacio de Liria para aquellas personas nacidas o empadronadas en la capital. Los visitantes madrileños necesitarán enseñar el DNI o el certificado de empadronamiento para acreditar una de esas dos condiciones.

La medida, presentada por Rivera de la Cruz y el director de la Fundación Casa de Alba, Álvaro Romero Sánchez-Arjona, contempla una tarifa de 15 euros para las visitas entre semana y de 17 euros en fines de semana, tanto al propio recinto como a sus exposiciones. El precio general es de 20 y 22 euros, respectivamente, así que la rebaja en ambos casos es de cinco euros.

La concejala recalcó que “el Palacio de Liria es uno de los grandes tesoros culturales de Madrid y este acuerdo permite que los madrileños sientan aún más cercano un espacio que forma parte de la historia y la identidad de la ciudad”. La edil tachó el gesto de “simbólico”, al tiempo que “subraya la relación extraordinaria entre este espacio y la ciudad de Madrid”.

La concejala de Más Madrid Cuca Sánchez, sin embargo, lamenta este episodio: “El Ayuntamiento de Madrid admite por escrito que los descuentas de la Casa de Alba en las entradas para el Palacio de Liria no están amparados en ningún convenio, ni expediente administrativo, ni ningún informe técnico. Como si el Ayuntamiento de Madrid en lugar de una administración fuese el cortijo de la Casa de Alba, que usan para su autobombo”. También considera que “se ha perdido la oportunidad de acordar precios realmente populares e incluso de introducir días o franjas horarias de gratuidad. Pero es que además, lo poco que se ha anunciado ni siquiera tiene garantías de cumplirse, porque no hay ningún acuerdo escrito ni ningún procedimiento administrativo que vincule a la Casa de Alba, y mañana podrían cambiar de criterio o subir el precio y el Ayuntamiento no tendría cómo reclamarles nada por el incumplimiento de lo anunciado”.

“Es una absoluta vergüenza por la que exigimos explicaciones a la delegada de Cultura”, añade la edil, a la vez que muestra su preocupación porque también “se discrimina a las personas migrantes por no dejarles presentar su tarjeta de identificación TIE para acreditar su residencia, ya que sólo aceptan el DNI”.

“Entendimiento” en mitad de un polémico proceso de desahucios

La presentación tuvo lugar en el propio Palacio de Liria en un momento especialmente tenso en el entorno por la acción de la Casa de Alba. En la calle Duque de Liria, a pocos metros de este icónico inmueble cercano a la Plaza de España, decenas de familias de seis bloques (incluidos arrendatarios de renta antigua) se enfrentan a los intentos de expulsión por parte de la familia nobiliaria, ahora con el duque de Alba Carlos Fitz-James Stuart al frente. En diciembre, la empresa intermediaria Bala Investment comenzó a remitir cartas en las que asegura hablar en nombre de la propiedad y les anuncia el desalojo de las viviendas por necesidades de rehabilitación.

El representante de comunicación de la propiedad, a preguntas de este diario, confirmó “el inicio de un proceso de no renovación de contratos de alquiler” en los bloques cercanos al Palacio de Liria. “Se han reunido conmigo amigablemente, quieren que nos vayamos por las buenas. Pero nosotros no nos vamos a ir, ni por las buenas ni por las malas”, aseveraba en conversación con este medio una de las inquilinas. “Llevo 53 años aquí y soy la que tiene el contrato más joven”, remataba.

La concejala delegada no quiso valorar la polémica y se limitó a recalcar que trabaja en “acuerdos que tienen que ver con Cultura, sin entrar en otras apreciaciones”. Dicho acuerdo, sin embargo, no ha sido suscrito por su ramo ni por ninguna otra área del Consistorio. Cree que el proceso de expulsión de las decenas de familias “no tiene nada que ver con que los madrileños puedan entrar en el Palacio de Liria en mejores condiciones de las que lo hacían”.

En los seis bloques afectados vivien diez familias de renta antigua, con contratos firmados antes de 1982 que les otorgan unas garantías especiales. El resto de inquilinos se cuentan por decenas, pero es difícil saber su número exacto. Según datos del Registro de la Propiedad, los seis edificios de la manzana suman 88 viviendas y 10.913 metros cuadrados de suelo residencial.

El Ayuntamiento de Madrid ha hecho público este jueves un acuerdo con la Fundación Casa de Alba en el que establece tarifas rebajadas en el acceso al Palacio de Liria para aquellas personas nacidas o empadronadas en la capital. A partir de ahora, los visitantes madrileños solo necesitarán presentar el DNI o el certificado de empadronamiento para acreditar una de esas dos condiciones.

El acuerdo, presentado por la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, y el director de la Fundación Casa de Alba, Álvaro Romero Sánchez-Arjona, recoge una tarifa de 15 euros para las visitas entre semana y de 17 euros en fines de semana, tanto al propio recinto como a sus exposiciones. El precio general es de 20 y 22 euros, respectivamente, así que la rebaja en ambos casos es de cinco euros. La concejala ha recalcado que “el Palacio de Liria es uno de los grandes tesoros culturales de Madrid y este acuerdo permite que los madrileños sientan aún más cercano un espacio que forma parte de la historia y la identidad de la ciudad”. La edil tacha el gesto de “simbólico”, al tiempo que según considera “subraya la relación extraordinaria entre este espacio y la ciudad de Madrid”.

La presentación ha tenido lugar en el propio Palacio de Liria en un momento especialmente tenso en el entorno por la acción de la Casa de Alba. En la calle Duque de Liria, a escasos metros de este icónico inmueble y de la Plaza de España, decenas de familias de seis bloques (incluidos arrendatarios de renta antigua) se enfrentan a los intentos de expulsión por parte de la familia nobiliaria, ahora con el duque de Alba Carlos Fitz-James Stuart al frente. En diciembre, la empresa intermediaria Bala Investment comenzó a remitir cartas en las que asegura hablar en nombre de la propiedad y les anuncia el desalojo de las viviendas por necesidades de rehabilitación.

El representante de comunicación de la propiedad, a preguntas de Somos Madrid, confirmó “el inicio de un proceso de no renovación de contratos de alquiler” en los bloques cercanos al Palacio de Liria. “Se han reunido conmigo amigablemente, quieren que nos vayamos por las buenas. Pero nosotros no nos vamos a ir, ni por las buenas ni por las malas”, aseveraba en conversación con este medio una de las inquilinas. “Llevo 53 años aquí y soy la que tiene el contrato más joven”, remataba.

Rivera de la Cruz escurre el bulto: “No tiene nada que ver”

La concejala delegada no ha querido valorar la polémica y se ha limitado a apuntar que trabaja en “acuerdos que tienen que ver con Cultura, sin entrar en otras apreciaciones”. Cree que el proceso de expulsión de las decenas de familias “no tiene nada que ver con que los madrileños puedan entrar en el Palacio de Liria en mejores condiciones de las que lo hacían”.

En los seis bloques afectados vivien diez familias de renta antigua, con contratos firmados antes de 1982 que les otorgan unas garantías especiales. El resto de inquilinos se cuentan por decenas, pero es difícil saber su número exacto. Según datos del Registro de la Propiedad, los seis edificios de la manzana suman 88 viviendas y 10.913 metros cuadrados de suelo residencial.

La mayoría de inquilinos se encuentran en los tres números que tienen acceso desde la calle Manuel, unidos por un patio interior en forma de corrala. Pero hay una pequeña parte que ocupan negocios como una academia de idiomas. Luego está el dúplex que corona una de las esquinas y donde los vecinos aseguran que reside el hijo mayor del duque de Alba, Fernando Fitz-James Stuart y Solís, heredero de estos bienes y al que las mismas fuentes sitúan al frente de esta operación inmobiliaria.

Janick lleva desde 1973 viviendo en la calle Duque de Liria, una pequeña vía situada a escasos metros de la Plaza de España de Madrid. Llegó allí buscando piso de alquiler con su pareja, un español al que había conocido durante otra estancia en nuestro país y con el que decidió establecerse en la capital. Consiguieron su vivienda en una manzana propiedad de la Casa de Alba, que por entonces buscaba inquilinos de confianza, con intención de quedarse allí muchos años.

Medio siglo después, esta parisina que hizo su vida en Madrid sigue residiendo en la misma casa. Y así pensaba que iba a ser hasta el fin de sus días, pero el pasado mes de diciembre su vida dio un vuelco: una empresa intermediaria, Bala Investment, le remitió una carta que también hizo llegar a otros inquilinos de la manzana. En ellas aseguraba hablar en nombre de la propiedad y les anunciaba el desalojo de las viviendas por necesidades de rehabilitación. El caso lo avanzó El País a finales del mes pasado.

Janick es una de las cuatro vecinas de su bloque con contratos de renta antigua. Calcula que, sumando los del resto de edificios de la manzana, su número se eleva a una decena. Son los que más dificultades plantean a la Casa de Alba para el vaciado de los inmuebles, porque sus arrendamientos están especialmente protegidos por una antigua ley que cambió en el año 1982: los acuerdos firmados antes -como es su caso- no se pueden anular por parte de la propiedad y los inquilinos, de momento, se niegan a marcharse.

“Se han reunido conmigo amigablemente, quieren que nos vayamos por las buenas. Pero nosotros no nos vamos a ir, ni por las buenas ni por las malas”, asevera en conversación con Somos Madrid mientras repasa las edades de sus vecinos, todos octogenarios salvo uno, que ya se acerca a la centena. “Llevo 53 años aquí y soy la que tiene el contrato más joven” explica mientras indica que la inquilina más longeva de los pisos nació en el mismo edificio, hace 81 años. Del posible cambio de casa, lo que más le preocupa es su vulnerabilidad: “Por muy bien que estemos, no tenemos la mente tan clara como cuando teníamos 20 años”, imagina sobre una hipotética mudanza a su edad. “No tengo apoyo familiar ninguno, mis hijos viven en Francia”.

¿Cuántos vecinos más hay afectados por las expulsiones que ahora plantea el actual duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart? La Casa de Alba no lo indica, aunque el representante de comunicación de la propiedad, a preguntas de este periódico, sí que confirma “el inicio de un proceso de no renovación de contratos de alquiler” en los bloques cercanos al Palacio de Liria.

Dejando aparte de los de renta antigua, el resto de inquilinos se cuentan por decenas, pero es difícil saber su número exacto. Según datos del Registro de la Propiedad, los seis edificios de la manzana suman 88 viviendas y 10.913 metros cuadrados de suelo residencial. La mayoría de inquilinos se encuentran en los tres números que tienen acceso desde la calle Manuel, unidos por un patio interior en forma de corrala. Pero hay una pequeña parte que ocupan negocios como una academia de idiomas. Y luego está el dúplex que corona una de las esquinas y donde los vecinos aseguran que reside el hijo mayor del duque de Alba, Fernando Fitz-James Stuart y Solís, heredero de estos bienes y al que las mismas fuentes sitúan al frente de esta operación inmobiliaria.

Fernando Fitz-James Stuart está casado con Sofía Palazuelo, prima de la mujer del alcalde de Madrid, Teresa Urquijo. Ambos acudieron como invitados a su boda con José Luis Martínez-Almeida, hace casi dos años. El Ayuntamiento de Madrid es la entidad que debería dar luz verde a un posible cambio de uso en los edificios si -como temen los vecinos- decidiera dedicarlos al alquiler turístico para obtener más ingresos. De momento no hay nada confirmado en este sentido, pero desde hace unos meses está operativo en la ciudad una herramienta que facilita este paso, el Plan Reside, que permite convertir en apartamentos turísticos edificios enteros como los que posee la Casa de Alba.

“El proyecto se centra exclusivamente en esta necesidad de rehabilitación motivada por el estado actual de los edificios. No se ha tomado ninguna decisión sobre el futuro uso o destino final de las propiedades una vez concluidos los trabajos de modernización”, apuntan desde la agencia que ejerce como portavoz de la Casa de Alba. Y enmarcan los trabajos en los inmuebles en una adecuación “a la normativa vigente o la optimización en términos de eficiencia energética y accesibilidad”. De las reformas se encarga el estudio de arquitectura Touza, presente en muchos de los grandes proyectos inmobiliarios de la capital.

La conversión a fines turísticos fue lo que sucedió con otros dos inmuebles de la familia, justo al otro lado del Palacio de Liria. Los edificios, situados en los números 22 y 24 de la calle Princesa, estaban destinados a oficinas, pero fueron vaciados de sus ocupantes por una empresa, Copla City Rentals, relacionada con el hijo del expresidente José María Aznar. Actualmente se encuentran en obras para reabrir como alojamiento para visitantes. La aprobación de este proyecto inmobiliario por parte del Ayuntamiento también estuvo envuelta en polémica por el envío desde Urbanismo de una inspección ordenando el cierre de varias oficinas en medio de la negociación de los inquilinos con el duque para resolver sus contratos.

“Con la duquesa de Alba todo eran facilidades”

“Cuando vine a vivir a Madrid, la Casa de Alba alquilaba sus pisos a personas de confianza”, recuerda Janick sobre su llegada a su actual piso, que consiguieron gracias al aviso de una compañera de trabajo de su marido, cuya tía dejaba el inmueble. “Con la duquesa de Alba todo eran facilidades”, rememora al recordar el trato con los sucesivos administradores de la finca, que trabajaban para Cayetana Fitz-James Stuart. Los califica de “encantadores”. Y para la duquesa solo tiene también palabras de agradecimiento: “Su espíritu a la hora de alquilar era que los inquilinos fueran como una familia, que estuviesen allí toda la vida”, recuerda.

Con ese perfil de residentes a largo plazo que buscaba entonces la Casa de Alba surgieron muchas relaciones entre los propios vecinos: “Yo tengo amistad con los de mi escalera, a los de renta fija los conozco de toda la vida”, explica la inquilina antes de relatar cómo está acostumbrada a hacer la compra en el supermercado de la esquina, a acudir a misa en la cercana parroquia de San Marcos, de cuyo coro forma parte, o a quedar con sus amigas para jugar al bridge los lunes o pasear por el barrio todos los sábados.

Cuenta esta madrileña de adopción que, después del fallecimiento de la duquesa, el trato con la administración se volvió algo más frío, aunque la propiedad siguió cuidando los pisos. “Las ventanas me las pusieron nuevas hace tres años”, comenta Janick a la vez que muestra el perfecto estado del inmueble, con el sistema de cañerías también renovado. “Yo no veo de verdad qué es lo que quieren rehabilitar en esta finca, si hasta el ascensor funciona de maravilla, creo que eso es una excusa”.

El representante de la comunicación de la Casa de Alba, sin embargo, defiende el “compromiso social en la gestión de esta situación” y que el diálogo con los inquilinos está desarrollándose “de forma individualizada, transparente y con plena voluntad de ayuda, adaptando las soluciones a cada casuística particular”. También asegura que se ha puesto “especial atención en considerar y apoyar todas las situaciones familiares, reafirmando en todo caso nuestra disposición a que este proceso de rehabilitación de los edificios se realice con la mayor sensibilidad hacia quienes han residido en ellos”.

Pese a esta voluntad expresada por la propiedad, Janick prepara la defensa de su residencia y prepara junto a su abogado el próximo encuentro con los enviados del duque, confiando en que la operación inmobiliaria que prepara la Casa de Alba pueda revertirse. “¿Cómo nos van a desterrar de nuestro barrio?”, se pregunta. “¿Dónde vamos a encontrar algo en la zona como esto? Un contrato se tiene que respetar”, añade antes de la última pregunta de la entrevista.

— ¿Cómo espera usted que acabe todo esto?

— Yo quiero terminar mis días aquí

El Juzgado de Instrucción número uno de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha acordado prorrogar seis meses más el plazo de instrucción de la investigación de los nueve pozos supuestamente no autorizados de la Casa de Alba en la finca Aljóbar, en el término municipal de Aznalcázar, causa en la que figura como investigado Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, como representante legal de la empresa Eurotécnica Agraria, gestora de los terrenos.

En un auto emitido el pasado 8 de abril y recogido por Europa Press, el juzgado señala que la propia Fiscalía solicitó prorrogar el plazo de la instrucción, así como que “se acordó librar oficio a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a fin de que se informarse de varios aspectos que resultan fundamentales en la causa, al objeto de concretar el daño, ya potencial ya consumado, que esas extracciones no autorizadas habrían causado al medio ambiente, elemento fundamental del tipo delictivo que se investiga y se atribuye al investigado y a aquellas personas que, por mor de lo que resulte de la investigación, pudieran considerarse responsables”.

“Así las cosas, y en tanto no se reciba ese informe técnico (...), no se va acordar por el momento esas diligencias que se interesan por el Ministerio Fiscal en su escrito, dejando indicado que, en ese informe que se pidió de oficio (a la CHG), ya se instaba a la Confederación para que informara de posibles expedientes sancionadores a los responsables de la finca”, señala el juzgado sobre las últimas peticiones de la Fiscalía, antes de decretar la prórroga de la instrucción durante seis meses más.

Además de la ampliación del plazo de instrucción, el Ministerio Público había solicitado que fuesen citados como investigados “los diferentes miembros del consejo de administración” de la empresa Eurotécnica Agraria, así como la propia entidad como persona jurídica.

El último auto del juez que lleva el caso de los pozos ilegales de la finca Aljóbar, una propiedad de la Casa de Alba ubicada en el municipio sevillano de Aznalcázar, no sólo continúa con la instrucción y cita como investigado a Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga, sino que por primera vez establece una conexión con Doñana de estas extracciones sin licencia. De hecho, considera que el “daño sustancial al medio ambiente” provocado por estas captaciones tiene un “impacto colateral en el parque nacional de Doñana y en su avifauna”.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) se apoya para ello en el contundente informe realizado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que calcula en hasta 6.600 millones de litros los recursos que se han extraído ilegalmente, lo que habría producido un daño ambiental cifrado en seis millones de euros. Es más, esta investigación concluye que el impacto provocado puede ser “irreversible”.

Por ello, en el auto se califica por primera vez lo ocurrido, ya que la causa se puso en marcha por una denuncia de la Fiscalía por un delito ambiental y otro por desobediencia. El magistrado señala en este sentido que los hechos investigados “serían constitutivos de un posible delito contra el medio ambiente tipificado en el artículo 325 del Código Penal”, que en el peor de los casos prevé penas de hasta cinco años de cárcel, multa de ocho a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.

Los pozos, según la primera diligencia de la Guardia Civil, estaban ocultos en zonas de difícil localización y tapados con malla verde, lo que dificultaba hasta su detección por satélite. Casi todos tenían más de 30 metros de profundidad, alcanzando uno de ellos los 34,6 metros.

Dos veces en uso sin permiso

La causa se puso en marcha en 2023 tras la denuncia de antiguos trabajadores de esta finca junto a Doñana, que alertaron de la existencia de pozos ilegales en Aljóbar. La hacienda cuenta con licencia para un pozo de riego, pero la Guardia Civil descubrió otros ocho que extraían agua, procediendo a su clausura por orden judicial pese a que la empresa alegó que nunca usó más recursos de los autorizados. Meses después, en mayo de 2024, se levantó esta medida provisional, pero en noviembre fueron cazados de nuevo en pleno funcionamiento, lo que llevó a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG, dependiente del Gobierno central) a cerrarlos de nuevo por vía administrativa.

El juez ahora no sólo avala este paso de la CHG, sino que ordena también el precinto de las captaciones sin permiso, además de la retirada de las bombas y equipos que permiten sacar recursos del acuífero. Y como la empresa que gestiona la finca (Eurotécnica Agraria) ya ha sido pillada dos veces usando estos pozos –la segunda tras una advertencia directa de que no lo hiciera mientras no estuvieran regularizados–, el instructor advierte de que “en caso de quebrantar ese precinto” estarían cometiendo un delito de desobediencia a la autoridad judicial.

El auto apunta que el informe de la Guardia Civil sustenta la denuncia de la Fiscalía –que hasta ahora “no acababa de acreditarse”– y que describe que estas extracciones ilegales “pueden causar un daño sustancial al medio ambiente”. El principal afectado sería el acuífero (Aljarafe Sur), que sólo se nutre de aguas pluviales y retornos de riego “y cuyo descenso piezométrico se produce por los riegos”.

Conexión con Doñana

Pero el magistrado pone el acento en que esta masa de agua está conectada hidráulicamente con la de Almonte-Marismas y con el río Guadiamar, “que a su vez nutren al parque nacional de Doñana”, un paraje “cuyo deterioro en los últimos años es un hecho notorio indiscutible”. Por ello concluye que existen “indicios de daño sustancial al medio ambiente con esas captaciones de agua no autorizadas, con impacto colateral en el parque nacional de Doñana y, en consecuencia, a su avifauna”.

Asimismo, el juez remarca que esta pericial de la Guardia Civil expone que una sobreexplotación de esta masa subterránea puede causar daños ambientales, “como el propio descenso de su nivel piezométrico”. A ello se uniría “un deterioro en la calidad” del acuífero al movilizar aguas del subsuelo, así como un impacto en la compactación del suelo y la salinidad de los recursos.

Por todo ello, se continúa una investigación que tendrá su siguiente hito en la declaración como investigado de Luis Martínez de Irujo, que está citado para el próximo 20 de febrero. El duque de Aliaga sustituye como principal acusado a su tía, Eugenia Martínez de Irujo, que fue inicialmente imputada como presidenta de Eurotécnica Agraria, aunque la defensa alegó –y consiguió– este cambio con el argumento de que, aunque ella aparezca como presidenta de la sociedad, él es el administrador de la misma y el encargado de gestionar su día a día.

A la duquesa de Alba le salía la declaración de la renta a devolver y tenía un entramado fiscal creado para pagar menos impuestos por sus posesiones, según publica la revista Interviu, que ha tenido acceso a un informe de la Agencia Tributaria remitido al juez que investiga las finanzas de Cayetana de Alba, fallecida en el mes de noviembre. La ingeniería fiscal permitió a la aristócrata que su declaración de patrimonio saliera negativa, pese a que estaba valorado en 44 millones de euros.

Los inspectores de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) han investigado las más de 30 cuentas de la duquesa de Alba, así como su patrimonio y negocios después de que la investigación de la trama liderada por Gao Ping revelara resguardos de operaciones ordenadas por Cayetana de Alba desde una cuenta en Suiza. El trabajo de los funcionarios ha aflorado “irregularidades”, según Interviu.

A pesar de ser una de las principales fortunas españolas, la duquesa de Alba pagaba cifras mínimas de impuestos gracias a un complicado entramado fiscal y a la ocultación de parte de sus cuentas, según relata la revista. Cayetana Fitz-James Stuart y Silva estaba dada de alta como rentista, lo que le permitió excluir la mayoría de posesiones en la declaración de patrimonio al entenderse que eran sus instrumentos de trabajo al dedicarse a los alquileres. También utilizó un mecanismo de préstamos entre sus propias sociedades para que finalmente el patrimonio diera cero a efectos fiscales.

En cuanto a las rentas obtenidas por ser rentista tampoco pagó apenas impuestos ya que presentaba gastos por un valor similar al de los ingresos, unos dos millones de euros anuales. Por ejemplo, en 2008 solo obtuvo 40.000 euros como beneficios, según sus declaraciones ante el fisco. El informe de Hacienda llegó al juez tras la muerte de la duquesa, por lo que la investigación y las presuntas irregularidades quedarán en papel mojado.

El fallecimiento de Cayetana Fitz-James Stuart y Silva, Duquesa de Alba, el pasado 20 de noviembre, mantiene todavía candente el debate sobre su herencia porque está en juego dónde se tributaría por un legado que se presume cuantioso -3.000 millones de euros según la revista Forbes- y la Junta de Andalucía considera que correspondería pagar los impuestos en esta comunidad autónoma, porque tenía fijada su residencia en la misma, pese a que domicilio fiscal estuviera en Madrid. ¿Qué supone heredar en una u otra comunidad autónoma? Pues que en Madrid el impuesto sobre donaciones y sucesiones está bonificado en un 99%. De este modo, mientras en Andalucía por esa suma habría que pagar a las arcas públicas más de 1.000 millones de euros, en Madrid serían poco más de 10. 

Desde el Gobierno de Andalucía aseguran que el asunto está en manos de la Agencia Tributaria, que “actuará como en cualquier otro caso para que se haga como corresponde”. Confían en que finalmente tribute en esta comunidad autónoma porque es donde entienden que residía la Duquesa de Alba. De hecho, que tuviera el domicilio fiscal en Madrid no es la clave, por tributaría donde residiera. Pero sí podría demostrar la familia que ella vivía en Madrid más de seis meses al año, y por tanto se ahorraría los elevados impuestos que supone una herencia tan cuantiosa en Andalucía. 

En este contexto, el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Málaga (UMA) Juan José Hinojosa explica que “lo importante no es el domicilio fiscal, sino la residencia”. Es una cuestión de prueba. “Hay otra variante, la vivienda habitual, porque el criterio es la permanencia, no el domicilio fiscal. Y después hay otros criterios para los inmuebles y las actividades económicas. Sólo en último lugar, subsidiariamente, entra en juego el criterio de la declaración por el IRPF más reciente”, agrega.

El hecho de que se crea que la herencia no es tan cuantiosa porque gran parte lo donó en vida a sus hijos -en principio a raíz de su matrimonio con Alfonso Díez- también hay que tenerlo en cuenta. “Si la herencia estuviera sujeta en Andalucía, las donaciones (si es que fueron tales) se acumularían a la herencia, descontado lo pagado por ellas”, remarca. Pero sospecha que se abonaron en otra comunidad autónoma porque en las donaciones “se paga donde reside el donatario, no el donante”. Pero de todas maneras, aclara que “eso es irrelevante para la circunstancia de la acumulación”, en palabras del también decano de la Facultad de Derecho de la UMA.

El caso es que todavía no hay una información clara sobre qué deja y a quién. De hecho, el Juzgado de Primera Instancia número 81 de Madrid está tratando de localizar a los cinco testigos de la entrega de un sobre lacrado que la Duquesa de Alba hizo a un notario en 1973, en cuyo contenido habría un testamento, según han informado a la agencia Europa Press fuentes jurídicas. Tras su fallecimiento, la notaría se puso en contacto con el decano de los jueces de Madrid, Antonio Viejo, para realizar la entrega del testamento en aras a proceder a su apertura, conforme marca la ley.

Fuentes jurídicas han explicado que la Duquesa de Alba elaboró este testamento un año después de la muerte de Luis Martínez de Irujo, el padre de sus seis hijos. Para la entrega del sobre lacrado, la notaría contó con cinco testigos. “Los testamentos lacrados son absolutamente legales, pero poco comunes en España. En Madrid, se han dado tres o cuatro casos”, han destacado las mismas fuentes consultadas.

Pasos previstos

Los pasos a seguir ahora serán, primero, localizar a los testigos y, segundo, proceder a la apertura del documento para la lectura del testamento. Recientemente, según Europa Press, el juez ha ordenado localizar a esas cinco personas que firmaron el acta notarial, de las que más de una habrían fallecido. Respecto a estos últimos, se realizará una pericial caligráfica para cotejar sus firmas. Una vez que se localicen a los testigos, el siguiente paso será celebrar un acto judicial no público para proceder a la apertura del testamento, una audiencia a la que podrán asistir los hijos o sus representantes legales.

El juzgado ya se ha puesto en contacto con los hijos. De todas maneras, es previsible que este documento quede revocado por los posteriores testamentos que realizó la duquesa. De hecho, el documento tendría únicamente un valor histórico, salvo que figuraran en el mismo nuevos bienes que no estén reflejados en el último testamento que hubiera firmado.

Señalaba Benjamin Franklin en una conocida cita que “en este mundo, no hay nada más cierto que la muerte y los impuestos”. Sin embargo, nada ilustra mejor el calamitoso estado de lo que queda de nuestro sistema fiscal que el impuesto que se cobra cuando alguien muere, el impuesto de sucesiones. Sobre el papel, los impuestos de sucesiones en España pueden ser muy gravosos, incluso prácticamente confiscatorios. El tipo puede llegar al 81,6%. No ha leído mal, son varios impuestos, no uno, y el tipo puede superar el 80%.

En España, como expongo en mi libro ¿Hacienda somos todos? (Debate), teníamos hasta hace muy poco 20 impuestos distintos de sucesiones y donaciones: quince en las Comunidades Autónomas de régimen común, otro más en Navarra, uno en cada territorio histórico vasco, y el peor de todos, el estatal que se aplicaba a los no residentes.

¿Por qué era el peor? Porque todas las CCAA habían aprobado diversas reducciones y bonificaciones sobre la normativa estatal. De hecho las diferencias eran y son brutales: En Navarra el tipo general es del 0,8% y en Madrid hay una bonificación del 99% en las herencias entre padres e hijos. Eso significa que hay diferencias entre CCAA de 100 a 1. Con este panorama, como algunos habíamos avisado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea terminó condenando a España por discriminar a los no residentes.

La solución que ya se ha publicado en el BOE el pasado viernes día 28, dentro de la reforma fiscal, consiste básicamente en que los no residentes puedan optar por tributar conforme al régimen de una Comunidad Autónoma con la que tengan conexión. Antes de esta reforma, yo consideraba que estos 20 impuestos sin mínimo y sin armonización eran 20 formas distintas de equivocarse. Después de esta reforma “en profundidad”, hemos pasado a 19 impuestos. Habrá que ver cuánto tiempo habrá que esperar para recobrar un mínimo de racionalidad en este ámbito de la fiscalidad.

Todo esto se ha vuelto a poner de actualidad con el fallecimiento de la duquesa de Alba. Estamos hablando de un linaje legendario, que se remonta al Gran Duque de Alba del siglo XVI: extraordinario militar y una figura mítica: todavía hay madres en los Países Bajos que amenazan a los niños que se portan con mal con que va a venir el duque de Alba…

Sorprendentemente parte de este patrimonio ha llegado a sus herederos en el siglo XXI. Esto no sólo habla de escasa igualdad en la distribución de la renta; sino también de que la desigualdad ha ido favoreciendo siempre a algunos: estamos hablando de la transmisión del poder económico y político por la herencia. La tesis de Thomas Piketty en su conocida obra El capital en el siglo XXI es que esta concentración de riqueza es una amenaza al capitalismo; y que sólo se puede combatir mediante impuestos sobre la fortuna.

Aunque, evidentemente todo esto tiene una carga política e ideológica muy importante, en esta cuestión el impuesto de sucesiones juega un papel clave. De hecho, la reducción de la desigualdad en Occidente durante los años 40 a 70 del siglo pasado también tiene algo que ver con los elevados impuestos de sucesiones; y no sólo con la necesidad de reponer el stock de capital destruido en la Segunda Guerra Mundial. Desde luego, el grado adecuado de impuestos sobre las herencias sigue siendo una cuestión polémica en la economía y también en la política.

En España, en cualquier caso, estamos muy lejos de poder plantearnos un impuesto de sucesiones no ya que reduzca las desigualdades, sino que tenga una recaudación relevante. No sólo por la cuestión territorial que antes hemos comentado, sino por el tema de los beneficios fiscales: por ejemplo, los bienes del patrimonio histórico están exentos. Esto supone que la herencia de algunos palacios, obras de arte… nunca pagará impuestos en su transmisión. Esto puede parecer exótico, pero tiene su coste recaudatorio, por ejemplo en las herencias de las casas nobiliarias. Esto parece haber ocurrido en el caso de la duquesa de Alba: el sindicato de técnicos Gestha afirma que el 90% de la herencia está exenta por este motivo. Aunque no es descabellado pensar que el patrimonio de una casa nobiliaria tenga un porcentaje importante de bienes exentos, un 90% parece exagerado; y nunca he conseguido saber de dónde proceden buena parte de los datos que maneja el sindicato Gestha.

Hay otra cuestión más relevante: la reducción del 95% en la adquisición por herencia de empresas familiares. Hoy en día, los patrimonios más grandes son obviamente los patrimonios empresariales; si estos patrimonios no se gravan, lógicamente toda la recaudación recaerá en las clases medias.

En este caos fiscal, es previsible que en el caso de la duquesa, como en tantos otros, asistamos ahora a la pelea de dos administraciones autonómicas por el impuesto de sucesiones, Andalucía y Madrid. O más bien, probablemente, entre una Comunidad Autónoma que quiere cobrar, Andalucía, y los herederos, ya que la Comunidad de Madrid ha desfiscalizado el impuesto al 99%. Bien, cuando todas las Comunidades Autónomas se quejan de que el sistema de financiación es insuficiente, alguien debería plantearse cómo no lo va a ser, si hay renuncias de este calibre para cobrar impuestos. Porque si esto es así, los titulares de los grandes patrimonios se instalarán donde no tengan que pagar impuestos patrimoniales, es decir patrimonio y sucesiones. Esto no sólo es injusto, sino también ineficiente económicamente.

Si queremos servicios públicos del siglo XXI, necesitamos una fiscalidad moderna. Un impuesto de sucesiones que apenas recauda, que tiene diferencias brutales entre territorios, y en el que los grandes patrimonios apenas contribuyen no es un impuesto moderno, sino más bien medieval y caótico. Como en tantas otras cosas, urge una reforma, porque a día de hoy en España, las muertes son ciertas, lo que es imposible de arreglar, pero algunos impuestos, no.

En los próximos años podremos conmemorar el mes de noviembre como el de la muerte de Cayetana de Alba (1926-2014), o bien, con la misma capacidad mediática, como el mes en el que las mujeres españolas ejercitamos nuestro derecho al voto. Fue un 19 de noviembre de 1933, gracias a la aprobación del sufragio universal hace ahora 77 años, que quedó recogido en el artículo 36 de la Constitución de 1931. Su inclusión no estuvo exento de debate: para Victoria Kent (1889-1987) y debido a la influencia que la Iglesia ejercía sobre la mujer, su incorporación al texto sería negativa, en oposición a las tesis defendidas por Clara Campoamor (1888-1972), que propugnaba que la libertad se aprende ejerciéndola.

Mientras en el Parlamento se discutía si la mujer estaba o no capacitada para ejercer su derecho al voto, nuestra Cayetana acababa de ser inmortalizada junto a su aristocrático poni por Ignacio Zuloaga. En un guión utópico del devenir histórico, estos debates parlamentarios debían inaugurar un esperanzador horizonte en las conquistas sociales de la mujer. La duquesa, como miles de niñas de su época, tenían ante sí un nuevo escenario que debía multiplicar las posibilidades de desarrollo social, laboral y personal de las nuevas generaciones de mujeres.

Cayetana fue representante de la más rancia aristocracia hispánica, y según leemos a fecha de su muerte, su vida encarnó el paradigma de mujer moderna, rebelde y adelantada a su tiempo. Conceptos que a vuela pluma nos sorprenden sobremanera.

La Guerra Civil y el comienzo de la dictadura impusieron un nuevo orden social, donde fueron eliminados además del sufragio universal, el acceso de las mujeres casadas al mundo laboral, la prohibición del trabajo nocturno de la mujer y la regulación del trabajo a domicilio. En resumidas cuentas, se relegaba a la mujer exclusivamente al ámbito del hogar, y se imponía el toque de queda nacional-católico en los cuerpos y las almas de las mujeres desde los Pirineos para abajo.

En este contexto Cayetana, con 21 años, contraía matrimonio previa autorización paterna, como el resto de mujeres que abandonaban el hogar familiar, debido al restablecido Código Civil de 1889, en el que la potestad pasaba del padre al marido hasta los 25 años. Así, el 12 de Octubre de 1947 (Día de la Raza), mientras la miseria era el menú diario de millones de españoles, tuvo lugar en Sevilla el católico enlace entre La Duquesa y Luis Martínez de Irujo y Artázcoz, de la casa ducal de Sotomayor, de la que se hizo eco la prensa internacional debido a la pomposidad del evento.

Casi dos mil invitados, langostas parisinas y langostinos fueron testigos de lo que a los ojos de un españolito del siglo XXI, y que haya leído los epitafios a su muerte, se pregunte qué versión del 'Photoshop histórico' han utilizado los medios, hasta insinuar que lo que aconteció en Sevilla ese otoño de 1947 fue el ácrata enlace entre Rosa Luxemburgo y Nicolás Kropotkin.

Siendo respetuosos con la historia de los derechos sociales, la visibilidad de los valores de la mujer moderna adelantada a su época no residirían en España sino en el exilio, donde por ejemplo, entre otras, Victoria kent y Clara Campoamor, exponentes de la lucha por la igualdad, continuarían con sus trayectorias profesionales.

A pesar de la insistencia por parte de la prensa burguesa en denominar a la Duquesa como el paradigma de la modernidad, fue solo el ejemplo de la mujer católica, madre y abnegada esposa que se impuso a lo largo de la dictadura, que con inspiración falangista sirvió de modelo tutelar del resto españolas.

Las loas al personaje que hemos presenciado estos días, en resumidas cuentas, nacen de las cavernas morales de esa España caduca, que pretende confundir con piruetas eufemísticas la modernidad y rebeldía de una Grande de España, con las luchas centenarias de miles de mujeres por alcanzar la igualdad de derechos en este país.

El día después del fallecimiento de la Duquesa de Alba, y coincidiendo con la ceremonia del funeral, Sociack ha elaborado un estudio de la opinión que los usuarios han volcado en la red social Twitter sobre la aristócrata, su fallecimiento y su legado. Aunque la mayor parte de las publicaciones recogidas son de carácter informativo (fallecimiento, funeral, capilla ardiente o momentos más representativos de su vida), razón por la cual predomina el sentimiento neutro, destaca un alto porcentaje de sentimiento negativo.

Pese a ser la persona con mayor número de títulos nobiliarios y 14 veces Grande de España, ha sido conocida por sus excentricidades y su “rebeldía”. Grande en la aristocracia y la prensa rosa, la Duquesa de Alba era una noble a la que numerosas personas apoyaban. Amante del folclore andaluz, la cultura, la historia y comprometida con la conservación del patrimonio artístico, la Duquesa de Alba no ha sido destacada en las redes sociales el día de su funeral precisamente por estas cualidades.

Este sentimiento detractor viene dado sobre todo por las publicaciones de usuarios indignados con el comportamiento de la sociedad que llora la muerte de una aristócrata, que han calificado de latifundista, terrateniente y que percibía la mayor parte de las subvenciones de la Unión Europea, que no favoreció la vida de los jornaleros que trabajaban en sus tierras y que tampoco se preocupó excesivamente por ayudar a los menos favorecidos. También ha sido criticado la gestión de su patrimonio, del que se ha dicho que no declaraba los impuestos de cerca del 90%.

Este sentimiento negativo, según el informe de Sociack, también se apoya en las publicaciones que indican que tanto en la televisión pública como en algunas cadenas privadas como Antena3 o Telecinco se le ha dedicado mucho tiempo y en los medios impresos ha acaparado mucha atención.

El sentimiento positivo se desprende de algunas publicaciones de usuarios que manifestaban aprecio por la Duquesa de Alba que vivió su vida sin hacer daño a nadie, pero haciendo lo que siempre quiso y que 'se puso el mundo por montera'.

Más de 27.000 tweets

El día 20 de noviembre y antes de su entierro (18.00h), en las redes sociales se han recogido los siguientes datos:

• 27.216 tweets

• 18.785 usuarios

• 125.053.700 impresiones

La mayor parte de las publicaciones se reparten entre retweets y publicaciones originales. Se ha generado poca conversación entre los usuarios que han participado hablando sobre la Duquesa de Alba. Cerca del 54% de las publicaciones son retweets, es decir, gran parte de los tweets publicados han generado “simpatía” con la comunidad y han sido compartidos. Gran parte de la comunidad se ha sentido identificada con lo que se decía y han compartido las publicaciones de otros usuarios.

Una parte de la comunidad de usuarios que han comentado sobre la Duquesa de Alba se indignaban ante el comportamiento de muchos por el hecho de visitar la capilla ardiente de una aristócrata que no ha favorecido el cambio social, calificando el hecho de que hayan visitado su capilla ardiente como un acto de inclinación y subordinación. Tachaban esta visita de cotilleo y como un acto que se podría celebrar en la Edad Media con cualquier otro aristócrata.

Su viudo, Alfonso Díez ha sido objetivo de bromas, críticas y también de condolencias. Cuando iba a casarse con la Duquesa de Alba, se le relacionó con un “braguetazo” y la Duquesa zanjó el tema repartiendo su patrimonio entre sus 6 hijos antes de la boda y firmando con Alfonso un contrato prenupcial donde renunciaba a títulos, honores y patrimonio por casarse con ella.

¿Qué impide vivir como le dé la gana a una persona con un patrimonio de unos 2.500 millones de euros? Alguien que ha vivido bajo un manto de privilegios desde su infancia. Alguien que formó parte de la élite social durante una dictadura. Alguien a quien el folclore popular en algunas zonas del país le profesa un amor sincero y absurdo. Hasta un monje budista educado en el más estricto ascetismo dejaría de ser persona para convertirse en personaje.

Y sin embargo, lo que hemos visto con el fallecimiento a avanzada edad de la duquesa de Alba ha sido la competición habitual en este país por corresponderle con elogios empalagosos y frívolos tanto desde sectores conservadores para los que una aristócrata perteneciente a una familia con raíces en la historia de este país es un símbolo positivo por definición como desde personas que dicen ser de izquierdas, impresionadas aún por el hecho de que las élites no tuvieran problemas en acogerles con los brazos abiertos en los años 80. Una cosa que está a medias entre el síndrome de Estocolmo y unas convicciones que hace años se convirtieron en simple pose.

De ahí esos titulares en los que se ha homenajeado a la “duquesa rebelde” sin que quede muy claro contra qué se rebeló durante el franquismo, como no sea la moral sexual de la época, y tampoco creo que sea necesario especular sobre este último punto. En su intento por seguir hundiendo el prestigio que le pueda quedar, Alfonso Guerra, cuyo izquierdismo en el Gobierno ya quedó desnudado por un libro de Jorge Semprún, se ha unido a la lista de cortesanos armados de los tópicos de rigor. Y es difícil superar en ese campo al que fue alcalde de Sevilla durante doce años, Alfredo Sánchez Monteseirín, en un artículo en el que los elogios se atropellan para revelar lo que sucedió entonces: los socialistas llegaron al poder en Sevilla y se aseguraron de respetar los derechos adquiridos por personajes como la aristócrata. Porque fueron los socialistas los que premiaron con el distintivo de “hija predilecta de Andalucía” a la mayor latifundista de la comunidad autónoma. Pero en algún momento alguien decidió que los latifundios y sus terratenientes son un factor de progreso y cohesión social, y los que no lo reconocen son unos envidiosos.

Quizá todo sea otro daño colateral de la Transición. El olvido exigía no pensar en la primera boda de Cayetana en 1948, que se ganó, con justicia o sin ella, la etiqueta de la boda más cara del mundo. En un momento en que incluso hasta los vencedores de la Guerra Civil pasaban hambre (imaginemos a los perdedores), se celebró lo que se llamó la última boda feudal de España. 2.500 invitados, un coste de 20 millones de pesetas de entonces (que en 1998 la revista ¡Hola! tradujo a 500 millones en dinero de ese año), decenas de miles de personas en las calles y una luna de miel que duró seis meses por Europa, México, EEUU y Cuba.

La duquesa se convirtió en un personaje de la jet-set internacional y su fortuna le permitió gozar de todos los privilegios imaginables, por más que la fe monárquica de la familia la mantenía a distancia esos años de la retórica fascista y militarista del régimen. Ninguna de sus propiedades sufrió mermas, antes al contrario, y su patrimonio gozó de la protección que el franquismo ofrecía a todos los que se contaban en esa clase social, lo que incluía la explotación de los trabajadores y la persecución de los que defendían sus derechos.

Era otra época y no conviene volarse la cabeza con resentimientos procedentes de cuando aún no habíamos nacido, dirá mucha gente. ¿Y ahora? ¿Qué convierte a una aristócrata en un modelo de imitación y elogio sociales que hace que los medios de comunicación compitan en darle una cobertura masiva en la actual situación económica del país? Su patrimonio está protegido por normas fiscales que permiten que el 90% esté exento del pago de impuestos. El hecho de que la mayoría de sus principales herederos residan en Madrid supone que no tendrán que pagar casi nada por el impuesto de sucesiones (por cortesía de Esperanza Aguirre e Ignacio González), una institución aparentemente marxista que también existe en EEUU para los multimillonarios. Sus privilegios seguirán siendo los de sus familiares, que ahora han convertido la marca familiar en comercial para continuar llenando los bolsillos. Es una historia de dinero y las páginas de la prensa presuntamente seria mutada en prensa del corazón son sólo el teatro de guiñoles para distraer a la plebe.

En el colmo de la ironía, el fallecimiento de la Grande de España (sic) ha coincidido con la publicación en España del libro del economista francés Piketty, pero eso sólo es un guiño para los más leídos. Es más sangrante saber que ese mismo día en que los medios celebran a la aristócrata que todo lo consiguió por ser hija de su padre, se recordaba, por ser el Día Internacional del Niño, que 2,8 millones de menores viven en España en riesgo de pobreza y exclusión social. Haber nacido con más suerte.

Quizá todo se reduzca al mal endémico de esta sociedad, que va más allá del intento de vender periódicos o ganar puntos de share en la televisión. Al igual que en el caso de la muerte de Botín, los grandes medios y la España oficial optan una y otra vez por la genuflexión en vez de la reflexión. Quiten a esos niños hambrientos de la foto y hagan sitio a la “rebelde”. Celebremos el banquete con las más altas autoridades del Estado y que se peleen los demás por las sobras. Igual que ocurrió en la boda de 1948.

Cayetena Fitz-James Stuart era la tercera terrateniente del país, por detrás solo de Samuel Flores y Juan Abelló. Sus propiedades incluyen 34.000 hectáreas dedicadas a la agricultura y la ganadería repartidas por diferentes puntos de España. Pero el grueso se concentra Andalucía, donde la Casa de Alba posee, sólo en las provincias de Córdoba y Sevilla, once fincas gestionadas desde empresas familiares dedicadas a la agricultura y la ganadería. Un patrimonio de ese porte requiere mano de obra para trabajarlo.

Sin embargo, la gestión de sus explotaciones, el escaso volumen de contratación para las tareas agrarias y la elección de variedades de cultivo que requieren poca mano de obra han sido caballo de batallas de uno de los sindicatos con el que la confrontación de la Casa de Alba ha sido más intensa: el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), antiguo Sindicato de Obreros del Campo (SOC). Sus representantes denunciaron ante la Fiscalía presuntas irregularidades en la contratación de jornaleros en las fincas de la aristócrata y, por estas circunstancias, llegaron a pedir que se le retirase la medalla de oro de Andalucía. medalla de oro de Andalucía. Incluso ocuparon dos de esas fincas en tres ocasiones: Buenavista (Córdoba), que se corresponde con gran parte del término municipal de El Carpio, y Las Arroyuelas (Sevilla). En esta finca, la última ocupación forzó la disculpa del hijo menor de la duquesa –Cayetano Martínez de Irujo- quien acusó a los temporeros andaluces de no querer trabajar ni mejorar sus condiciones laborales.

El sindicato invitó a Martínez de Irujo a viajar a Marinaleda para mostrarle el empleo que es posible generar con una gestión centrada en objetivos sociales. “Planteamos que 1.200 hectáreas daban más empleo que las 34.000 de la Casa de Alba”, detalla Cañamero a eldiario andalucia, porque en 2010 generaron 60.000 jornales, una proporción próxima a la que estiman en las tierras ducales, en las que calculan que no se producen más de dos jornales por hectárea de cultivo.

Cañamero acusa a los Alba de buscar, “como todos los terratenientes, el dinero fácil”. El líder sindical anticipa, a todas sus respuestas, el pésame a la familia porque “sentimos mucho la muerte de cualquier persona”. Separa esta circunstancia de las críticas a un modelo agrícola que no contempla la inversión en el territorio que explota más allá del mantenimiento de la actividad.

UGT: “l aobservación de los convenios colectivos es buena”

Pedro Marcos, secretario general de la federación agroalimentaria de UGT-A, como contrapeso a las valoraciones del SAT, apunta que, según su negociación en fincas grandes como la mencionada de Buenavista, la observancia de los convenios colectivos con el sector es buena. Marcos, en cualquiera caso, califica dicha relación como “paternalista, muy antigua, como en los años 40, como si los trabajadores le debieran algo por el hecho de darles un trabajo”. En Buenavista, que casi ocupa el término municipal de El Carpio (Córdoba), ejemplifica de nuevo, es la principal empresa o se trabaja allí o casi que no se trabaja.

La Casa de Alba no deja de ser un exponente de latifundio. Un sistema que también ha recibido sus críticas desde las organizaciones agrarias que defienden modelos de corte más social y con la propiedad más repartida. La Casa de Alba es uno de los principales perceptores de ayudas europeas. Hasta 2010, cuando el Tribunal de Luxemburgo impidió por sentencia que estos datos fueran públicos, se estiman unos ingresos tres millones de euros anuales en subvenciones agrarias de la Unión Europea sólo por la producción de sus propiedades en Andalucía.

La PAC ¿la penalización de los pequeños?

La PAC ¿la penalización de los pequeños?

COAG entiende que esa cifra no habrá variado en exceso, puesto que la reforma de la PAC no ha establecido mecanismos que limiten las subvenciones que reciben los grandes propietarios. En esta línea, tanto esta organización como la UPA estaban de acuerdo en que los agricultores no percibieran más de 300.000 euros en ayudas, pero en la negociación final ese límite destinado a terminar con los “agricultores de sofá” ha desaparecido.

Juan Luis Ávila, portavoz de COAG-Jaén, rechaza la apuesta, desde lo público por un modelo grandes explotaciones que tienen capacidad económica por sus dimensiones mientras “dejan de lado otras explotaciones que están en situación deficitaria”. De hecho los agricultores que percibían ayudas inferiores a 300 euros -solo en la provincia de Jaén, 28.000 propietarios-, dejarán de percibir subvención y con ello, en muchos casos, un complemento de renta. Para Ávila no es tanto el momento de criticar a la Casa de Alba como de señalar la necesidad de un modelo de reparto de la PAC “más justo y sensato”.

En esa misma línea, el SAT reprocha que desde el gobierno no se haya exigido a las empresas de la familia Alba que los fondos de la UE redunden en el territorio que se las proporciona. Una exigencia que Cañamero extiende al conjunto de grandes propietarios españoles ya que apenas 1,5% de los titulares de explotaciones agrarias en España, entre ellos los Alba, acaparan la cuarta parte de las ayudas procedentes de la UE.

Cayetana Fitz-James tardó en soltar las riendas de la Casa de Alba. No fue hasta sus 85 años, en 2011, que repartió en vida su herencia entre sus seis hijos antes de casarse con el que fue su último y tercer marido, Alfonso Díez. Y al hacerlo cedió el control sobre su inmenso patrimonio.

Lejos de separar sus intereses, dos años después los hijos optaron por unirse en torno a una nueva marca comercial, Casa D Alba, para modernizar el negocio familiar. Lo que hace apenas unas décadas sonaba impensable, un Grande de España ejerciendo de comercial, fue adoptado por la siguente generación de los Alba en 2013, como su apuesta de futuro para el nuevo siglo. Eso sí -que siguen siendo los Alba- de productos gourmet.

La marca se gestiona a través de la Fundación Casa de Alba, y se centra, hasta ahora, en cuatro productos, carne, naranjas, aceite y galletas. Todos ellos en un intento de rentabilizar sus fincas agropecuarias. “Somos ricos en patrimonio, pero nos falta liquidez”, le decía hace apenas un año al diario Expansión el quinto hijo de la duquesa, Cayetano Martínez de Irujo para explicar el porqué de la nueva marca.

La carne procede de 1.200 caberzas de vacuno y de 5.000 ovejas que pastan en siete fincas de las dehesas salmantinas, las naranjas de la finca sevillana El Aljobar, en Aznalcazar. Y las aceitunas salen de la Hacienda Buenavista, del municipio cordobés El Carpio, desde donde son trasladadas a la almazara que tienen en el también municipio cordobés de Castro del Río, gestionada a traves de la sociedad limitada Alcubilla 2.000. Todos estos productos son vendidos en tiendas gourmet especializadas, y a través del canal 'Horeca' (Hoteles, restaurantes y catering).

Son “las tres principales empresas agrícolas de la familia. Euroexplotaciones Agrarias, Eurotécnica Agraria y Agralsa. En total unas 25.000 hectáreas”, explicaba Cayetano en el diario económico.

Los Alba siguen apostando por ese cambio estratégico, y acaban de añadir las galletas a su marca para sacar provecho de sus grandes extensiones de cereal. A las que seguirán productos ibéricos y una cerveza artesana. Y no sólo eso: intentan rentabilizar ese rico patrimonio inmobiliario con iniciativas como el alquiler del madrileño Palacio de Liria para eventos privados a 50.000 euros la jornada, que incluyen catering en sus jardines.

Muy pocos conocen la verdadera dimensión del patrimonio de la familia de la Casa de Alba de Tormes dentro y fuera de España. Se sabe, por ejemplo, que sus actuales titulares, los Fitz-James Stuart, son dueños de decenas de castillos y palacios, miles de hectáreas agrícolas, propiedades inmobiliarias, mobiliarias, una de las colecciones de arte más importante de España, y una espectacular biblioteca y archivo que conserva algunos de los documentos más importantes de la historia de España, acumulados a lo largo de los ya más de 540 años de historia de la familia.

Entre ellos, el testamento de Fernando el Católico, una de las primeras biblias en castellano (1429), la primera edición del Quijote (1605), o una veintena de documentos autógrafos de Cristóbal Colón. Buena parte de todo ello es gestionado a través de la Fundación Casa de Alba, y su valor, en realidad, es incalculable, ¿En cuánto podría cotizar el primer mapa de América levantado por la propia mano de Colón en una sala de subastas? En cualquier caso, el archivo está tasado en 41 millones de euros, y los 18.000 volúmenes de la biblioteca en más de 20.

La fundación tiene su sede en el Palacio de Liria que, situado junto a la calle de la Princesa de Madrid, fue una de las dos residencias principales de la que fuera XVIII duquesa de Alba de Tormes, Cayetana Fitz-James. La otra, en la que falleció, es el también palacio de Dueñas, situado en la calle del mismo nombre de Sevilla.

Sólo en ese palacio (que ocupa diez hectáreas, y que ya heredó en vida de la duquesa su nieto Fernando, primogénito del a su vez primogénito de la duquesa, Carlos, y por tanto heredero del título nobiliario) la Junta de Andalucía tiene catalogadas más de 1,500 obras de arte en su Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Pero hay más. Destacan el Palacio de Monterrey en Salamanca, que también gestiona la fundación, o, también en la provincia de Salamanca, el castillo de El Tejado, heredado por su hijo Alfonso. La mansión marbellí de Las Cañas fue para su hijo Fernando, y el palacio de Arbaizenea, de San Sebastián, para su hijo Cayetano. Por su parte, su única hija, Eugenia, heredó la mansión ibicenca Sa Aufabaguera. Y también las 600 hectáreas del sevillano Cortijo de la Pizarra, en Gerena.

De hecho, además de mansiones, todos los hijos han heredado fincas rústicas, como el latifundio sevillano de Las Arroyuelas, que fue a parar a Cayetano, o el también latifundio cordobés Hacienda Buena Vista de El Carpio, que fue a parar al primogénito Carlos. También ocho de sus nueve nietos han heredado fincas agrícolas. No el noveno, Fernando, que en cambio heredó el palacio de Dueñas.

Castillos en Galicia, palacios en Salamanca, tierras en Castilla La Mancha, Extremadura y Andalucía, propiedades inmobiliarias repartidas por toda la geografía … Este reparto lo hizo la duquesa de Alba en 2011, antes de casarse con su actual pareja, Alfonso Díez. Buena parte de él lo gestionó a través de empresas, como Inversiones Princesa, Euroexplotaciones Agrarias, Eurotécnica Agraria, Agrotecsa, Agralsa … Pero, el patrimonio que forma parte de la Fundación será gestionado ahora por Carlos, heredero del título y como tal nuevo jefe de la Casa de Alba de Torres. Eso sí, deberá respetar la condición de que no puede vender ninguno de los bienes de la fundación sin el permiso expreso del Ministerio de Cultura. Incluidos las tapices, joyas y pinturas de Giordano, Velázquez, Rubens, Goya …

La fundación no se limita a gestionar palacios, archivos y colecciones de arte. Desde ellas se dirigen también algunas de las fincas más productivas, y se comercializan sus productos ya transformados y elaborados. Bajo el paraguas de la marca Casa D Alba, se comercializan ya tres productos con el marchamo gourmet: carne de vacuno de Salamanca, aceite de oliva de Córdoba y naranjas de Sevilla.

En total, en una entrevista concedida por Cayetano Mártínez de Irujo al diario económico Expansión, el patrimonio familiar de los Alba se “estima en 2.500 millones de euros”.

Queda una propiedad por enumerar, el panteón familiar, que acogerá soló la mitad de los restos de la duquesa, que será incinerada. Construido en 1909 por su padre, Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, es una capilla del Monasterio de la Inmaculada Concepción de Loeches (Madrid). Un Bien de Interés Cultural y parte del Patrimonio Histórico de España, fundado en 1640 por Gaspar de Guzmán y Pimentel, I Conde Duque de Olivares y antepasado de la duquesa. En esa capilla, diseñada a imagen y semejanza de El Escorial, se guardan los restos de once miembros de la familia, incluídos los dos anteriores maridos de la duquesa, Luis Martínez de Irujo y Jesús Aguirre.

La otra mitad de sus cenizas serán custodiadas, por su expreso deseo, en la iglesía de su cofradría sevillana favorita, la de Los Gitanos, que cada Semana Santa hacía estación de penitencia ante la puerta de su palacio. El templo fue levantado de nueva planta, con la financiación de la propia duquesa, sobre los restos de otro derruído.