La del financiero Eduardo Pascual Arxé sería una triste historia. La de un próspero hombre de negocios que hace diez años estaba en la cresta de la ola gracias a su dedicación a empresas y mutuas del sector asegurador y que se comprometió a salvar el banco catalán Eurobank y, para colmo, se ha visto envuelto en el caso de los ERE irregulares de la Junta de Andalucía. Esta es la razón por la que está encarcelado desde el pasado 9 de abril por orden de la jueza Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Según alegó en su último recurso contra el auto de prisión eludible bajo fianza de 300.000 euros dictado por la jueza Alaya, encargada de la investigación del caso de los ERE, la situación económica de Pascual es tan desesperada que no tiene más remedio que permanecer encarcelado porque está en la ruina, especialmente al llevar dos años en paro. Pero el hallazgo de múltiples y exclusivos bienes durante el registro de una caja fuerte oculta en un zulo en el domicilio de Pascual en Barcelona desmonta completamente el relato de su supuesta ruina económica.

La historia sería realmente triste si los distintos jueces que instruyen los procedimientos que se siguen en los tribunales contra Pascual Arxé, hasta tres, no acreditaran que el financiero se ha apoderado de buena parte de la caja de las compañías que ha administrado. Porque el financiero catalán es el principal encausado en dos escándalos económicos más, además del caso de los ERE, que instruye la jueza Alaya.

En la Audiencia Nacional es el principal imputado por el expolio de Eurobank, cuya instrucción está en manos del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz. Y también por la quiebra fraudulenta del grupo de aseguradoras nacido precisamente del hundimiento de la entidad financiera, las mutuas como Fortia o Excel Life, que, aunque dieron origen a Vitalia, la entidad utilizada en el caso de los ERE, está siendo investigado por el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Eloy Velasco.

Fue precisamente el juez Velasco quien en abril, mientras la jueza Alaya ordenaba el ingreso en prisión de Pascual por los ERE, autorizó a los Mossos d’Esquadra a registrar el domicilio del financiero en Barcelona, donde descubrieron la cámara acorazada oculta que atesoraba cheques, cuentas bancarias y obras de arte, además de abundante documentación relativa a los casos judiciales en los que está implicado el oscuro empresario.

Pascual conocía el hallazgo de los Mossos d’Esquadra cuando recurrió la fianza de responsabilidad civil que en septiembre le impuso la jueza Alaya por su participación en el caso de los ERE: 111 millones de euros. En ese recurso, Eduardo Pascual no sólo reitera la penosa situación económica que dice sufrir, sino que asegura que su aseguradora, Vitalia, no es la responsable del cobro de sobrecomisiones de la Junta de Andalucía en la gestión de los ERE falsos. Pascual deriva esa responsabilidad a otras tres compañías relacionadas con Vitalia pero con las que asegura no tener vinculación alguna con el proceso de toma de decisiones.

Tampoco ha respondido Pascual de la responsabilidad civil por la liquidación fraudulenta de Eurobank, cifrada en más de doce millones de euros. El caso del expolio de Eurobank está ya en fase de señalamiento de juicio oral. Cuando la acusación particular en este caso tuvo conocimiento del hallazgo realizado por el juez Velasco en el zulo de Pascual en su domicilio de Barcelona, reaccionó de forma indignada y pidió al juez Ruz que exigiera a su colega del juzgado número 6 testimonio del registro para poder así hacer frente a parte de la responsabilidad de Pascual, así como que se ordenase desde el Juzgado de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional prisión sin fianza contra el financiero catalán.

Y es que entre toda la documentación localizada por los Mossos d’Esquadra en la cámara secreta del domicilio de Pascual había, además de cheques, divisas, documentación relativa a cuentas bancarias y abundantes obras de arte, un abultado volumen de documentación tanto en soporte documental como informático –en forma de diversos pendrives– relativa a la gestión de Pascual en Eurobank y de la que el juez Ruz no ha tenido noticia durante la instrucción de la causa.

Además, la acusación particular del caso Eurobank siempre ha sostenido que Pascual posee abundante patrimonio en el extranjero, que se canalizó en su día a través de las filiales de sus aseguradoras en Bélgica y Luxemburgo y que, si hasta ahora no ha abonado la responsabilidad civil en ninguno de los procedimientos en los que está implicado y ni siquiera ha pagado la fianza de 300.000 euros que le podría permitir abandonar la prisión, es precisamente para no dar pistas a la justicia sobre dónde se halla su dinero.

Aunque Pascual se encuentra ya en prisión, puede abandonarla en cualquier momento si abona los 300.000 euros de fianza que le impuso la jueza Alaya. Por eso la acusación de Eurobank pide al juez Ruz que dicte por su cuenta prisión incondicional contra el financiero para que no pueda abandonar el centro penitenciario aunque reúna la fianza exigida por Alaya, ahora que se ha descubierto buena parte de la documentación que podría permitir a los jueces localizar su patrimonio oculto.

El financiero Eduardo Pascual Arxé, encarcelado desde abril por el caso de los ERE de Andalucía, principal acusado del expolio del banco catalán Eurobank e imputado por crear una falsa red de mutuas fraudulentas, tiene problemas dignos de una película de espías de serie B.

El 5 de abril, días antes de que la jueza de los ERE, Mercedes Alaya, decretara el ingreso en prisión de Pascual, el titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, encargado de la investigación de la red fraudulenta de mutuas, autorizó a los Mossos d’Esquadra a practicar un segundo registro en el domicilio de Pascual en busca de una cámara acorazada oculta que pudiera contener documentación relacionada con el caso que el magistrado investiga.

Y apareció la caja fuerte, y, según fuentes próximas a la investigación, contenía documentación que conectaba los tres grandes casos en los que está involucrado Pascual: los ERE, el expolio de Eurobank y la trama de las mutuas. Pascual había dividido el sótano de su vivienda en el pasaje Permanyer de Barcelona para ocultar una habitación secreta que albergaba precisamente la cámara acorazada con la documentación de los tres casos en los que es la pieza clave.

Resulta difícilmente explicable por qué Pascual ha conservado la documentación que podría acreditar la conexión de los tres escándalos de corrupción y que, sin duda, puede incrementar las penas de prisión que se piden ya para él y las que se le pueden pedir en el futuro en los sumarios que aún están en fase de instrucción. Fuentes de la investigación señalan que parte de esos documentos podrían acreditar el pago o, cuanto menos, la proximidad de Pascual, a personalidades vinculadas a los principales partidos políticos del país.

Porque Eduardo Pascual y su principal colaboradora, María Vaqué –también encarcelada desde el mes de abril por orden de la jueza Mercedes Alaya– están en el centro de los tres escándalos financieros. Sin embargo, cada uno de ellos está siendo instruido por un juzgado distinto. La investigación del caso de los ERE corresponde al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, cuya titular es la jueza Alaya. El escándalo del expolio del banco catalán Eurobank del Mediterráneo, cuya instrucción inició hace nada menos que 10 años el entonces titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, lo ha proseguido su sustituto Pablo Ruz. En este caso, se le atribuye a Pascual haberse apropiado de 12 millones de euros cuando el banco ya estaba intervenido por el Banco de España.

Más de 40 millones de euros

Más de 40 millones de eurosOtros 20 millones de euros han desaparecido de Eurobank durante la liquidación de la entidad, razón por la cual está imputada la liquidadora Rosa María Cornet y su antecesor, Barceló Obregón, actual abogado de Cirsa y que fue quien adquirió parte del patrimonio en liquidación de la entidad financiera a precio irrisorio. Finalmente, Pascual también está en el centro del escándalo por la quiebra fraudulenta de las mutuas Norton Life, Personal Life, Perton Life y Caja Hipotecaria Catalana Mutual, investigado por el titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, a instancia de la Fiscalía de Catalunya. En este caso, el dinero desaparecido supera los ocho millones de euros.

Es decir, que sólo en los dos casos que investiga la Audiencia Nacional se atribuye a Pascual Arxé la desaparición de más de 40 millones de euros. Además, el financiero catalán también está siendo investigado por la Justicia de Andorra, de Luxemburgo y de Bélgica por fraudes similares presuntamente cometidos en la red internacional de las mutuas Excel Internacional, Fortia y Apra Leven.

A pesar de los denodados esfuerzos de la acusación particular del caso Eurobank no ha habido manera de unificar los tres sumarios, pese a que hay notables evidencias que conectan los tres casos. Para apropiarse de los primeros 12 millones de euros, los que desaparecieron de las arcas de Eurobank, Pascual utilizó presuntamente todo un entramado de sociedades, entre las cuales figuraban las mismas mutuas por las que está imputado en el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

Además, las cuatro mutuas se fusionaron posteriormente en la aseguradora y mediadora Vitalia, pieza clave en la elaboración de los expedientes de regulación de empleo falsos que investiga la jueza Alaya. De Vitalia se escindió posteriormente Apra Leven, que también tuvo una participación destacada en el caso que investiga la jueza Alaya.

A pesar de que el registro del domicilio de Pascual ordenado por el juez Velasco y en el que se halló la cámara acorazada se produjo en abril, las partes personadas en el caso no han tenido conocimiento de la diligencia que llevaron a cabo los Mossos d’Esquadra hasta el pasado 6 de septiembre, cuando el magistrado decidió ordenar que se levantara el secreto de las actuaciones.

Acusación particular

Acusación particularEntre la documentación figuraría, según fuentes conocedoras del procedimiento, los papeles que acreditan la propiedad de Pascual de algunas de las empresas que utilizó para el expolio de Eurobank. A la vista de los miembros de los consejos de administración de algunas de esas empresas, Pascual lleva años intentando convertir sus tribulaciones judiciales en una cuestión transversal.

Cuando la jueza Alaya inició la investigación de Vitalia, Eduardo Pascual apenas tardó un par de días en desvincularse públicamente de la compañía y afirmar que sus únicos responsables eran los administradores que le sucedieron tanto en Eurobank como en las mutuas propiedad de la consultora: Fortia Vida, Norton Life, Personal Life, Excell Life y Apra Leven. Esas compañías acababan de asegurar las prestaciones económicas de las personas que habían salido de Mercasevilla a raíz de los expedientes de regulación de empleo aplicados en el mercado de abastos de la capital andaluza.

En sucesivos escritos de la acusación particular de Eurobank, muchos de ellos admitidos por el magistrado Pablo Ruz, se relaciona a Pascual con personalidades de Convergència, como Macià Alavedra, Joan Hortalà o el propio Félix Millet, y con personas del entorno del PP, bien próximas a Mariano Rajoy, como el actual director de La Razón, Francisco Marhuenda, o el portavoz del PP en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, así como su hermano Jesús.

La acusación particular personada en el caso Eurobank ha solicitado al juez Ruz que pida testimonio a su colega Eloy Velasco del contenido hallado por los Mossos d'Esquadra en el registro de la cámara acorazada secreta descubierta en el domicilio de Pascual. No parece que esta vez vaya a tener más fortuna que las anteriores porque el fiscal del caso ha informado en contra con el argumento de que no hay conexión aparente entre los hechos.

La Justicia belga está investigando si el presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, se sirvió del financiero Eduardo Pascual Arxé –encarcelado desde el 23 de marzo por su implicación en el caso de los ERE de Andalucía– para vender el 6,95% de la multinacional gallega, la mitad de su participación, por unos 32 millones de euros a espaldas del resto de accionistas y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La venta de las acciones de Fernández de Sousa ha trascendido después de que el propio presidente de Pescanova hiciera pública la operación y de que el gigante pesquero, que tiene más de 10.000 empleados, se declarara en concurso de acreedores.

Fuentes muy próximas a la Administración de Justicia belga y de la acusación particular en los procedimientos que se siguen contra Pascual Arxé en aquel país aseguran que el financiero mantiene una relación privilegiada con la familia Tesch, una de las 10 principales fortunas de Luxemburgo, que fueron quienes le facilitaron la creación de una aseguradora en el país, algo prácticamente imposible sin un aval como el que respaldaba al financiero catalán.

En 2000, el fondo de inversión de la familia Tesch, Luxempart, creó una aseguradora en Luxemburgo, Le Foyer Key, de la que poseía un 51%. Su socio en aquella aventura no era otro que Eduardo Pascual Arxé. Cuando la compañía fue bendecida por las autoridades financieras de Luxemburgo, los Tesch le vendieron toda su participación en Key a Pascual.

A los reguladores del principado les sorprendió la operación. Cuando pidieron explicaciones a los Tesch, aseguraron que habían creado la aseguradora con la intención de entrar en el mercado español. Pero finalmente descartaron entrar en España y ofrecieron a Pascual que se hiciera con el 100% de la aseguradora Key. Pascual se hizo con todo el capital y le cambió el nombre por Excel Life Internacional.

Asombro en Luxemburgo

Tras la salida de los Tesch del capital de Key, los operadores de los mercados de Luxemburgo no salían de su asombro cuando su fondo, Luxempart, anunció la adquisición del 5,8% del capital de Pescanova. Analistas financieros belgas aseguran que, en aquel momento, atribuyeron la operación a las excentricidades de François Tesch, el responsable de Luxempart, que, afirman, suele tener una razón oculta para justificar sus operaciones.

El presidente de Pescanova se deshizo de los casi dos millones de acciones de la compañía en una veintena de pequeñas operaciones para evitar llamar la atención. Sousa empezó a vender en diciembre de 2012 y realizó la última venta el pasado 27 de febrero, el mismo día que se celebró el consejo de administración previo a la junta general de accionistas al que se presentaron las cuentas de la compañía. Cuentas que los otros dos socios de referencia de Pescanova, el grupo Damm y el Luxempart, se negaron a firmar a la luz de las irregularidades halladas por la auditora BDO. La más llamativa, la desaparición del balance de 50 millones de euros.

Ahora, los investigadores belgas temen que las ventas del paquete de Fernández de Sousa se realizaran en realidad fuera del mercado, a través de Pascual Arxé, a sus antiguos socios de la familia Tesch, que habrían registrado unas pérdidas contables de 20 millones de euros.

Fernández de Sousa aseguró al anunciar que se había desprendido de la mitad de su participación en Pescanova que su objetivo era obtener liquidez para inyectar en la propia compañía. Sin embargo, de los 32 millones de euros que ha obtenido, sólo nueve millones de euros han entrado en la caja de Pescanova. Además aparecen en realidad como un crédito con un tipo de interés que supera el 5% anual.

La presidenta de la CNMV, Elvira Fernández, ya ha anunciado una investigación sobre la venta realizada por Fernández de Sousa. No sólo por no haber comunicado la operación, sino por si el presidente de Pescanova pudiera ser acusado de uso de información privilegiada. Las acciones que vendió por 32 millones de euros valen hoy menos de 12 millones.

Hasta que la titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada del caso de los ERE falsos de la Junta de Andalucía, ordenó su ingreso en prisión, Pascual Arxé se ha podido permitir implicarse en oscuros negocios, a pesar de todos los procedimientos judiciales que tiene abiertos.

Pascual es el principal imputado en el caso Eurobank, un pequeño banco catalán que logró presidir antes de que fuera intervenido por el Banco de España en 2003, y de cuyas arcas expolió, según las acusaciones, más de ocho millones de euros. El titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, dictó la primera semana de noviembre auto de apertura de juicio oral contra Pascual y sus colaboradores, especialmente su mano derecha, María Vaqué, encarcelada como él por orden de la juez Alaya.

Siete años de prisión

La Fiscalía Anticorrupción pide para el financiero una pena de siete años y ocho meses de prisión, una responsabilidad civil de más de ocho millones, además de la devolución de otros cinco millones de euros que cobró del banco en concepto de comisiones.

Además, el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, también investiga la gestión de Eduardo Pascual en su grupo de mutuas y aseguradoras, del que forman parte Excel Life, Vitalia y Apra Leven.

La jueza Alaya encarceló a Pascual porque considera acreditado que dos de las aseguradoras de Pascual, Vitalia y Apra Leven, cobraron 4,5 millones de euros en concepto de comisiones ilegales en relación con la falsificación de Expedientes de Regulación de Empleo que santificaban las aseguradoras como asesoras de la Junta de Andalucía.

Y, finalmente, los tribunales de Bélgica y Luxemburgo también investigan las actividades del financiero. Sospechan que algunas de las operaciones de sus aseguradoras en ambos países responden, en realidad, al blanqueo de dinero procedente de los supuestos delitos cometidos en España, además del vaciado de fondos de algunas de las compañías del grupo que cuentan con socios autóctonos.

Després de sis mesos de baixa, la titular del jutjat d'instrucció número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha tornat al seu lloc amb energies renovades. El passat dimecres 20 de març va donar curs a la petició de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil per detenir a 22 persones en relació amb l'escàndol dels ERO fraudulents de la Junta d'Andalusia.

Tot i que la jutge ha criticat en els seus autos judicials l'actuació de la Junta d'Andalusia, el Govern que presideix el també president del PSOE, José Antonio Griñán, ha lloat la tasca d'Alaya en el seu intent d'evitar que es dilati el procés i que algunes de les proves intervingudes per la Guàrdia Civil el passat dimecres es desvirtuïn.

Però Alaya va anar encara molt més enllà, en judicialitzar la investigació que la Guàrdia Civil va iniciar el 2011 sobre les empreses asseguradores que es van beneficiar dels ERO fraudulents, essencialment Vitalia i el grup d'asseguradores vinculat al desaparegut banc català Eurobank, controlat pel fosc financer Eduardo Pascual Arxé, i la fallida del qual investiga el jutjat d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional ocupat, des que Baltasar Garzón va ser inhabilitat, pel jutge Pablo Ruz. El mateix dissabte 23 Alaya va ordenar l'ingrés a la presó de Pascual i de la seva principal col·laboradora, Maria Vaqué, per rebre comissions dels ERO fraudulents, a través de l'asseguradora Vitalia.

Ruz es troba en les últimes setmanes al centre de la polèmica pel seu enfrontament amb el titular del jutjat número 3 de l'Audiència Nacional, Javier Gómez Bermúdez, que, després d'admetre a tràmit una querella d'IU contra l'extresorer del PP Luis Bárcenas, entre d'altres, es considera competent per investigar el finançament del partit del Govern central. Competència que s'atribueix també Ruz, pel fet de ser l'instructor de l'cas Gürtel.

En la batalla, però, i tot i que és més que evident que el Govern vol que els papers de Bárcenas siguin investigats per Ruz -el mateix president del Govern, Mariano Rajoy, s'ha dirigit al Consell General del Poder Judicial per demanar que el cas quedi en mans del substitut de Garzón-, Alaya ha deixat en evidència el titular del jutjat d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional. Perquè ja al juny de 2012, els accionistes d'Eurobank li van demanar que investigués les activitats de Pascual i de la seva asseguradora Vitalia, que van heretar bona part de les activitats d'Eurobank, amb els més de 13 milions d'euros que, segons l'acusació particular, van espoliar de l'entitat catalana. I l'escrit, en realitat, no era més que un recordatori d'una petició realitzada ja el 2007, sobre la necessitat d'investigar el grup d'empreses d'Eduardo Pascual.

Corrupció transversal

A la vista dels membres dels consells d'administració d'algunes d'aquestes empreses, Pascual fa anys que intenta convertir les seves tribulacions judicials en una qüestió transversal. Quan la jutgessa Alaya va iniciar la investigació de Vitalia, Eduardo Pascual a penes va trigar un parell de dies a desvincular-se públicament de la companyia per afirmar que els seus únics responsables eren els administradors que li van succeir tant a Eurobank com a les mútues propietat de la consultora: Fortia Vida , Norton Life, Personal Life, Excell Life i Apra Leven. Aquestes companyies acabaven per assegurar les prestacions econòmiques de les persones que havien sortit de Mercasevilla arran dels expedients de regulació d'ocupació aplicats al mercat de proveïments de la capital andalusa.

En successius escrits, molts d'ells admesos pel magistrat, es relaciona a Pascual amb personalitats de Convergència, com Macià Alavedra, Joan Hortalà o el mateix Fèlix Millet, i amb persones de l'entorn del PP, bé pròximes a Mariano Rajoy, com l'actual director de La Razón, Francisco Marhuenda, o al portaveu del PP al Congrés, Vicente Martínez-Pujalte, com el seu germà Jesús.

L'operació impulsada per Alaya s'ha saldat, de moment, amb l'ingrés a la presó de set persones. Diverses d'elles no eren cap sorpresa, a la llum de l'informe elaborat pels propis tècnics de la UCO, que xifren els diners desviats de la partida de la Junta d'Andalusia per expedients de regulació d'ocupació en 50 milions d'euros: l'exdirector general de la Junta, Javier Guerrero, que ja havia passat set mesos a la presó per haver autoritzat la sortida dels fons, i l'ex sindicalista d'UGT Joan Llances. Molt més sorprenent ha resultat l'empresonament de Pascual i de la seva mà dreta, Maria Vaqué.

Alaya investiga una presumpta trama de prejubilacions fraudulentes descoberta en nombrosos expedients de regulació d'ocupació (ERO) promoguts per empreses andaluses i finançats amb càrrec a la partida pressupostària 31L dels fons autonòmics. Mitjançant un acord, rubricat entre la Direcció General de Treball i Seguretat Social i l'antic Institut de Foment d'Andalusia (IFA), durant els últims anys, la segona de les institucions hauria lliurat directament prop de 648 milions d'euros per sufragar la reestructuració de empreses en crisi, a càrrec de la partida 31L, fórmula aliena a la Llei autonòmica d'Hisenda Pública en prescindir suposadament de la fiscalització administrativa, sempre segons la investigació.

Gràcies a aquests fons, de qualsevol manera, hauria estat finançada la presumpta prejubilació fraudulenta d'unes 72 persones, a més d'ajudes directes a empreses relacionades amb dirigents públics o membres del PSOE.

Tras seis meses de baja, la titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha regresado a su puesto con energías renovadas. El pasado miércoles 20 de marzo dio curso a la petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para detener a 22 personas en relación con el escándalo de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía.

A pesar de que la jueza ha afeado en sus autos judiciales la actuación de la Junta de Andalucía, el Gobierno que preside el también presidente del PSOE, José Antonio Griñán, ha alabado la labor de Alaya en su intento de evitar que se dilate el proceso y que algunas de las pruebas intervenidas por la Guardia Civil el pasado miércoles se desvirtúen.

Pero Alaya fue aún mucho más lejos, al judicializar la investigación que la Guardia Civil inició en 2011 sobre las empresas aseguradoras que se beneficiaron de los ERE fraudulentos, esencialmente Vitalia y el grupo de aseguradoras vinculado al desaparecido banco catalán Eurobank, controlado por el oscuro financiero Eduardo Pascual Arxé, y cuya quiebra investiga el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ocupado, desde que Baltasar Garzón fuera inhabilitado, por el juez Pablo Ruz. El mismo sábado 23 Alaya ordenó el ingreso en prisión de Pascual y de su principal colaboradora, María Vaqué, por recibir comisiones de los ERE fraudulentos, a través de la aseguradora Vitalia.

Ruz se encuentra en las últimas semanas en el centro de la polémica por su enfrentamiento con el titular del juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, que, tras admitir a trámite una querella de IU contra el extesorero del PP Luis Bárcenas, entre otros, se considera competente para investigar la financiación del partido del Gobierno. Competencia que se atribuye también Ruz, por el hecho de ser el instructor de l caso Gürtel.

En la batalla, sin embargo, y a pesar de que es más que evidente que el Gobierno quiere que los papeles de Bárcenas sean investigados por Ruz –el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha dirigido al Consejo General del Poder Judicial para pedir que el caso quede en manos del sustituto de Garzón–, Alaya ha dejado en evidencia al titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Porque ya en junio de 2012, los accionistas de Eurobank le pidieron que investigara las actividades de Pascual y de su aseguradora Vitalia, que heredaron buena parte de las actividades de Eurobank, con los más de 13 millones de euros que, según la acusación particular, expoliaron de la entidad catalana. Y el escrito, en realidad, no era más que un recordatorio de una petición realizada ya en 2007, sobre la necesidad de investigar el grupo de empresas de Eduardo Pascual.

Corrupción transversal

A la vista de los miembros de los consejos de administración de algunas de esas empresas, Pascual lleva años intentando convertir sus tribulaciones judiciales en una cuestión transversal. Cuando la jueza Alaya inició la investigación de Vitalia, Eduardo Pascual apenas tardó un par de días en desvincularse públicamente de la compañía para afirmar que sus únicos responsables eran los administradores que le sucedieron tanto en Eurobank como en las mutuas propiedad de la consultora: Fortia Vida, Norton Life, Personal Life, Excell Life y Apra Leven. Esas compañías acababan por asegurar las prestaciones económicas de las personas que habían salido de Mercasevilla a raíz de los expedientes de regulación de empleo aplicados en el mercado de abastos de la capital andaluza.

En sucesivos escritos, muchos de ellos admitidos por el magistrado, se relaciona a Pascual con personalidades de Convergència, como Macià Alavedra, Joan Hortalà o el propio Félix Millet, y con personas del entorno del PP, bien próximas a Mariano Rajoy, como el actual director de La Razón, Francisco Marhuenda, o al portavoz del PP en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, como su hermano Jesús.

La operación impulsada por Alaya se ha saldado, de momento, con el ingreso en prisión de siete personas. Varias de ellas no eran sorpresa alguna, a la luz del informe elaborado por los propios técnicos de la UCO, que cifran el dinero desviado de la partida de la Junta de Andalucía para expedientes de regulación de empleo en 50 millones de euros: el exdirector general de la Junta, Javier Guerrero, que ya había pasado siete meses en prisión por haber autorizado la salida de los fondos, y el ex sindicalista de UGT Juan Lanzas. Mucho más sorprendente ha resultado el encarcelamiento de Pascual y de su mano derecha, María Vaqué.

Alaya investiga una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Mediante un acuerdo, rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente cerca de 648 millones de euros para sufragar la reestructuración de empresas en crisis, con cargo a la partida 31L, fórmula ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública al prescindir supuestamente de la fiscalización administrativa, siempre según la investigación.

Merced a estos fondos, de cualquier modo, habría sido financiada la presunta prejubilación fraudulenta de unas 72 personas, además de ayudas directas a empresas relacionadas con dirigentes públicos o miembros del PSOE.

Luis Bárcenas se complicó aún más la vida en su declaración del 25 de febrero ante el titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, encargado de la instrucción del caso Gürtel, al intentar justificar el origen de la fortuna que, de momento, le ha encontrado la justicia en Suiza y que llegó a alcanzar los 38 millones de euros.

Así lo entienden al menos los accionistas minoritarios del desaparecido banco catalán Eurobank, cuyo expolio investiga el propio juez Ruz, al admitir que recibió 1,125 millones de euros de la entidad en concepto de comisiones, un dato desconocido hasta ahora a pesar de que la instrucción de la causa, que ya está a punto de entrar en fase de juicio oral, ha durado diez años.

Bárcenas admitió que recibió una primera comisión de 900.000 euros por la compraventa del 15% del capital del banco. Aunque la única fuente es Bárcenas y no ha aclarado en qué momento se realizó la operación, tuvo que realizó el trabajo para el expresidente del banco y principal acusado del expolio, Eduardo Pascual Arxé. Además, cobró otros 225.000 euros por intemediar en la compra de un terreno en Paraguay.

Ruz le exige a Pascual más de ocho millones de euros en concepto de responsabilidad civil, un saqueo que tanto el fiscal como algunas acusaciones consideran que formaba parte de los planes de Pascual desde el principio.

Pascual se hizo con el control de Eurobank en 2001 y, apenas un año después, la entidad fue intervenida por el Banco de España, en buena medida por los oscuros manejos del presidente. Desde 2003, el caso está judicializado. Si la operación de Bárcenas se produjo después, el extesorero del PP habría incurrido, según la acusación, en un delito de alzamiento de bienes y en otro de blanqueo de capitales.

Para colmo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) considera que las comisiones en este tipo de operaciones no deberían superar el 0,25% del montante nominal de la operación. Eurobank tenía un capital inferior a los 27 millones de euros. Para que la comisión de Bárcenas estuviera justificada, el capital del banco debería haber sido de 360 millones.

Además, el extesorero cobró al menos una comisión más, en este caso de 225.000 euros por mediar en la compra de unos terrenos para el banco en Paraguay.

Pascual intentó obtener el favor del PP desde el primer momento. Además de los pagos a Bárcenas, colocó en el consejo de administración de una de las compañías del grupo a Jesús Martinez-Pujalte, hermano del portavoz de Economía del PP en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, o el actual director de La Razón, Francisco Marhuenda, cuando abandonó su cargo de jefe de gabinete de Mariano Rajoy en 2001, cuando el hoy presidente ocupaba la cartera de Interior a las órdenes de José María Aznar.

La misteriosa fortuna de Bárcenas

La capacidad de trabajo de Luis Bárcenas durante los últimos años parece no tener límites. Eso es lo que se desprende de la declaración que el extesorero del PP realizó ante el titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, para justificar que sus cuentas suizas llegaran arrojar saldos de más de 38 millones de euros.

Bárcenas compatibilizaba, según su propia declaración, sus responsabilidades en el partido con el escaño de senador, y además dedicaba buena parte de sus esfuerzos a jugar en Bolsa, ejercer como marchante de arte y mediar en operaciones financieras. Su problema es que resultan poco creíbles las explicaciones que ha ofrecido hasta ahora sobre el origen de su fortuna.

La Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía considera que la fortuna de Bárcenas podría ascender a más de 80 millones de euros, localizados en diversos paraísos fiscales, pero el extesorero del PP insiste en asegurar que su fortuna procede de su pericia como inversor en Bolsa y de la actividad de su esposa como tratante de arte.

Sin, embargo, y a pesar de que llegó a afirmar que algunos de los lienzos que adquirió en su día cuelgan hoy en las paredes del Museo del Prado, ha quedado acreditado que difícilmente pudo Bárcenas ingresar más de 70.000 euros por las obras.

Tampoco sus inversiones en Bolsa han sido precisamente brillantes, a pesar de que la UDEF sospecha que pudo tener acceso a información privilegiada, al menos en la salida al mercado de la eléctrica Endesa.

Como explicación al origen de su cuantiosa fortuna, la UDEF considera como hipótesis más plausible que Bárcenas actuase de un modo similar al máximo responsable el caso Malaya, en Marbella, Juan Antonio Roca: cobrando sobornos a las constructoras a cambio de adjudicaciones, de los que presuntamente podría entregar una parte al partido.

Y, para colmo, el pasado viernes el titular del juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, decidió admitir a trámite una querella presentada por Izquierda Unida en el que queda patente la relación temporal entre las adjudicaciones a grandes constructoras y los donativos al partido, como ya adelantó eldiario.es hace dos semanas.

Accionistas minoritaros de Eurobank piden en su escrito que se impute en la causa por la descapitalización de la entidad financiera al antiguo presidente del Palau de la Música Catalana, principal imputado en el caso del expolio de más de 30 millones de euros de las arcas de la fundación musical.

Millet siempre ha sido considerado un hombre próximo a Convergència, aunque en sus últimos años como miembro destacado de la burguesía barcelonesa, también estuvo asociado con el PP, al ser presidente de la sección catalana de FAES, la fundación política que preside José María Aznar. En mayo, este blog adelantó que un informe policial encargado por el juez del caso Palau de la Música sostiene que buena parte del dinero del que Millet se apropió acabó en las cuentas de Convergència Democràtica,el socio mayoritario de la coalición que gobierna en Cataluña.

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La acusación sostiene que Millet, que llegó a compatibilizar la presidencia del Palau con la de FAES Cataluña y con la de la Agrupació Mútua, una de las principales aseguradoras catalanas que acabó intervenida por la Generalitat, ayudó a Eduardo Pascual sacar parte del dinero que supuestamente se llevo de Eurobank, a través de una de las filiales de la aseguradora, AMCI-Habitat. Millet y Pascual coincidieron en el consejo de administración de la Agrupació Mútua, cuando el principal ejecutivo de la institución era Jordi Conejos, antiguo director general de Industria del último Gobierno de Jordi Pujol.

En el escrito presentado ayer, la acusación sostiene que fue Conejos quien presentó a Millet y a Pascual. La Agrupació Mútua fue intervenida en octubre de 2009, apenas un mes después de que estallara el escándalo del Palau de la Música a raíz de una investigación de la Agencia Tributaria que sospechó del exceso de billetes de 500 euros que se extraían de las cuentas de la institución musical. La intervención de la Agrupació Mútua supuso la destitución del consejo y su sustitución por dos administradores designados por la dirección general de seguros de la Generalitat. Esa es una de las razones por las que los acusadores piden también la imputación en el caso Eurobank del propio Jordi Conejos.

Pero hay más motivos. El antiguo alto cargo del Gobierno de Pujol ha seguido trabajando para Eduardo Pascual desde entonces. Concretamente como representante en España de una aseguradora luxemburguesa, Apra Leven, a la que Vitalia Vida, empresa controlada por Eduardo Pascual, encargaba la gestión de los ERE que confeccionaba para la Junta de Andalucía, la mayoría de ellos considerados fraudulentos por la titular del juzgado número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga el desvío de fondos de la consejería andaluz de Trabajo. Apra Leven, además quebró y dejó sin cobrar a los prejubilados reales de los ERE.

Una reciente sentencia del juzgado laboral número 33 de Barcelona ha dado la razón a una trabajadora del entramado de sociedades de Eduardo Pascual Arxé y le han concedido la extinción de su contrato laboral con Prevenrisk, S.A., ya que el juez consideró que existe un “grupo de empresas dirigidas por una misma persona. (TRAVOL 2007, S.A., --anteriormente Vitalia-- INDEX CORPORACION; GARRAFOX, S.LU.: PLARREGA INVEST 2000, S.A.; HOLDING EUROPEO TINDEX, S.L.: VITALIA VIDA, S.A.: PREVENRISK, S.A.), esto es Eduardo Pascual Arxé, según ha aportado la misma representación procesal de los perjudicados por la administración que consideran fraudulenta de Eurobank.

Utilizando el mismo criterio, sostiene la acusación que se puede considerar que otros socios de Pascual en otras empresas, como Line Invest XXI o Real State Acquisitons in Spain, también forman parte del entramado utilizado por Pascual tanto para vaciar las arcas de Eurobank como para participar en el desvío de fondos de los ERE de la Junta de Andalucía.

Por esa razón, los acusadores piden que se impute en la causa a Rafael Español, ex presidente de La Seda de Barcelona y muy próximo a Convergència. Tanto que ha sido socio en el pasado de Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del ex presidente de la Generalitat, y se daba por seguro su nombramiento como consejero de Industria del Gobierno de Artur Mas, hasta que un juzgado de Barcelona le imputó por delito societario en La Seda de Barcelona. Español es socio, consejero y apoderado de Line invest XXI.

Igual que el antiguo número dos de Jordi Pujol, el ex consejero de Economía Macià Alavedra, imputado en el caso Pretoria por blanqueo de capitales y a quien la acusación sólo pide de momento que se cite como testigo. Alavedra además jugó un papel activo en Eurobank al mediar junto al también ex dirigente de CDC Joan Hortalà ante el entonces gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, para intentar retrasar la intervención de la entidad financiera.

Hay más personalidades políticas que han trabajado para empresas en las que participaba Pascual, como el ex secretario general del partido, Miquel Roca Junyent, hoy cotizado abogado de Barcelona. El bufete de Roca realizó un dictamen en 2009 sobe la viabilidad de la Agrupació Mútua, presidida aún por Félix Millet y con Eduardo Pascual en el consejo de administración, según reconoce él mismo en la web de su despacho. Por eso ha causado un cierto desconcierto que el juez Ruz haya permitido que Roca se persone en la causa como representante de la acusación particular en nombre de un pequeño grupo de accionistas.

Pero las empresas de Pascual no sólo están vinculadas a Convergència. Personalidades del entorno de Mariano Rajoy, como el hoy director de La Razón, Francisco Marhuenda, o con el grupo del PP en el Congreso, como Jesús Martínez-Pujalte, hermano del portavoz económico del PP en el Parlamento, también han formado parte de los consejos de empresas investigadas por el juez Ruz en relación con la descapitalización de Eurobank.

Aunque la juez no ha comunicado a las partes personadas en el caso ERE los resultados de la investigación de la UCO, fuentes judiciales señalan que la magistrada ya ha recibido algunos informes de esta unidad de la Guardia Civil.

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La jueza Alaya también ordena en el auto que investigue al Banco Vitalicio, del grupo Santander, por la tramitación de las prejubilaciones de los afectados por los ERE, especialmente las de Mercasevilla. Sin embargo, el Vitalicio era, al principio, la aseguradora que utilizaba Vitalia, consultora elegida por la Junta de Andalucía, hasta que constituyó Vitalia Vida a partir de Fortia, Apraleven y varias de las mutuas del entorno del financiero catalán Eduardo Pascual, ex presidente de Eurobank, y de la administradora que le sustituyó en la entidad, María Vaqué. Todas las sociedades están inmersas en un procedimiento penal promovido por la Fiscalía de Barcelona por malversación y estafa, en la que las responsabilidades civiles ascienden a más de 35 millones de euros.

El grupo de empresas de Vitalia también está siendo investigado por el titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, encargado de la causa principal del denominado caso Eurobank, en el que se investiga el expolio de la desaparecida entidad financiera catalana por empresas del entorno de su ex presidente, Eduardo Pascual, y de María Vaqué, que le sustituyó tras la intervención del banco en 2002 por el Banco de España. En un auto emitido por el juez Ruz el pasado 13 de abril que pasaba las diligencias previas a procedimiento abreviado –es decir: en el que los imputados pasaban  a estar formalmente acusados–, el magistrado ordenaba que siguiera con la investigación de Vitalia, Fortia, Norton Life y casi todas las empresas del entorno de Eduardo Pascual.

El pasado 11 de mayo, la acusación particular en nombre de la Asociación de Inversores y/o Accionistas Afectados por la Administración de Eurobank, presentó un escrito al juez Ruz en el que le recordaba las empresas del entramado de Pascual que en su día había ordenado investigar su predecesor en el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Entre ellas figura Real State Acquisitions in Spain, que durante la época del expolio de Eurobank tuvo como administradores a peronas próximas al actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como el hoy director de La Razón, Francisco Marhuenda, y al PP, como Jesús Martínez-Pujalte, hermano del portavoz de economía del grupo popular en el Congreso de los Diputados, Vicente Martínez-Pujalte.

No es la primera vez que personalidades del PP aparecen relacionadas con el caso de los ERE de Andalucía. La Junta abonó cerca de 120.000 euros al bufete Olivencia Ballester, propiedad de Manuel Olivencia, suegro de Javier Arenas, en 2001 por asesorar al Gobierno Andaluz en la tramitación de un ERE considerado fraudulento en la empresa pública Santana Motor.

Los vínculos de Convergència con el caso proceden de las conexiones del entorno de Eduardo Pascual con dirigentes y conocidas personalidades del partido del presidente de la Generalitat, Artrur Mas. En sucesivos escritos, muchos de ellos admitidos por el magistrado, se relaciona a Pascual con personalidades de Convergència, como Macià Alavedra, Joan Hortalà o el propio Félix Millet, ex presidente del Pala de la Música y principal imputado el el procedimiento judicial por el expolio de 32 millones de euros de las arcas de esta última entidad.

Precisamente, un reciente informe policial remitido al juez del caso Palau relaciona directamente la desaparición de parte del dinero con la presunta financiación ilegal de Convergència. Pero las relaciones de Pascual Con Convergència van más lejos, y en un círculo que parece cerrarse vuelven de nuevo a los ERE de Andalucía. Algunos de los trabajadores reales afectados por los ERE de Mercasevilla, hace tiempo que no cobran las prestaciones complementarias que debían pagarles las mutuas controladas por el entorno de Pascual, como Apra Leven. Llevan meses sin cobrar o haciéndolo de manera irregular. Curiosamente, Jordi Conejos, ex director general de Industria del Gobierno de Jordi Pujol y nombrado director general de la Agrupació Mútua en virtud de un acuerdo entre Miquel Roca y el consejero de Economía de CiU en 2003, Francesc Homs, fue consejero delegado de Apra Leven. Fue durante el mandato de Conejos en la Agrupació Mútua cuando Eduardo Pascual fue nombrado consejero de la entidad.

Por eso, entre los afectados por la descapitalización de Eurobank que acusan a Pascual en la Audiencia Nacional, ha cundido el desconcierto por el hecho de que el bufete de Miquel Roca Junyent, ex secretario general de Convergència, haya logrado personarse como acusación particular en la causa principal del caso Eurobank  en la Audiencia Nacional.

Algunos de los últimos casos de corrupción que han afectato a diferentes administraciones españolas parecen tener algo en común: evidencian que la corrupción es un fenómeno transversal. No solo afecta a todos los partidos por igual, sino que, en algunos casos, hay implicados de casi todo el arco parlamentario. Ya había ocurrido, por ejemplo con el caso Pretoria de corrupción urbanística, que ha salpicado a viejos mandamases de Convergència, cargos del PSC e incluso del PP. O en algunas ramas del Palau de la Música, en la que no solo parece evidente la financiación irregular de CiU, sino que se ha llevado por delante a algunos altos cargos socialistas del anterior Gobierno municipal.

Ahora, la titular del juzgado de instrucció número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, responsale de la instrucción del caso ERE, que afecta a tres de los últimos consejeros socialistas de Trabajo de la Junta de Andalucía, investiga a una empresa, Vitalia, aparentemente sin reparar que con ello ha puesto al descubierto una conexión catalana del caso que salpica tanto a Convergència como al PP. more

Vitalia era la empresa consultora que asesoraba las reestructuraciones de plantilla, en el caso de los ERE de Mercasevilla. La jueza Alaya también está investigando la gestión de ese listado de empleados --donde se han incluido intrusos que jamás han trabajado en la lonja-- por parte de la empresa, una de las dos que normalmente impone la Junta a las sociedades que tramitan los ERE incentivados por la Administración autonómica.

Resulta que Vitalia es una de las empresas que supuestamentre utilizó el principal imputado por el expolio de más de 13 millones euros del capital del banco catalán Eurobank, Eduardo Pascual Arxé, según sostienen tanto el fiscal como la acusación particular en la causa pincipal del caso, que instruye el titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz y que ha decidido investigar también a la compañía.

En sucesivos escritos, muchos de ellos admitidos por el magistrado, se relaciona a Pascual con personalidades de Convergència, como Macià Alavedra, Joan Hortalà o el propio Félix Millet, y con personas del entorno del PP, bien próximas a Mariano Rajoy, como el actual director de La Razón, Francisco Marhuenda, o al portavoz del PP en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, como su hermano Jesús.

Cuando la jueza Alaya inició la investigación de Vitalia, Eduardo Pascual apenas tardó un par de días en desvincularse públicamente de la compañía para afirmar que sus únicos responsables eran los administradores que le sucedieron tanto en Eurobank como en las mutuas propiedad de la consultora: Fortia Vida, Norton Life, Personal Life, Excell Life y Apra Leven. Esas compañías acababan por asegurar las prestaciones económicas de las personas que habían salido de Mercasevilla a raíz de los expedientes de regulación de empleo aplicados enel mercado de abastos de la capital andaluza.

Jordi Conejos, ex director general de Industria del Gobierno de Jordi Pujol y nombrado director general de la Agrupació Mútua en virtud de un acuerdo entre Miquel Roca y el consejero de Economía de CiU en 2003, Francesc Homs, fue consejero delegado de Apra Leven. Fue durante el mandato de Conejos en la Agrupació Mútua cuando Eduardo Pascual fue nombrado consejero de la entidad.

Hace algo más de un año, Pascual obligó al ABC de Sevilla a publicar una rectificación en la que sostenía que “no ha ostentado ningún cargo de administración, no ha desarrollado ninguna actividad laboral, ni tampoco ha sido titular de acciones de ninguna de ellas, de forma directa o indirecta”. Pero lo cierto es que el juez Ruz, de la Audiencia Nacional, no está en absoluto de acuerdo con esa afirmación, y en su auto de 13 de abril, ordenó que se investigara Vitala como una de las partes fundamentales del entramado de sociedades que presuntamente habría utilizado Pascual Arxé para apoderarse de los escasos fondos de Eurobank en los días previos a que la entidad fuera intervenida por el Banco de España, y que, según las fuentes consultadas, oscilan entre 13 y 20 millones de euros.

La acusación particular que defiende los intereses de la autodenominada Asociación de Socios y/o Accionistas Perjudicados por la Administración de Eurobank ha cifrado la responsabilidad civil sólo de Pascual en 13 millones de euros. Para colmo de males, algunos de los trabajadores reales afectados por los ERE de Mercasevilla, hace tiempo que no cobran las prestaciones complementarias que debían pagarles las mutuas controladas por el entorno de Pascual como Apra Leven y que llevan meses sin cobrar o haciéndolo de manera irregular.

Fuentes de la defensa de algunos de los principales imputados en la trama de los ERE muestran en privado su más absoluto convencimiento de que “el cerebro de la operación está en Barcelona” . Así parece considerarlo también la acusación particular del caso Eurobank, que presentó el 11 de junio un escrito ante el juez Ruz en el que pide que se investigue la relación de Vitalia y de sus empresas filiales con el escándalo de Sevilla.

Entre otras cosas, esa diligencia podría servir para levantar el velo de los bienes ocultos que pudiera tener Eduardo Pascual Arxé de cara a las indemnizaciones a las que tendría que hacer frente si finalmente resultara condenado por la causa principal del caso Eurobank. Algo que, según fuentes judiciales, no descarta ni siquiera la defensa del propio Pascual, que ha exhortado a su cliente a negociar con las otras partes para pactar una serie de indemnizaciones razonables.

La intención es que no se opongan a una eventual petición de indulto, una de las escasas salidas que ve actualmente el financiero para evitar su ingreso en prisión al final del procedimiento, siempre según la versión de las mismas fuentes.

Ni siquiera el juez Ruz ve con malos ojos la relación que hace la acusacón particular entre el caso Eurobank  y el escándalo de los ERE de Andalucía. De momento, y a falta de que el fiscal se pronuncie sobre el escrito de la  acusación particular, el 14 de junio, es decir, tres días después de que se presentara ese escrito, el juez Ruz emitió un contundente auto en el que da solo cinco días a la actual administradora concursal de la entidad, Rosa María Cornet, “una copia de los estados completos de Eurobank –aunque no consten depositadas las cuentas anuales en el Registro Mercantil– correspondientes a ios ejercicios 2003, y también a los correspondientes a 2004 y 2005”.

El juez también exige a Cornet “copia de los informes de auditoría que se hubieran emitido con relación a aquellos estados financieros y contables”; y, finalmente, “copia del estado de situación de Eurobank que recibiera J. Barceló Obregón de 23 de junio de 2006”.

El magistrado da por buena, o al menos quiere corroborar, la tesis de la acusación de que el expolio de la entidad no terminó con la intervención del Banco de España en 2002, sino que siguió durante cuatro años más hasta que fue finalmente liquidada. Todos estos detalles han salido adelante antes de que el despacho del ex dirigente de Convergència Miquel Roca, recientemente comparecido como acusación particular, haya tenido tiempo de ponerse al día con una causa que lleva más de cinco años en instrucción.

En Cataluña, sin embargo, tanto los casos de corrupción como algunos de los escándalos económicos que han conmocionado a la sociedad parecen probar que el mundo de la política y el empresarial están conectados por mucho menos que los seis pasos de la teoría. Existen numerosos nexos entre los implicados en tramas de corrupción como los casos Millet y Pretoria, en investigaciones judiciales de crisis financieras y económicas como la de Eurobank, y con procesos traumáticos en el mundo empresarial como la intervención de la Agrupació Mutua. Y todos ellos apuntan a Convergència Democràtica de Catalunya, el partido del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y socio mayoritario de la federación nacionalista Convergència i Unió (CiU). Como en Cataluña, la corrupción es un asunto transversal, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) no se libra de su presencia en algunos escándalos, pero no está en todos como CiU.

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Los principales imputados en dos grandes escándalos catalanes, el expolio del Palau de la Música Catalana a manos del ex presidente de la entidad, Félix Millet, y su mano derecha, el ex director general, y el caso Pretoria de corrupción urbanística, por el que pasaron por la cárcel los antiguos hombres fuertes de la Generalitat de la época de Jordi Pujol, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, así como el intermediario socialista Luis García Sáez, Luigi, y el ex alcalde del PSC de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, tienen estrechos vínculos entre sí. Todos ellos fueron encarcelados por el primer instructor de la causa, el juez Baltasar Garzón, titular por entonces del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, aunque posteriormente los dejó en libertad bajo fianza. Las cantidades de la fianza fueron rebajadas posteriormente por la sala de la Audiencia Nacional, pero siguen en libertad condicional. El nuevo instructor de la causa, es el sustituto de Garzón en el Juzgado Central de instrucción número 5, Pablo Ruz.

En el denominado caso Millet, a raíz de la reactivación de la investigación sobre los vínculos del expolio del Palau y Convegència impulsada por el nuevo juez del caso, Josep Maria Pijoan, la Brigada de Blanqueo de la Unidad Central de Delitos Económicos de la policía entregó recientemente un informe al juzgado en el que confirmaba la relación entre la desaparición de 12 millones de euros de la tesorería del Palau y CDC. Buena parte de ese dinero correspondería, según los responsables de la investigación, a una comisión a cambio de la concesión de una obra pública abonada por la constructora Ferrovial a CDC durante el último Gobierno autonómico de Jordi Pujol, cuando el consejero del ramo era el entonces secretario de organización del partido y hoy diputado autonómico de CiU, Felip Puig.

El tesorero del partido era entonces el ex dirigente de CDC Daniel Osàcar, pero el verdadero responsable de la financiación del partido era en realidad Germà Gordó. Este último es un hombre de Lluís Prenafeta, según acreditan las grabaciones de las escuchas telefónicas del caso Pretoria. En la transcripción de una conversación telefónica intervenida entre Lluís Prenafeta y el hoy president Artur Mas, el primero le pide al segundo, ante la inminente victoria electoral de CiU en las autonómicas catalanas, que promocione a Gordó. Fuera o no por el consejo de Prenafeta, Mas nombró a Gordó secretario general del Govern cuando se convirtió en presidente de la Generalitat.

Pero hay más. Los principales imputados en los casos Millet y Pretoria, aparecen implicados en otros sumarios judiciales de menor impacto social pero de proporciones similares, como la descapitalización de Eurobank, cuya investigación, para colmo de cúmulo de conexiones, corresponde al juez Ruz, que ha decidido darle también un nuevo impulso. Es el caso tanto de Alavedra como de Millet. El ex consejero de Economía de Pujol y el ex presidente del Palau de la Música comparten la condición de accionistas y administradores de la sociedad Line Invest XXI, participada por el principal imputado del caso Eurobank, el que fuera presidente de la entidad, antes de la intervención por el Banco de España, Eduardo Pascual.

La acusación particular en el caso Eurobank asegura que Pascual desvió activos del banco a Line Invest. Una práctica de la que se habrían beneficiado Alavedra y Millet. A cambio, siempre según la misma versión, Alavedra habría presionado al Banco de España, cuando CiU aún gobernaba en Cataluña, para evitar la intervención de Eurobank. No es la única sociedad del entramado de Pascual que figura en la lista de empresas que en su día pidió la acusación que fueran investigadas y que hace un mes Ruz accedió a examinar. Entre ellas figuran las aseguradoras Prevenrisk y Vitalia, y la inmobiliaria Real State Acquisitions in Spain, en cuyos consejos figuran más personas con vínculos con el poder. Más conexiones: el presidente de Line Invest es Rafael Español, hasta el pasado mes de julio presidente de La Seda de Barcelona. Line Invest tiene la misma estructura societaria y administrativa que Promo Group Deu, una de las empresas que Garzón ha señalado como instrumento de Alavedra para cobrar comisiones en las operaciones de corrupción en las que participaba supuestamente con Prenafeta y con Luigi.

En Pretoria, Alavedra no sólo está acusado de tráfico de influencias y corrupción urbanística, sino de blanqueo de capitales. Garzón imputó en la causa a la esposa pintora del ex consejero, Doris Malfeito, porque aparece como cotitular de varias cuentas del matrimonio en Andorra, y a Philip McMahan Bolich, un ciudadano estadounidense que durante años se encargó supuestamente de llevar los maletines con el dinero que conseguía Alavedra incluso cuando formaba parte del Gobierno de la Generalitat. Bolich gestionó para Alavedra, al menos 3,5 millones de euros. También imputó a la que parecía ser la amante de Alavedra, Gloria Torres, que posee una cuenta en Andorra con más de un millón de euros que le habría ingresado directamente el ex consejero desde sus depósitos en el principado.

La investigación de la red exterior de cuentas de Alavedra podría establecer una nueva conexión, en esta ocasión con un viejo escándalo: las relaciones del político nacionalista con el empresario John Rosillo, fallecido en Panamá en 2007 cuando huía de la Justicia española, que le había condenado por delito fiscal y por homicidio imprudente.

Pero el de Alavedra no es el único nombre que aparece relacionado con polémicas. El caso de Millet es similar. Además de su propio escándalo en el Palau y de su relación con Eurobank, Millet no es ajeno a la intervención de la Agrupació Mutua por la dirección general de Seguros a primeros de diciembre. Millet fue presidente de la Agrupació Mutua y de su principal filial Amci Hábitat. En realidad, el impacto negativo de las inversiones de Amci sobre las cuentas de la mutua fue lo que provocó la intervención.

En Barcelona, la Fiscalía también presentó una querella contra Pascual y sus socios por la estafa, apropiación indebida y delito societario en la quiebra punible de diversas mutuas como Fortia Vida, Norton Life y Personal Life, que fueron intervenidas por la Generalitat tras arruinarse. En este caso, Pascual también nombró a personas con vinculaciones destacables con el poder para intentar frenar la acción de la Justicia.