La Audiencia Provincial de Baleares ha abierto la vía para reactivar la causa contra altos cargos del Gobierno balear a raíz del fallecimiento, el 21 de abril de 2013, del senegalés Alpha Pam por una tuberculosis no diagnosticada y que fue archivada el pasado mes de enero. El joven no pudo acceder a un seguimiento médico tras la aplicación de la reforma sanitaria que limina la sanidad gratuita de los inmigrantes en situación irregular. El tribunal insta al juez que sobreseyó las pesquisas a valorar la situación económica de los sindicatos y ONG que se querellaron por estos hechos y a decretarles una fianza “motivada y proporcionada” a fin de que puedan ejercer sus acciones penales.

La Sección Primera ha estimado así en parte el recurso que interpusieron Drets Humans de Mallorca, la Asociación de Senegaleses, CGT y UGT contra el auto por el que se decretaba una fianza de 12.000 euros -3.000 para cada una-, una decisión “arbitraria” que los querellantes consideran que fue adoptada de forma “inmotivada” y sin ponderarse la capacidad económica de cada uno.

Los querellantes recurrieron de este modo el auto ante la Audiencia, solicitando que se anulase la exigencia de la fianza o, de forma subsidiaria, se rebajara la misma a un importe total de 1.200 euros.

En su resolución, el tribunal asevera que el juez no contó con documentos contables de las asociaciones en los que basarse para decretar la fianza, y recalca en esta línea que “seguramente no debe establecer la misma fianza para una ONG que para un sindicato”. La Sala insta así al magistrado a que solicite esta documentación para que “pueda conocer la situación patrimonial de los querellantes y así establecer una fianza motivada y proporcionada a las particulares posibilidades materiales de cada una de las entidades”.

P: ¿Por qué Naciones Unidas ve inaceptable la reforma sanitaria en España que limita el acceso a la Sanidad gratuita a inmigrantes en situación irregular?

Porque va claramente contra las obligaciones internacionales de España con respecto a las personas que viven en su territorio, cualquiera que sea su estatus: legal o ilegal. Esta reforma deja fuera de la asistencia sanitaria a una parte de la población, la más vulnerable.

También es intolerable porque podría generar un riesgo para la salud pública. Además, la denegación de acceso a la sanidad pública en España lleva consigo una situación de desconocimiento que deriva en la reticencia de estas personas para ir a los centros de salud debido al miedo de si les cobrarán o no y, a algunos inmigrantes, incluso estando en situación regular o teniendo derecho al acceso, les es denegada la asistencia.

R: Las explicaciones del Gobierno sobre la exclusión de inmigrantes del sistema sanitario aluden a la necesidad de ahorro. ¿Realmente se consigue una disminución de los costes?

En la respuesta de España a nuestras recomendaciones el Gobierno menciona este argumento pero no deja claro cuál es la metodología que justifica el ahorro que el Ejecutivo dice haber logrado. Tampoco especifica si ha aumentado el número de las asistencias en urgencias que son bastante más caras.

No se ha hecho. Pero ¿en el caso de que se llegase a justificar este ahorro, sería aceptable?

Tampoco. Las obligaciones en materia de derechos humanos no cambian por la presión fiscal que pueda tener un país. El Estado tiene que buscar otras alternativas para asegurar el acceso a la salud de una forma no discriminatoria.

El Gobierno sigue asegurando que, tras la reforma, la sanidad en España es universal. El presidente lo repitió en una entrevista reciente, en respuesta a una pregunta que citaba sus declaraciones. ¿Es así?

No es exacto. Por más que lo diga, la Sanidad en España no ya no es ni universal ni gratuita.

¿Está mintiendo entonces el Gobierno?

Está siendo inexacto.

¿Cómo argumenta esta afirmación?

No queda claro. Simplemente lo repite pero esto contradice el Real Decreto 16/2012 aprobado por el Gobierno.

Se han documentado muchos casos en los que se ha denegado la asistencia sanitaria a pacientes que, según la nueva ley, sí deberían recibirla -embarazadas, menores y urgencias-.

Por un lado, se dan estos incumplimientos de la propia ley de forma indirecta, debido a la falta de información eficaz al respecto. Si excluyes del sistema sanitario a un grupo particularmente vulnerable de la sociedad, creas un efecto donde el inmigrante tiene temor y reticencia de acudir a los centros de salud. Ellos lo oyen en los medios de comunicación, saben que existe una limitación, por lo tanto, no van a asumir riesgos.

También de forma directa, ligados a la insuficiencia de información. Hemos recibido notificaciones sobre el desconocimiento de la propia ley en los hospitales o centros de salud. Esto deriva en la denegación de asistencia sanitaria a personas que tenían que haber sido asistidas porque son mujeres embarazadas o menores.

Además, un Gobierno, para cumplir con el derecho internacional, no solo no puede aprobar leyes discriminatorias, sino que tampoco se permiten las discriminaciones indirectas. Aunque la ley fuese neutral respecto al acceso, tendría un impacto discriminatorio.

Por tanto, además de ser discriminatoria de por sí, se está excluyendo del sistema sanitario a un grupo vulnerable, que tiene más dificultades de acceso a la información de defender sus derechos cuando intentan ser atendidos en centros de atención primaria o de urgencias. Pueden tener una barrera lingüística que deriva en un impacto aún más discriminatorio.

¿Naciones Unidas ha transmitido al Gobierno los incumplimientos de su propia ley -denegaciones de acceso a embarazadas, menores y urgencias-?

Sobre esta cuestión no hemos hecho recomendaciones pero, esas situaciones, además de ser ilegales según le derecho internacional, también lo son dentro de su propia jurisdicción interna. Lo mismo sucede respecto a las personas que, incluso consiguiendo la residencia en España mediante la reagrupación familiar, también son rechazadas en los centros de salud.

¿Apoya la desobediencia del personal sanitario que incumple la ley y presta asistencia a inmigrantes en situación irregular?

A titulo personal, obviamente apoyo la actitud de estos médicos, hacen su trabajo, es una labor humanitaria. Pero es importante recalcar que, aunque muchos médicos están atendiendo a inmigrantes en situación irregular, es una obligación estatal. El Gobierno no puede lavarse las manos porque los médicos estén prestando asistencia clandestina.

Además, aquí también interviene el principio de no discriminación: el hecho de que la asistencia sanitaria dependa de la suerte. De si te toca un centro que atiende o no, un hospital que cumple el Real Decreto o no, una comunidad que aplica la reforma u otra que se niega. Estas también son discriminaciones.

¿España cierra los ojos porque, en cierta forma, les conviene que estas ONG y médicos, realicen la asistencia sanitaria clandestina?

Solo faltaba que los médicos fueran castigados por cumplir su juramento. Estos médicos realizan una labor humanitaria porque captan el riesgo que puede tener para la salud pública que los inmigrantes sin papeles no tengan acceso a la sanidad. Es como una bomba que puede explotar solo en cuestión de tiempo.

Pero el hecho de que el Gobierno presentase un recurso [al Tribunal Constitucional] contra la decisión de Navarra [que elaboró una normativa regional para asegurar la asistencia universal] es un pésimo ejemplo.

El Gobierno también argumenta que España tiene uno de lo sistemas más garantistas de Europa con la población inmigrante.

Este argumento es realmente absurdo. Un gobierno no puede justificar sus incumplimientos de la obligaciones internacionales en materia de derechos humanos porque otro país los incumpla. Es tan absurdo como pensar que si EEUU incumple la legislación internacional para ejecutar a los menores, cualquier otro país puede hacerlo. No es ningún argumento jurídico. El hecho de que haya sistemas de salud más restrictivos con inmigrantes irregulares no absuelve a España de sus obligaciones internacionales al respecto.

Además incumple el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales [instrumento jurídico con el que monitorea el cumplimiento de los derechos humanos], que prohíbe una medida regresiva deliberada. España también ha caído en ello: ha pasado de un sistema de salud abierto a los inmigrantes en situación irregular, uno que los excluye de la sanidad publica, sin buscar otras opciones para reducir los costes.

Además de no servir como justificación, ¿es verídico?

No lo tenemos estudiado, pero el argumento sería igualmente absurdo.

¿Qué ocurre con el turismo sanitario? Es otra de las razones repetidas por el Gobierno para justificar esta ley. ¿Los afectados por la reforma sanitaria son los supuestos usuarios de esta práctica?

Trabajo con los grupos más vulnerables de la población, conozco la situación, me he reunido con muchas ONG españolas... no creo que este sea el caso. Si el Gobierno español quisiera justificar esta medida con la excusa del turismo sanitario debería probarlo con números. Tendría que presentar información de quiénes lo cometen, de qué países proceden, y cuánto se ahorra si se corta el sistema de salud a todos los inmigrantes. Pero no lo ha hecho.

¿Se justificaría esta medida?

No lo creo. El Gobierno no se puede decir en su discurso que estas medidas son ideológicas sin probarlo. Si es así, debe presentar estudios, análisis e información, y compartirlo con la población. Así, los ciudadanos podrán considerar si la ley es ideológica o no lo es.

¿Conoce el caso de Alpha Pam [el joven senegalés que murió en Baleares de tuberculosis por no recibir un seguimiento médico que permitiese su diagnóstico]? ¿Qué responsabilidad tiene el Gobierno español?

Sí. Está probado que, aunque se le dio algún tipo de asistencia, no fue la adecuada. El hecho de que no se haya encontrado un responsable criminal, no implica que no haya una responsabilidad del Gobierno. Repito que España tiene una obligación internacional de asegurar el derecho a la salud de todas las personas que estén en su territorio cualquiera que sea su estatuto legal. Y en el caso de que una persona no sea atendida de forma adecuada, incumple sus obligaciones.

Si esa persona fallece, como Alpha Pam, ¿el Gobierno tiene parte de responsabilidad?

Sí.

España ha recortado en cooperación al desarrollo un 70% en los últimos tres años. ¿Qué valoración hace la ONU al respecto?

También tienen una obligación internacional en este sentido. Cortar el 70% en la Ayuda al Desarrollo tiene un impacto enorme en los países receptores y no solo se puede justificar con el ahorro. Se tienen que buscar todas las alternativas posibles a ese recorte. Por ejemplo, España podría aumentar la lucha contra la corrupción y contra la evasión fiscal. En vez de cortar la ayuda sanitaria a los inmigrantes, cortar en cooperación, debería haber encontrado otras vías para ingresar más a las arcas estatales. Y España podría haberlo hecho a través del impulso de un combate más frontal contra la corrupción y la evasión fiscal.

¿No está haciendo lo suficiente España en este sentido?

No está haciendo lo suficiente.

Según un informe de Save the Children, en España uno de cada tres niños, cerca de 2,8 millones, viven en riesgo de pobreza y exclusión social. Actualmente cerca de 700.000 hogares no reciben ingresos, según Cáritas. ¿Son niveles de pobreza aceptables para un país desarrollado?

Por supuesto que no, la situación es dramática. Y es más dramático aún que exista un impacto acumulativo en los más vulnerables: los recortes los salarios, el presupuesto menor a Dependencia, menos becas... Los recortes se acumulan en las personas más vulnerables.

Todo esto tendrá un efecto negativo bastante grande en el futuro. España va a ver las consecuencias de esta falta de inversión en la niñez y en los grupos más vulnerables de aquí a los próximos años.

El Gobierno lleva ignorando varias recomendaciones de la ONU en relación a sus medidas de austeridad.

Le han llegado por varios frentes, creo que hay pocos casos en los que encuentras tantos organismos de monitoreo de derechos humanos a nivel internacional que coinciden y que son ignorados. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales efectuó en 2012 unas observaciones muy duras respecto a las situación española.

A ello se unen los procedimientos especiales: las cartas de la ONU también han representado la dramática situación de España y han advertido de los incumplimientos de sus obligaciones. La carta social europea, también. Y, a nivel nacional, el fallo del Tribunal Constitucional en favor de la norma de Navarra que ampara la sanidad universal, también recuerda al Gobierno central que tiene obligaciones en relación al derecho a la salud que no cumple. La opinión del derecho internacional y del constitucional español es unánime al respecto. Es un absurdo.

Es preocupante pensar que puede ignorar todas las recomendaciones jurídicas internas e internacionales, pero es hasta donde podemos llegar, no existe otro mecanismo.

El Juzgado de Instrucción número dos de Palma ha archivado provisionalmente la querella contra altos cargos del Govern balear a raíz del fallecimiento del senegalés Alpha Pam de una tuberculosis no diagnosticada por no recibir el seguimiento adecuado, después de la puesta en marcha de la reforma que impide el acceso a la sanidad pública a los inmigrantes sin papeles. La querella estaba interpuesta por dos ONG, CGT y UGT. Por su parte, continúa abierta la investigación abierta a partir de la demanda del grupo parlamentario Més por un presunto delito de omisión de socorro.

El juez Pedro Barceló ha sobreseído la querella planteada por Derechos Humanos de Mallorca, el sindicato CGT y la Asociación de Senegaleses de Mallorca, que acusaba a cúpula de Salud de homicidio imprudente, entre otros delitos.

En su auto, el magistrado alega que no ha resultado debidamente justificada la perpetración de los anteriores ilícitos penales, aseverando además no ser el competente para investigar los hechos, por los que figuraban como querellados el consejero de Salud, Martí Sansaloni, el director general de Salud Pública y Consumo, Luis Rafael Santiso, el director del Servei de Salut, Miquel Tomàs, y el exdirector de la Fundación Hospital Comarcal de Inca Fernando Navarro.

En su opinión, se trata de una conclusión basada “exclusivamente” en artículos publicados en diversos medios así como en informes de las entidades Médicos del Mundo y Cáritas. El juez muestra así su conformidad con la petición de archivo efectuada por el fiscal -excepto para el delito de revelación- y el padre de Alpha Pam, personado como acusación particular.

Pese a que, alegaban los querellantes, el sistema sanitario implantado para los extranjeros no autorizados como residentes que establecía estableciendo un mecanismo de cobro automático “por el mero hecho de que carecieran de tarjeta sanitaria”, Barceló considera que “no se negó la asistencia sanitaria y no acreditaban hallarse en alguno de los supuestos de exención del pago” -supuestos especiales en los que “prima sobre cualquier otra cuestión el derecho a la vida y a la integridad tanto física como psíquica”, aseveraba la querella-.

Esto no significa que la causa esté cerrada. Por un lado, la decisión de Barceló aún se puede recurrir ante la Audiencia Provincial de Palma. Por otro, el juzgado número dos de Inca continúa la investigación para aclarar las circunstancias de la muerte de Alpha Pam, surgida a partir de la demanda interpuesta por el grupo parlamentario Més.

Desde Médicos del Mundo, organización que sigue el caso de cerca, respetan la decisión de la justicia respecto a la querella archivada y consideran que la investigación que aún sigue en marcha, bajo secreto de sumario, “es la que puede aclarar las circunstancias de la muerte de Alpha Pam”.

El pasado 23 de febrero el senegalés acudió al centro de salud de Can Picafort acompañado de su amigo Kalidou. Allí le derivaron al hospital de Inca para que le realizaran una valoración y radiografía del tórax con la finalidad de confirmar o descartar el contacto con tuberculosis ante la sintomatología que presentaba. Cinco días después, Alpha Pam acudió al centro hospitalario con la hoja de derivación de Atención Primaria de Can Picafort, en la que la facultativa adscrita a este centro hizo constar “juicio diagnóstico contacto con tuberculosis” así como “plan de actuación, derivo a urgencias del hospital comarcal de Inca para 'rx tórax' y valoración, ya que ha habido brote de 'tbc' (tuberculosis) en Can Picafort y sospechamos que éste sea el caso primario”.

Después de denegarle una vez el acceso a urgencias en el departamento de admisión, Pam acudió de nuevo al centro hospitalario donde, previa firma del compromiso de pago, le diagnosticaron bronquitis, aunque no le realizaron ningún tipo de pruebas. Días después y ante el empeoramiento de su estado de salud, volvió al hospital de Inca, pero tampoco se le practicaron las pruebas prescritas en Atención Primaria.

El hospital de Inca no tenía datos de Alpha Pam, el senegalés de 28 años fallecido por tuberculosis al que le fue denegado el acceso a urgencias por no tener tarjeta sanitaria. Así lo ha reconocido este martes el consejero balear de Salud, Bienestar y Familia, Martí Sansaloni, en respuesta a una pregunta formulada por el grupo parlamentario MÈS. El servicio de Epidemiología del centro hospitalario al que fue derivado Pam desde Atención Primaria no hizo un seguimiento del paciente porque “en ningún momento” se dispuso de ninguna información que hiciera referencia al domicilio o a su teléfono de contacto.

Fue el pasado 23 de febrero cuando Pam acudió al centro de salud de Can Picafort acompañado de su amigo Kalidou. Allí le derivaron al hospital de Inca para que le realizaran una valoración y radiografía del tórax con la finalidad de confirmar o descartar el contacto con tuberculosis ante la sintomatología que presentaba. Cinco días después, Alpha Pam acudió al centro hospitalario con la hoja de derivación de Atención Primaria de Can Picafort, en la que la facultativa adscrita a este centro hizo constar “juicio diagnóstico contacto con tuberculosis” así como “plan de actuación, derivo a urgencias del hospital comarcal de Inca para 'rx tórax' y valoración, ya que ha habido brote de 'tbc' (tuberculosis) en Can Picafort y sospechamos que éste sea el caso primario”.

Después de denegarle una vez el acceso a urgencias en el departamento de admisión, Pam acudió de nuevo al centro hospitalario donde, previa firma del compromiso de pago, le diagnosticaron bronquitis, aunque no le realizaron ningún tipo de pruebas. Días después y ante el empeoramiento de su estado de salud, volvió al hospital de Inca, pero tampoco se le practicaron las pruebas prescritas en Atención Primaria.

Miguel Reyero, vicepresidente de Médicos del Mundo en Baleares, afirma que “lo que reconoce el conseller no es nada nuevo”. Alpha Pam, dice, “fue repetidamente al centro hospitalario acompañado de su compañero de piso”, por lo que “al menos tendrían su nombre o el de su amigo”. Sin embargo, la administración “no tenía interés en él” y se convirtió en “un ciudadano transparente”. Reyero también recuerda que solo en Baleares hay 20.000 personas excluidas del Sistema Nacional de Salud desde el septiembre de 2012.

Por su parte, Fina Santiago, parlamentaria del grupo MÈS, ha incidido en que la falta de datos a la que aduce Sansaloni implica un “reconocimiento claro” de que el servicio de Epidemiología “no conocía la situación de esta persona” y, por tanto, “refuerza nuestra tesis de que no disponer de tarjeta sanitaria te deja al margen de la sanidad o te puede matar”. “Si la hubiera tenido, el servicio habría podido tener acceso a sus datos”, ha señalado Santiago, quien ha insistido en la necesidad de que los inmigrantes en situación irregular puedan volver a disponer de la tarjeta sanitaria que les fue retirada con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012.

Denegación de auxilio

Asimismo, Santiago ha incidido en que Sansaloni debe dimitir de su cargo ante los hechos producidos en este contexto. Precisamente, MÉS interpuso en los Juzgados de Inca una denuncia para que se investiguen a las personas que pudieran haber sido responsables de los delitos de denegación de auxilio y de omisión del deber de socorro por la muerte del joven senegalés Alpha Pam.

Por otro lado, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, Pedro Barceló, exigió una fianza de 12.000 euros a dos ONG –la Asociación de Senegaleses de Mallorca y la de Drets Humans de Mallorca– y a dos sindicatos –UGT y la Confederación General de Trabajo de Baleares (CGT)– para que puedan ejercer acciones penales contra Sansaloni y otros altos cargos del Govern a raíz del fallecimiento de Alpha Pam.

La querella iba dirigida, asimismo, contra el director general de Salud Pública y Consumo, Luís Rafael Santiso; el director del Servei de Salut, Miquel Tomàs; y el exdirector de la Fundación Hospital Comarcal de Inca, Fernando Navarro, quien fue cesado a raíz de estos hechos.

Las entidades afirman que los querellados, de forma “arbitraria, conjunta y preconcebida”, implantaron “burdamente” un sistema sanitario a los extranjeros no autorizados como residentes, estableciendo un mecanismo de cobro automático e “indiscriminado” por el “mero hecho de que carecieran de tarjeta sanitaria, sin tener en consideración si dichos extranjeros tenían derecho a la asistencia gratuita” por encontrarse en uno de los supuestos especiales de la anterior ley.

En el momento de escribir esta carta han transcurrido 5 meses y 10 días sin Alpha. Mi hermano, que en paz descanse, y que siempre va a estar con nosotros.

Alpha murió de tuberculosis. Una enfermedad que, detectada y tratada a tiempo, es posible curar en casi todo el mundo. Incluso en Senegal, nuestro país natal, de donde salimos con 20 años dando la espalda a quienes más queremos, para buscar una vida mejor para nosotros y para nuestras familias que quedaron allí. Allí, además, ese tratamiento es gratuito.

La muerte de Alpha ha sido un golpe duro y triste. Alpha era una buena persona que solo tenia 28 años. A Alpha Pam le quitaron la vida por ser inmigrante ilegal.

Tal día como hoy hace un año que en España se retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes ilegales. No debemos olvidar que vivimos en el siglo XXI y mi hermano ha sido la primera víctima de una ley injusta y contraria a los derechos humanos.

El viernes 5 de abril Alpha Pam acudió conmigo a urgencias del Hospital general de Inca con una solicitud para realizarle una radiografía y descartar tuberculosis. Después de hacerle firmar un compromiso de pago no le hicieron la radiografía, atendiéndole únicamente por corto tiempo y dándole unos medicamentos que tomo hasta su útimo día, el 21 de Abril.

Solo era una radiografía lo que necesitaba para saber lo que pasaba. Y solo unos medicamentos que cuestan 0,85 céntimos para curar a Alpha.

Alpha Pam murió sin entender nada de lo que lo pasó… ni siquiera yo que he vivido todo este tiempo junto a el entendía lo que pasaba.

No somos solo inmigrantes, formamos parte de este país, y también tenemos el derecho de vivir como todo el mundo y tener una asistencia sanitaria como todos.

Debemos seguir luchando para que no vuelva a pasar una cosa tan absurda. Somos todos seres humanos y punto. A los que votaron esta ley, a mí me parece absurda y vergonzosa.

Alpha murió dejando unos hermanos muy jóvenes que tenían muchas ganas de compartir la vida con el y con muchas esperanzas puestas en el.

Es muy duro y triste para una madre, pasar muchos años sin ver a tus hijos, pero algo más duro es no volver a verlo. Igual de duro para un padre, hermanos, hermanas, familia y amigos.

Y es duro y triste para todos los senegaleses y para todos los inmigrantes, seres humanos que vamos a seguir luchando para que jamás vuelva a pasar una cosa así. Desde aquí hablo en nombre de la familia de Alpha que os dan las gracias a todos los que estáis apoyándonos en estos momentos tan difíciles.

Nosotros confiamos en la justicia y esperamos que con la muerte de Alpha se haga honor a esta palabra.

Kalidou Gay

(Carta cedida por Médicos del Mundo)

El edificio era modesto: dos plantas, con balcones que miraban a una calle con palmeras. La calle desembocaba en un paseo que recorría la costa donde familias sonrosadas caminaban mirando al mar o comprando souvenirs. Todavía no era tiempo de playa, la primavera estaba tardando en llegar a Mallorca ese 21 abril.

Dentro del edificio en uno de los apartamentos, Antonio Moreno justo terminaba su desayuno del domingo cuando llamaron a la puerta. No sonó el timbre, golpearon. En la puerta, Ana, la vecina de arriba le dio su móvil y le pidió que llamase. Balbuceaba, era difícil de entender.

– Arriba, arriba –dijo.

Antonio subió una planta, en la escalera encontró a un joven tendido cubierto de sangre. Las baldosas blancas tenían charcos de sangre. El joven no conseguía hablar. Se llamaba Alpha, tenía 28 años, era de Senegal y sangraba por la nariz y la boca. Le acababan de reventar los pulmones en su propia casa. Así es una muerte por tuberculosis. Sólo que nadie muere de tuberculosis en España hoy día en una feliz zona playera en una de las regiones más ricas de Europa.

***

Si hubiese sido una muerte menos sangrienta o de alguien mayor quizás hubiera pasado desapercibida. Es probable que hubiese sido registrada como producida por “causas naturales”. Pero los medios descubren el caso y lo convierten en un símbolo: el primer migrante muerto por falta de asistencia sanitaria después de la aprobación del Real Decreto 16/2012.

Mediante esta ley que entró en vigor en septiembre del año pasado, los migrantes sin permiso de residencia fueron privados del derecho al uso normal de la red sanitaria pública. A partir de entonces solo serían atendidos de forma gratuita en urgencias, salvo en el caso de menores y embarazadas que en teoría tienen acceso total.

El decreto también modificaba radicalmente el sentido y alcance de la sanidad pública. La salud ya no es un derecho universal, por eso se puede excluir a los migrantes. Ya no somos ciudadanos, sino “asegurados”, según la terminología de la empresa privada. A partir de su aprobación, nuestro acceso a la salud está vinculado al trabajo presente o pasado. Para no dejarse fuera a varios millones de españoles que no tienen trabajo, un desarrollo posterior de la norma creó otra categoría excepcional para aquellos que no cobren más de 100.000 euros. La función de la ley es acabar conceptualmente con un derecho de todos y abrir la puerta a un futuro incierto donde los límites entre quien tiene acceso y quien no podrán ser modificados con facilidad. Sólo es una cuestión de tiempo.

Los primeros en caer constituyen el eslabón más débil: más de 870.000 migrantes sin permiso de residencia a quienes ya se ha retirado la tarjeta sanitaria.

***

Este era el caso de Alpha Pam, que pese a llevar casi ocho años en España no tenía papeles. Su amigo Kalidou Amadou Gaye sí trabajaba y residía legalmente aquí y era el que sostenía la mayor parte de los gastos comunes. Era su “hermano africano”, de distinta sangre pero compartiendo todo desde adolescentes. En Dakar durmieron en la misma cama un tiempo y se enamoraron por primera vez de la misma mujer. Desde hace un par de años, vivían juntos en Can Picafort, una zona turística del norte de Mallorca.

Kalidou está ahora en uno de sus parques. Sentado en el banco no se nota tanto lo alto que es, lo alto y flaco que es. Parece vestido de domingo. Lleva un traje tradicional senegalés de satén color crema y un bolso en el pecho con la foto de un santón sufí –que era una de las posesiones más preciadas de su amigo muerto– . Mira al frente, la mirada perdida. Justo delante, unos niños juegan y gritan en los columpios. La voz es baja y monocorde.

–Cada día pienso que si lo hubiese sabido antes...–se refiere a la tuberculosis, extremadamente familiar para los senegaleses–. Si no hubiésemos venido aquí seguiría vivo, no habría muerto de eso en mi país.

Aunque soñaba con Nueva York y Londres, en su periplo migratorio Alpha pasó primero por Andalucía y Granollers. Allí trabajó en agricultura y vendiendo cosas por la calle hasta que se instaló con su amigo en este pueblo. Kalidou dice que aquí se sentían bien. Su casa es agradable, tenían muchos amigos, el sol, el mar y la nostalgia de su país y de los lugares a los que todavía no habían viajado.

-Hablamos muchas veces de cómo sería volver juntos a Senegal. Todavía no lo habíamos hecho porque Alpha no podía salir del país y yo trabajaba. Jamás pensé que volvería así, con su cuerpo dentro de una caja.

***

En noviembre del año pasado, según Kalidou y otros amigos, el habitual buen humor de Alpha se resintió porque empezó a encontrarse mal: tosía mucho y estaba un poco débil.

En el Centro de Atención Primaria de Can Picafort le atendieron varias veces de urgencias, pero al no tener tarjeta sanitaria no tenía asignado médico de cabecera y era más difícil hacer un seguimiento de la evolución de su enfermedad.

Le vieron médicos distintos. Sistemáticamente le diagnosticaban bronquitis que es lo más común para los síntomas que tenía. Solo que a partir de tres semanas ya no puede ser una bronquitis y se tiene que contemplar la posibilidad de tuberculosis u otros problemas respiratorios graves.

Ventolin, Primperan, Effelgaran, Sueroral, Enantyum, Nolotil, Espidifen, Paracetamol: los medicamentos se agolpaban en la estantería de Alpha. Ninguno le hacía mejorar.

El primer día del año su novia Alaina lo encontró bastante mal: había perdido peso y tenía fiebre. Alaina trató de convencerle para que volviese al centro pero él le contestó:

–¿Para qué? No va a servir para nada, estoy harto de ir y de que no me hagan caso.

A finales de febrero, seguía empeorando. Era ya evidente que no iba a curarse sin ayuda, y lo intentó otra vez. En esa ocasión, el médico que le atendió ya sospechaba de tuberculosis, así que le hizo la prueba de Mantoux que sirve para detectar la enfermedad a través de la reacción en la piel de una punción superficial. Al cabo de tres días, el 28 de febrero, Alpha regresó a por los resultados que fueron negativos. Sin embargo, ese día el médico recogió en el informe que Alpha era amigo de una familia que tenía ingresado a un niño por tuberculosis. La sospecha persistía. La prueba definitiva sería una placa que el médico no podía hacer en su centro. “Derivo al Hospital de Inca para radiografía de tórax y valoración ya que ha habido brote de tuberculosis en Can Picafort y sospechamos que este sea el caso primario” –el primero en sufrir la enfermedad dentro de un mismo grupo de contagio–, escribió el médico en el informe.

Consunción, tisis, mal del rey, plaga blanca, mal de vivir o mal del siglo. Estos son algunos de los nombres por los que se ha conocido a la tuberculosis: la enfermedad más vieja que afecta al ser humano, la que más vidas se ha llevado durante la historia de la humanidad.

Hoy constituye la segunda enfermedad infecciosa más mortífera después del sida.

Pero la muerte no siempre nos iguala. Si se mira el mapa de la distribución mundial de la riqueza, coincide exactamente con el de la incidencia de la enfermedad, pero a la inversa. Es una patología de los países pobres, pero también de los pobres de los países ricos.

La infección se transmite de persona a persona a través del aire. Pero no todos los portadores enferman. Su contagio y desarrollo tienen que ver con las malas condiciones de vida y con su asociación con otros problemas de salud. Hacinamiento, viviendas en malas condiciones, jornadas de trabajo prolongadas, mala alimentación, problemas en el acceso a la salud: todos estos factores influyen. Las muertes que produce son muy pocas en los países de la UE15 –los más desarrollados de Europa–. Al menos por ahora.

La tuberculosis mata muy lentamente. Normalmente sólo fallecen por su causa aquellas personas con el sistema inmunitario comprometido como los enfermos de sida. Sobre todo porque es una enfermedad fácilmente curable mediante la administración de antibióticos. A las dos o tres semanas del inicio del tratamiento ya no es contagiosa. Pero el proceso es largo, de seis a nueve meses, por lo que se aconseja un correcto seguimiento del paciente. Según la Organización Mundial de la Salud –OMS– los errores en la continuidad de la medicación están conduciendo al surgimiento de cepas resistentes a los fármacos. Esas cepas no son fácilmente curables y pueden ser una consecuencia indeseable más del fin de la universalidad de la asistencia sanitaria. En España, los recortes en salud, la exclusión de los migrantes sin papeles, las privatizaciones, el copago y otras medidas de este tipo están pavimentando el camino hacia la posible proliferación de enfermedades infecciosas, como advierten las asociaciones de médicos. En Grecia ya ha pasado. Los estudios realizados en los últimos años después del estallido de la crisis y el impacto de las políticas de austeridad apuntan al aumento considerable de infecciones por VIH y tuberculosis además del crecimiento de la mortalidad en general.

***

El hospital de Inca es un gran edificio de cristal y ladrillo, nuevo, con todas las comodidades. En un cartel de la entrada alguien ha dibujado unas tijeras dentro de una indicación de prohibido que quiere significar: “no a los recortes”. El 5 de abril, Alpha fue con la hoja de derivación del centro de atención primaria a hacerse la radiografía que le había pedido el médico. Ese día, unas enfermeras estaban fumando en el jardín. Él lo había dejado seis meses antes cuando empezó la tos y el malestar. Ya ni siquiera le apetecía. Además de la tos, a menudo tenía fiebre, temblores y escalofríos.

Kalidou le acompañaba para darle ánimos en esta ocasión, porque según él, ya había sido rechazado antes aunque no pueda demostrarlo. Las denegaciones de asistencia no quedan registradas en la burocracia hospitalaria. Las cámaras de seguridad borran las imágenes cada dos semanas. La Consejería de Sanidad niega la visita anterior y una posterior de la que informan sus amigos. En realidad, no es tan importante, porque ese mismo día con solo una radiografía Alpha hubiese sido diagnosticado.

– Sabíamos que no iba a ser fácil –dice ahora Kalidou–. Nosotros nunca pasamos los primeros pero tampoco esperábamos lo que ocurrió.

En urgencias se podían leer algunos carteles: “Zona de videovigilancia” y “Presente: tarjeta sanitaria internacional o seguro privado”.

Dentro, dos trabajadores de admisión quedaban protegidos del público por un grueso cristal dentro de una salita con forma de pecera. La que recibió a Kalidou y Alpha les dijo:

–Sin tarjeta sanitaria no podéis ser atendidos. Es la ley.

–Está empadronado, se encuentra muy mal, necesita una placa de aquí –dijo Kalidou señalando al pecho. Y le entregó un papel donde constaba inscrito como residente.

Pero el personal de admisión fue inflexible. No se puede. Si quiere ser atendido tendrá que firmar un compromiso de pago. La factura le llegará más tarde. Después de pensárselo un momento firmaron los dos. Kalidou también tuvo que dejar sus datos como “avalista”. No tenían ni idea de qué les podía costar, tampoco se lo dijeron.

Cuando llevaban como una hora y media más o menos esperando, Kalidou salió a fumar. Estaba seguro de que iban a ingresar a su amigo. Así que aprovechó para llamar a su novia y pedirle que preparase una bolsa con el pijama y otras cosas que Alpha pudiese necesitar en el hospital. Cuando terminó la llamada, apenas habían pasado ni cinco minutos, las puertas automáticas de urgencias se abrieron y su amigo salió.

Alpha había sido atendido en el tiempo que duró la llamada. Salió desolado, con más medicamentos y el mismo diagnóstico: bronquitis. Le habían prescrito también seguimiento por su médico de cabecera, sólo que no tenía. No consiguió que le hiciesen la radiografía de tórax donde se hubiesen visto sin margen de error las cavernas que provoca en los pulmones el virus de la tuberculosis. Dos semanas después, sus vecinos lo verán asfixiarse con su propia sangre en la escalera de casa.

***

Esta narración deja algunas preguntas sin respuesta. Para desentrañar la cadena de acontecimientos que ha posibilitado la muerte faltan por conocerse datos, motivaciones, responsabilidades. Estos quizás lleguen a saberse en profundidad cuando se hagan públicos los resultados de la investigación judicial en marcha. Mientras, en los interrogantes que se han abierto florecen las versiones.

En la confusión inicial algunos medios culpabilizaron al propio Alpha por no llevar la hora de derivación donde el médico de atención primaria pedía la radiografía. Pero la propia Consejería de Sanidad de Baleares en su informe sobre el caso dice que sí la llevaba. ¿Es eso tan importante?

Los médicos consultados dicen que es extraño que un médico niegue una prueba relativamente barata cuando lo pide otro médico. Quizás es menos extraño si contemplamos el contexto de recortes –60 millones de euros menos para sanidad en Baleares– y de presiones sobre los profesionales sanitarios. En este hospital, se ha presupuestado un millón de euros menos para personal durante este ejercicio. Eso significa más horas de trabajo, no cubrir bajas, más interinos y menos fijos. ¿Era la médico que atendió a Alpha una contratada eventual? ¿Cuántas horas llevaba trabajando? ¿Estaban recibiendo presiones los profesionales para ahorrar en pruebas diagnósticas? El año anterior, el Sindicato de Enfermería –SATSE– se quejaba públicamente de que las urgencias del hospital estaban colapsadas, de que los enfermeros estaban “desbordados” y exigían más recursos. Pero los recortes continuaron.

Sin embargo, la Consejería de Sanidad Balear –en manos del PP– ha puesto el acento en las responsabilidades del centro, ha despedido al gerente por las facturaciones ilegales y ha expedientado a los trabajadores: a la administrativa de admisión, al enfermero de triaje y al médico que le atendió. Es la línea oficial de respuesta. La ministra Ana Mato, al ser interrogada sobre el caso en el Congreso afirmó que “desgraciadamente, a veces se producen errores” y que la ley garantiza la asistencia sanitaria a todos por igual. El gobierno justifica sus decisiones con argumentos económicos pero no quiere asumir públicamente que la muerte es una consecuencia de sus políticas.

¿Queda asegurada realmente la asistencia sanitaria de los migrantes a los que les ha sido retirada la tarjeta sanitaria? ¿Sirve la atención exclusiva en urgencias para garantizar el derecho a la salud?

***

Tras la muerte de Alpha, su novia Alaina quiso averiguar si estaba infectada. En este caso el procedimiento fue totalmente distinto. Alaina acudió a su médico de cabecera quien también consideró necesaria una radiografía. Sin embargo, esta vez le dieron hora para la prueba desde el mismo centro de atención primaria. Alaina no acudió a urgencias, sino que fue directamente a radiología. No tuvo que llevar una hoja de derivación en la mano, ni pasar por admisión, ni volver a explicar su caso a un enfermero y a un médico. Los resultados de la prueba volvieron a su médico de cabecera directamente por vía informática. Alaina estaba bien, no se había infectado.

Esto es lo que hubiese pasado con Alpha de haber tenido tarjeta sanitaria. No se le hubiese podido negar la prueba diagnóstica. El propio sistema público se habría ahorrado cuatro o cinco visitas al centro de salud y al hospital. Y lo más importante, hubiese tenido la posibilidad de seguimiento de su enfermedad por un único médico evitando que su caso fuese evaluado una y otra vez dependiendo del tiempo disponible del profesional para su atención, su buena voluntad o su cansancio.

Nuestro sistema de atención primaria basado en los médicos de cabecera es el pilar de la asistencia sanitaria española. Asegura un correcto seguimiento del paciente y protocolos claros e iguales para todos. Ahorra costes, sirve para la detección temprana de enfermedades y las previene. Además, hacía de nuestro sistema sanitario uno de los más eficientes: el séptimo en calidad de todo el mundo –según la OMS– con muy poca inversión. El Decreto Ley 16/2012 lo pone en peligro.

Urgencias no sirve para atender los problemas de salud de la población migrante. Pero además, es difícil cuantificar el ahorro que supone sacar a unos cientos de miles del sistema cuando esto puede provocar brotes de enfermedades que al final tendrá que acabar absorbiendo la sanidad pública.

El propio protocolo para el control de las enfermedades infectocontagiosas pierde efectividad, ya que tiene que hacerse un seguimiento de todas las personas que están en contacto con los enfermos para investigar un posible contagio, pero eso se controlaba a través de los médicos de cabecera. Todo este sistema se desmorona si una parte importante de la población no tiene tarjeta sanitaria.

El Govern Balear se apresuró a retirarla incluso antes de la entrada en vigor del real decreto. Unas 20.000 personas quedaron sin tarjeta en esta comunidad. Otras como Andalucía, Asturias, o País Vasco han desobedecido la ley. Pero el Tribunal Constitucional les ha dado la razón alegando que limitar el acceso a la sanidad para algunos colectivos puede afectar a “toda la sociedad” y que los poderes públicos deben “garantizar a todos los ciudadanos el derecho a la protección de la salud”. Sin embargo las decisiones del gobierno no se han visto afectadas por esta sentencia.

***

–Si me llega la factura, qué voy a hacer –dice Kalidou cuando le preguntan por el compromiso de pago que firmó en urgencias. Se supone que el compromiso se firma porque luego el centro decide si es o no una urgencia y si no lo es envía la factura. Es un sistema bastante arbitrario porque no existe una definición clara de lo que es una urgencia y tampoco es algo que deba decidir un administrativo. De hecho, la facturación a inmigrantes, embarazadas e incluso niños –supuestos cubiertos por la ley– e incluso a españoles sin tarjeta sanitaria, era algo habitual en Baleares desde antes de la muerte de Alpha.

Médicos del Mundo lleva tiempo denunciándolo. En su sede hoy suenan los teléfonos. Alguien sale a repartir jeringuillas pero no encuentra compañero. Los sonidos se cuelan en la oficina de Paco Garrido, coordinador de la ONG en Baleares. Hay bastante ajetreo porque con los recortes y la exclusión de los migrantes, la entidad tiene que hacerse cargo de problemas que antes asistían la sanidad pública o los servicios sociales.

–Dos semanas antes de la muerte de Alpha nosotros nos habíamos reunido con el Conseller de Sanidad –Martí Sansaloni– y con el Presidente de la comunidad –Jose Ramón Bauzá– para informarles de más de 140 casos de vulneraciones de derechos, de los que muchos eran facturaciones indebidas. También de nuestra preocupación ante la posibilidad de rebrotes de enfermedades infectocontagiosas como la tuberculosis por la dificultad de diagnosticar a las personas que quedaban excluidas de la atención.

Tras la muerte de Alpha, el Conseller negó que supiera de las facturaciones, a pesar de la rueda de prensa que Médicos de Mundo y otras ONG dieron antes de la reunión para hacer público su contenido.

Garrido muestra ahora facturas de los centros que a veces llegan a casa de los migrantes que acuden a urgencias. Como la de una enferma de cáncer a la que le llegó una por más de 22.000 euros. Pero también algunas emitidas a embarazadas y niños.

–El problema es una ley ambigua que dicen está pensada para evitar el turismo sanitario pero que genera barreras de acceso a los inmigrantes. En cada comunidad se aplica de una manera. En lugares como Madrid o Galicia se ha facturado sistemáticamente, en otras depende del momento. En Baleares no son casos puntuales o “errores” como declara el gobierno de la comunidad. Está normalizado. El Instituto Balear de la Salud desde hace muchos meses no da instrucciones escritas y firmadas a los responsables de admisión sobre cómo gestionar estas facturaciones –de urgencias, menores y embarazadas– porque saben que es ilegal. La facturación se hace para provocar un efecto disuasorio, para evitar que los inmigrantes acudan incluso a urgencias. Muchas personas desisten de ser atendidas por miedo a ser facturadas.

Para Garrido la solución está en devolver la tarjeta a los migrantes que residen en las islas.

–Cuesta más dinero quitar la tarjeta que mantenerla porque tratar a la gente en urgencias es más caro, además de que no están pensadas para eso y corres el riesgo de colapsarlas; las enfermedades crónicas se agravan y acaban necesitando hospitalización; la detección de enfermedades es más tardía, y multiplicas el efecto contagio, entre otros efectos adversos.

***

¿Por qué se ha retirado la asistencia sanitaria a los migrantes sin papeles aunque la medida no supone un ahorro real? ¿Hacía falta cambiar el modelo desde la universalidad al del aseguramiento sólo para excluir a este colectivo?

Cuando los argumentos económicos no sirven, lo que queda es la naturalización. Cuesta acostumbrar a la ciudadanía a perder un derecho. Hay que hacerle sentir la excepcionalidad de la asistencia sanitaria. Ha de volverse habitual morir de enfermedades fácilmente curables para convencernos de que tiene que ser así, de que la salud debe ser únicamente el derecho de unos pocos. Sin embargo, ya hay más de 2.200 médicos que se han declarado objetores de conciencia y que están atendiendo a todo el mundo pese a las trabas burocráticas.

El cambio de modelo de la sanidad universal por el de “asegurados” es el paso previo a la privatización. La idea es introducirlo poco a poco para combatir resistencias.

En Baleares el gobierno autonómico del PP ha coqueteado con la idea y aunque durante la campaña electoral del 2011 se habló incluso de privatizar hospitales completos –como el de Inca– al final tuvieron que dar marcha atrás por presiones dentro de su propio partido y de sus bases. La estrategia ahora es hacerlo poco a poco. Primero vendieron todos los servicios no sanitarios de los hospitales incluidos los aparcamientos. El mayo pasado ya sacaron un concurso por valor de ocho millones de euros que van a ir directamente a la prestación de servicios sanitarios, desde consultas o geriátricos a operaciones y hospitalizaciones.

La gestión privada de la sanidad avanza en las autonomías del PP sobre todo en Madrid y Valencia. En Valencia se han adjudicado a la empresa privada los hospitales de nueva construcción, mientras que en Madrid se han privatizado centros completos no sin resistencia de los propios trabajadores y de los usuarios. De ahí la Marea Blanca, movimiento que lucha por la sanidad pública y que en una consulta popular realizada en Madrid consiguió el voto de casi un millón de personas. El resultado fue unánime: más del 99% estaba a favor de una sanidad universal y de gestión pública.

La justificación de las privatizaciones es otra vez, los motivos económicos. Dejando de lado las consideraciones éticas sobre si la salud debería regirse o no por este tipo de criterios, no hay ningún estudio que ratifique que la gestión privada es más barata que la pública. Por el contrario, las experiencias que se llevaron a cabo en Inglaterra durante fines de los 90 y los 2000 – y que constituyen la inspiración para nuestros gobernantes– han acabado con un aumento del gasto público en salud e incluso son la intervención del Estado para rescatar hospitales quebrados.

La ministra, Ana Mato, dice que “no podemos pagar la sanidad a todos los ciudadanos que vienen a España”. Sin embargo la sanidad se financia con impuestos indirectos no progresivos que también pagan los migrantes con o sin documentos: IVA o impuestos al tabaco, alcohol y gasolina. Con su ya conocida habilidad para malear el lenguaje, el gobierno habla de “déficit” del sistema público de salud y justifica los recortes y las exclusiones bajo el concepto de la “sostenibilidad”. Pero los presupuestos de sanidad se establecen mediante decreto. Es decir, no puede tener déficit a no ser que se adjudiquen menos recursos de los necesarios. Sin embargo España es uno de los países de la UE15 que menos dedica a salud. El presupuesto asignado es una cuestión política. El problema aquí es el de quién decide o cómo se decide en contra de los deseos de la mayoría. Es decir, el problema es el problema de la democracia.

El año pasado se recortaron 7.000 millones de euros en sanidad. Este año serán otros 3.000. Todo a instancias de la troika –Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional– que responde a los intereses del capital financiero muy feliz de poder entrar a un nuevo nicho de mercado tan rentable como el de la sanidad.

Estos recortes generan malas condiciones laborales, menos recursos y por tanto, peor atención y mayores listas de espera. La consecuencia a medio plazo: el progresivo abandono de la clase media que empieza a contratar seguros privados. Que la clase media –con mayor capacidad de movilización e influencia– abandone la sanidad, asegura una privatización sin resistencias.

Del lado de los ganadores de esta partida: gente de la casta de Juan José Güemes, exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid que ahora es gestor de la empresa privada adjudicataria de los los análisis clínicos que él mismo privatizó. Este ejemplo ilustra el pasaje entre poder político y económico en los procesos privatizadores y a qué intereses responden las muertes que ya se están produciendo en España. Muertes como las de Alpha.

***

El 22 de abril Kalidou volvió a casa después de un breve viaje. Dentro todavía estaba la sangre: sangre en el suelo, sangre en el sofá. Y los restos de la intervención médica de urgencia: gasas, papeles, jeringuillas y más sangre en ellos. La imagen de la muerte que no había presenciado se le hizo evidente. Así como los objetos del amigo están todavía en la casa y le acompañan cotidianamente, día a día.

Mientras Kalidou limpiaba, el médico forense cortaba, revisaba, analizaba, cosía y recomponía el cuerpo para llegar a una conclusión por fin. Al principio dudaba, buscaba indicios de otras enfermedades. Después, ante la evidencia, escribió en el informe:

“Causa definitiva de la muerte: asfixia por aspiración sanguínea masiva provocada por hemorragia pulmonar debido a tuberculosis no tratada”.

Miguel Reyero es ginecólogo, trabaja en un hospital universitario público de Baleares, Son Espases. Como cualquier miembro de la comunidad sanitaria de las islas, ha hablado mucho estas semanas con colegas sobre el caso de Alpha Pam. Además él, representa a Médicos del Mundo, organización del que es vicepresidente en esta comunidad.“Tenemos más de 160 casos documentados de desasistencia sanitaria a inmigrantes. Nosotros empezamos a hacer seguimiento antes de la implantación del Real Decreto: se han expedido compromisos de pago a muchos menores, muchos en urgencias, se ha retirado de lista de espera a enfermos con cáncer, embarazadas...”Le pido una lectura de lo ocurrido en el joven senegalés. Su respuesta es clara y contundente:

Para Médicos del Mundo, el derecho a curar es un argumento de peso en la campaña que desde hace más de un año llevan a cabo de recogida de datos, pero también de difusión de lo que muchos han calificado como un auténtico apartheid sanitario. Hoy miércoles comparecerán en la Comisión de Salud del Congreso de los Diputados a petición del PSOE. Miguel en representación de la organización me insiste en que la clave de lo que está fallando es la falta de cuidados continuos derivada de la redacción del RD 16/2012, esto es: al no asignarse un médico de cabecera (a excepción de menores y embarazadas), no es posible desde el punto de vista médico tratar de forma correcta a los pacientes:

Efectivamente tanto en el informe de alta de la primera visita de Alpha Pam al Hospital de Inca el 5 de abril, como en el comunicado que lanzó la Consellería de Salut (y eliminado de la web cuando se abrió la investigación) tras su muerte, se cita la derivación de Alpha a su médico de cabecera, derecho que no le asistía desde la aplicación del decreto el 1 de septiembre de 2012. Esta ignorancia en la misma aplicación de la ley complica la situación, ya que estamos ante un doble error: el legislativo en sí, y su propia aplicación que no ha respetado sistemáticamente los mínimos establecidos:

Durante los primeros meses de la aplicación del real decreto de reforma sanitaria hubo un confuso ir y venir de documentación enviada a hospitales y centros de atención primaria. Miguel nos habla del ámbito balear, que es el que investiga. Era necesario explicar la nueva legislación desde dos ámbitos: el asistencial y el de gestión o facturación. El equipo de Médicos del Mundo ha podido comprobar como en la gran mayoría de casos que han preguntado, la documentación sobre atención a inmigrantes en situación irregular con los supuestos marcados en la ley y fechada el 30 de agosto no fue distribuída. “Nosotros la enseñábamos en los centros y nos decían que eso era cosa de Médicos del Mundo”, relata exasperado Reyero. Sin embargo, este otro documento con los procesos de facturación sí parecía estar en todos los departamentos de gestión consultados. Su ambigua redacción confirmando por ejemplo que los accidentes de tráfico, escolares o laborables serían facturados (entraran o no por urgencias, y sin citar las mutuas que deben de hacerse cargo) ha dado lugar a múltiples facturas emitidas: 85€ por médico y enfermera de urgencias, 255€ por un accidente de un menor y hasta 23.000 euros a una enferma de cáncer.

Tras la muerte por tuberculosis en su domicilio de Alpha Pam el pasado 25 de Abril, el Govern balear ha hecho algunos movimientos cuanto menos, particulares: Un primer comunicado que se lanzó casi simultáneamente a las primeras repercusiones en la prensa local donde se confirmaba sin género de dudas la asistencia correcta y sin errores al joven senegalés. Como hemos indicado más arriba, este documento fue eliminado el lunes 6 de mayo al iniciarse una investigación interna que, en sus conclusiones remitía hasta tres veces al mismo Alpha Pam como origen en parte de la cadena de fallos que derivó en su muerte (lo publicamos aquí hace unos días), determinándose igualmene la destitución inminente del gerente del Hospital de Inca y la apertura de tres expedientes al equipo sanitario que le atendió.

Con estas medidas, el conseller Marti Sansaloni daba por cerrado el tema “excepcional” del inmigrante senegalés. Sin embargo, unos días más tarde varias actuaciones posteriores indican cierto nerviosismo en el consistorio balear: El 9 de mayo se distribuyó una circular urgente entre hospitales y centros de salud con la información de asistencia sanitaria recogida en el real decreto. El texto coincide con la documentación que supuestamente había sido remitida el pasado 30 de agosto, y cuya inexistencia en los centros Médicos del Mundo dice haber comprobado. Sólo un día después, se distribuye otra orden urgente retirando de inmediato la orden de emitir compromiso de pago a los inmigrantes en situación irregular que soliciten asistencia médica.

Más casos de inmigrantes desatendidos

Miguel Reyero nos recuerda que el caso de Alpha Pam no es, ni mucho menos el único de desasistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular, y que los errores se siguen produciendo más allá del Hospital de Inca y desde luego, de Baleares. Por ejemplo, el pasado 17 de mayo (días después de ser emitidas las órdenes de asistir a este colectivo desde el gobierno) una mujer embarazada de veinte semanas fue informada de que no tendría asistencia sanitaria por carecer de papeles. Tras una segunda visita con un miembro de Médicos del Mundo que explicó al centro la legislación vigente, se le hizo una tarjeta sanitaria válida hasta 2014, tras el parto y el puerperio.

O en Catalunya, donde he tenido acceso a esta circular emitida hace tan solo unos días el ICS (Instituto Català de Salut) con información nueva sobre facturación a terceros, indicando que se cobrará a mujeres embarazadas y niños inmigrantes si no acreditan su falta de recursos. La redacción de esta documentación remitida a los centros sanitarios catalanes viola, una vez más, la normativa contenida en el real decreto que asegura la asistencia sanitaria total y gratuita a futuras madres imigrantes y menores hasta los 18 años. Unos días después y tras la contundente denuncia de varios colectivos sanitarios, se ha reconocido el error y no se aplicará esta nueva norma.

Este esfuerzo comunicativo del consistorio balear no parece haber tenido sin embargo el resultado esperado: Hace unos días se presentó una querella criminal por homicidio contra el propio conseller Sansaloni y cuatro altos directivos de área de Salud en las islas. La familia de Alpha Pam ya ha dado poderes a un equipo de abogados mallorquín que está estudiando cómo personarse cuando termine la investigación policial. Y la denuncia de la coalición MES per Mallorca sigue su curso.

El cerco legal se va cerrando entorno a unos responsables no ya sanitarios, sino del ámbito político que conectan directamente con las denuncias de organizaciones como Médicos del Mundo. En unos días haremos un análisis de estos movimientos judiciales entorno al caso, sus implicaciones y posibles consecuencias.

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El mejor amigo de Alpha Pam cuenta que acudió al hospital para que le hicieran unas radiografías. Salió sin ellas y con un diagnóstico de bronquitis

La versión de las autoridades sigue llena de contradicciones

“A mí hablar de esto me hace daño, era mi hermano”. Kalidou Amadou Gaye, compañero de piso y amigo desde la adolescencia de Alpha Pam, se esfuerza por mantener la compostura en un locutorio de la localidad de Can Picafort donde vive. A su derecha, el brazo de su novia Jessica le calma. Pienso en la escena que poco antes me han relatado desde Médicos del Mundo: cómo él mismo encontró a su compañero tendido en un charco de sangre el pasado 21 de abril, muerto por tuberculosis. Ni se me pasa por la cabeza pedirle que me relate el momento, aunque sí le pido que me cuente el viaje a Dakar repatriando su cadáver.

“Fue muy duro. Para su familia yo soy otro hijo, cuando me vieron me abrazaron, no se creían que yo estuviera vivo. Vi a sus hermanos, su madre no soportaba verme, yo tampoco a ella los primeros días”. Me cuenta que en Senegal son muy religiosos y que no entendían lo que había pasado aunque se resignaban al destino de su hijo, al que no volvieron a ver desde que se marcharon juntos a buscar un futuro mejor, hace ya siete años.

“Se está hablando mucho de esto en mi país, mucho”.Hay silencios incómodos, es difícil saber cuándo termina el relato y comienza la búsqueda obscena del drama por parte del que pregunta, más aún cuando nos separan cientos de kilómetros y su mirada se pixela de tanto en tanto. Kalidou habla perfecto castellano, de vez en cuando el ruido del local me hace pedirle que me cuente las cosas un par de veces. Algunas preguntas son duras: el informe de investigación del Gobierno balear que me mandan desde el gabinete de prensa de la Consellería de Salut señala en varias ocasiones al mismo Alpha Pam y a su entorno como los causantes de lo ocurrido, ya que parece ser que a mediados de febrero se había activado un protocolo de búsqueda en la localidad tras diagnosticar a unos niños senegaleses con tuberculosis:

Kalidou ya había explicado en otro momento lo que le parecía un argumento absurdo: ambos estaban empadronados en Can Picafort hacía años y las autoridades tenían dirección y teléfonos de sobra para haberles localizado en caso de que se hubiera realizado la búsqueda. “Con ir a la plaza de Can Picafort y preguntar por el de las rastas, valía”. No parece muy desencaminado, cuando tecleando el nombre del pueblo en Google nos arroja un dato poblacional de 11.922 habitantes.

Me siento obligada a preguntarle también por un informe del propio hospital de Inca publicado antes de la destitución de su gerente Fernando Navarro, en el que relataban que a finales de febrero la policía municipal había localizado y escoltado a Alpha Pam hasta el ambulatorio (la misma consellería negará este dato por teléfono posteriormente, señalando al gerente destituido como responsable de esa información):

El papel del ambulatorio que se muestra en el vídeo va definiéndose como la clave de todo el caso: el 25 de febrero Kalidou acompaña a Alpha al ambulatorio de Can Picafort, y efectivamente en el informe del doctor que le atiende en urgencias se lee la sospecha de que se trate de un caso de tuberculosis, y se cita el contacto con otros infectados.

El test de Mantoux que se le practica da negativo pero se le deriva el 28 de febrero para un estudio más profundo –que incluye ya una radiografía– al hospital de Inca. Por segunda vez la Consellería de Salut incide en su informe en la actuación del mismo Alpha Pam y su entorno llegados a este punto: tardan un mes en acudir al hospital.

Teóricamente, aquel protocolo de salud pública activado desde la pediatría de Can Picafort seguía activo, y sin embargo en estas casi cinco semanas nadie se pone en contacto con Alpha o Kalidou en un pueblo que, recordemos, no llega a los 20.000 habitantes. A este protocolo parece ser que se ha referido Ana Mato en el Congreso al ser preguntada por el caso. O quizá al posterior a la muerte de Alpha cuando su entorno, entonces ya sí, fue rápidamente identificado y puesto en tratamiento.Kalidou me dice que prefiere no hablar de lo que están diciendo los gobiernos balear y español al respecto: “Yo sé lo que me digo, y si hablo de ellos me puedo cruzar”.

Kalidou es un hombre sensato que no me quiere contestar sobre lo que no conoce: buscando en el documento oficial de investigación y actuación del Gobierno balear, encuentro por tercera vez el dedo que señala a Alpha: se puede leer cómo la segunda visita al hospital a la que se refiere su entorno (supuestamente el 13 de abril, cuando parece ser que no le atendieron) no se realizó, tras buscar entre las cámaras de seguridad del edificio. Kalidou estaba trabajando y no pudo ir con él, por eso no quiere no hablar de este día.

Fuentes legales que están estudiando posibles personaciones particulares en el caso ya abierto en un juzgado de Palma confirman que los discos de grabación del sistema de vigilancia del hospital se borran cada dos semanas. Esto significaría que desde aproximadamente el 28 de abril no estarían disponibles, bastante antes de que se iniciara la investigación: el primer comunicado del Govern sería el viernes 3 de mayo, casualmente eliminado a los tres días.

Aquí está rescatado y se pueden leer contradicciones sensibles con las conclusiones finales de la investigación, semanas después. “El día 5 de abril fue el importante, el día que yo le llevé al hospital con el papel del ambulatorio para que le hicieran la radiografía. Se la tenían que hacer sí o sí, sí o sí”. A lo largo de la conversación vuelve cíclicamente a este momento, cuando le vio salir de la consulta de la doctora tras horas de espera, “Alpha no tenía ni fuerzas para abrir las puertas de cristal de urgencias”, solo cinco minutos después de entrar y con una bolsa de medicamentos, un diagnóstico de bronquitis y ni rastro de la radiografía:

El conseller de Salut Marti Sansaloni ha declinado la solicitud de entrevista y como dato para contrastar el testimonio de Kalidou solo tengo el informe oficial que concluye abriendo expediente por posible negligencia de los tres facultativos que atendieron a Alpha Pam el 5 de abril en el Hospital Comarcal de Inca (personal de administración, enfermero de triaje –prediagnóstico por categorías en urgencias– y doctora en turno) y la irresponsabilidad de gerente en la aplicación de la normativa del Real Decreto, lo que ha derivado en su destitución.

En los próximos días analizaré con personal sanitario y legal esta actuación y analizaremos si la negligencia administrativa y/o médica sólo es aplicable al hospital de Inca o hay casos de falta de asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular más allá de este “caso excepcional” que es como la Consellería de Salut Balear se refiere a Alpha Pam.

Al poco de acabar esta entrevista recibo esta fotografía que me envía Kalidou con un mensaje: “No saben lo que dicen, mira: he encontrado el documento de Alpha cuando solicitó la tarjeta sanitaria”. Veo que es de marzo de 2010, lo que la invalida en cualquier caso como prueba legal de nada, ya que desde el 1 de septiembre de 2012 fue retirada la cobertura del SNS al colectivo de inmigrantes en situación irregular con la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012.

Otra conversación ya sería si este papel testifica o no la moral o decencia de algunas medidas y decretos. “Gracias”, le contesto. Y me llega por teléfono un emoticono con una sonrisa desde su móvil mientras yo me quedo con una frase suya que me retumba en el cerebro: “Si Alpha hubiera sido un chico español le habrían hecho la radiografía. Se la habrían hecho, estoy seguro”.

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Ha costado bastante poder tener a Kalidou una media hora sentado para hablar tranquilamente. La semana pasada probamos varias conexiones en el piso que compartía con Alpha Pam hasta hace poco más de un mes, pero el wifi no daba para aguantar la videoconferencia. A principios de esta semana tenía los días ocupados entre el trabajo y reuniones con abogados, incluso asistencia a plenos de su municipio donde se está tramitando una petición oficial para que el Gobierno de Baleares inicie un procedimiento de responsabilidad e indemnizar a la familia senegalesa de Alpha. Y las veces que conseguíamos pactar una hora libre para ambos, ya a altas horas de la noche, se quedaba dormido. “Las pastillas del tratamiento preventivo de tuberculosis que me han dado me dan mucho sueño”.

Este miércoles por fin ha sido posible y, casualidades de los parlamentos, ha coincidido con que Ana Mato ha respondido por segunda vez, a instancias de nuevo del PSOE, sobre el caso del senegalés muerto el pasado 21 de Abril en Palma de Mallorca por esta enfermedad. Igualmente dos veces ha negado que lo ocurrido tenga que ver con el Real Decreto de mantenimiento del Sistema Nacional de Salud que entró en vigor el pasado 1 de septiembre de 2012 y dejó fuera de la cobertura sanitaria a los inmigrantes en situación irregular.

La entrevista ha sido larga y es la primera de una serie en la que hablaré con el mayor número posible de factores implicados en el caso. Hay mucho que aclarar: desde la perspectiva asistencial -sector sanitario, juramento hipocrático- pero también desde el análisis de la gestión presupuestaria de la sanidad pública; qué errores humanos se cometieron y qué actuaciones derivadas de la aplicación del Real Decreto han provocado este desenlace.

De momento, os dejo la réplica de hoy que Kalidou ha querido hacer a la ministra: “Yo le preguntaría si ella misma se cree lo que dice. Tenemos teléfonos, estamos en el s. XXI y estaba empadronado. Si quieren localizarnos, nos localizan”.

En breve, la entrevista completa.

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Ana Mato ha desvinculado la muerte del joven senegalés de la reforma sanitaria, que carecía de tarjeta sanitaria y falleció en su casa por tuberculosis. Médicos del Mundo y la Asociación Española de Medicina Comunitaria recuerdan que la muerte de Alpha Pam no se produjo por un error, como sostiene la ministra, sino a la “imposición de una legislación aprobada sin tener en cuenta las consecuencias que generaría en la vida de las personas y la salud pública”.

Según se ha pronunciado Mato en el pleno del Congreso, el fallecimiento del senegalés no se debe a la aplicación de la reforma sanitaria. La ministra considera que “desgraciadamente, a veces se producen errores”. Este mismo miércoles, el conseller de Salud de Baleares, Martí Sansaloni, ha anunciado la destitución del director gerente del hospital de Inca, Fernando Navarro, por no haber aplicado la normativa de atención a inmigrantes en el caso Alpha Pam.

Las afirmaciones de la ministra han despertado las críticas de organizaciones sanitarias. “No es mala praxis de los profesionales sanitarios la que está generando falta de atención médica a miles de personas”, aseguran Médicos del mundo y la Sociedad Española de Medicina Comunitaria en un comunicado conjunto. “La muerte de Alpha Pam ha destapado hasta qué punto una decisión legislativa puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”.

Además, sostienen que la trágica muerte de Alpha no ha sido la única consecuencia de la reforma sanitaria. “Las organizaciones que defendemos el derecho a la salud vemos cada día situaciones que podrían acabar de forma similar”, alertan. Según defienden, “la solución no debe ser ”criminalizar a los profesionales de la sanidad que continúan atendiendo a inmigrantes en situación irregular, sino en derogar una ley que, más que ahorro, genera caos y enfermedad“.

La puesta en marcha de la norma sanitaria el año pasado supuso la retirada de la tarjeta sanitaria a miles de personas. “Esta gente ya no tienen un facultativo de referencia a quien acudir”, concluyen. Según indican, en los casos documentados por Médicos del Mundo ha existido una buena praxis del personal administrativo y una buena praxis médica. No obstante, “las barreras establecidas en la reforma sanitaria impiden el adecuado tratamiento de las patologías”.

Mencionan el caso de un joven paquistaní, también residente en Baleares, que fue atendido adecuadamente en atención primaria, citado en rehabilitación y al que se le tomaron las muestras para la realización de la analítica correspondiente. Tal y como describe Médicos del Mundo, el problema llegó cuando el resultado de las pruebas diagnósticas no pudo ser enviado de vuelta al centro de salud: no tenía tarjeta sanitaria, el sistema informático bloquea dicho el procesamiento. “Es la legislación la que imposibilita tratar adecuadamente a las personas enfermas, no los profesionales”, concluyen.

Destitución del director del hospital

Además de la destitución del director gerente del hospital Inca por la muerte de Alpha Pam, el conseller de Salud de Baleares ha anunciado la apertura de tres expedientes disciplinarios por este caso: a la coordinadora de admisión del hospital de Inca, a un enfermero y a la médico de urgencias que le atendió.

El conseller ha afirmado que el posible contacto de tuberculosis de Pam, que falleció en abril, pasó inadvertido para los facultativos de urgencias del hospital de Inca, que le diagnosticaron bronquitis y le dieron tratamiento para esta afección, sin realizarse las pruebas de tórax solicitada por el médico del centro de Salud de Can Picafort.

De la investigación puesta en marcha por la Consellería de Salud, se desprende que el joven senegalés de 28 años sí tuvo asistencia sanitaria, sin embargo, “la médico que atendió al paciente Alpha Pam pudo cometer un error de diagnóstico en no haber aplicado las normas de actuación ante un caso de posible contacto con tuberculosis”.

Sansaloni ha confirmado que en el hospital de Inca se exigía un compromiso de pago por la atención en urgencias, cuando esta asistencia a inmigrantes “sin papeles” es gratuita, así como en el caso de enfermedades de salud pública (como la tuberculosis), mentales, la atención a menores y embarazadas y otras casos determinados.

La exclusión sanitaria de los inmigrantes sin papeles podría haberse cobrado su primera víctima mortal. Médicos del Mundo y la coalición de izquierda balear Més per Mallorca han denunciado que la muerte por tuberculosis de un joven senegalés el pasado 21 de abril se debió a la falta de atención médica fruto del decreto que ha dejado sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular.

Según explica la ONG, Alpha Pam, de 28 años, acudió a principios del mes de abril a su centro de salud del que fue derivado al Hospital de Inca tras observar indicios de una posible tuberculosis. A partir de ahí, comenzó un rosario de visitas al centro hospitalario en las que al joven se le denegó una adecuada atención médica por no contar con tarjeta sanitaria. Según denuncian ambos colectivos, el centro se negó hasta en tres ocasiones a realizar pruebas diagnósticas a Alpha Pam e incluso se le advirtió de que, por su condición de inmigrante, tenía que pagar la visita. En una de las ocasiones, los médicos se limitaron a darle ibuprofeno tras rechazar realizarle pruebas.

Ocho días después de su tercera visita al hospital, el joven senegalés murió en su domicilio “solo y sin asistencia”, según ha explicado Fina Santiago, portavoz de Més por Mallorca. La diputada autonómica ha exigido la dimisión del conseller de Salud balear, Martí Sansaloni, y ha anunciado que los servicios jurídicos de la coalición trabajan en una demanda penal contra el Gobierno de las islas por denegación de auxilio que será presentada en los próximos días.

Santiago ha reclamado además al Gobierno de José Ramón Bauzá que, al igual que otros ejecutivos autonómicos, mantenga la atención sanitaria a los inmigrantes al margen de la norma estatal. “Somos una de las regiones europeas con mayor renta per cápita y una persona ha muerto por falta de asistencia sanitaria. Es una auténtica vergüenza y esto no puede volver a pasar. ¿Qué valor tiene la vida para el señor Bauzá?”, se ha preguntado la diputada.

La Consejería de Salud ha dado a conocer su versión a través de un comunicado en el que publica el historial de visitas médicas del fallecido. Según la sanidad mallorquina, el joven senegalés fue atendido el pasado 25 de febrero en un centro de salud en el que se le practico una prueba rápida para descartar la tuberculosis. A pesar de que el resultado fue negativo, el paciente fue derivado al Hospital de Inca para que se realizara una valoración más completa. La versión oficial afirma que Alpha Pam acudió al centro hospitalario un mes después y que no aportó documentos de su visita al centro de atención primaria por lo que no se le practicaron las pruebas aconsejadas en el centro de salud, entre ellas, una radiografía del torax. Los denunciantes rechazan esta versión y reiteran que la falta de documentación y tarjeta sanitaria fue la causa de una atención deficiente.

Los amigos del fallecido organizaron el pasado fin de semana un mercadillo para recaudar los 7.000 euros que cuesta el traslado de su cadáver a Senegal. Según varios diarios locales, el entorno del joven está siendo sometido a pruebas diagnósticas para descartar posibles contagios.