Ha sido una de las noticias más sorprendentes que nos ha dejado la actualidad, la de la recuperación por parte de la Policía Nacional de tres obras de arte que estaban desaparecidas desde la década de los 70. Estas se trataban de pinturas de Joaquín Sorolla y José Moreno Carbonero y que pertenecían a la extinta Sociedad Española de Arte.

La investigación para recuperar los cuadros se dio desde que se descubrió que no se conocía el paradero de una pintura que formaba parte de una exposición de la Casa de Alba que tuvo lugar entre octubre de 2023 y marzo de 2024. Una de las obras más destacadas de las que se han recuperado es el retrato de Isabel de Borbón y Borbón, apodada “La Chata”, que fue pintado por Joaquín Sorolla en el año 1908.

Quién fue “La Chata”, la protagonista del Sorolla recuperado

María Isabel Francisca de Asís Cristina Francisca de Paula Dominga Borbón y Borbón vino al mundo el 20 de diciembre de 1851. Ese era el nombre completo de la primogénita de la reina Isabel II y su consorte, Francisco de Asís, que fue bautizada tan solo un día después en la capilla del palacio real de Madrid.

Sin embargo, la infanta Isabel pasaría a la historia como “La Chata” por la forma de su nariz. La pequeña no comenzó con este título real, sino con el de princesa de Asturias, que ostentó hasta que nació su hermano Alfonso, seis años después, y volvería a ser la heredera al trono cuando fue jurado rey Alfonso XII, en 1874, hasta que nació su sobrina María de las Mercedes, en 1880.

“La Chata” fue una infanta muy querida por la gente, de hecho, su popularidad hizo que llegaran a decir de ella que fue “la mejor relaciones públicas que jamás tuvo la dinastía”. Una popularidad que podría haber comenzado cuando emprendió un viaje por el territorio español junto a su madre, alentada por Leopoldo O’Donnell para mejorar la imagen de la monarquía y ligarla al desarrollo industrial, y durante el que vestían a la pequeña con el traje regional de cada zona que visitaban.

Su trágico matrimonio y su papel en el reinado de Alfonso XIII

A los 16 años fue prometida con el príncipe italiano Cayetano de Borbón Dos Sicilias y Habsburgo, conde de Girenti, después de que su familia perdiese el reino de Nápoles, con el que se casaría el 12 de enero de 1868, siendo la boda el último gran acontecimiento celebrado durante el reinado de Isabel II. Mientras estaban de luna de miel se produjo la Revolución de la Gloriosa y la familia acabó en el exilio. Tan solo cinco años después, en septiembre de 1871 sufrió un aborto espontáneo y pocos meses después su marido se suicidó por problemas de salud mental.

Pese a que le presionaron, Isabel de Borbón no volvió a contraer matrimonio y se mantuvo como primera dama durante el reinado de su hermano Alfonso XII, así como se encargó de la educación del futuro Alfonso XIII. La leyenda dice que fue la única de la familia real a la que se invitó a quedarse en Madrid por la simpatía que despertaba, aunque se asegura que esto se debía a su estado de salud.

“La Chata”, sin embargo, optó por exiliarse junto al resto de la familia y tan solo nueve días después, el 23 de abril de 1931 falleció en París a los 79 años. En 1991 regresó su cuerpo a España, y sus restos descansan en la colegiata de la Santísima Trinidad del Palacio Real de La Granja, su residencia favorita.

La solemne ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias 2025 ofrecía este año una imagen inédita: el asiento vacío de una de las galardonadas. La genetista estadounidense Mary-Claire, premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, sufrió una indisposición de última hora que le impidió acudir a la sesión de audiencias de la Familia Real con los premiados en esta 45 edición, durante la mañana, en el Hotel de la Reconquista, y por la tarde a la gala en el Teatro Campoamor de Oviedo. Junto a su ausencia, y el desenfado de la princesa hacia su padre, al que ha llamado 'boomer', han destacado los reiterados mensajes reivindicativos de la humanidad frente al avance descontrolado de la tecnología.

El acto ha transcurrido siguiendo fielmente el protocolo establecido. La llegada de la familia real al Teatro Campoamor ha precedido a la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo que ha interpretado el himno de España y, seguidamente, los galardonados han subido al escenario acompañados por la fanfarria Ayres for cornetts and sagbuts, del compositor inglés John Adson. Esta obra fue grabada en directo en el propio teatro por miembros de distintas orquestas españolas y europeas.

La presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, Ana Isabel Fernández, ha abierto el turno de intervenciones destacando “los valores con los que estamos firmemente comprometidos”, ensalzando la figura de cada premiado y sus trayectorias influyentes.

Uno de los galardonados más populares de esta edición ha sido Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025, y sobre él ha recaído el peso de la primera intervención con un discurso salpicado de humor. El escritor catalán ha reconocido que recibió el premio con “sorpresa, honor, alegría y también como un incentivo”. Ha admitido que, si no se mira al espejo, todavía se considera “una joven promesa de la narrativa española”. “Tuve la suerte de nacer y crecer rodeado de libros” y arrancó las risas del público cuando aseguró que en la escuela le inculcaron ser un “poco golfo”.

El proveedor de felicidad

Para Mendoza, el “mejor elogio” que ha recibido en su vida ha sido el de ser un “proveedor de felicidad con sus libros”, y le gustaría que eso “fuera cierto, aunque sea en dosis homeopáticas”. “Si alguna felicidad he dado a mis lectores, ellos me la han devuelto con creces con su lealtad, su complicidad y su cariño”, ha manifestado el autor, entre otros, de “Sin noticias de Gurb” o “La verdad sobre el caso Savolta”. “Lo último que se pierde no es la esperanza, sino la vanidad”, ha recalcado.

“En el colegio recibí una educación estricta, tediosa y opresiva. Tenazmente me inculcaron las virtudes del trabajo, el ahorro y el decoro, gracias a lo cual salí vago, malgastador y un poco golfo, tres cosas malas en sí, pero buenas para escribir novelas”, ha relatado ante un público tan entregado como sus lectores. En su intervención, el Premio Princesa de Asturias de las Letras ha descrito a Barcelona, su ciudad natal que tanto ha reflejado en sus obras, como “cálida, soleada, tranquila laboriosa y conservadora”, pero, además, “viciosa y canalla”, donde descubrió que tenía un “interesante pasado turbulento y criminal”, del que se apropió para escribir sus trabajos, porque “las ciudades, como las novelas, son de todos y no son de nadie”.

Tras agradecer el apoyo de familia, amigos y compañeros de profesión, ha señalado que los demás factores para llegar adonde ha llegado son mérito suyo. “Ya está bien de modestia”, ha añadido y, de nuevo, ha arrancado risas e incluso alguna carcajada. El escritor ha asegurado no ser ni optimista ni pesimista, pero ha recalcado que “no le gusta el mundo tal como lo ve”, quizá porque ha tenido “la suerte de vivir una larga etapa excepcional de relativa paz, estabilidad y bienestar”. “A mi edad, preferiría disfrutar de lo que hay y no andar quejándome de lo que falta, pero me temo que no podrá ser. Por lo demás, los años me han hecho valorar sobre todas las cosas el respeto. Y si algo me han enseñado es que todo es relativo. O quizá no”, ha reflexionado en voz alta.

El recuerdo a Serrat

El premio Princesa de Asturias de las Letras ha tenido un recuerdo hacia su amigo el cantautor catalán Joan Manuel Serrat, quien al recibir el galardón de las Artes 2024 cantó la canción “Esas pequeñas cosas”. La “joven promesa de la narrativa española”, sin embargo, ha declinado cantar porque, según ha dicho, “ustedes preferirán que yo no lo haga”. Un discurso, cargado de humor, que arrancó en varias ocasiones las risas cómplices del público en los apenas dos minutos de que disponía para intervenir.

El filósofo Byung-Chul Han ha hecho en Asturias su primera rueda de prensa “de su vida”, según recordó estos días durante la intensa agenda de actividades programadas por la Fundación Princesa de Asturias. Esta tarde, el pensador alemán de origen surcoreano ha recogido el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. En su intervención, Byung-Chul Han reconoció que sus discursos “agitan la conciencia de la sociedad para que despierte”.

Aunque hoy creamos ser más libres que nunca, vivimos en un régimen despótico, en una sociedad de rendimiento. Uno se imagina que es libre pero en realidad se colapsa a sí mismo. Somos como aquel esclavo que le quita el látigo a su amo y se explota a sí mismo

Byung-Chul Han — Filósofo alemán de origen surcoreano. Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades

“Aunque hoy creamos ser más libres que nunca, vivimos en un régimen despótico, en una sociedad de rendimiento. Uno se imagina que es libre pero en realidad se colapsa a sí mismo. Somos como aquel esclavo que le quita el látigo a su amo y se explota a sí mismo”, ha afirmado.

Los riesgos de la digitalización

También ha aludido a los riesgos de la digitalización: “Las redes sociales nos aislan y nos quitan la empatía”, ha dicho. “La tecnología sin control político, la técnica sin ética puede adoptar una forma monstruosa y esclavizar a las personas”, ha añadido. “La política se reduce a luchas por el poder y el neoliberalismo ha creado una gran cantidad de perdedores y la brecha social entre ricos y pobres se sigue agrandando cada vez más, y esos temores lanzan a la gente a los brazos de populistas”.

“Sentimos que no somos libres sino que arrastramos de una adicción a otra, ya no tenemos valores ni ideales con lo que llenar el vacío al que nos ha llevado el liberalismo. Algo no va bien en la sociedad”. “He irritado a la gente, pero afortunadamente no me han condenado a muerte y hoy soy honrado con la concesión de este bellísimo premio”.

La fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025, ha explicado que “la vida solo puede ser captada por el sueño. Todo lo que fotografié a lo largo de mi vida me ha llenado el espíritu”.

El arte fotográfico no conoce fronteras, por más que algunos hombres poderosos intenten coartarlo

Graciela Iturbide — Fotógrafa mexicana. Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025

“La fotografía es un buen pretexto para conocer el mundo. Algunas de mis imágenes forman parte del imaginario mexicano. Le he dedicado mis mejores años al mundo indígena, donde sobreviven y resisten los indígenas, sin embargo, soy el resultado de la fusión de dos culturas, como la mayor parte de los mexicanos”.

“No me gusta que digan que mi fotografía es mágica, me interesa que haya una dosis de poesía en ella”, ha explicado la galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025. “Nunca he construido ninguna imagen”, ha admitido. Opina que el mejor consejo para hacer una foto es el siguiente: “No hay que apresurarse, hay tiempo”. “El arte fotográfico no conoce fronteras, por más que algunos hombres poderosos intenten coartarlo”.

El economista y estadista italiano Mario Draghi ha reconocido que “construir Europa” fue la misión de su carrera, pero hoy “casi todos los principios sobre los que se fundó la Unión Europea se tambalean”. Draghi, conocido popularmente como “el salvador del euro”, ha lamentado la falta de liderazgo de la Unión Europea (UE) como la sostenibilidad y ha solicitado mayor legitimidad democrática.

Construir Europa ha sido la misión de mi carrera, pero hoy casi todos los principios sobre los que se fundó la Unión Europea se tambalean

Mario Draghi — Economista y político italiano. Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional

“La mayor traba es que frente a este nuevo mundo no hemos construido un mandato compartido, el futuro de Europa tiene que ser un viaje al federalismo”, ha expuesto. Draghi defiende una Europa que respete los ritmos de cada uno de sus miembros, que se sumen esfuerzos, un federalismo pragmático que permita renovar el impulso democrático de la propia Europa.

“Es una visión de Europa llena de confianza en la que los ciudadanos puedan creer, una Europa que se niegue a ser pisoteada y que actúe por orgullo de lo que aún se puede lograr. Estoy seguro de que podemos hacerlo”.

El testigo recogido por la princesa

Por primera vez, se daba un mayor protagonismo a la princesa de Asturias, tras recoger el testigo que le cedió el rey Felipe, el año pasado, con el gesto contenido de un emocionado padre hacia la hija que alcanzaba ya la mayoría de edad.

Esta 45 edición ha sido la prueba de fuego para Leonor de Borbón que se estrenaba glosando a las personalidades reconocidas en las disciplinas de las Artes, las Letras, la Investigación Científica y Técnica, los Deportes, Comunicación y Humanidades, Ciencias Sociales y Cooperación Internacional en el acto de entrega de los galardones que llevan su nombre.

El Principado os acoge con todo cariño. En tiempos de fugacidad he escrito una carta a cada premiado, siendo de la generación Z e hija de una de la generación X y de un boomer

Leonor de Borbón — Princesa de Asturias

Las primeras palabras de la princesa de Asturias han sido para dar la bienvenida al Principado a los galardonados, a los que ha dicho que la comunidad autónoma les acoge con todo cariño. Ha dicho que “en tiempos de fugacidad he escrito una carta a cada premiado, siendo de la generación Z e hija de una de la generación X y de un 'boomer”.

En su glosa a la tenista estadounidense Serena Williams ha asegurado que nadie podría entender hoy en día el tenis sin ella.

“Nos has demostrado que la grandeza no está en ganar siempre sino en la capacidad de levantarse. Las hermanas cómplices son nuestras grandes aliadas”, ha expresado la princesa de Asturias en referencia a Venus Williams, pero haciendo a la vez un guiño a la complicidad con su hermana, la infanta Sofía.

A esta faceta ha sumado la de empresaria: “Sigues demostrando que tu espíritu competitivo también se refleja en la vida”, ha afirmado de la campeona estadounidense del tenis que se ha declarado esta semana “fan incondicional” del tenista español Carlos Alcaraz.

“Quizá debamos volver a la esencial, a los básicos, a la educación, a valorar a nuestras maestras y maestros, a no olvidarnos de atender a quienes no lo tienen fácil, a los jóvenes que pelean para tener un trabajo, un hogar, a nuestros niños en riesgo de pobreza”, ha sugerido la princesa de Asturias.

Quizá debamos volver a la esencial, a los básicos, a la educación, a valorar a nuestras maestras y maestros, a no olvidarnos de atender a quienes no lo tienen fácil, a los jóvenes que pelean para tener un trabajo, un hogar, a nuestros niños en riesgo de pobreza

Leonor de Borbón — Princesa de Asturias

La princesa Leonor ha agradecido al demógrafo estaounidense Douglas Massey, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, un trabajo que permite “comprender en toda su dimensión el gran desafío que tienen hoy muchos gobiernos con la inmigración”, que “ha roto las narrativas simplistas y ha formulado políticas migratorias basadas en datos y no en desinformación”.

También ha recordado que Douglas Massey incide en que la inmigración conlleva costes y beneficios, y que el problema es que “los costes se producen de forma desproporcionada en el presente y en el ámbito local, mientras que los beneficios se acumulan en el futuro y en el ámbito nacional”.

“Lo ha defendido con datos hasta la saciedad, metiéndose en el centro de la discusión política con ataques desde diferentes ámbitos políticos”, ha añadido la princesa tras reconocer que la complejidad del fenómeno migratorio nos desborda.

Al economista y político italiano Mario Draghi, Premio Cooperación Internacional 2025, le ha agradecido su “acto de confianza en el proyecto europeo en uno de sus momentos más frágiles” y la idea de que “juntos somos más fuertes”.

Tras recordar que en su etapa como presidente del Banco Central Europeo Draghi dijo que haría lo necesario por salvar el euro, la princesa de Asturias ha señalado que sus palabras, además de calmar los mercados, “encerraban un mensaje más profundo que el de la estabilidad financiera: la defensa de los valores europeos, de la solidaridad entre países y de la idea, no por repetida menos valiosa, de que juntos somos más fuertes”.

Fámula, badulaque: El diccionario de Leonor

Al escritor Eduardo Mendoza le ha agradecido la felicidad que le ha proporcionado su lectura, pero también la “curiosidad” por palabras que los jóvenes como ella no conocen, como “fámula, badulaque, enteco, masovero, chafarrinón”, términos que no sabía cómo iban a poder interpretar los traductores de la ceremonia.

“Te llamas artesano de la palabra y lo dices con el humor fino y socarrón del barcelonés al que adorna un barniz cervantino, un poco británico, un poco neoyorquino y, a partir de ahora, también un poco asturiano”, le ha dedicado la princesa al escritor al que, a diferencia de otros galardonados, se ha dirigido con el tuteo.

Leonor de Borbón también ha glosado los logros de Mary-Claire King. Ha destacado sus logros en la investigación en torno al cáncer de mama y de ovario, lo que permitió la identificación de unos genes con susceptibilidad a este tipo de tumores “de tanta importancia científica, médica y emocional”. También ha resaltado su compromiso social al contribuir con sus conocimientos en genética a que los nietos de los desaparecidos por la represión de la dictadura argentina hayan podido reunirse con sus familias.

Asturias tiene grandes vínculos con México y, por ello, el premio de la Concordia ha sido muy alabado en el Principado al recaer en el Museo Nacional de Antropología. Leonor de Borbón ha deseado poder visitar algún día el bosque de Chapultepec y admirar más de tres mil años de historia. Del museo ha dicho que “proyecta con vigor la fuerza de un pueblo que se mira a sí mismo con orgullo y que muestra al mundo su generosidad para compartir” su historia “en un gran ejercicio de concordia”.

La princesa de Asturias ha glosado la figura de la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, Premio de las Artes 2025, y ha elogiado que su trabajo se destaque precisamente por las palabras “esperar” y “paciencia”, que, a su juicio, son dos términos que “no abundan en estos tiempos”. Se trata de “una fotógrafa sin prisa, con vocación de escritora, estudiosa del cine y gran lectora”, y “una artista que ha plasmado la fuerza de las mujeres, la de la zapoteca de las iguanas, también de la mujer sei de Sonora, la Mujer Ángel que enlaza presente y futuro en aquel desierto”, ha enumerado en referencia a fotografías icónicas de Iturbide.

El trabajo del filósofo Byung-Chul Han también ha sido resaltado durante su intervención. En su glosa, Leonor de Borbón ha agradecido que desde su pensamiento invite a practicar la paciencia, la introspección y la lectura profunda en el tiempo del apresuramiento.

Su intervención, muy aplaudida y que en algunos momentos arrancó más de una sonrisa de los galardonados, ha dado paso al rey Felipe, quien recordó que va a ceder más protagonismo a su hija primogénita de forma paulatina, aunque va a seguir vinculado a estos premios.

No en vano, durante 44 años él ha sido quien ha estado interviniendo desde el atril, los últimos siete acompañados de su hija Leonor. Y al considerar que, a su mayoría de edad, se suma su sensibilidad y su madurez, considera que debe coger más responsabilidades y compromisos.

La “cesión” del rey

“Me corresponde ir cediéndole este espacio, esto lo digo con emoción de padre y de rey”, ha ratificado. En un emotivo discurso ha reconocido que no puede concebir “estar lejos de Asturias y menos la reina. Presente o no, estaré siempre comprometido”. Una alusión al hecho de que la reina Letizia juega en casa, ya que es natural de Oviedo.

“Una sociedad madura debe saber identificar la excelencia y reconocer el mérito”, ha continuado el monarca. “Vivimos en un mundo que se debate demasiado a menudo: un individualismo radical; y una pulsión globalizadora que oscurece las diferencias y degrada la diversidad”. “Encontrar el camino intermedio, entre la comunidad y la persona. Abrir a la persona una manera de vivir mejor, con más conciencia del ser y del estar en el mundo. La convivencia democrática tiene su gran pilar en la educación”, ha comentado el rey.

El discurso del monarca ha sonado a despedida, mientras que el relevo ha quedado formalmente en manos de la princesa de Asturias quien ha sido la encargada de cerrar el acto convocando los Premios Princesa de Asturias de la edición de 2026. La música de la Real Banda de Gaitas “Ciudad de Oviedo” con la interpretación del Himno de Asturias ha clausurado la ceremonia.

La representación oficial

Este año se ha reducido la presencia de miembros del Gobierno central. En la edición de 2024 acudieron a Asturias los ministros de Cultura, Ciencia y Educación, pero este año solo se desplazó hasta la capital asturiana el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Entre los asistentes estaban también la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, el presidente del Senado, Pedro Rollán, el presidente de Catalunya Salvador Illa y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Además, también ocupaban uno de los asientos de invitados el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y la presidenta del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, María Isabel Perelló. Por parte del Ejecutivo regional no podían faltar el presidente del Principado, Adrián Barbón, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y las alcaldesas de Gijón y Avilés, Carmen Moriyón y Mariví Monteserín, respectivamente.

De los 'looks' a banderas republicanas

Con la salida de las autoridades, los galardonados y los invitados comenzaba otro examen diferente. Muchos curiosos se acercaban hasta las inmediaciones del Teatro Campoamor para dibujar un retrato del estilismo y comenzaban las quinielas sobre los mejor y peor vestidos, comentando si la reina Letizia llevaba un elegante vestido largo en negro y media manga y la princesa Leonor, también con vestido largo, en el color de moda de este otoño, en marrón chocolate, mientras la infanta Sofía llevaba un vestido en color vino, más informal. También en el exterior del Teatro Campoamor se escucharon proclamas contra la monarquía y se exhibieron banderas republicanas. Era la otra cara de la moneda. Una imagen diferente de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo, la ciudad que hoy se convertía en el foco mundial de la cultura.

Son 358 regalos, casi uno al día, los que recibió la Familia Real en 2024. Como cada año desde 2015, la institución hace pública esta lista de obsequios que les son entregados en diferentes actos oficiales y recepciones al rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y los reyes eméritos Juan Carlos I y Sofía. Entre los más curiosos de 2024, una antorcha olímpica, que recibió el rey en agosto pasado, por su asistencia a los Juegos de París.

También figuran en el listado una muñeca de trapo vestida con el chándal oficial del Equipo Olímpico Español en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92; una maqueta de una barca funeraria egipcia, una grapadora (con su estuche) regalada por una empresa que fabrica grapadoras industriales y, en pleno 2025, un CD con grabaciones de Frédéric Chopin, que obsequió la presidenta del Tribunal Supremo Polaco.

Los regalos más frecuentes son libros y otro tipo de publicaciones, con un total de 208 obsequios. Entre todos ellos, llama la atención que el Consejo de Seguridad Nuclear regaló al rey el libro 'Marie Curie y la radiactividad'.

Las prendas de vestir son el siguiente tipo de regalo más numeroso: 57 ítems entre camisetas (17), corbatas (16), sudaderas, polos, varios sombreros y un poncho, presente del presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Quizá entre los regalos más valiosos están las dos esculturas de Jaume Plensa que recibieron la princesa Leonor y la infanta Sofía en su visita al taller del artista en julio de 2024 en Sant Feliu de Llobregat o el disco de vinilo autografiado por Joan Manuel Serrat para la reina Letizia.

Consulta aquí el catálogo completo de regalos:

La Asemblea Republicana de Vigo ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado y la Agencia Tributaria (AEAT) al rey emérito y las infantas Elena y Cristina por presuntos delitos fiscales y blanqueo de capitales. La entidad considera que la constitución en Abu Dhabi, por parte de Juan Carlos de Borbón, de una fundación con fondos multimillonarios para asegurar la herencia de sus hijas demuestra que posee fondos en el extranjero que ha escondido a la hacienda española, incluso tras dos regularizaciones fiscales. Su fortuna estimada por Forbes y el New York Times -según información de El Confidencial incluida en la acusación- alcanza los dos mil millones de euros.

La denuncia, presentada este mediodía en los juzgados de la ciudad, recuerda que el emérito realizó una primera regularización fiscal en diciembre de 2020 por valor de 678.393 euros y otra, dos meses después, por importe de 4,4 millones de euros para la que, según su testimonio, tuvo que pedir dinero prestado a sus amigos y convenció así a la AEAT de que no le quedaba dinero. “Ni por el concepto ni por su cuantía quedó regularizado patrimonio oculto en el extranjero”, argumenta.

En su acusación, recogen numerosas informaciones periodísticas, entre ellas la citada de El Confidencial donde se asegura que ninguna de las infantas recibe asignación económica de los Presupuestos Generales del Estado desde que dejaron de formar parte de la Casa Real en 2014. Elena “trabaja en la Fundación Mapfre y percibe un salario de unos 300.000 euros anuales” mientras Cristina “ingresa unos 400.000 euros de la Fundación Aga Khan, con sede en Ginebra”. Se trata de sueldos “considerables”, pero el emérito “teme que pierdan esos empleos cuando él falte”. No es su único ingreso ya que ambas “se han nutrido tradicionalmente de los fondos sin declarar que su progenitor guardaba en el extranjero y que periódicamente le entregaban sus asesores en efectivo en el Palacio de la Zarzuela”.

La fundación, presidida por el Borbón, de 87 años, y con sus hijas en el patronato, funciona así como un “vehículo sucesorio” en el que no ha participado ni figura como futuro beneficiario el rey Felipe VI. Los trámites se han realizado con discreción para evitar otro escándalo, tras el archivo de las investigaciones contra el Rey emérito de la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía del Cantón de Ginebra (Suiza). La creación de la entidad responde a la inquietud de Juan Carlos I, que cumplirá 87 años en enero, por la situación en la que podrían quedar sus dos hijas tras su muerte.

“Ahora, sabiéndose impune, ofende a la ciudadanía española aflorando su patrimonio oculto, incluso sin tener la delicadeza de esperar a la prescripción del derecho a comprobar los períodos y tributos regularizados” que, según recuerda la Asemblea Republicana, se produciría en diciembre de este año y febrero de 2025, respectivamente.

La entidad considera que “la pertenencia al Patronato de una institución sucesoria opaca, nutrida con fondos defraudados a la Hacienda Pública y de origen probablemente ilícito”, convierte a las infantas en “encubridoras” de uno o varios delitos fiscales y “autoras” de un delito de blanqueo, a lo que se sumaría una infracción tributaria o un delito contra la hacienda pública por percibir sin declarar fondos del extranjero, por cuenta de su padre, para financiar su “alto nivel de vida”.

“La ciudadanía española queda nuevamente atónita con las conductas de la anterior casa real. La estupefacción que causan estas recurrentes noticias no tiene parangón con otros casos de corrupción púbilca. Las dos administraciones interpeladas tienen el deber jurídico de esclarecer y perseguir las conductas que puedan deducirse de los hechos informados. Se trata de un deber terminante, de una cuestión de legalidad insoslayable pero también de moralidad pública, políticamente perturbada por la indecencia de tales conductas”, concluye la denuncia de la Asemblea Republicana.

“Los próximos pasos para que no se duerma la denuncia serán contactar con todos los grupos parlamentarios de la investidura para que presionen al gobierno para que las actuaciones de investigación comiencen lo antes posible”, dada la proximidad de la fecha en la que prescriben las “complementarias” presentadas por el emérito. Así lo explicó, a las puertas del juzgado, Antón Beiras, fiscalista y uno de los firmantes del texto. “Si no se inician antes las actuaciones, no hay nada que hacer”.

Beiras explicó que optaron por esta vía y no por una querella porque “la anterior la inadmitió el Tribunal Supremo por su doctrina: que las querellas no se pueden fundamentar en recortes de periódico, excepto cuando son dirigidas contra Begoña Gómez”.

Cuestionados por el carácter republicano de su actuación, Beiras repreguntó: “¿No es un escándalo? ¿Acaso un monárquico no se puede sumar a esta iniciativa? Un fraude de dos mil millones de euros cometido por la más alta magistratura del Estado no es perseguido, pero cualquiera de nosotros puede acabar con una multa. No es una cuestión de república o monarquía, es un problema de ciudadanía”, concluyó.

Dicen que se vacunaron para conseguir un pasaporte sanitario que les permita viajar regularmente a Abu Dabi para visitar a Juan Carlos I. Ante el escándalo de su inmunización en Emiratos, las infantas Elena y Cristina de Borbón han emitido un comunicado conjunto, remitido por la infanta Elena a varios medios de comunicación, en el que reconocen: “Hemos acudido a visitar a nuestro padre y, con el objeto de tener un pasaporte sanitario que nos permitiera hacerlo regularmente, se nos ofreció la posibilidad de vacunarnos, a lo que accedimos”.

Elena, de 57 años, y Cristina, de 55, afirman que, “de no ser por esta circunstancia”, habrían accedido al turno de vacunación en España cuando les “hubiera correspondido”. Las hermanas no están incluidas en ningún grupo de riesgo ni trabajan en ninguna profesión esencial por lo que, de no haberse inyectado el suero en Emiratos, todavía deberían haber esperado varias semanas para ser inmunizadas, según el protocolo del Ministerio de Sanidad.

Según ha confirmado el Ministerio de Sanidad de Emiratos Árabes Unidos a elDiario.es, las infantas también se han saltado el protocolo establecido en el país. “La vacuna solo está disponible para ciudadanos y residentes en este momento”, ha señalado el ministerio.

33.000 euros en dietas, a cargo de Interior

El viaje de las infantas a Abu Dabi para vacunarse contra el coronavirus antes de lo que les corresponde costará a las arcas públicas 33.000 euros. Según adelanta este miércoles La Política Online, el ministerio del Interior se hizo cargo de las dietas de los tres escoltas que acompañaron a cada una de las hermanas del rey Felipe VI durante su visita al emérito Juan Carlos I, acompañadas del exdirector del CNI Félix Sanz Roldán, en el que aprovecharon para hacer también turismo sanitario.

Según ese medio, que cita fuentes en contacto directo con los servicios de escolta habituales de la Casa Real, los emolumentos del personal de seguridad no varían si tienen que viajar al extranjero, pero sí reciben dietas por desplazamiento. En este caso, la partida correspondiente a los seis escoltas que acompañaron a las infantas ascendería a un total de 33.000 euros.

Elena y Cristina volaron el fin de semana del 6-7 de febrero, según adelantó este martes El Confidencial, y regresaron a España, ya vacunadas, el del 13-14 de febrero. Casa Real se desmarcó ayer mismo de este hecho, asegurando que tanto el rey Felipe, como la reina Letizia y sus dos hijas se vacunarán cuando les toque según los protocolos establecidos para la campaña de vacunación.

Este mismo miércoles, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha afirmado que “la sociedad española no acepta que miembros de la Casa Real se vacunen contra el coronavirus en Abu Dabi”. “Hay un debate sobre la utilidad de la monarquía que va creciendo cada vez que desde la propia Casa Real ofrecen nuevos escándalos que producen una enorme indignación en una parte importantísima de la sociedad”, ha dicho. Precisamente, el escándalo de la vacunación llega unos días después de que el rey emérito regularizara más de 4 millones de euros con la Hacienda española, sin que mediara inspección o requerimiento previo.

Emiratos, la puerta de atrás para los ciudadanos ricos

Emiratos Árabes Unidos (EAU) es el segundo país del mundo con más dosis administradas de la vacuna contra la COVID-19 por cada 100 habitantes (60,95), solo por detrás de Israel (94,87) y prácticamente con el doble que el tercero en la lista, Reino Unido. El país árabe, además, se ha convertido en la puerta de atrás para que ciudadanos acaudalados de todo el mundo acudan allí a vacunarse, como han hecho las infantas Elena y Cristina.

“Emiratos Árabes Unidos está ofreciendo la vacuna a sus ciudadanos y residentes de forma gratuita y opcional tras asegurarse que la persona no tiene síntomas o enfermedades que lo conviertan en desaconsejable”, señala el Ministerio de Sanidad de Emiratos en su página web. El país tiene aprobadas cuatro vacunas: Sinopharm (China), Pfizer-BioNTech, Sputnik V y Oxford/AstraZeneca.

A pesar de lo anunciado por EAU en cuanto a la disponibilidad de las vacunas solo para nacionales y ciudadanos del país, un exclusivo y elitista club de Londres, el Knightsbridge Circle, asegura que ha llegado a un acuerdo con las autoridades emiratíes para ofrecer la vacuna de Sinopharm a sus miembros, que pagan una cuota de 29.000 euros al año, como parte de una estrategia para “atraer turismo a la zona”, según informó The Guardian. “A estos turistas se les ofrece la vacuna de Sinopharm”, dijo el portavoz del club.

El fundador del club, Stuart McNeill, declaró a The New York Times que desde que se hizo pública la oferta de vacunación a turistas, el club ha recibido más de 2.000 solicitudes nuevas y “varias empresas de aviones privados” han contactado con el club para transportar a los clientes.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, presidida por la magistrada Ángela Murillo, ha impuesto esta pena al acusado, después de que éste haya reconocido los hechos y su defensa, ejercida por el abogado Kepa Landa, haya alcanzado un acuerdo de conformidad con el fiscal Juan Antonio García Jabaloy.

El tribunal, que ha condenado también a Otxoa a siete años de inhabilitación absoluta, se pronunciará en sentencia sobre la suspensión de la ejecución de la pena que ha sido solicitada por el abogado defensor y respaldada por el representante del Ministerio Público, a la vista de que el joven no cuenta con antecedentes penales y la pena que le ha sido impuesta es inferior a dos años de prisión.

El procesado, que se enfrentaba en un principio a un año y medio de cárcel, escribió en los años 2013 y 2014 una “gran” cantidad de mensajes, comentarios escritos e imágenes en los que, de manera explícita y reiterada, justificaba la actividad de la organización terrorista ETA.

El acusado propuso hacer un “escrache” a las víctimas de ETA e incitó a cometer “un ataque terrorista” contra la antigua líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez. En otro comentario apuntaba: 'Juguemos a la ouija: G-o-r-a E-T-A m-i-l-i-t-a-r-r-a“.

Los “twiterterroristas”

Otxoa Gil, que fue detenido el 6 de noviembre de 2014 por la Guardia Civil por su actividad en las redes sociales, también “humilló” a las víctimas de ETA al escribir tuits como 'ojalá a Irene Villa la hubieran matao (sic)' o 'los 'twitterroristas se ríen porque quedarán libres y Ordóñez no', en referencia al exconcejal del PP Gregorio Ordóñez, asesinado por la banda.

El fiscal destacó en su escrito que los hechos reúnen el requisito de difusión pública que exige el Código Penal para el delito de enaltecimiento del terrorismo, ya que los comentarios que escribió eran “accesibles de manera pública y sin ningún tipo de restricción” y su intención era que tuvieran “un gran nivel de difusión”.

En los pasillos llegó a haber hasta 29 pacientes en observación

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha comunicado a última hora de la mañana de este martes que ha solucionado el atasco creado en el servicio de Urgencias del hospital Infanta Cristina de Badajoz, después de que se produjera la queja de sanitarios, pacientes y Plataforma por la Sanidad Pública, a raíz de que llegaran a acumularse hasta 29 enfermos en camillas por los pasillos, en vez de estar en salas de observación.

Entre el fin de semana y el lunes, el SES se ha visto obligado a contratar un total de 41 profesionales entre médicos, enfermeros y auxiliares de enfermería, y asegura haber reforzado además las guardias en los servicios de Urgencias y de Medicina Interna.

Además se han habilitado 33 camas en las salas de observación 2 y 3 del Hospital Infanta Cristina de Badajoz, y hasta 36 más en la tercera planta del Hospital Perpetuo Socorro.

El Servicio de Salud atribuye el problema a una avalancha de pacientes, asociada a los virus que abundan en estas fechas; desde el pasado viernes y durante el sábado y el domingo, las urgencias del Infanta Cristina de registraron hasta 100 pacientes más al día de los que registran de manera habitual: mientras que la media de pacientes atendidos es de entre 150 y 170 diarios, durante cada uno de los días antes citados se atendieron a 270 personas, según sus datos.

Esta misma situación se repitió en las urgencias del Hospital Perpetuo Socorro de la misma ciudad, que aunque “no llegó a tener pacientes esperando por una cama”, sí atendió de media a 80 personas más que en un día normal. Mientras que con una presión asistencial habitual la afluencia a urgencias de este centro es de 116 personas, durante el viernes, el sábado y el domingo pasados este número llegó a los 190 pacientes diarios.

La plataforma en pro de la sanidad pública ha reprochado la “mala gestión”, la falta de previsión y el “desinterés” de los gestores del SES “que no hacen nada para solucionarlo y un año más se encuentran desbordados por las bajas temperaturas y aumento de virus en el invierno”.

Las esperanzas de la infanta Cristina llevaban el nombre de un banquero muerto. Hasta que este lunes, el juez José Castro ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra 17 personas por el caso Nóos y ha dedicado una cuarta parte a explicar por qué no es aplicable la 'doctrina Botín' a una de ellas, la hermana del rey, que la hubiera salvado del banquillo. Viene a decir Castro que, si Hacienda y Fiscalía no quieren acusar a la infanta, la acusación popular de Manos Limpias está legitimada para hacerlo en representación de todos los españoles. Porque Hacienda no es solo Hacienda, “Hacienda somos todos”, que decía una campaña de la Agencia Tributaria citada por Castro en su auto.

Estos son los tres principales argumentos con los que Castro descarta aplicar a la infanta la 'doctrina Botín':

1. La 'doctrina Botín' evitó que se celebrara un juicio al banquero, pero el del caso Nóos se celebraría aun cuando se aplicara aquel fallo del Supremo. En el primer caso, la Abogacía del Estado y la Fiscalía concluyeron que no había delito en la conducta de Botín. Toda la acusación hubiera recaído en la acción popular. Aquí no ocurre lo mismo. La Fiscalía y la Abogacía del Estado van a ejercer la acusación, aunque no la dirijan contra la infanta. La vista se celebrará “aun sin la intervención (en la acusación de la infanta) de quienes teóricamente se presentaran como exclusivos paladines del interés social e individual”, escribe el juez, que aprovecha para reprochar a la Agencia Tributaria haber elegido “a capricho” a qué personas va a acusar por delito fiscal.

2. La jurisprudencia del Supremo interpreta que el legislador quiere acelerar los procesos por delitos de escasa gravedad y sencilla tramitación y por eso eliminó la posibilidad de abrir juicio oral solo con la acusación popular. El juicio del caso Nóos, sin embargo, se va a celebrar “irremediablemente”, dice Castro. “Siendo de compleja ejecución los delitos cometidos, no se adivina qué ahorro temporal obtendría”, añade.

3. ¿Por qué puede actuar contra la infanta la acusación popular? Explica Castro que a la hermana del rey se le atribuye “un atentado a un bien jurídico colectivo de interés general”, el erario público. Si la Agencia Tributaria no quiere acusar a la infanta, puede hacerlo la acusación popular en su lugar y en representación de todos los ciudadanos. “Llegar a la conclusión de que en los delitos contra la Hacienda Pública el perjudicado, o el único perjudicado, es la Abogacía del Estado sería tanto como decir que, ante un fraude del que fuera víctima una comunidad de propietarios, el perjudicado sería su administrados y no aquellos”, consigna el juez.

Por si quedara alguna duda, Castro se explaya: cuando se produce un “determinado volumen de evasión fiscal, el Gobierno de turno, que ve disminuidos sus ingresos, efectúa una automática compensación recortando los servicios públicos, aumentando la presión fiscal o, lo que es más frecuente, ambas cosas a la vez, pero en todo caso es el indeterminado colectivo de los ciudadanos el que se ve directamente afectado por el delito”. Castro exige a la infanta 2,6 millones de euros para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias.

Para que calaran en la sociedad que los delitos fiscales afectan a todos, recuerda Castro, la Administración Tributaria “decidió llevar a cabo unas amplias campañas institucionales de pretendida concienciación tributaria entre las que habrá de ser resaltada por ser un clásico del que se ha hecho un prolífico uso, las más de las veces cargado de ironía, la de que 'Hacienda somos todos' y las muy recientes que cierran un diálogo con el eslogan oficial de la campaña: 'lo que tú defraudas, lo pagamos todos'”.

La defensa de la Infanta Cristina estudiará si hay partes recurribles en la decisión del juez de que la hermana del rey sea finalmente una de las personas juzgadas por el caso Nóos.

En declaraciones a la puerta del bufete Roca, el abogado Jesús María Silva ha admitido que el auto de apertura de juicio oral no se puede recurrir, pero ha añadido que en el auto se han incorporado cuestiones --que no ha concretado-- frente a las que “quizá se podrá tirar por ahí algo”, en referencia a la posibilidad de que alguna de esas cuestiones se pueda recurrir.

Al preguntársele si con el auto judicial hecho público este lunes cae la versión de la infanta según la cual ella no es la responsable, Silva ha respondido: “La cuestión es si una acusación popular en un caso de delito fiscal puede sostener ella sola la acusación”.

Según el abogado, “el juez, en lugar de adoptar un criterio de una sentencia del TS, ha tomado el criterio de los votos particulares, y esta es una cuestión jerárquicamente discutible”.

El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, José Castro, ha acordado sentar en el banquillo de los acusados a la Infanta como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, al considerar que su papel fue imprescindible para que su marido, Iñaki Urdangarin, defraudase hasta 337.138 euros a Hacienda a través de Aizoon, empresa presuntamente pantalla de la que ambos son propietarios.

Así lo ha decidido en el auto de apertura de juicio oral del caso Nóos, en el que finalmente ha resuelto no aplicar sobre la Duquesa de Palma la denominada doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular, en este caso Manos Limpias, que solicita ocho años de cárcel para la hermana del Rey Felipe VI.

A 60 horas de que Felipe VI realice su primer discurso de Navidad como monarca, el juez José Castro ha imputado a la infanta Cristina dos delitos fiscales en grado de cooperadora necesaria en el auto de apertura de juicio oral del caso Nóos. Contra el auto no cabe recurso, por lo que a la infanta solo le queda recurrir a la 'doctrina Botín' en las cuestiones previas del juicio. Castro ha interpretado que la hermana del rey perjudicó con su actitud al resto de los ciudadanos y por eso no le aplica la citada doctrina como eximente.

Es precisamente a la aplicación o no de la 'doctrina Botín' a la que el juez dedica 38 páginas de un auto de 150. En él concluye que Manos Limpias está “absolutamente legitimada para acusar y postular la apertura de juicio oral” contra la infanta, por mucho que no lo haga la Fiscalía y la Abogacía General del Estado, en representación esta última de la Agencia Tributaria.

Según la 'doctrina Botín', solo podría abrirse juicio oral contra un imputado si el directamente perjudicado o la Fiscalía lo solicitasen. Castro cree que no se dan los supuestos que salvaron del banquillo al banquero ya fallecido. Fiscalía y Abogacía reclaman distintas cantidades a la infanta como responsable a título lucrativo, razona, lo que viene a reconocer que hubo perjuicio para el común de los ciudadanos y que, por tanto, quedaría legitimada la acusación popular.

Para apoyar su razonamiento, Castro no renuncia a su estilo y cita incluso las campañas publicitarias del Ministerio de Hacienda para reforzar su planteamiento. “Constante la Administración Tributaria de que esos principios no calarían fácilmente en el cuerpo social, se decidió a llevar a cabo unas amplias campañas institucionales de pretendida concienciación tributaria, entre las que habrá de ser resaltada, por ser un clásico del que se ha hecho prolífico uso, las más de las veces cargado de ironía, la de que 'Hacienda somos todos' y las muy recientes que cierran un diálogo con el eslogan oficial de la campaña: 'lo que tú defraudas, lo pagamos todos'”, consigna el juez.

En el auto, Castro hace su alegato final en la disputa jurídica que viene manteniendo con su antiguo fiel colaborador, el fiscal Horrach. Dice el juez que con la hermana del rey se ha sido “incluso aún más garante” que con el resto de los imputados, como pone de manifiesto la extensión de los autos en los que se la citaba a declarar como imputada, una cuestión que se solventa habitualmente en un par de frases.

La trama orquestada a través del Instituto Nóos sentará en el banquillo finalmente a 17 personas, incluida la infanta y su marido, Iñaki Urdangarin. Junto a ellos estará el ex presidente balear Jaume Matas. El vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, esquiva finalmente el juicio oral.

Ahora los imputados tienen un plazo de veinte días para presentar sus escritos de defensa. Tras este trámite, la pieza será enviada a la Audiencia Provincial de Palma para la celebración del juicio.

La apertura del año judicial que preside este miércoles Felipe VI coincide con el comienzo de la cuenta atrás para el desenlace del asunto de mayor trascendencia de cuantos afectan a la familia real española: el fallo que sentará a una de las hermanas del rey en el banquillo o la exculpará de responsabilidad penal en el caso Nóos. Desde ayer, la Sala de lo Penal de la Audiencia de Palma tiene encima de la mesa 14 recursos presentados contra el procesamiento dictado por el juez instructor, José Castro. Dos de esos recursos buscan dejar fuera del banquillo a Cristina de Borbón. Son el de su defensa y el del fiscal Anticorrupción Pedro Horrach.

Castro remitió este martes los recursos a la Sección Segunda y ésta decidirá en las próximas semanas sobre todos ellos. En el caso de la infanta, los magistrados deberán resolver si el juez les ha presentado argumentos suficientes para sentar en el banquillo a Cristina de Borbón por blanqueo de capitales y delito fiscal o si, por el contrario, como defiende el fiscal Horrach, no hay responsabilidad penal en la conducta de la infanta, socio al 50% de una de las sociedades a las que su marido, Iñaki Urdangarin, desvió los fondos públicos obtenidos irregularmente a través de una ONG.

El primer asunto que resolverá la Sección Segunda, y sobre el que sus integrantes aún no habían adoptado una decisión ayer, es el método utilizado para examinar los 14 recursos. Según fuentes próximas al tribunal, los jueces pueden optar por el procedimiento ordinario –un sistema de reparto por el que se reparten entre sus integrantes el estudio de todos los recursos presentados- o uno extraordinario, que encomendaría a un único juez el análisis de todos ellos. En el presente caso, la utilización del sistema ordinario podría provocar que dos jueces distintos estudiaran por separado el caso de la infanta, ya que su imputación está recurrida por sus abogados y por el fiscal en dos recursos distintos.

En cualquier caso, el fallo es una decisión colegiada. La Sección Segunda está formada en la actualidad por cuatro magistrados titulares y dos de refuerzo. Por el modo en que actuó su presidente, Diego Gómez Reyno, cuando debieron resolver sobre el recurso a la primera imputación dictada por Castro contra la infanta, todo apunta a que los dos de refuerzo no aspirarán a la formación del tribunal. En aquel momento tocó por reparto que uno de los magistrados sustitutos fuera el ponente, lo que corrigió Gómez-Reyno en ejercicio de sus facultades debido a la complejidad del caso.

Por tanto, los tres jueces serán elegidos de entre los otros cuatro. Dos de ellos, Diego Gómez-Reyno y Juan Jiménez Vidal, están afiliados a la asociación progresista Jueces para la Democracia. Su compañera, Mónica de la Serna, es de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, mientras que la cuarta en discordia, Ana Cameseye, no está afiliada, aunque fuentes jurídicas de Palma coinciden en que es de tendencia conservadora.

Los precedentes

Cameseye ha sido la última en ganar la plaza titular de la Sección Segunda, por lo que no la integraba en mayo de 2013, cuando sus otros tres compañeros decidieron dejar sin efecto la citación para declarar como imputada de la infanta que había dictado Castro, al tiempo que abrían la puerta a su compañero para que siguiera investigando a Cristina de Borbón por delito fiscal y blanqueo de capitales.

En el mismo auto en el que los tres jueces no apreciaban indicios de malversación, tráfico de influencias, prevaricación y fraude a la Administración en relación con la ONG Instituto Nóos, afirmaban: “No se puede descartar en este momento la comisión del delito contra la Hacienda Pública y, tal vez, posiblemente, de un delito de blanqueo de capitales y que en tales hubiera podido participar la infanta recurrente”.

Castro se puso a ello y siete meses después, el 7 de enero de este año, dictó un auto en el que volvía a citar a la hija de Juan Carlos de Borbón para que explicara su participación en la sociedad Nóos y los gastos de tipo personal que había realizado con la sociedad a la que Urdangarin había desviado 1,2 millones de dinero público. Las explicaciones de la infanta durante las seis horas que duró el interrogatorio no convencieron a Castro, que mantuvo su imputación e incluyó el nombre de la hermana de Felipe VI en el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado. Ese es el equivalente al procesamiento para los casos en que ningún delito por separado sobrepasa los nueve años de prisión.

Contra la decisión de la Sala no cabe recurso. Si los jueces fallan que la infanta debe sentarse en el banquillo, por primera vez un miembro de la familia real española será juzgado por un tribunal.

Las fuentes consultadas rechazan vincular la adscripción ideológica de los miembros del tribunal a su decisión final. Destacan que tienen gran experiencia en resolver sobre casos de corrupción y no se atreven a poner fecha a la decisión. “La Sección Segunda actúa con discreción y diligencia”, afirman. Su decisión se antoja el primer gran acontecimiento judicial de un curso, cuya inauguración preside el miércoles por primera vez Felipe VI, que intervendrá en el acto junto al presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.

La defensa de la infanta Cristina ha presentado a última hora de esta mañana un recurso ante la Audiencia de Palma contra su procesamiento en el 'caso Nóos' en el que asegura que las conclusiones a las que llega el juez José Castro surgen de “una interpretación absolutamente forzada” del Código Penal. “La mera pretensión de mantener viva una imputación no puede anteponerse a la estricta aplicación de la ley”, aseguran los abogados de la infanta, en referencia a Castro.

De los hechos que se acreditan de forma indiciaria en el sumario, dicen los letrados, “en modo alguno cabe atribuir a nuestra mandante la presunta comisión de conductas con relevancia penal”. “Eso solo sería posible mediante una interpretación absolutamente forzada hasta la analogía de los tipos objetivos de la cooperación en delito fiscal y del blanqueo de capitales, que contradice la praxis procesal en la persecución de estos delitos”, continúa el escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es

Los abogados de la infanta, Miquel Roca y Jesús María Silva-Sánchez, aseguran que desde que la Audiencia de Palma levantó la imputación de la infanta en mayo “no se ha practicado una sola diligencia que haya aportado indicios racionales de la comisión” por parte de la infanta de un delito fiscal o de blanqueo de capitales.

“En consecuencia -añaden-, permanece inalterada la misma situación procesal que en su día llevó a la ilustrísima sala a dejar en suspenso estas imputaciones y a pedir al instructor que continuara indagando acerca de los hechos que podrían sustentarlas”.

Los abogados de la infanta recurren, entre otros, al informe de la Agencia Tributaria que asegura que su cliente no cometió delito fiscal, que tampoco lo hizo Aizoon por el impuesto de sociedades y que, aunque hubiera incurrido en él Iñaki Urdangarin en 2007 y 2008, el organismo nunca “impulsa la acción penal” contra una persona “totalmente ajena” a esa práctica.

Castro propició las “supuestas evasivas” de la infanta

Roca y Silva afirman que la infanta fue “absolutamente clara” en sus respuestas ante Castro y recuperan la base de la declaración de Cristina de Borbón ante el juez: “La fundamentación de tal desconocimiento era la distribución funcional de tareas en el seno de la unidad familiar, habiéndose dedicado ella, además de a su actividad profesional, al cuidado y educación de sus cuatro hijos, así como a las constantes actividades institucionales propias de una infanta de España. Siempre con la mayor confianza en el buen hacer de su marido”.

En relación con las evasivas que el juez ha denunciado durante la citada declaración, los letrados aseguran que su cliente respondió “una parte sustancial” de las preguntas “con taxativos síes y noes”, mientras que los desonocimientos alegados responden al tiempo transcurrido desde los hechos. “Por lo demás, muchas de las supuestas evasivas de doña Cristina dfueron propiciadas por el propio señor juez, que insistió en preguntar decenas de veces sobre cuestiones de detalle pese a que mi defendida, ya al formularse la pregunta genérica, adelantó no conocer”.

Una vez expuestos estos argumentos, los abogados dicen que “resulta difícilmente comprensible que de unas diligencias con resultado abiertamente exculpatorio se pretenda extraer serios indicios de criminalidad”.

Se “adhieren plenamente” a Horrach

Los letrados dicen que aún no han recibido el escrito del fiscal Horrach, pero que por las detalladas informaciones aparecidas sobre él en los medios, no tienen más que “adherirse plenamente” al contenido del mismo.

A diferencia del tono de Horrach, los abogados de la infanta se refieren al juez “con los debidos respetos, en términos de defensa y sin cuestionar la rectitud de intención del instructor”. Una vez dicho eso, añaden que la “pretensión de mantener a toda cosa la imputación” de la infanta “parece haber tenido mayor peso que una estricta aplicación de la ley”. “Se le didican en la resolución muchas más páginas que a cualquier otro imputado”, se quejan.

En su lista de alegaciones, Roca y Silva afirman que Cristina de Borbón era “un mero socio” de su marido en Aizoon y que jamás se imputa por esa condición si, como consideran es el caso, no se ha demostrado que participaba en la administración de la sociedad. Asimismo, combaten el argumento del juez de que Aizoon fue creada por el matrimonio para defraudar. Alegan en este sentido que entre la creación de la sociedad, en el año 2003, y la comisión del primer delito fiscal pasaron cinco años.

En cuanto a los gastos cargados a Aizoon por la infanta y que el juez considera susceptibles de constituir blanqueo de capitales, los abogados de Cristina de Borbón niegan la mayor. “No existe el menor indicio de que fuera ella quien llevara a cabo la adquisición del correspondiente bien o servicio, ni mucho menos que diera indicación de la imputación de cada concreto gasto a dicha compañía”, alegan. La infanta, añaden, tiene “escasos conocimientos de fiscalidad”.

La historia del ‘caso Nóos’ reserva ya un capítulo a cómo dos compañeros, leales colaboradores y admiradores el uno del otro, pusieron fin a su amistad por una disputa profesional: nada menos que el primer interrogatorio judicial a un miembro de la familia real española. El juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach lideraban un grupo de profesionales de varios estamentos que, como una piña, desentrañaron la gran trama de corrupción alrededor del velódromo Palma Arena, por la que el expresidente autonómico Jaume Matas fue condenado a seis años, pena rebajada a seis meses por el Supremo.

Por el camino, lograron que por primera vez en la historia se investigara un asunto de corrupción relacionado con la familia real. A la pieza separada del 'Palma Arena' se le bautizó como 'caso Nóos', por la ONG que presidió Iñaki Urdangarin y con la que el yerno del rey obtuvo más de seis millones de gobiernos del PP.

La alianza personal acabó cuando el magistrado decidió ir hasta el final con su decisión de imputar a la hija del rey, y el fiscal le acusó de estar movido por intereses ajenos al cumplimiento de la legalidad. A pesar de lo que pareciera previsible, los reproches no rompieron del todo la relación. Ni siquiera las acusaciones de “conspiración” vertidas por Horrach en enero provocaron que se dejaran de enviar mensajes de texto y de conversar en el despacho del magistrado.

Pero el recurso del fiscal al procesamiento de la infanta ha sido la gota que ha colmado el vaso. Las conductas que Horrach dice detectar en Castro durante la fase final de la instrucción rozan la acusación de prevaricación, según algunos juristas. Fuentes próximas al magistrado aseguran que Castro podía adivinar el contenido, pero no las formas, los adjetivos y descalificaciones que encierra el escrito, por muy jurídicas que pretendan ser.

Aun así, Horrach ha acudido en persona a entregar el escrito al juez, algo que podía evitar. Si Castro llega a estar, asegura el entorno del instructor, le habría recibido y departido con él. Si se lo encuentra en los juzgados de Vía Alemanya, le extenderá la mano. “Esto es un sitio muy pequeño para llevarse mal”, razonan. El afable carácter de los dos, cada uno a su manera, evitará subidas de tono o exteriorización del malestar, añaden. El juez es espontáneo y campechano. El fiscal, templado y de modales exquisitos. Pero con seguridad, su relación ya no rozará la amistad, como pasó durante la primera parte del caso, ni se basará en la admiración profesional mutua.

5 de agosto de 2008. Estalla el 'caso Palma Arena'

La Policía detuvo ese día a seis personas dentro de la 'operación Espada', que investigaba el sobrecoste del pabellón deportivo en Palma de Mallorca. Entre los arrestados, Pepote Ballester, exdirector de Deportes con Matas. Las detenciones eran por orden del titular del Juzgado de Instrucción de Palma, José Castro, que, junto a Horrach y un grupo de policías y técnicos de Hacienda, trabajaban desde hace meses en el caso. Tendrían que pasar dos años hasta que documentos intervenidos en esa investigación dieran pie a la pieza separada del 'caso Nóos'.

El 'caso Palma Arena' supuso la primera vez que Castro y Horrach trabajaban tan intensamente codo con codo. Se fue fraguando una relación basada en una gran capacidad de trabajo de ambos y en la admiración que sus protagonistas se profesaban mutuamente. Durante las interminables jornadas de trabajo compartían mantel y a veces, una copa al terminar, junto a policías y técnicos de Hacienda. La relación no trascendía el ámbito laboral porque juez y fiscal pertenecen a generaciones diferentes -el primero tiene 50 años y el segundo 66- y no frecuentan los mismos círculos sociales de la isla.

6 de abril de 2013. Castro cita a la infanta y Horrach le acusa de cambiar de criterio

Castro y Horrach son cercanos en el trato e implacables en su trabajo. De ello dan cuenta sus colaboradores y lo pueden certificar quienes han sido interrogados por ambos, con Iñaki Urdangarin a la cabeza. En febrero de 2012, Horrach, Castro y las partes personadas sometieron al duque de Palma a un interrogatorio de 22 horas. Un año después lo volvieron a citar.

Pero en abril de 2013 arrancó el desencuentro. El fiscal Horrach recurrió la primera citación como imputada de la infanta que dos días antes había dictado el juez Castro. En su escrito, el fiscal arremetía contra el cambio de criterio del juez, que un año antes había desestimado la petición de Manos Limpias de imputar a Cristina de Borbón. Aquel escrito ya permitía presagiar que las nubes acabarían en tormenta. En él, Horrach recuperaba una cita textual del escrito por el que Castro rechazó antes la imputación, asegurando que sólo buscaba “una morbosa publicidad”. “Sobran más comentarios”, añadía el fiscal.

El juez, sin embargo, consideraba a la infanta “cooperadora necesaria” de las actividades ilícitas de su marido al frente del Instituto Nóos. Y Horrach defendía: “No consta indicio incriminatorio alguno (documental o testifical) del que pueda inferirse que doña Cristina de Borbón y Grecia conocía la presunta actividad delictiva desplegada por su cónyuge”. Primera puya para Castro: “El procedimiento judicial persigue la búsqueda de la verdad material, no de ajustarla a expectativas o sospechas personales, deformándola”.

2 de septiembre de 2013. El fiscal intenta apartar a Castro del caso

Después del verano, Horrach dio la puntilla a su relación de amistad con Castro. En los meses posteriores al primer desencuentro, ambos habían mantenido una relación correcta, ya sin la complicidad de antes. Pero la decisión de Horrach de apoyar que el ‘caso Nóos’ viajara a Valencia, apartando definitivamente de él a Castro, dio al traste con esa corrección.

En contra de lo que había decidido dos meses antes, Horrach apoyaba que la causa pasara a ser instruida en su fase final por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, al haber dos imputados que son aforados: Rita Barberá y Francisco Camps. De haber aceptado el TSJCV esa petición, Castro no hubiera podido nunca llamar a declarar a la infanta Cristina.

Perteneciente a una acomodada familia hostelera de la isla, Horrach es un apasionado de su trabajo con fama de no dejarse influir. En los juzgados de Palma no aceptan la teoría de que su dura oposición a la citación de la infanta responda a órdenes de la Fiscalía General del Estado. Los que le conocen creen que es fruto de una convicción personal. Si algo le indigna es que se piense que no ha apoyado la imputación de la infanta por presiones. Menos certezas hay sobre las airadas reacciones que ha plasmado en sus escritos.

14 de noviembre de 2013. Horrach se planta ante el juez

Ese día, Horrach ahondó en la ruptura con Castro realizando un movimiento que causó un gran malestar en el magistrado, según fuentes de su entorno. El fiscal, que ya sabía que el juez iba a preguntar a las partes su postura sobre una segunda citación de la infanta, se presentó en su despacho y le entregó un escrito oponiéndose, sin ni siquiera esperar a que el instructor lo solicitara. La Audiencia Provincial había resuelto en mayo que no cabía citar como imputada a Cristina de Borbón por los manejos de Urdangarin al frente del Instituto Nóos, pero en su auto abría la puerta a que siguiera siendo investigada por delito fiscal y blanqueo de capitales.

En su escrito del 14 de noviembre, Horrach también rebatía esa posibilidad. Que la infanta supiera que Urdangarin utilizaba Aizoon para desviar el dinero obtenido ilicítamente por Noos no era otra cosa que “una especulación huérfana de sostén indiciario, que tendría cabida solo en el ámbito de la rumorología, ajena, claro está, al ámbito penal”.

Según el fiscal, no hay blanqueo de capitales porque los gastos de la infanta a cargo de Aizoon no se hacían con dinero procedente de Nóos sino de otras actividades legales de Urdangarin. Horrach utilizaba el escrito para defenderse de las acusaciones acerca de su presunta labor en defensa de la infanta. Otra vez criticaba el cambio de criterio del juez respecto a la primera negativa a imputar a la infanta. “La memoria es frágil”, escribió.

7 de enero de 2014. Castro le reprocha que pierda “las formas”

El juez Castro se fue de vacaciones de Navidad con los escritos de todas las partes sobre la posible citación de la infanta. En esos días, tomó la decisión de citarla. Volvió antes de fin de año, pero dejó pasar todas las fiestas para hacer pública la decisión con un auto de 227 páginas. Entonces se supo de la reacción por escrito a las andanadas enviadas los meses anteriores por Horrach. Comedido pero contundente, el juez escribió que “en derecho, como en la diplomacia, las formas son importantes”. Se refería, según explicaba más adelante, a la afirmación “categórica” del fiscal de que él estaba tomando decisiones por motivaciones “ajenas a la legalidad”.

El auto, como los escritos de Horrach, es poco usual. Ningún juez emplea 227 páginas en una diligencia como la citación de un imputado. Alegaba el juez que se trata de una citación que ya fue rechazada por la Audiencia Provincial, por lo que su decisión requería “cierta matización”. “Cuando finalice la instrucción y se vuelva a la normalidad procesal, quizá pocas personas quieran recordar que para llamar a una persona a declarar en calidad de imputada (...) se habría precisado escribir poco menos que un tratado de derecho procesal”, ironiza el juez.

Acaso para alejar su resolución de cualquier connotación personal, el fiscal comenzaba halagando a su antiguo amigo: “Ha venido impulsando de forma altamente activa y brillante la investigación”. Si no hubiera sido por él, añadía, el caso Nóos no habría llegado al estado en el que se encuentra. Quienes conocen bien a Castro reconocen en la frase una afirmación sincera.

A partir de ahí, el juez utiliza la ironía al decir que es “imposible no estar de acuerdo” con la afirmación hecha por el fiscal de que las “conjeturas o sospechas no constituyen títulos válidos de imputación”. No es el caso, añade Castro. Para el juez, Horrach “se empecina” en el debate sobre si la infanta es culpable o inocente cuando se trata simplemente de que acuda a sede judicial a declarar con todas las garantías legales. Si el fiscal acusó a Castro de imputar a la infanta “por ser quien es”, dice Castro, él podía hacer lo mismo al exculparla. De hecho, en el ‘caso Nóos’ han sido imputadas 42 personas, recuerda el instructor.

15 de enero. La acusación más grave: Castro es un conspirador

Y no va más. La reacción de Horrach parece rozar los límites de la ira. El último episodio de su enfrentamiento contra el juez deja hecho trizas todo ese pasado de colaboración, compañerismo e incluso amistad. De forma sorpresiva y después de anunciar que no recurriría la imputación, Horrach presenta en el Juzgado un escrito en el que solicita que declaren los peritos de la Agencia Tributaria que exculparon a la infanta del delito fiscal y contra los que Castro arremetía en su auto. Lo deben hacer antes de que declare la infanta el 8 de febrero. El juez ha citado a la hija del rey, según el fiscal, apoyado en una “teoría conspiratoria para justificar la existencia de indicios delictivos que avalen” su imputación. Esa teoría es, según el fiscal, “absurda y denigrante” para los técnicos de Hacienda.

A pesar de la dureza del escrito del fiscal, Horrach no se escondió. Como había hecho en todas las ocasiones anteriores, optó por entregárselo a Castro en persona, pero el juez no estaba en su despacho. Al leerlo, el juez se quedó descolocado, dolido. Horrach había escrito llevado por la indignación que le causaban las acusaciones de Castro contra los peritos de Hacienda que tanto y con tanta lealtad habían trabajado desde el comienzo del caso.

La Agencia Tributaria informó de que las cantidades defraudadas por Cristina de Borbón como socia de Aizoon no alcanzan los 120.000 euros a partir de los cuales comienza a haber delito. Para el cálculo utilizan tres facturas que admiten que son falsas, pero que, para ellos y el fiscal, dan cuenta del traspaso de fondos entre Torres y Urdangarin. Para el juez, es un claro cambio de criterio respecto a informes precedentes de Hacienda. Para Horrach, tan disparatados son los argumentos de Castro que después de exponerlos, el fiscal afirma: “Ahora pasemos a la realidad”.

26 de junio. Cerca de la acusación de prevaricación

El fiscal emplea más de 50 páginas en recurrir el procesamiento de la infanta. Despliega sus argumentos sobre la ausencia de indicios que apunten a la comisión de delito alguno. Y no ahorra en valoraciones sobre la actuación del juez. Horrach acusa a Castro de desatar una “espiral inquisitorial” contra la infanta, que antes de investigar ya sabía dónde quería llegar y que toda su instrucción respecto a Cristina de Borbón se basa en “meras conjeturas”. Añade que ha utilizado recursos “taimados” y que se ha dejado influenciar por los medios de comunicación.

El fiscal sale en defensa de los peritos de la Agencia Tributaria, los mismos que antes de la imputación de la infanta integraban en el mismo grado de colaboración el equipo investigador. Las citadas “interferencias mediáticas”, dice Horrach, “elevan a la categoría de dogma la parodia de funcionarios sometidos al poder gubernamental porque la realidad no vende y la adoptación de decisiones fruto del simple ejercicio profesional, sin el aditamento de intrigas o maquinaciones ficticias, resulta anodino a efectos comerciales”.

El entorno de Castro admite el disgusto del juez el jueves mientras leía el recurso en su despacho. Esperaba el contenido, pero a pesar de los precedentes, no adivinó la crudeza de las acusaciones vertidas contra él.

La espiral de enfrentamiento jurídico entre el instructor del 'caso Nóos', José Castro, y el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, alcanzó este jueves cotas de alta virulencia con el recurso del segundo contra el procesamiento dictado ayer por el primero en lo que respecta a Cristina de Borbón. Horrach acusa a Castro de haber actuado bajo “la influencia de los medios de comunicación”, desatando “una espiral inquisitiva” a partir de “meras conjeturas”.

“Adoptar como pilar inicial de una investigación penal una certeza absoluta conlleva magnificar la nimiedad y convertir en sospechoso lo cotidiano”, arranca su escrito el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach. Cuando el juez acusa a la infanta de “ignorancia deliberada”, según el fical, Castro recurre a un “recurso taimado, una vía de escape a una espiral inquisitiva alimentada de meras sospechas”.

Horrach estima que se produce una inconcrección en todas las acusaciones de Castro contra la infanta. “Seguimos sin saber por tanto qué concretos delitos y hechos pueden imputarse a doña Cristina de Borbón”, asegura. Y sin concretar hechos ni tipos delictivos, continúa, Castro inició una investigación patrimonial a la infanta.

El representante del Ministerio Público acusa al juez Castro de actuar sobre “meras conjeturas”. A saber: que “Doña Cristina de Borbón es culpable, no se sabe bien de qué, para a continuación emprender una intensa prospección para ver si se la pilla en un renuncio”.

Y continúa con sus acusaciones. Horrach dice que “el puerto de destino” de Castro estaba “determinado antes de iniciar la investigación”. Las citadas conjeturas del juez, sigue, “contaminan de tal forma la marcha exploratoria que la convierte en un itinerario inamovible, en el cual los parámetros de imparcialidad, objetividad y congruencia que deber presidir cualquier actuación judicial quedan relegados”.

Como resultado, continúa Horrach, “el instructor construye un andamiaje probatorio, con una falsa apariencia de solidez, para imputar a doña Cristina de Borbón. Cuando se revisan los anclajes de dicha estructura se revela tal inconsistencia que una leve brisa lo desmorona”.

En defensa de los peritos de Hacienda

Los peritos de Hacienda han sido criticados por su postura de no apreciar delito en la conducta de la infanta. En su escrito de hoy, Horrach los defiende atacando al juez. Dice que las resoluciones de Castro son consecuencia de las citadas “interferencias mediáticas que elevan a la categoría de dogma la parodia de funcionarios sometidos al poder gubernamental porque la realidad no vende y la adoptación de decisiones fruto del simple ejercicio profesional, sin el aditamento de intrigas o maquinaciones ficticias, resulta anodino a efectos comerciales”.

El fiscal acusa a Castro de haber realizado una instrucción “a la carta”, como pondría de manifiesto que pidiera a los técnicos de la Agencia Tributaria varios informes. “El resultado de los informes de la AEAT no satisfizo las expectativas del isntructor, lo que condujo a iniciar otra línea de investigación, contradictoria con la inicial, a modo de encaje de bolillos”, escribe en su recurso.

Como ya hiciera en su primer recurso a la citación como imputada de la infanta, el fiscal Horrach expone una serie de puntos para demostrar que Castro ha cambiado de criterio sobre la responsabilidad de Cristina de Borbón sin justificación alguna. Por ejemplo, sobre la responsabilidad de la infanta en Aizoon o el hecho de que se hubiera beneficiado del dinero que a esa sociedad iba derivado.

En la misma línea, reprocha a Castro que exhiba para el procesamiento “un testimonio de referencia”, aludiendo al del notario que declaró haber oído al administrador de la red, Miguel Tejeiro, decir que la infanta poseía el 50% de Aizoon a modo de “escudo fiscal” entorno a la sociedad. “Otorga credibilidad a dicho dato sin contrastarlo co nla supuesta fuente original”, denuncia Horrach. Y al tiempo, “excluye la parte de la declaración del mismo testigo en la que manifiea que doña Cristina de Borbón era ajena no sólo a la gestión societaria, sino a su prsunta posición como pantalla a efectos tributarios”.

“Desprecia indicios de notabale fuerza exculpatoria”

La instrucción recoge el testimonio de “cientos de testigos” sin que de su testimonio se deduzca “una mínima participación” de la infanta en Aizoon, al igual que ocurre con “decenas de correos electrónicos” intervenidos en la sede de la sociedad. El juez, por tanto, “desprecia indicios de notable fuerza exculpatoria”, añade el fiscal Anticorrupción.

Horrach recuerda que en marzo de 2012, Castro dictó un auto en el que aseguraba que la contratación “en negro” de empleados del hogar por parte de la infanta, “sólo merecería la calificación de infracciones laborales”.

Dice el fiscal que Castro atribuye a Cristina de Borbón “un control funcional o posición de garante” por el solo hecho de poseer el 50% de Aizoon. Y además, le atribuye “un plus de responsabiidad por ser cónyuge” del auténtico administrador. Eso supone realizar “distinciones donde la Ley no lo hace y, en consecuencia, un tratamiento discriminatorio incompatible con el principio de igualdad”. Tampoco puede hablarse, alega Horrach, de que la infanta tuviera “culpa in vigilando” porque no podría tener una intervención “omnipresente” en todos los actos realizados por el administrador.

Respecto al delito de blanqueo de capitales, el fiscal recuerda que es necesario que se conozca el origen delictivo de los fondos, algo que no se produce, a su entender, en el caso de Cristina de Borbón.

El juez José Castro atribuye a la infanta Cristina dos delitos de fraude fiscal y uno de blanqueo de capitales. El magistrado del 'caso Nóos' ha cerrado esta mañana la instrucción con un auto de transformación de diligencias en procedimiento abreviado -el equivalente al procesamiento cuando ninguno de los delitos atribuidos a los imputados supera por sí solo los nueve años de condena- en el que incluye a Cristina de Borbón.

Los previsibles recursos de la Fiscalía y la defensa impedirán que la decisión final de sentar en el banquillo a la infanta dependa de Castro. Será la Audiencia de Palma quien fije si la hermana de Felipe VI se convierte en el primer miembro de la familia real española en ser juzgado.

Castro considera que Cristina de Borbón es responsable, junto a su marido, de la defraudación de más de 300.000 euros a la Hacienda pública en los ejercicios fiscales de 2007 y 2008, que no han prescrito. Y lo es, según el juez, al poseer el 50% de Aizoon, la sociedad a través de la cual el duque de Palma declaró ingresos que deberían haber sido incluidos en su declaración del IRPF. Iñaki Urdangarin dejó de aportar entre un 15 y un 20 por ciento a las arcas del Estado.

Asimismo, el juez Castro atribuye a la infanta un delito de blanqueo de capitales. La hija de Juan Carlos de Borbón se benefició de los 1,2 millones de euros que fueron a parar a Aizoon procedentes de las actividades irregulares de Iñaki Urdangarin para conseguir dinero de los Gobiernos del PP Valencia y Baleares. Cristina de Borbón pagó con la tarjeta de la empresa numerosos gastos personales, según la documentación incorporada al sumario.

En el mismo auto, Castro procesa a Iñaki Urdangarin por los delitos de malversación de fondos, fraude, falsificación documental, prevaricación y blanqueo de capitales. Todos esos delitos pueden sumar penas de hasta 16 años de cárcel.

Junto a los Duques, el magistrado decreta que continúe el proceso penal contra el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, por presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude a la Administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad y un delito fiscal, los mismos delitos que pesan sobre su mujer, Ana María Tejeiro, a quien también incluye en su resolución, así como sobre los hermanos de ésta, Marco Antonio y Miguel Tejeiro.

También mantiene la imputación del expresidente del Govern Jaume Matas, por delitos de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias, los mismos que pesan sobre el exdirector general de Deportes José Luis 'Pepote' Ballester, el exgerente de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal, el del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía y el exasesor jurídico del Ibatur Miquel Àngel Bonet.

En cuanto a los exaltos cargos de la Generalitat Valenciana, mantiene la imputación del exsecretario de Turismo Luis Lobón por prevaricación, malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias y falsedad, los mismos que a los exdirectores generales de la Ciudad de las Artes y las Ciencias José Manuel Aguilar y Jorge Vela, y la exdirectora de Gestión de esta entidad Elisa Maldonado.

Finalmente, también continuará encausada la ex consejera delegada de la Fundación Madrid 16, dependiente del Ayuntamiento de la capital madrileña, Mercedes Coghen, por prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias. Queda fuera del auto de Castro el secretario de las infantas, Carlos García Revenga.

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Auto del juez Castro que cierra la instrucción del caso Nóos by eldiario.es

Auto del juez Castro que cierra la instrucción del caso Nóos (2ª parte) by eldiario.es

Contra el criterio de la Fiscalía, del Gobierno -a través del Ministerio de Hacienda y la Abogacía del Estado-, y de la prensa cortesana, Cristina de Borbón fue imputada siendo hija del rey de España y se acerca al banquillo convertida en la hermana del sucesor en la corona, Felipe VI. A primera hora de la mañana, el juez Castro dictará el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado –reservado a los casos donde ninguno de los delitos atribuidos a los acusados superan los 9 años-, en el que puede incluir el nombre de la hija de Juan Carlos de Borbón. A los dos delitos fiscales en grado de cooperación, Castro podría sumar el de blanqueo de capitales.

¿Significaría esto que por primera vez un miembro de la familia real española se sentará en el banquillo de los acusados? No, necesariamente. La Fiscalía Anticorrupción tiene previsto recurrir el probable procesamiento de la infanta, en coherencia con la postura que viene manteniendo sobre la presunta participación de la hija del rey en las actuaciones delictivas que se atribuyen a su marido, Iñaki Urdangarin. Sería entonces la Audiencia Provincial de Palma la encargada de resolver ese recurso y, por tanto, la responsable última de una decisión histórica.

Los tres jueces que la Sala son los mismos que dejaron sin efecto la primera citación como imputada de la infanta, a la que Castro consideraba sospechosa de haber contribuido a que su marido y el socio de éste, Diego Torres, hubieran obtenido más de 6 millones de euros de las administraciones públicas con el Instituto Nóos por hacer prácticamente nada. En aquel auto de levantamiento de la imputación, los tres magistrados señalaron a Castro por dónde tenía que continuar su investigación. Creían que aún no se había investigado a la infanta lo suficiente por presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales.

El juez se puso manos a la obra y no dudó en llamar a declarar a la infanta. Una y otra vez insistió en que citar a alguien en calidad de imputado sólo implica que existen indicios de que su testimonio puede ayudar a esclarecer los hechos y que su situación aconseja además que lo haga acompañado de un abogado. Pero el testimonio de la hija del rey, exculpatorio y plagado de olvidos, no hizo sino reforzar la tesis de Castro de que la infanta sabía lo que hacía su marido y que contribuyó a ello.

En el caso de que Castro procese finalmente a la infanta por dos delitos fiscales en grado de cooperación y uno de blanqueo de capitales las penas a las que se enfrentará la hija del rey van de 2,5 a 16 años de prisión, dados los diferentes grados que alberga el Código Penal para estos tipos delictivos.

La Agencia Tributaria cifra en 337.138 euros la cantidad defraudada por Iñaki Urdangarin en 2007 y 2008, ejercicios para los que el delito fiscal no ha prescrito (182.000 euros en 2007 y 155.138 en 2008). La defraudación se realizó presuntamente a través de Aizoon, la sociedad que el duque de Palma poseía al 50% con su mujer. Urdangarin cobró por trabajos de asesoría a grandes empresas y, en lugar de incluir esas ganancias en su IRPF, las cargó a Aizoon, una “sociedad pantalla” que actuaba como “un disfraz mercantil”, según los investigadores. En su declaración de cinco horas ante Castro, la infanta insistió en que nunca participó en la gestión de Aizoon y aseguró en todo momento que confiaba “en su marido”.

Además, la investigación del juez Castro ha permitido determinar que 1,2 millones de euros obtenidos irregularmente por Urdangarin y Torres fueron a parar a Aizoon. A la tarjeta de crédito de la sociedad, Cristina de Borbón cargó todo tipo de gastos personales: libros infantiles, clases de salsa y merengue, la cuenta en caros restaurantes… Según fuentes próximas al magistrado, Castro considera esos gastos un delito de blanqueo de capitales de origen ilícito.

Con el auto que dictará hoy, Castro pone fin a cuatro años de instrucción, un “martirio”, según definió cada revelación el ya exjefe de la casa del rey, Rafael Spottorno. El socio de Urdangarin, completamente enfrentado ahora a él, fue incorporando a la causa un gran número de correos electrónicos que guardó del Instituto Nóos en el que comprometía a la infanta, incluso al rey. En uno de ellos, Urdangarin deja entrever que Juan Carlos de Borbón está al tanto de sus actividades en la falsa ONG.

Dos años sólo para llamarla a declarar

El juez tardó dos años y cientos de folios de argumentación para poder interrogar a la infanta Cristina, un trámite que se suele despachar con dos líneas en otros casos. El juez ha recibido amenazas anónimas, le han pinchado las ruedas del coche y sellado la cerradura de su casa. El diario ‘Abc’ llegó a publicar unas fotografías de Castro en un bar con la abogada de Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, asegurando que ambos se habían “citado”. El periódico monárquico aseguraba que las acusaciones podrían intentar apartar al juez del caso después de su información, algo que no se produjo finalmente.

El fiscal Pedro Horrach no aprecia delito en la conducta de la infanta, aunque sí considera que deberá responder pecuniariamente por haberse beneficiado del 50 por ciento de lo que Urdangarin derivó a Aizoon. En el caso de que se demuestre toda esa dinámica delictiva y el duque sea condenado, Anticorrupción demandará a la infanta el pago de 600.000 euros.

Horrach, al igual que la Agencia Tributaria y la Abogacía del Estado, considera que Urdangarin sí cometió delito al declarar como impuesto de sociedades lo que debería haber hecho en concepto de IRPF, ahorrándose entre un 15 y un 20 por ciento. Sin embargo, atribuirle ese delito también a Cristina de Borbón por poseer el 50% de la empresa utilizada en el fraude, equivaldría a una “doble incriminación”, argumenta el fiscal. A pesar de ello, Anticorrupción demandará a la infanta el pago de 600.000 euros por haberse beneficiado de la mitad de los 1,2 millones que ingresó Aizoon procedentes del Instituto Nóos. Eso, siempre que se demuestre la dinámica delictiva y Urdangarin sea condenado.

La responsabilidad penal de la infanta provocó un duro enfrentamiento entre Castro y Horrach, que en la actualidad mantienen una fría relación profesional después de haber trabajado codo con codo en la primera parte del ‘caso Nóos’ y en su matriz, el ‘Palma Arena’.

En el mismo auto que dictará este miércoles, Castro dará a las partes un plazo de diez o más días para que soliciten la apertura de juicio oral, pidan el sobreseimiento o presente alegaciones. La Audiencia Provincial puede resolver antes de que acabe el mes de julio o postergar su decisión a septiembre. El hecho de que no haya ningún imputado en prisión provisional hace que el 'caso Nóos' no tenga preferencia sobre otros para que sus recursos sean resueltos. El juicio se retrasará hasta bien entrado 2015.

El juez José Castro sigue convencido de que la infanta Cristina conocía los delitos que su marido cometía presuntamente a través de la sociedad que ambos compartían al 50% y que se beneficiaba con ello. Así alcanza el juez al final de la fase de instrucción, con su tesis reforzada tras las seis horas que interrogó a la hija del rey el 8 de febrero. La inevitable consecuencia, siempre que no cambie de criterio en el último momento, es que el instructor del caso Nóos procesará a Cristina de Borbón en los próximos días, informaron a eldiario.es fuentes próximas al juez.

Una y otra vez repitió Castro en sus autos que la citación como imputada de la infanta Cristina no adosaba a la hija del rey una carga de culpabilidad. Existían, sostenía el juez, suficientes indicios como para que Cristina de Borbón se presentara ante él y diera explicaciones que permitieran reforzar o desterrar la tesis de que conocía e incluso pudo colaborar en algunos de los delitos que se atribuyen a su marido.

El interrogatorio del 8 de febrero sirvió finalmente para que Castro saliera reforzado en su planteamiento de que Cristina de Borbón conocía los delitos fiscales de su marido a través de la sociedad que ambos compartían. Así ha comenzado a redactar el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, como marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal para los casos en los que ninguno de los delitos que se imputan a cada uno de los acusados supera los nueve años de cárcel.

Sin embargo, la decisión de Castro no supone que la infanta vaya a compartir el banquillo de los acusados con Iñaki Urdangarin, entre otros. La Fiscalía Anticorrupción no encuentra indicios de responsabilidad penal en sus actos y será la Audiencia Provincial de Palma quien decida finalmente si se adhiere a las tesis del juez instructor o se decanta por las del Ministerio Público en el caso de la infanta. Todo apunta a que en los próximos días Castro dictará el auto y en mayo se despejará el futuro judicial de la hija del rey.

Dos frases comprometedoras

La declaración de Cristina de Borbón fue una concatenación de respuestas evasivas, pero tuvo dos momentos que complicaron su situación judicial, según fuentes del caso. Fueron aquellos en los que la hija del rey admitió conocer que Urdangarin utilizaba Aizoon para facturar ingresos de actividades ajenas a la sociedad. Según la investigación, la sociedad llegó a facturar en dos años alrededor de 1,2 millones de euros de los alrededor de seis que Urdangarin y su socio, Diego Torres, obtuvieron de Administraciones públicas de forma irregular.

El duque de Palma creó Aizoon “para canalizar sus ingresos profesionales”, según dijo la infanta al juez. Pero al facturarlos a Aizoon ahorraba en la declaración del IRPF, lo que constituye presuntamente tres delitos fiscales. Para Castro, Cristina de Borbón sería cómplice de dos de ellos, los cometidos en los ejercicios 2007 y 2008.

Con toda seguridad, la Fiscalía Anticorrupción recurrirá la inclusión de la infanta en el auto de procesamiento. La decisión recaerá en los tres jueces que anularon la primera citación de la infanta, en mayo de 2013, pero que al tiempo instaron a Castro a seguir investigando a la hija del rey por delito fiscal y posible blanqueo de capitales. Esta última posibilidad decayó, pero Castro insiste en la defraudación de la infanta a Hacienda en grado de colaboración. Cuando Diego Gómez-Reyno, Mónica de la Serna y Juan Jiménez se sienten a analizar el auto de procesamiento se encontrarán con que solo Castro defiende la responsabilidad penal de la infanta.

Ni el fiscal Pedro Horrach, ni la Agencia Tributaria respaldan el procesamiento de la infanta, como ya hicieron con la citación como imputada. De hecho, el fiscal Horrach recogerá en el escrito de acusación del caso Nóos solo la exigencia del pago de casi 600.000 euros por parte de Cristina de Borbón, en concepto de responsabilidad civil, siempre que en el juicio se demuestre el fraude fiscal de Urdangarin y el duque de Palma sea condenado.

La hija menor del rey de España, Cristina de Borbón, se convertirá hoy en el primer miembro de la familia real española que tiene que rendir cuentas ante la Justicia. La cita es a las 10 de la mañana en los Juzgados de Palma de Mallorca. Allí espera el juez José Castro para pedirle explicaciones por su papel como propietaria al 50% de una sociedad a la que fueron a parar fondos obtenidos ilícitamente por su marido. ¿Era consciente Cristina de Borbón de que su empresa recibía dinero procedente de la malversación? ¿Tiene responsabilidad sobre un posible delito fiscal? Estas son las dos grandes cuestiones que pretende despejar el interrogatorio.

Al menos por su repercusión mediática, la declaración de la infanta se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos judiciales de la democracia. Solo su acceso al juzgado ya ocupa un capítulo del voluminoso ‘caso Nóos’. El Ministerio del Interior recomendó al juez decano que permitiera a la infanta acceder en coche hasta la misma puerta trasera de los juzgados, introduciendo el vehículo en el aparcamiento del mismo. La infanta entra por la puerta de atrás porque la principal está cerrada los sábados. Cualquier otro imputado debería recorrer a pie los 30 metros de rampa que separan el acceso al aparcamiento de la puerta de entrada al edificio, pero la Policía alegó motivos de seguridad para que se hiciera con la infanta una excepción. Solo de ella dependerá finalmente si recorre el último tramo a pie, lo que permitiría a los medios de comunicación tener una imagen nítida de los momentos previos a la declaración, u opta porque el coche se detenga en la misma puerta.

El centro de Palma está tomado por la Policía. Un total de 200 agentes forman el dispositivo de seguridad, la mitad miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Valencia, llegados para la ocasión, y otros tantos de la plantilla habitual en la capital balear: agentes de seguridad ciudadana, de guías caninos, unidad de susbuelo y contra-francotiradores. La Asamblea Republicana de Palma de Mallorca ha convocado una manifestación para una hora y media antes de la declaración de la infanta. La hija del rey apenas podrá ver a los manifestantes por la amplitud del cordón policial, que afectará incluso a un tramo de las avenidas de Palma, la principal arteria de la ciudad. Lo que parece que no podrá evitar, si se atiende a las dos declaraciones de Iñaki de Urdangarin, serán los gritos de los manifestantes, que se dejarán oír incluso dentro de los juzgados.

Allí, en una sala de la segunda planta, tendrá lugar el interrogatorio. Es la misma sala de unos 60 metros cuadrados donde prestó su primera declaración Iñaki Urdangarin, en febrero de 2012. Preguntará en primer lugar el juez Castro, pues a él corresponde la iniciativa de la citación. Si no cambia sus formas para la ocasión, a la infanta le aguarda un interrogatorio incisivo, con un lenguaje casi coloquial, como cuando acorraló a un testigo al que espetó: “yo ya conozco la verdad, ahora quiero que me la cuente usted”. Tras las preguntas de Castro, llegarán las del fiscal, Pedro Horrach, quien se ha negado por activa y por pasiva a que se celebre la declaración. Horrach está convencido de que no hay indicios penales contra la infanta, tan solo una irregularidad fiscal que se solventará con la devolución de la mitad de los ingresos que obtuvo Aizoon procedentes de fondos presuntamente ilícitos, unos 600.000 euros, en el caso de que Iñaki Urdangarin sea condenado.

Tras las preguntas de Horrach será el turno de las acusaciones particulares: la Agencia Tributaria, la Abogacía del Estado y los Gobiernos valenciano y balear. Después llegará el turno de la acusación popular, integrada por Manos Limpias y el nuevo actor en el ‘caso Nóos’, el Frente Cívico Somos Mayoría, que lidera Julio Anguita y que está representado jurídicamente por el letrado cordobés Manuel Delgado. El Frente Cívico decidió personarse al presenciar los obstáculos que tenía que superar Castro para simplemente tomar declaración a la infanta. Su equipo jurício ha tenido apenas ocho días para estudiar el sumario del caso, pero acude a la declaración con centenares de preguntas para la hija del rey. Entre ellas, algunas que la asociación ha reclamado que aporten los ciudadanos.

Cuando acabe el turno de la acusación popular podrán dirigirse a la infanta los abogados del resto de imputados y cerrará el interrogatorio el letrado de Cristina de Borbón. La imputada podría negarse a declarar y de hacerlo, elegir a qué partes responde. Todo parece indicar que la infanta solo contestará al juez, al fiscal y a las acusaciones particulares que se decidan a interrogarla. De momento, solo con seguridad lo hará la abogada del Estado. Aún así, el juez podría obligar a todas las partes decididas a interrogar a que enumeren en voz alta las preguntas que tenían planteadas para que conste en acta. La declaración de la infanta promete demorarse durante horas.

Frente al retrato de su padre

La infanta se sentará en una silla forrada con terciopelo rojo, frente a una pequeña cómoda que sostendrá un micrófono. Enfrente tendrá al juez Castro, otro magistrado de apoyo y al secretario judicial. A su derecha, las acusaciones –que se irán turnando en las sillas por falta de espacio según llegue su turno- y a la izquierda otra mesa con las defensas, la suya de forma permanente y el resto rotando cuando les corresponda intervenir. Por encima de la cabeza de Castro visualizará una foto de su padre, el rey de España, presidiendo la sala de vistas. Los juzgados han habilitado una pequeña sala para la infanta si el juez autoriza recesos. Los miembros de las distintas partes no podrán acceder a la sala de vistas con teléfonos, grabadoras, cámaras o tabletas, que deberán depositar a la entrada.

Fuera aguardarán 350 periodistas de todo el mundo acreditados para cubrir el acto. Los informadores estarán ubicados detrás de una valla colocada al final de la rampa, en el aparcamiento de los juzgados. Un potente inhibidor de frecuencias colocado por la Policía por motivos de seguridad promete dificultar la tarea de los informadores cuando intenten comunicarse desde su ubicación con los teléfonos móviles. Algunos informadores gráficos estarán apostados desde primera hora en balcones de la calle que da a los juzgados, alquilados por los vecinos para la ocasión por hasta 1.500 euros.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, pretende evitar que los ciudadanos puedan ver a la infanta Cristina acceder a los juzgados de Palma. La decisión, sin embargo, corresponde al juez decano de la Audiencia Provincial, Francisco Martínez Espinosa, quien antes de decantarse escuchará las recomendaciones en materia de seguridad del Ministerio del Interior. La policía ya recomendó ahorrar el paseíllo a Iñaki Urdangarin en su primera declaración como imputado.

La famosa rampa de los juzgados es, en realidad, el acceso al único aparcamiento de la Audiencia Provincial. Está destinado a la entrada de los vehículos con autorización para estacionar allí, entre ellos, los del juez José Castro o el fiscal Pedro Horrach. Por allí acceden también los vehículos policiales que trasladan detenidos. Los sábados, domingos y festivos sirve de puerta de acceso al juzgado de guardia.

El juez Castro ha decidido citar a los imputados del 'caso Nóos' en sábado. Lo hace para evitar que las declaraciones les coincidan a los numerosos abogados con otros señalamientos. Esa es la razón por la que Urdangarin ha entrado en dos ocasiones por la puerta de atrás que precede a la rampa y que, si Gallardón no lo impide, también lo haga la infanta.

El decano Martínez Espinosa decidirá el dispositivo de la declaración de la infanta tras reunirse con los policías de la Jefatura Superior de Baleares. Francisco Martínez es un juez concienciado de la labor de los medios y facilitador de la tarea de los informadores, según fuentes jurídicas. Antes de la primera declaración de Urdangarin, en febrero de 2012, mantuvo un pulso con la policía. Esta recomendó en un estricto informe que el duque descendiera la rampa en coche por motivos de seguridad.

Hasta horas antes de la declaración, el magistrado no accedió. Sin embargo, y para sorpresa de los periodistas, Urdangarin se bajó del coche en el acceso a la rampa y descendió los 30 metros a pie. En una actuación que pareció poco improvisada, el duque de Palma se acercó a los medios –que aguardaban tras una valla al terminal de la pasarela– e hizo una breve declaración. La decisión de Urdangarin motivó que un año después, en su segunda declaración, ni siquiera se valorase la posibilidad de que el coche descendiera hasta la puerta.

La policía alegó en su informe en febrero de 2012 posibles problemas de “orden público” protagonizados por “radicales”. Estos pretenderían, cuando menos, “ridiculizar” al duque. El dispositivo policial no evitó que la zona amaneciera en las dos declaraciones engalanada con carteles satíricos sobre el duque de Palma, chorizos de papel y pintadas.

Tanto en la primera como en la segunda declaración, Urdangarin escuchó pitidos e insultos de manifestantes que ni siquiera lo vieron, dada la distancia a la que fue cortada la calle Parellades. Sólo los periodistas acreditados presenciarán en directo la bajada de la infanta por la famosa rampa. Ellos, y los pocos vecinos cuyas ventanas dan a la calle. Algunos hacen ese día negocio alquilando sus terrazas a los informadores gráficos.

Si finalmente la infanta descendiera la rampa en coche y los informadores fueran ubicados en el mismo lugar, aún podría haber una imagen fugaz de la hija del rey bajando del vehículo y entrando al juzgado. Otra opción es que el juez decano hiciera una excepción y abriera la puerta principal de la Audiencia Provincial. Esta posibilidad complicaría a todas luches el dispositivo de seguridad, ya que la fachada está ubicada en las avenidas de Palma, la principal arteria de la ciudad.

Alrededor de 150 agentes de la Unidad de Intervención Policial han integrado el dispositivo durante las declaraciones de Urdangarin. Un potente inhibidor de frecuencia colocado por la policía en los juzgados impide que los abogados presentes en la declaración puedan conectarse vía telefónica con el exterior, evitando así las filtraciones en directo.

La declaración, como otras de la causa, se grabará en vídeo y se guardará bajo llave. Esto agilizará el interrogatorio. En el caso de la primera declaración a Urdangarin, esta se extendió durante 22 horas debido a que los funcionarios debían tomar nota de su contenido.

Ya no es una garantía. Hasta hace poco más de un año, cuando la Fiscalía Anticorrupción intervenía como acusación en cualquier procedimiento, sólo cabían dos lecturas: el procesado había perdido el favor del aparato del Estado que, además, necesitaba que las diligencias llegaran hasta el final. No siempre recibía autorización para intervenir, pero cuando lo hacía asumía la condición de implacable perro de presa.

Eso empezó a cambiar cuando la instrucción del caso Nóos, en el que se acusa al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, de enriquecerse a costa de las administraciones públicas a cambio de servicios ficticios, dejó claro que más pronto que tarde habría que tomar una decisión sobre la imputación de la esposa del investigado, nada menos de la infanta Cristina.

Fue entonces cuando el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, decidieron hacer uso del escalafón y aprovechar que la Fiscalía es un cuerpo jerárquico para tirar de galones y hacer que el fiscal anticorrupción personado en el caso Nóos, Pedro Horrach, un funcionario de trayectoria intachable y cuyo compromiso contra la corrupción se había probado con creces, centrara todos sus esfuerzos en lograr que el juez instructor de la causa, José Castro, no imputara a la infanta Cristina.

En el primer escándalo de corrupción política que salpicaba directamente a la Corona, la Fiscalía Anticorrupción perdió por primera vez su condición de azote de los oligarcas, al menos de aquellos que las instituciones ya no podían defender. Y lo que parecía ser la excepción pareció convertirse en la regla. El aparato del Estado decidió entonces fagocitar a Anticorrupción y usar la Fiscalía especial como instrumento al servicio de la defensa de aquellos poderosos a los que al Gobierno le convenía defender.

Tanto es así que en el último año cuando Anticorrupción ha protagonizado titulares de prensa ha sido por convertirse en herramienta del Ejecutivo para sabotear a los jueces responsables de instruir procedimientos contra aliados del Gobierno del PP oponiéndose a la imputación de personalidades de renombre a pesar de las pruebas o incluso recurriendo autos de ingreso en prisión.

La situación, según fuentes judiciales, está generando tensiones no sólo entre magistrados y fiscales, sino también entre los miembros de Anticorrupción más comprometidos con el objeto de la institución. Y también incomoda a los cuerpos de seguridad que, en funciones de policía judicial, han tenido que asumir en el último año el papel de acusadores sin cobertura alguna, como la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía o la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El malestar, sin embargo, no ha llegado al Consejo Fiscal, que el pasado día 16 ratificó a Antonio Salinas como fiscal jefe Anticorrupción por cinco años más, con lo que su mandato se prolongará 15 años.

Estos son los principales casos en los que la Fiscalía Anticorrupción, en lugar de alinearse con el magistrado responsable de la instrucción ha procedido, en realidad, como defensa de los sujetos investigados:

La infanta Cristina y Nóos. Hasta en tres ocasiones el fiscal Pedro Horrach se ha opuesto a las intenciones del juez instructor del caso Nóos, José Castro, de imputar a la infanta Cristina de Borbón en la causa que se sigue contra su marido y contra Diego Torres. Nóos es una fundación que se declaraba sin ánimo de lucro. Sin embargo todo el dinero que llegaba de las administraciones públicas se lo repartían Urdangarin y Torres. Urdangarin utilizaba para desviar el dinero de Nóos a sus cuentas la sociedad patrimonial que preside la infanta, Aizóon. De los cinco miembros del consejo de Nóos, la infanta es la única que no está imputada, mientras sí lo están la esposa de Torres o el propio secretario de la infanta, Carlos García Revenga.

A primeros de abril, el juez Castro decidió citar a la infanta en calidad de imputada. Inmediatamente, el fiscal Horrach, que junto a Castro había sido uno de los principales impulsores de la investigación, recurrió la decisión del magistrado. La Audiencia de Palma dejó sin efecto la decisión del juez Castro, aunque le dejó un resquicio para volver a citar a la infanta como imputada si se cargaba de razones. Los indicios acumulados por el juez Castro empezaron a apuntar de nuevo una eventual imputación de la infanta ya en noviembre. Sin que nadie se lo pidiera, el fiscal Horrach presentó un escrito en el que se oponía de forma preventiva a la imputación de la infanta. Y, cuando la segunda semana de noviembre el juez Castro pidió a las partes que se pronunciaran sobre la imputación de la duquesa de Palma, Horrach volvió a oponerse.

Miguel Blesa. Aunque no fue propiamente la Fiscalía Anticorrupción, sino la de Madrid, las dos veces que el titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva, envió a prisión al expresidente de Cajamadrid y excompañero de pupitre de José María Aznar, Miguel Blesa, por algunas de las irregularidades en la gestión de la entidad financiera que acabaron por provocar su intervención se han encontrado con la oposición del ministerio público. Y no sólo eso, sino que, además, la Fiscalía de Madrid acabó querellándose contra el juez Silva por las decisiones que tomó respecto a Blesa. Es decir, Silva ha acabado imputado por encarcelar a Blesa, aunque el expresidente de Cajamadrid sólo pasó una noche en prisión.

Los correos electrónicos de Blesa conocidos estas semanas evidencian que había motivos más que sobrados para adoptar medidas cautelares contra el expresidente de Cajamadrid. Silva se lamentaba amargamente de que ningún fiscal se hubiera interesado por los correos. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera que forman parte exclusivamente de las comunicaciones privadas del antiguo máximo responsable de la caja y que no pueden ser objeto de investigación.

El PP, Bárcenas y la Gürtel. En el caso Gürtel y su principal derivada, el caso Bárcenas, Anticorrupción ha llegado aún más lejos en su intento de proteger a los investigados del juez instructor. Si el responsable de la investigación, el juez Pablo Ruz, expulsó en su día al PP de la causa, en la que estaba presente como acusación particular, por razones obvias, en las últimas semanas, la Fiscalía se ha puesto al servicio del partido del Gobierno para que pudiera acceder a la causa. Fue Anticorrupción quien presentó al juez Ruz un escrito, que previamente había recibido de la formación de Mariano Rajoy, y que criticaba duramente el informe de la Policía sobre los supuestos pagos en negro de las obras en la sede de Génova.

El abogado del PP, Alberto Durán, registró el pasado 2 de diciembre en la Fiscalía Anticorrupción un escrito paraque ésta se sirviera “de darle el curso que en Derecho proceda”. Anticorrupción lo entregó a Ruz como si lo hiciera en nombre del partido de Rajoy. Y es un contrainforme sobre los pagos de las obras en Génova que intenta rebatir punto por punto las conclusiones provisionales a las que llegó la Policía. Fue con el contenido del informe de la UDEF y otro de la Agencia Tributaria, que Ruz dictó un auto el pasado 22 de noviembre en el que aseguraba que los datos en su poder permitían “confirmar a nivel indiciario la presunta existencia por parte del Partido Popular de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo al margen de la contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas”.

La utilización de la Fiscalía Anticorrupción acabó por volverse en contra del PP porque Ruz descubrió que el partido había entregado documentos al ministerio público que él mismo no poseía. Eso motivó que el juez ordenara por primera vez en la historia de la democracia el registro de la sede del partido de Gobierno. Un registro que se prolongó durante más de 14 horas y en el que se incautaron cerca de 5.000 documentos sobre la presunta contabilidad B del PP.

La esposa de Ignacio González. En el caso del polémico ático que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, posee en Estepona, las contradicciones en las que ha incurrido Anticorrupción evidencian cómo la jerarquía del cuerpo está obligando a fiscales de prestigio a situarse en posiciones que rozan el bochorno. El 29 de noviembre el fiscal anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, remitía un escrito a la titular del juzgado de instrucción número 5 de Estepona, Mariana Peregrina, en el que se oponía al archivo de la causa porque el inmueble fue adquirido a través de una sociedad instrumental domiciliada en el paraíso fiscal de Delaware, Coast Investments, que el representante del ministerio público considera “ciertamente opaca” por 1.150.000 euros de los que, presuntamente, 400.000 fueron pagados en B.

Fue el propio Ignacio González quien pidió el archivo de las diligencias por estar siendo investigado sin haber sido llamado a declarar. Pero López Caballero consideraba en su escrito imprescindible aclarar quién está detrás de Coast Investments para proceder a una eventual imputación de los compradores del ático, Ignacio González y su esposa, Lourdes Cavero. Sin embargo, cuando la juez ha decidido imputar a la esposa de González por blanqueo de capitales y delito fiscal, remitir la causa a la Audiencia Nacional porque la operación tuvo lugar en el extranjero, y, en la parte que afecta al presidente madrileño, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid po rsu condición de aforado, el fiscal ha cambiado diametralmente de criterio.

López Caballero ha recurrido la imputación de Lourdes Cavero directamente ante la Audiencia de Málaga con el argumento de que “únicamente se alude a la existencia de una ”sociedad extranjera ad hoc, con una estructura organizada y para cuya comisión se han podido utilizar sociedades fiduciarias opacas pero sin aclarar cuál sea el delito antecedente de ese blanqueo de capitales ni la modalidad comisiva ni sus posibles responsables“. A juicio del fiscal, ”en este momento procesal“ no se ha acreditado la participación de Cavero en ningún delito contra la Hacienda Pública o de blanqueo. No parece que López Caballero haya decidido fundamentar así su recurso por voluntad propia.

El Palau de la Música y CiU. El titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, parece haber dado prioridad a la velocidad a la hora de cerrar la investigación del expolio del Palau de la Música Catalana a manos del expresidente de la institución, FélixMillet, y de su mano derecha y exdirector general Jordi Montull. Millet y Montull, además, desviaron, según el auto emitido por Pijuan el pasado 12 de julio, más de 6,6 millones de euros para la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en diversas operaciones, sin que el juez Pijuan haya sentado a alto responsable alguno del partido.

De hecho no consta que hayan sido investigadas dos de las personalidades a las que se señalaba como responsables últimos de la financiación de CDC: el conseller de Empresa y Empleo, Felip Puig, que hasta 2003 era al mismo tiempo secretario de organización de Convergència y consejero de Obras Públicas; y el actual consejero de Justicia, Germà Gordó, en aquel entonces gerente del partido con unas atribuciones muy superiores a las del tesorero. Pijuan se jubila a fina lde año y no parece que los fiscales anticorrupción asignados al caso, Pedro Ariche y Emilio Sánchez Ulled tengan intención de pedir que se reabra la instrucción para esclarecer si las responsabilidades en Convergència van másallá del tesorero.