La Consejería de Fomento ha sacado a licitación las obras de restauración del edificio de la lonja de pesca del puerto de Comillas con un presupuesto de 222.934 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El proyecto tiene como objetivo mejorar el estado de conservación y la funcionalidad de este inmueble portuario mediante una intervención integral en aquellos elementos que presentan un mayor desgaste debido a su exposición al entorno marítimo, ha informado el Ejecutivo.

Los trabajos contemplan la renovación completa de la cubierta para resolver los problemas de filtraciones detectados en el edificio, así como la reparación y acondicionamiento de las fachadas, la sustitución de carpinterías exteriores e interiores deterioradas y la mejora de distintos espacios interiores.

Además, la actuación incluye la ampliación del acceso principal de la lonja para facilitar las tareas de carga y descarga vinculadas a la actividad pesquera, la mejora del pavimento de la zona de operaciones y la adecuación de otros espacios del inmueble.

Asimismo, se llevarán a cabo trabajos de reparación y renovación de diferentes acabados con el fin de reforzar la durabilidad del edificio y garantizar unas mejores condiciones de uso.

La actuación permitirá conservar la imagen característica de la lonja, manteniendo materiales y colores similares a los actuales, al tiempo que se mejora su adaptación a las necesidades de la actividad que alberga.

La licitación ya ha sido publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público y las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 4 de noviembre para presentar sus ofertas.

La Junta de Gobierno Local de Santander ha aprobado adjudicar a COPSESA las obras de recuperación del malecón sur de la Dársena de Molnedo, por un importe de 1.023.070 euros y un plazo de ejecución de diez meses.

La Autoridad Portuaria de Santander ha otorgado la concesión necesaria para llevar a cabo esta actuación y, una vez formalizado el convenio entre ambas administraciones, está previsto que los trabajos puedan comenzar próximamente, ha informado este viernes el Real Club Marítimo de Santander.

La intervención abarcará una superficie de más de 5.000 metros cuadrados y permitirá recuperar la esencia portuaria del malecón e integrarlo en el frente marítimo consolidado de Santander.

El proyecto ordenará los distintos usos del espacio peatonal, rodado, náutico, deportivo y estancial, mejorará su accesibilidad y embellecerá el entorno, desde el respeto a su historia y a la identidad de los elementos que lo conforman.

“Esta actuación permitirá recuperar y poner en valor uno de los espacios más emblemáticos del entorno del puerto deportivo Puertochico”, ha apuntado el Real Club Marítimo.

Por su parte, el Ayuntamiento ha precisado a esta agencia que el acuerdo contempla dos anualidades, una este año, de 287.244 euros, IVA incluido, y otra en 2027 de 735.825, también IVA incluido.

Una comunidad de vecinos de una localidad del País Vasco ha pleiteado durante diez años hasta que el Tribunal Supremo les ha dado permiso para instalar un ascensor en el edificio. Los jueces han obligado finalmente al dueño del restaurante de la planta baja del edificio a otorgar la servidumbre necesaria para poder hacer la obra, que afecta a la cocina del local, pero obliga al resto de propietarios a calcular y pagar una indemnización por los inconvenientes que causará la instalación. La comunidad de vecinos empezó a estudiar en 2012 la posibilidad de instalar el ascensor por la presencia de personas mayores con movilidad reducida entre los vecinos. Según fuentes del caso, varias de esas personas mayores han fallecido mientras esperaban a que se solucionara el pleito.

La documentación judicial a la que ha tenido acceso elDiario.es revela que esta comunidad de vecinos de una localidad costera y turística de Gipuzkoa encargó los primeros informes para instalar un ascensor en 2012. La razón: varios vecinos eran personas mayores con “problemas de movilidad” y era necesario facilitarles el acceso a sus casas. La decisión definitiva de los propietarios llegó en 2016, cuando se votó mayoritariamente a favor de la obra y la correspondiente derrama, un proceso en el que el propietario del restaurante no pudo participar al acumular deudas con la comunidad.

Los pleitos arrancaron poco después. Diversos frentes judiciales, incluso penales, en los que el propietario del restaurante de la planta baja del edificio se opuso a tener que pagar las derramas dado que su local, ubicado en la planta baja, no iba a hacer uso del ascensor. La comunidad de vecinos contestó con una reconvención de la demanda para que fuera obligado a prestar la servidumbre –la autorización para hacer obras en su local– dejando claro en todo momento que iba a ser indemnizado con decenas de miles de euros por las molestias que se iban a causar al restaurante, entre otras cosas a la cocina. Él pedía casi 80.000 euros.

El conflicto se tramitó primero ante los tribunales vascos, donde los jueces dieron la razón a la comunidad de vecinos. El dueño del local, para empezar, no tenía derecho a recurrir los acuerdos de la junta de vecinos al tener dinero pendiente de pago, aunque él alegaba que eran poco más de 100 euros de deuda. La Audiencia Provincial entendió que la servidumbre que necesitaban los vecinos para instalar el ascensor estaba “suficientemente definida” y que el local no quedaba “inservible”, sino que se comía un par de metros de la cocina por los que el hostelero debía ser indemnizado.

El caso de este edificio de cinco plantas sin ascensor llegó a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo este año, una década después del acuerdo de la comunidad de vecinos para hacer la obra y cuando varios de los vecinos mayores que iban a usar el ascensor ya habían fallecido. Los jueces han confirmado que el dueño del local debe otorgar la servidumbre para facilitar la instalación del ascensor, pero ha estimado parcialmente sus alegaciones y ha establecido que la ejecución de esta sentencia debe incluir un cálculo de la indemnización que debe cobrar por la afectación al local.

“La comunidad puede imponer la servidumbre”

La Sala de lo Civil da luz verde al ascensor de esta comunidad de vecinos tras 10 años de pleito y 14 de proyecto y lo hace repasando sus propias sentencias que desde 2008 dan poder a las comunidades de vecinos para “imponer la servidumbre” en estos casos, aunque con “límites o condiciones”. En los últimos años, el Tribunal Supremo ha estudiado casos de servidumbres, pero también de indemnizaciones negadas a vecinos afectados por la instalación de un ascensor: desde una zapatería que sufrió desperfectos en el local hasta una vecina que perdió luz en su casa tras la obra.

En este caso, los jueces estiman parcialmente el recurso del hostelero de la planta baja y ubican en la fase de ejecución de la sentencia el cálculo de la indemnización para el dueño del local. “Si no de manera simultánea, sí en el mismo procedimiento”, especifican. Se le debe resarcir, a través de un informe pericial, por aspectos como “el valor de la superficie realmente ocupada, la depreciación del local, los gastos de adaptación que se estimen necesarios, la pérdida o disminución de ingresos derivada de la paralización o reducción de la actividad que se desarrolla en el local mientras se ejecuten las obras, y, en general, cualquier otro daño”.

La Sala de lo Civil alude a los diez años que el proceso ha tardado en ser sentenciado en firme y explica que esta decisión es la única que acorta los plazos y evita que el pleito se alargue todavía más hasta que la obra del ascensor se complete. La “procedencia” de instalar el ascensor está “debidamente acreditada” y cualquier otra solución llevaría la obra a “otro procedimiento por tiempo indeterminado”, añadido a “los diez años transcurridos desde la presentación de la demanda”, todo “en perjuicio de los propietarios, y, en particular, de aquellos que por su edad o problemas de movilidad, no pueden hacer uso de las escaleras”. Además, añade, comunidad y hostelero “están de acuerdo en que la demandante tiene derecho a ser indemnizada por los daños y perjuicios”.

La estimación parcial del recurso del dueño de la planta baja del edificio tiene otro efecto: no se le condena a pagar las costas del proceso y, por tanto, a hacerse cargo de parte de los gastos legales en los que han incurrido sus vecinos para combatir sus recursos a lo largo de la última década.

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, la inversión de 1.662.658,45 euros para contratar las obras de ensanche del puente sobre el Río Tirón y de urbanización de la travesía en la carretera autonómica LR-310 en la localidad de Cihuri. Este proyecto, cuyo plazo de ejecución asciende a 10 meses, tiene el objetivo de crear espacios diferenciados para vehículos y peatones, además de reforzar la seguridad vial.

La carretera LR-310 comunica las localidades de Casalarreina, Cihuri y Anguciana, dando acceso a la localidad de Cihuri desde la carretera nacional N-232, por lo que favorece la conexión de esta población con la red de alta capacidad. En la actuación prevista, se contempla tanto la rehabilitación de la estructura existente como la ampliación de la misma mediante dos voladizos metálicos.

En la actualidad, la carretera cruza el cauce del río Tirón al inicio del tramo urbano de Cihuri, mediante un puente de piedra de tres vanos de arco rebajado y una longitud aproximada de 34 metros. Con un ancho de plataforma de 5 metros, y sin acerado. 

Esta infraestructura cuenta con un ancho de plataforma de casi 5 metros, en el que vehículos y peatones comparten el mismo espacio de circulación, sin ningún tipo de separación. Por tanto, la anchura es insuficiente para el cruce de dos vehículos y, al no disponer de aceras, también supone un riesgo para la seguridad de los viandantes.

La actuación, que abarcará el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 1+610 y 1+960, dotará a la travesía de Cihuri de una anchura suficiente para la circulación de vehículos y peatones en toda la longitud de la travesía. De este modo, se proyecta la ampliación de la estructura actual para que se pueda materializar una separación del tránsito peatonal y rodado, así como el cruce seguro de vehículos. 

Asimismo, se llevará a cabo la ordenación de un tramo de travesía disponiendo aceras hasta el límite de tramo urbano, con el objetivo de evitar la presencia de peatones sobre la calzada en toda la zona de actuación.

El Ayuntamiento de Camargo ha sacado a licitación la redacción del proyecto y los servicios técnicos necesarios para la rehabilitación y adaptación de la estructura y los espacios interiores del Centro Cultural La Vidriera, con un presupuesto base de 503.753 euros, IVA incluido.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 4 de noviembre, a las 14:00 horas, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, ha informado este jueves el Consistorio.

La iniciativa forma parte del Plan de Actuación Integrado (PAI) 'La Vidriera 360' y permitirá concretar técnicamente la intervención en el edificio y disponer de los profesionales encargados de dirigir y supervisar el desarrollo de las obras. La licitación comprende los servicios de arquitectura y asistencia técnica vinculados a la rehabilitación.

El presupuesto corresponde a la elaboración del proyecto, la dirección de las obras, la coordinación de seguridad y salud y la dirección de ejecución, servicios necesarios para preparar y desarrollar la futura intervención en el centro cultural.

El contrato se divide en tres lotes. El primero, con un presupuesto de 361.669 euros, IVA incluido, comprende la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como la dirección de las obras de rehabilitación y adaptación de la estructura y los espacios interiores de La Vidriera. El segundo se destina a la coordinación de seguridad y salud durante las obras y cuenta con un presupuesto de 38.750,25 euros, IVA incluido. El tercero, dotado con 103.334 euros, IVA incluido, corresponde a la dirección de ejecución de las obras.

El procedimiento de adjudicación es abierto y permite que las empresas presenten ofertas a uno o varios de los tres lotes. Además de la propuesta económica, los criterios de adjudicación valorarán la experiencia de los profesionales en trabajos similares y, según el lote, el refuerzo del equipo técnico o la formación del personal adscrito al servicio.

La licitación fue publicada el 6 de octubre. Los interesados podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y la documentación complementaria hasta el 23 de octubre, a las 14:00 horas.

Proyecto 'La Vidriera 360' con financiación europea

La rehabilitación del centro cultural forma parte del Plan de Actuación Integrado (PAI) 'La Vidriera 360', diseñado por el Ayuntamiento de Camargo con una inversión global prevista de 8,2 millones de euros para modernizar el Centro Cultural La Vidriera y regenerar su entorno.

El plan reúne actuaciones dirigidas a mejorar los espacios públicos, la movilidad peatonal y ciclista, la eficiencia energética y la sostenibilidad, así como a incorporar nuevas soluciones tecnológicas a la gestión de los servicios municipales. Su alcance combina la transformación del edificio con intervenciones en su entorno y la modernización de los servicios públicos.

El Ayuntamiento presentó este proyecto en febrero de 2025 y, en octubre de ese mismo año, anunció la obtención de tres millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para contribuir a su ejecución. Camargo fue, junto con Santander, uno de los dos municipios de Cantabria seleccionados en esta convocatoria de financiación europea.

Este proyecto podrá ser cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Plurirregional de España 2021-2027, dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (Plan EDIL).

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado el proyecto de remodelación de la calle Doctores Castroviejo, en el Paseo de las Cien Tiendas, así como la licitación de las obras por una cuantía de 3.144.743, 84 euros (IVA incluido).

Unos trabajos que, como ha detallado la portavoz del equipo de Gobierno municipal Celia Sanz, se prevé poner en marcha ya a inicios de 2027, “una vez pasada la campaña de Navidad”, y que desglosarán en dos anualidades: 1,2 millones en este ejercicio y 1,94 millones para el próximo año. Ha recordado además Sanz que, “con un plazo estimado de ejecución de 15 meses, la intervención abarcará también la calle Juan XXIII, desde la intersección con Doctores Castroviejo hasta Avenida Solidaridad”.

El proyecto ha sido elaborado por un equipo multidisciplinar formado por ingenieros, arquitectos y paisajistas y coordinado por la Unidad de Arquitectura y Regeneración Urbana del Ayuntamiento.

En concreto, contempla “la renovación completa del pavimento y de las redes de saneamiento, abastecimiento, riego y alumbrado, así como la instalación de elementos de mobiliario urbano, una zona de recreo infantil, señalización y control de accesos”.

Refleja también, ha dicho la portavoz, “la redistribución del espacio público disponible para incorporar nuevos espacios ajardinados, con más árboles y zonas arbustivas que aportarán más sombra y confort al recorrido peatonal”. “Consensuada con el vecindario y el entramado comercial de la zona, esta intervención dará continuidad a la actuación realizada en la calle Beti Jai y su conexión con la Glorieta del Doctor Zubía. Y supondrá un nuevo paso en la hoja de ruta marcada por el Gobierno local para la regeneración urbana del Paseo de las Cien Tiendas”, ha finalizado.

El rechazo vecinal al proyecto del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida para el scalextric de la M-30 entre Puente de Vallecas y Retiro, conocido como Vallecas Abierto, está a punto de llegar al Defensor del Pueblo. La formación política Independientes por Madrid, comandada por Marta Higueras (exteniende de alcaldesa con Manuela Carmena), ha elevado una queja a Ángel Gabilondo donde exige el derribo de la infraestructura.

El abogado Javier Flores, que ha litigado también contra los cantones de limpieza en zonas urbanas, el caso del Hospital de Torrejón o la compra del ático de Chamberí por parte del Ejecutivo de Ayuso, firma un escrito en representación del partido de reciente creación donde rechaza que el desmontaje se aplace a una operación urbanística sin fecha en el Abroñigal, como deslizó Almeida.

Se alinea así con las asociaciones vecinales de Puente de Vallecas y Retiro o con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, que han calificado el proyecto municipal de “tomadura de pelo”. Vallecas Abierto apenas aumentará el número de pasos de peatones, colocará varios jardines verticales y pintará de verded algunas columnas o superficies tras una inversión de 11,5 millones de euros. Las entidades que se oponen a su diseño defienden de hecho que en la práctica blinda el scalextric al incorporar en la zona nuevas dotaciones municipales.

Levantado en 1976, es el último paso elevado de este tipo que sigue en pie en Madrid. Lo componen ocho carriles por los que, según datos municipales, pasan unos 300.000 vehículos al día junto a las viviendas de los barrios de Numancia y San Diego, en Puente de Vallecas, y de Adelfas y Pacífico, en Retiro. Desde hace 50 años, el puente parte en dos a vecinos de ambos distritos y separa Vallecas del resto de la ciudad.

“Los vecinos de Vallecas llevan 50 años viviendo debajo de una autopista y la respuesta del Ayuntamiento es pintar el suelo, poner bancos y colgar macetas en el muro. A Vallecas no se le decora el abandono, se le paga la deuda histórica. Y esto no es solo cosa de Vallecas: los vecinos de Retiro que viven al otro lado del puente sufren el mismo ruido y la misma barrera. Aplazar el derribo a una operación que no tiene fecha, como es la del Abroñigal-Madrid Nuevo Sur es la forma educada de decir que no se va a hacer nunca”, afirma Higueras, portavoz de Independientes de Madrid (que prepara ya su candidatura para los comicios municipales de mayo).

La formación recuerda a Somos Madrid que el pleno municipal acordó hace más de un lustro poner fin a la infraestructura: “El 30 de junio de 2021, en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, el propio alcalde anunció que antes de junio de 2023 estaría listo el proyecto para eliminar el paso elevado de la M-30 sobre la avenida de la Albufera, que podrá ser ejecutado en el próximo mandato. Ese proyecto nunca ha visto la luz. Tres meses antes, el 30 de marzo de 2021, el pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad de todos los grupos, también el del alcalde, iniciar los estudios y trámites para suprimir el paso elevado”.

Independientes por Madrid da un paso más allá con su instancia al Defensor del Pueblo en una reclamación reiterada de la oposición en Cibeles y de los vecinos en las calles. En abril, la plataforma Vallekas Sostenible enumeró los efectos nocivos en la salud, el medio ambiente, la seguridad, la movilidad o la integración social que genera el scalextric. Abogan como solución por su desaparición mediante un “proyecto novedoso” que, a tenor de la respuesta social, no parece ser el que el Consistorio ha puesto sobre la mesa.

El 28 de agosto, la administradora de fincas de la comunidad de propietarios del edificio número 4 de la calle Bailén, en el centro de Santander, notificó por correo electrónico a la constructora Ferrovial de la aparición de grietas en el inmueble. Contactó a la multinacional de la construcción por “los daños que se produjeron en algunas” de las viviendas del edificio “como consecuencia de las obras del edificio colindante con motivo de la apertura de Faro Santander”. Así consta en el correo electrónico, al que ha tenido acceso elDiario.es.

La reforma del antiguo Edificio Pereda fue ideada por el estudio del arquitecto David Chipperfield. A partir de 2021, se procedió al vaciado y demoliciones dentro del edificio para, en 2023, realizar la propia obra del centro cultural. Fue Ferrovial la empresa que hizo la rehabilitación de la antigua sede del Banco Santander, reinaugurada en septiembre como centro cultural Faro Santander, en tres mil de los más de diez mil metros cuadrados de superficie útil que tiene el edificio, según datos del Banco Santander.

El número 4 de Bailén hace contraesquina en una calle perpendicular que desemboca a la fachada del centro cultural, cuya entrada histórica estaba en el Paseo Pereda y ahora, bajo su característico arco. En el escrito de la comunidad de vecinos se afirma que, durante las obras de Faro Santander, Ferrovial fue informada de “las incidencias detectadas”. También se asegura que acudió un técnico encargado de valorar los daños al edificio, para visitar las viviendas afectadas. Y, según el correo, éste “confirmó a los propietarios que las pequeñas grietas existentes eran compatibles con las obras del edificio colindante y que, por tanto, estaban relacionadas con las obras ejecutadas”.

La administración de la finca esperó a la finalización de la obra de Faro Santander para enviar el correo electrónico: “Entendemos que procede abordar la reparación de estos daños, por lo que solicitamos a Ferrovial que, como responsable de los trabajos ejecutados, proceda a coordinar y realizar las reparaciones necesarias”.

En el correo solicitaron información del procedimiento a seguir “para la atención de estas incidencias”, además de fechas estimadas para las reparaciones y los datos de la persona de contacto en Ferrovial. Según ha podido saber este periódico, el correo no ha recibido respuesta.

El 7 de septiembre, una semana después del envío del correo, Ana Botín, presidenta del Banco Santander, acompañada del Rey de España, además de otras autoridades y celebridades, inauguraba Faro Santander. Todo, tras el cierre al tráfico del arco que representa al edificio y la salida de México de la prestigiosa colección Gelman, hoy gestionada por el banco y expuesta en parte en Faro. “Mientras se transformaba la sede del Paseo Pereda, también se ha estado transformando el banco”, dijo aquel día Ana Botín.

La comunidad de vecinos ha trasladado la petición a Ferrovial, pero han consensuado no elevar la solicitud por la vía judicial, porque quieren resolver la situación en buenos términos. elDiario.es ha consultado a Ferrovial por el número de inmuebles del que ha tenido constancia notificada de afecciones en algún grado por la obra de Faro Santander, también por el número total de inmuebles afectados por grietas al que ha acudido un técnico para revisarlas durante los años de obras y por el número total de edificios en los que hará reparaciones y si de estas evaluaciones y diagnóstico final ha informado al Ayuntamiento de Santander, pero no ha dado comentarios. También ha trasladado estas consultas a Faro Santander y ha informado del caso de la petición de la comunidad, a lo que ha respondido también que “el Banco no hace comentarios”.

La carretera LR-250 permanecerá cortada al tráfico en tres franjas horarias el próximo miércoles, 30 de septiembre, como consecuencia de los trabajos de protección frente a desprendimientos que se realizan en esta vía. Los cortes afectarán a ambos sentidos de circulación en el entorno del punto kilométrico 20+800, en el término municipal de Soto en Cameros.

La actuación permitirá avanzar en la instalación de una barrera dinámica destinada a interceptar y contener los materiales desprendidos del talud, protegiendo así la carretera abre eventuales desprendimientos.

Los cortes afectarán a ambos sentidos de circulación y serán necesarios para permitir la colocación sobre la calzada de una grúa de grandes dimensiones, que se utilizará para realizar las operaciones de izado y transporte del material hasta la zona donde se está instalando la barrera.

En concreto, los cortes totales de circulación están previstos en las siguientes franjas horarias: de 09:30 a 10:30 horas, de 11:00 a 12:00 horas y de 12:30 a 13:30 horas.

Fuera de estos periodos, y siempre que las condiciones de ejecución y seguridad de los trabajos lo permitan, se dispondrán los medios auxiliares necesarios para restablecer temporalmente la circulación. La zona permanecerá debidamente señalizada y balizada y se adoptarán las medidas necesarias para impedir el acceso de vehículos al tramo durante los periodos de corte total y garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.

Llevar a cabo reformas en el hogar es una situación común que, sin la información adecuada, puede generar tensiones entre vecinos. Si te preguntas si debes pedir permiso al resto de propietarios o hasta qué hora puedes hacer ruido, la clave está en el tipo de obra y en las normativas municipales.

¿Es necesario pedir permiso a la comunidad?

La respuesta depende del tipo de obra que se vaya a realizar. “En el ámbito privativo, el propietario puede modificar elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de su piso o local, siempre que no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, ni perjudique derechos de otro propietario”, explica Patricia Briones, abogada y secretaria técnica del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid).

En el caso de este tipo de reforma dentro del hogar, no es necesario un permiso formal de la junta de vecinos, pero Briones apunta que existe la obligación de “dar cuenta previamente de tales obras al representante de la comunidad”.

Por el contrario, si la obra afecta a elementos comunes o altera la estética exterior, “sí es obligatorio contar con un acuerdo previo de la junta con el voto favorable de las 3/5 partes de los propietarios”, explica la abogada, que aclara que el permiso municipal no sustituye ese acuerdo.

¿Y el ruido?

No existe una ley estatal única que marque las horas permitidas. “Las ordenanzas municipales fijan unas franjas horarias para poder ejecutar las obras dentro del ámbito residencial”, declara Briones.

Más allá de lo que dicte la ley de cada ayuntamiento, la experta destaca la importancia de la convivencia: “Para evitar conflictos, debe atenderse a la empatía y al sentido común evitando ejecutar obras a primera o última hora del día o coincidiendo con fines de semana o días festivos”.

Antes de empezar la reforma

Para que tu reforma no se convierta en un problema legal o vecinal, la experta recomiendan seguir estos cuatro pasos:

En primer lugar, “revisa los estatutos y acuerdos de tu comunidad porque pueden contener normas propias sobre obras u horarios”, aconseja Briones, que también recomienda consultar la ordenanza municipal de ruido propia del ayuntamiento.

El siguiente paso sería, según la abogada, “informar por escrito al presidente o administrador del tipo de obra, la duración prevista y los horarios estimados”, así como avisar a los vecinos más cercanos, “especialmente si será ruidosa”.

“Si la obra es relevante, habría que consultar con un arquitecto o aparejador para confirmar si es necesario licencia municipal o declaración responsable”, señala la experta, que también cree recomendable “comprobar tu seguro de hogar y, si es posible, la cobertura del seguro de la comunidad ante posibles daños”.

El propietario que realiza la obra es el responsable de cualquier daño que pueda causar a otras viviendas o a las zonas comunes, como grietas o goteras, “y deberá indemnizar tanto a la comunidad como a los afectados”, apunta la abogada. En este y otros casos de conflicto, como incumplir los horarios o causar molestias excesivas, se podrá recurrir a la vía judicial, aunque el primer paso siempre debe ser intentar hablar entre vecinos.

El Ayuntamiento de València está a un paso de paralizar parte de las obras del apartahotel que la empresa Business Decission and Advice SL realiza en los bajos comerciales del residencial ubicado en la calle de Carlos Cortina 5, en Benicalap, tras acreditar diversas ilegalidades denunciadas por la comunidad de vecinos.

En concreto, según la resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es, la Policía Local acreditó el pasado 9 de septiembre tras una denuncia vecinal que se estaban ejecutando obras en parte de los bajos que no estaban incluidos en el proyecto presentado para la obtención de la declaración responsable que permitió a la mercantil iniciar los trabajos.

Posteriormente, otro informe del área de Actividades tras inspección cursada el 18 de septiembre certifica que “las obras e instalaciones de la actividad no se ajustan a las previsiones del proyecto, y anexos, que sirvió de base para la concesión de la licencia ambiental (Resolución GC-949 de fecha 28 de mayo de 2026) por cuanto las obras de implantación de la actividad superan el ámbito espacial objeto de la licencia concedida. La ampliación del ámbito de actuación de las obras para la implantación de la actividad se realiza en el espacio con fachada a la calle Carlos Cortina”.

El consistorio ha dado un plazo de 10 días a la mercantil para que presente alegaciones antes de ordenar que se paralicen los trabajos en la zona que no estaba contemplada en la licencia.

Compromís per València ha denunciado que esta nueva resolución municipal desmonta el argumento con el que el gobierno de María José Catalá y el concejal Juan Giner han defendido estas tres últimas semanas las obras del aparthotel de Carles Cortina, 5, en Benicalap.

La coalición valencianista ha recordado que la licencia ambiental que el Ayuntamiento concedió el 28 de mayo autorizaba un aparthotel de 38 habitaciones y 93 plazas, y dejaba expresamente fuera de la intervención y sin uso una parte del local —152,27 m² en planta baja y 36,52 m² de entreplanta— situada precisamente en la esquina de Carles Cortina con Salvador Cerveró. Según el informe técnico, es exactamente esa superficie excedida la que la empresa Business Decision and Advice SL ha ocupado y reformado sin autorización, tal como denunciaron los vecinos a finales de agosto.

La inspección, ordenada después de que un vecino de Carles Cortina 5 denunciara el 8 de septiembre que las obras excedían lo autorizado y aportara fotografías, también ha confirmado las irregularidades que la comunidad de vecinos había denunciado desde hace semanas: la apertura de 25 ventanas nuevas entre planta baja y entresuelo que recaen sobre el patio y las zonas comunitarias del edificio, nuevos huecos en la fachada de Carles Cortina y el cierre de un hueco preexistente en la de Salvador Cerveró. Ninguna de estas actuaciones figuraba en el proyecto aprobado.

Como informó elDiario.es, esta misma empresa es la que ejecuta proyectos muy similares, es decir, alojamientos turísticos en los bajos de los residenciales de las calles de Carlos Cortina 2 y de Encarna Albarracín. En todos los casos las comunidades de vecinos han denunciado las obras acometidas por la mercantil.

En el caso de Carlos Cortina 5 y de Encarna Albarracín principalmente por la alteración de las fachadas recayentes a las zonas comunes para la apertura de ventanales sin permiso de la comunidad, lo que puede chocar con la Ley de Propiedad Horizontal. En el caso de Carlos Cortina 2 por la eliminación de revestimientos en pilares de carga con taladros hidráulicos.

La promotora Business Decission and Advice SL está representada legalmente por el despacho Soriano i Piqueras, del que es cofundador Víctor Soriano, asesor adscrito a la Secretaría Primera del Senado, Eva Ortiz (PP). La firma tiene otros dos proyectos en marcha en Torrefiel y La Raiosa.

“Tiene la prueba y no para la obra”

“A pesar de contar con un informe técnico propio que acredita el incumplimiento, y a pesar de que la propia normativa que citan —el artículo 252.3 del TRLOTUP— prevé la paralización inmediata cuando las obras se apartan del proyecto autorizado, el gobierno de Catalá ha optado por abrir un simple trámite de audiencia de diez días para que la empresa alegue lo que considere oportuno. La obra sigue abierta mientras transcurre el plazo, incomprensible”, explica la portavoz de Compromís, Papi Robles.

La concejala valencianista ha recordado que el concejal Giner aseguró hace tres semanas que las obras contaban con licencia. “Pero ahora su propio servicio técnico reconoce que no se ajustan a la licencia. De hecho, a finales de agosto ya lo denunciamos públicamente y solo han actuado cuando no han tenido más remedio. Y aun así, en lugar de pararlas como marca la ley, les dan diez días más de margen. Esto no es proteger al vecindario”, lamenta Robles.

El anuncio de la vergüenza de Catalá

En este sentido, Papi Robles califica de “anuncio de la vergüenza” el que Catalá hizo en el pasado Debate del Estado de la Ciudad, cuando dijo que el Ayuntamiento ayudaría a las comunidades de propietarios a ir a la Justicia para defenderse de los abusos de las promotoras privadas que construyen apartamentos turísticos. “En lugar de poner a trabajar a su gobierno y parar obras ilegales, les dice a los vecinos y vecinas de València que tienen que esperar a que la justicia les dé la razón, cuando probablemente muchos desmanes urbanísticos ya se habrán consumado. No tiene ni pies ni cabeza”, denuncia la portavoz de Compromís.

El primer partido de la oposición ha exigido la paralización inmediata de las obras. “Cada día que pasa con la obra abierta es un día más en que se consolida un hecho consumado en un barrio que ya roza el límite de saturación turística”, ha añadido.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas (EMALSA) han elaborado un plan de movilidad para llevar a cabo las obras de reparación del colector de entrada a la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) del Teatro, una actuación de emergencia de gran complejidad técnica y logística que requerirá modificaciones temporales en la circulación y el transporte público en el entorno de Rafael Cabrera.

La alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, acompañada por el concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas, Francisco Hernández Spínola, el concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez, y el concejal de Coordinación, Alexis Rodríguez, junto a técnicos municipales, y la directora general de Emalsa, Mercedes Fernández Couto, ha mantenido este lunes un encuentro con residentes y comerciantes de la zona para presentar el plan de movilidad, recoger sus propuestas y analizar sus demandas.

En el encuentro han estado presentes el presidente de la Asociación de Empresarios de Triana, Marc Llobet, su gerente, Javier Hernández; el gerente del Mercado de Vegueta, Santiago Bolaños y Nardy Barrios, en representación de los vecinos y vecinas, entre otros representantes.

El documento técnico ha sido diseñado de manera coordinada por los distintos servicios municipales y EMALSA con el objetivo de compatibilizar la ejecución de una actuación necesaria para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de saneamiento con el normal desarrollo de la actividad de la ciudad y minimizar, en la medida de lo posible, las afecciones a residentes, comerciantes, transporte público y tráfico.

“Somos plenamente conscientes de las afecciones y de las molestias que una obra de esta complejidad puede generar en una zona tan importante de la ciudad. Por eso hemos trabajado de manera coordinada todos los servicios municipales y con EMALSA para diseñar un plan de movilidad que permita ejecutar una actuación imprescindible, reduciendo al máximo su impacto sobre la ciudadanía, el comercio y la actividad cotidiana de la ciudad”, ha señalado la alcaldesa durante el encuentro, donde ha agradecido la comprensión de los representantes vecinales y de los comerciantes que han asistido al encuentro.

Carolina Darias ha explicado que el plan tendrá un carácter dinámico y que se irá adaptando a las necesidades que puedan surgir durante el desarrollo de los trabajos. “Este es un documento vivo, que vamos a ir evaluando y adaptando durante el desarrollo de los trabajos. Queremos mantener una comunicación permanente con los residentes, los comerciantes y los distintos sectores afectados, y por eso vamos a establecer encuentros periódicos para escuchar sus necesidades y analizar cualquier medida que permita mejorar el funcionamiento de la zona”, ha indicado Darias.

La alcaldesa ha destacado asimismo la importancia de proteger la actividad comercial: “Tenemos muy presente lo que significan para el sector comercial el Black Friday y la campaña de Navidad. Son fechas fundamentales para nuestros comerciantes y, desde el Ayuntamiento, vamos a trabajar para que la ejecución de esta obra tenga la menor afección posible sobre estos periodos de especial actividad”, ha afirmado.

En este sentido, la alcaldesa les ha anunciado que las obras se adaptarán a estas fechas con el fin de que no haya afecciones al sector durante estas fechas. “Para mí es una prioridad proteger la actividad económica de la ciudad, a nuestros vecinos y vecinas, al sector comercial y también a un espacio tan importante como el mercado de Vegueta. Estamos ante una actuación de una enorme complejidad técnica y logística, probablemente sin precedentes en la ciudad”, ha añadido.

La actuación permitirá reparar el colector que resultó parcialmente dañado tras las fuertes lluvias asociadas al paso de la borrasca Therese por Canarias el pasado mes de marzo. Se trata de una infraestructura de especial relevancia para el sistema de saneamiento municipal, ya que por este colector circula diariamente más del 80% de las aguas residuales generadas en Las Palmas de Gran Canaria.

La intervención se desarrollará en dos fases. La primera supondrá el cierre temporal de la Estación de Guaguas Municipales del Teatro, mientras que los trabajos se ejecuten en este espacio se mantendrá abierta la circulación por la avenida Rafael Cabrera.

En una segunda fase será necesario realizar el corte de la avenida Rafael Cabrera entre las calles Lentini y Miguel de Cervantes, lo que implicará mayores afecciones al tráfico general y al transporte público y requerirá la puesta en marcha de diferentes desvíos y modificaciones en la configuración viaria del entorno.

Primera fase: cierre temporal de la estación de guaguas

Durante la primera fase, los trabajos se concentrarán en el entorno de la Estación de Guaguas Municipales del Teatro. Para garantizar el funcionamiento del transporte público, los dos carriles derechos de la avenida Rafael Cabrera, entre las calles Miguel de Cervantes y Pilarillo Seco, quedarán reservados para las guaguas.

El actual carril bus se utilizará para el estacionamiento regulado de las Guaguas Municipales, mientras que el carril situado a su izquierda quedará destinado exclusivamente a la circulación de estos vehículos.

Durante esta fase se mantendrá la circulación general por la avenida Rafael Cabrera.

Segunda fase: corte de la avenida Rafael Cabrera

La segunda fase de la actuación supondrá el corte de la avenida Rafael Cabrera y, por tanto, una mayor afección al tráfico general y al transporte público. A las medidas adoptadas durante la primera fase se sumarán las siguientes modificaciones:

El plan contempla, asimismo, medidas específicas para garantizar, en la medida de lo posible, el funcionamiento de la carga y descarga, el transporte público y las paradas de taxi, así como el acceso de residentes y el mantenimiento de la actividad comercial en el entorno.

El Ayuntamiento señala que continuará trabajando con los residentes, comerciantes, operadores de transporte y demás colectivos afectados para evaluar el funcionamiento de las medidas y realizar los ajustes que sean necesarios durante la ejecución de los trabajos.

Entre las doce torres del homenaje históricas que todavía permanecen en pie en Japón, la de Hirosaki ocupa un lugar único, ya que es la única conservada en toda la región de Tohoku. El castillo se terminó en 1611, perdió su torre original en 1627 por un incendio provocado por un rayo y recibió la estructura actual a comienzos del siglo XIX, reconstruida en 1811. The Independent recuerda también que el recinto entró en 2006 en la selección de los 100 mejores castillos de Japón, un pedigrí bastante serio para un edificio que hace poco ha acabado viajando sobre raíles.

Los voluntarios desplazaron 360 toneladas mediante cuerdas

Ese viaje reunió a unas 1.800 personas para devolver a su posición la torre fortificada de 360 toneladas, desplazada poco más de dos metros mediante cuerdas y fuerza humana. Según The Guardian, equipos rotativos de unas 80 personas tiraron de cuerdas de 30 metros y lograron avanzar 1,13 metros el sábado y 1,09 el domingo. La torre estaba montada sobre raíles, condición que permitió ejecutar el desplazamiento sin desarmar la estructura.

Once años antes de este regreso, Hirosaki ya había recurrido al hikiya para apartar la torre y poder intervenir en una muralla dañada por un fuerte terremoto. The Guardian señala que aquella operación de 2015 incorporó por primera vez la participación ciudadana en un traslado de este tipo y recuperó, tras aproximadamente un siglo, una variante del método aplicada a un castillo. El desplazamiento actual completa así el trayecto inverso iniciado por aquella intervención.

La muralla que motivó el traslado anterior necesitó años de obras hasta recuperar su configuración previa, con un trabajo piedra a piedra terminado en diciembre de 2024. La restauración recolocó 2.185 piedras en sus posiciones originales, según The Guardian, y dejó preparado el entorno para iniciar el retorno de la torre este año. Ese calendario explica por qué el edificio ha permanecido separado de su emplazamiento durante más de una década.

El sistema utilizado recibe el nombre de hikiya y permite trasladar edificios enteros mediante rodillos o raíles, una solución tradicional que evita desmontar construcciones protegidas. Su empleo estuvo durante mucho tiempo ligado al traslado de inmuebles para liberar terreno destinado al desarrollo urbano o a la ampliación de carreteras. En Japón ha adquirido también una función de conservación, ya que permite mover edificios históricos sin recurrir a su demolición y posterior reconstrucción.

8.000 solicitudes desbordaron las plazas disponibles

Las 1.800 plazas reservadas para participar quedaron pequeñas ante una convocatoria que recibió alrededor de 8.000 solicitudes en apenas dos días, procedentes de Japón y de otros continentes. Kensuke Hayasaka, responsable de parques y espacios verdes del Ayuntamiento de Hirosaki, indicó a The Guardian que la demanda rompió todos los pronósticos. “Recibimos unas 8.000 solicitudes para las 1.800 plazas de los dos últimos días, aproximadamente cuatro veces por encima de la capacidad”, señaló Hayasaka al medio británico. Entre los aspirantes había personas del sudeste asiático, Europa y Norteamérica.

Algunos participantes llegaron con una relación previa con aquel desplazamiento, como Motoharu Nakata, voluntario de 61 años procedente de Hiroshima que también había intervenido en 2015. Según Sankei Shimbun, en un testimonio recogido por The Guardian, Nakata viajó para repetir la experiencia y describió el regreso como emotivo.

The Independent recoge además el caso de una participante de 48 años llegada desde Tokio con su madre, que declaró al Yomiuri Shimbun su deseo de volver cuando la torre esté otra vez en su lugar.

Las máquinas completarán los 73 metros restantes

Alcanzar su emplazamiento tampoco pondrá fin a las obras del castillo, porque después comenzará otra fase de conservación que mantendrá la estructura cubierta y cerrada al público. Hayasaka situó ante The Guardian la reapertura prevista en 2033, de modo que todavía quedan varios años antes de que los visitantes puedan acceder de nuevo a la torre.

La fuerza humana cubrirá únicamente una fracción del regreso completo, ya que la participación ciudadana prevista hasta finales de agosto moverá la torre unos cinco metros con unas 4.100 personas. The Guardian sitúa en aproximadamente 73 metros el tramo restante, que quedará a cargo de maquinaria antes de que termine el año.

El peculiar empujón humano con una construcción centenaria terminará así bastante antes que su restauración, con las máquinas ocupándose del camino que las cuerdas y miles de voluntarios dejarán pendiente.

Tras los informes jurídicos que han paralizado el pago del sobrecoste de 8,3 millones de la obra para el desdoblamiento del túnel de Belate, el Gobierno de Navarra ha decidido que la única salida posible al entuerto que ha generado varias crisis entre los socios es la de romper el contrato de la obra y volver a abrir el proceso de licitación. Así lo ha anunciado este miércoles la presidenta, María Chivite, en el Parlamento foral.

“No vamos a pagar ni un euro que no esté perfectamente justificado y acreditado como necesario”, ha solemnizado la presidenta navarra en una comparecencia parlamentaria solictada por UPN, principal partido de la oposición y el que denunció las obras de este túnel ante la Guardia Civil.

El de Belate es el contrato más elevado adjudicado por su Ejecutivo a las empresas que investiga el juez instructor del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) Ismael Moreno por corrupción. Recayó por 76 millones de euros en Acciona, la local Osés y Servinabar 2000, la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso y de la que aparentemente era copartícipe el exdirigente socialista Santos Cerdán. Esta última tenía un 15%, pero fue excluida de la UTE al saltar el presunto caso de corrupción.

Al poco de empezarse las obras, las empresas de la UTE anunciaron un sobrecoste de 8,3 millones de euros que justificaban por razones técnicas y de proyecto. El Departamento de Cohesión Territorial, del que depende Obras Públicas, lo tramitó como un modificado, pero a la hora de abonarlo, un informe de la Intervención General lo echó para atrás al considerar que no estaba debidamente justificado. Este hecho se cobró el cargo del director general Pedro López Vera tras una importante crisis entre los socios del Gobierno.

Pero los trabajos de ese modificado ya se habían ejecutado en la obra, por lo que el Gobierno de Navarra ha estado estudiando estos meses fórmulas para abonar a las empresas de la UTE esos 8,3 millones de euros. La vía elegida fue la del enriquecimiento injusto, pero de nuevo ha sido rechazada, esta vez por la asesoría jurídica.

Ahora, y tras no encontrar otra solución, el Ejecutivo ha decidido resolver el contrato “por desistimiento expreso de las partes” para así poder abrir una nueva licitación, que la obra “continúe” y cumplir “los plazos de la Comisión Europea”, que amenazó a Navarra a cerrar la carretera N-121-A, la que une Pamplona con Francia a través de Irún por incumplir la normativa de túneles al no estar desdoblados. 

“No podemos mantener indefinidamente una situación contractual en la que existen trabajos pendientes, una modificación contractual que hoy no puede desplegar los efectos pretendidos y una necesidad evidente de dar una salida jurídica a la relación entre la Administración y la actual empresa contratista”, ha añadido el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno, Javier Remírez. Fuentes de la UTE consultadas por este periódico aseguran que han trasladado al Ejecutivo su “total disposición para colaborar en la búsqueda de la mejor solución”.

El portavoz del Ejecutivo también ha avanzado que lo “esperable” es que ahora se produzca un “periodo de transición” en la obra, donde la maquinaria lleva semanas parada. “Creemos que todas y todos los presentes aquí hoy entenderán que es mucho más responsable afrontar esa transición de manera ordenada que tratar de mantener una situación contractual que no ofrece una salida segura, ha apostillado. 

Por su parte, el consejero de Cohesión Territorial ha informado que la actual adjudicataria del contrato ha completado un 56% de la obra y que se le han abonado ya 38 millones de euros. Según ha añadido, la UTE ha ejecutado trabajos por valor de 9 millones de euros no incluidos en el contrato y que no han sido abonados.

“Se quería satisfacer a Servinabar”

La oposición ha criticado con dureza la decisión tomada por el Gobierno de Chivite. El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha asegurado que volver a licitar la obra “constata el fracaso de una gestión de este Gobierno que no es limpia” y le ha preguntado a la presidenta cuánto dinero va a costar y si alguien va a asumir responsabilidades.

El portavoz regionalista ha afirmado que el Gobierno de Navarra ha estado “al servicio de presuntos corruptos” en la gestión de esta obra. “Tenemos la convicción de que no se trata de ineptitud, se trataba de satisfacer a las empresas de la UTE, entre las que estaba Servinabar”, ha añadido. Chivite le ha respondido que el Gobierno “podría haber levantado el reparo suspensivo” pero que no lo hizo porque habría “añadido un foco interesado” a la obra.

“Su tesis de que había un pacto oculto para pagar se cae con tres hechos: el reparo suspensivo que no se ha levantado; el informe jurídico; y que las obras se están haciendo, no se ha pagado por nada que no se haya hecho”, ha defendido.

Los socios del PSN en el Gobierno de Navarra, Geroa Bai y Contigo/Zurekin, así como EH Bildu, socio presupuestario, han mostrado su preocupación por el retraso que porovocará una nueva licitación en las obras y han pedido “un análisis sosegado” sobre la gestión de la obra y su adjudicación.

EMALSA iniciará este miércoles, 16 de septiembre, nuevos trabajos de mejora en la red de saneamiento de la calle Cádiz de Las Palmas de Gran Canaria, a la altura del número 11, con el objetivo de reparar un tramo del colector y garantizar el correcto funcionamiento de esta infraestructura.

Para la ejecución de los trabajos será necesario proceder al cierre al tráfico de la calle Cádiz en el tramo comprendido entre las calles Los Ayacutos y Antón Caballero. La duración estimada de la actuación es de tres días, por lo que está previsto que las obras finalicen el viernes, 18 de septiembre.

Esta intervención forma parte de las actuaciones que EMALSA desarrolla de manera continuada para el mantenimiento, reparación, conservación y mejora de las infraestructuras de gestión del agua en Las Palmas de Gran Canaria.

La empresa mixta adoptará las medidas necesarias para minimizar las molestias que puedan ocasionar los trabajos y agradece de antemano la comprensión y colaboración de vecinos, comerciantes y conductores de la zona.

Asimismo, al tratarse de una actuación en la red de saneamiento, el servicio de abastecimiento de agua no se verá afectado y continuará prestándose con normalidad durante el desarrollo de las obras.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha indicado este lunes que lo que trasladó Geroa Bai a la opinión pública tras el encuentro que mantuvieron este lunes los socios de Gobierno sobre la situación de la obra del túnel de Belate y el pago del sobrecoste de 8,3 millones “nada tiene que ver con lo que trasladó en el interno de la reunión”. “De ahí mi sorpresa”, ha manifestado la presidenta.

En declaraciones a los medios de comunicación este martes, Chivite ha añadido que en el encuentro de este lunes se emplazaron “a seguir hablando, a que el consejero diera más detalles” y a que “sigan estando informados como lo han venido estando desde el minuto uno de todos los pasos que se vayan a dar”. “Seguiremos hablando”, ha insistido.

Geroa Bai trasladó tras la reunión, en declaraciones a los medios de comunicación, que salían más preocupados de lo que habían entrado y que todas las salidas, tras los informes de la Intervención y de la asesoría jurídica sobre el modificado de la obra, son preocupantes. “No es lo que traslado en el interno de la reunión”, ha reiterado la presidenta, quien ha barajado que “quizás comenzamos en periodo preelectoral, entiendo esos posicionamientos en ese marco, pero no es lo que se trasladó en la reunión, donde se dijo que se van a trabajar soluciones”.

“Todavía no hay nada cerrado, estamos en conversaciones con la UTE, también con la asesoría jurídica del Gobierno porque todos los pasos que vayamos a dar tienen que venir perfectamente avalados desde un punto de vista legal y todavía no hay nada cerrado encima de la mesa”, ha sentenciado, para recordar que este miércoles darán “todos los detalles” en la comparecencia programada en el Parlamento. Y preguntada por qué tipo de soluciones se están planteando, Chivite ha señalado que “mañana contaremos”.

Sobre si cree que pudiera estar condicionando la proximidad de las elecciones, María Chivite ha indicado que “también estamos viendo cómo el PNV en el País Vasco va despegándose un poco del Partido Socialista”. Y ha repetido que lo expuesto por Geroa Bai “no es lo que se trasladó en el interno de la reunión, me sorprendieron las declaraciones, sí”.

“Hemos venido hablando con ellos, con todos los grupos, han sabido cada paso que se ha dado, cada informe que ha habido y vamos a seguir trabajando de la misma manera, con transparencia y aportando toda la información porque nos emplazamos a una reunión quizás más detallada, con cronogramas, con escenarios, conforme se vayan cerrando escenarios porque todavía está abierto”, ha añadido.

La presidenta ha manifestado que “el Gobierno de Navarra no va a pagar ni euro que no venga con el correspondiente respaldo de nuestra asesoría jurídica, por tanto no se va a pagar”. “Se abren otros escenarios, que iremos viendo cómo los afrontamos”, ha dicho, para asegurar que “la voluntad política es que la obra continúe”. “Es un reto que cogimos desde el inicio de la legislatura pasada, recuerdo que tenemos también a la Comisión Europea vigilando esta infraestructura porque se lleva incumpliendo una directiva europea desde el año 2004 porque gobiernos anteriores no hicieron”, ha afirmado.

Sobre si la UTE también muestra esa misma voluntad, Chivite ha indicado que “estamos en conversaciones, es pronto para decir; estamos hablando con la UTE”.

La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, buscaba este lunes templar las aguas con sus socios de Gobierno tras el duro revés de los servicios jurídicos, que tumbaron la vía que exploraba el Departamento de Cohesión territorial para pagar los 8,3 millones de euros de sobrecoste derivados del modificado que en noviembre de 2025 rechazó la intervención general del Gobierno. Pero lejos de eso, su principal socio, Geroa Bai, ha elevado el tono y asegura que “no se ha actuado con rigor técnico y jurídico suficiente”. “Salimos todavía más preocupados”, ha lamentado su portavoz, Pablo Azcona, a la salida de la reunión que han mantenido durante más de dos horas los tres partidos que conforman la coalición de gobierno.

La obra de Belate, que ahora investiga el juez instructor del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) Ismael Moreno, es una contratación de 76 millones de euros que recayó en Acciona, lo local Osés y Servinabar 2000, la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso y de la que aparentemente era copartícipe el exdirigente socialista Santos Cerdán. Esta última tenía un 15%, pero fue excluida de la UTE al saltar el presunto caso de corrupción.

Al poco tiempo de iniciarse la obra, las empresas de la UTE presentaron un modificado del contrato que incluía un sobrecoste de 8,3 millones de euros. La dirección general de Obras Públicas lo autorizó, pero a última hora un informe de la Intervención General lo echó para atrás al considerar que ese sobrecoste no estaba debidamente justificado. Aquel informe derivó en una primera crisis entre los socios del Ejecutivo de María Chivite, que terminó destituyendo al director general Pedro López Vera.

Pero los trabajos de ese modificado ya se habían ejecutado en la obra, por lo que el Gobierno de Navarra ha estado estudiando estos meses fórmulas para abonar a las empresas de la UTE esos 8,3 millones de euros. La vía elegida fue la del enriquecimiento injusto, pero de nuevo ha sido rechazada, esta vez por la asesoría jurídica.

Este nuevo varapalo jurídico ha vuelto a levantar ampollas entre los socios, que han exigido que no se pague a la UTE “ni un solo euro más” de lo que esté avalado jurídicamente. Pero Geroa Bai (Socialverdes y PNV) asegura que “encauzar las cosas va a ser difícil”. Ven complicada una solución al pago del sobrecoste y mientras tanto la obra está parada. “Ha habido una gestión defectuosa en el trámite de esta obra”, ha insistido Azcona, que ha reclamado al Gobierno que presente una propuesta con respaldo jurídico para solucionar la crisis del sobrecoste “cuanto antes”.

También Contigo/Zurekin, el tercer socio del Ejecutivo, ha reclamado “rigor” y “transparencia” y, a diferencia de Geroa Bai, su portavoz, Miguel Garrido, ha señalado que ha salido del encuentro “con algunas certezas”, como por ejemplo el compromiso por parte del Ejecutivo foral de que “no se va a pagar ni un euro más del que correspondía al proyecto inicial” de las obras de duplicación del túnel“.

El PSN, quien está al frente de la consejería de Cohesión Territoral, por su parte ha insistido en que se sigue buscando una “solución jurídica” que aporte la “máxima garantía legal” a la obra. “La prioridad absoluta del Gobierno foral es continuar con las obras de la duplicación del túnel de Belate, siempre buscando una solución jurídica que nos dé la máxima garantía legal posible”, ha aseverado la portavoz socialista, Ainhoa Unzu.

Las obras de ampliación y modernización del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan comenzarán a partir de noviembre, tal y como ha adelantado este lunes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Ha sido durante su intervención con motivo de la inauguración de la Ciudad Administrativa de Ciudad Real, donde el presidente regional ha aprovechado para lanzar algunos anuncios en materia de sanidad.

Asimismo, y tras destacar los beneficios de la inteligencia artificial en la salud, García-Page ha anunciado que este martes, en la reunión del Consejo de Gobierno, se van a aprobar tres mesas de diagnóstico para el cáncer de mama “de las más avanzadas” que existen ahora mismo. Una irá al hospital de Ciudad Real, otra al Socorro de Albacete y otra a Guadalajara.

De otro lado, y en materia de empleo, también ha informado de que “antes de que acabe el año” se anunciará la nueva oferta pública de empleo que “no será menor de 3.500 puestos de trabajo públicos” para que “la ciudadanía siga regenerando el servicio público”.

También ha aprovechado para comentar que, en noviembre, Castilla-La Mancha va a contar con una ley que autorizará a la Junta a la reconversión de los edificios públicos para que se puedan convertir preferentemente en viviendas. Sin ir más lejos, ha dicho, este martes se aprobará en Consejo de Gobierno la operación para el Virgen de la Luz en Cuenca, que albergará viviendas o el Archivo Histórico, entre otros.

“Con la ley que aprobaremos, que será norma ya en noviembre, nos llevará a contar con una operativa mínima, con una estrategia de 1.000 viviendas que tendrán obviamente su protección pública, que irán a evitar problemas, pero sobre todo a dar soluciones”, ha dado a conocer el presidente.

Mientras Lewis Hamilton llega al paddock de un Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid donde los trabajadores todavía desenvuelven muebles o montan puestos, una banda contratada para tocar hora y media durante la mañana del 10 de septiembre versiona La casa por el tejado. El cantante de The Earnest Band, que así se llaman, aclara que después de ellos llegarán muchos otros grupos y artistas: “Va a ser un lío gordo”, augura.

Se refiere a la acepción más lúdica y disfrutona del término lío, pero esa misma palabra la usan otros operarios en uno de los autobuses que trasladan a las personas acreditadas degrsde la puerta de Ifema junto al Metro Feria de Madrid hasta el centro de medios de comunicación. Una conexión que no ayuda a descifrar la confusa señalización del entorno, que se mantiene al llegar a la zona del paddock. Estos trabajadores conversan sobre los últimos preparativos a pocas horas del inicio oficial de Madring. “Se va a liar”, dice uno de ellos. Esta vez se refiere a la movilidad, la logística y el funcionamiento de la infraestructura durante el campeonato, que se desarrolla del 11 al 13 de septiembre. “Es mucha gente y son muchas cosas”, apostilla un compañero.

Otros miembros del staff, que se dedican a trasladar a pilotos y acreditados en buggies (divertido que estos vehículos tomen la pista antes que muchos monoplazas), aterrizan en aspectos concretos la falta de margen con la que ha acabado la edificación: “En La Monumental [la curva que se vende como gran atractivo del circuit] todavía les quedaba una zona de asfalto por repasar”. Algunos compañeros coinciden en que van “muy pillados”. Pese todo, están muy ilusionados con el Gran Premio: “Yo me siento como un niño pequeño”, comenta otro empleado.

También defiende el evento y los esfuerzos desplegados para sacarlo adelante José María, comisario de pista. Son las personas que controlan la señalización, la seguridad y la actuación ante cualquier incidencia durante las carreras. Además, se encargan de dar la salida. Lleva 44 años en el sector, desde 1982. Entró cuando la Fórmula 1 se fue de Madrid, ya que 1981 fue la última ocasión en la que los monoplazas compitieron en El Jarama. Pudo quitarse la espinita en el circuito de Jerez y también estuvo en València, el precedente que Madrid quiere evitar a toda costa.

Preguntado sobre el estado de las instalaciones, José María responde a Somos Madrid que “se ha hecho un esfuerzo brutal”. “Vivo por aquí cerca y ver cómo ha ido creciendo ha sido un logro, es inmenso”. Ahora bien, cree que hay mucho por perfeccionar: “Los circuitos siempre van a más. La experiencia la dan las pruebas y aquí solo se han hecho dos días de tests, rodó la Fórmula 3 y se vieron las cosas por mejorar. Cuando corran los demás se comproborá qué hay que cambiar, qué zonas son menos seguras”.

Al ser inquirido sobre si es habitual que un circuito nuevo empiece a funcionar con apenas dos jornadas de tests contesta, tajante, que “no”. “Se ha hecho a toda velocidad. Había que probarlo antes de la Fórmula 1 y se aprovecharon unos días para traer el personal, probar puestos y zonas de seguridad. Pero eso son minitest que te dan algo de información, no es una carrera”. Ahora llega, dice, “la gran prueba de fuego”.

Traslada estos aspectos a valorar más allá del trazado: “Entra todo en juego. Hay que ver en qué se ha acertado y en qué se ha acertado menos. Se dice que se van a mover 350.000 personas en tres días y eso es un desafío para la red de transportes o los accesos. Hoy hemos entrado por un sitio diferente al de la última vez”. La postura de José María, esperanzado pero cabal, contrasta con las de los vecinos más contrarios al proyecto por el ruido o los problemas de tráfico. Pero también con la de dirigentes como Isabel Díaz Ayuso o José Luis Martínez-Almeida, que llevan meses dando el éxito por gatantizado y no parecen dejar espacio a la crítica: “Esto es evolución, como todo. Habrá muchas cosas que replantearse para el año que viene. Pero que todo esté como está es un logro brutal”, sentencia.

El aspecto que ofrece Madring mientras los medios (y los influencers) ocupamos la pistal o el pit lane a 24 horas de que los motores empiezan a rugir es el de una estructura acababada, sí. Incluso con un pasmoso avance en la construcción de las gradas o los talleres de las escuderías en las últimas semanas de las obras. Pero también es la imagen de un lugar donde muchas cosas se están guardando bajo la alfombra. Grúas en medio del asfalto para dar unos últimos retoques a las gradas; espacios de información, consumo y esparcimiento a medio hacer; batallones de limpieza caminando entre los pabellones con escobas y recogedores... Pero sobre todo, muchas dudas sobre el funcionamiento efectivo del recinto.

Pese a que la disposición del personal es mejor, la confusión sobre la movilidad interna dentro del circuito es total. Conviene apuntar que del lado sur (Feria de Madrid) al norte (Valdebebas) es necesario tomar una lanzadera para desplazarse. Este jueves, con las instalaciones clausuradas para no acreditados, también ha sido preciso tomar un bus para llegar desde el Metro al pabellón dedicado a la prensa y al paddock, y vicecersa. Ni las indicaciones visuales ni las frecuencias son las mejores.

Queda confiar en que sean pequeños contratiempos que pueden mejorarse con horas de margen, aunque el asunto del acceso y la movilidad interior parece más bien un problema de diseño difícilmente solventable en su ejecución (la casa no puede construirse, pero tampoco arreglarse, empezando por el tejado). Creer en que este viernes, cuando miles de fans comienzan a tomar Madring para disfrutar del mayor acontecimiento automovilístico del planeta, todo irá sobre ruedas. Como Hamilton en su patinete.

“No cuesta ni un euro de dinero público”. Esta ha sido la frase más repetida por el alcalde José Luis Martínez-Almeida y la presidenta Isabel Díaz Ayuso desde el anuncio del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid. Los dirigentes han querido distanciarse desde el primer minuto de la sombra de València, donde el circuito dejó un agujero estimado en más de 300 millones de euros. Para ello, uno de los principales argumentos ha sido la promoción y financiación del evento a través de Ifema. Esto es, un consorcio público-privado cuyos fondos proceden en un 62% de las administraciones madrileñas: el Ayuntamiento aporta el 31% y el Gobierno autonómico, otro porcentaje idéntico.

El gasto y la estabilidad presupuestaria de este consorcio es solo uno de los frentes económicos que desmienten las afirmaciones de Almeida y Ayuso. Las millonarias inversiones en actos y campañas promocionales o la ejecución de obras públicas como efecto colateral de la llegada de Madring también engrosan los fondos destinados al trazado.

A pocas horas de que la competición y el dispositivo de seguridad o el de movilidad arranquen, desgranar todas estas partidas ayuda a arrojar una cifra estimada del verdadero coste de la Fórmula 1 en las arcas públicas y de lo plausible o no de que el retorno económico lo compense.

La millonaria y comprometida inversión de Ifema

El gasto de Ifema en el evento es el más directo y transparente. El proyecto, que redefine el modelo de esta entidad, ha supuesto un gasto de 171,5 millones de euros solo en obras: 68,1 millones para erigir los nuevos pabellones y 103,4 en la propia construcción del circuito (ambas cifras incluyen IVA). Ambos contratos han sido adjudicados a la empresa Eiffage Construcción, en el segundo caso junto a Acciona. Este segundo y mayor compromiso incluye 22,5 millones dirigidos a distintos proyectos urbanizadores en Valdebebas (alumbrado, saneamientos, aparcamientos...); 21,9 a pavimentación y otros trabajos mayores en el propio circuito; 35,6 para instalaciones temporales de la pista (vallas, barreras o un centro médico); 12,2 para otras estructuras temporales (pit lane o terrazas vip) y 1,2 millones para seguridad y salud. A ello añade 12,1 millones de gastos generales, además de otros menores. El beneficio industrial previsto es de 5,6 millones.

Ifema destina además un millón de euros anual, 10 en la duración total del contrato del Gran Premio, en asistencia legal y abogados especializados en el ordenamiento jurídico anglosajón ante las “complejas negociaciones” de la Fórmula 1. Todos estos fondos han hecho saltar las primeras señales de alarma. No solo por los dos años de pérdidas que, según fuentes municipales, el Gran Premio causará en la sociedad que gestiona el palacio de congresos y exposiciones (por la inversión en obras y la pérdida de nichos de negocio como la organización de festivales de música). Más notorio si cabe es que, según su balance de cuentas publicado el 31 de diciembre de 2024, el consorcio público-privado calcula un posible impacto negativo a sus cuentas que se puede elevar hasta 270 millones de euros si se produjera algún incumplimiento en el contrato firmado con la organización de las carreras.

Según dicho informe, al final del periodo contratado (en el año 2036, pues el acuerdo es por diez años), la entidad garantiza que se producirían “resultados positivos”. Fuentes de Ifema preguntadas al respecto por este periódico sostienen que, de acuerdo a sus estimaciones actuales, “los ingresos derivados de la ejecución de este proyecto serán suficientes para soportar los compromisos económicos del mismo”. Unas previsiones que también se encuentran en la hemeroteca valenciana, como se ha encargado de recordar Mónica Oltra en una reciente campaña junto a Rita Maestre.

El papel de Ifema es más comprometido si cabe ante la falta de otros inversores externos, algo en lo que confiaban los promotores del evento y las administraciones más directamente implicadas. El único acuerdo cerrado es con la multinacional suiza Match Hospitality. Se ha encargado de diseñar, construir y comercializar las zonas reservadas en el paddock del Gran Premio entre 2026 y 2036 con una inversión total de 400 millones de euros. Como ya hace en otras carreras del calendario, se ocupará de generar los paquetes turísticos, organizar caterings o coordinar los accesos a zonas reservadas. Esta millonaria aportación no repercute en una compensación de otros gastos de Ifema, solo reduce el dispendio al no tener que invertir en las tareas mencionadas. Es lo que buscaban para cubrir la construcción del circuito y otras muchas inversiones de calado, en los demás casos sin éxito.

Campañas y actos promocionales

Además de la vía Ifema, el Ejecutivo de Cibeles y el de Sol han acometido gastos directos asociados a Madring. Principalmente dirigidos a campañas y actividades de patrocinio. El más reciente lo aprobó el Ayuntamiento el pasado 3 de septiembre: 1,9 millones de euros a través de la empresa municipal Madrid Destino, que validó la aportación en su último consejo de administración. La partida no estaba contemplada en el presupuesto original de la empresa pública, lo cual hizo necesaria una aportación adicional y extraordinaria.

Esta cantidad se une a otros 1,9 millones que también pone la Comunidad de Madrid dentro de la misma estrategia promocional, Destination Signage Package. El coste total asciende a cinco millones de euros completados por Ifema con 1,2 millones (que se suman a los 182,5 de otras partidas por parte del consorcio para completar los casi 183 millones de gasto). Estos desembolsos permiten a Ayuntamiento, Comunidad e Ifema obtener el derecho de asociación al Gran Premio de España, que organiza la propia Ifema.

Pero este tipo de gastos vienen de largo. De hecho, el primero a nivel cronológico de toda la lista está asociado a eventos publicitarios. Fue en julio de 2023, cuando el Gobierno de Ayuso firmó un contrato negociado sin publicidad con Red Bull para promocionar la llegada de la Fórmula 1 a Madrid. Valorado en 200.000 euros, permitió que monoplazas de la escudería corriesen por el centro de la ciudad, incluidas zonas protegidas dentro del Paisaje de la Luz. La Comunidad de Madrid fue el patrocinador único y se garantizó estar “visible” durante el acto “en todo momento”, a través de la presencia en carteles, rotulaciones de todos los elementos del circuito en torno a Cibeles o vídeos promocionales. El contrato también recogía la reclamación de 30 pases VIP para el evento para el equipo de Ayuso. El Ejecutivo regional canceló dos años más tarde una iniciativa similar en Sol, cuyo coste ascendía a 121.000 euros.

Para redondear las operaciones publicitarias cuyos números han trascendido (en casos como los trenes de Metro customizados con 8.000 vinilos de la F1 los pormenores del patrocinio no son públicos), la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior formalizó el pasado 11 de agosto un contrato por valor de 167.354 euros para promocionar productos alimenticios de Madrid durante el Gran Premio. Adjudicado sin concurrencia previa a la compañía Tragsatec, entre las acciones que contempla el contrato al que ha tenido acceso este medio está la instalación de cuatro food trucks y la preparación de 30 menús de productos con denominación de origen de la Comunidad a un precio de 221 euros cada uno.

Así, el conjunto de gastos promocionales directos conocidos hasta el momento por parte de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid supera los 4,1 millones de euros. Si se añaden los 1,2 millones de Ifema, la cantidad alcanza los 5,3 millones.

Obras cuya razón de ser es la Fórmula 1

El grueso de los trabajos del circuito y las instalaciones los asume Ifema en los 137 millones de euros para la construcción. Sin embargo, una infraestructura de este calibre suele llevar acarreadas intervenciones menores de acondicionamiento. El propio Almeida reconoció en un acto durante el arranque del curso político que el Consistorio colabora con Ifema para “reducir o mitigar las molestias de ruido” y planteó como una de las opciones la “instalación de pantallas protectoras”. Un estudio avisa de que 14.000 personas se exponen a niveles de ruido por encima del límite legal, por lo que estos elementos parecen imprescindibles. Aunque estaban previstos desde primera hora, las palabras del alcalde sugieren que su implementación será superior a la esperada y el Ayuntamiento colaborará en esas labores.

Sin embargo, hay una estructura concreta que se creará ex profeso debido al trazado y cuyo coste puede estimarse. Se trata de la pasarela de ganado que el Consistorio e Ifema construirán sobre la M-11 para poder desviar la Vereda de los Leñeros, la historia vía pecuaria desviada para erigir Madring. Después de que Más Madrid y entidades ecologistas incluyesen la posible desaparición de este camino como una de sus alegaciones al proyecto, los promotores de la Fórmula 1 diseñaron esta alternativa para evitar que la Justicia pusiera reparos al proyecto (en particular aplicando unas medidas cautelares que habrían cancelado la primera edición). El puente, que debe salvar hasta doce carriles, incorpora dos descansaderos, uno antes y otro después del paso por la M-11. También una amplia curva después de pasar por la autopista para luego discurrir en paralelo a la calle Ribera del Sena, hasta finalizar en la glorieta Juan de Borbón.

Un ingeniero de caminos consultado por Somos Madrid ofrece una horquilla de “entre 6 y 10 millones de euros” al calcular el coste de esta edificación. “Es un proyecto singular. No hay apenas precedentes, ya que para el ganado no se hacen casi pasarelas, en todo casos ecoductos. Cuando diseñé un ecoducto bastante sencillo costó 5 millones de euros, y es menos complejo a nivel estructural que esa pasarela. Eso sería el presupuesto de ejecución material, al que hay que sumarle el precio de la redacción del proyecto, en torno al 10% de la ejecución material. Por eso diría que el mínimo serían 6 millones de euros, tirando muy al optimismo, y el máximo se movería en torno a los 10”, expone este profesional que prefiere no revelar su identidad.

Dudas y opacidad ante el verdadero retorno económico

La suma de la inversión de Ifema, los gastos en patrocinios de Comunidad y Ayuntamiento y la cifra estimada para la pasarela del ganado en su horquilla más baja arrojan una gasto que ya se sitúa cerca de los 200 millones de euros. Todo ello en su perspectiva más positiva, sin asumir que las administraciones madrileñas asuman nuevos dispendios para publicidad, logística u obras. Y sin que se conozcan costes como la que ha colocado en pleno circuito la mayor bandera de España izada de la historia, un contrato que todavía no es público.

Pese a todo ello, otro gran argumento de los impulsores del proyecto es que cualquier gasto quedará compensado con el retorno económico. Después del anuncio oficial de la llegada a Madrid de la Fórmula 1, a principios de 2024, Ifema se apoyó en un informe de la consultora Deloitte para informar que la cita reportaría 8.200 empleos directos en la ciudad y una inversión anual por encima de los 450 millones de euros.

Sin embargo, el consorcio no ha publicado el origen o los datos que sustentan esos números. En una petición de transparencia a la que tuvo acceso este diario, el ente que preside José Vivente de los Mozos asegura que ofrecer acceso a esa información “podría llegar a ocasionar un perjuicio para los intereses económicos y comerciales de Ifema Madrid”, por lo que se niega a hacer públicos los pormenores del estudio. La institución mantiene oculto este informe también por sus “obligaciones de confidencialidad”, debido a los “compromisos adquiridos” con Formula One World Championship (FOWC), la entidad que ostenta los derechos de la Fórmula 1. Pese a esa opacidad, ni el Gobierno municipal ni el autonómico han hecho públicos estudios de impacto económico propios. Es más, se han apoyado en el de Ifema y Deloitte para defender el aterrizaje del evento.

Por ello, para encontrar un contraste menos halagüeño es pertinente acudir a estudios generales sobre el impacto económico de la Fómula 1. El estudio The impact of Formula 1 on regional economies in Europe, publicado en la revista económica Regional Studies por Rasmus K. Storm (jefe de investigación en el Instituto Danés para Estudios Deportivos), concluye que ser sede del campeonato no reporta un impacto económico positivo reseñable en las economías regionales. En algunos casos, incluso, llega a ser negativo. Storm no observó aumentos importables ni sostenidos en PIB per cápita, turismo o empleo. No obstante, su análisis oscila entre 1991 y 2017, período en el que los ingresos generados eran sensiblemente inferiores al crecimiento del Mundial en los últimos cinco años.