Una indiferencia que se ha traducido en negativa. El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro Marcos, ha llevado sin éxito este martes la petición de España de hacer lenguas oficiales de la UE al catalán, el gallego y el euskera, en un nuevo intento tras la pretensión del Gobierno de Pedro Sánchez de cumplir con los acuerdos de investidura que cerró con el presidente de Junts, Carles Puigdemont.

La fracasada propuesta española solo ha ocupado siete minutos durante el Comité de Asuntos Generales que se celebra este martes en la capital europea, en la que han participado otros tres países, Alemania, Suecia y Lituania, para mostrar su rechazo a la iniciativa, mientras el resto ha optado por el silencio.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, había advertido hace unas semanas de que siendo “totalmente favorables a la ampliación, urge resolver el asunto de las lenguas oficiales, porque es impensable que haya un nuevo idioma si no están el catalán, gallego y euskera”, durante un encuentro con periodistas en Bruselas.

Sin embargo, la sutil amenaza de veto a la adhesión de Montenegro y Albania, los países que están más cerca de empezar los trámites para su inclusión en la UE, no ha causado efecto en un grupo de países que ven como menor el tema de las lenguas españolas.

Fuentes diplomáticas de varios países europeos ya habían avisado que la petición española no tenía cabida en la agenda europea cuando se están negociando “otros aspectos más relevantes” como el presupuesto plurianual o la respuesta a la guerra híbrida de Rusia contra Europa.

“España un gran defensor de que las instituciones deben estar cercanas a la ciudadanía y no perder ese contacto directo y que ello implica el reconocimiento de las lenguas de todos sus ciudadanos. España recuerda que hace tres años el ministro Albares hizo esa propuesta de reconocimiento de todas las lenguas oficiales españolas y esperamos que ese reconocimiento pueda producirse antes que otras lenguas”, ha defendido el secretario de Estado para la Unión Europea a su llegada a Bruselas

Sampedro ha argumentado que las tres lenguas españolas “se pueden incorporar al listado de lenguas oficiales de la Unión Europea simplemente porque ya es hora, después de 40 años de la adhesión de España a la Unión Europea, de acabar con esa discriminación que sufren 20 millones de españoles, 20 millones de europeos que viven en territorios con más de una lengua oficial en comparación con otros europeos que tienen más de una lengua oficial”.

“Mala costumbre”

En el lado contrario, el secretario de Estado alemán para Europa, Gunther Krichbaum, apuntó que “lamentablemente, en la Unión Europea existe la mala costumbre de que los Estados miembros planteen exigencias a sus vecinos que aspiran a ingresar en la Unión, creyendo que así pueden imponer sus posiciones utilizando esa baza como presión. No comparto en absoluto este enfoque”, según informa EFE.

La ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Jessica Rosencrantz, puntualizó: “Déjenme ser muy clara: una cosa es la ampliación; otra son las lenguas. No creo que estos asuntos deban estar interrelacionados”. En el mismo sentido se posicionó el viceministro de Asuntos Exteriores lituano, Sigitas Mitjus, ya que para su país “no es aceptable” vincular la inclusión de las lenguas con la ampliación de la UE.

La posición española se hizo más beligerante ante la posibilidad de que una lengua como el montenegrino pueda ser idioma oficial de la UE cuando la hablan 260.000 personas, mientras que el catalán es hablado por más 10 millones ciudadanos, más de tres millones hablan gallego y el euskera es usado diariamente por más de un millón de personas.

En otras ocasiones en los que España ha pedido la inclusión del catalán, el gallego y el euskera como lenguas oficiales de la UE solo tuvo el apoyo de países como Bélgica, Irlanda Eslovenia y Chipre. Irlanda como país que ocupa la presidencia rotatoria de la UE tiene que mantener la neutralidad en esta ocasión y no puede respaldar la posición española.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado que el Gobierno ha activado medidas preventivas y está en contacto con las autoridades marroquíes para “disuadir” una nueva entrada masiva a Ceuta, tras la convocatoria en redes sociales para el 23 de septiembre en la que se llama a cruzar de nuevo.

En declaraciones a 'Canal Sur Radio' y 'Catalunya Ràdio', recogidas por Europa Press, el jefe de la diplomacia española ha señalado que hay mensajes en redes sociales que, “por el momento, no están calando” entra la población ni tienen “el impacto que tuvieron” en la convocatoria para entrar en Ceuta el pasado 30 de julio.

Albares ha explicado que, ante estas nuevas informaciones “falsas”, han activado desde el Ministerio una “campaña de lucha contra la desinformación” en la que los consulados y la Embajada en Rabat están ofreciendo “información veraz” donde inciden en que la entrada irregular a Ceuta y Melilla no implica “ningún derecho” ni tampoco quedarse “indefinidamente” en España y Europa. El ministro insiste en que antes del 30 de julio hubo “desinformación” con la sentencia del Tribunal Supremo que impedía las 'devoluciones en calientes' en las entradas a nado.

Al hilo, la Embajada de España en Marruecos ha pedido en redes sociales a los marroquíes que “no se dejen engañar por la desinformación”, alegando que la sentencia del Supremo “no modifica la ley sobre extranjeros”, “no declara ilegal el rechazo en la frontera” y tampoco “impide el retorno”.

El ministro, que ha pedido a aquellos ciudadanos que tengan la tentación de entrar irregularmente a las ciudades autónomas que no “arriesguen su futuro y dinero en manos de esas mafias”, ha afirmado que la prensa marroquí también “se está haciendo eco” de la campaña del Ministerio, al tiempo que ha señalado que está en contacto con las autoridades marroquíes para aplicar “medidas preventivas” y un “dispositivo disuasorio” si “es necesario” para impedir cualquier entrada.

Albares ha recordado que el 15 de agosto, cuando también hubo otra convocatoria masiva para entrar a Ceuta desde Marruecos, ya se tomaron medidas preventivas en la frontera y el intento de entrada “fue un fracaso”.

En concreto, el ministro ha reiterado que está en contacto con su homólogo marroquí, Naser Burita, para “desmontar”, por un lado, la “desinformación” sobre entradas masivas y movilizar “efectivos necesarios para disuadir” o “contener una avalancha”, si se produjera, para que no se “repitan los hechos” del 30 de julio, cuando entraron a Ceuta unas 80.000 personas. También ha subrayado que habla prácticamente a diario con Burita para abordar el retorno de los migrantes una vez estén listos los expedientes.

El PP ha anunciado este sábado que ha registrado en el Senado peticiones de comparecencia en sus respectivas comisiones de los ministros de Interior, Defensa y Exteriores, que se ausentaron en agosto de las que estaban convocados para dar explicaciones por la crisis de Ceuta, porque optaron por darlas en el Congreso.

En una nota de prensa, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha pedido a Fernando Grande-Marlaska (Interior), Margarita Robles (Defensa) y José Manuel Albares (Asuntos Exteriores) que “salgan de su desacato parlamentario y cumplan con la ley”. Los presidentes de las tres comisiones se pondrán en contacto con los tres ministerios para fijar las fechas de las comparecencias.

Marlaska -en dos ocasiones-, Robles y Albares no acudieron al Senado en agosto porque unos días después estaban citados en el Congreso, donde dieron la información de sus departamentos sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a finales de julio. El PP entonces solicitó al Tribunal Supremo mediante una medida cautelarísima que obligara a los tres ministros a presentarse en el Senado antes de que acabara agosto.

La sala de vacaciones del alto tribunal, en un auto del día 22, denegó la petición, por no estar acreditada la especial urgencia legalmente exigible para proceder sin dar audiencia a la parte contraria.

Según el Supremo, las explicaciones de los ministros no perdían eficacia si se daban en el período ordinario parlamentario que comenzaba el 1 de septiembre.

España va a jugar fuerte para conseguir que el catalán, el gallego y el euskera pasen a ser idiomas oficiales en las instituciones de la Unión Europea. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha advertido este miércoles de que siendo “totalmente favorables a la ampliación, urge resolver el asunto de las lenguas oficiales, porque es impensable que haya un nuevo idioma si no están el catalán, gallego y euskera”, durante un encuentro con periodistas en Bruselas.

El ministro de Asuntos Exteriores lanza esta advertencia ante los procesos de ampliación de la Unión Europea que están en marcha y tienen a Montenegro o Albania como algunos de sus candidatos.

El Gobierno volvió a pedir oficialmente que se lleve el asunto de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE para que se discuta en el consejo de Asuntos Generales, tras el veto que sufrió la iniciativa española el pasado año. La inclusión de los idiomas oficiales españoles en las instituciones europeas es uno de los compromisos alcanzados por Pedro Sánchez con Carles Puigdemont, presidente de Junts, para su investidura.

Fuentes diplomáticas explicaron a elDiario.es que se ha pedido incluir este punto en el consejo de Asuntos Generales que tendrá lugar el próximo 23 de septiembre porque en esta reunión de responsables de Exteriores de los 27 países miembros es donde se deciden qué idiomas se convierten en oficiales de la UE.

La posición española se ha hecho más beligerante ante la posibilidad de que una lengua como el montenegrino pueda ser idioma oficial de la UE cuando la hablan 260.000 personas, mientras que el catalán es hablado por más 10 millones ciudadanos, más de tres millones hablan gallego y el euskera es hablado por más de un millón de personas.

La aprobación de la ampliación de la UE necesita de la unanimidad de los 27 países de la UE, con lo que la postura de España podría provocar contratiempos en el ingreso de nuevos miembros en el espacio comunitario. De esta manera, el Gobierno de España utilizará como palanca para incluir los idiomas españoles su capacidad de veto de la adhesión de nuevos países.

En julio de 2025, el Ejecutivo español ya intentó que este asunto entrase en el Consejo de Asuntos Generales que se celebraba en Bruselas el 18 de julio. Sin embargo, un grupo de países encabezado por Alemania, Italia, Finlandia, Croacia, República Checa y Suecia se opusieron rotundamente a la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE. Entonces, alrededor de una docena de países intervinieron en el debate y “expresaron numerosas preocupaciones legales y prácticas”, según fuentes diplomáticas.

Tras la negativa, el Gobierno mostró su malestar y apuntó que, detrás del rechazo de países como Alemania o Finlandia, había motivos políticos. Entre otras cosas porque entonces el Gobierno había hecho una nueva propuesta en la que dejaba más claro que España correría con los costes de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego.

El Gobierno siempre ha sostenido en su argumentario para convencer al resto de países que la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE es una cuestión de “identidad nacional”. Para calmar a aquellos estados miembros que temen que se pueda producir un efecto contagio en otros países para ampliar el catálogo de lenguas oficiales, se presentó el caso español como singular con el planteamiento de requisitos como su uso oficial en el Congreso, entre otras cosas.

El Gobierno ha vuelto a pedir que se lleve el asunto de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE para que se discuta en el consejo de Asuntos Generales, tras el veto que sufrió la iniciativa española el pasado año. La inclusión de los idiomas oficiales españoles en las instituciones europeas es uno de los compromisos alcanzados por Pedro Sánchez con Carles Puigdemont, presidente de Junts, para su investidura.

El Gobierno se encuentra en estos momentos en plenas negociaciones para aprobar los Presupuestos Generales del Estado con varias formaciones políticas, entre las que se encuentran Junts y ERC.

Fuentes diplomáticas han explicado a elDiario.es que se ha pedido incluir este punto en el consejo de Asuntos Generales que tendrá lugar el próximo 23 de septiembre. La propuesta española se enmarca en el procedimiento de ampliación que ha iniciado la Unión Europea con países como Albania y Montenegro. Las mismas fuentes han comentado que con la ampliación de la UE se introducirán nuevas lenguas en el régimen lingüístico de la Unión Europea y no tendría sentido que se añadan nuevas lenguas como el montenegrino o el albanokosovar y se dejen fuera idiomas oficiales de países miembros como el catalán, el euskera y el gallego.

En julio de 2025, el Ejecutivo español ya intentó que este asunto entrase en el Consejo de Asuntos Generales que se celebraba en Bruselas el 18 de julio. Sin embargo, un grupo de países encabezado por Alemania, Italia, Finlandia, Croacia, República Checa y Suecia se opusieron rotundamente a la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE. Entonces, alrededor de una docena de países intervinieron en el debate y “expresaron numerosas preocupaciones legales y prácticas”, según fuentes diplomáticas.

Tras la negativa, el Gobierno mostró su malestar y apuntó que, detrás del rechazo de países como Alemania o Finlandia, había motivos políticos. Entre otras cosas porque entonces el Gobierno había hecho una nueva propuesta en la que dejaba más claro que España correría con los costes de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego.

En aquellas fechas, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendió que la nueva iniciativa despejaba todas las dudas posibles, como que no es necesario llevar a cabo una modificación de los tratados de funcionamiento de la UE, en contra del criterio de los servicios jurídicos de la Unión Europea.

El Gobierno dejó caer que el bloqueo obedecía a razones políticas dado que en esos países gobierna la derecha. Fue precisamente Junts el que señaló al PP de Alberto Núñez Feijóo como responsable del fracaso de la oficialidad.

Solo Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia y Chipre se mostraron abiertamente a favor de la inclusión del catalán, el euskera y el gallego como leguas oficiales en la UE.

El Gobierno siempre ha sostenido en su argumentario para convencer al resto de países que la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE es una cuestión de “identidad nacional”. Para calmar a aquellos estados miembros que temen que se pueda producir un efecto contagio en otros países para ampliar el catálogo de lenguas oficiales, se presentó el caso español como singular con el planteamiento de requisitos como su uso oficial en el Congreso, entre otras cosas.

No existe “okupación” de Casa Árabe porque formalmente no se ha iniciado ninguna actuación legal que determine la retirada de la cesión del edificio. Desde el Ministerio de Exteriores se muestran tajantes ante las palabras pronunciadas por el alcalde de Madrid este martes, con las que acusaba a esta entidad de “okupación ilegal” por no haberse marchado de su sede de las Escuelas Aguirre el pasado 1 de septiembre, cuando finalizó su ultimátum. “Es falso”, aseguran con rotundidad.

“El Ayuntamiento solo puede legalmente retirar su contribución al Consorcio, que es el edificio, en caso de retirada de otro socio consorciado”, apuntan fuentes del Ministerio a Somos Madrid. “Esa retirada, la de la Comunidad de Madrid, se ha anunciado pero aún no se ha sustanciado, ni liquidado sus haberes, lo que debe hacerse en Consejo Rector”, añaden.

El propio Ayuntamiento admitía hace meses que la salida de la Comunidad de Madrid de la institución es necesaria a nivel formal para que el Ayuntamiento pueda ejecutar el derecho de recuperación del edificio sin que proceda indemnización. Lo hizo en nota de prensa cuando anunció la decisión de desalojar a la entidad de las Escuelas Aguirre. Pero no hay fecha ninguna para la celebración de este Consejo Rector, así que formalmente no existe proceso de desalojo ninguno.

José Luis Martínez-Almeida amenazó este martes con “acciones legales” para ejecutar la expulsion de la instución de las Escuelas Aguirre, el edificio que la aloja desde hace más de dos décadas. A la vez, insistía en que “lo grave” es que “el ministro se niegue a convocar el Consejo Rector” y advertía de “daños estructurales que han obligado a colocar redes para que no caigan aleros o cornisas”, en el edificio. Este, el del mantenimiento, es el principal argumento al que se aferra el Ayuntamiento para justificar la expulsión, aunque el inicial fue la gestión económica de su anterior responsable, Irene Lozano.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores responden que “es falso” que no se haya mantenido comunicación con el alcalde Almeida sobre Casa Árabe y recuerdan la conversación telefónica del 27 de julio del ministro Albares con el alcalde para abordar esta cuestión, en la cual acordaron seguir dialogando para encontrar una solución. “El día 30 de julio de nuevo se produjeron reuniones técnicas entre el subsecretario y el director de gabinete de Exteriores y altos responsables del Ayuntamiento”, añaden las mismas fuentes.

El departamento dirigido por José Manuel Albares recuerda la importancia de que Casa Árabe siga abierta a los madrileños, además de destacar “el apoyo público que tanto los embajadores árabes como los estudiantes de árabe han manifestado a esta institución y subraya el perjuicio en términos de imagen internacional que este cierre causaría”. Además, acusan al regidor madrileño de tratar con el cierre y sus “declaraciones insidiosas”, de “intentar dañar las relaciones diplomáticas de España con los países árabes, que atraviesan su mejor momento histórico”.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha protestado por “la falta de solidaridad” de Italia con España ante la crisis migratoria de Ceuta del 30 y 31 de julio, de la que ha acusado también a Dinamarca. “Europa es solidaridad y sin solidaridad no hay Europa; eso es lo que Italia y Dinamarca deben entender, ha afeado en relación con los comentarios críticos con la gestión de la crisis de representantes de los respectivos gobiernos.

“Ha habido momentos en que hemos echado en falta esa solidaridad de Italia y Dinamarca”, ha dicho Albares, que ha comparado la actuación de las autoridades de esos países con el apoyo de España a Italia durante la crisis migratoria de la isla italiana de Lampedusa en 2023 o el rechazo a la voluntad estadounidense de anexionarse Groenlandia, dependiente de Dinamarca.

El ministro ha achacado a “un bulo” en redes sociales el “detonante inmediato” de la crisis migratoria en Ceuta del 30 y 31 de julio y ha responsabilizado a la “internacional reaccionaria” de imponer un relato que busca “desestabilizar y fracturar Europa”.

El ministro ha señalado por nombre el papel del dueño de la red X, Elon Musk, en la propagación de la narrativa de caos migratorio, y ha destacado que el 40% de la conversación en esa red entre el 27 de julio y el 10 de agosto se dio en inglés. “Lo que se exportó no era información. Se buscaba imponer el relato de un colapso de la seguridad y la denuncia de una amenaza civilizatoria”, ha denunciado.

El Gobierno ha trasladado este viernes a Marruecos su “rechazo tajante” a las pretensiones de ese país sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que, recuerda, son parte de “la integridad territorial” y la “soberanía” de España y parte integrante del territorio de la UE.

Así lo han asegurado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores horas después de que el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, haya reafirmado que Ceuta y Melilla constituyen un “derecho histórico y geográfico” de Marruecos y haya llamado a crear un mecanismo de diálogo con España para abordar su futuro y lograr su “retorno al seno de la patria”.

En una entrevista con el canal público marroquí 2M, Ouahbi abogó por establecer “medios de diálogo” con Madrid, incluida la creación de una “comisión de diálogo” sobre este asunto, una idea que, según dijo, “debe mantenerse presente, porque es un tema sobre el que no se puede guardar silencio”.

Tras estas declaraciones, el Ministerio que dirige José Manuel Albares ha señalado en una comunicación enviada a los medios que “Ceuta y Melilla son dos ciudades españolas frontera de España y de la UE. Forman parte de la integridad territorial y de la soberanía de España reconocida internacionalmente y son igualmente parte integrante del territorio de la UE”. Además, ha añadido que su soberanía está “reconocida internacionalmente”.

“Rechazamos y rechazaremos tajantemente cualquier planteamiento distinto respecto a Ceuta y Melilla”, añade la nota, que concluye asegurando que “esta posición se ha trasladado claramente hoy por los canales diplomáticos”. Exteriores no ha aclarado si Albares ha hablado directamente con su homólogo marroquí.

Nunca antes en la historia democrática española un ministro de Exteriores había puesto un pie en la ciudad autónoma de Ceuta. Lo puso José Manuel Albares este martes, once días después de la mayor crisis fronteriza documentada con Marruecos tras la entrada de más de 70.000 personas. La presencia del jefe de la diplomacia española en suelo ceutí supone un mensaje en sí misma. No solo da muestras de la gravedad de lo ocurrido entre el 30 y el 31 de julio en el paso de Castillejos, sino de la necesidad del Ejecutivo de redoblar su presencia en el punto más crítico de la frontera sur de Europa ante el temor real de que nuevos episodios similares puedan volver a repetirse.

Los llamamientos expresos a cruzar otra vez la frontera a través de redes sociales, detectados por los servicios de inteligencia españoles, mantienen al Gobierno en alerta. Al refuerzo de la presencia policial y militar para blindar la frontera se suma una presencia institucional de primer nivel inédita en la ciudad autónoma.

Desde la multitudinaria entrada, han acudido a Ceuta el presidente del Gobierno y los ministros del Interior, Política Territorial, Infancia y Exteriores. Este miércoles lo hará Margarita Robles, titular de Defensa. La ciudad autónoma es un emplazamiento de soberanía española desde la unión de las coronas de España y Portugal en 1580, reclamado históricamente por el reino alauí desde su independencia en 1956. Y son principalmente los esfuerzos diplomáticos de buena vecindad por parte de las autoridades españolas los que llevan a que no resulte nada habitual que concurran representantes de altas instituciones del Estado en la ciudad autónoma, una presencia que Marruecos siempre recibe como una ofensa. Solo una vez desde la muerte de Franco, por ejemplo, ha visitado Ceuta el jefe del Estado. Fue en 2007 el rey Juan Carlos, un viaje que provocó la retirada temporal del embajador marroquí en Madrid.

Ahora, aunque desde el Gobierno se insiste en la estrategia de evitar cualquier choque dialéctico con el país vecino y reproches públicos por la falta de respuesta, el Ejecutivo de Pedro Sánchez sí da un paso al frente con un mensaje de firmeza sobre la soberanía española. “Hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España volverá a Marruecos”, dijo rotundo este martes el ministro de Exteriores tras reunirse con el presidente de la ciudad autónoma.

José Manuel Albares incidió en ensalzar la colaboración con el país vecino. “Hablo con mi homólogo marroquí cada día. Hemos encontrado la mejor disposición para el retorno inmediato de miles de personas. Ese trabajo diplomático ha posibilitado superar la fase más aguda de la crisis”, apuntó durante su comparecencia ante los medios, en la que no quiso pasar por alto el riesgo de que nuevos llamamientos inciten a un colapso de la frontera. “No arriesguen sus vidas, ni su futuro, ni su dinero, porque es una aventura abocada al fracaso. Quienes entren en Ceuta y Melilla van a ser devueltos. No podrán alcanzar la península, ni el continente europeo. Y no podrán quedarse indefinidamente en Ceuta y Melilla”.

La fecha marcada en rojo por la seguridad del Estado es la del próximo sábado 15 de agosto. Ese es el día que corre como la pólvora por grupos de WhatsApp o de Telegram y en redes sociales como Facebook o Instagram en los que se hace un llamamiento a los jóvenes marroquíes a cruzar a España con la falsa promesa de que “la frontera estará abierta”. Aunque los servicios de inteligencia dan plena credibilidad a la veracidad de esos mensajes, en el Ejecutivo español se traslada un mensaje de confianza respecto al papel que puedan jugar ahora las fuerzas de seguridad marroquíes al otro lado de la frontera, una vez deshecho el factor sorpresa que contribuyó, según fuentes gubernamentales, al descontrol de la crisis del 30 de julio.

Mientras, el grito de auxilio continúa desde una ciudad autónoma cuyos recursos se ven desbordados para atender a los miles de personas, en su mayoría menores de edad, que permanecen en sus calles sin tener garantizada comida o un lugar para dormir. Su presidente, Juan Jesús Vivas, volvió a pedirle este martes al Gobierno un refuerzo de la frontera para hacerla “más segura” y evitar que vuelva a evidenciarse su vulnerabilidad.

“Quedó de manifiesto que la frontera era vulnerable” y que “la seguridad de nuestra frontera y, aparejada a la misma, la integridad territorial y, por tanto, la soberanía de nuestra ciudad no estaban garantizadas”, le dijo Vivas a José Manuel Albares, ante el que denunció el intento de Marruecos de utilizar la presión migratoria como instrumento para “desestabilizar a Ceuta, a España y a Europa”.

Vivas calificó la entrada del 30 de julio como “un asalto, un ataque, una violación de nuestra integridad territorial” y en contra de las cifras del Gobierno central estima que aún 10.000 personas de las que cruzaron la frontera permanecen en suelo español. Tras reunirse con el ministro de Exteriores, el presidente ceutí aseguró que la ciudad atraviesa “el momento más duro de su historia”, ante lo que reclamó una actitud de “sentido de Estado y responsabilidad institucional”. “La mejor manera de cortar que pueda haber otra situación parecida a esta, al margen de lo que haya que hacer en la frontera, es que todo el mundo pierda la expectativa de que viniendo a Ceuta se soluciona lo que pretende, ni papeles ni asilo”, defendió.

Desde Almería, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, confirmó que el Ejecutivo “está trabajando junto a Marruecos” para que los menores migrantes que se encuentran solos en Ceuta “vuelvan con sus familias”.

“Estamos trabajando con el Gobierno marroquí sobre una línea, sobre un principio de trabajo que es fundamental y es que podamos lograr que todos los menores que están en Ceuta puedan reagruparse con sus familias en Marruecos”, dijo el ministro ante la prensa. Bolaños cifró en 1.527 los menores presentes en la ciudad autónoma ya identificados y ensalzó la “cooperación” con el ejecutivo ceutí para que “tengan una acogida respetuosa con los derechos humanos”.“Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, vamos a proteger el interés superior del menor y vamos a actuar con humanidad”, insistió. Por el momento, el Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa mantienen el despliegue extraordinario en Ceuta de agentes de Policía, Guardia Civil y Fuerzas Armadas.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha pedido a la población marroquí que es alentada a cruzar la frontera que no emprenda un viaje que asegura que está “abocado al fracaso”. “No arriesguen sus vidas, ni su futuro, ni su dinero. Quienes entren en Ceuta y Melilla van a ser devueltos. No podrán alcanzar la península, ni el continente europeo. Y no podrán quedarse indefinidamente en Ceuta y Melilla”, ha advertido.

Albares ha visitado este martes la ciudad autónoma ceutí —nunca antes un ministro de Exteriores lo había hecho—, que ha definido como “la frontera más compleja de toda Europa”. Y ha insistido en alabar la cooperación de Marruecos, a quien no ha deslizado ninguna crítica por la crisis fronteriza. “Hablo con mi homólogo cada día. Hemos encontrado la mejor disposición para el retorno inmediato de miles de personas. Ese trabajo diplomático ha posibilitado superar la fase más aguda de la crisis”, ha expresado.

El ministro de Exteriores ha calificado de “frívolas” las críticas de Italia tras la crisis en Ceuta y se ha quejado de los “bulos” que, por interés “político interno”, se han lanzado en los últimos días desde el Gobierno de Giorgia Meloni. El Ejecutivo aplica desde el sábado pasado la misma medida que el Ejecutivo de la ultra Meloni tomó con España: control de identidad a los viajeros –pasaporte– y, en caso de nacionales de terceros estados, visa permiso de residencia. El balance con los datos actualizados de este lunes es de 1.033 pasajeros identificados de 58 vuelos.

“Traslado la realidad de esta ciudad para trabajar todos juntos y para reforzar la frontera más única, más compleja, más especial que tiene la Unión Europea junto con la de Melilla”, ha enfatizado Albares, antes de insistir en que ninguna de las personas que ha entrado en Ceuta ha salido hacia la Península “ni puede hacerlo” porque existe un “doble filtro de control” fronterizo.

“Explico a mis colegas europeos que Ceuta y Melilla garantizan la integridad del espacio Schengen”, ha añadido. En este contexto, ha señalado que lo que recibe “mayoritariamente” es el convencimiento de que España y Ceuta merecen el “apoyo, la implicación y la solidaridad” europeas, si bien ha cargado contra la “confrontación” y la “desinformación” que, ha dicho, practican “algunos”.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha llamado a consultas al embajador de Italia después de que la presidenta italiana, Giorgia Meloni, planteara que se debería suspender la aplicación del Tratado de Schengen de libre circulación con España por la crisis migratoria de Ceuta.

“Este mensaje es impropio del Ministro de Exteriores de un país socio y amigo del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista”, ha escrito el ministro en redes sociales, en respuesta a un mensaje de su homólogo italiano, Antonio Tajani.

En ese post, el ministro de Meloni sugería que la situación en Ceuta venía aparejada por la regularización puesta en marcha por el Gobierno. “Las imágenes que llegan desde Ceuta demuestran cómo la decisión del Gobierno de Madrid de otorgar la ciudadanía española, por tanto europea, a más de 500.000 inmigrantes irregulares es profundamente errónea e incentiva el tráfico de seres humanos”, escribía Tajani, que también defendía que la migración “irregular e incontrolada representa un peligro para la seguridad nacional”.

Algo que Albares ha desmentido: “Los hechos de hoy tienen relación con una sentencia, nada que ver con lo que dice el tuit”. La sentencia a la que hace referencia el ministro es la publicada recientemente por el Tribunal Supremo en la que se declaraban ilegales las devoluciones en caliente de migrantes por mar.

Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos rechazan que lo sucedido este jueves responda a un supuesto 'efecto llamada' provocado por la sentencia. “La evolución de los acontecimientos, con intentos de acceso tanto por vía marítima como terrestre, apunta a una realidad mucho más compleja”, ha dicho Sur Acoge.

La tensión entre ambos países estallaba durante la tarde de este jueves, cuando Italia anunciaba que estaba considerando la suspensión del espacio Schengen con España tras lo ocurrido en Ceuta. Este es un mecanismo previsto con carácter excepcional por la normativa comunitaria para salvaguardar la seguridad interior y que supondría el restablecimiento temporal de los controles fronterizos entre Italia y España.

Más tarde, la presidenta italiana, Giorgia Meloni, confirmaba que estaban estudiando “medidas extraordinarias” para proteger las fronteras italianas, incluyendo la suspensión del acuerdo de libre circulación europeo. “Las imágenes procedentes de Ceuta son impactantes y demuestran, una vez más, que la inmigración ilegal descontrolada representa una amenaza real para la seguridad de las fronteras europeas”, escribía en redes sociales.

Meloni explicó que se ha reunido con el ministro del Interior, Matteo Piantedosi y se están “convocando a los organismos pertinentes y, tras estas reuniones, estamos preparados para intervenir, incluso con medidas extraordinarias para proteger nuestras fronteras y garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, como la suspensión del espacio Schengen con España”.

“No cederemos ni un ápice en materia de inmigración ilegal: proteger nuestras fronteras, detener a los traficantes de personas y garantizar repatriaciones efectivas seguirá siendo la política de este Gobierno”, aseguró.

El alcalde de Madrid ha dado este martes su versión sobre la conversación que mantuvo este lunes con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre el desahucio previsto de Casa Árabe de las Escuelas Aguirre, el edificio municipal que Gallardón cedió a la institución en el año 2008. La salida forzada de la institución está prevista para el 1 de septiembre y el Ministerio aseguró este lunes haber iniciado un diálogo “constructivo”.

En la conversación que mantuvo ayer con el ministro le ratificó que el Ayuntamiento va a “recuperar la posesión del edificio para poder hacer las obras necesarias e imprescindibles para garantizar la seguridad”. “Le trasladé que aquí ha habido una controversia durante demasiado tiempo entre el Ministerio y el Ayuntamiento sobre quién tiene que hacerse cargo de las obras. Como no hemos llegado a un acuerdo, el Ayuntamiento tiene que asumir la responsabilidad de que no pueda haber un peligro para las personas”, ha argumentado.

También trasladó al ministro que el régimen de obras en Escuelas Aguirre “es incompatible con la permanencia en este momento de las actividades de Casa Árabe”. “Y que, en su caso, lo que pueda pasar después necesitará un título jurídico habilitante, que en este momento no disponemos”, para el mantenimiento en ese emplazamiento, ha aclarado. En todo caso resulta “imperativo para el Ayuntamiento recuperar la posesión y hacer las obras que garanticen la seguridad del edificio”.

“Si el Ministerio no ha querido llegar a un acuerdo a lo largo de este tiempo, nosotros no podemos dilatar más la solución y que esta es la solución que nosotros vemos desde el Ayuntamiento”, ha insistido el alcalde. “Le ratifiqué que, al margen de que podamos mantener conversaciones y de que podamos ver de qué manera se puede solucionar de la mejor manera posible el futuro de Casa Árabe en la ciudad de Madrid, porque coincidimos en que queremos que Casa Árabe esté en Madrid, lo que sí le dije es que nos ratificamos en que recuperamos la posesión del inmueble para acometer de manera urgente las obras que sean necesarias”, ha remarcado. Hace unos días, el consistorio se negó a ceder cualquier otro edificio municipal a la institución.

“El ministro Albares lo primero que debería decir es oiga, nos equivocamos porque no pasa nada por reconocer que uno se equivocó nombrado a una persona que ha dejado prácticamente en bancarrota a Casa Árabe. El principal perjuicio que hay a Casa Árabe ha sido el nombramiento de Irene Lozano y cómo su nefasta gestión prácticamente ha dirigido a Casa Árabe a bancarrota”, ha trasladado José Luis Martínez-Almeida a la prensa desde el Planetario.

El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, ha hablado este lunes con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para abordar la continuidad de la Casa Árabe en su actual sede, las Escuelas Aguirre. Según fuentes del Ministerio, la conversación ha sido “cordial” y “constructiva” y ha concluido con el acuerdo de mantener abierto el diálogo con el objetivo de que la institución pueda permanecer en el edificio, donde tiene su sede desde hace 20 años.

La llamada se ha producido después de que Albares remitiera una carta al regidor madrileño en la que le pedía abordar el anuncio de retirar la cesión del inmueble y desalojar la Casa Árabe antes del 1 de septiembre. El ministro ha trasladado de nuevo a Almeida que considera la decisión “incomprensible” y ha reiterado la “mano tendida” de Exteriores para buscar una solución. También le ha transmitido el malestar y la sorpresa que la medida ha provocado entre embajadores árabes acreditados en Madrid, estudiantes de árabe, intelectuales y otros sectores de la ciudadanía.

Albares ha expresado asimismo su “extrañeza” por que el anuncio se produjera públicamente sin haber sido consensuado con el resto de integrantes del Consejo Rector de Casa Árabe, del que forman parte el Ministerio de Exteriores, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba y el Ayuntamiento de Madrid. En este sentido, el ministro ha advertido a Almeida del “grave daño” que, a su juicio, supondría la salida de la institución de las Escuelas Aguirre para la política exterior española, la imagen internacional de España y la proyección exterior de Madrid.

Durante la conversación, Albares también ha recordado que el Ayuntamiento de Madrid ha participado en los patronatos de Casa Árabe y ha firmado las actas relativas a su gestión, al tiempo que ha defendido la labor de la actual dirección y el plan de gestión que está desarrollando. Además, el ministro ha anunciado que este martes mantendrá una reunión solicitada por los estudiantes de árabe en la sede del Ministerio de Exteriores del Palacio de Santa Cruz, quienes buscan una solución para poder continuar con sus cursos.

Almeida anunció a finales de junio que el Ayuntamiento recuperaría la posesión de las Escuelas Aguirre y que Casa Árabe tendría hasta el 1 de septiembre para abandonar el inmueble. La decisión se comunicó formalmente en una reunión extraordinaria del Consejo Rector del Consorcio Casa Árabe, después de que la Comunidad de Madrid abandonara el organismo. El Consistorio sostiene que este cambio en la composición del consorcio le permite recuperar el edificio en virtud del decreto de cesión de 2008.

El histórico inmueble, situado en la confluencia de las calles de Alcalá y O'Donnell, es la sede principal de Casa Árabe desde hace 18 años. En su momento, el Ayuntamiento justificó la decisión por el estado del edificio y por sus críticas a la gestión de la institución durante la etapa de Irene Lozano. Al mismo tiempo, manifestó su disposición a colaborar para que Casa Árabe encontrase otra ubicación, aunque descartó cederle otro edificio municipal.

El ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, José Manuel Albares, ha elevado a 50 la cifra de fallecidos españoles en el terremoto de Venezuela, “que sigue aumentando”, mientras que hay 139 desaparecidos.

A preguntas de los periodistas, antes de participar en un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander, ha asegurado que España va a estar “al lado” de sus compatriotas y de todo el pueblo venezolano “tanto tiempo como sea necesario”.

En este sentido, Albares ha apuntado que España es “una voz de solidaridad, de multilateralismo y de defensa de la diplomacia”.

Las últimas cifras que se conocían de españoles fallecidos en Venezuela, a raíz del seísmo de finales de junio, se facilitaron el pasado 13 de julio y ascendían a 41 personas, mientras que se mantiene el número de desaparecidos.

El balance total de muertos por el doble terremoto ascendió este domingo a 5.208. Los heridos se mantienen en 16.740 y las personas sin viviendas en 17.907, según el Gobierno venezolano.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha criticado las declaraciones racistas de Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol. “Es algo muy grave andar señalando quién es ciudadano de un país o quién no y señalar por el color de la piel quién puede ser ciudadano y quién puede no serlo. Encubre cosas no solamente hientes para un país, sino muy muy peligrosas”, ha asegurado.

“No podemos tolerar nada que ni de cerca ni de lejos encubra y lleve dentro de él el veneno del racismo y la xenofobia. Son enfermedades gravísimas del alma. Suelen ser una mezcla de estupidez y odio, pero precisamente por esa doble carga son terriblemente corrosivas y al final lo que hacen es poner en peligro lo más precioso que tiene un país y una sociedad, que es la convivencia”, ha afirmado en una entrevista en la Cadena Ser.

Albares ha defendido el fútbol como vehículo de unos valores de diversidad y de tolerancia. Este martes se disputa la primera semifinal de la Copa del Mundo, que enfrenta a España y a Francia. “Nuestras elecciones también representan a nuestros países. Yo estoy muy orgulloso de que en la selección haya españoles como Lamine Yamal o Nico Williams, que me hacen disfrutar y me dan alegrías con sus jugadas y sus goles, exactamente igual que Mikel Oyarzabal o que Fermín o Fabián, como también que Laporte sea uno de los españoles que está llevando a España lo más lejos posible. Pues exactamente igual con la selección francesa. Son elecciones diversas. Eso es ser ciudadano hoy en día”, ha agregado.

El ministro ha acusado al Partido Popular de “boicotear abiertamente y torpeadear la amistad” entre ambos países, después de que el partido dirigido por Alberto Núñez Feijóo utilizase su mayoría absoluta en el Senado para paralizar el Tratado de Amistad con Francia. Los populares instaron al Tribunal Constitucional a estudiar si el apartado que prevé que un ministro francés pueda participar en el Consejo de Ministro es conforme con la Carta Magna.

Para Albares, esta posición del PP contra los socios y vecinos españoles evidencia que “están absolutamente incapacitados para gobernar”: “Y no es una cuestión de no saber idiomas, yo creo que es una cuestión de saber cuáles son los valores de los españoles que son de tolerancia, de pluralismo, de diversidad, porque España es un país plural, porque España es un país diverso, porque España es un país tolerante. Es saber también dónde están nuestros intereses”.

Lamine Yamal responde a Rajoy

La estrella de la selección española, Lamine Yamal, ha respondido a Rajoy en la rueda de prensa previa al partido, después de que el expresidente calificase a la plantilla del equipo francés de un “altísimo nivel, eso sí, sin franceses”. “El fútbol si sirve para algo es para integrar la sociedad y no hay mejor que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración”, ha declarado el jugador. “El fútbol, al final, es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona”, ha zanjado.

Las palabras racistas de Rajoy han recibido una cascada de condenas. También del Gobierno francés. El ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, dijo que “Francia no tiene color de piel” y que “cualquier afirmación en ese sentido es una estupidez, racismo o una combinación de ambas cosas”.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha cargado duramente este lunes contra el Partido Popular, que ha calificado como un partido “antifrancés y antimarroquí”, y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy por sus palabras racistas sobre la selección francesa. Albares ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que desautorice a Rajoy, “que es un expresidente del gobierno de su partido, militante de su partido”. Albares se encuentra en Bruselas para participar en una reunión con los ministros de Exteriores de los 27 países de la UE.

“Lo que dejó escrito el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy es absolutamente inaceptable. Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España. Hacen declaraciones peligrosísimas hirientes hacia la selección francesa de fútbol en lo que tendría que ser una fiesta y una alegría como es esa semifinal que va a tener lugar mañana en el Mundial de fútbol”, ha apuntado Albares.

El ministro de Exteriores ha subrayado que “el deporte también tiene que transmitir valores de tolerancia, de amistad y de hermandad como los que tiene España y Francia. Dos países amigos y vecinos. Y por eso lo que dejó escrito el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy es absolutamente inaceptable. Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia representa a España”. Albares ha comentado que se puso en contacto con su homólogo en Francia para explicarle la posición contraria del Gobierno español ante las palabras de Rajoy.

Ante la petición de “todas las acciones legales posibles” contra el expresidente Rajoy por parte de varios ministros de Francia, Albares ha comentado “no es al ministro de Exteriores a quien le corresponde eso. No me consta que haya planteado ninguna acción de ese tipo. Espero que las cosas se reconduzcan por su propio cauce, que es pedir disculpas, que el señor Feijóo le desautorice y que el medio publique una rectificación”.

El PP “está absolutamente incapacitado para gobernar”

Albares ha señalado que el PP “está absolutamente incapacitado para gobernar” por sus posiciones en política exterior. El ministro ha abundado en esta idea cuando ha comentado que la línea de política exterior del Partido Popular es el “enfrentamiento al norte con nuestro amigo Francia, enfrentamiento al sur con nuestro amigo Marruecos. Intentan envenenar la relación con un pueblo hermano como es México. ¿En nombre de qué Política exterior?”.

“Si esto lo hace el Partido Popular en la oposición, qué no harían si estuvieran en el gobierno. Choque al norte con Francia, choque al sur con Marruecos, choque al sur con Argelia, choque con los países de América Latina, con el pueblo hermano de México”, ha apuntado.

Además, ha calificado al PP de ser un partido “antifrancés” y “antimarroquí”. “Se posicionan claramente como un partido antifrancés contra Francia, eso en el norte. En el sur son desde hace mucho tiempo son un partido antimarroquí, con posiciones abiertamente beligerantes”.

El ministro ha apuntado directamente al líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo del que ha dicho que “entiendo que uno no sepa hablar idiomas, pero hay un idioma que todo el mundo tiene que entender. Es el idioma de la vecindad, es el idioma de la amistad, es el idioma de los grandes socios, como son Francia, como es Marruecos, como es Argelia o los pueblos hermanos como es México. Yo exijo al señor Feijóo no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición, sino también de una vez por todas, que deje de intentar incendiar, boicotear y torpedear la política exterior que tiene España en estos momentos”.

Tratado de amistad y cooperación entre Francia y España

Cuando habla de este boicot, Albares se refiere a que el PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado, ha bloqueado en esta Cámara el tratado de cooperación y amistad entre Francia y España, que firmaron en 2023, al elevar una consulta al Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad del acuerdo. El acuerdo fue ratificado en el Congreso este año. Con la maniobra del PP, el tratado queda suspendido hasta que el Constitucional dicte su posición.

Ante esta posición, Albares ha reiterado que el PP “está saboteando con un absurdo recurso de inconstitucionalidad, que solamente está en su mente, el primer tratado de nuestra historia de amistad y cooperación con Francia”.

El ministro ha negado que haya una crisis con Francia y ha recordado las relaciones de todo tipo que unen a Francia y España. “Francia es el principal socio comercial de España en el mundo, el segundo emisor de turistas hacia España, llegamos a más 13.000 millones de euros anuales de exportaciones hacia Francia. Uno de los mayores inversores y mayores creadores de empleo en España, con empresas como Renault, Citroën, Decathlon, Carrefour... Hay 330.000 españoles viviendo en Francia, más de un millón de españoles viviendo en municipios y zonas transfronterizas. Francia es un motor junto a España de la construcción europea. Compartimos valores. Contra todo eso va el Partido Popular. Contra todo eso va nada más y nada menos que un expresidente del Gobierno”.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha tildado este miércoles de “absurdo” que tanto PP como Vox estén lanzando sospechas sobre el voto de los españoles residentes en el extranjero. Se refería así, a la petición realizada el martes por el diputado de la extrema derecha José María Figaredo, que pidió prohibir que los españoles en el extranjero puedan votar por correo. Y también a las críticas del equipo de Alberto Núñez Feijóo a la nacionalización de descendientes de víctimas del franquismo que tuvieron que exiliarse de España y cuyo proceso se activó hace ya cuatro años.

Para Albares, “probablemente Vox dice a cara descubierta, quitándose ya claramente la careta, exactamente lo mismo que quiere el Partido Popular”. “Vamos a decirlo claramente: el Partido Popular y Vox lo que no quieren es que 3,5 millones de españoles puedan votar. No les interesa que se pueda votar, quieren amedrentar a los funcionarios públicos”, ha señalado, en una entrevista en La 1 de TVE. “¿Usted se imagina en países como Argentina, un país donde hay muchos españoles, que con esas dimensiones tengan que desplazarse en avión y entren a los distintos consulados cuando hoy las nuevas tecnologías permiten hacerlo de otra manera?”, se ha preguntado, ante la propuesta de Vox.

El ministro ha recordado que en las generales de 2023 “ya se votó” con el mismo procedimiento vigente ahora y “el voto exterior solo cambió un diputado, que precisamente pasó del PSOE al PP”. “¿Por qué el Partido Popular predetermina el voto de nuestros ciudadanos en el exterior? ¿Por qué quiere infundir dudas en nuestro sistema democrático? ¿No creen que hay que llegar por los votos a los gobiernos, como siempre ha creído el PSOE? ¿Y por qué tanta hipocresía?”, se ha preguntado

A renglón seguido, Albares también se ha preguntado “por qué el PP critica hoy lo que llevaba en su programa electoral en el 23 o lo que el señor Feijóo pregonaba cuando iba a buscar el voto a Buenos Aires y a otros sitios”, en alusión a la nacionalización de los descendientes españoles exiliados. “Yo, desde luego, insisto, lo que demuestra es que tanto el Partido Popular como Vox están absolutamente incapacitados para gobernar”, ha concluido.

“Y quiero trasladarle a todos los funcionarios del Servicio Exterior de España, a todos los miembros de la carrera diplomática española y a todos los ciudadanos españoles en el exterior, esos 3,5 millones de españoles, que yo como ministro de Asuntos Exteriores de España les respaldo, les apoyo y no voy a permitir ni que se cercenen sus derechos, ni que haya infundios a su profesionalidad y honorabilidad”, ha conlcuido.

Este miércoles, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado que su partido “siempre ha defendido que todos aquellos españoles que tuvieron que abandonar España por cuestiones de exilio, sus descendientes puedan recuperar la nacionalidad española”. Muñoz hacía esta afirmación un día después de que su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, dijera que el Gobierno quiere “fabricar dos millones y medio de votantes” con la Ley de Memoria Democrática y alentara la conspiración de una “ingeniería electoral”.

El Gobierno de Asturias sigue con “enorme preocupación” las noticias procedentes de Venezuela donde dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 han arrojado un balance provisional de 164 personas fallecidas, un millar de heridos y cerca de diez mil desaparecidos, según las cifras oficiales facilitadas a las tres de la tarde de este jueves.

No obstante, se prevé que la catástrofe será aún mayor, a tenor de las previsiones del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) que estima que los terremotos podrían dejar un saldo potencial de entre 10.000 y 100.000 fallecidos, según la evaluación preliminar de su sistema PAGER, que también anticipa importantes pérdidas económicas.

La solidaridad y el cariño

En Venezuela residen actualmente más de 4.000 asturianos, de los que el Principado está “muy pendiente”, al igual que de la comunidad de venezolanos que vive en Asturias.

El propio presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha mostrado su apoyo al país sudamericano en estos difíciles momentos a través de su perfil oficial en redes sociales. A continuación reproducimos su mensaje en X.

“Enorme preocupación por el terremoto en Venezuela y por las personas afectadas. Muy pendientes, además, de la colonia asturiana, tan numerosa, a la que trasladamos todo nuestro cariño. También a la colonia venezolana en Asturias. Nuestro corazón está con Venezuela y su gente. Nuestro corazón está con Venezuela y su gente”, asegura en este mensaje.

La colaboración

En la misma línea se ha pronunciado la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, quien ha anunciado que desde el Gobierno regional han logrado contactar con alguno de los asturianos residentes en Venezuela, quienes les han trasladado la difícil situación que están viviendo.

El Ejecutivo autonómico también está en permanente contacto con el Gobierno central para hacer un seguimiento de la situación y colaborar “en todo lo posible”, según ha corroborado Llamedo.

Movilización de ayuda

El Gobierno del Principado moviliza ayudas a la población asturiana en Venezuela de manera ordinaria, según ha recordado la vicepresidenta a los periodistas.

Cuatro nietas de emigrantes asturianos de Venezuela se enteraron de los dos terremotos que se han registrado en el país sudamericano durante su visita al Principado, donde están participando en el programa 'Orígenes'.

Teléfonos habilitados

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha mostrado también su “plena solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela”.

Para facilitar noticias sobre la situación de los familiares en Venezuela, se han habilitado los siguientes números de teléfono: +34 91 000 1249 y +58 424-2090264 y se ha pedido que se sigan a través de las redes sociales las posibles novedades que puedan ir exponiendo tanto la Embajada de Venezuela en España como el Consulado español en Caracas.

En Venezuela residen 150.000 españoles, muchos descendientes de emigrantes españoles y con doble nacionalidad; y en España reside una importante comunidad venezolana, cercana a las 400.000 personas.

'Doblete sísmico'

Según los datos del Servicio Geológico de EEUU, el primer terremoto fue de una magnitud de 7,2, y su epicentro se situó al oeste de la localidad de Morón, situada en la costa caribeña del país, a unos 168 kilómetros al oeste de Caracas. El seísmo tuvo una profundidad de 13 kilómetros.

El USGS informó de un terremoto aún más fuerte, de magnitud 7,5, apenas un minuto después. El segundo seísmo tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro se situó a 16 kilómetros al suroeste de Morón.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha declarado este lunes que “da la bienvenida al alto el fuego entre Estados Unidos e Irán”, pero ha reclamado que “sea el primer paso” para dar “estabilidad en Oriente Medio” y que es “necesario garantizar la soberanía y la integridad territorial del Líbano” además de seguir trabando en la “solución de dos Estados” para Israel y Palestina. Albares, que se encuentra en Luxemburgo en una reunión de ministros de Exteriores de la UE, ha anunciado que pedirá la puesta en marcha de una misión europea en el Líbano que sustituya al contingente de Naciones Unidas, Finul, que termina este año su misión de paz.

“Tenemos que ir más allá de la región del Golfo y mirar a todo Oriente Medio. Esto es una gran oportunidad para avanzar hacia la paz y la estabilidad. Necesitamos garantizar la soberanía y la integridad territorial del Líbano. Y ahí puede jugar la Unión Europea un papel fundamental. Voy a plantear una misión de la Unión Europea que pueda tomar el relevo de Finul una vez que expira”, ha comentado el ministro.

Albares ha insistido en que “este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el Estrecho de Ormuz, que tiene que ser en todo momento segura, sin ningún tipo de cargo económico y que tiene que ser completamente libre para cualquier país”.

Además, ha reiterado que las negociaciones deberían garantizar también “el uso civil de la energía nuclear y que Irán no pueda adquirir una bomba nuclear”. En este sentido, ha recordado que “Europa ya jugó un papel muy importante” cuando se “alcanzó un acuerdo en el pasado que garantizaba que Irán no usaría la energía nuclear para dotarse de una bomba nuclear”.

El ministro de Exteriores ha destacado que el acuerdo “es aún incipiente”, cuando se le ha preguntado si España mandaría buques de guerra para asegurar el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

Sobre las posibles sanciones a Israel, Albares ha insistido en que España ya las “ha puesto encima de la mesa reiteradamente. Es el momento de pasar a votar y de verificar si hay mayoría cualificada o no”, pero ha recordado que en el caso de los productos provenientes de los asentamientos ilegales “solo hace falta el mero cumplimiento por parte de la Unión Europea del derecho internacional y de las opiniones del Tribunal Internacional de Justicia”.

Cuatro de los alrededor de 40 españoles que viajaban a bordo de la flotilla a Gaza interceptada por Israel y que fueron expulsados la víspera hacia Turquía han necesitado atención médica, según ha desvelado este viernes el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Además, el ministro ha mostrado su confianza en que la Unión Europea adopte sanciones contra el ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben Gvir, después del vídeo que publicó este en redes sociales en el que se le ve humillando a los detenidos de la flotilla, arrodillados y con la cara contra el suelo.

“Es algo que desde luego nosotros ya habíamos planteado” puesto que tanto Ben Gvir como Bezalel Smotrich, otro ministro ultra del Gobierno israelí, ya tienen prohibida su entrada en España desde hace tiempo, ha señalado el ministro. “Ahora queremos que sea una medida de la UE”, ha subrayado, explicando que ha tenido ocasión de hablar de esta cuestión esta misma mañana tanto con el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, quien ya había dicho que Italia solicitará estas sanciones, como con su homólogo polaco, Radoslaw Sikorski.

En declaraciones en Helsinborg (Suecia), donde asiste a la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, ha explicado que los cuatro españoles ya han recibido la atención sanitaria, sin entrar en más detalles respecto a su estado. En cuanto al resto, ha confirmado que han sido atendidos por la embajadora en Turquía, Cristina Latorre, y por el personal de la Embajada e irán viajando a España “paulatinamente a lo largo del día”, si bien desde una de las organizaciones que respalda la iniciativa han informado de que la llegada previsiblemente no se producirá hasta mañana.

Asimismo, Albares ha precisado que “también se está documentando a tres ciudadanos que lo necesitaban” para poder viajar hacia España, tras haber sido expulsados todos ellos por Israel con destino a Turquía en aviones fletados por el Gobierno turco después de que sus embarcaciones fueran interceptadas por la Marina israelí en aguas internacionales a principios de esta semana.