Hay acuerdo para la reforma del mercado eléctrico. Año y medio después de que los 27 abrieran la puerta a modernizar un modelo que se reveló obsoleto tras el estallido de la guerra en Ucrania al evidenciarse la dependencia de Rusia y la vulnerabilidad del sistema europeo con un incremento histórico de los precios que obligó a tomar medidas extraordinarias para evitar la asfixia de empresas y familias, el Consejo de la UE, la Eurocámara y la Comisión Europea han pactado unas nuevas normas que ahora tendrán que ratificar las dos primeras instituciones para que entren en vigor.

La reforma del mercado eléctrico, que no supondrá el cambio radical del modelo que se esperaba, era una de las prioridades de la presidencia española del Consejo de la UE. “Este acuerdo es una gran noticia, ya que nos ayudará a reducir aún más la dependencia de la UE del gas ruso y a impulsar la energía libre de combustibles fósiles para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Gracias a este acuerdo, podremos estabilizar los mercados a largo plazo, acelerar el despliegue de fuentes de energía renovables y libres de fósiles, ofrecer electricidad más asequible a los ciudadanos de la UE y mejorar la competitividad industrial”, ha señalado la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en un comunicado enviado de madrugada, cuando los negociadores han dado el visto bueno al texto.

Uno de los objetivos de la reforma del mercado eléctrico es reducir la volatilidad de los precios, que fue uno de los problemas que se encontró la UE como consecuencia de la guerra en Ucrania, cuando el precio del gas empezó a subir y se disparó al limitar el suministro de Rusia. La principal receta de la UE en la reforma es la generalización de los denominados Contratos por Diferencias (CfD, por sus siglas en inglés) que es en aquellos en los que se acuerda un precio entre comprador y vendedor, que se liquida posteriormente: si el precio del mercado es superior, el vendedor paga la diferencia al comprador y si es inferior, es al contrario. Ese fue uno de los principales escollos entre Francia y Alemania dado que Berlín no quería que esos contratos aplicaran para las centrales eléctricas ya existentes al entender que las centrales nucleares ya amortizadas de Francia le iban a reportar unos ingresos extraordinarios. 

Finalmente los CfD se aplicarán a las inversiones en nuevas instalaciones de generación de electricidad basadas en la energía eólica, la energía solar, la energía geotérmica, la energía hidroeléctrica sin embalse y también la energía nuclear. No obstante, se incluyen algunas condiciones, como un periodo transitorio de tres años para su aplicación a partir de la entrada en vigor del reglamento para garantizar la seguridad jurídica de proyectos que están en curso actualmente. En el caso de las plantas ya existentes, los 27 establecieron que esos contratos no se aplicaran automáticamente sino que tengan que contar con el visto bueno de Bruselas (como hasta ahora) para garantizar que no son ayudas de Estado.

“El acuerdo ofrece flexibilidad en cuanto a la redistribución de los ingresos generados por el Estado a través de los CfD. Los ingresos se redistribuirían a los clientes finales, y también podrían utilizarse para financiar los costes de los regímenes de apoyo directo a los precios o las inversiones destinadas a reducir los costes de la electricidad para los clientes finales”, señala el Consejo en un comunicado.

La reforma del mercado eléctrico persigue que los precios de la electricidad sea menos dependientes de los combustibles fósiles para proteger a los consumidores. El acuerdo recoge la posibilidad de apoyar exclusivamente la compra de nueva generación de renovable a través de los PPA, que son contratos de compraventa de energía a largo plazo entre un desarrollador renovable y un consumidor, aunque será voluntario.

Durante la negociación, los colegisladores, especialmente los parlamentarios, pusieron el énfasis en la necesidad de proteger a los clientes vulnerables. Así, se eleva su protección respecto a los cortes de suministro. El nuevo sistema permitirá al Consejo de la UE declarar situaciones de crisis energética tras una propuesta de la Comisión Europea que permitirá a los estados miembros tomar medidas extraordinarias para reducir los precios para los clientes vulnerables. “Además, se incorporan disposiciones destinadas a evitar distorsiones o fragmentaciones indebidas en el mercado interior”, señala el comunicado del Consejo.

“Fomentamos nuevos derechos, al expandir el derecho a compartir energía, y reforzamos ampliamente la protección al consumidor, con medidas concretas como la prohibición de cambios unilaterales en los contratos por parte de los suministradores, o que los consumidores vulnerables y en situación de pobreza energética estén totalmente protegidos frente a las desconexiones, obligando a los Estados miembros a tomar medidas apropiadas, incluida la prohibición de las desconexiones o medidas equivalentes”, afirma el eurodiputado socialista Nicolás González, que ha sido el ponente por parte de la Eurocámara y que admite cesiones como “la derogación introducida por el Consejo sobre la participación de activos que exceden los límites de emisiones”.

Algunos de los fondos soberanos más importantes del mundo se congregan en Madrid desde el domingo a puerta cerrada. Concretamente, en el Eurostars Madrid Torre, uno de los gigantes del final de la Castellana. Allí, Cofides, una sociedad público-privada adscrita a la secretaria de Estado de Comercio (del Ministerio de Industria), es la anfitriona de la cumbre anual del IFSWF (el Foro internacional de fondos estatales, por sus siglas en inglés), que termina este miércoles, con una visita turística a Toledo y que este lunes incluyó una visita al estadio de fútbol Santiago Bernabéu.

Los gestores del dinero de Abu Dabi, Singapur, Kuwait o Catar y de otros fondos soberanos, la mayoría de dictaduras enriquecidas por la venta de petróleo y de otras materias primas, están discutiendo sus decisiones de inversión en la torre de la Castellana, con la transición energética y digital como las principales inclinaciones para los 5 billones de euros que controlan en total (casi 4 veces toda la economía de España).

En el IFSWF no están incorporados tres de los fondos estatales más grandes: ni el de Noruega, presente en media docena de empresas del Ibex; ni el de Arabia Saudí, que recientemente entró en el capital de Telefónica con la compra de un 9,9% (el límite para evitar un veto legal del Gobierno); ni el de Argelia, que posee un 4% de Naturgy y el 51% del gaseoducto Medgaz.

En la jornada de este lunes de la cumbre, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en funciones, Teresa Ribera, participó en una mesa dedicada a “encontrar y crear oportunidades en la transición energética”, junto a un representante de Mubadala, uno de los fondos de inversión de Emiratos Árabes Unidos (que ya es el principal accionista de la petrolera Cepsa), a otro del fondo de jubilación de Nueva Zelanda, o dos analistas de las gestoras privadas Jefferies y Neuberger Berman, y al responsable de relaciones con inversores de Iberdrola, Ignacio Cuenca, cuyo principal accionista es el Qatar Investment Authority, con casi un 9% del capital.

El despliegue de las energías renovables es uno de los principales atractivos de España para los fondos de inversión. Una predilección que, según ha podido saber elDiario.es, quedará reflejado en el Informe de fondos soberanos 2023 que el ICEX (el organismo público España exportación e inversiones) presentará este mismo jueves, 28 de septiembre.

“Efectivamente, la inversión en energía renovable es uno de los capítulos del estudio”, dice Javier Capapé, director del programa de investigación en fondos soberanos de IE University, que participa en la elaboración del informe, que recopilará los datos de las inversiones en 2022. “Lo mejor que pueden hacer los inversores es invertir en un modelo energético limpio y eficiente”, resaltó la propia Ribera según las declaraciones recogidas por la agencia Reuters.

Las cifras de 2021 apuntaron a que “España captó 2.800 millones a través de inversiones [de fondos soberanos] en 12 empresas”, una cifra solo superada en 2011 y en 2019, cuando la emiratí Mubadala se hizo con el control de Cepsa. El desembolso este 2023 de Arabia Saudí para comprar las acciones de Telefónica es de 1.200 millones de euros (aquí se recogen con detalle las inversiones de los petroestados en España).

“Hay unos cuantos fondos soberanos que quieren invertir en España. Y algunos ya lo han hecho”, admiten fuentes del Ministerio de Transición Energética. “La inversión en energías limpias ha aumentado de forma constante durante la última década, superando a los combustibles fósiles por primera vez en 2019”, apunta el documento que recoge las líneas maestras de la cumbre. El sector de la salud es otro de los que más interesan a los fondos estatales, junto a un clásico, el inmobiliario, “pese a las subidas de los tipos de interés de los bancos centrales”, añade.

Calviño sustituye a Sánchez y defiende el despliegue del Plan de Recuperación

Ribera no fue la única alta representante del Gobierno de coalición en funciones que acudió este lunes a la cumbre de los fondos soberanos. Inicialmente, estaba previsto que interviniera el presidente Pedro Sánchez, que declinó la invitación para preparar el debate de investidura del líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, de este martes. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, sustituyó a Sánchez y basó su discurso “en la fortaleza de la economía española y en el impulso para la inversión que suponen los fondos europeos del Plan de Recuperación”, según fuentes presentes en la cumbre, de la que apenas ha transcendido más información.

Justo antes de participar en la cumbre de los fondos soberanos, Calviño defendió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que “el 80% de los fondos que hemos recibido (30.000 millones de 37.000) ya han sido adjudicados en convocatorias y licitaciones”.

Además, en su discurso, la vicepresidenta económica destacó que “la política económica que hemos venido desarrollando desde 2018 ha reforzado la confianza de los inversores internacionales. Una política fundamentada en los principios de responsabilidad fiscal, justicia social y reformas estructurales mirando al futuro”. También incidió en “la competitividad de las empresas españolas, en parte por el progreso en la transición verde y digital y la reducción de los costes energéticos”.

El documento que sirve de presentación de la cumbre explica que “los fondos soberanos se enfrentan a los retos de un entorno de inversión complejo. La forma en que evolucionarán los bloques económicos, las sanciones internacionales y los controles de las exportaciones reviste una importancia capital para los inversores a largo plazo”.

“Muchos gobiernos, no sólo las economías tradicionalmente dirigidas por el Estados, como China, siguen hoy un planeamiento de política industrial. Financian grandes proyectos. Este enfoque puede ser un arma de doble filo para los fondos soberanos. Este impulso industrial necesita capital privado y paciente a largo plazo, lo que ofrece nuevas oportunidades de inversión. Sin embargo, las consideraciones de seguridad están llevando a más gobiernos de todo el mundo a endurecer los criterios de controlo de las fusiones y de revisión de las inversiones extranjeras”, aborda el documento.

Víctor Egío, secretario de comunicación de Podemos, ha cargado hoy contra la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera de eximir de evaluación de impacto ambiental los centenares de instalaciones fotovoltaicas que quieren instalarse en la Región, entre ellas varias macroplantas de gran extensión.

Egío ha calificado esta decisión de “auténtica barra libre” y ha trasladado la “enorme preocupación” existente en el seno de la formación morada y entre los colectivos vecinales. “Nos preocupa políticamente”, ha declarado Egío, “porque hace pocos meses la ministra criticaba precisamente la estrategia de energía europea precisamente por reducir garantías medioambientales”. Detrás de este giro en el guion estarían según Egío “poderosos intereses económicos como los que en su día llevaron a Ribera a avalar el desastre del proyecto Castor”.

Víctor Egío ha asegurado también que la decisión tendrá un gran impacto en comarcas como el Noroeste, el Guadalentín y, sobre todo, el Mar Menor. “Nos prometieron un Mar Menor rodeado de filtros verdes y lo que tendremos será una laguna rodeada de placas y líneas de alta tensión”, ha lamentado el portavoz morado. Desde Podemos consideran probado que estas grandes instalaciones provocarán “un importante aumento de las escorrentías y los vertidos al Mar Menor” al reducir la superficie vegetal en torno a la laguna, tal y como defienden también colectivos como la recién creada Plataforma en Defensa del Patrimonio y Paisaje del Mar Menor y su Entorno y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena.

Por último, Egío ha exigido que se cumpla la moción aprobada en octubre de 2021 en la Asamblea Regional a iniciativa de Podemos, que exigía entre otros puntos la limitación del tamaño de estas instalaciones para reducir los efectos negativos sobre el territorio.