El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha cargado este viernes contra la gestión del Gobierno de María Guardiola durante el pleno de la Asamblea y ha asegurado que el Ejecutivo de PP y Vox es “mucho peor que el anterior”.

Cotrina ha sostenido que el “cambio” que Guardiola prometió al llegar a la Junta no se está traduciendo en una mejora para los extremeños y ha señalado como ejemplos los problemas de la sanidad, el transporte escolar y la prevención de incendios. “El cambio debe estar asociado siempre a la gestión y su gestión hoy es pobre”, ha afirmado.

El dirigente socialista ha criticado especialmente la situación de la sanidad extremeña, aludiendo a las demoras para acceder a pruebas diagnósticas, los problemas registrados en las urgencias del Hospital Universitario de Cáceres y las dimisiones de responsables sanitarios.

También ha cuestionado la gestión de las rutas de transporte escolar a pocos días del inicio del curso y ha reprochado a la Junta que siga recurriendo a la “herencia recibida” para explicar los problemas de la comunidad. “Ya son casi cuatro años de gobierno del PP”, ha señalado.

Cotrina ha reclamado además a Guardiola que escuche a los vecinos de las zonas afectadas por los incendios y ha cuestionado que las medidas anunciadas por la Junta tras los incendios se estén ejecutando. Además, como informó elDiario.es Extremadura, en 2024 quedaron sin ejecutar 44 millones de euros de los 90 presupuestados para prevención de incendios, ha recordado.

Guardiola reivindica su gestión

La presidenta de la Junta ha respondido defendiendo la actuación de su Gobierno y ha recurrido al resultado de las elecciones autonómicas del pasado diciembre como respaldo a su gestión. Guardiola ha recordado que los extremeños decidieron entonces que continuara al frente del Ejecutivo regional.

“Han dicho que querían que siguiera siendo la presidenta de todos”, ha señalado, antes de acusar al PSOE de dibujar una Extremadura “apocalíptica” y de repetir “el discurso de Madrid”.

Guardiola también ha defendido la evolución de la sanidad y ha asegurado que actualmente cuenta con 1.167 profesionales más y 700 millones de euros adicionales respecto a hace tres años. En materia de empleo, ha reivindicado igualmente la reducción del paro y el aumento de la afiliación a la Seguridad Social.

La presidenta ha rechazado las críticas sobre la prevención de incendios y ha asegurado que su Gobierno dedica “más recursos y más inversión que nunca” a la prevención y extinción.

El debate entre ambos dirigentes ha derivado también hacia la polémica por las declaraciones del vicepresidente de la Junta, Óscar Fernández Calle, de Vox, sobre las movilizaciones de apoyo a Ceuta. Cotrina ha pedido a Guardiola que lo desautorice por haber hablado de una “mafia socialista”.

Guardiola, por su parte, ha reprochado al líder socialista que no acudiera a las concentraciones celebradas el miércoles en apoyo a Ceuta y le ha preguntado: “¿Dónde estaba usted el miércoles a las ocho de la tarde?”.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado este viernes en la Asamblea que la comunidad autónoma “va a apoyar a Ceuta dentro de sus competencias” ante la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma. Guardiola ha defendido que su Gobierno “no da la espalda ni mira para otro lado ante el sufrimiento de los ceutíes”, aunque ha rechazado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez utilice la solidaridad de las comunidades autónomas para “eludir su responsabilidad”.

La cuestión ha surgido durante una pregunta de Unidas por Extremadura sobre la respuesta de la Junta ante la situación de Ceuta. La diputada Nerea Fernández Cordero ha reprochado a Guardiola que Extremadura votara en contra del acuerdo de la Conferencia Sectorial de Infancia y Familia que contemplaba la movilización de 25 millones de euros para la ciudad autónoma.

Fernández Cordero ha confrontado esta posición con las declaraciones realizadas por Guardiola el pasado 27 de agosto, cuando la presidenta aseguró que su Gobierno no había rechazado recursos para Ceuta. La diputada ha sostenido que una comunicación remitida por el Ejecutivo extremeño al Ministerio recoge, sin embargo, el rechazo de la comunidad al acuerdo. “Una, usted miente. Dos, su vicepresidente tomó la decisión sin consultarla. O tres, todas las opciones son correctas”, ha planteado Fernández Cordero a la presidenta.

La diputada de Unidas por Extremadura también ha cuestionado que la Junta no haya ofrecido acogida a menores procedentes de Ceuta y ha reclamado a Guardiola que actúe ante lo que ha definido como una “crisis humanitaria”.

Guardiola: “Extremadura va a aportar todo aquello que sea necesario”

La presidenta ha respondido que Extremadura ya ha puesto recursos a disposición de Ceuta y ha señalado que la Junta envió cerca de un millar de vacunas a la ciudad autónoma, por lo que su Gobierno está dispuesto a aportar “todo aquello que sea necesario y esté en nuestra mano”.

La dirigente extremeña ha insistido, no obstante, en que las principales competencias sobre inmigración corresponden al Gobierno central. “Quien tiene la competencia en materia migratoria, quien tiene la información, aunque nos engañen como bellacos, y quien tiene la responsabilidad y los recursos para hacer frente a esta invasión, a este ataque a la soberanía nacional, es el Gobierno de España”, ha afirmado.

Guardiola ha defendido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debe asumir el coste de la situación en Ceuta y ha señalado que el Gobierno central no necesita recurrir a una Conferencia Sectorial para proporcionar a la ciudad autónoma los recursos que necesite para aliviar el colapso de sus servicios públicos. “No pueden señalarme a mí ni señalar a Extremadura, que no es importante en este asunto”, ha añadido.

La presidenta extremeña ha acusado además a Unidas por Extremadura de formar parte de “esa izquierda de caviar que lo único que sabe hacer es juzgar” y ha reprochado a la formación que reclame solidaridad con Ceuta mientras mantiene, a su juicio, una posición distinta respecto a otros conflictos internacionales.

Un pleno marcado por el enfrentamiento por Ceuta

El debate sobre la situación de Ceuta ha elevado la tensión en el pleno de la Asamblea, donde Gobierno y oposición se han cruzado acusaciones sobre la falta de solidaridad con la ciudad autónoma.

El enfrentamiento entre Guardiola y Fernández Cordero ha subido especialmente de tono cuando la diputada de Unidas por Extremadura ha acusado a la presidenta de “mirar hacia otro lado mientras el Mediterráneo se convierte en el cementerio más grande que tenemos ahora mismo”. “A ustedes siempre les han gustado las fosas comunes”, ha asegurado la diputada de la coalición de izquierdas dirigiéndose a Guardiola.

La presidenta ha pedido que se retiraran esas palabras y ha acusado a Fernández Cordero de no conocer el respeto institucional ni personal, al tiempo que ha afirmado que ella y su grupo son “los únicos que supuran odio”.

El debate sobre la crisis migratoria en Ceuta ha terminado este viernes en la Asamblea de Extremadura con un duro enfrentamiento entre la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández Cordero y la presidenta de la Junta, María Guardiola, después de que la parlamentaria de izquierdas relacionara al PP con las fosas comunes.

Fernández Cordero ha acusado al Gobierno extremeño de mirar hacia otro lado ante la situación de las personas migrantes y ha comparado el Mediterráneo con “la mayor fosa común que tenemos en Europa”. “Aunque a ustedes ya sabemos que las fosas comunes siempre les han gustado”, ha añadido dirigiéndose a Guardiola.

La frase ha provocado la reacción inmediata de la presidenta extremeña, que ha reclamado a Fernández Cordero que retirase sus palabras. “Lo primero que voy a pedir, señor presidente [de la Asamblea], es que retire la acusación de que me gustan las fosas comunes”, ha exigido Guardiola. La presidenta ha reprochado a la diputada que no conociera “el respeto, ni el institucional ni el personal” y ha añadido: “Lo primero que tendría que hacer, si tuviera algo de dignidad y de vergüenza, sería retirarlo”.

Guardiola ha acusado además a Unidas por Extremadura de ser el único grupo que “insufla odio” y ha situado la responsabilidad del enfrentamiento político en la propia formación de izquierdas.

El choque ha obligado a intervenir al presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, que ha pedido a Fernández Cordero que retirase la afirmación. Finalmente, la Presidencia de la Cámara ha anunciado que la expresión sería retirada del diario de sesiones.

El encontronazo se ha producido en el marco de una pregunta de Unidas por Extremadura a Guardiola sobre la situación de Ceuta y la respuesta de la Junta ante la llegada de personas migrantes. Fernández Cordero ha comenzado su intervención apelando a la responsabilidad ante lo que ha definido como una “crisis humanitaria” y ha criticado el discurso que presenta la llegada de migrantes como una amenaza.

La diputada también ha cuestionado la posición de la Junta ante el acuerdo entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Juventud e Infancia para movilizar 25 millones de euros destinados a Ceuta, y ha reprochado a Guardiola que Extremadura rechazara el acuerdo.

El Grupo Socialista pedirá la comparecencia de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en la Asamblea para que dé explicaciones sobre la situación de la sanidad pública en la región. El PSOE considera que la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha dejado de ser una “interlocutora válida” ante los problemas que atraviesa el sistema sanitario extremeño.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha trasladado este jueves la preocupación de su partido por la situación de la sanidad y la educación, así como por los incendios forestales y otras cuestiones que afectan a la comunidad.

En materia sanitaria, el dirigente socialista ha criticado que el Ejecutivo de Guardiola no tenga, a su juicio, un plan para afrontar los problemas de gestión y organización que afectan al Servicio Extremeño de Salud (SES). Sánchez Cotrina ha recordado que al comienzo del verano ya advirtió de que se produciría una “cascada de dimisiones” porque los profesionales “no pueden más con el trabajo y con la falta de ordenación, gestión y rigor a la hora de establecer las plantillas suficientes”.

Sus palabras llegan después de las dimisiones de dos responsables de las Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres y del reciente cese de los gerentes de las áreas de salud de Badajoz, Mérida y Don Benito-Villanueva.

El PSOE augura más dimisiones en los hospitales

Sánchez Cotrina ha asegurado que los cambios en la estructura directiva del SES no serán los últimos y ha avanzado que pueden producirse nuevas dimisiones en las jefaturas de planta de los hospitales extremeños.

El líder socialista ha situado estos movimientos dentro de una crisis de gestión más amplia y ha cuestionado la capacidad de la consejería para ofrecer respuestas a los profesionales y a los problemas que se están produciendo en los centros sanitarios. En este sentido, ha afirmado que Sara García Espada ya no es una “interlocutora válida” para su formación porque, según ha denunciado, se limita a responsabilizar al PSOE de los problemas de la sanidad extremeña pese a que lleva más de tres años al frente del departamento.

Sánchez Cotrina ha ironizado sobre el argumento de la “herencia recibida” y ha recordado que durante los últimos 15 años el PSOE ha gobernado Extremadura durante ocho años y el PP durante siete.

Pese a la dureza de sus críticas, el dirigente socialista ha insistido en que su partido no pretende generar “alarmismo”, sino obtener explicaciones y reclamar soluciones a los problemas de gestión del sistema sanitario.

Por ello, ha asegurado que el PSOE está dispuesto a respaldar todas aquellas medidas que considere positivas para Extremadura y que permitan mejorar la sanidad pública, las infraestructuras sanitarias y las condiciones laborales de sus profesionales.

La petición de comparecencia de Guardiola se produce después de varias semanas especialmente complicadas para el SES. La situación de las Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres ha generado una fuerte contestación entre los profesionales, mientras que el centro ha sufrido esta semana una avería que obligó a suspender actividad quirúrgica programada y, pocos días antes, parte del techo de una habitación del Hospital Don Benito-Villanueva se desprendió mientras había un paciente y su acompañante en el interior.

Cuatro contratos de emergencia para el transporte escolar

El secretario general del PSOE extremeño también ha criticado la gestión del transporte escolar a pocos días del inicio del curso. Sánchez Cotrina ha denunciado la falta de previsión del Gobierno de Guardiola y ha señalado que la Junta se ha visto obligada a recurrir a cuatro licitaciones de emergencia para poder cubrir todas las rutas de transporte escolar, sin que el problema esté todavía completamente resuelto a una semana del comienzo de las clases.

El dirigente socialista ha calificado de “totalmente irregular” la situación generada por estas contrataciones extraordinarias. No obstante, ha anunciado que el PSOE no presentará ningún recurso judicial contra ellas con el objetivo de evitar que el procedimiento pueda poner en riesgo el servicio. “La prioridad es que ningún niño extremeño se quede en una parada de autobús sin poder ir a clase”, ha señalado.

El PSOE sí solicitará los expedientes y las motivaciones de los contratos de emergencia para analizar su contenido y estudiar las responsabilidades que pudieran corresponder.

Críticas por la prevención de incendios

Los incendios forestales han ocupado también una parte importante de la intervención del líder socialista. Sánchez Cotrina ha cuestionado que el último consejo de gobierno celebrado en Vegas de Coria aprobara medidas similares a las anunciadas el año pasado para hacer frente a las consecuencias del incendio de Jarilla.

Según ha denunciado, buena parte de aquellas medidas no llegaron a materializarse. En concreto, ha criticado que el 54% del presupuesto destinado en 2025 a prevención de incendios forestales no se ejecutara.

El dirigente socialista ha reclamado una mayor planificación y ejecución de las políticas de prevención ante el riesgo de nuevos incendios. También ha censurado la respuesta de la Junta ante los focos de brucelosis y lengua azul detectados en Extremadura. Sánchez Cotrina ha reprochado a Guardiola que, frente a estos problemas, su respuesta se limite a grabar vídeos para TikTok de “paseos por los pasillos de Presidencia con una sonrisa”.

El PSOE reclama más políticas de vivienda

En materia de vivienda, Sánchez Cotrina ha calificado de “contradicción” que la Junta de Extremadura acepte 210 millones de euros destinados a políticas de vivienda y, al mismo tiempo, recurra esos fondos ante el Tribunal Constitucional.

El líder socialista ha defendido la necesidad de incrementar las inversiones destinadas a facilitar el acceso a la vivienda y favorecer la emancipación tanto de los jóvenes como de otros colectivos que tienen dificultades para acceder a ella.

También ha alertado sobre el problema demográfico al que se enfrenta Extremadura y ha reclamado la elaboración de un plan estratégico que permita hacer frente a la pérdida de población prevista para las próximas décadas.

Seguridad jurídica para atraer inversiones

Por último, Sánchez Cotrina ha defendido la necesidad de ofrecer mayor seguridad jurídica y agilizar aquellos proyectos capaces de generar actividad económica y empleo en Extremadura.

Entre ellos ha citado la ampliación de la actividad industrial vinculada a los diamantes en Trujillo, al tiempo que ha reclamado una regulación adecuada para la implantación de centros de datos y plantas de biogás.

El objetivo, según ha señalado, debe ser compatibilizar la llegada de nuevas inversiones con garantías que eviten procesos especulativos y aseguren que estos proyectos tengan un impacto positivo sobre el territorio y el empleo extremeño.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, asistirá este miércoles a las 20:00 horas a la concentración convocada en Cáceres en solidaridad y apoyo a Ceuta ante la crisis migratoria. La movilización se enmarca en las concentraciones promovidas a las puertas de los distintos consistorios del país por la Federación Española de Municipios y Provincias con motivo de la celebración del Día de Ceuta.

El respaldo del Ejecutivo autonómico se extenderá al resto del territorio regional, ya que los miembros del Consejo de Gobierno acudirán a los actos convocados en las principales localidades extremeñas. En el caso del vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, asistirá al acto de la tarde en Badajoz tras haber acudido este mediodía a la concentración promovida por el Ayuntamiento de Mérida.

En Cáceres, junto a la presidenta autonómica, estará también presente el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle. Por su parte, la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, acudirá a la movilización en Plasencia, mientras que la titular de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, se desplazará a Navalmoral de la Mata, y el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, participará en el acto de Don Benito.

El despliegue institucional se completará en otros municipios de la región con la asistencia de la consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, a la concentración de Zafra; el titular de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, a la de Badajoz; la responsable de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, a la de Trujillo; y el consejero de Infraestructura, Transporte y Vivienda, Francisco Ramírez, que estará presente en el acto de Coria.

El PSOE de Extremadura ha arremetido este martes contra el paquete de medidas para paliar los efectos de los incendios forestales anunciado por la presidenta de la Junta, María Guardiola, tras el consejo de gobierno celebrado en Vegas de Coria. El portavoz socialista, Manuel González Andrade, ha calificado los anuncios como una repetición de propuestas “prácticamente calcadas” a las aprobadas el año pasado en Hervás tras el fuego de Jarilla, advirtiendo de que la experiencia demuestra que existe una “distancia importante” entre lo que anuncia el Ejecutivo autonómico y lo que finalmente ejecuta.

Para la formación socialista, el ejemplo más claro de esta brecha en la gestión se encuentra en la partida de prevención de incendios de los presupuestos de 2025, de la que el Gobierno regional dejó sin ejecutar el 46% de los fondos, tal y como desveló elDiario.es Extremadura.

En concreto, González Andrade ha denunciado que 44 millones de euros que podrían haberse destinado a la limpieza de montes, desbroces y gestión forestal se quedaron sin gastar antes del inicio de la época de alto riesgo. Asimismo, ha criticado que las ayudas a los apicultores vuelvan a fijarse en 100 euros por colmena quemada, una cifra que ya el año pasado situó a la región con “las cuantías más bajas de España”.

Plan de emergencia e infraestructuras pendientes

Frente a la falta de ejecución del Ejecutivo autonómico, el portavoz ha vuelto a poner sobre la mesa el Plan de Emergencia planteado en julio por el secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina. La propuesta proponía movilizar 8 millones de euros por la vía de urgencia para realizar trabajos de limpieza y desbroce en los perímetros de los municipios situados en zonas de alto riesgo, una medida que defienden como “viable, razonable y ejecutable” para actuar antes de que el fuego ponga en peligro a las poblaciones.

Por último, el PSOE se ha referido a las deficiencias en el abastecimiento de agua que sufren núcleos de población como Nuñomoral, Cerezal y Rubiaco, criticando el retraso en las obras anunciadas para Ovejuela y Sauceda.

González Andrade ha recordado que sigue pendiente la instalación de la boya flotante prometida por la Junta desde el pasado mes de noviembre, mientras que soluciones provisionales como la captación en el arroyo de los Tejos se han tenido que acometer gracias a la actuación de la Diputación Provincial de Cáceres.

PP y Vox elevarán al Gobierno central una propuesta de pronunciamiento desde la Asamblea de Extremadura para modificar el artículo 50 de la Ley Estatal de Montes. La medida pretende eximir de la prohibición de cambio de uso forestal a las actuaciones de prevención de incendios, permitiendo permutas de fincas y la implantación de actividad agrícola o ganadera como cortafuegos naturales en zonas arrasadas, como las 3.700 hectáreas calcinadas este verano en Las Hurdes.

La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha anunciado este paquete de medidas tras la celebración del consejo de gobierno en la alquería de Vegas de Coria, en el municipio hurdano de Nuñomoral (Cáceres). La reunión se ha celebrado como gesto de apoyo a una comarca que ha sufrido el mayor incendio forestal de la temporada estival en la región, con un balance de cerca de 1.000 vecinos evacuados.

Guardiola ha defendido que, aunque la limitación de 30 años fijada en la norma estatal nació para evitar la especulación, “no podemos aceptar que con esa excusa se impida realizar labores de prevención”. Según la presidenta extremeña, la restricción estatal actual frena la gestión preventiva necesaria mediante cambios de uso en el suelo.

Cambios en la Ley Agraria regional y menos burocracia

De forma paralela, la Junta acometerá una modificación de la Ley Agraria de Extremadura, integrada en el Decreto Ley de ayudas, recuperación y protección frente a los incendios forestales. Esta reforma permitirá agilizar las permutas de pequeñas fincas en monte público, hasta ahora limitadas a parcelas de más de 10 hectáreas, para intercambiarlas por terrenos cercanos a los cascos urbanos. Con ello se busca que la actividad agrícola o forestal actúe como cortafuegos natural entre el monte y las viviendas.

Asimismo, se eliminará la carga burocrática en los bancales abandonados para su reaprovechamiento agrícola y se profundizará en la figura de la “infraestructura preventiva productiva”, permitiendo su instalación en cualquier punto del monte público para reducir combustible vegetal.

Sustitución de pinares y ayudas al pastoreo

Dentro del plan de actuaciones, la Junta impulsará la transformación progresiva de las masas forestales en Las Hurdes y Sierra de Gata para sustituir al menos el 20% de la superficie de pino por otras especies. “El problema no es una especie concreta, sino cuando las masas forestales no están suficientemente gestionadas y favorecen la propagación de las llamas”, ha señalado Guardiola.

El plan contempla también el respaldo al Proyecto Mosaico Gata-Hurdes de la Universidad de Extremadura, ayudas a ayuntamientos en zonas de alto riesgo para incentivar el pastoreo preventivo y 1,3 millones de euros para frenar la erosión del suelo mediante helimulching, retirada de madera quemada y recuperación de pistas.

Por último, se acometerán obras de emergencia para proteger embalses y sistemas de abastecimiento en Las Hurdes y Casas de Millán, al tiempo que la Casa Forestal del Buen Agua se reconvertirá en un Centro de Innovación y Desarrollo Forestal.

La dirección socialista extremeña ha abierto el curso político con un mensaje de presión directa a la Junta y, en particular, a su presidenta, María Guardiola. En la rueda de prensa de los lunes, el portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel González Andrade, ha reclamado “responsabilidad, más trabajo y menos improvisación, parches y falta de gestión” al Ejecutivo autonómico y ha instado a Guardiola a que, “cuando tenga que elegir entre Vox y Extremadura, elija a Extremadura”. Ha contrapuesto esa exigencia a la posición de su partido, que, según ha defendido, “no tiene que elegir porque lo tiene claro”.

González Andrade ha asegurado que el PSOE afronta el nuevo ciclo político “con muchas ganas, perfectamente engrasado y preparado para seguir trabajando por esta tierra”, con una hoja de ruta centrada en la presencia en la calle, la escucha activa, la recogida de problemas y la fiscalización de la acción del Gobierno. Ese trabajo, ha añadido, mira ya hacia las elecciones municipales de mayo de 2027, con el objetivo de revalidar las alcaldías socialistas y recuperar gobiernos locales en aquellos municipios donde ahora son alternativa.

El portavoz ha cargado contra la gestión del Ejecutivo de PP y Vox, al que acusa de “no anticipar, no escuchar, no gestionar y llegar tarde y mal”, para terminar recurriendo a “parches” allí donde, sostiene, deberían existir soluciones estructurales. Como ejemplo, ha señalado la política de vivienda y ha criticado que la Junta haya recurrido el plan autonómico mientras “ya tiene el dinero en la cuenta”. Ha pedido a Guardiola que explique esta decisión a quienes tienen dificultades para acceder a una vivienda y que aclare qué ha ocurrido con las promociones impulsadas por el anterior Gobierno socialista a través del plan Rehabita.

También ha denunciado la situación de la sanidad pública, que describe como marcada por el “caos en las urgencias, falta de limpieza en hospitales, carencia de profesionales, esperas de catorce días y más en atención primaria y dimisiones de trabajadores”. En este punto, ha reclamado a la presidenta que deje de apelar a “herencias recibidas” y asuma su responsabilidad al frente del sistema sanitario.

El transporte escolar ha sido otro de los frentes señalados por González Andrade. A diez días del inicio del curso, lamenta que la Junta no pueda garantizar que todas las rutas estarán cubiertas desde el primer día. Ha criticado que el Ejecutivo haya tenido que recurrir a tres licitaciones extraordinarias para resolver un problema “conocido desde hace meses” y ha denunciado una “absoluta falta de transparencia” sobre las rutas que aún permanecen sin adjudicar.

‘Sucede Extremadura’. Este es el lema elegido este año por la Junta de Extremadura para conmemorar el Día de Extremadura, una expresión que pretende reflejar el momento que atraviesa la comunidad y que incorpora, además, un guiño al músico extremeño Roberto Iniesta, Robe, fallecido en diciembre de 2025.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha presentado este lunes los detalles de la celebración, cuyo acto institucional tendrá lugar el próximo 7 de septiembre, a partir de las 21.30 horas, en el Teatro Romano de Mérida. En él se entregarán las Medallas de Extremadura concedidas este año al nadador cacereño Guillermo Gracia, al activista por los derechos LGTBI y presidente de Fundación Triángulo, José María Núñez, y al Museo Nacional de Arte Romano (MNAR), dirigido por Trinidad Nogales.

La cuarta Medalla, otorgada al futbolista extremeño Pedro Porro, no se entregará durante esta ceremonia. Manzano ha explicado que el jugador se encuentra inmerso en las competiciones deportivas y que la Junta ha decidido posponer la entrega para organizar un acto específico en el que pueda recibir “todo el protagonismo” y que “todo el pueblo extremeño lo pueda disfrutar y sacar pecho de este gran campeón”.

El lema y el homenaje a Robe

El lema escogido por el Ejecutivo autonómico está vinculado directamente con la identidad cultural extremeña. Los colores, las letras y los elementos decorativos del cartel, diseñado por la propia Junta con recursos propios, están inspirados en la portada del álbum ‘Agila’, que Extremoduro publicó en 1996 y que incluye la canción ‘Sucede’. Manzano ha definido esta referencia como un guiño “sentido y especial” a Roberto Iniesta, Medalla de Extremadura en 2014.

La portavoz ha señalado que la frase posee “una fuerte carga simbólica” y que ‘Sucede Extremadura’ pretende representar “la identidad, el sentir y el momento que atraviesa la región”. La campaña quiere transmitir también la idea de una Extremadura que amplía sus fronteras a través de sus creadores, deportistas y profesionales: “Refleja que Extremadura está de moda, que está llegando cada vez más lejos, que está conquistando y enamorando a través de su talento”.

El cartel incorpora la imagen de una mujer joven con el gorro de montehermoseña, una elección con la que se pretende representar una Extremadura en la que “el talento joven no pierde esencia, identidad ni raíces”. El diseño utiliza principalmente los colores fucsia y naranja.

Música extremeña y protagonismo femenino

El acto estará conducido por la presentadora extremeña Raquel Sánchez Silva y contará con la participación de la Orquesta de Extremadura, que interpretará el himno de la comunidad junto a la soprano Pilar Jurado. También actuará el grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana, encargado de cerrar musicalmente la ceremonia y de ofrecer un concierto al día siguiente, 8 de septiembre, Día de Extremadura, en el mismo Teatro Romano.

El discurso ciudadano correrá a cargo de la escritora Inma Rubiales, natural de Almendralejo, cuya elección Manzano ha destacado como representación del “talento joven y la fuerza de las mujeres extremeñas”.

Los encargados de entregar las tres Medallas durante la ceremonia serán Carlos Corcho, uno de los entrenadores de Guillermo Gracia; la presidenta de la Junta, María Guardiola; y Chelo López, trabajadora jubilada del Museo Nacional de Arte Romano.

2.500 invitaciones disponibles desde el 1 de septiembre

La Junta pondrá a disposición de la ciudadanía alrededor de 2.500 invitaciones para asistir al acto del 7 de septiembre, que podrán retirarse a partir del 1 de septiembre en la taquilla del Teatro Romano de Mérida.

La celebración se prolongará al día siguiente con motivo del Día de Extremadura, con el concierto de Sanguijuelas del Guadiana en el mismo escenario. Con ‘Sucede Extremadura’, el Ejecutivo autonómico quiere articular este año la celebración en torno a una idea de identidad vinculada a la cultura, las raíces y el talento, pero también a la proyección exterior de la comunidad.

Por primera vez, los actos institucionales de la Diada catalana no se celebrarán en Madrid, sino en Extremadura. Salvador Illa ha elegido la región para trasladar fuera de Cataluña una conmemoración que tradicionalmente se proyectaba desde la capital y para destacar la relación construida durante décadas por la emigración extremeña hacia Cataluña, un fenómeno que transformó la demografía y la vida social catalana. La Junta acoge la iniciativa con normalidad institucional y la interpreta como un reconocimiento a esa historia compartida y a las generaciones que abandonaron la comunidad en busca de oportunidades.

La portavoz del Ejecutivo autonómico, Elena Manzano, ha expresado la posición oficial de la Junta, que recibe el anuncio con “máxima lealtad y respeto institucional”. Ha asegurado que el Gobierno regional atenderá a Illa como hace con cualquier presidente autonómico en visita oficial, aunque por ahora no dispone de detalles sobre el programa ni la localización de los actos previstos para los días 16 y 17 de septiembre. Durante la presentación del programa del Día de Extremadura, Manzano ha insistido en que “es importante que se hable de Extremadura y que se escuche mucho a Extremadura y a sus necesidades”.

Manzano ha interpretado la iniciativa como un reconocimiento a los extremeños que tuvieron que abandonar la comunidad durante las décadas de mayor emigración. “Es un reconocimiento al trabajo y esfuerzo” de quienes, ha dicho, “por ausencia de inversión y conexiones de transporte, que generaron su aislamiento, se han tenido que marchar a otras CCAA a desarrollar su talento y su trabajo”. La Junta considera positiva la decisión “cuando ese reconocimiento viene desde diversas instituciones o de un presidente de CCAA”.

El movimiento supone un cambio respecto al formato seguido hasta ahora. La Diada se celebra oficialmente en Cataluña cada 11 de septiembre, pero la Generalitat organiza también actos institucionales fuera de la comunidad en fechas próximas. Tradicionalmente, esa celebración exterior tenía Madrid como escenario. Illa explicó en una entrevista con El Periódico de Catalunya que este año se celebrará en Extremadura y que la intención es trasladarla cada año a un territorio distinto. “Tenemos que subrayar lo que nos une, porque hay mucha gente interesada en subrayar aquello que nos diferencia y en buscar razones para separarnos”, afirmó.

No es casualidad

La elección de Extremadura no es casual. La comunidad fue uno de los territorios que más población perdió durante el éxodo rural y la emigración interior de los años cincuenta, sesenta y setenta. Cataluña fue uno de los principales destinos. Según datos históricos del Idescat, la población catalana creció en unos 1,7 millones de personas entre 1960 y 1975, de las que más de 950.000 procedían de fuera de Cataluña. En 1970, el 2,85% de los residentes en Cataluña había nacido en Extremadura. Solo entre 1961 y 1970, la región registró un saldo migratorio negativo de casi 280.000 personas, y Cataluña fue uno de los destinos más frecuentes.

Ese movimiento migratorio contribuyó de manera decisiva a la configuración de la Cataluña metropolitana. En 1970, únicamente el 62% de la población catalana había nacido en Cataluña. La huella sigue siendo visible: a 1 de enero de 2025, más de 1,09 millones de residentes en Cataluña habían nacido en otras comunidades autónomas, el 13,5% de la población.

Illa ha utilizado también como símbolo de esa historia compartida la película El 47, que narra la movilización vecinal en el barrio barcelonés de Torre Baró para reclamar transporte público en los años setenta. Su protagonista, Manuel Vital, era un extremeño emigrado a Cataluña, y la cinta se ha convertido en uno de los relatos más conocidos sobre la aportación de la inmigración procedente de Extremadura a la construcción de la Cataluña contemporánea.

Por ahora, la iniciativa está pendiente de concreción. La Junta no ha informado de la localidad o espacio en el que se desarrollarán los actos ni de su programación. Sí ha dejado claro que colaborará institucionalmente con la Generalitat y que recibirá a Illa con normalidad. La celebración llegará pocos días después del Día de Extremadura, cuyo acto institucional tendrá lugar el 7 de septiembre en el Teatro Romano de Mérida, situando a la comunidad en el centro de varias agendas autonómicas durante ese mes.

La primera celebración de la Diada en Extremadura se plantea así como un reconocimiento a una historia migratoria compartida, pero también como una operación política de la Generalitat para poner el acento en los vínculos entre territorios frente a los discursos de confrontación territorial.

La crisis de personal que atraviesa el servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres ha dado un nuevo paso y ha dejado de ser únicamente un conflicto interno y local. La situación de los médicos residentes ha llegado a la Asociación MIR España, que ha puesto el foco en la organización de las guardias y en el riesgo de que los MIR terminen soportando las consecuencias de la falta de facultativos.

La asociación ha lanzado un mensaje contundente: los residentes no pueden convertirse en la solución a un déficit estructural de médicos especialistas. En este sentido, reclama que, cuando existan puestos que cubrir en Urgencias, la respuesta pase por reforzar la plantilla de facultativos y no por utilizar a los MIR como una plantilla de reserva: “Los MIR no somos la plantilla de reserva de ningún hospital”, aseveran.

El pronunciamiento nacional se produce después de que en Cáceres se haya abierto un conflicto en torno a la cobertura de las guardias y las necesidades de personal de Urgencias. Los residentes denuncian que la falta de médicos está aumentando la presión sobre quienes se encuentran todavía en formación especializada.

Más pacientes y una plantilla bajo presión

La situación se produce en un servicio que ha experimentado un importante incremento de actividad. Según los datos difundidos en el marco del conflicto, las Urgencias atendieron 74.134 pacientes en 2023 y 81.012 en 2025, lo que supone un aumento del 9,27 % en dos años.

Al mismo tiempo, los y las profesionales vienen señalando las dificultades para disponer de una plantilla efectiva suficiente para responder a esa demanda. El problema no sería únicamente el número de plazas existentes sobre el papel, sino cuántos facultativos están realmente disponibles para cubrir la actividad asistencial.

Esta combinación de mayor presión asistencial y dificultades para cubrir las guardias ha terminado repercutiendo directamente en la organización del servicio y en los médicos residentes que además denuncian que las guardias han pasado de ser voluntarias a obligatorias.

Los MIR, en el centro de la polémica

El punto más sensible del conflicto es el papel que deben desempeñar los MIR. Y es que los residentes tienen una función asistencial, pero dentro de un proceso de formación especializada y con una responsabilidad progresiva, que debe estar acompañado de la supervisión correspondiente. Por ello, la Asociación MIR España considera que no pueden utilizarse para compensar de manera estructural la ausencia de facultativos.

La preocupación aumenta cuando la cobertura de las necesidades del servicio depende de que los residentes asuman más guardias o soporten una carga asistencial que debería corresponder a una plantilla suficiente de especialistas.

Para los residentes, una cosa es participar en la actividad asistencial como parte de su formación y otra muy distinta convertirse en el recurso al que se recurre cuando faltan médicos.

Un conflicto que ya había provocado movimientos en Urgencias

La llegada del caso a la Asociación MIR España se produce además en un contexto de creciente tensión dentro del propio servicio. La crisis de personal ha estado acompañada por cambios y renuncias en puestos de responsabilidad de Urgencias y de la formación de residentes con la dimisión de su máximo responsable, aumentando las dudas sobre cómo garantizar al mismo tiempo la asistencia a los pacientes y unas condiciones adecuadas para la formación de los MIR.

El problema, por tanto, no afecta únicamente a los cuadrantes de guardias. También plantea interrogantes sobre la supervisión, la calidad de la formación especializada y la seguridad tanto de pacientes como de profesionales.

El Colegio de Médicos también pide revisar la situación

El Colegio de Médicos de Cáceres se ha pronunciado igualmente sobre el problema y ha reclamado que la dotación de profesionales se ajuste a la demanda asistencial real.

Entre sus reivindicaciones se encuentra la necesidad de proteger la formación de los residentes y evitar que estos sean considerados un recurso asistencial intercambiable con los facultativos.

La coincidencia entre las distintas voces que han intervenido en el conflicto sitúa así el debate en un punto fundamental: la solución a la falta de médicos no puede consistir simplemente en aumentar la carga de quienes todavía están completando su especialización.

De Cáceres a un debate nacional

La intervención de la Asociación MIR España supone un cambio importante en la dimensión del conflicto. Una situación que hasta ahora se había desarrollado fundamentalmente en el ámbito local pasa a formar parte de un debate que afecta a los residentes de todo el país.

Porque lo que ocurre en Cáceres plantea una cuestión que trasciende a este hospital: qué sucede cuando un servicio sanitario tiene dificultades para cubrir su plantilla y los médicos residentes terminan siendo una de las principales herramientas para mantener la asistencia.

Desde la asociación se invita además a los MIR de Cáceres que estén afectados por esta situación a ponerse en contacto con ellos a través de asociacionmirespana@gmail.com, con el objetivo de conocer de primera mano sus circunstancias.

El mensaje de los residentes es claro: los MIR deben contribuir a la asistencia mientras se forman, pero no ser utilizados para tapar de forma permanente los agujeros de una plantilla insuficiente.

Y en Cáceres, esa reivindicación ya ha traspasado las puertas del hospital. El conflicto local ha llegado al ámbito nacional.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha pedido a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que “no mienta” y ha aclarado que la región no se opone a que se destinen recursos a Ceuta para atender la crisis de los menores migrantes no acompañados. Con un mensaje publicado en la red social X, Guardiola ha salido al paso de las críticas vertidas tras la conferencia sectorial de este jueves, asegurando que el Gobierno central pretende “embarrar y enfrentar” a las comunidades para tapar lo que ha calificado de “incompetencia clamorosa”.

La réplica de Guardiola se produce después de que Extremadura no haya asistido a la reunión de las comunidades con el ministerio. El vicepresidente extremeño, Óscar Fernández Calle, de Vox y con las competencias de Infancia, decidió plantar al Gobierno al considerar la asignación de fondos como un primer paso para el futuro traslado de menores migrantes no acompañados a las comunidades autónomas. En este sentido, Fernández aseguró el miércoles que la Junta de Extremadura impugnará ante la justicia “uno a uno” los expedientes de traslado procedentes de la ciudad autónoma que no concluyan con el retorno de los jóvenes a Marruecos.

En la conferencia sectorial, las comunidades que han participado han aprobado por unanimidad la asignación de 25 millones de euros a Ceuta, mientras que los departamentos dirigidos por Vox (Extremadura, Aragón y Castilla y León) hicieron constar por escrito su voto en contra tanto a este crédito como a cualquier derivación de menores. Tras la sesión, la ministra Rego ha criticado la inasistencia alegando que estas autonomías estaban “castigando” a Ceuta y haciendo el juego a los postulados de la extrema derecha.

Ante esta controversia, Guardiola ha defendido que Extremadura cuestiona “la dejación de funciones y el abandono del Gobierno de España” en la gestión de las fronteras y la protección de los niños y niñas, subrayando que las responsabilidades estatales en esta materia “no son elegibles”. La presidenta autonómica ha remarcado que crear “una polémica con falsedades” no resolverá la tensión migratoria y ha zanjado su declaración garantizando que el Ejecutivo extremeño estará “siempre con los ceutíes y con la ley”.

El PSOE de Extremadura ha exigido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que desautorice públicamente a su vicepresidente y consejero de Desregulación, Políticas Sociales y Familia, Óscar Fernández, y evite someter las decisiones institucionales de la región a la ideología de Vox.

La petición llega tras confirmarse la ausencia de la representación extremeña en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde se ha acordado el reparto de 25 millones de euros para Ceuta destinados a la atención de menores migrantes no acompañados.

La portavoz socialista, Soraya Vega, ha urgido a la jefa del Ejecutivo autonómico a aclarar los motivos de este plantón institucional, una decisión que considera una abierta “dejación de funciones”. A juicio del grupo socialista, este plante evidencia que la Junta está dejando que la agenda ideológica de sus socios de gobierno se imponga a la gestión de las políticas sociales y a la propia defensa de los intereses de la comunidad en los órganos de cooperación estatal.

Vega ha remarcado que la obligación institucional de la Junta es participar activamente en estos foros, recordando que el cumplimiento de las responsabilidades públicas no puede quedar supeditado a las afinidades políticas con el Ejecutivo central o con la titular del Ministerio de Juventud e Infancia. Asimismo, ha subrayado que la atención a menores solos debe abordarse desde un prisma humano y no como una mercancía o moneda de cambio en acuerdos de gobernabilidad.

Finalmente, el PSOE ha afeado la contradicción entre el discurso público del PP y su práctica de gobierno, al criticar que sus dirigentes reclamen acuerdos mientras sus representantes rechazan sentarse a trabajar en las mesas sectoriales. Para los socialistas, la ausencia en la cita con el ministerio no responde a un descuido administrativo, sino a una postura política deliberada que retrata las prioridades del Ejecutivo de Guardiola.

La incoación del expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la Cruz de los Caídos de Cáceres ha abierto un conflicto inesperado en el ámbito académico. El expediente elaborado por la Junta de Extremadura recurre a investigaciones de dos especialistas en memoria franquista —César Rina y Miguel Ángel del Arco— para justificar la protección del monumento, pero ambos historiadores denuncian que sus trabajos han sido citados de manera parcial y orientada a sostener una interpretación que ellos no comparten. La controversia, que ya ha trascendido al terreno administrativo, abre un debate sobre el uso institucional de la investigación académica y sobre el relato histórico con el que se pretende justificar la permanencia del monumento en su emplazamiento actual.

La disputa estalló cuando César Rina, profesor titular de Historia Contemporánea en la UNED, recibió la resolución autonómica y comprobó que su nombre aparecía entre las fuentes empleadas para justificar la protección del monumento. Su sorpresa llegó al leer cómo se habían utilizado “torticeramente” fragmentos de su investigación. Según explica, el expediente selecciona afirmaciones aisladas que, presentadas sin contexto, terminan defendiendo la tesis contraria a la que él sostiene. “Pretenden aprovecharse de mi prestigio profesional y exijo que retiren mi nombre porque yo no suscribo nada de lo que ahí se dice”, afirma. Habla de un uso “interesado” de su trabajo y de una tergiversación de sus conclusiones: “Están cambiando mi opinión, están cambiando mi trabajo para defender lo que ellos quieren, que es la protección de la Cruz”.

Uno de los ejemplos que más le ha sorprendido es la referencia a una supuesta ausencia de documentación gráfica sobre el monumento. Rina lo considera directamente falso. “¿Cómo no va a haberla si la Cruz fue la reina de todas las fiestas franquistas? Hay centenares de fotos de su construcción, de su inauguración y de todo lo que se celebraba en torno a ella”. El historiador, que lleva más de una década investigando la construcción de la memoria franquista en Cáceres y que ha consultado durante meses documentación municipal y distintos fondos relacionados con el proyecto, se defiende: “He consultado el proyecto original, los diferentes proyectos que se entregaron, el avance de las obras, los datos económicos, la inauguración. Todo se conserva”. Por eso considera especialmente grave que se le atribuya la idea de que no existe documentación suficiente. “Me atribuyen a mí la frase de que no hay documentación. Pero ¿cómo voy a decir yo que no hay documentación si en mi libro La construcción de la memoria franquista en Cáceres (2012) he publicado mucha de esta documentación?”.

Para Rina, la tergiversación metodológica no es solo un problema técnico: es precisamente lo que, a su juicio, abre la puerta a una lectura política del expediente y explica por qué sus conclusiones aparecen invertidas en la resolución. Considera que esta contradicción revela la premura con la que, a su juicio, se ha elaborado el expediente. Cree que la Junta intenta blindar el monumento ante el conflicto abierto con el Gobierno central y que la declaración BIC permitiría “ganar tiempo” para proteger la Cruz. Pero sostiene que esa decisión política debería asumir sus consecuencias sin recurrir a investigadores que sostienen precisamente una interpretación histórica diferente. “Yo creo que esto no lo ha hecho un especialista en patrimonio como se suelen hacer las declaraciones BIC”, afirma. A su juicio, el expediente presenta un análisis “muy poco riguroso” y detrás puede existir “una mano política”. El historiador va más allá y considera que el documento intenta proporcionar una “pátina de cientificidad” a una decisión que, en su opinión, tiene un componente ideológico.

La Junta reconoce en su propia documentación que la Cruz nació en plena Guerra Civil. El Ayuntamiento de Cáceres acordó el 9 de septiembre de 1937 levantar una cruz “en homenaje a los caídos”. El punto de ruptura aparece cuando el expediente sostiene que la intervención municipal de 1984 —la eliminación de inscripciones franquistas— habría modificado sustancialmente su lectura pública y otorgado al monumento un nuevo significado acorde con los valores constitucionales. A partir de ahí, la Junta plantea que la valoración patrimonial actual debe centrarse en sus valores formales, arquitectónicos y urbanísticos, desvinculándolo del sentido conmemorativo original.

Es precisamente esa operación de separación entre el monumento y su contexto histórico la que cuestionan Rina y Del Arco. Para ellos, la discusión no consiste en determinar si la Cruz fue construida durante el franquismo —algo que nadie discute—, sino en decidir si una intervención realizada décadas después puede borrar o alterar el significado histórico de una obra concebida como monumento a los Caídos del bando franquista.

Del Arco, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Granada y especialista en las cruces de los Caídos, comparte la denuncia. “Me siento agraviado, yo estoy firmemente a favor de trasladar esa Cruz y han cogido de mi trabajo solo lo que les interesa”. Su investigación analiza estos monumentos como instrumentos de construcción de la memoria política de la dictadura. En su libro Cruces de Memoria y Olvido. Los monumentos a los caídos de la guerra civil española (1936-2021) explica que la Cruz de Cáceres es “la ortodoxia absoluta”, el prototipo de las cruces de los Caídos en la España de la exaltación franquista. Su discrepancia no reside en que la Junta pueda valorar elementos arquitectónicos, sino en que esos valores se utilicen para relegar o neutralizar el significado político que tuvo el monumento cuando fue construido. “Han cogido de mi trabajo lo que les interesa usándolo de manera torticera”.

Uno de los elementos que Del Arco considera esenciales es la ubicación. Las cruces de los Caídos solían situarse en espacios de paso y elevada visibilidad. La de Cáceres se colocó en la plaza de América, al final de la antigua avenida de la República y luego de España, en una glorieta conectada con distintos accesos a la ciudad y cercana a la estación de ferrocarril. Su presencia era permanente y visible desde varios itinerarios. La ubicación no es, por tanto, un detalle arquitectónico secundario: forma parte de la función pública del monumento.

La documentación estudiada por Del Arco permite reconstruir cómo la Cruz se incorporó desde sus primeros años a las ceremonias públicas del régimen. En Cáceres fue escenario de las celebraciones del Día de la Victoria, con misa de campaña, autoridades civiles y religiosas, Falange, caballeros mutilados y desfiles militares. Para el historiador, estos episodios son clave para entender qué significaba realmente la Cruz en el momento de su construcción: no era una obra arquitectónica neutra, sino un escenario público de conmemoración de la victoria franquista. Y ese significado histórico, sostiene, no desaparece porque décadas después se eliminen determinadas inscripciones.

Quitar para poner

Del Arco añade otro elemento: la sustitución de símbolos republicanos. En la plaza de América se encontraba la conocida como Palmatoria o Fuente del Lápiz, vinculada a la etapa republicana, retirada para permitir la construcción de la Cruz. La operación forma parte de una transformación más amplia del espacio público emprendida por la dictadura para sustituir las referencias simbólicas de la República por las de la nueva España franquista. “No se trataba simplemente de quitar una fuente y poner una cruz, sino de sustituir un símbolo por otro”.

También rechaza la interpretación arquitectónica que aproxima el monumento al racionalismo. El régimen franquista rechazó las corrientes asociadas a la modernidad republicana y apostó por una estética monumental vinculada al clasicismo y al pasado imperial español. Las cruces de los Caídos responden a ese lenguaje. La Junta destaca ahora el carácter austero y geométrico de la Cruz, pero para Del Arco esos rasgos no pueden analizarse al margen del contexto ideológico en el que fueron concebidos.

Otro núcleo de la controversia es si la intervención de 1984 puede borrar el origen del monumento. La Junta sostiene que la eliminación de las inscripciones franquistas modificó su lectura pública y permitió dotarlo de un significado compatible con los valores constitucionales. Rina y Del Arco consideran que esa conclusión confunde la modificación física con el significado histórico. Que una inscripción sea retirada no cambia el hecho de que la obra fue concebida durante la Guerra Civil, inaugurada en 1938 y utilizada en ceremonias de exaltación franquista. La cuestión no es si hoy alguien puede contemplar la Cruz sin sentirse identificado con el franquismo, sino si la Administración puede interpretar su valor patrimonial sin tener en cuenta la función política que desempeñó durante décadas.

Del Arco insiste en que el debate no es entre conservar la Cruz intacta o destruirla. “Lo que dice la ley no es que destruyas la Cruz. Lo que dice la ley es que traslades la Cruz a un espacio que sea público, pero que no sea un espacio de exaltación”. Conservar un elemento histórico no implica mantenerlo en el lugar donde fue utilizado por la dictadura. La retirada del espacio público de exaltación no equivale a eliminar la memoria: puede significar trasladar el monumento a un lugar donde pueda ser contextualizado y explicado.

Ambos historiadores admiten que la relación de la ciudad con la Cruz es hoy más compleja que su origen político. La Cruz se ha incorporado al lenguaje cotidiano de Cáceres y su nombre forma parte del mapa mental de la ciudad. Pero esa familiaridad no puede confundirse con antigüedad. “Está desde 1937”, recuerda Del Arco. A su juicio, varias generaciones han conocido el monumento ya integrado en la ciudad y pueden no identificarlo con el contexto político que le dio origen. Añade que junto a esa falta de conocimiento existe también un componente ideológico reactivado en el actual escenario político.

Acuerdo de gobierno PP-Vox

Los historiadores aseguran que el expediente de la Junta no surge en un vacío. El acuerdo de gobierno entre PP y Vox contempla expresamente la tramitación para declarar BIC la Cruz dentro de las medidas de protección del patrimonio que consideran perseguido por las “leyes ideológicas de la izquierda”. Meses antes de la resolución, el consejero de Cultura ya había manifestado públicamente que, a su juicio, la Cruz reunía las condiciones para ser declarada BIC, aunque entonces señaló que la decisión dependería de los informes técnicos.

La resolución publicada en el Diario Oficial de Extremadura abre ahora un periodo de información pública de un mes. Del Arco prepara ya sus alegaciones. Su intención es trasladar sus objeciones de forma documentada, con especial atención al uso que el expediente hace de su investigación y a la interpretación histórica que, a su juicio, se desprende de ella. Rina mantiene igualmente su petición de que su nombre sea retirado si se mantiene asociado a conclusiones que no suscribe.

Los dos historiadores coinciden en que una Administración tiene derecho a consultar y citar sus investigaciones. Lo que consideran inadmisible es que se seleccionen fragmentos para presentar como aval científico una interpretación que ellos rechazan. La batalla por la Cruz se convierte así también en una batalla por el relato histórico. La Junta reconoce el origen franquista del monumento, pero sostiene que la intervención de 1984 alteró su significado y que hoy debe valorarse por sus características arquitectónicas y por su integración en la memoria urbana de Cáceres. Rina y Del Arco consideran que esa lectura fragmenta la historia del monumento y que su emplazamiento, su arquitectura, las ceremonias celebradas ante él y su función como símbolo de la victoria franquista forman parte de su significado histórico.

La respuesta que dé el procedimiento administrativo no será solo política. Los historiadores quieren que quede también documentada en el expediente. Como resume Rina, “yo no estoy en contra de que citen mi trabajo. Estoy en contra de que lo utilicen para decir algo que yo no digo”. Del Arco lo expresa de forma más directa: “Me siento profundamente agraviado”.

La Cruz seguirá, de momento, en el centro de la plaza de América. Pero mientras la Junta tramita su protección patrimonial, los dos investigadores cuyos trabajos aparecen en el expediente preparan sus alegaciones para discutir, desde la historia, el relato con el que la Administración pretende justificar que el monumento permanezca allí.

El alcalde de Pinofranqueado, José Luis Azabal, ha reclamado a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, un plan integral de prevención, recuperación y desarrollo para Pinofranqueado y los municipios afectados de Las Hurdes tras los incendios de 2023, 2025 y 2026.

El primer edil ha asegurado que aproximadamente el 30% de la superficie afectada por el fuego de 2023 continúa sin que se haya completado la retirada de los árboles quemados.

En una carta remitida a Guardiola, Azabal plantea actuaciones de prevención de incendios, gestión forestal, recuperación de las zonas quemadas y mejora de infraestructuras, especialmente las relacionadas con el abastecimiento de agua, las comunicaciones y las vías de evacuación.

Según el alcalde, el 30% de la superficie afectada por el incendio de 2023 continúa sin que se haya completado la retirada de los árboles quemados, mientras que en 2025 tampoco se realizaron, según sostiene, determinadas obras de emergencia relacionadas, entre otras cuestiones, con las captaciones de agua de La Muela y Robledo.

Entre las medidas propuestas figuran completar la retirada y tratamiento de los árboles quemados, realizar tratamientos selvícolas en las zonas que permanecen verdes, ampliar las zonas periurbanas de protección y declarar los montes afectados de Nuñomoral y Pinofranqueado como zonas de actuación urgente.

El alcalde ha reclamado que estas propuestas se concreten en un Plan Integral de Prevención, Recuperación y Desarrollo para Pinofranqueado y los municipios afectados de Las Hurdes, con calendario de actuaciones, presupuesto, financiación y mecanismos de seguimiento.

Azabal ha propuesto además a Guardiola impulsar un Pacto de Región sobre gestión forestal, prevención y extinción de incendios con todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en la Asamblea de Extremadura.

En la carta, el Ayuntamiento solicita una reunión de trabajo con la Junta para concretar las actuaciones prioritarias, su financiación y los plazos de ejecución, así como mecanismos de coordinación con la Diputación de Cáceres, la Administración General del Estado, la Mancomunidad y el Grupo de Acción Local.

Entre las peticiones figura también que la BRIF de Pinofranqueado sea propuesta para recibir la Medalla de Extremadura, en reconocimiento a su labor en la prevención y extinción de incendios forestales.

“Necesitamos fechas, proyectos, presupuesto y ejecución”, ha señalado el alcalde, que ha reclamado que las propuestas no se queden en “reuniones, borradores o declaraciones de intenciones”.

La Abogacía General de la Junta de Extremadura ya cuenta con la autorización para recurrir ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, por el que el Gobierno central regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. La decisión formaliza un conflicto judicial que el Ejecutivo autonómico incuba desde hace meses al considerar que la norma estatal incurre en una invasión de competencias exclusivas y penaliza los intereses financieros de la región.

La presidenta regional, María Guardiola, ha informado de la medida al Consejo de Gobierno celebrado este martes, después de que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana rechazara íntegramente el requerimiento de incompetencia planteado de forma previa por Extremadura “sin atender ninguna de las objeciones”.

Uno de los ejes centrales del recurso radica en la pretensión del Ministerio de imponer la protección pública permanente e indefinida de las viviendas de protección oficial (VPO) durante toda su vida útil. La Junta rechaza este precepto al entender que el Estado invade las atribuciones exclusivas de la comunidad en materia de urbanismo y vivienda, mermando su libertad para regular el régimen de descalificación y el parque protegido regional.

A esta traba normativa se suma la exigencia económica impuesta a las arcas autonómicas. El decreto obliga a la Junta a asumir el 40% de la financiación del plan (84 millones de euros de los 210 millones previstos para la región), un sobrecoste que el Gobierno extremeño califica de desproporcionado al multiplicar por siete su aportación respecto al periodo anterior y condicionar la elaboración de sus propios presupuestos.

El recurso cuestiona asimismo que la concesión de fondos quede vinculada a la aplicación de mecanismos de la Ley de Vivienda estatal, como los topes al alquiler o la fijación de zonas tensionadas, un esquema que la Junta considera una “coacción financiera” destinada a primar a comunidades urbanas como Cataluña o el País Vasco. El Ejecutivo de Guardiola se niega a intervenir el mercado de la vivienda.

Ante la falta de respuesta del Ejecutivo central tras vencer el plazo de un mes del requerimiento previo, Extremadura activa de forma simultánea un conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional y un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para exigir la nulidad de pleno derecho de los artículos impugnados.

La Unión ha pedido por carta a la presidenta María Guardiola que recapacite en su propuesta de eliminar de forma progresiva la ecotasa, pues “va a perdonar 147 millones de euros” a las propietarias de la central nuclear de Almaraz y “estas mismas empresas van a pagar impuestos en Cataluña de los cuales 45 millones van al sector agrario”.

“¿Para quién gobierna? ¿para los extremeños o para las multinacionales eléctricas?”, se ha preguntado la organización en un comunicado de prensa, donde precisa que con la supresión en el plazo de tres años de este impuesto se “prevé la pérdida de ingresos en las arcas regionales por este concepto de 25 millones de euros para 2027, de 50 millones para 2028 y de 74 millones para 2029”.

La organización agraria recuerda que los accionistas que gestionan la central son “Iberdrola con el 53 % y unos beneficios en el 2025 de 6.285 millones de euros; Endesa con el 36% y unos beneficios de 2.351 millones de euros; Naturgy con el 11% y beneficios de 2.023 millones”.

Se da la circunstancia de que “dos de estos accionistas que gestionan el 89% (Iberdrola y Endesa) de la central de Almaraz son los mismos que gestionan en Cataluña las centrales nucleares de Ascó y de Vandellòs”.

Añade que el Parlamento Catalán ha aprobado la Ley 1/2025 de fondos agrarios y ganaderos por la que destinan “el 30 % del impuestos que pagan sus centrales nucleares en Cataluña a ayudar al sector agrario catalán: en el año 2025 la parte de los impuestos de las centrales catalanas supusieron un total de 45 millones de euros”.

La Unión lamenta que cuando en Extremadura se dirigen a la Consejería de Agricultura para solicitarles ayudas a los agricultores y ganaderos extremeños por motivos de la climatología, enfermedades ganaderas, etc., siempre obtienen “la misma respuesta: la Junta de Extremadura no tiene fondos para aprobar estas ayudas”.

“No es admisible que los agricultores y ganaderos catalanes tengan una serie de ayudas para compensar a los profesionales del sector agrario en planes de mejoras, ayudas a la sequía en los sectores del vino y olivar, al sector apícola, etc. y en cambio aquí no se apruebe ayuda alguna por falta de presupuestos”, asevera.

Esta situación, critica, se puede resumir en que “con los mismos accionistas en Cataluña se pagan impuestos de los que una parte importante va al sector agrario” y en “Extremadura le perdonamos este impuesto a empresas que en el año 2025 tuvieron 10.659 millones de euros de beneficios y que además cotizan el impuesto de sociedades en otras regiones”.

El PSOE de Extremadura ha arremetido este lunes contra la presidenta de la Junta, María Guardiola, a la que acusa de dirigir un “gobierno de escaparate” centrado en la imagen y desbordado por la falta de gestión. El portavoz socialista, Manuel González Andrade, ha exigido a la jefa del Ejecutivo regional que “deje de esconderse en TikTok” o “detrás de sus consejeros” y asuma responsabilidades ante la acumulación de problemas en la sanidad, el transporte escolar y el ámbito laboral de la región.

González Andrade ha contrapuesto la labor del Gobierno autonómico, al que recrimina actuar únicamente cuando “aparece el problema” mediante “parches y falta de transparencia, con la postura del PSOE, enfocada en ”escuchar y anticiparse“. Entre los principales incumplimientos, el portavoz ha recordado las advertencias vertidas por su formación sobre las carencias en las rutas de transporte escolar a escasos días del inicio del curso, así como el deterioro de la sanidad pública, ejemplificado en la crisis de las Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres tras las recientes dimisiones en el servicio.

La formación socialista también ha situado en el foco el malestar del sector primario tras la aparición del primer foco de lengua azul, asegurando que los ganaderos se sienten “indignados y engañados” por la falta de gratuidad en las vacunas. A ello ha sumado la “gravísima” situación que atraviesan los empleados de los centros de transporte tras la rescisión del contrato, así como los retrasos en los pagos que sufren trabajadores de la residencia El Cuartillo o el personal sustituto en los centros de menores Marcelo Nessi y San Juan Bautista en Badajoz.

“Gobernar es planificar, anticiparse, escuchar, resolver y asumir responsabilidades. Ni las sonrisas ni las lágrimas de la presidenta resuelven los problemas de Extremadura”, ha enfatizado González Andrade. Frente a esta situación, el portavoz ha defender que el PSOE mantendrá una oposición “constructiva”, recordando la propuesta lanzada por su grupo para alcanzar un gran acuerdo regional en materia de prevención de incendios y un pacto de Protección Civil para blindar a los municipios.

La Junta de Extremadura ha abierto una segunda convocatoria de emergencia para el transporte escolar después de que en la primera, planteada para cubrir 356 rutas, solo se haya propuesto la adjudicación de 91 itinerarios. La nueva convocatoria, comunicada por la Consejería de Educación el jueves al filo de la medianoche, incorpora 20 rutas más y eleva un 5% los precios respecto a la primera contratación.

Las empresas disponen ahora hasta el domingo 23 de agosto a las 23.59 horas para presentar sus ofertas, en una nueva carrera contrarreloj para garantizar el transporte escolar cuando quedan menos de tres semanas para el inicio del curso, previsto para el 10 de septiembre.

La nueva convocatoria llega apenas unas horas después de que Educación comunicara, a las 21.37 horas del jueves, la propuesta de adjudicación de 91 de las 356 rutas incluidas en la primera emergencia. Eso significa que permanecen pendientes 265 itinerarios de aquella primera convocatoria.

En cualquier caso, la dimensión del problema sigue siendo considerable: la Administración tiene que resolver en cuestión de días la cobertura de cientos de rutas para garantizar que el servicio esté disponible desde el primer día de clase.

Una segunda convocatoria que llega antes de cerrar la primera

La publicación de la segunda convocatoria se produce mientras algunas empresas todavía estaban esperando conocer el resultado de la primera. El plazo para presentar ofertas a las 356 rutas iniciales terminó el pasado lunes, 17 de agosto, a las 12.00 horas. Sin embargo, uno de los transportistas consultados por elDiario.es asegura que hasta este jueves desconocía si había resultado adjudicatario de alguna de las dos rutas a las que había concurrido con sus vehículos.

La comunicación de las primeras propuestas de adjudicación llegó finalmente a las empresas este jueves por la noche.

El empresario considera que, antes de abrir nuevos procedimientos, la Administración debería facilitar el resultado completo de la primera convocatoria, incluyendo no solo las empresas adjudicatarias sino también los importes por los que se ha adjudicado cada itinerario. “Si a una ruta han ido tres empresas, queremos saber a quién se la han dado y por cuánto importe”, señala. A su juicio, disponer de esa información resulta fundamental para comprobar la transparencia del proceso y poder comparar las ofertas presentadas. “Todavía estamos esperando que nos digan si me han dado alguna de las dos a las que opté”, explica.

La publicación de una segunda convocatoria mientras todavía se estaban conociendo las adjudicaciones de la primera le genera desconcierto: “¿Cómo van a sacar la segunda convocatoria si todavía estamos esperando que nos digan las adjudicaciones de la primera?”.

Un 5% más de precio

Una de las novedades de la segunda convocatoria es que la Junta ha decidido incrementar un 5% los precios respecto a los establecidos en la primera. La subida se produce después de que los transportistas hayan advertido del incremento de sus costes, especialmente por el combustible, y de que parte del sector esperase conseguir una mejora superior en las sucesivas contrataciones de emergencia.

Otro empresario consultado sostiene que algunas empresas están esperando a las últimas convocatorias para presentar sus ofertas y tratar de conseguir mejores condiciones económicas. Según su versión, el sector aspira a obtener alrededor de un 10% adicional en las nuevas rutas.

Su argumento es que el año pasado las empresas lograron una mejora aproximada del 20% y que ahora pretenden volver a presionar a la Administración. “Hay gente no va a concursar hasta que vayan llegando los días porque quieren volver a apretarle a la Junta como el año pasado”, sostiene.

La Junta finalmente ha aplicado finalmente una subida del 5% en esta segunda convocatoria, por debajo de ese incremento del 10% que, según el empresario, algunas compañías estaban esperando.

La paradoja del acuerdo marco

Otro transportista también cuestiona las condiciones económicas que afrontan las empresas que sí participaron en el procedimiento ordinario. En su caso, asegura que tiene cuatro rutas adjudicadas dentro del acuerdo marco por un periodo de dos años. Los precios, afirma, son los establecidos en aquel procedimiento y los considera insuficientes.

El empresario sostiene que esas rutas quedaron vinculadas durante dos años a unos precios que considera “ridículos”, mientras que las empresas que no participaron en el procedimiento ordinario o que esperan a las contrataciones de emergencia pueden terminar consiguiendo mejores condiciones económicas: “Nos dieron el precio que salió en el acuerdo marco y estamos hablando de que ese precio es ridículo”, afirma.

A su juicio, esta situación penaliza a quienes siguieron el procedimiento ordinario frente a quienes esperan a las contrataciones de emergencia para negociar unas tarifas superiores.

“Lo que no hay derecho es que uno que se porta mal, para cobrar, vaya a conseguir un 30% más”, se lamenta, en referencia a su previsión de que las empresas que esperan a las nuevas convocatorias puedan acabar obteniendo mejoras de alrededor de un 30% acumulado.

El origen: un concurso paralizado por un anexo

La actual sucesión de contratos de emergencia tiene su origen en la paralización del procedimiento ordinario para adjudicar las rutas del próximo curso. Según explica el transportista, las empresas habían dispuesto de aproximadamente un mes para presentar sus ofertas cuando la Administración decidió anular el procedimiento por un problema relacionado con uno de los anexos.

La discrepancia, según su relato, estaba relacionada con la forma de calcular la antigüedad de los vehículos. En uno de los documentos se establecía que debían calcularla las propias empresas y en otro anexo el cálculo aparecía realizado de otra manera.

El empresario considera que el problema podía haberse resuelto mediante una subsanación sin necesidad de anular el procedimiento: “Una hora antes de que se acabe el tiempo dicen que se anula todo por un anexo”, recuerda. A su juicio, la Administración podría haber concedido unos días para corregir el documento y continuar con la contratación.

La paralización obligó a la Junta a recurrir a la contratación de emergencia para intentar garantizar las rutas desde el inicio del curso.

Más de 5.000 euros pendientes desde junio

A los problemas con la contratación se suma, según este transportista, el retraso en el pago de servicios que ya ha realizado. El empresario asegura que la Junta todavía le debe más de 5.000 euros correspondientes a dos rutas realizadas durante el mes de junio. Pero esta no sería la única cantidad pendiente. También reclama el pago de otro servicio de transporte individualizado que presupuestó inicialmente en unos 38.000 euros.

Se trata de lo que en el sector denominan un coste de servicio. Según explica, el procedimiento consiste en que el empresario presenta un presupuesto para un transporte determinado y posteriormente el servicio se factura directamente al colegio. En su caso, asegura que recibió inicialmente un presupuesto de unos 38.000 euros para un servicio que había realizado. Sin embargo, la Administración le indicó que debía facturar en principio unos 17.700 euros.

El empresario explica que el servicio correspondía al transporte de dos estudiantes. Según su relato, a una de ellas la Junta le habría asignado alrededor de 17.000 euros para el transporte, mientras que la segunda “ni siquiera aparecía” inicialmente en la documentación. El resultado, denuncia, es que a estas alturas del verano todavía mantiene una cantidad importante pendiente de cobro: “Vamos a empezar el curso y todavía me deben 5.000 y pico euros por un lado y casi 21.000 por el otro”, afirma.

Según el empresario, la explicación que ha recibido es que no hay dinero para pagar. Si la situación no se resuelve, asegura que en septiembre tendrá que acudir a la Administración educativa para reclamar el importe pendiente y hablar el responsable del área de Educación al que identifica como interlocutor de estos servicios en Cáceres.

Una nueva carrera hasta el domingo

La segunda convocatoria abre ahora un nuevo plazo de apenas unos días. Las empresas podrán presentar sus ofertas hasta las 23.59 horas del domingo. La incógnita es cuántas compañías concurrirán con los precios ahora incrementados un 5% y cuántas de las rutas quedarán finalmente cubiertas.

El sector ya contempla la posibilidad de que algunas vuelvan a quedar desiertas y de que la Administración tenga que recurrir a una tercera convocatoria de emergencia a partir del lunes si no consigue cubrir todos los itinerarios.

Todo ello ocurre mientras el procedimiento ordinario continúa pendiente y cuando apenas quedan unas semanas para el inicio de las clases.

La situación deja sobre la mesa tres problemas simultáneos para la Administración educativa: resolver cientos de rutas que todavía no tienen empresa adjudicataria, garantizar que el transporte funcione desde el 10 de septiembre y afrontar las reclamaciones económicas de empresas que aseguran tener servicios ya realizados y todavía pendientes de cobro.

Para los transportistas, además, queda pendiente una cuestión de transparencia: conocer el resultado completo de las adjudicaciones, las empresas que han obtenido cada ruta y los precios por los que se han contratado los servicios.

La sucesión de procedimientos de emergencia, tras la paralización del concurso ordinario, mantiene así al sector pendiente de una nueva convocatoria que se resolverá prácticamente contra el reloj.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado este jueves que Extremadura “siempre va a cumplir con la legalidad” al ser preguntada por el traslado a la península de menores migrantes desde Ceuta a distintas comunidades autónomas.

Guardiola se ha pronunciado sobre esta cuestión tras participar en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), instalado en el Punto de Mando Avanzado de Pinofranqueado, desde donde se coordina la respuesta al incendio forestal que afecta a la comarca cacereña de Las Hurdes y que ya ha calcinado unas 4.800 hectáreas.

La presidenta ha comparecido junto a sus dos vicepresidentes, Abel Bautista, responsable de las competencias en materia de emergencias, y Óscar Fernández, líder de Vox en Extremadura. Fernández se ha desplazado este jueves hasta Pinofranqueado, después de que en los últimos días fuera el también dirigente de Vox y consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, quien acompañara a Guardiola o Bautista en la zona.

A preguntas de los periodistas, Guardiola ha señalado que ningún representante del Gobierno central se ha puesto en contacto con la Junta para informar sobre el traslado desde Ceuta a la península de 500 niñas migrantes. La presidenta ha matizado, no obstante, que en estos momentos la prioridad del Ejecutivo extremeño está centrada en la coordinación de los trabajos para controlar y extinguir el incendio de Las Hurdes.

“Extremadura siempre va a cumplir con la legalidad, siempre”, ha reiterado Guardiola.

La presidenta extremeña ha vuelto a defender que “lo lógico, lo normal y lo que tiene que hacer el Gobierno de España es trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias”. A su juicio, ese “debe de ser el objetivo prioritario” ante la situación migratoria que atraviesa Ceuta.

Guardiola también ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que tenga “presencia en Ceuta” para hacer frente a la situación. La presidenta extremeña se ha referido a la llegada de menores a la ciudad autónoma como una “crisis migratoria” y ha hablado de “una invasión que ha sufrido una ciudad española”.