El último ciclo de elecciones autonómicas ha reforzado la presencia de la ultraderecha de Vox en casi media docena de territorios. En Aragón, Castilla y León y Extremadura los de Santiago Abascal ya han conseguido varias consejerías, mientras que en Andalucía negocian el precio de permitir la investidura de Moreno Bonilla. Unas conversaciones y pactos políticos que han llegado poco después de que los abogados de Vox pidieran, sin éxito, la imputación de tres de esos presidentes autonómicos por cuatro delitos distintos por la gestión de la ola de incendios del verano de 2025. La última solicitud de imputación contra Juanma Moreno Bonilla, María Guardiola y Alfonso Fernández Mañueco fue realizada al Tribunal Supremo en marzo.

El partido de Santiago Abascal anunció el pasado mes de septiembre que tenía intención de desplegar su habitual estrategia penal para abordar la gestión de la ola de incendios que en el verano de 2025 arrasó más de 343.000 hectáreas en todo el país, el peor año del siglo con respecto a la superficie forestal calcinada, y varias víctimas mortales. Vox acudió al Tribunal Supremo para pedir la imputación del presidente del Gobierno y de varios ministros, pero también de los presidentes y consejeros de varias comunidades autónomas afectadas: Castilla y León, Andalucía, Extremadura, Galicia y Asturias.

En ese momento Vox no formaba parte de ningún gobierno autonómico tras la ruptura con el PP consumada un año antes. Pero sí sostenía a varios de ellos donde los de Alberto Núñez Feijóo no tenía mayoría absoluta. Esas peticiones de imputación llegaron a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la primera semana de septiembre de 2025 y fueron rechazadas en marzo de 2026 por el magistrado Julián Sánchez Melgar. El Supremo recordó a Vox entonces que no podía pedir imputaciones de cargos públicos por la “mera detentación” de ese cargo. Y que en el caso de los presidentes autonómicos ni siquiera era el tribunal competente para abrir o rechazar una investigación.

Vox volvió a la carga con un recurso presentado a finales de marzo y que fue rechazado de forma definitiva a principios de mayo. Pedían que se reconsiderara su negativa a abrir una causa contra el ejecutivo central y los gobiernos autonómicos. Para cuando fue presentado el recurso, las elecciones en Extremadura y Castilla y León ya se habían celebrado. Se resolvió semana y media antes de los comicios de Andalucía, con la campaña ya en marcha.

En septiembre de 2025 la querella de Vox atribuyó cuatro delitos a los presidentes de estas tres comunidades autónomas: homicidio imprudente, incendio, prevaricación y otro más contra los derechos de los trabajadores. Entre duras acusaciones de haber tenido una actuación “negligente” y de haber incurrido en una “inexistencia de previsión”. PP y PSOE, dijo entonces Santiago Abascal, habían estado “lanzándose las competencias asquerosamente” incurriendo en “terrorismo climático”. Previamente el eurodiputado Jorge Buxadé había hablado de “bipartidismo pirómano”.

De querellarse a pactar

La querella de Vox contra el Gobierno y estos presidentes autonómicos ha seguido viva hasta que el Tribunal Supremo dictó el archivo definitivo hace menos de un mes. Un proceso judicial preliminar que, como es habitual con las denuncias y querellas de Vox, no ha pasado ni el primer filtro de los jueces de lo Penal, pero que se ha solapado en el tiempo con los procesos electorales autonómicos de los últimos meses en los que los de Santiago Abascal han hecho todo lo posible por pasar a gobernar con los dirigentes a los que acusaban de cuatro delitos distintos.

Vox pactó su entrada en el gobierno extremeño de María Guardiola a mediados del pasado mes de abril tras una primera investidura fallida. Su negociación con Alfonso Fernández Mañueco para formar parte del ejecutivo de Castilla y León, la tierra más afectada por los incendios del año pasado, ha fructificado esta misma semana. En Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla necesita de los votos de Vox para revalidar su presidencia y, por el momento, la extrema derecha ha mostrado su “mano tendida” al presidente autonómico al que hace unas pocas semanas pretendían imputar. Si a finales de 2025 Vox centró su crítica política en la gestión medioambiental de los territorios, ahora la clave para pactar es la denominada 'prioridad nacional'.

El partido de extrema derecha siguió en septiembre de 2025 la estrategia que desarrolla desde hace años contra sus rivales políticos, sobre todo de los partidos de izquierda. Denuncias y querellas sistemáticamente rechazadas por el Tribunal Supremo entre acusaciones de judicializar la vida política española y de pretender la imputación de un cargo público por el hecho de ostentar ese puesto, sin especificar qué actuaciones concretas se le atribuyen.

En los autos que han rechazado esta querella por los incendios de 2025 el Supremo recuerda que sus múltiples acciones penales fallidas contra rivales políticos ya han generado una doctrina propia sobre este asunto. Por ejemplo, recuerda el magistrado Sánchez Melgar, cuando en 2020 se querellaron contra el Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus y la Sala de lo Penal ya rechazó su iniciativa con argumentos similares.

Las querellas por la gestión de los incendios no abarcaban solo gobiernos regionales que Vox había apoyado y que ahora pretende integrar, sino también a Alfonso Rueda (Galicia) y a Adrián Barbón (Asturias), de PP y PSOE respectivamente. Las acusaciones contra ellos tampoco prosperaron por falta de competencia. El objetivo de Vox era, como es habitual, montar una macrocausa pero los jueces no ven delito posible en la actuación del Gobierno central y no son competentes para juzgar a presidentes autonómicos.

La extrema derecha, zanja el Supremo, ha actuado “expresando únicamente reproches genéricos válidos para cualquier impugnación” mientras que “no analiza la conducta de los querellados en cada uno de los hechos esgrimidos”. Entre los querellados, dos presidentes autonómicos con los que ha pactado un gobierno y otro con el que pretende hacerlo en los próximos meses.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado la puesta en marcha del Instituto del Mestizaje 'Extremestiza', una nueva entidad con la que pretende convertir a la región “en referencia internacional en el estudio y difusión del mestizaje y en puente entre América y Europa”. El anuncio se ha producido en Medellín (Badajoz), localidad natal de Hernán Cortés, durante un acto institucional al que ha sido invitado el compositor Nacho Cano.

Con el lema 'Extremadura, corazón del mestizaje', Guardiola ha defendido de forma tajante que la historia “tiene que estar fuera del debate ideológico” y ha rechazado que el pasado se convierta en “un ajuste de cuentas”, argumentando que cada época histórica tiene, inevitablemente, “sus grandezas y sus contradicciones”.

La presidenta ha centrado parte de su intervención en reivindicar la figura de Hernán Cortés, asegurando que sobre el conquistador extremeño se han vertido “falsedades”. “Ni América ni México serían hoy lo que son sin su huella y su legado”, ha aseverado Guardiola, quien ha apostado por proteger el patrimonio compartido surgido de aquel “viaje de ida y vuelta” entre ambas orillas del Atlántico.

El nuevo instituto, según los planes avanzados por la Junta, buscará promover intercambios académicos, reforzar la proyección exterior de Extremadura y abrir nuevos nichos de crecimiento y cooperación con Iberoamérica. “En tiempos de batallitas y polarización, Extremadura propone una identidad abierta”, ha zanjado la presidenta.

Nacho Cano y Ayuso

Nacho Cano ha apoyado el anuncio de Guardiola y ha defendido la figura de Hernán Cortés. “México existe porque está Cortés”, ha afimado el músico, que ha criticado la narrativa que, desde su punto de vista, ha “demonizado” al conquistador extremeño tras la independencia del país azteca.

Sin embargo, Cano ha ido un paso más allá. El compositor ha aprovechado para reclamar públicamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que “pida perdón” a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el trato recibido durante su reciente visita institucional a tierras mexicanas.

Un patrimonio sin “prejuicios”

En el acto también han intervenido cargos institucionales de la región. El alcalde de Medellín, Rafael Mateos, ha reivindicado su municipio como “un símbolo” y el punto de partida de un patrimonio que pertenece “tanto a España como a América”. Mateos ha pedido estudiar a las grandes figuras de la época “en toda su complejidad, sin prejuicios”.

Por su parte, el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, ha recordado los nombres de aquellos extremeños —como el propio Cortés, Vasco Núñez de Balboa, Francisco Pizarro o Inés Suárez— que cruzaron el océano “con el afán de ampliar los horizontes de su tiempo”. Para Naharro, el mestizaje resultante es “la prueba de que las culturas pueden encontrarse y construir algo nuevo y grande”.

La creación del centro académico se engloba dentro de la estrategia global 'Extremestiza', la marca con la que la Junta de Extremadura pretende relanzar y liderar las relaciones culturales, educativas, económicas y humanas con la comunidad iberoamericana.

Ese será el nombre también de una asignatura optativa que comenzará a impartirse el próximo curso, a pesar de las protestas de sindicatos y docentes.

La segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres (HUC) incorporará 431 nuevas camas, 10 quirófanos y 182 consultas externas, dentro de una actuación que movilizará casi 220 millones de euros y que supone, según la presidenta de la Junta, María Guardiola, la mayor inversión sanitaria realizada hasta la fecha en Extremadura.

Guardiola ha presentado este lunes el proyecto y ha defendido que esta actuación “no es solo una diferencia de tamaño, estamos hablando de una diferencia de ambición: es la diferencia de construir o añadir un edificio más o construir un verdadero hospital de referencia para Extremadura”.

La presidenta regional ha subrayado que la ampliación multiplica la superficie prevista inicialmente, pasando de los 35.000 metros cuadrados contemplados en el proyecto original a cerca de 97.000 metros cuadrados, lo que supone triplicar la inversión inicialmente prevista.

La segunda fase incluirá además una base mixta de emergencias preparada para ambulancias medicalizadas y helicópteros sanitarios, así como una residencia para familiares conectada directamente con el complejo hospitalario para facilitar el acompañamiento de pacientes ingresados. Una vez completada la actuación, el complejo hospitalario contará con un total de 711 camas, 25 quirófanos y 283 consultas externas, consolidándose como uno de los principales centros sanitarios de la región.

Guardiola ha enmarcado esta inversión dentro del compromiso del Gobierno regional con el fortalecimiento de la sanidad pública y ha recordado que la Junta prevé movilizar 500 millones de euros en sanidad y atención a la dependencia durante la legislatura. Además, ha valorado la incorporación al Servicio Extremeño de Salud (SES) de más de mil profesionales adicionales y la reducción de las listas de espera quirúrgica registrada en 2025.

“Extremadura no se resigna a tener servicios de segunda y trabajamos para que eso no ocurra”, ha afirmado la presidenta, quien ha añadido que el objetivo es consolidar un hospital de referencia para la región diseñado con la participación de los profesionales sanitarios.

En el acto de presentación, celebrado en el HUC, el alcalde de la ciudad, Rafael Mateos, ha destacado que el inicio de las obras supone “un paso decisivo para seguir construyendo una ciudad ambiciosa, moderna y preparada para ofrecer los mejores servicios a sus ciudadanos”.

Mateos ha añadido que “Cáceres va a contar con un hospital referente en nuestro país. Eso es tener las prioridades claras y entender que la sanidad debe estar en los primeros puestos del listado de tareas”, en referencia al impacto del proyecto en la ciudad. 

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha respondido este jueves a las críticas del nuevo secretario regional del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, sobre la llamada “prioridad nacional” incluida en el acuerdo presupuestario con Vox, asegurando que la verdadera prioridad del dirigente socialista debería ser “pedir la dimisión de Pedro Sánchez”.

El primer cara a cara parlamentario entre ambos se ha producido en el pleno de la Asamblea celebrado apenas dos días después de su reunión institucional en la sede de Presidencia de la Junta, tras la elección de Sánchez Cotrina como nuevo líder de los socialistas extremeños.

Durante su intervención, Guardiola ha defendido que su “prioridad absoluta es Extremadura” y ha reivindicado la necesidad de aprobar unos presupuestos que permitan seguir impulsando el crecimiento económico de la comunidad. “La herramienta para ello son unas cuentas públicas que, por cierto, el PSOE tumbó”, ha reprochado.

La presidenta extremeña ha anunciado que el Ejecutivo autonómico aprobará “el mejor presupuesto de Extremadura en su historia”, con una cuantía de 8.800 millones de euros, de los que 6.000 millones estarán destinados a políticas sociales y otros 2.000 millones a actuaciones económicas.

En materia sanitaria y de dependencia, Guardiola ha asegurado que habrá una inversión adicional de 500 millones de euros, con medidas como el aumento de plantillas profesionales, la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres, actuaciones en el hospital Don Benito-Villanueva o el nuevo paritorio del Materno Infantil de Badajoz.

También ha avanzado un incremento de 170 millones de euros para educación y una subida de más de 25 millones en infraestructuras educativas, hasta alcanzar los 90 millones, incluyendo la reforma de la Universidad Laboral de Cáceres y del IES ‘San José’ de Badajoz.

La presidenta ha reivindicado además la política económica de su Gobierno, que, según ha dicho, ha permitido alcanzar “cifras históricas” de empleo y crecimiento gracias a la atracción de proyectos industriales, la construcción de polígonos y parques empresariales y medidas de apoyo a empresas y autónomos.

Entre ellas, ha destacado como iniciativa “pionera” el pago de la Seguridad Social a autónomos que se encuentren de baja por incapacidad temporal. Asimismo, ha asegurado que desde su llegada al Ejecutivo regional se han devuelto más de 12 millones de euros a los extremeños mediante rebajas fiscales y que los nuevos presupuestos contemplarán otros 44 millones adicionales.

Vicios del sanchismo

Guardiola ha aprovechado también para instar a Sánchez Cotrina a “regenerar” el PSOE extremeño y “sacudirse los vicios del sanchismo”, reclamándole que defienda a Extremadura frente a los “agravios” del Gobierno central.

En este sentido, ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “bloquear” inversiones en la región, de plantear el cierre de la central nuclear de Almaraz y de no aportar recursos suficientes a Extremadura en el sistema de financiación autonómica.

La presidenta extremeña ha elevado además el tono político al asegurar que la “primera prioridad” del dirigente socialista debería ser, “por decencia”, pedir la dimisión del presidente del Gobierno. Guardiola ha aludido a las investigaciones judiciales que afectan al entorno de Pedro Sánchez y ha criticado también la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que se ha referido como “el primer presidente imputado de la historia de España”.

Por su parte, Sánchez Cotrina ha ofrecido “diálogo, escucha y talante” a un Gobierno autonómico que, a su juicio, “no tiene un proyecto serio de región”. El nuevo líder socialista ha defendido que la prioridad del PSOE será siempre Extremadura “por encima de las siglas”.

Entre los objetivos de su proyecto político ha señalado la necesidad de recuperar la “normalidad democrática”, “regionalizar el debate” y centrarse en “las cosas del comer”, además de afrontar los problemas reales de la ciudadanía extremeña.

En ese contexto, ha criticado la inclusión de la “prioridad nacional” en el acuerdo presupuestario entre PP y Vox, al considerar que se trata de una cuestión “alejada de las preocupaciones” de la ciudadanía extremeña.

Sánchez Cotrina ha asegurado que el PSOE defenderá “una educación, sanidad y dependencia públicas de calidad”, así como los “derechos de ciudadanía y la igualdad de oportunidades”.

Dirigiéndose directamente al vicepresidente de Vox en la Junta, Ángel Pelayo Gordillo Fernández, ha recordado el caso de un vecino emigrante de su localidad que se marchó a Alemania hace cinco décadas. “Lo único que exigía era que no lo tratasen como un perro. Y eso es lo que usted hace con muchas personas aquí en Extremadura”, ha afirmado.

El dirigente socialista ha reclamado finalmente a Guardiola que ponga fin a ese tipo de políticas y ha advertido de que las prioridades reales de Extremadura pasan por combatir la despoblación rural, la fuga de jóvenes y talento, la escasa industrialización, el deterioro de la Atención Primaria, los problemas de movilidad territorial, la falta de vivienda en ciudades como Cáceres y Badajoz, la crisis del relevo generacional agrario y una gestión forestal que considera “insuficiente”.

El Consejo de Capitalidad celebrado este martes en Mérida ha dejado dos realidades sobre la mesa: un avance cuantitativo en las inversiones regionales para la ciudad de cara a 2026 y, al mismo tiempo, la persistencia de agravios estructurales que el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha reclamado.

El regidor ha aprovechado la cita para lanzar una propuesta muy concreta al Ejecutivo de María Guardiola: que la Junta interceda ante el Gobierno de España para que Mérida albergue una sede de la Dirección General de Tráfico (DGT), ofreciendo para ello el edificio de Correos, recientemente adquirido por el consistorio.

La petición de la DGT forma parte de una batería de demandas con las que el ayuntamiento busca reforzar el peso institucional y los servicios de la ciudad. Entre ellas, Osuna también ha puesto sobre la mesa la necesidad de apoyo económico autonómico para proyectos clave como la futura piscina olímpica climatizada. Sin embargo, el principal caballo de batalla político sigue siendo el Estatuto de Capitalidad. El regidor socialista ha exigido formalmente su actualización, denunciando que la partida económica vinculada a este concepto permanece congelada desde hace una década, a pesar del notable incremento de competencias, servicios y responsabilidades que asume Mérida por su condición de sede de las instituciones extremeñas.

El “deshielo” de las cuentas tras el adelanto electoral

La reunión ha servido también para que la Junta de Extremadura concrete el escenario financiero para la ciudad tras el accidentado arranque de la legislatura. El vicepresidente y consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha anunciado al término del encuentro que el proyecto de Presupuestos de Extremadura (PGEX) para 2026 reservará finalmente 44,8 millones de euros para Mérida.

Esta cifra supone un incremento de más de cinco millones de euros respecto al proyecto inicial del PP que fue retirado en la Asamblea por falta de apoyos, un bloqueo parlamentario que terminó desembocando en la convocatoria de elecciones anticipadas.

Según ha justificado Bautista, el hecho de encontrarse ya a finales de mayo ha permitido a los técnicos de la Junta tener los expedientes administrativos “mucho más avanzados”. Gracias a ello, se han podido incorporar nuevas partidas y actualizar las cuantías de las ya existentes en función de lo que realmente va a dar tiempo a ejecutar en el presente ejercicio de 2026.

Sanidad, regadíos y empleo concentran la inversión

El grueso de los fondos autonómicos para la capital se volcará en infraestructuras sanitarias y proyectos de desarrollo tecnológico y social. Entre las inversiones desglosadas por el vicepresidente extremeño destacan 2,5 millones de euros para el nuevo edificio de farmacia centralizada y automatizada del Hospital de Mérida, cuyas obras se recepcionarán esta misma semana, la reforma de la unidad de salud mental y la creación de una nueva unidad de salud mental infanto-juvenil en el Centro de Salud Urbano II.

Asimismo, las cuentas de 2026 contemplan 3,4 millones de euros para la construcción del futuro parque científico y tecnológico, que es una de las grandes reivindicaciones locales, el avance en el nuevo centro CADEX en la Zona Norte para la atención a personas con discapacidad, y 1,1 millones para la modernización del centro sociosanitario Adolfo Díaz Ambrona.

El sector agrario local recibirá 1,4 millones de euros para la renovación de las redes principales de la Comunidad de Regantes de Mérida, mientras que el ámbito cultural mantendrá su peso con dos millones asignados conjuntamente al Festival de Teatro, la Sala Trajano y el Teatro María Luisa.

La reunión ha dejado también un movimiento político llamativo. El vicepresidente de la Junta ha destacado positivamente que el alcalde de Mérida se haya ofrecido a ir “de la mano” con el Ejecutivo regional para reclamar de forma conjunta ante los ministerios de Madrid las inversiones estatales pendientes en la ciudad. “Es un aspecto a destacar que ambas administraciones quieran ir juntas”, ha señalado Bautista, buscando proyectar una imagen de frente común en las reivindicaciones de Extremadura ante el Gobierno central.

Primer encuentro institucional en la sede de la Presidencia en Mérida entre la jefa del Ejecutivo extremeño, María Guardiola, y el secretario general del PSOE regional, Álvaro Sánchez Cotrina. Una reunión de aproximadamente una hora que se ha desarrollado bajo un clima de “cordialidad institucional”, pero que también ha dejado patente que hay distancias insalvables en esta legislatura, como demuestra la oposición de los socialistas a los presupuestos que PP y Vox aún no han aprobado para este 2026.

Sánchez Cotrina ha comparecido ante los medios para definir la posición de los socialistas extremeños: “responsabilidad y lealtad” como principal partido de la oposición, pero también una “firmeza y contundencia” en aquellas cuestiones que entiendan que no son “buenas” para Extremadura.

El líder del PSOE ha descrito a Guardiola como una mujer “amable y educada”, una actitud que, sin embargo, “no quiere decir que sea moderada”. En este sentido, Cotrina ha criticado que la presidenta “haya abierto la puerta a Vox” para conformar un Gobierno “mucho más escorado a la derecha”, al que ha prometido fiscalizar al milímetro en la Asamblea.

Alerta ante la “agenda ultra” y el modelo sanitario

La principal línea roja marcada por el líder de la oposición se sitúa en la entrada de los postulados de la extrema derecha en las instituciones extremeñas. “Las sedes del Gobierno regional no deben estar para inocular odio a la sociedad, como hace el vicepresidente”, ha apostillado Cotrina en alusión a Óscar Fernández Calle (Vox). Frente a lo que considera una deriva de “exclusión” por la inclusión de la prioridad nacional en el pacto de PP y Vox, el secretario general del PSOE ha abogado por blindar en el Parlamento los derechos de la ciudadanía, la igualdad de oportunidades y la calidad democrática, extendiendo esta exigencia también a la radiotelevisión pública autonómica.

El choque ideológico se trasladará de forma inmediata al terreno económico esta misma semana, cuando el consejo de gobierno apruebe y registre en la Asamblea el anteproyecto de presupuestos para 2026. Sánchez Cotrina ha lamentado que las cuentas ya incorporen, a su juicio, una “agenda ultra de la ultraderecha”.

Aunque el borrador contempla un incremento de 500 millones de euros para las partidas de sanidad y dependencia, el líder socialista ha advertido de que vigilarán estrechamente el destino de esos fondos. Exige que se inyecten directamente en el sistema público y no sirvan para derivar recursos a la privada. “Esperamos que no sea para un Quirón 2.0 o un modelo de Ayuso en Extremadura”, ha subtayado.

Una alternativa para liderar la región

Durante la reunión, Guardiola y Sánchez Crotrina han abordado los grandes retos estructurales de la región, como la despoblación, la crisis de la vivienda y el sostenimiento de los servicios públicos. El barón socialista ha reconocido que Guardiola “tiene derecho a hacer su programa porque ella ganó las elecciones autonómicas”, pero ha recordado que el PSOE, como segunda fuerza más votada, tiene la obligación de servir a los extremeños desde el control parlamentario “transparente y sólido”.

Con este movimiento, Sánchez Cotrina busca consolidar su liderazgo y erigirse como “la voz de Extremadura” desde “la seriedad y el rigor”, con un objetivo claro a largo plazo: construir una alternativa sólida para convertirse en el próximo presidente de la Junta de Extremadura, ha dicho.

Valoración de la Junta

Por su parte, el vicepresidente primero de la Junta, Abel Bautista, ha señalado que espera que la actitud sea de colaboración en beneficio de los intereses extremeños “y no se quede en una foto” y ha enmarcado la reunión dentro de la cordialidad y la lealtad institucional, que, a su juicio, debe ser el modo de relacionarse Gobierno y oposición.

“Hace bien el PSOE en abandonar ese camino de la confrontación, del enfrentamiento y la crispación y sumarse al camino de la propuesta”, ha afirmado el vicepresidente, quien ha reconocido que se han abordado determinados temas que son importantes para Extremadura, pero espera que “no debe quedarse solo en una reunión institucional, sino que debe demostrarse cada dos jueves en la Asamblea” y en las comunicaciones públicas que se hagan desde la responsabilidad cada día y no solamente en una reunión.

El secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, ha afirmado que el principal objetivo del partido es ganar las elecciones municipales de 2027 a través de un proceso “ejemplar” de candidatos y candidatas que quieran dar un paso adelante para la renovación del proyecto político socialista.

Este sábado se ha constituido el nuevo Comité Regional surgido del último congreso autonómico y Sánchez Cotrina ha anunciado que el próximo martes se reunirá con la presidenta extremeña, María Guardiola, en un encuentro en el que los socialistas remarcarán la importancia de respetar los roles democráticos.

Preguntado por las trabas judiciales que rodean la esfera del PSOE, el líder socialista ha afirmado que la Justicia tiene sus tiempos, pero el partido “encara el futuro de Extremadura a través de la política”.

En este sentido, ha abogado por respetar las decisiones judiciales, pero ha rechazado “la inoculación del odio” desde la extrema derecha. “Llamo a la movilización extremeña frente a quienes odian”, ha añadido.

Este Comité Regional está formado por 300 militantes, que incorpora a los 125 nuevos integrantes que se eligieron por voto individual y directo en el citado congreso.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha destacado este jueves las políticas del Ejecutivo regional en beneficio de los trabajo autónomo y que, mientras ellos bajan las cuotas, el Gobierno central las sube.

Guardiola, que ha participado en la clausura de la Asamblea de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) Extremadura, ha señalado que su modelo de apoyo al trabajo autónomo “se basa en escuchar primero y legislar después”, y ha recordado que el Plan de Empleo Autónomo acordado con esta asociación contempla una inversión de 316 millones de euros hasta 2027.

“Un gobierno serio no puede mirar hacia otro lado ante las dificultades añadidas que sufre” este colectivo, ha indicado la presidenta regional, de ahí que se impulsen muchas iniciativas y piensen ya en el siguiente plan.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha considerado por su parte que “la verdadera prioridad nacional” deben ser “los autónomos”, pues “sin ellos este país no funciona... España no es Alemania, Bélgica o Suiza, aquí la media son pequeñas empresas, lo que se acentúa en Extremadura”. Sin embargo, a su juicio “se vive un infierno fiscal, cada vez con más trámites, trabas, burocracia y obligaciones”.

En este sentido, ha puesto como ejemplo que si se pasara de la elaboración de las actuales cuatro declaraciones trimestrales a una al año los autónomos ahorrarían “600 euros cada ejercicio”.

En la asamblea, Candelaria Carrera ha sido reelegida por unanimidad como presidenta de ATA Extremadura, tras encabezar la única candidatura presentada, con Raquel de Prado al frente de la Secretaría General.

Carrera ha lamentado que los autónomos “sean los primeros en sufrir las dificultades cuando estas llegan” y en este sentido ha comentado que desde marzo de 2020 se produce “una continuidad de crisis y transformaciones”, pues a la pandemia y a la guerra de Ucrania le han seguido otras problemáticas como el conflicto bélico en Irán.

Pese a todo ello, el colectivo no solo resiste, sino que crece, como demuestra el hecho de que en Extremadura haya hoy 640 autónomos más en relación a abril de 2025, al alcanzar los 81.307 profesionales -unos 50.000 en la provincia de Badajoz y el resto en Cáceres-, gracias “a su resiliencia y profesionalización, al crecimiento de la economía española y a las medidas puestas en marcha en Extremadura”, ha señalado Carrera.

Para continuar en este crecimiento “hay que ayudar a que los negocios y empresas sean más resistentes, competitivas y adaptadas a estos cambios”, lo que pasa “por mejores infraestructuras destinadas a la comunidad autónoma, menos burocracia, aumentar la digitalización, invertir en formación, o facilitar el relevo generacional”, ha propuesto la presidenta de ATA Extremadura.

La presidenta extremeña, María Guardiola, ha enviado este miércoles una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para solicitar la firma urgente del acuerdo bilateral entre los gobiernos de España y Portugal que permita desbloquear el proyecto de prolongación de la autovía autonómica EX-A1 entre Moraleja y la frontera hispano-lusa.

En un comunicado, el Gobierno extremeño informa del envío de esta misiva, que supone el cuarto requerimiento del Ejecutivo regional al Gobierno para que rubrique un convenio imprescindible para poder avanzar en este proyecto que permitirá conectar Madrid y Lisboa por el norte extremeño.

En ese sentido, Guardiola concreta al ministro Puente que, el pasado 27 de febrero, la Junta de Extremadura remitió al Ministerio de Asuntos Exteriores el borrador del acuerdo bilateral. “El 10 de abril, ante la falta de noticias, volvimos a interesarnos por el estado del trámite. La respuesta que recibimos fue que el Ministerio de Asuntos Exteriores estaba en contacto con su Ministerio y que el asunto avanzaba lentamente”, recoge la misiva.

Además, precisa que a finales de ese mismo de abril, el entonces consejero competente, Manuel Martín Castizo, trasladó personalmente al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, la importancia y la urgencia del expediente.

“Han pasado tres meses desde el envío del borrador y seguimos sin tener constancia de un calendario, ni siquiera aproximado”, expone la presidenta de la Junta para, a continuación, trasladar al ministro “una petición muy concreta”: “Necesitamos que el acuerdo bilateral con Portugal esté firmado en el mes de julio”.

“No le pedimos una cumbre ni un acto ni un anuncio: le pedimos que su Ministerio impulse, con la diligencia que el asunto exige, la firma del acuerdo cuyo borrador conocen desde febrero”, concluye Guardiola.

Asimismo, la presidenta ha aprovechado para poner de relieve que la autovía EX-A1 “es una obligación europea de los dos Estados ibéricos, una pieza que falta en la red de comunicaciones del suroeste peninsular y una deuda con nuestra región”.

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha instado este martes a su partido a trabajar por un “objetivo esencial” que consiste en “acabar de una vez por todas con una de las peores etapas de la historia de nuestra democracia y sacar a Pedro Sánchez de La Moncloa”.

Durante su intervención ante la Junta Directiva Autonómica y el Comité Ejecutivo del PP, la líder regional ha situado el ciclo electoral, iniciado en Extremadura, como el “pistoletazo de salida” para un cambio a nivel nacional, omitiendo en su discurso la dependencia de Vox que el PP ha requerido para asegurar las investiduras presidenciales en las comunidades donde se han celebrado elecciones autonómicas.

Guardiola ha reivindicado el recorrido político que arrancó el pasado 21 de diciembre con los comicios extremeños, asegurando que el proceso “tiene un destino final, que es La Moncloa, con Alberto Núñez Feijóo como presidente”. “Lo que ha pasado aquí no ha sido un hecho aislado, ha sido ese pistoletazo de salida de algo mucho más grande”, ha destacado la presidenta, vinculando el escenario extremeño a las victorias del PP en Aragón, Castilla y León y Andalucía, territorios donde su partido han necesitado o necesitan los votos de Vox para gobernar, una circunstancia a la que no ha hecho referencia.

“Hemos sido la primera comunidad en plantarle cara al bloqueo”, ha recalcalcado Guardiola, quien ha puesto en valor el 43,2% de los votos obtenido por su formación en las elecciones autonómicas. Asimismo, ha subrayado el hecho de que sea la primera vez en la historia de Extremadura que un Ejecutivo del PP resulta reelegido para un segundo mandato consecutivo, un hito que no alcanzó José Antonio Monago.

En clave de análisis político regional, ha reiterado que el PP se consolida como el “principal partido de la región”, una posición que, a su juicio, mantiene a la oposición “completamente enrabietada” y “desnortada”. En este sentido, ha criticado al PSOE extremeño señalando que, a pesar de haber cambiado de líder, mantiene “el mismo manual”, “la misma estrategia del fango” y la “misma connivencia con la corrupción”, reprochando además el silencio de los socialistas ante la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Estrategia de confrontación

Tras defender la gestión de su Gobierno desde el año 2023, la presidenta de la Junta ha reclamado a sus nuevos consejeros que mantengan una actitud firme ante el Ejecutivo de España para “exigir lo que nos corresponde”, advirtiendo de que, de lo contrario, “Extremadura estará pagando un peaje que no tiene por qué pagar”. En esta línea, ha insistido en la necesidad de apartar a Pedro Sánchez de la presidencia del Gobierno al considerar que, mientras permanezca en el cargo, la comunidad autónoma “va a seguir siendo una región castigada”.

Para articular esta estrategia de confrontación y asegurar los objetivos políticos, Guardiola ha señalado la importancia de contar con estructuras internas sólidas. “Necesitamos tener nuestras estructuras fuertes, nuestras estructuras preparadas y a punto de arriba abajo”, ha precisado. Este proceso de fortalecimiento orgánico se iniciará en la región con la convocatoria de los congresos provinciales, que se celebrarán en Cáceres el próximo 17 de julio y en Badajoz el 18 de julio.

Finalmente, la líder regional del PP ha ensalzado la unidad del partido como un proyecto de dimensión regional que ha logrado superar los recelos entre provincias. Durante el encuentro, ha trasladado su agradecimiento a Laureano León, quien deja la presidencia del PP de Cáceres tras 22 años en el cargo y no optará a la reelección, así como a Manuel Naharro por su labor al frente de la organización en Badajoz. “Tenemos una oportunidad única y no la vamos a desaprovechar porque esta tierra no ha nacido para conformarse y nuestro partido tampoco.Ahora nos toca consolidar ese cambio y ganar las elecciones en el 2027”, ha concluido.

El patio noble de la Asamblea de Extremadura ha sido el escenario este viernes del acto institucional con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia. Una jornada marcada por la reivindicación de la igualdad y la diversidad, pero también por las alertas de los colectivos sociales ante el repunte de los discursos de intolerancia y por la visible ausencia de Vox, socio del PP en el gobierno del Ejecutivo regional, que no ha asistido a la conmemoración.

Durante su intervención, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado su compromiso con el colectivo: “Extremadura os necesita libres y visibles”, ha manifestado, dirigiéndose especialmente a quienes “alguna vez han tenido miedo por ser, han bajado la voz o han atenuado sus gestos”.

Para respaldar este compromiso “con hechos”, Guardiola ha anunciado la próxima creación de una Comisión para la Erradicación de los Delitos de Odio, orientada a coordinar “de manera más eficaz” las respuestas institucionales y ofrecer un mejor acompañamiento a las víctimas. Asimismo, ha avanzado el impulso de una Comisión de Coordinación Educativa en Igualdad para garantizar “aulas libres de violencia y discriminación” donde los menores puedan desarrollarse sin temor.

La dura realidad de los colectivos: “No todos estáis”

El plano político ha compartido protagonismo con la crudeza de los datos aportados por los colectivos. La presidenta de la Fundación Triángulo, Silvia Tostado, ha advertido de que los discursos de odio no son inocuos y están calando con fuerza en los centros educativos. “En el último mes hemos atendido tres intentos de suicidio en la Fundación, el cuarto se consumó”, ha revelado, sentenciando que negar que la LGTBIfobia existe “es como decir que la Tierra es plana”.

Tostado también ha hecho alusión directa a la ausencia de los diputados de Vox. “No todos estáis y es importante mencionarlo”, ha señalado, lamentando que la situación social actual sea “un poquito peor” que en 2015, cuando la ley LGTBI extremeña se aprobó por unanimidad.

En esta misma línea se ha pronunciado Alba, una joven trans de 30 años cuyo testimonio personal ha sobrecogido a los asistentes. “Llega un momento en el que empiezas a pensar en quitarte del medio. El silencio no protege tanto. hablar da miedo, pero puede ser el principio de volver a encontrarte contigo mismo”, ha relatado.

Por su parte, la vicepresidenta de Extremadura Entiende, Sara Ramos, ha aprovechado la coincidencia con el Día Internacional de las Familias para exigir la plena validación de los modelos familiares LGTBI frente al estigma tradicional y ha reclamado un Pacto de Estado contra los delitos de odio “por encima de ideologías”.

Consenso institucional por una democracia plena

El acto, que estuvo conducido por la periodista Isabel Casilda y amenizado por la música de Marta Carretera Mayal, ha contado con la intervención del presidente de la Asamblea de Extremadura. Manuel Naharro, que ha apelado a la responsabilidad directa de las instituciones públicas para combatir cualquier exclusión. “La democracia solo es plena cuando todas las personas pueden vivir en libertad, sin miedo y con dignidad”, ha defendido, incidiendo en que nadie debería pedir permiso para ser quien es.

Con esta conmemoración, que recuerda la histórica eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la OMS en 1990, las principales instituciones extremeñas —a excepción de Vox— y la sociedad civil han cerrado filas para blindar los derechos conquistados y frenar el avance de la intolerancia en la región.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha apelado a la “moderación” y al “diálogo” en su contestación afirmativa al secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, quien le había pedido por carta una reunión a la jefa del Ejecutivo y con el que se ha emplazado a ver próximamente.

Sánchez Cotrina había solicitado este jueves formalmente mantener una reunión institucional con Guardiola para abordar el nuevo marco de relación entre el Gobierno autonómico y el principal grupo de la oposición en la Asamblea.

Según fuentes del Ejecutivo regional, la presidenta extremeña ya ha dado cita al secretario socialista para la reunión que le solicitó, cuya fecha se hará pública cuando confirmen las partes.

Guardiola ha afirmado que la petición refleja el “talante” con el que la presidenta desea que transcurra esta nueva etapa política en Extremadura. “Servir con responsabilidad a las extremeñas y extremeños es la obligación que nos une por encima de nuestras diferencias ideológicas”, ha recalcado Guardiola en su contestación a Sánchez Cotrina, según fuentes del Ejecutivo.

A juicio de la presidenta extremeña, “ese, y no otro, ha de ser el propósito que guíe tanto la acción de gobierno como la labor parlamentaria de la oposición”

“Extremadura merece que quienes tenemos responsabilidades públicas mantengamos los canales abiertos y demos ejemplo de moderación y diálogo, especialmente cuando los retos que afrontamos exigen altura de miras”, ha concluido.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Alvaro Sánchez Cotrina, ha remitido este jueves una carta a la presidenta de la Junta, María Guardiola, en la que solicita formalmente mantener una reunión institucional para abordar el nuevo marco de relación entre el Gobierno autonómico y el principal grupo de la oposición en la Asamblea.

En la misiva, Sánchez Cotrina defiende la necesidad de que las principales responsabilidades públicas de la comunidad “estén a la altura del momento” y subraya que, aunque Gobierno y oposición desempeñan papeles distintos, ambos comparten “la obligación de servir con respeto, seriedad y responsabilidad a los extremeños y extremeñas”.

El líder de los socialistas extremeños avanza en la carta a Guardiola que el PSOE ejercerá una “oposición firme, exigente y rigurosa” y deja claro que esa labor es plenamente compatible “con la lealtad institucional, la educación democrática y la voluntad de mantener canales de interlocución abiertos”.

En ese sentido, considera necesario abrir espacios de diálogo sobre los grandes desafíos que afronta Extremadura, entre ellos la defensa de los servicios públicos, el empleo, la vivienda, la dependencia, la igualdad territorial, el futuro del mundo rural, la transición energética, las infraestructuras, la salud mental o la convivencia democrática.

Además, el secretario general del PSOE de Extremadura reivindica la importancia de dialogar y consensuar para que las decisiones que marcarán el futuro de la comunidad “se tomen aquí, en Extremadura” y “sin tener que estar en vilo por lo que se decida en un despacho desde Madrid”.

En la carta, Sánchez Cotrina recuerda también que el PSOE de Extremadura es actualmente la fuerza política que gobierna en 211 ayuntamientos de los 350 de la región, lo que “demuestra la experiencia de los socialistas cuando se trata de resolver los problemas de la gente, abordar sus necesidades y acompañarlos en sus retos”.

El dirigente socialista concluye solicitando a la presidenta de la Junta una reunión “en la fecha que considere oportuna”, con el objetivo de establecer una relación institucional basada en la responsabilidad, la claridad y el respeto, siempre en defensa de los intereses generales de Extremadura.

Que en el vídeo de campaña de Juan Manuel Moreno Bonilla, al que las encuestas andaluzas dan cerca de la mayoría absoluta, confundieran Jerez de la Frontera con nuestra maravillosa Jerez de los Caballeros es una pifia al nivel de Feijóo llegando a Badajoz y diciendo a gritos que qué a gusto se estaba en Andalucía. 

Lo del PP en campaña siempre roza lo indecente. Aún tenemos grabado en la retina aquel vídeo donde la señora Guardiola anunciaba que nos habían robado la democracia unos vulgares cacos que habían asaltado la oficina de correos de Fuente de Cantos. Aquello más que hacer gracia dio verdadera vergüenza y levantó una seria preocupación porque poner en duda las garantías democráticas del proceso electoral es algo muy grave. 

No sé si ese ridículo espantoso, sumado a la negativa a participar en un debate a cuatro fue lo que hizo que Guardiola perdiera la mayoría absoluta o quizás nunca estuvo cerca de tenerla. El caso es que en las elecciones no todos jugamos con las mismas reglas del juego. Mientras unos gastan miles y miles de euros y se hipotecan con los bancos para financiar sus majestuosas campañas, otros hacemos campañas modestas y artesanas. Mientras unos utilizan los fondos públicos para los intereses electorales de su propio partido (con sanción de la junta electoral al PP de Extremadura incluida), otros contamos euro a euro para no desperdiciar ni uno y estirar al máximo un presupuesto más que ajustado. 

No, no jugamos con las mismas reglas, por eso que Unidas por Extremadura haya casi duplicado sus votos sabe aún mejor, sabemos que somos David contra Goliat. Y en Andalucía vemos que sucede lo mismo, un Partido Popular que actúa de la misma manera soberbia con un vídeo de campaña que es un absoluto insulto y que confunde una localidad extremeña con una andaluza (me juego el cuello a que quienes hicieron el vídeo no son andaluces, puede que no sean ni personas y sea producto enlatado de la IA). Para colmo de la soberbia, piden perdón antes por el error en el vídeo que por la actuación criminal con los cribados de los cánceres de mama, algo que es un absoluto insulto y que ha puesto de manifiesto la nula empatía del gobierno de Moreno Bonilla con las mujeres afectadas. 

Moreno Bonilla tiene un perfil de hombre moderado pero sus actos nos llevan a pensar que en el fondo es el mismo PP turboliberal de siempre, ese que mientras te sonríe en campaña y te canta una canción (por cierto, con acento de Valladolid) vende a precio de saldo la sanidad andaluza llegando a unos niveles de deterioro como nunca antes se habían visto. Ese PP que inunda de pisos turísticos las ciudades andaluzas haciendo imposible que las familias puedan acceder a una vivienda digna. Son las políticas que nos llevan al deterioro de lo público, de lo común y hacen que en nuestras ciudades impere la ley de la Jungla, el sálvese quien pueda y que los más privilegiados (aquellos con nombres compuestos y familias de rancio abolengo) siempre sean los que más se beneficien de sus políticas. 

Ante el riesgo de que al PP andaluz le ocurra lo mismo que al extremeño y acabe necesitando a Vox para gobernar Moreno Bonilla ya ha asegurado que si eso sucede y pierde la mayoría absoluta no firmará un acuerdo ilegal, racista e infame como el de Extremadura. No ha dejado, que se diga, en muy buen lugar a su homóloga, la señora Guardiola, a la que en su partido dan ya por amortizada por lo que se ve. Así que Extremadura se ha comido el marrón de ser el laboratorio de las políticas fascistas cuando no necesitaba ir a elecciones anticipadas. Espero que al menos de eso haya aprendido Guardiola y se lo piense dos veces antes de anteponer las necesidades de Génova a las de su propia tierra. 

Ante este panorama, parece que siempre gana el postureo, la sonrisa falsa, el cartón piedra de lo que parece pero no es. Frente a toda esa soberbia y desfachatez seguiremos dando la cara para garantizar los derechos de todas y todos, que no gane la impostura.

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, va poco a poco configurando el nuevo organigrama de la Junta, del que ha desaparecido la palabra 'Inclusión'. Tras el pacto entre PP y Vox, la exigencia de la extrema derecha de hacerse con una Vicepresidencia y las competencias en servicios sociales se ha materializado en una nueva consejería desde la que dirigirá la llamada “prioridad nacional” en la gestión de ayudas y la política de menores migrantes.

Hasta este miércoles, el Gobierno regional contaba con una Secretaría General de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia dependiente de la Consejería de Salud. Ahora, estas competencias se han degradado a Dirección General bajo el mando de la Vicepresidencia de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, en manos de Vox. En el actual diseño, Guardiola ha borrado la Inclusión, el área que hasta ahora se encargaba de la integración de colectivos vulnerables y la equidad social en la región.

Al frente de esta nueva estructura, la Junta ha situado a Eliseo Fernández Fernández, un perfil que dista de la trayectoria técnica o la experiencia en intervención social habitual en este cargo. Politólogo de formación y experto en Geopolítica y Defensa, Fernández desembarcó en Extremadura en 2023 con una misión eminentemente política encargada desde su partido en Madrid: ejercer de coordinador parlamentario de Vox en la Asamblea para tutelar y asesorar a los diputados de extrema derecha que se estrenaban en el parlamento extremeño.

Antes de su llegada a la región, Fernández ya había desempeñado funciones de “fontanero” y estratega para el partido en otros escenarios. Ejerció como asistente parlamentario en el Congreso de los Diputados entre 2020 y 2022 y formó parte del equipo técnico en las Cortes de Castilla y León, donde Vox ya había ensayado su entrada en los gobiernos autonómicos. Su misión en Valladolid fue también la de coordinar la labor del grupo parlamentario tras pasar de uno a 13 procuradores en las elecciones de 2022. Incluso en las municipales de 2023 fue de número cuatro en la lista de Vox en Maello, un municipio de la provincia de Ávila de 700 habitantes, en el que la formación ultra no obtuvo representación. Ese año también se celebraron elecciones autonómicas en Extremadura, en las que Vox consiguió por primera vez representación parlamentaria y, con ello, se le encomendó la misión de trasladarse a Mérida para coordinar a ese grupo parlamentario, en la que ninguno de sus cinco diputados tenían experiencia política.

Rechazo a los menores migrantes

Por lo tanto, su trayectoria ha estado ligada siempre al aparato de Vox y a la asesoría en materias como Defensa, Exteriores y Cooperación (áreas en las que trabajó durante su etapa en el Congreso). Sin embargo, y a pesar de que su formación y experiencia técnica son ajenas al ámbito de la intervención social, asume en Extremadura la gestión de Servicios Sociales, Infancia y Familia. Esta dirección general ostenta la competencia directa sobre la política migratoria y, específicamente, sobre la acogida y tutela de los menores migrantes no acompañados. El relevo deja un mensaje nítido sobre el giro que la extrema derecha pretende imprimir a la gestión migratoria en la región dentro de sus nuevas responsabilidades y que se incluye en el acuerdo de PP y Vox.

De hecho, una de las prioridades del Gobierno de coalición, porque así se refleja en el pacto, es rechazar “desde el primer día” la política migratoria de Pedro Sánchez y oponerse “por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”. La Junta de Extremadura tampoco va a participar “en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Extremadura”.

Supone un cambio respecto a lo que el PP defendía hace dos años, poco antes de que Vox rompiera por este asunto con todos los gobiernos autonómicos en los que participaba. El consejero de extremeño de Presidencia aseguró en un pleno de la Asamblea en junio de 2024 que el Ejecutivo de Guardiola iba a “cumplir con absoluto rigor la legislación vigente en materia de acogimiento de menores”. “La Junta siempre va a cumplir la legislación vigente, guste más o guste menos, pero si hablamos de menores, absoluto compromiso y sensibilidad”, dijo a los diputados ultras cuando aún eran socios de gobierno. Incluyó subrayó: “Esto no es una cuestión de sentimientos u opiniones; esto es una cuestión de responsabilidad absoluta”.

También desde el primer día, la Junta impedirá que se habilite “ningún nuevo centro de acogida de inmigrantes ilegales durante la legislatura ni se ampliarán plazas en los existentes”. PP y Vox se comprometen a reducir “al mínimo imprescindible” los gastos vinculados a la “inmigración ilegal”. Pero no solo eso, antes de que acabe 2026, la extrema derecha va a endurecer el régimen disciplinario en los centros en los que menores no acompañados cumplen medidas judiciales para “extremar la seguridad”.

El acuerdo vuelve a vincular inseguridad ciudadana e inmigración con el compromiso de dotar de “los recursos y mecanismos de control necesarios para impedir que se altere la convivencia y el orden público, se genere inseguridad, se perturbe la tranquilidad y la convivencia en nuestras calles y que los menores no acompañados gocen de cualquier privilegio o impunidad”. Además, el Gobierno extremeño va a realizar pruebas de edad a estos menores “para evitar fraudes y el colapso de servicios”.

Entre las funciones encomendadas por María Guardiola a esta Dirección General se incluye “el establecimiento de acuerdos con los países de origen dirigidos a procurar que la atención e integración social de los menores migrantes no acompañados se realice en su entorno de procedencia”. “Los menores deben estar con sus padres” es el título de esta medida en el pacto suscrito por PP y Vox.

Prioridad nacional en ayudas y prestaciones

Eliseo Fernández, será el responsable de todo ello desde la consejería que dirige el líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, pero también será el brazo ejecutor de la 'prioridad nacional' en las ayudas sociales, una de las líneas rojas que los ultras impusieron a Guardiola, aunque este principio afecta también a otras carteras dirigidas por el PP, como Vivienda.

“El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”. Es otra medida del acuerdo político, que ya ha generado tensiones entre PP y Vox dentro y fuera de Extremadura. El líder regional de Vox, y ya vicepresidente de la Junta, retó a Guardiola en el debate de investidura, en el que no mencionó la polémica prioridad nacional: “Lo decimos claro, lo subrayamos: prioridad nacional. Llamamos a las cosas por su nombre y por eso debemos defender y vamos a defender a los nuestros los primeros [...] Con el esfuerzo y el dinero de los extremeños y de los españoles no da para que coma todo el mundo ni para que tenga sanidad todo el mundo. Hay que elegir y nosotros lo tenemos claro, elegimos a los españoles primero”.

En este sentido, las sospechas de Vox sobre las personas migrantes se institucionalizarán con la creación de una unidad administrativa contra el fraude en las prestaciones y el padrón. El PSOE ha anunciado que creará un comité jurídico que pondrá especial atención en “cualquier intento de meter mano en el padrón municipal por parte de PP y Vox”, algo que han calificado ilegal.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha afirmado que este viernes, Día Internacional del Trabajo, “celebramos a quienes hacen avanzar Extremadura con su esfuerzo diario”. 

“A los que madrugan, a los que emprenden, a los que cuidan, a los que enseñan, a los que construyen futuro con sus manos y su talento”, ha escrito en su perfil en la red social X.

También ha tenido palabras de reconocimiento para “quienes no salen en los titulares, pero sostienen esta tierra cada día”. 

“Seguiremos a vuestro lado. Gracias por construir nuestro presente y nuestro futuro”, concluye su mensaje.

Una voz en off en la serie M. El Hijo del siglo, basada en el ensayo de Antonio Scurati, abre el primer capítulo con una proclama de Mussolini: “Siempre llegará un momento en el que los pueblos perdidos abrazan las ideas simples”. Me estalla en la cabeza una indigencia intelectual y moral como el pretendido concepto de “prioridad nacional”. Si no puedes ofrecer una solución, busca un culpable.

Una errónea lectura de La llamada de la tribu, de Vargas Llosa, les conduce a ofrecernos este marco conceptual hasta las próximas elecciones generales bajo el auspicio de un PP desesperado, renunciando a los valores y principios de la Constitución. Hablan de prioridad nacional para evitar paralelismos entre inmigración y racismo, aunque el problema de base es la aporofobia, es decir, su clasismo ancestral. Como diría Gil de Biedma, su aspiración histórica consiste en que media España ocupe la España entera.

A fuerza de falta de propuestas y soluciones colectivas, no les queda otra opción que presentar una épica vetusta. Del mismo modo que sus antepasados ideológicos nos hicieron creer que Don Pelayo inició la Reconquista desde Asturias, ahora pretenden plantar una pica en Extremadura como génesis de la segunda reconquista de España. Ni existió la Reconquista de un territorio que no pertenecía a estado alguno, ni el invento de la prioridad nacional es novedoso: por aquí ya han pasado el finiquitado Orbán, el clan Le Pen o el sociópata de Trump. Una narrativa conocida de antiguo, expresada recientemente en Davos por otro antisocial como Milei, donde la desigualdad es inevitable, naturalizada, y el sufrimiento social un daño colateral sin solución. Eso es lo que ofrece el acuerdo PP‑Vox.

Leyendo ese acuerdo “palabra por palabra”, formalizado en cuatro largos meses, se entiende todo. A los propietarios de Almaraz, con beneficios cercanos a los diez mil millones de euros en 2025, se les van a perdonar hasta 2029 unos noventa millones de euros. Se rebajan los impuestos de sucesiones y donaciones al 1% de extremeños que hereden más de quinientos mil euros, mientras la región soporta un 32,8% de tasa de pobreza, la segunda más alta de España. En eso consiste su bajada de impuestos.

El ahora vicepresidente de Desregulación, Óscar Fernández, sintetizaba en el acto de investidura de María Guardiola, de forma sustantiva y preocupante, la clave de bóveda de su marco referencial: “no hay comida ni sanidad para todos”; quizá saturado por esa situación apocalíptica que describen de una España rota, partida, invadida, empobrecida y en estado terminal. De lo que subyace en su relato debemos inferir que también se refiere a salarios, pensiones, prestaciones sociales, educación, bonos sociales y todo aquello que, gracias a nuestros impuestos, obtenemos como salario diferido. Siguiendo su estela, los sindicatos y las ONG, en la defensa de clase o de los más vulnerables, son “improductivos”.

Quien protesta estorba. Hay concordia solo si la memoria es selectiva. El dolor es pedagógico para “espabilar” y la violencia hacia los más vulnerables es una consecuencia inexorable del mercado “correcto”. El odio es una peligrosa forma de organizar el malestar social, pero a ellos les sirve: la confrontación competitiva dentro de la misma clase simplifica la diana sobre un chivo expiatorio cuando se trata del reparto de migajas. La manipulación de la emocionalidad facilita la criminalización del diferente. Otra cosa es la lucha de clases, pero requiere valores, ideas y actitudes complejas para resolver las causas de un conflicto.

Hagan caso a María Guardiola y lean, “palabra por palabra”, su acuerdo con Vox. Comprenderán la deriva de señalamiento, desmemoria, segregación e insolidaridad en una Extremadura despoblada, sin una sola idea ni soluciones para un proyecto colectivo.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha marcado la hoja de ruta de la legislatura durante la toma de posesión de sus consejeros en Mérida. Su nuevo gabinete está formado por ocho perfiles del PP y dos de Vox (seis hombres y cuatro mujeres), pero Guardiola ha subrayado que se trata de un “único gobierno” diseñado para esquivar el ruido político.

“No vamos a perder el tiempo en provocaciones ni en debates importados”, ha aseverado la jefa del Ejecutivo autonómico, aunque también ha pedido huir del “insulto y del desprecio” para construir “desde la unidad”, con “sensibilidad y cercanía”, en una nueva etapa que ha definido como la de “la ambición, estabilidad y responsabilidad”.

La presidenta extremeña ha asegurado que van a escuchar “al que piensa diferente” y se van a centrar en “defender lo que somos y todo aquello que queremos en Mérida, en Madrid, en Europa y donde haga falta”. En este sentido, ha recordado a sus consejeros que gobernar implica “dar la cara” y no esconderse tras expedientes administrativos, enfatizando la necesidad de una administración que no confunda “la prudencia con la resignación”.

Entre las caras nuevas del consejo de gobierno, el foco estaba en los dos representantes de Vox, Óscar Fernández Calle, el líder del partido en la comunidad, y Juan José García, que han asumido sus carteras con el compromiso de lealtad a la presidenta y la intención de ejecutar el pacto de coalición de forma inmediata.

Fernández Calle es vicepresidente de la Junta de Extremadura (el PP tiene otra vicepresidencia) y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, y ha destacado el buen acogimiento recibido en la sede de la Presidencia. Sobre sus futuras medidas, ha sido tajante: “Habrá pocas sorpresas; vamos a cumplir lo que venimos diciendo desde la oposición y en campaña”.

Por su parte, Juan José García ha tomado las riendas de una de las consejerías de mayor peso económico. García ha fijado como prioridad absoluta el regadío de Tierra de Barros, proyecto que considera vital para la riqueza de la región. El nuevo consejero ha prometido trabajar “desde el minuto uno” escuchando a los profesionales del sector primario.

El Ejecutivo liderado por María Guardiola queda compuesto por diez consejerías, con dos vicepresidencias integradas. Además, la Secretaría General de Igualdad y Conciliación mantiene su rango de consejería, aunque queda adscrita directamente a Presidencia.

La autodefensa de las derechas por la reacción que ha suscitado esa “prioridad nacional” que ideó Vox, y secundó el PP en sus pactos autonómicos de Gobierno, recuerda mucho a esas películas de infidelidades en las que quien es cogido con las manos en la masa (ajena) se ve obligado a decir a quien ha defraudado: “Cariño, esto no es lo que parece”. En el caso de esa insensatez perpetrada por PP y Vox, sus autores aseguran ahora que la cosa no es para tanto, que no se quiere discriminar a nadie en España y que lo que han pactado se ajustará al marco constitucional. 

El problema reside en que la dichosa prioridad nacional es justamente lo que parece: un atentado en toda regla contra la Constitución, contra el principio de igualdad y contra los derechos, políticos y sociales, de una parte de la población española. Y es la consecuencia lógica de todo lo que las derechas españolas han venido sembrando en los últimos tiempos.

Tanto Feijóo como Santiago Abascal llevan meses asegurando, con aspereza digna de mejor causa, que los inmigrantes han venido a España a delinquir, a vivir de los subsidios, a ocupar nuestras viviendas, y a saturar los servicios públicos, dejando en la cola a los españoles de toda la vida, que son los verdaderamente discriminados. No es extraño, por tanto, que sus pactos de gobierno (en Extremadura, Aragón y lo que pueda venir) se hayan fundamentado en la reclamación de que “en España ”los españoles primero“. Lo que sí extraña son esos equilibrios dialécticos con que los dirigentes de PP y Vox tratan de negar lo que está tan claro. Y tanto, que hasta lo entiende una buena parte de la derecha (en el PP al menos) al expresar su disconformidad con lo pactado.

Lo extraño es que quienes han hecho de la inmigración el primer problema de España nos quieran convencer ahora de que sus acuerdos autonómicos no van dirigidos contra los inmigrantes; ni, por ceñirnos a lo más actual, guardan relación alguna con su feroz oposición a la regularización de medio millón de inmigrantes puesta en marcha por el Gobierno de Sánchez. Una regularización que la extrema derecha se propone “desregular”, con vicepresidencias ad hoc para este mismo propósito, como la que María Guardiola ha concedido al dirigente de Vox, Óscar Fernández.

Un señor que, dicho sea de paso, afirmó, pocos días antes del acuerdo extremeño, que María Guardiola sería presidenta sólo si a Vox “le daba la gana”, porque se decidía a pasar por su aro. Y, como pasó, María Guardiola se ha convertido en una presidenta de Extremadura puramente nominal; por no decir que es una rehén de Vox, obligada a llevar a cabo las políticas agresivas y antisociales de la extrema derecha. Tan rehén como lo es Jorge Azcón en la Comunidad aragonesa; o como puede serlo Fernández Mañueco en Castilla y León, si se pliega igualmente a las exigencias de Vox. Repetir gobiernos con semejante compañero de viaje le obliga al primer partido de la oposición a la sumisión permanente a los postulados de la extrema derecha o a la bronca permanente con ella. Lo que, al final, obliga a nuevas elecciones anticipadas, dejando al margen los problemas reales de la ciudadanía.

Porque hay algo que ha quedado muy claro con este viaje electoral a ninguna parte que emprendió el PP de Feijóo para imponerse a Vox y preparar la futura derrota de Sánchez. Que, además de no conseguir sus objetivos, las derechas, juntas o separadas, no son capaces de proporcionar una mínima estabilidad política al país; y que, hoy por hoy, la única fuente de estabilidad que España tiene es la que le proporciona el Gobierno de coalición progresista presidido por Pedro Sánchez. 

Se entiende muy bien, por eso, el pavor que le entra al presidente andaluz ante la posibilidad de no revalidar en la próxima consulta electoral su mayoría absoluta y verse así condenado a pactar con los de Santiago y cierra España. Curiosamente, es el presidente más emblemático y respetado que tiene el PP el mayor enemigo de lo que sus correligionarios han acordado con Vox en sus propias autonomías. Casi ya ni se acuerda de que, en unas elecciones que no ganó, llegó a ser presidente porque Vox lo quiso. ¡A ver si al final, puestos a rectificar, Juanma Moreno hasta se convierte en militante del PSOE y pide el voto de los andaluces para María Jesús Montero!

El nuevo Gobierno de Extremadura engorda fruto del acuerdo de gobierno de PP y Vox. La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha dado a conocer la nueva estructura del ejecutivo y los responsables de los mismos. Seis hombres y seis mujeres forman el consejo de gobierno, que contará con dos vicepresidencias, una para el PP y la otra para Vox, y diez consejerías, una más que en la anterior legislatura. Además, Guardiola conserva la Secretaría General de Igualdad y Conciliación, que estará bajo su tutela, y cuya responsables, Ara Sánchez, tendrá rango de consejera, como hasta ahora.

Según el reparto de competencias, la extrema derecha ostentará una vicepresidencia, en manos del líder de Vox, Óscar Fernández, que también será consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia. El partido ultra también gestionará Agricultura, Ganadería y Medio Natural, cuyo responsable será el diputado autonómico Juan José García, desde donde se hará cargo de la conservación y protección del medio ambiente, los toros y la caza, además de todas las competencias de gestión de la PAC.

Era previsible que Guardiola creara también una vicepresidencia para el PP y que esta recayera en Abel Bautista, su mano derecha en el partido y en el consejo de gobierno. Bautista repite, además, como consejero de Presidencia, pero su departamento pasa a denominarse Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias. Pierde las competencias de Diálogo Social, pero incorpora las del Infoex y la política de planificación y extinción de los incendios forestales. Su trabajo al frente de los incendios del pasado verano fue muy valorado.

Como se ha dicho, Óscar Fernández asume la otra vicepresidencia y la responsabilidad en la eliminación de trabas burocráticas, simplificación administrativa, análisis y eficiencia de los recursos públicos, además de servicios sociales, familia, juventud y cooperación internacional. Desde este departamento implementará la agenda ideológica de la prioridad nacional al ser el responsable de las ayudas y prestaciones sociales. Además, el pacto de PP y Vox recoge la eliminación de las subvenciones a ONG.

Elena Manzano sigue al frente de Hacienda y Administración Pública, pero ahora también liderará el Diálogo Social en una legislatura en la que la extrema derecha ha logrado incluir en el acuerdo con el PP la reducción del 50% de las subvenciones que reciben los sindicatos y las organizaciones empresariales. Manzano seguirá como portavoz de la Junta de Extremadura.

En la estructura aparece una nueva consejería, la de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, desde la que Mercedes Morán seguirá defendiendo la continuidad de la central nuclear de Almaraz y tendrá que poner en marcha un plan industrial en el que se incluya, según el pacto de PP y Vox, la liberalización de suelo y la construcción de polígonos y parques empresariales. También tendrá que intentar hacer frente a la construcción de nuevas centrales fotovolaticas, que Vox, quiere frenar.

Morán era la responsable de Agricultura en la anterior legislatura, pero se daba por segura su continuidad al ser una estrecha colaboradora de María Guardiola. Además, conserva muchas de las competencias que estaba desarrollando hasta ahora.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital sigue siendo Guillermo Santamaría y la consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada.

En la consejería de Educación y Formación Profesional hay una nueva titular. Se trata de Sandra Valencia, diputada regional del PP, que en la actualidad portavoz y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, donde gobierna Alfredo Aguilera, condenado formalmente por violencia de género en 2016 por maltratar verbal y físicamente a su exmujer.

Un histórico del PP, Laureano León, se hará cargo de Cultura, Turismo y Deporte. León es presidente del PP de Cáceres desde 2004, ha sido presidente de la Diputación y es senador por designación autonómica, un cargo al que renunciará por su nueva responsabilidad y por el acuerdo con Vox, que elegirá como senador a Ángel Pelayo Gordillo.

El consejero de Infraestructura, Transporte y Vivienda es Francisco Ramírez, hasta ahora al frente de Gestión Forestal y Mundo Rural, después de que se descubriera que el consejero de Vox en la anterior legislatura, Ignacio Higuero, mintió en su currículum.

La presidenta ha prescindido de la hasta ahora consejera de Educación, Mercedes Vaquera; la responsable de Cultura y Turismo, Victoria Bazaga, que llegó a ser portavoz del Gobierno regional; y del consejero de Infraestructura, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo. Los tres llegaron como independientes al primer Ejecutivo de Guardiola. Ahora ha confiado en personas del PP para esas responsabilidades.

Primer consejo de gobierno

María Guardiola ha apurado el plazo legal, que es de cinco días desde su toma de posesión, para dar a conocer la estructura y composición del segundo Gobierno de coalición del PP y Vox en Extremadura. La presidenta extremeña se ha visto obligada a introducir cambios en el organigrama para volver a dar cabida a la extrema derecha debido al pacto que ambos partidos lograron firmar hace dos semanas y cuya negociación provocó una parálisis política inaudita de cuatro meses en Extremadura.

Los nuevos miembros del Ejecutivo tomarán posesión de su cargo este jueves y después se celebrará el primer consejo de gobierno. Una semana más tarde participarán en su primer pleno en la Asamblea, que ya está marcado por la polémica porque la junta de portavoces ha dado su visto bueno a esta fecha sin conocerse aún ni la estructura ni los responsables del Gobierno.