El presidente del PP de Castilla-La Mancha Paco Núñez ha felicitado a la presidenta de Extremadura María Guardiola coincidiendo con la toma de posesión de un cargo que ostenta en virtud de un pacto con Vox. “Ese es el camino”, ha asegurado el líder de los 'populares' castellanomanchegos.

Núñez se ha referido a la vecina comunidad autónoma como “una tierra que ha emprendido una senda de cambio, crecimiento y oportunidades de la mano de un proyecto que cree en su gente y en su futuro” y sostiene que, de esta forma, “Extremadura avanza”.

Una fórmula que ve factible también para Castilla-La Mancha. No es la primera vez que confía sus posibilidades de gobernar en la región a un pacto con Vox, descartando así poder hacerlo en solitario. El pasado mes de febrero ya pedía abiertamente la necesidad de pactar con el partido ultra.

“Lo decimos claro, lo subrayamos: prioridad nacional. Llamamos a las cosas por su nombre y por eso debemos defender y vamos a defender a los nuestros los primeros”. A diferencia de lo que hizo ayer la candidata del PP, María Guardiola, en su discurso de investidura, su socio de Vox no ha eludido uno de los aspectos más polémicos del pacto de gobierno, que convierte de nuevos en socios a las dos formaciones.

El portavoz de extrema derecha, que, además, será vicepresidenta de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha señalado que se trata de “garantizar que quien forma parte de esta tierra tenga la prioridad en el acceso a las oportunidades que, desgraciadamente, no dan para todos”. Un concepto considerado xenófobo e ilegal del que ya han alertado el Gobierno e incluso líderes del PP, como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Sin embargo, Fernández Calle ha asegurado que esa “prioridad nacional” se traducirá en medidas concretas y legales: “Prioridad para los de aquí en el acceso a la vivienda protegida, la vinculación de las ayudas al arraigo para garantizar que nadie de fuera esté por delante de ningún español y defensa de los servicios públicos para los nuestros los primeros”. A su juicio, esas medidas no son ni racistas y egoístas, sino “sentido común y realismo”.

El portavoz de Vox ha esgrimido que se trata de poner fin a “la perversión del concepto de solidaridad del que viven muchos paniaguados en esta región y en toda España. Con el esfuerzo y el dinero de los extremeños y de los españoles no da para que coma todo el mundo ni para que tenga sanidad todo el mundo. Hay que elegir y nosotros lo tenemos claro, elegimos a los españoles primero”.

Fernández Calle se ha detenido en explicar “un principio claro” del Gobierno de la Junta, que echará a andar en los próximos días: “la vivienda pública tiene que ser para los que tienen arraigo en Extremadura”. En ese nuevo sistema de acceso se priorizará a los que tienen una vinculación “real, duradera y verificable” con Extremadura, para lo que se tendrá en cuenta los años de empadronamiento y la trayectoria laboral y familiar porque “eso es poner primero a los de aquí, a los nuestros”.

Pero el próximo vicepresidente no ha hecho mención a otros aspectos del pacto de PP y Vox que tienen que ver con la migración, como la llegada de los menores migrantes no acompañados, a los que la nueva Junta de Extremadura se opondrá, ni a la gestión de los centros de menores en los que hay migrantes en cumplimiento de medidas judiciales, que estará en manos de la extrema derecha. No obstante, se ha resistido a vincular la migración con la delincuencia, aunque ha dicho que la criminalidad en la comunidad ha crecido un 5%, aunque es la más segura de toda España.

La izquierda no ha querido dejar pasar la oportunidad de denunciar la prioridad nacional del acuerdo de PP y Vox. La portavoz socialista, Piedad Álvarez, ha advertido que nadie “puede dificultar o prohibir el acceso a la educación, sanidad a ninguna de las personas que vivan en España. La prioridad nacional ni es legal ni es humana, hasta Ayuso se lo ha dicho”.

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha acusado a María Guardiola de “sacrificar” la región por “apuntalar estrategias de otros territorios”, así como su propia “dignidad” y la de los más vulnerables al asumir un acuerdo “inconstitucional”, “racista” y “clasista” que “carece de la más mínima fiabilidad”. Ha señalado que con este acuerdo, que habla de “prioridad naci-onal”, como lo ha pronunciado en diversas ocasiones, están construyendo “una sociedad individualista, que odia al extranjero, llena de prejuicios y de falsa moral”, de la mano de los “mayores vendepatrias” que ha visto este país y “lamebotas de Trump”.

Pero la líder del PP ha vuelto a esquivar la polémica de la prioridad nacional en su respuesta a los grupos parlamentarios. Tan solo se ha referido a la inmigración para reiterar que la concibe como “una oportunidad si se gestiona con rigor” porque “el descontrol beneficia a las mafias” y es “inhumano que se repartan por decreto a las comunidades autónomas”. Guardiola ha defendido una inmigración “legal, ordenada y vinculada al trabajo”.

Su intervención este miércoles la ha iniciado reclamando “respeto” a la Cámara y negándose a “pedir perdón por gobernar con quien representa a una parte importante de Extremadura y por dar estabilidad a mi tierra”.

El PP y la extrema derecha han formalizado su pacto de gobierno al votar a favor de la investidura de María Guardiola, que tomará posesión del cargo el viernes a las 19.30 horas en el Anfiteatro Romano de Mérida. Tras ello, Guardiola tendrá que conformar su nuevo Ejecutivo, donde Vox tendrá una vicepresidencia, con competencias en desregulación, familia y servicios sociales (incluida la inmigración), y la consejería responsable de agricultura y ganadería.

Los discursos de investidura tienen algo de 'carta a los reyes magos', y si la María Guardiola de 2023 recibiera esa carta escrita por ella misma en 2026, quizá le costaría reconocerse. Lo que entonces no quería Guardiola para su tierra parece desearlo ahora. El discurso que este martes ha pronunciado en la Asamblea de Extremadura –para volver a hacerse con el poder tras un controvertido pacto con la extrema derecha– ha sido notablemente más conservador que el de 2023.

Es la enésima constatación de que la candidata que se adscribía a una de las dos hipotéticas almas del PP –la supuestamente moderada– se ha situado sin lugar a dudas en el alma más derechista. Tanto, que hasta Isabel Díaz Ayuso ha criticado uno de los puntos más polémicos del pacto de Guardiola con Vox, el de la llamada “prioridad nacional”; concepto que, quizá por eso, la líder extremeña ha omitido este martes.

Si en 2023 María Guardiola se presentaba con un tono moderado y conciliador, ofreciendo pactos de Estado a la oposición y rechazando la polarización y las “trincheras”, este martes ha subido al estrado tras haber firmado un acuerdo de gobierno explícito con Vox, asumiendo e integrando gran parte de la agenda ideológica de la extrema derecha.

Las diferencias ideológicas entre el discurso de 2023 y el de este martes atraviesan todas las áreas, pero son más palpables en las que hace tres años le granjearon sonoros enfrentamientos con Vox ante los que finalmente Guardiola arrió la bandera y, traicionando su palabra, acató. La María Guardiola de 2026 ha asumido de lleno las batallas culturales de la extrema derecha.

Feminismo bueno y feminismo malo

En el discurso de 2023, Guardiola hizo una férrea defensa del feminismo, nombrando a referentes femeninos de su partido, negándose a dar “ni un paso atrás” y utilizando términos explícitos como la erradicación de la “violencia machista” y la “violencia de género”.

En abril de 2026, su discurso adopta un tono crítico con el feminismo tradicional, afirmando que hay quienes hablan de feminismo “sólo detrás de las pancartas, y sólo para juzgar” y prefiere llamarlo “feminismo de los hechos”, orientando estas políticas casi exclusivamente hacia la maternidad, la conciliación y la aprobación de una “Ley de Apoyo a la Familia para el Fomento de la Natalidad”.

Los inmigrantes no son delincuentes, pero...

En 2023, la inmigración y la inseguridad no tuvieron ningún protagonismo en su alocución ante la Asamblea extremeña. En abril de 2026, en cambio, el discurso de Guardiola asume una postura de línea dura frente a la inmigración. Critica las políticas migratorias del Gobierno central, se niega a aceptar el reparto obligatorio de menores inmigrantes e introduce la creación de una polémica “Unidad de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón” para combatir el supuesto uso fraudulento de ayudas sociales.

Además, en el mismo bloque –y no por casualidad– ha desglosado sus medidas contra la ocupación de viviendas, prometiendo garantizar desalojos en un plazo máximo de 24 horas (algo que por otra parte ya hace la Policía cuando se trata de allanamientos de morada).

El Pacto Verde, ese anatema

Mientras que en 2023 Guardiola defendía el campo buscando la compatibilidad con el medioambiente, en abril de 2026 asume la retórica contraria a las políticas ecologistas europeas, prometiendo proteger al campo del “Pacto Verde”, flexibilizar las leyes de protección ambiental y realizar una defensa explícita de “la caza y la tauromaquia” como esencias del mundo rural. Sin pestañear, ha anunciado su intención de “revisar las Zonas de Especial Protección de Aves” que quedarán condicionadas, entre otras variables, por la “actividad económica”.

Guardiola califica ahora las limitaciones ambientales como “pretextos sectarios” e “imposiciones puramente ideológicas”, prometiendo que en los procedimientos administrativos se aplicará el principio de “declaración responsable” para evitar papeleos al agricultor. Está por ver si los estrictos requisitos de la Política Agraria Común son compatibles, a la hora de repartir subvenciones, con esa fórmula de “declaración responsable” que elimina controles administrativos.

Y de repente, la Conquista de América

El discurso de este martes ha introducido Guardiola sorpresivamente un componente identitario totalmente ausente en 2023. Ha sentido la necesidad de rechazar la “leyenda negra” sobre el pasado de España en América, afirmando que “América no fue una colonia sometida” y que –a diferencia de lo que piensa, por ejemplo, el rey Felipe VI– “España no tiene nada de lo que pedir perdón”.

También ha anunciado la creación del Instituto del Mestizaje para proyectar esta visión histórica, una nueva institución que huele mucho a la fallida “Oficina del español” que intentó crear Ayuso en Madrid. Habrá qué ver qué partida de dinero público y que persona pondrá Guardiola al frente de ese nuevo organismo que tan necesario ve en la tierra de Hernán Cortés, Pizarro y Núñez de Balboa.

Un tren a ninguna parte

Es muy llamativo que en el pacto firmado el viernes entre PP y Vox no haya una sola alusión al ferrocarril. Este martes Guardiola sí lo ha mencionado, pero de pasada. Contrasta con 2023, cuando la entonces candidata dedicó un espacio amplio y sumamente detallado a la cuestión ferroviaria, partiendo de un “sentimiento de frustración por ese tren indigno”. En 2023 exigió explícitamente la finalización del AVE, completar los tramos de plataforma pendientes, la electrificación del servicio y la llegada de nuevos trenes con mejores horarios. Reclamó la conexión ferroviaria directa, sin transbordos, entre Madrid y Lisboa y defendió la reapertura del tren Ruta de la Plata (reactivando el tramo Plasencia-León) como uno de sus “caballos de batalla” y un logro regional dentro del corredor atlántico.

Este martes la referencia al tren se limita a un bloque donde exige infraestructuras al Gobierno de Pedro Sánchez. “Llevamos demasiado tiempo esperando un tren digno” ha dicho. Esta mención se agrupa, de pasada, con la falta de autovías, potencia eléctrica y conectividad digital. El ferrocarril parece haber dejado de ser una prioridad.

Este miércoles se celebrará la segunda sesión del debate de investidura de María Guardiola y será el turno de los grupos parlamentarios, que ya han dado a conocer su opinión sobre el discurso de la líder del PP, en el que ha desgranado la acción de su futuro gobierno, pero ha omitido al polèmico concepto de “prioridad nacional”, recogido en el pacto entre PP y Vox.

El PSOE ha considerado que Guardiola “ha pasado por el aro” de Vox y ha intentado que los ciudadanos también lo hagan, todo ello en una intervención “faltona, incómoda y lleno de cinismo político”. El socialista José María Vergeles ha dicho que los extremeños y extremeñas han asistido a un discurso que “pasará a la historia más negra” de esta región.

“Guardiola, que no ha podido tapar las vergüenzas del acuerdo con Vox, ha tenido que claudicar para ocupar el sillón de presidenta”, ha dicho Vergeles, quien ha puesto en duda que el futuro Gobierno extremeño pueda llevar a cabo legalmente numerosas medidas A su juicio, la presidenta en funciones “ha vendido su alma a cambio de un sillón” y el precio de ello “lo pagará la sociedad”, “ha perdido el poder de la palabra” y ha “arrojado” la coherencia “por la ventana”.

El diputado del PSOE se ha preguntado “por qué Guardiola no ha hecho referencia a 'la prioridad nacional', el eje del acuerdo de gobernabilidad, marcado por ”una traición“ a los derechos y a ”la línea de flotación de la democracia“. ”Extremadura es mucho mejor que este Gobierno de vergüenza“, ha agregado Vergeles.

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha dicho que la candidata del PP la Presidencia de la Junta ha “claudicado” ante Vox y ha calificado su discurso de investidura de “rancio”, “indecente”, “mentiroso” y “vergonzoso”.

“Se ha travestido de Vox, parecía la candidata de Vox en este discurso de investidura”, ha dicho a la vez que ha augurado que no durará el acuerdo de gobierno cuatro años, pues “habrá muchos cuchillos por la espalda” y si no, “traerá mucho dolor a las familias extremeñas y a los que más necesitan del estado de bienestar”. En este sentido, ha dicho que Guardiola ha “tomado el pelo” a todos los extremeños al intentar pasar un “acuerdo inconstitucional e ilegal” por “democrático y natural” y con su firma cava su “tumba política”.

A su juicio, el pacto entre ambas formaciones de derechas “pivota” sobre inmigración y se ha cuestionado si Extremadura no se podía permitir acoger a 300 menores extranjeros no acompañados, porque “si es así, entonces el estado de bienestar está quebrado”. Además, se ha preguntado cuál es el plan B de Guardiola ante esto, “que sigan hacinados en Canarias o que no les dejemos llegar a puerto seguro”

Finalmente, el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, ha afirmado que, si en otras comunidades donde su formación y el PP pueden formar gobierno, se logra un acuerdo similar al de Extremadura se estará “ante el fin de la pesadilla sanchista”.

Según ha dicho, el discurso de Guardiola ha sido “realista”, ya que ha plasmado “desde su sensibilidad” el acuerdo alcanzado entre ambos partidos, que será detallado con mayor profundidad mañana por el presidente de su grupo, Óscar Fernández.

Para el portavoz de Vox, este acuerdo es “la garantía de que por fin en Extremadura se va a producir el cambio que más del 60% de los extremeños han avalado con su voto”, ya que se trata “de la voluntad mayoritaria plasmada en un documento de colaboración paara que Extremadura progrese”, ya que ese es su único objetivo.

María Guardiola ha defendido este martes el pacto de PP y Vox, que la convertirá en presidenta de la Junta de Extremadura y en líder, otra vez, de un Gobierno de coalición entre la derecha y la extrema derecha. Pero en esa defensa ha eludido mencionar la “prioridad nacional”, uno de los conceptos recogidos en ese acuerdo que más polémica ha generado, incluso en su propio partido, por considerarse ilegal y xenófobo. Además, la interpretación de esa “prioridad nacional” ha servido ya para enfrentar a PP y Vox antes de que se materialice el pacto con la votación de este miércoles a favor de la investidura de Guardiola.

“El inmigrante no es un culpable por defecto. Es una persona con sus derechos y deberes”, ha reconocido la presidenta extremeña en funciones, pero, al mismo tiempo, ha anunciado la creación de una Unidad de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón, institucionalizando desde la Junta de Extremadura la sospecha sobre las personas migrantes, con lo que ha hecho propio el marco ideológico de Vox en este asunto.

La finalidad de esa unidad es “combatir el uso fraudulento del empadronamiento y de los recursos públicos que este reconocimiento habilita”, ha explicado Guardiola. En el acuerdo firmado el pasado jueves se menciona concretamente “el uso fraudulento del empadronamiento y el acceso indebido a ayudas públicas, vivienda protegida y prestaciones sociales”. Por eso, entre sus funciones principales, según el acuerdo, se incluirán “la detección de empadronamientos ficticios, la verificación de la residencia efectiva, la coordinación con ayuntamientos y la activación de actuaciones inspectoras cuando existan indicios de fraude”

Pero esa Unidad irá más allá: “Tendrá un papel activo en la identificación y desmantelamiento de redes organizadas y mafias que operan mediante la sobreocupación de viviendas y los denominados ”pisos patera“, aunque no se especifica cómo se va a crear ni con qué recursos contará.

Guardiola ha vuelto a responsabilizar al Gobierno del “absoluto fracaso” de la política migratoria y de “tener la desfachatez de trasladar a las comunidades autónomas, que no tenemos competencias ni recursos suficientes para asumir lo que el Estado ha dejado de hacer”. En este sentido, ha asegurado que Extremadura “no va a cargar con las consecuencias de un modelo migratorio roto, improvisado y negociado con quienes no tienen ninguna legitimidad”, en referencia a Catalunya. Por ello, “nos opondremos a cualquier reparto obligatorio de inmigrantes. Y lo haremos en coherencia con el recurso de inconstitucionalidad que presentamos contra el Real Decreto de reparto de menores”.

En su discurso de investidura no ha hecho referencia a la realización de pruebas de determinación de edad a las personas migrantes ni al endurecimiento del régimen disciplinario de los centros donde se alojan menores no acompañados con medidas judiciales y supervisará el cumplimiento del estricto régimen disciplinario que les haya sido dictado. Ambas son también medidas incluidas en el pacto de gobernabilidad entre PP y Vox.

Guardiola ha asegurado que su Ejecutivo “jamás va a incumplir la ley” y ha justificado el acuerdo con la extrema derecha para “dejar atrás una etapa de bloqueo”, por lo que ha augurado que el entendimiento con la formación ultra será “duradero, fiable y de mirada larga”.

Desregulación de las leyes ambientales

Por otro lado, la presidenta en funciones se ha comprometido a “proteger del Pacto Verde” a los agricultores y ganaderos, y ha rechazado el acuerdo con Mercorsur “si no garantiza la igualdad de condiciones de los productores extremeños”. Además, el futuro Gobierno extremeño tendrá como “prioridad” la modificación y flexibilización de las leyes que afectan a la protección ambiental, a la caza, a la pesca, a la actividad agraria y a la conservación de espacios naturales. “No podemos ignorar que convivimos con un exceso de leyes pensadas sin contar con quienes trabajan la tierra”, ha afirmado.

La Junta también financiará, por fin, el macroproyecto del regadío en Tierra de Barros, y volverá a revisar (la última revisión es de hace unas semanas) las Zonas de Especial Protección de Aves y los Lugares de Interés Común “porque conservación y actividad económica no son incompatibles”.

Guardiola también vuelto a oponerse al posible cierre de la central nuclear de Almaraz, aunque no ha mencionado la rebaja de la carga fiscal a las eléctricas que ha pactado con Vox: la reducción de un 30% anual de la ecotasa hasta que desaparezca en 2029, es decir, 90 millones de euros menos anuales para las arcas autonómicas .

Vox tendrá las competencias de 'desregulación' en el futuro Gobierno de coalición para “eliminar trabas burocráticas y administrativas, simplificar procedimientos y eliminar duplicidades”, según el acuerdo. Por eso, la líder del PP ha mencionado la aplicación del principio de declaración responsable para el sector primario, la liberalización de suelo para la construcción de viviendas y la reducción de cargas urbanísticas y fiscales. Además, la Junta se ha puesto como objetivo la construcción de 3.500 VPO durante la legislatura.

Lazos con América

Entre las novedades que se van a poner en marcha en Extremadura, Guardiola ha afirmado que hay un horizonte “que me ilusiona especialmente” y es la relación con los países de Hispanoamérica para que Extremadura se convierta “en un referente de la cultura, el conocimiento y las oportunidades”. En concreto, la región se creará el Instituto del Mestizaje, para “tejer nuevas alianzas con los países hermanos de América en los ámbitos cultural, educativo y de investigación”.

Pero no se ha quedado ahí, la líder del PP ha reivindicado el papel de España y Extremadura en la conquista de América: “Extremadura no tiene nada de lo que avergonzarse y España no tiene nada de lo que pedir perdón. No podemos juzgar el siglo XV con los ojos del siglo XXI. América no fue una colonia sometida: fue parte de una Corona compartida, de un encuentro entre mundos que alumbró una de las culturas más ricas y diversas de la historia de la humanidad”.

A pesar de que Guardiola sentará en el consejo de gobierno a un vicepresidente y un consejero o consejera de Vox, la presidenta en funciones se ha comprometido a poner en marcha un protocolo de actuación en violencia contra las mujeres en atención primaria y un plan autonómico de sensibilización, prevención y detección de la violencia de género, con atención integral a las víctimas.

El tercer intento de Guardiola

María Guardiola se enfrenta a su tercer intento para ser investida presidenta de la Junta de Extremadura, pero en esta ocasión tiene asegurado el apoyo de Vox en la primera votación, que tendrá lugar este miércoles. Para lograr el apoyo de la extrema derecha, PP y Vox han pactado un Gobierno de coalición después de la experiencia fallida de la legislatura anterior, donde esa coalición apenas duró un año.

La situación ahora es distinta. Guardiola se quedó lejos de la mayoría absoluta en las elecciones del pasado diciembre, donde su formación obtuvo 29 diputados, pero Vox pasó de cinco a 11 escaños. La necesidad de acordar con los ultras y el buen resultado de estos han motivado que el pacto de gobierno al que han llegado con la intención de que permanezca vigente los cuatro años de legislatura esté repleto de concesiones ideológicas a la extrema derecha y de medidas xenófobas basadas en una supuesta “prioridad nacional”.

PP y Vox cerraron el pacto el pasado jueves, cuatro meses después de iniciar las negociaciones, que estuvieron cerca conducir a una repetición electoral por la falta de entendimientos de ambos partidos en Extremadura. Por ello, las direcciones nacionales tuvieron que intervenir y han participado en los últimos encuentros que se celebraron en Mérida.

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha defendido este lunes el concepto de “prioridad nacional” incluido en el acuerdo de gobierno con Vox, aplicado a medidas como el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social, al considerar que “fomenta el arraigo duradero y verificable”.

En rueda de prensa, Sánchez Juliá ha asegurado que este criterio “no excluye a nadie” y se ajusta a la legalidad vigente. Según ha subrayado, el acuerdo “no habla de nacionalidades”, sino que establece requisitos vinculados al arraigo en la comunidad autónoma.

En concreto, el texto recoge la exigencia de un empadronamiento histórico en Extremadura de al menos diez años para optar a la compra de vivienda protegida y de cinco años para el acceso al alquiler social. “El acuerdo no es interpretable, dice lo que dice”, ha insistido el portavoz popular.

El dirigente del PP ha enmarcado este pacto en el resultado de las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre, al afirmar que la ciudadanía “quería que María Guardiola fuera su presidenta, hubiera un entendimiento entre PP y Vox y pedían desterrar el ‘sanchismo’ en esta comunidad autónoma”.

Sánchez Juliá ha destacado también que el acuerdo contempla la aprobación de presupuestos anuales durante toda la legislatura y ha garantizado que no habrá “ningún retroceso social”, al tiempo que, según ha dicho, se consolidarán la igualdad de género y los derechos del colectivo LGTBI.

Entre otros aspectos, ha puesto en valor la bajada de la carga impositiva, especialmente para rentas bajas y medias; el impulso a la industria; el refuerzo del sector agrario, con “menos cargas burocráticas y más competitivo”; y la búsqueda de un equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo económico.

“¿A quién le parece mal este acuerdo?”, se ha preguntado el portavoz popular, para responder a continuación que “a la izquierda rabiosa, que no suma y que no es alternativa de nada”.

De cara al Debate de Investidura que arranca este martes en la Asamblea de Extremadura, Sánchez Juliá ha asegurado que Guardiola lo afronta con confianza y con la “responsabilidad del trabajo bien hecho”.

El nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, no intervendrá en el Debate de Investidura que comienza este martes para designar como presidenta de la Junta a María Guardiola. El dirigente socialista se encuentra disfrutando de su permiso de paternidad, por lo que será la portavoz del grupo parlamentario, Piedad Álvarez, quien asuma la réplica en nombre de la formación.

Así lo ha confirmado la propia Álvarez en rueda de prensa este lunes, donde ha defendido la prerrogativa de Sánchez Cotrina a ejercer este derecho, subrayando que se trata de un permiso obligatorio para los padres y un elemento clave para avanzar hacia una “igualdad efectiva” que implique a los hombres en el cuidado de sus hijos.

La portavoz socialista ha asegurado que su grupo afronta el debate con “expectativas bastante bajas” tras el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para conformar gobierno en Extremadura. A su juicio, el nuevo Ejecutivo “nace muerto” al sustentarse en un pacto que incluye medidas “imposibles e ilegales”, que no atienden a los problemas reales de la ciudadanía y que, en su opinión, “solo habla de lo que Vox ha querido que se hable”.

En este contexto, Álvarez ha augurado que la sesión de investidura será “una faena de aliño”, utilizando el símil taurino, y ha señalado que es probable que Guardiola “no agote ni los tiempos” de su intervención. Asimismo, ha pronosticado que la candidata popular “tampoco va a estar cómoda”, como ya ocurrió en el anterior intento de investidura, que resultó fallido ante la falta de acuerdo con Vox.

La dirigente socialista ha criticado además la falta de información sobre el contenido del pacto de gobierno, denunciando una negociación marcada por “la ausencia total de transparencia, el silencio y la opacidad”. En este sentido, ha advertido de que, aunque lo conocido hasta ahora le parece “muy preocupante”, lo más alarmante llegará cuando el futuro Ejecutivo comience a gestionar “los problemas reales de los ciudadanos y ciudadanas”.

Santiago Abascal y su directiva, “que en su vida han tenido dos euros juntos”, en la brillante y acertada definición de su antiguo camarada Ortega Smith, aún lo deben estar celebrando entre incrédulos y eufóricos. Por si quedaba alguna duda tras los catastróficos pactos de junio del 2023, se confirma que este Partido Popular es un chollo entre un millón para Vox; una ganga que no debería dejar escapar y ese chóped que cualquiera sueña encontrar. Solo le pido a Dios que en todas las negociaciones que me queden en esta vida me toque enfrente alguien como Alberto Núñez Feijóo y su Partido Popular. El acuerdo de Extremadura no es un pacto, es un saldo.

Justo cuando el tiempo empezaba a correr a favor de los populares y el miedo a una repetición electoral cambiaba de bando. Justo cuando la marca internacional ultra empieza a dar síntomas de gripado y todo cuanto no parecía hacerle daño a Vox empieza a hacérselo; como suele acontecer en todas las franquicias. Justo cuando la marca Trump se ha vuelto tóxica y le abría una autopista por la derecha para internarse envuelto en la bandera de España en el espacio de Vox. Justo cuando las guerras internas, deserciones, purgas y denuncias por corrupción estaban convirtiendo a Vox en el capítulo más violento y tedioso de los Peaky Blinders. Justo cuando el votante de derechas empezaba a cansarse de tanto desorden y el sangrado de las encuestas permitía a los populares sentarse a esperar a que Vox concediera el empate antes de las elecciones andaluzas, los altos mandos de Génova deciden hacerle otro regalo a Vox y permitirles cantar victoria. 

Una vicepresidencia y dos consejerías en las áreas que Vox demandaba más un pacto programático marcado por las prioridades y los relatos de la ultraderecha a cambio de algo tan obvio como aprobar cuatro presupuestos no es un acuerdo; es un negocio redondo para Santiago Abascal y los suyos. Unas horas antes del plazo límite para ir a la repetición electoral habrían firmado por bastante menos. El miedo habría guardado la viña y un acuerdo ventajoso para Feijóo. Es la consecuencia de una estrategia de oposición basada en la idea de que todo vale: te las meten dobladas por todas partes. 

Que María Guardiola lo envuelva en la épica de una Targaryen que ha logrado, por fin, reunir a los siete reinos para enfrentar al ejército de los caminantes rojos únicamente incrementa su ridículo y la ganancia del otro. 

Moreno Bonilla tiene que estar encantado. Toda su campaña basada en pedir el voto para evitar el lío de tener que pactar con Vox y desde Génova le demuestran que de lío nada y que está chupado: solo hay que darles lo que piden. Toda la campaña tratando de evitar el asunto de la inmigración y los tuyos se tiran de cabeza al pozo con la retórica ultra de tus competidores. Dos por el precio de uno: una ganga.

Lo más importante del acuerdo del Partido Popular y Vox para que María Guardiola presida Extremadura no es todo lo que tenga que ver con el Gobierno de esa región. No es que sea irrelevante lo que ocurra allí, claro, pero hay un análisis que es imprescindible en estos momentos. Las encuestas prevén que unas elecciones generales darían la mayoría absoluta a esos dos partidos. Hay que suponer que un acuerdo para gobernar España tendría muchos de esos puntos que ahora se han pactado. Hay que leerlos como lo que son: el prólogo de lo que sucederá si Alberto Núñez Feijóo se convierte en el próximo presidente del Gobierno.

Todos los medios de comunicación han explicado que varios de esos compromisos relacionados con la inmigración, los que más interesan a Vox, están fuera de las competencias de una comunidad autónoma. Se habla de promover la reforma de leyes orgánicas para imponer una “prioridad nacional” en los destinatarios de ayudas sociales. Es decir, que los nacidos en España disfruten de privilegios sobre los de fuera. Si el PP y Vox cuentan con mayoría en el futuro Parlamento, ese proyecto estará a su alcance. La forma en que se llevará a la práctica es algo que lógicamente hoy no sabemos.

El PP ha sido lo bastante hábil con el lenguaje para no incurrir en una manifiesta ilegalidad. Han pactado inspirarse en “el principio de prioridad nacional”, que debe estar adaptado “a la legalidad vigente” y que los perceptores de ayudas deben tener “un arraigo real, duradero y verificable en el territorio”. En este punto, conviene recordar que la Administración siempre puede imponer condiciones de todo tipo para recibir una ayuda económica. Sólo si son manifiestamente discriminatorias, eso abre posibilidades de que sean recurridas ante los tribunales. Pero los jueces se fijan en primer lugar en las leyes que permiten esas medidas. Sólo hay que cambiar la ley para convertir en posible lo que antes no lo era, y eso podría hacerse en la próxima legislatura. Extremadura es el programa piloto de lo que podría suceder en el futuro en toda España.

La aplicación del pacto de Extremadura (aquí se puede leer el texto íntegro) consagra la idea de que puede haber ciudadanos de primera y de segunda clase. Los segundos serán aquellos que trabajan todos los días, contribuyen a la prosperidad de la economía y pagan sus impuestos, pero que no tendrán acceso a muchas de las medidas que integran lo que se llama el Estado de bienestar. Serán los que han nacido fuera de España y aún no tengan la nacionalidad española, pero sí la residencia. 

Tras la polémica generada, fuentes del PP han difundido el mensaje de que “la partida de nacimiento no determinará las ayudas” y que habrá un sistema de puntos por el que las ventajas para acceder a ayudas sociales se otorgarán en función del número de años que lleve empadronada esa persona, según El Mundo. Estamos en las mismas. Los extranjeros que han llegado a Extremadura en los últimos diez años estarán siendo discriminados, que es lo que ha exigido la extrema derecha.

Es un programa abiertamente xenófobo. Vox se ocupará de darle las connotaciones racistas que más le convengan. Lo vestirá de proclama nacionalista española para hacer frente a una supuesta “invasión” de extranjeros, como ya ha hecho Santiago Abascal. Reiterará que esos inmigrantes vienen a España a aprovecharse de las ayudas sociales y que hay que dejarles claro que no se les quiere en este país.

Feijóo continuará con las falacias con las que adorna su discurso contra la inmigración. Dirá que España acoge a todos los que vienen a trabajar, como si fuera posible vivir aquí tirado en un sofá o como si este país fuera un destino apetecible para todos los que se inician en una carrera profesional orientada al crimen.

Esta semana, Feijóo ha dicho que hay que oponerse a la regularización de inmigrantes sin papeles que el Gobierno ha puesto en marcha porque es “inhumana, injusta, insegura e insostenible”. Sólo alguien como él es capaz de llamar inhumano al intento de dar el documento de residencia a los extranjeros que viven y trabajan en España. Sin ese papel, están condenados a sufrir abusos. Lo que es insostenible es mantener a una parte significativa de la población encerrada en la marginación. Es inmoral y también estúpido.

Extremadura es una de las regiones que ha perdido más población en los últimos 50 años, en concreto un 10% desde principios de los años 70. El 86% de los municipios extremeños tiene ahora menos habitantes que entonces. La despoblación es un problema real con evidentes consecuencias económicas. La falta de oportunidades laborales ha hecho que desde siempre la emigración sea una de las opciones por defecto de los jóvenes extremeños. El 36% de los nacidos en Extremadura vivía en otras comunidades en 2024, un dato que es demoledor. 

También es la región con menor porcentaje de inmigrantes, un 4,1%. Es lógico. Contra lo que piensa Feijóo, los extranjeros vienen a España a trabajar y es normal que pocos vayan a Extremadura si allí es difícil encontrar un empleo. Hay que ser idiota para pensar que el mayor problema de la comunidad es la inmigración. O un racista. 

Volviendo al tema de la ignorancia, el pacto afirma que protegerá a la agricultura y ganadería extremeñas de “las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde”. Además, muestra su rechazo al acuerdo UE-Mercosur. Al firmar este texto, el PP se da un chapuzón euroescéptico al oponerse a medidas que ha aprobado en el Parlamento Europeo. Es la política de la irresponsabilidad con el fin de conservar el poder.

Cómo será la cosa que hasta Isabel Díaz Ayuso ha dicho que el acuerdo no tiene ningún sentido ni legal ni político: “No se puede dejar al margen a nadie fuera de un sistema al que ha contribuido y, por ejemplo, dejarle fuera del sistema sanitario como se nos ha pedido en Madrid”. Es un acuerdo que se hace fuera de la ley y de las competencias autonómicas. 

El PP se ha rendido a las exigencias de Vox. Para no meterse en más problemas con la extrema derecha, ha desaparecido cualquier referencia al machismo y la violencia contra las mujeres. Qué se puede esperar de alguien como Guardiola, autora de la frase “yo no puedo dejar entrar en mi Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista”. En febrero, dijo que “el feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox”, así que no hay motivos para la sorpresa. 

No puedo más que estar de acuerdo con lo que escribe José F. Peláez, columnista de ABC: “Si la alternativa del PP a la regularización de Sánchez es la xenofobia contra menores y privar de fondos a las ONGs y a la Iglesia (pone ONGs y otras entidades y hay precedentes) no hay duda de quién va a ganar el debate público”. No va a ser el PP. No es el único que piensa así entre conservadores y liberales. 

El PP ha comprado todo el mensaje xenófobo de la ultraderecha como si fuera suyo. Lo hace en un momento de aparente debilidad de Vox, que ha visto frenado su crecimiento en las últimas elecciones de Castilla y León, como también parece que ocurrirá en Andalucía. Al igual que pasó en 2023, estos pactos autonómicos adelantan lo que la derecha hará si algún día tiene la oportunidad de llegar a Moncloa subida al caballo de Abascal. Quiero pensar que los votantes tomarán nota. 

Libros

Los grupos que se oponen al derecho al aborto suelen identificarse a sí mismos como provida. Ana Requena, redactora jefe de Género en elDiario.es ha escrito un libro –'Provida'– para refutar esa idea. “Son los mismos que quieren monopolizar el concepto de familia y que criminalizan a quienes se cuidan y estrechan sus lazos de otras maneras. Quienes criminalizan a quienes tienen hijos y forman sus parejas y sus familias, pero no como ellos quieren”. Ana busca liberar el “estigma” que acompaña al ejercicio de ese derecho contando las historias de muchas mujeres que dieron ese paso, esas “historias con minúscula” que ayudan a entender todo por lo que pasa una mujer que decide interrumpir su embarazo. Aquí se puede leer un fragmento del libro.

Uno de los mitos siempre presentes en la vida política española es el concepto de las dos Españas eternamente enfrentadas, originado en el siglo XX. El historiador Henry Kamen ha publicado el libro 'Las dos Españas' para explicar por qué la historia de este país está atravesada por divisiones internas desde los tiempos del Siglo de Oro, un concepto que tiene más que ver con el mito que con la realidad. España siempre ha estado dividida en el pasado por debates sobre su destino como nación y los límites del poder imperial. El concepto de una nación unida en todos los aspectos es una invención contemporánea, como por otro lado ocurre en la mayoría de los países europeos. Kamen es el historiador perfecto para cuestionar muchos de los mitos sobre el pasado de España que leemos habitualmente en algunos medios. 

Es imposible entender muchas de las guerras y conflictos políticos que se producen en el mundo sin conocer la historia de esos países. Vemos estos días cómo el Gobierno de Donald Trump demuestra una ignorancia inmensa sobre Irán y su sistema político. No es una novedad. Estoy leyendo ahora 'Rey de Reyes' del periodista Scott Anderson, un muy buen libro sobre la revolución iraní que culminó en 1979 con el derrocamiento del sha Reza Pahleví y la llegada al poder del ayatolá Jomeini. No muchos meses antes, el presidente Jimmy Carter había dicho que Irán era “una isla de estabilidad en medio de una región llena de problemas”. ¿Cómo es posible que el desenlace sorprendiera a todos? Lo de siempre, una mezcla de arrogancia y total desconocimiento de la sociedad de un país esencial para la política exterior de EEUU. 

La mayor gilipollez que se suele decir cuando la extrema derecha tiene cierto éxito es que ocurre porque la izquierda ha abandonado a la clase trabajadora y ha dejado de ocuparse de sus problemas materiales. Si algo ha dejado en evidencia la política de los últimos años es que a la extrema derecha solo le preocupan las cuestiones culturales como instrumento para garantizar los privilegios materiales de los que más tienen. Extremadura es el último ejemplo donde se busca un burka en Almendralejo para que los terratenientes puedan seguir explotando moros. 

En España hay mucho racista. Hay mucho racista para el que el racismo es el motor fundamental de su vida. Por eso para los racistas no sirven de nada los números que voy a dar, porque son racistas. Pero esos números sirven para desmontar esa gilipollez de que la izquierda no se ocupa de los problemas materiales y por eso se van hacia la extrema derecha que sí se ocupa de esos problemas, porque si algo ha hecho este gobierno, con mayor o menor fortuna por la coyuntura internacional, es poner en el centro de su política precisamente esas cuestiones materiales de la clase trabajadora. No como muchos quisiéramos, pero es indudable que eso ha sido nuclear en su política por encima de las cuestiones culturales. 

El acuerdo de gobierno de PP y Vox, el acuerdo racista, ha propuesto prohibir en espacios públicos que las mujeres porten burka o niqab. Una demanda popular histórica extremeña, por delante de su derecho a un tren digno y unas infraestructuras del primer mundo, por fin ha sido puesta en el centro. Se acabó que las moras no puedan ir tapadas, estén donde están aunque nadie haya visto una. Para entender la necesidad de esta medida hay que conocer una serie de datos que contextualicen hasta qué punto Vox se ocupa de problemas inexistentes que tienen como único objetivo alimentar pulsiones racistas donde no hay problemas para capitalizar ese sentimiento de odio. 

En Extremadura hay una población aproximada de 20.000 musulmanes, bastante estable con pequeñas oscilaciones desde el año 2016. La mayoría de esa población se encuentra en Badajoz, Cáceres y Talayuela, con una población general en toda Extremadura de 1.065.000 habitantes. Los musulmanes suponen el 1,8% de la población, muy por debajo de la media nacional que está cerca del 5%. Extremadura es un territorio con una extensión de 41.635 kilómetros cuadrados, lo que supone que hay un musulmán por cada 0,46 kilómetros cuadrados. Si segmentamos la población musulmana más aún mirando solo a la población femenina, que es la potencial portadora de burka o niqab, tan solo existen 7.000 mujeres en una población de más de un millón de personas, lo que supone el 0,69% de la población. 

El gobierno de PP y Vox ha puesto en el foco una ley para perseguir y criminalizar a un colectivo que supone el 0,69% de la población. Así empiezan los pogromos. Pero podemos aún recortar más si hacemos una estimación. La mayoría de la población musulmana en Extremadura es de Marruecos, donde el burka no existe y el niqab es marginal. Así que atendiendo a la población existente, las características culturales y el uso de estas prendas en la población general, le he pedido a Claude que haga una estimación sobre cuál es el uso potencial de estas prendas en Extremadura. La Inteligencia Artificial de Anthropic ha considerado una estimación de uso del niqab de entre 5 y 20 personas y del burka de un total de 0 mujeres musulmanas. Es decir, la preocupación fundamental de Vox y el PP es atender y poner en el centro un problema que no existe. 

Para seguir contextualizando es más probable encontrarse con una especie en peligro de extinción crítico como el Águila Imperial, que mantiene 75 parejas reproductoras en toda Extremadura, la Cigüeña Negra, el Avetoro o el Desmán Ibérico. Es más probable encontrarse con especies casi desaparecidas de nuestra fauna extremeña que con una mujer musulmana portando por las calles de cualquier población extremeña un burka o un niqab. Como ya hemos dicho ninguno de estos datos servirá para convencer a un racista que deje de serlo y por eso este tipo de medidas seguirá produciéndose en partidos racistas como VOX que las proponen y en partidos racistas como el PP que las aceptan, pero no por ello tenemos que dejar de explicar que legislar sobre el burka en Extremadura tiene el mismo sentido concreto que preocuparse por la proliferación del leopardo de las nieves por La Siberia extremeña. Pero así funciona el odio y la irracionalidad, porque con una buena campaña de desinformación y propaganda puede que algunos piensen que por qué no va a haber por Herrera del Duque un animal que tiene como apellido “de las nieves” estando en La Siberia. No subestimen el poder de la idiocia. 

Alberto Núñez Feijóo aterrizó en Madrid justo hace cuatro años para liderar un PP enfangado en luchas intestinas, con Vox en 50 diputados en el Congreso y en vísperas del primer gobierno de coalición con los ultras, en Castilla y León. El gallego y su equipo decían tener la vacuna contra Santiago Abascal, quien alienta un ‘sorpasso’ al que fuera su partido durante lustros. Hoy, y pese a ambas promesas, la dependencia mutua de la derecha y la extrema derecha es insoslayable, como demuestra el acuerdo alcanzado este jueves en Extremadura y que marca el camino al resto de comunidades. 

El PP propició un miniciclo electoral abierto el pasado mes de diciembre en Extremadura con la intención de desembarazarse de Vox. María Guardiola, primero, y Jorge Azcón en Aragón, después, señalaron a los ultras por sumarse a la izquierda para bloquear su acción de gobierno. El rechazo de los de Abascal a los presupuestos fue la excusa esgrimida para adelantar los comicios. El resultado en ambas comunidades no fue el esperado para el PP. En Extremadura, María Guardiola perdió 10.000 votos. Ganó un diputado, eso sí, por el desvanecimiento electoral del PSOE, que se dejó más de 100.000 sufragios. Guardiola logró un 43% del voto, una cifra enorme, pero claramente insuficiente ante el empuje de Vox, que casi duplicó su apoyo popular.

En Aragón fue aún peor: Azcón perdió votos y diputados. Vox volvió a mejorar notablemente sus resultados y duplicó el número de representantes en las Cortes: de siete a 14. La paradoja llegó en Castilla y León. El PP logró su mejor desempeño allí donde menos confianza tenía. Alfonso Fernández Mañueco ganó voto y procuradores. Pero la extrema derecha también mejoró hasta rozar el 19% del apoyo popular.

Pasada la efusividad de la noche electoral y la teatralización del día siguiente, la realidad se hizo patente en el número 13 de la madrileña calle de Génova. El PP y Vox están condenados a entenderse para gobernar, y sus principales dirigentes no tienen más remedio que asumir al otro, pese a la evidente falta de sintonía entre ellos y sus cúpulas, lo que ha devenido en un cruce de declaraciones altisonantes que se han prolongado más allá de las campañas electorales.

En estos largos meses de negociaciones (cerradas en Extremadura, casi concluidas en Aragón e incipientes en Castilla y León), Feijóo ha asegurado, por ejemplo, que PP y Vox no tienen “el mismo concepto europeo”. Que difieren sobre “la Transición”. Que el suyo es un partido “constitucionalista”, lo que permite inferir que cree que el otro no lo es. “Somos un partido que cree en el Estado de las autonomías”, ha afirmado en contraposición a Vox. 

El mismo Feijóo que en julio de 2025 afirmó querer un “Gobierno en solitario”, a principios de este 2026 asumió la realidad electoral: “No le pedimos [a Vox] que comulguen con nuestros principios. Tampoco nosotros vamos a comulgar con los de ellos. Pero es que no tenemos elección”. 

No fueron las únicas lindezas que dedicó Feijóo a su único aliado disponible hoy por hoy. Durante las sucesivas campañas, el líder del PP tildó de “adolescente” la posición teóricamente obstruccionista de Vox. También dijo que era “poco democrático” que no dejaran gobernar a su partido tras ganar las elecciones. 

La respuesta de Abascal llegó a través de su principal canal de difusión: las redes sociales. El líder de Vox pidió “detener la invasión”, en referencia a las personas migrantes, “para proteger a los españoles”. Algo que, apuntó, no quiere hacer la dirección nacional del PP.  “Esto es lo que quiere evitar Feijóo, y por eso dinamita las negociaciones”. Abascal también tildó a la dirección del PP de tener comportamientos de “contrabandistas de ría”, una poco velada referencia a la procedencia gallega de Feijóo y de su equipo de principales colaboradores, y a su larga amistad con el narco Marcial Dorado.

Un programa con mucha huella de Vox

Los discursos han ido por un lado, y las negociaciones por otro. Pese a que el propio secretario general del PP, Miguel Tellado, aseguró el pasado verano que “no habrá coalición con Vox”, las derechas están condenadas a entenderse si quieren gobernar. Y la dependencia parece mayor para el PP, quien ha renunciado no solo a su intención de gobernar en solitario. También ha convertido en papel mojado la propia guía de las negociaciones impuesta por Génova a los barones autonómicos.

Un documento que se hizo público en plena pugna negociadora en Extremadura y cuando el riesgo de descarrilamiento de las conversaciones fue real. La dirección nacional del PP asumió las riendas de las negociaciones, con Tellado y la jefa de gabinete de Feijóo, Marta Varela, como delegados plenipotenciarios.

El decálogo negociador recoge dos ideas esenciales para marcar los límites de los posibles pactos: nada de exceder los marcos competenciales autonómicos ni “fuera de la legalidad vigente”. En el PP tenían miedo de que sus barones firmaran cualquier papel con tal de garantizarse la investidura, como ocurrió en 2023. El de ahora supera a aquel.

El descontrol de aquella negociación autonómica y municipal fue crucial para el fiasco de Feijóo en las generales del 23J, tal y como reconocen abiertamente en su equipo. En esta ocasión, el control desde la dirección nacional ha sido mayor, pese a que durante los más de 100 días de conversaciones la pérdida del control de los tiempos ha abonado la impaciencia de muchos.

El acuerdo en Extremadura excede los límites marcados por la dirección, al menos en su enunciación política. Está por ver el encaje legal de algunas afirmaciones que incumplen el decálogo planteado por la dirección del PP, y asumido a su vez por ella misma. El pacto se hizo público en la noche del jueves y recoge muchas ideas fuerza de la ultraderecha. El líder de Vox lo recibió de hecho con júbilo. “Hemos llegado a un acuerdo en el que tenemos garantizado que en Extremadura va a haber prioridad nacional; prioridad de los españoles en el acceso a las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda social”, dijo Abascal.

Ya desde el inicio el texto deja clara su vocación. Habla de la “búsqueda del bien común y la toma de las mejores decisiones para Extremadura y España” y en su primer punto programático establece “blindar la continuidad de Almaraz”, la central nuclear gestionada por Iberdrola, Endesa y Naturgy. Una idea que excede por completo el marco autonómico

Lo que sí puede hacer el Gobierno de PP y Vox es, tal y como plantean, “eliminar de la ecotasa energética”, que grava precisamente a instalaciones como la central de Almaraz. Supone unos ingresos de unos 80 millones al año, y desaparecerá de forma progresiva durante la legislatura. Las empresas propietarias anticiparon en 2025 beneficios por 10.000 millones de euros.

El acuerdo ataca expresamente a las energías renovables y plantea “evitar la ocupación indiscriminada del suelo”. En la actualidad, menos de un 0,5% del territorio español acoge una central fotovoltaica o eólica, principales objetivos de Vox. A la vez, el documento plantea “implantar industria” con solo una “declaración responsable” de los promotores. A tal fin, se afirma la “revisión de la delimitación de las zonas” de especial protección medioambiental que forman parte de la Red Natura 2000, de ámbito continental.

PP y Vox quieren también “blindar el sector primario frente a la agenda 2030”, de ámbito europeo y aprobada en su momento con los votos favorables del partido de Feijóo. También critica otras “imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde” (negociado también por el PP en la UE). “Manifestamos nuestro rechazo explícito al acuerdo UE-Mercosur”, concluye el texto. Otro elemento ajeno a la política autonómica.

Los ejemplos son muchos: en cuanto a políticas sociales, PP y Vox han acordado dar “prioridad a los españoles” en lo que se refiere a atención sanitaria y ayudas. Reconocen, eso sí, que difícilmente podrán hacerlo porque contraviene tanto la normativa estatal como la europea. También en materia de inmigración PP y Vox asumen unos postulados que escapan al control de un gobierno autonómico, como rechazar la llegada de menores solos o impedir el reparto de migrantes irregulares.

El Gobierno que presidirá María Guardiola (a quien Abascal llamaba despectivamente “Irene Guardiola” en campaña, y de quien ha pedido su cabeza en varias ocasiones) “no participará en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Extremadura”, afirma el documento. Tampoco la “prohibición del uso del burka y nicab en espacios públicos” está amparada por ninguna norma estatal, por lo que no se podrá imponer.

En materia de inmigración, PP y Vox han acordado crear una indeterminada Unidad Administrativa de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva que “tendrá un papel activo en la identificación y desmantelamiento de redes organizadas y mafias que operan mediante la sobreocupación de viviendas y los denominados ‘pisos patera”. 

En materia de vivienda, el documento lo tilda de “prioridad nacional” y exigirá entre cinco y 10 años de empadronamiento para acceder a un piso protegido. El documento dedica varios puntos a la ocupación, pese a que Extremadura registró 142 ocupaciones de viviendas en 2024 y los allanamientos de morada apenas sumaron tres casos el mismo año, según el Sistema Estadístico de Criminalidad. El contenido ultra del documento llega hasta su final, donde se plantea la “declaración como Bien de Interés Cultural la Cruz de los Caídos de Cáceres”.

Unidad de destino electoral de las derechas

El acuerdo no se puede circunscribir a Extremadura, dado que no se ha podido firmar sin el visto bueno previo de las direcciones estatales. Además, deberá todavía ser refrendado por el Comité Ejecutivo Nacional del PP, que aglutina a la dirección de Feijóo y a los barones autonómicos. 

Así, todo el partido se hará responsable de este pacto. Y de los que lleguen. Porque la realidad electoral española deja poco margen. Pendientes de ver lo que pasa en Andalucía, donde el PP suspira con retener la mayoría absoluta de Juan Manuel Moreno, todas y cada una de las encuestas que se publican en España apuntan a que PP y Vox deberán entenderse en buena parte del país. Y con bases políticas similares.

Así, el documento sellado el jueves por los dos partidos habla de un “compromiso de unidad y confianza mutua”. Y eso que el PP apenas ha hecho comentarios al respecto. En una nota remitida a los medios esa misma noche, se plantea:“ Cerrado el capítulo de Extremadura, vamos a por la siguiente”.

Feijóo todavía no ha dicho nada sobre el acuerdo. Este viernes, se organizó un acto cerrado de aclamación con la dirigente opositora venezolana María Corina Machado y no habló sobre el pacto.

Sí lo han hecho algunos dirigentes autonómicos. Y los dos principales barones se han querido desmarcar expresamente de un pacto que tendrán que votar en los órganos internos.

Moreno, que se enfrentará a las urnas el 17 de mayo, teme perder la mayoría absoluta que logró en 2022 y tener que gobernar con Vox, lo que le haría perder el aura de moderado que se ha construido desde que asumió la Presidencia de la Junta de Andalucía. 

“Es lo que queremos evitar en Andalucía” dijo expresamente este viernes cuando fue preguntado por el acuerdo firmado por Guardiola y la dirección del PP. El presidente andaluz criticó los “seis meses, medio año, de parálisis” desde las elecciones, aunque han sido cuatro meses. “En Andalucía buscamos otra opción, aspiramos a un gobierno en solitario, a ser libres y no tener que esperar”, zanjó.

Tampoco a la madrileña Isabel Díaz Ayuso le agradó el acuerdo, sobre todo por naturalizar ese lema de “españoles primero” que ella intenta desactivar en su región para impedir el auge de Vox. “Yo creo en la ley y el orden”, dijo este viernes, “No puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tienen derecho”, añadió, y anticipó un fiasco para los extremeños que se crean el acuerdo: “Como se va a tener que cumplir la ley, creo que muchos de esos requisitos no son legales. No se puede dejar a nadie al margen de un sistema en el que ha contribuido y dejar al margen del sistema sanitario”.

Las siguientes paradas de la negociación son Aragón y Castilla y León, donde se confirmará si lo pactado en Extremadura se va a extender al resto de las regiones pese a las reticencias de los principales barones del PP.

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha afirmado este viernes que el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox para la investidura de María Guardiola confirma que la dirigente popular “ha pasado por el aro” y conducirá a la región a un gobierno “inestable”.

Tras reunirse con el presidente del Parlamento autonómico, Manuel Naharro, en el marco de la ronda de contactos previa al debate de investidura, Álvarez ha asegurado que el pacto ratifica las advertencias de Vox, que ya había anticipado que habría gobierno en Extremadura “cuando le diera la gana”.

“Después de casi seis meses perdidos para Extremadura, volvemos a la casilla de salida”, ha señalado la portavoz socialista, quien ha lamentado además que la comunidad haya perdido autonomía en este periodo. “Si algo hemos aprendido es que Extremadura no cuenta ni para el Partido Popular ni muchísimo menos para Vox”, ha añadido.

Álvarez ha sostenido que el acuerdo responde a un “puro tacticismo electoral y político dirigido desde Madrid”, utilizando a Extremadura como “campo de prueba”. En este sentido, ha advertido de que lo ocurrido en la región podría anticipar pactos similares en otros territorios como Aragón, Castilla y León o incluso Andalucía.

Sin entrar en los detalles concretos del acuerdo, la dirigente socialista ha considerado “poderosamente llamativo” el reparto de áreas de gobierno. Así, ha criticado que la gestión de medio ambiente recaiga en una formación que “niega el cambio climático”, tras los incendios sufridos el pasado verano, o que servicios sociales quede en manos de quienes, según ha recordado, “deshumanizaban a los inmigrantes”.

También ha cuestionado la creación de una consejería de Familia —“y no de familias”, ha subrayado— y su posible orientación en materia educativa, en referencia a propuestas como el denominado pin parental. Asimismo, ha mostrado su sorpresa por la atribución de Agricultura a Vox, un partido que, según ha señalado, mantiene posiciones alineadas con políticas arancelarias que perjudicarían al campo español.

Por último, Álvarez ha denunciado la ausencia de referencias a la igualdad en el acuerdo, al considerar que “la igualdad de la señora Guardiola es la misma que la de Vox”, en línea —ha recordado— con declaraciones previas de la propia líder popular.

El PP ha comprado definitivamente el marco mental de Vox. Es lo que se desprende del pacto de Gobierno alcanzado entre ambas formaciones en Extremadura este jueves. Lejos de domesticar a Vox, el documento incorpora de manera explícita la agenda ideológica identitaria de la extrema derecha (antiglobalismo, xenofobia, islamofobia, discriminación en las ayudas públicas y una guerra declarada a la Agenda 2030). Además, Vox logra un peso orgánico mucho mayor en el Ejecutivo de María Guardiola: una Vicepresidencia y el control de los servicios sociales, que no poseía en la legislatura anterior.

Entre el pacto de 2023 y este de 2026 existen algunas coincidencias, pero todas las diferencias son concesiones a Vox. Pese a haber sido insultada como “feminazi” por Vox durante la campaña, Guardiola ha vuelto a transigir con las exigencias de la extrema derecha, como ya hiciera para acceder al poder en 2023. Es elocuente que en el título del nuevo pacto se caiga la idea de “cambio” para Extremadura, que sí figuraba en el anterior, aunque realmente las medidas sí introducen un cambio: hacia la derecha.

Analizamos a continuación las principales diferencias entre ambos pactos. Diferencias que podrían marcar la tónica de los acuerdos que todavía no se han alcanzado en Aragón y en Castilla y León, y que también podrían ser necesarios en Andalucía, si Juanma Moreno no logra la mayoría absoluta el próximo 17 de mayo. El nuevo pacto implica un salto cualitativo respecto al documento de 2023. Son 61 puntos y 74 medidas que en muchos casos dependen de reformas de leyes nacionales que el PP, de momento, está lejos de poder garantizar. Aun así, los de Abascal se han contentado con esa promesa de difícil cumplimiento y han sellado el pacto, lo cual no es descartable que suceda igualmente en Aragón y Castilla y León.

La “prioridad nacional”, el eufemismo xenófobo que asume el PP

Mientras que en 2023 no se mencionaban las políticas migratorias, ahora el concepto de “prioridad nacional” es una de las grandes novedades de este acuerdo. Es una versión eufemística del lema ultranacionalista “los españoles, primero”, que busca restringir y priorizar el acceso a las ayudas, subvenciones, prestaciones sociales y vivienda protegida.

El objetivo de “la prioridad nacional” es asignar los recursos públicos de manera prioritaria a aquellas personas que puedan demostrar un “arraigo real, duradero y verificable” en el territorio extremeño, dificultando o impidiendo el acceso a la población inmigrante más reciente o indocumentada. Crea, de facto, ciudadanos 'de primera' y 'de segunda'.

Además, el nuevo pacto explicita la utilización del padrón, a pesar de no tener competencias para ello. Vox y el PP se comprometen a exigir un empadronamiento ininterrumpido en Extremadura de hasta 10 años para comprar vivienda protegida (5 años en el caso del alquiler), y exigen al Gobierno central reformar la legislación para anular automáticamente la inscripción en el padrón municipal de los “okupas” o de cualquier persona que no acredite un título válido de propiedad o alquiler, creando además una unidad administrativa específica dedicada a perseguir los empadronamientos ficticios y los “pisos patera”.

El machismo ya no existe en el nuevo pacto

En materia de políticas de igualdad, ambos acuerdos comparten la omisión absoluta de cualquier mención a los derechos del colectivo LGTBI o a la diversidad sexual, pero evidencian un claro retroceso conservador entre un texto y otro. Mientras que el pacto de 2023 aún conservaba un compromiso explícito para “erradicar los discursos machistas” y rechazar la “violencia contra la mujer” —aunque ya entonces eludía el término “violencia de género” o “machista”—, en 2026 no hay mención al machismo. Este viraje de 180 grados ya se percibió en febrero, cuando Guardiola dijo defender “el mismo feminismo” que defiende Vox.

En su lugar, el nuevo acuerdo sustituye la agenda de igualdad tradicional por un enfoque exclusivo en el fomento de la natalidad y la creación de una “nueva ley de familia”. Además, el pacto de 2026 instrumentaliza el concepto de igualdad dentro de su agenda identitaria, utilizando la defensa de “los valores de igualdad y dignidad” de la mujer como el argumento jurídico y moral para justificar una medida de rechazo frontal al islam ultraconservador: la prohibición del burka y el niqab en los espacios público (atuendos, por cierto, absolutamente marginales en la región).

Una falsa “neutralidad ideológica en las aulas”

En materia de educación, ambos acuerdos comparten la promesa de garantizar la “neutralidad ideológica” en las aulas, blindando el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación “acorde a sus convicciones” (lo que abre la puerta al veto parental). Vox, sin embargo, suele defender “los usos y costumbres locales” para imponer en el espacio público la doctrina católica.

Este nuevo pacto refuerza un marcado giro identitario y nacionalista: mientras que en 2023 las propuestas eran más genéricas, enfocadas en dignificar al docente y modernizar los centros, el nuevo documento de 2026 impone la supresión inmediata del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí alegando un rechazo a las “injerencias extranjeras”. La persecución de la lengua árabe es otra medida que Vox está intentando en varias comunidades y que el PP ya ha aplicado, por orden de Vox, en Murcia.

Pese a la supuesta “neutralidad”, lo cierto es que en ocasiones Vox ha pedido que la asignatura de Religión (católica, claro) sea evaluable y tenga el mismo peso que las materias troncales, garantizando su oferta incluso en Bachillerato. PP y Vox dicen huir del “adoctrinamiento en las aulas” pero buscan blindar el catolicismo, camuflándolo como “libertad religiosa” y arrogando a la doctrina católica el papel de pilar fundamental de la identidad cultural española (con una ignorancia explícita de las aportaciones de las culturas grecorromana, hebrea e islámica a la tradición española).

Negacionistas climáticos a los mandos de la agricultura: el motor económico extremeño

La entrada de Vox en la Vicepresidencia y en la gestión de Agricultura, Ganadería y Medio Natural supone también un cambio de paradigma. Vox ya no es un acompañante en la gestión forestal (la residual cartera que asumieron en 2023) sino el gestor del principal motor económico de la región: el campo.

El pacto de 2026 radicaliza su postura al evolucionar de una petición genérica para revisar las políticas verdes a un “blindaje” frontal contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo. Ahora se rechaza explícitamente el acuerdo UE-Mercosur, se establece un fondo de compensación frente a las “imposiciones de Bruselas” y se exige priorizar el 100% de productos nacionales y autonómicos en los comedores públicos.

Misión: salvar la central de Almaraz

En materia de energía nuclear, el pacto de 2023 se limitaba a una exigencia política genérica pidiendo que se “rectificara” el plan de cierre de la central nuclear de Almaraz. El documento de 2026 anuncia un plan de acción autonómico concreto para blindar la central: la progresiva eliminación de la “ecotasa” autonómica que grava la producción de energía nuclear, aplicando una reducción del 30% anual hasta su supresión total antes del final de la legislatura.

Además, el nuevo acuerdo introduce una medida territorial inédita, comprometiéndose a destinar el 50% de la recaudación restante de esta tasa a un fondo exclusivo para promover el desarrollo socioeconómico, la generación de empleo, la mejora de infraestructuras y la promoción de vivienda en los municipios del entorno de la central y su área de influencia.

El acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Extremadura pone fin a cuatro meses de bloqueo y parálisis, y a uno de los capítulos políticos más convulsos en la historia parlamentaria de Extremadura. Vox asumirá una vicepresidencia con competencias en servicios sociales, familia y desregulación (una nueva cartera que anuncia una de las líneas maestras del pacto). Además recibirá la Consejería de Agricultura y Ganadería. Pasadas las 20:15 de este jueves, la propia María Guardiola, presidenta en funciones, y el líder regional de Vox, Óscar Fernández, han anunciado el pacto.

Vox también le saca al PP el senador por designación autonómica, que será Ángel Pelayo Gordillo. “El acuerdo va a ser bueno para Extremadura”, ha dicho Guardiola; mientras que Fernández ha expresado su voluntad de que el pacto dure los cuatro años de la legislatura. En las próximas horas está previsto que ambas formaciones difundan un documento con las medidas acordadas.

Fuentes del PP han asegurado que Guardiola ha contado “con total autonomía”para negociar la configuración de su Ejecutivo. “El número de cargos y el nombre de las personas que habrán de ocuparlos nunca fue motivo de negociación por parte de los negociadores de la Dirección nacional del Partido Popular”, aseguran . “Estamos muy satisfechos de haber ayudado a desbloquear una situación que hace dos meses apuntaba hacia unas nuevas elecciones y que ahora ha cristalizado en un acuerdo de Gobierno para cuatro años”, añaden las fuentes de Génova.

También aseguran que “en los ultimos días” se ha avanzado “de manera significativa” en las negociaciones en Aragón: “Somos optimistas y donde esperamos alcanzar un acuerdo igual de satisfactorio en los próximos días. Tras ganar las elecciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León, el Partido Popular no sólo tiene ya las Presidencias de las tres Cámaras legislativas, sino que consigue un acuerdo para la primera de las investiduras. Cerrado el capítulo de Extremadura, vamos a por la siguiente”.

Investidura el 21 y 22 de abril, toma de posesión, el 24

Lo que comenzó el 21 de diciembre pasado, con una victoria insuficiente de la derecha, termina con un Ejecutivo de coalición forzado por el calendario, para evitar una repetición electoral, y por las directrices nacionales de ambos partidos. La investidura queda fijada para el martes 21 y el miércoles 22 de abril. La toma de posesión sería el viernes 24.

La falta de entendimiento, los reproches y los enfrentamientos han sido la tónica general entre PP y Vox en Extremadura, que, sin embargo, estaban condenados a entenderse para evitar que los extremeños volvieran a las urnas en junio. Hoy la sensación era de euforia. “Extremadura necesita estabilidad y crecimiento”, ha dicho Guardiola, y ha admitido “la parálisis” en la que ha vivido la región.

El acuerdo era necesario antes del 4 de mayo, pero en su contra jugaban las exigencias de la extrema derecha para hacer valer sus buenos resultados electorales, al pasar de cinco a 11 diputados; las presiones del PP para obligar a Vox a sentarse a negociar, acusándolos de cálculo electoral por estar pendientes de los comicios en Aragón y Castilla y León y no atreverse a sentarse en un Gobierno; y la constante supervisión nacional de la negociación extremeña, por ser la primera en la que se medía la temperatura de la relación entre la derecha y la extrema derecha tras la ruptura de todos los gobiernos autonómicos de coalición en 2024.

Abascal y Feijóo, para destensar la relación

Las conversaciones entre PP y Vox se rompieron en Extremadura al poco de empezar y no se retomaron hasta que celebraron las elecciones en Aragón y Castilla y León, cuando hablaron Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal para destensar la relación en los territorios. Desde entonces, el clima de entendimiento cambió en Extremadura y, aunque los avances para sellar el pacto se han sucedido a cuentagotas, ambas formaciones hicieron gala desde entonces de su voluntad negociadora y del “clima de colaboración”.

La lentitud para el acuerdo, a pesar de que las elecciones se celebraron en diciembre –y de que hubo por medio una investidura fallida de María Guardiola en la primera semana de marzo– ha estado motivada por el interés del PP de cerrar un pacto que garantizara de alguna manera cuatro años de legislatura completos y por las exigencias de Vox, tanto programáticas como de presupuesto y de poder en el organigrama de la Junta de Extremadura.

El Partido Popular y Vox están muy próximos a cerrar un acuerdo de Gobierno en Extremadura tras varias semanas de negociaciones desarrolladas, según ambas partes, en un clima de respeto y discreción. Las conversaciones continúan abiertas y se centran ahora en limar las últimas diferencias antes de anunciar un pacto definitivo.

Fuentes del PP señalan que las posiciones entre ambos partidos son “cercanas”, aunque todavía no definitivas, y confían en que en los próximos días se concreten los puntos pendientes. Desde la dirección nacional, en la sede de Génova, destacan que la discreción ha sido clave para avanzar en las conversaciones.

En el equipo de Alberto Núñez Feijóo subrayan que el tono de las negociaciones ha sido constructivo, con la participación del secretario general, Miguel Tellado, y la diputada Marta Varela. Además, apuntan que la tensión ha sido mayor en las declaraciones públicas de Vox que en las reuniones de trabajo.

Por su parte, desde Vox aseguran que las conversaciones avanzan “mucho”, aunque reconocen que aún quedan flecos por cerrar. Entre los principales puntos de discrepancia figuran cuestiones como la política de vivienda o la fiscalidad, donde persisten diferencias ideológicas entre ambas formaciones.

Fuentes del partido liderado por Santiago Abascal indican que el acuerdo final no responderá plenamente a las aspiraciones iniciales de ninguno de los dos partidos, ya que ambos están realizando concesiones en aras de garantizar la estabilidad institucional.

El calendario político añade presión a las negociaciones. El próximo 3 de mayo es la fecha límite para alcanzar un pacto que permita la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura y evitar así una repetición electoral en la comunidad.

La consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, ha advertido de que la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Consejo de Ministros tendrá un impacto en las listas de espera del Servicio Extremeño de Salud (SES), al ampliar el número de usuarios con acceso a prestaciones sanitarias no urgentes.

A preguntas de los medios este miércoles en Mérida, donde ha inaugurado las IV Jornadas Extremeñas de Fisioterapia en Atención Primaria y Salud Comunitaria, García Espada ha señalado que este proceso supondrá “un incremento de los usuarios del sistema sanitario público extremeño”.

La consejera ha querido subrayar que las urgencias están garantizadas, al afirmar que “ni en Extremadura ni en ninguna parte de España fallece nadie por una urgencia no atendida”, ya que este tipo de asistencia se cubre con independencia de la situación administrativa de los pacientes. No obstante, ha explicado que la regularización modificará “el paradigma de atención sanitaria” para estas personas, que a partir de ahora podrán acceder a tratamientos programados.

En este sentido, ha puesto como ejemplo la posibilidad de someterse a intervenciones no urgentes, como la implantación de una prótesis de cadera, lo que, a su juicio, repercutirá en la actividad asistencial del SES. “Sin duda tendrá un impacto en el SES, en listas, en atención, en consultas y en todo: más usuarios”, ha afirmado.

Para hacer frente a este aumento de la demanda, García Espada ha indicado que la estrategia del Ejecutivo regional pasa por fidelizar a los profesionales sanitarios y ampliar la plantilla del SES, con el objetivo de reducir los tiempos de espera y mejorar la calidad asistencial. “Nuestro plan de ruta sigue exactamente igual”, ha añadido.

Por otro lado, en relación con la solicitud del comité de huelga de los médicos de celebrar una reunión conjunta entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para avanzar en la reforma del Estatuto Marco, la consejera ha asegurado que Extremadura participará si se convoca el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Asimismo, ha avanzado que pedirá la implicación de otros ministerios que puedan “hacer realidad” las propuestas planteadas por la ministra de Sanidad, Mónica García, a quien ha acusado de estar “sola en su lucha por avanzar en un estatuto marco que deja fuera a los médicos”.

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha acusado este viernes a la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, de “manosear” el Premio Carlos V, concedido al Comité de las Regiones de la Unión Europea, y que iba a recibir el copresidente de este órgano, Juan Manuel Moreno Bonilla, en los últimos días de la campaña electoral en Andalucía.

La Fundación Academia Europea de Yuste comunicó el jueves que la entrega de este galardón por parte del rey de España se aplaza del 12 al 25 de mayo, tras la denuncia de Adelante Andalucía ante la Junta Electoral y “ante cualquier intención espuria o que enturbie el fundamento de estos galardones”.

“Respetamos profundamente a esa fundación, pero lamentamos el manoseo que tiene la señora Guardiola con todo por el puro interés personal”, ha denunciado la diputada socialista, que ha criticado a la presidenta extremeña por obedecer, “como siempre, las órdenes de Génova”. “Porque si Génova les dice que convoque elecciones, ella convoca elecciones, y si Génova les dice que le dé el premio a Juanma Moreno Bonilla, pues ella le da el premio a Juanma Moreno Bonilla”, ha subrayado.

A la portavoz del Grupo Socialista no le sorprende la denuncia ante la Junta Electoral, ya que la entrega del premio se produciría en plena campaña, porque Guardiola ha sido condenada varias veces por utilizar recursos públicos para intereses personales y partidistas. En primer lugar, ha recordado, por pagarse con dinero público entrevistas y, en segundo lugar, por inaugurar obras en plena campaña electoral.

“Le han pillado con el carrito de los helados y no van a dejar que los extremeños y las extremeñas le paguemos la campaña electoral a Juanma Moreno Bonilla”, ha señalado Álvarez, que, no obstante, se alegra por la concesión del premio.

Tampoco ha sido posible este viernes tras más de seis horas de reunión en Mérida. PP y Vox no han sellado aún el pacto de Gobierno que permitirá la investidura de María Guardiola, pero ambas formaciones han emitido un comunicado conjunto en el que exhiben la sintonía de la que han hecho gala en las últimas semanas y aseguran que las negociaciones se encuentran ya en una “fase avanzada”.

Por ello, aunque hace más de tres meses y medio que se celebraron las elecciones autonómicas en Extremadura, PP y Vox no dan una fecha para la firma del acuerdo, pero sí confían en resolver “pronto” los asuntos pendientes, “con el fin de alcanzar el mejor acuerdo posible para garantizar la estabilidad política e institucional que Extremadura necesita”, según explican en ese comunicado.

El actual clima de entendimiento no tiene nada que ver con el mostrado por ambos partidos durante las primeras semanas tras la cita electoral, cuando planeó la posibilidad de una repetición electoral. Ahora, PP y Vox han resaltado el “clima de colaboración y responsabilidad” para centrarse “en la definición y desarrollo de las medidas y políticas prioritarias necesarias para poner en marcha el nuevo mandato, así como los plazos y la financiación que las hacen viables”. Es decir, como ha venido reclamando la extrema derecha: la concreción de un programa político para los próximos cuatro años, un cronograma para ejecutar las medidas a lo largo de los próximos cuatro años de legislatura y el presupuesto necesario para hacer realidad ese pacto.

En la negociación de este viernes en Mérida, la quinta reunión que se conoce, aunque aseguran que ha habido otras “sin trascendencia púbica”, han participado los líderes regionales del PP, María Guardiola, y de Vox, Óscar Fernández Calle. También se ha desplazado hasta la capital extremeña la diputada del PP Marta Varela, mientras que el secretario general del partido, Miguel Tellado, ha participado telemáticamente al encontrarse en Málaga con motivo de las próximas elecciones en Andalucía.

El pacto de gobierno entre PP y Vox en Extremadura se da por hecho. No se sabe cuándo obtendrá luz verde, aunque ambas formaciones dan a entender que el acuerdo llegará antes de mayo. Pero mientras que en el Gobierno en funciones extreman la cautela para evitar dar munición a la ultraderecha y evitar el bloqueo de las conversaciones, en Vox exhiben su fuerza en esa negociación.

El líder regional de la formación de extrema derecha, Óscar Fernández Calle, ha sido muy claro durante su intervención hoy en un pleno en el que se ha convalidado el decreto, pactado entre PP y Vox, para flexibilizar la acción del Gobierno extremeño, que está en funciones desde el 21 de diciembre: “Guardiola fue presidenta [en 2023] porque a Vox le dio la gana. Y si hay nueva presidenta, dios dirá porque estamos en manos del altísimo, será porque le dé la gana a Vox. Ni más ni menos”.

Las formas empleadas por el portavoz de Vox han protagonizado el debate, alejado del decoro parlamentario cada vez menos habitual en la Asamblea extremeña. Fernández Calle se ha mostrado desafiante con los diputados de Unidas por Extremadura (se ha llegado a encarar desde la tribuna con David Araújo, que se estrena en esta legislatura), a quienes ha dicho que, si finalmente hay “un Gobierno de Vox”, se “alegrará infinitamente de verles echar espuma por la boca”.

Su tono y palabras han sido afeadas por el portavoz del PSOE, José María Vergeles, que ha acusado a la presidenta en funciones, María Guardiola, del “ambiente cada vez más irrespirable que hay en esta Cámara”, y hasta por el portavoz del PP, Juan Luis Rodríguez Campos, que se ha dirigido a Fernández Calle para decirle que la gente quiere seriedad y acuerdos fruto de los resultados de las últimas elecciones autonómicas, y no venir aquí a provocar que nadie eche “espumarajos por la boca”.

Sin embargo, el consejero de Presidencia en funciones, Abel Bautista, que ha sido el encargado de defender el decreto, se ha mostrado conciliador con Vox hasta el punto de dar por asegurado el pacto: “Este es le camino que vamos a seguir recorriendo los próximos cuatro años, y lo haremos con la mayoría de esta Cámara, con el Grupo Parlamentario Popular y con el Grupo Parlamentario Vox, con responsabilidad, altura de miras y con la idea de una Extremadura mejor”.

Bautista ha descartado la posibilidad de una repetición electoral en Extremadura, aunque ha admitido que  la negociación entre ambas formaciones se está dilatando en el tiempo “más de lo deseado”, aunque ha recordado que en 2019 se repitieron las elecciones en España tras siete meses de bloqueo político.

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha denunciado el “circo” de la negociación entre el PP y Vox y ha subrayado que los que realmente “parten la pana” están en Madrid y no en Extremadura, por lo que “todo puede cambiar de uno día para otro”.

El Comité Europeo de las Regiones (CDR), ha sido galardonado con el Premio Europeo Carlos V en su decimonovena edición, en reconocimiento de su labor por llevar la voz de los municipios y las regiones a las instituciones europeas.

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha dado a conocer el fallo de este galardón que otorga el Patronato de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y que en su anterior edición recayó en el político y diplomático Josep Borrell.

El Premio Carlos V está destinado a reconocer a aquellas personas físicas, organizaciones, proyectos o iniciativas que hayan contribuido con su esfuerzo al conocimiento general y engrandecimiento de los valores culturales, sociales, científicos e históricos de Europa o a la unificación de la Unión Europea.

Personalidades como Jacques Delors, António Guterres, Angela Merkel, Mijail Gorbachov, Simone Veil, Helmut Kohl, Sofia Corradi, Felipe González y Mario Draghi, entre otras, también han sido distinguidas con este reconocimiento.