El ex director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Jesús Vilés Piris, se incorporó a la sanidad privada solo seis días después de su cese, pero solicitó la compatibilidad el mismo día que María Guardiola firmó el decreto de cese. Vilés obtuvo la autorización de compatibilidad, y con ello el permiso para unirse a la clínica privada, tras declarar que realizaría tareas estrictamente asistenciales sin funciones de mando.

La Junta de Extremadura le dio luz verde sin conocer que Clínica Parque San Francisco, centro gestionado por Clínica Quirúrgica Cacereña S.A.U. (Grupo Hospitales Parque) lo fichó como 'director médico', puesto que el responsable de la sanidad pública extremeña entregó su contrato al día siguiente de que elDiario.es Extremadura desvelara su nuevo destino laboral. Casi un mes antes, el 9 de junio, el Registro de Conflictos de Intereses resolvió el expediente de Vilés definitivamente de forma favorable.

Cronología: de la declaración al contrato

Para entender cómo la Junta de Extremadura declara de forma favorable la compatibilidad del exgerente del SES para trabajar en la sanidad privada hay que remontarse al 5 de mayo. Ese día, María Guardiola decreta el cese de Vilés (decreto 58/2026, publicado en el Diario Oficial de Extremadura al día siguiente). Apenas unas horas después del acuerdo de cese el 5 de mayo, Vilés registró telemáticamente su declaración de actividades tras el cese.

En ese escrito, el exresponsable sanitario comunicó que pretendía incorporarse a Hospitales Parque como “médico con funciones de apoyo organizativo interno”, limitadas a la atención asistencial de pacientes y la elaboración de turnos, garantizando por escrito que no asumiría funciones directivas, representación mercantil ni capacidad decisoria.

Las condiciones pactadas en el sector privado se formalizaron seis días después. El 11 de mayo de 2026, Vilés suscribió su contrato indefinido ordinario con Clínica Quirúrgica Cacereña S.A.U.. En la cláusula primera y en el punto tercero de su anexo laboral, la categoría asignada fue de forma expresa la de director médico, dependiendo del Director del Negocio de Hospitales. No obstante, en el clausulado anexo se estipulaba que las funciones se orientarían a la coordinación clínica y se excluía expresamente la relación de alta dirección.

Compatibilidad concedida sin revisar el contrato

Pese a haber formalizado el acuerdo laboral en mayo, Vilés no remitió copia del mismo a la Administración autonómica durante la instrucción del expediente. Sobre la base exclusiva de su declaración del 5 de mayo y tras recabar informes internos de Recursos Humanos y Contratación del SES, el Registro de Conflictos de Intereses emitió el 9 de junio de 2026 un informe favorable que declaró compatible la actividad y acordó su inscripción y depósito.

El órgano autonómico concluyó que el desempeño de tareas estrictamente asistenciales no vulneraba la Ley 1/2014 del estatuto de los cargos públicos de Extremadura, asumiendo la manifestación de Vilés de que no ejercería responsabilidades ejecutivas.

La documentación laboral no tuvo entrada formal en el Registro hasta el 1 de julio. Vilés envió entonces un correo electrónico al departamento de Transparencia adjuntando el contrato y solicitando copia del dictamen emitido semanas atrás. El envío del documento se produjo 24 horas después de que elDiario.es Extremadura publicara su investigación sobre el fichaje privado de Vilés y la Consejería de Salud se vio obligada a dar explicaciones, una exigencia a la que se sumaron el PSOE y Unidas por Extremadura.

La vinculación entre Vilés y la clínica cacereña ya contaba con antecedentes: antes de su nombramiento al frente del SES en 2023, el facultativo había sido director médico de SegurCaixa Adeslas en Cáceres, aseguradora con vinculaciones con el centro hospitalario, motivo por el cual tuvo que formalizar su abstención en los procedimientos de contratación pública del SES relacionados con esta mercantil durante su etapa en el cargo.

El Consejo Económico y Social de Extremadura (CES) ha presentado este viernes en Mérida su Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2025. La principal conclusión del informe es que, si bien la comunidad autónoma continúa “avanzando”, lo hace a un “ritmo insuficiente” para recortar distancias y lograr la convergencia socioeconómica con la media nacional y europea. El diagnóstico sitúa el reto demográfico, el déficit histórico en las infraestructuras de transporte y la urgente necesidad de ganar productividad como los grandes desafíos estructurales de la región.

Durante el acto de presentación, Pilar Coslado, consejera en representación de la patronal CREEX, ha abogado por afrontar el futuro con un optimismo “exigente” en un entorno internacional e interno complejo. Coslado ha hecho hincapié en que la mejora de la competitividad no se limita a la creación de puestos de trabajo, sino que exige incrementar la productividad del tejido empresarial: “Si tenemos más productividad, tendremos más cualificación, mejores salarios y un empleo de mayor calidad”, ha aseverado, recordando que la región continúa registrando las retribuciones salariales más bajas de España.

El documento recoge la consolidación del crecimiento económico tras el impulso experimentado por el sector agrario en 2024. En la estructura productiva extremeña, el sector servicios acapara ya el 66,6 % del PIB, mientras que la agricultura y la producción energética mantienen un peso relativo muy superior al promedio estatal.

Guardiola contrapone los datos de empleo y exige mejores trenes

La encargada de clausurar el acto ha sido la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien ha matizado los reparos del informe destacando la solidez de los indicadores económicos recientes. Guardiola ha recordado que Extremadura fue en 2025 la segunda comunidad autónoma que más creció, con un incremento del PIB del 3,2% —frente al 2,6% de la media nacional—, alcanzando además máximos históricos de afiliación a la Seguridad Social y reduciendo el desempleo a sus niveles más bajos de la última década.

“Hoy ya no se trata solo de crecer. Extremadura está liderando clasificaciones. Extremadura es tractora. Y no podemos perder la oportunidad de intensificar los planes, estrategias y medidas que están propulsando a los autónomos y a las pymes”, ha defendido la jefa del Ejecutivo regional, haciendo un llamamiento a “pensar en grande”.

En su discurso, Guardiola ha reivindicado la fortaleza de la región en energías renovables y ha garantizado su respaldo a la llegada de centros de datos, proyectos de inteligencia artificial e infraestructuras digitales. Asimismo, ha aprovechado el foro para reiterar dos de sus principales reivindicaciones ante el Gobierno central: una financiación autonómica “justa” y la llegada definitiva de un “tren del siglo XXI” que ponga fin al aislamiento de la región.

Por su parte, el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, encargado de inaugurar la sesión, ha valorado el trabajo del CES desde el “rigor, la independencia y la pluralidad”, destacando estas virtudes como la principal fortaleza del órgano consultivo.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha vuelto a situar la seguridad del voto por correo en el centro de la controversia política. Durante un acto institucional celebrado este viernes, la dirigente del PP ha asegurado que “no concibe” que en una democracia del siglo XXI se puedan sustraer sufragios en las oficinas postales y ha reclamado garantizar su correcta custodia para evitar que los ciudadanos sientan “miedo” al ejercer su derecho a voto.

A preguntas de los periodistas tras asistir a la presentación de la memoria del Consejo Económico y Social (CES) de 2025, Guardiola ha justificado la postura mantenida por su formación durante la campaña de las elecciones autonómicas del pasado diciembre. “Aquí en Extremadura hemos vivido cómo se han robado votos y me da igual que sean 128, porque esas 128 personas tienen el mismo derecho a ejercer su voto que si fueran 28.000; es que no puede pasar”, ha afirmado.

Sus palabras rescatan un choque político que marcó el tramo final de aquellos comicios. En vísperas de la cita electoral, el PP abanderó una ofensiva pública que llegó a poner en duda la limpieza del proceso. Voces destacadas del partido, como el dirigente Abel Bautista, llegaron a sostener que les habían “robado la democracia” tras la desaparición de sobres de votación en varias delegaciones de Correos en la provincia de Badajoz.

Sin embargo, las investigaciones desarrolladas por la Guardia Civil y la Policía Nacional descartaron cualquier tipo de maniobra política, manipulación o trama de fraude electoral. Las pesquisas confirmaron que la sustracción de la documentación fue obra de delincuentes comunes que asaltaron las oficinas postales en busca de dinero en efectivo o paquetes de valor, sin intencionalidad política alguna.

Pese al esclarecimiento de los hechos, Guardiola ha defendido que la gravedad del suceso reside en la brecha de seguridad del sistema postal. La jefa del Ejecutivo extremeño ha calificado de “increíble” que los electores deban preocuparse por el paradero de sus papeletas, con independencia de que el asalto sea cometido por “un caco, sea organizado o no lo sea”.

En la misma línea, ha atribuido las críticas vertidas contra la formación conservadora durante aquellos días a “mucha tergiversación” sobre la postura oficial que adoptaron tras los robos.

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura ha acusado de “racista e insolidario” al Ejecutivo de María Guardiola tras revelar un drástico tijeretazo en las partidas destinadas a los centros de menores, cuyas competencias están en manos de Vox. Según los socialistas, el Gobierno regional ha vaciado de fondos las políticas de infancia mientras recurre ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 556/2026, que fija en 364 las plazas de acogida para menores migrantes no acompañados que corresponden a la comunidad.

La denuncia del PSOE se sostiene en la evolución del presupuesto autonómico para la red de atención a la infancia. Mientras que en las cuentas de 2025 la partida contaba con una dotación de dos millones de euros, para el ejercicio 2026 el crédito inicial se redujo a la mitad (un millón de euros). Posteriormente, mediante una modificación presupuestaria, la Junta detrajo otros 700.000 euros, dejando el fondo recortado a tan solo 300.000 euros. De esa cifra, a fecha de 30 de junio solo se habían ejecutado 12.000 euros.

Para la portavoz socialista de Servicios Sociales e Infancia, Soraya Vega Prieto, estos datos desmontan el argumento del “colapso” de los centros aludido por el Gobierno autonómico para rechazar la cuota estatal. “Si de verdad existe un problema de capacidad, lo que tiene que hacer un gobierno responsable es invertir y mejorar los centros. Lo que no puede hacer es vaciar de fondos las políticas de infancia y después utilizar la falta de recursos que él mismo ha provocado para justificar que no quiere atender a determinados niños y niñas”, ha aseverado Vega tras mantener un encuentro con la Coordinadora Extremeña de ONGD (CONGDEX).

El choque entre oposición y Gobierno regional se produce después de que el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle (Vox), anunciara la impugnación del decreto y la solicitud de suspensiones cautelarísimas para congelar la llegada de los 364 menores. Desde la Junta justifican el movimiento alegando que la asignación se ha formulado de manera “arbitraria” y “discrecional” sin evaluar la capacidad real económica ni habitacional de la región.

Frente a esta posición, el PSOE ha reprochado la falta de empatía de la presidenta Guardiola con territorios que afrontan una alta presión asistencial, como Ceuta, cuestionando si la respuesta del Ejecutivo autonómico se limitará a la protesta o si aportará soluciones reales. “Decisiones como esta no son propias de un gobierno responsable, sino de un gobierno racista que utiliza la inmigración y a los menores como elemento de confrontación política”, ha concluido Vega, instando a que Extremadura ejerza la solidaridad institucional.

Los y las profesionales de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) de Extremadura llevan años recorriendo cientos de kilómetros para atender a los centros repartidos por la región. Es una rutina asumida casi como parte del oficio, pero también una carga económica que ha ido cayendo sobre sus propios bolsillos. Después de mucho tiempo reclamando soluciones y de una reunión con responsables de Educación en julio de 2025 que, según el colectivo, dejó compromisos claros, pero nunca ejecutados, han decidido plantarse.

El detonante ha sido el nuevo sistema de indemnizaciones por razón de servicio. El decreto que actualiza las compensaciones elevó el pago por kilómetro de 0,22 a 0,26 euros, pero introdujo un cambio que ha tenido más impacto que esa subida: la media dieta solo se puede cobrar si el regreso al centro de trabajo se produce después de las 16.00 horas. Hasta este curso, bastaba con volver más tarde de las tres para tener derecho a esa compensación, algo habitual en una actividad que obliga a desplazarse entre localidades y encadenar visitas a distintos centros. Con la nueva norma, la mayoría de esos trayectos deja de computar y la media dieta desaparece en casi todas las jornadas. Para los equipos de orientación, eso supone una pérdida directa de ingresos que antes ayudaba a equilibrar el coste real de los kilómetros recorridos. El problema es que, aunque sus rutas habituales incluyan localidades como Valdesalor o Montánchez, no pueden justificar que regresan más tarde de las cuatro, y sin esa acreditación la compensación se esfuma.

Pero este conflicto no nace hoy, es una reivindicación que viene de lejos. Los EOEP no están reconocidos plenamente como centros educativos, pese a que su labor está directamente vinculada a los colegios e institutos. Esa falta de reconocimiento tiene efectos prácticos: durante años han encontrado obstáculos para acceder a proyectos e iniciativas en igualdad de condiciones que otros centros.

También reclaman que se valore económicamente la responsabilidad de quienes ejercen funciones directivas. Los equipos tienen direcciones y profesionales que organizan, gestionan y coordinan el trabajo, pero la compensación económica no guarda relación con esas tareas. “Yo como directora cobro 50 euros más al mes”, explica una orientadora que, además de su labor habitual, coordina a un equipo de 13 personas.

La reivindicación llegó formalmente a la Administración y desembocó en una reunión el 28 de julio de 2025 con responsables de la Consejería de Educación y representantes de los equipos de Badajoz y Cáceres. Según el colectivo, aquel encuentro marcó un punto de inflexión: los responsables conocían el funcionamiento de los equipos y se comprometieron a estudiar su reconocimiento como centros educativos y a buscar una fórmula económica que compensara los desplazamientos. No se trataba necesariamente de crear un complemento nuevo, sino de revisar los existentes y adaptar alguno a la realidad de estos profesionales. La idea era vincular la compensación a los kilómetros recorridos pero nada de aquello ha llegado a materializarse y todos los compromisos quedaron en el aire.

Los cambios políticos y la reestructuración de la consejería hicieron que “las conversaciones se diluyeran”. Durante el curso siguiente, los equipos pidieron retomar la negociación. Insistieron varias veces y no obtuvieron respuesta. Tampoco ha habido respuesta a elDiario.es por parte de la Junta de Extremadura a las consultas realizadas al respecto.

Este curso han vuelto a formalizar la reclamación, esta vez con un respaldo abrumador: 273 de los 303 profesionales de los EOEP han firmado el escrito, más del 90%.

La petición va más allá del dinero. Reclaman que la Junta reconozca a los equipos como centros educativos, que se valore económicamente la responsabilidad de quienes ejercen funciones directivas y que se establezca una solución estable para los desplazamientos que no obligue a usar el coche particular como herramienta estructural del sistema.

La alternativa tampoco tiene por qué limitarse al kilometraje. Piden que la Administración estudie fórmulas de transporte que garanticen los desplazamientos sin cargar el coste sobre los trabajadores.

Así que ese es ahora el núcleo del conflicto. Los profesionales insisten en que no están planteando dejar de prestar el servicio. Lo que cuestionan es que para poder hacerlo tengan que poner obligatoriamente sus vehículos particulares a disposición de la Administración. “Yo no me niego a trabajar, pero yo no tengo coche. ¿Entonces qué hago?”, plantean.

Su labor —evaluaciones, seguimiento, asesoramiento e intervención en centros de distintas localidades— depende de la movilidad. En una comunidad con una dispersión territorial tan marcada, el problema trasciende la nómina: ¿quién debe asumir el coste de que un servicio público tenga que desplazarse de un municipio a otro?

El ultimátum: dejar de poner el coche particular

Ante la falta de respuesta, los y las profesionales han decidido hacer pública su reivindicación y advierten de que, si no hay solución, dejarán de poner sus vehículos particulares a disposición de la Administración. No renuncian a sus funciones: seguirán trabajando, pero será la Junta quien deba garantizar cómo se realizan los desplazamientos.

La protesta llega después de un año de escritos, solicitudes y reclamaciones sin que los compromisos de julio de 2025 hayan cristalizado en una solución. Lo que empezó como una reivindicación histórica sobre el reconocimiento de los equipos ha terminado convertido en un conflicto sobre algo tan básico como quién paga el desplazamiento necesario para que un servicio público llegue a todos los centros.

Porque para los orientadores el problema no es solo cuánto cuesta cada kilómetro, es que, después de años recorriéndolos, la Administración sigue contando con sus coches como si fueran un recurso más del sistema educativo. Y esto es poner una parte de su sueldo al servicio de la administración pública regional.

Mañana miérocles, se realizará una concentración en la puerta del edificio Múltiples a las 08.30 horas.

Respuesta institucional

La Consejería de Educación confirma que tiene constancia de contactos y reuniones mantenidas en los últimos años con representantes de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica para abordar sus condiciones de trabajo. Sin embargo, señala que, en relación con la reunión del 28 de julio de 2025, la documentación disponible en la actualidad no recoge ningún acuerdo ni compromiso formalizado por escrito sobre la equiparación de los EOEP a centros educativos ni sobre la creación de un complemento específico.

El departamento admite que en aquel encuentro pudieron tratarse estas cuestiones o expresarse verbalmente la voluntad de estudiarlas, pero subraya que no puede otorgar carácter de compromiso administrativo a asuntos de los que no existe constancia documental. Añade que, pese a que los EOEP hayan mantenido contactos posteriores con la Administración, los actuales responsables no han recibido ningún expediente ni acuerdo culminado que permita considerar aprobadas las medidas reclamadas.

La consejería afirma que ambas cuestiones están en análisis. Recuerda que implican cambios organizativos, económicos y normativos y que requieren un estudio detallado antes de adoptar decisiones. En cuanto a los desplazamientos por razón de servicio, explica que el análisis debe hacerse desde una perspectiva global, dado que otros profesionales también realizan desplazamientos frecuentes. El objetivo, sostiene, es encontrar soluciones viables, sostenibles y equitativas.

El departamento reconoce que el inicio de curso concentra una elevada carga de trabajo y obliga a priorizar escolarización, plantillas y funcionamiento ordinario de los centros, pero asegura que la cuestión no está aparcada. Una vez se disponga de alternativas y de su valoración técnica y económica, se abordarán con los colectivos afectados.

Además expresa su voluntad de escuchar a los profesionales de los EOEP y de trabajar sus reivindicaciones mediante diálogo y negociación, destacando la importancia de su labor en una comunidad con la dispersión territorial de Extremadura. Precisa que los desplazamientos cuentan actualmente con compensación económica por kilometraje y que la condición itinerante está reflejada en la organización horaria de estos profesionales. Lo que se plantea ahora, añade, es avanzar sobre el sistema existente mediante nuevas medidas, como un complemento adicional o fórmulas alternativas de transporte.

Respecto al anuncio de dejar de utilizar vehículos particulares, llama a la “responsabilidad” de todas las partes. Reconoce el derecho a plantear reivindicaciones, pero recuerda la obligación de garantizar la atención al alumnado y a los centros, especialmente en zonas rurales.

Sobre la equiparación de los EOEP a centros educativos, advierte de que no es una cuestión nominal y que puede tener consecuencias administrativas, organizativas, presupuestarias y retributivas que deben analizarse con rigor. Considera especialmente necesario estudiar el reconocimiento de las responsabilidades que asumen las direcciones de los equipos, en un contexto en el que se ha reforzado la atención a la diversidad y la orientación educativa, aumentando también las tareas de coordinación y gestión.

La paradoja es que la anterior consejera de Educación, Mercedes Vaquera, reconoció públicamente el 2 de octubre del año pasado que era necesario atender las demandas de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica. Lo hizo durante un acto institucional en Villanueva de la Serena, en el que calificó esas reivindicaciones como “una cuestión de justicia”, admitiendo que el modelo vigente debía revisarse para adecuarlo al trabajo real que desempeñan estos profesionales.

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel González Andrade, ha denunciado la “política de brazos cruzados” de Guardiola, ante los principales problemas que afectan a los extremeños y extremeñas, y ha reclamado al Gobierno autonómico que utilice los recursos y competencias de los que dispone para dar respuestas y soluciones.

González Andrade ha asegurado que el Ejecutivo de Guardiola tiene “los mayores presupuestos de la historia de Extremadura”, pero, a su juicio, demuestra “la menor capacidad de trabajo”. “Cuando hay un problema, Guardiola mira hacia otro lado; cuando hay que tomar decisiones, foto, anuncio y silencio”, ha señalado.

En este sentido, ha centrado parte de su intervención en la política de vivienda, especialmente tras el caso conocido esta semana de Maricarmen, que, según ha señalado, “nos ha puesto a todos frente al espejo” y es “solo la punta del iceberg” de una situación que afecta a miles de jóvenes, familias y trabajadores y trabajadoras.

El portavoz socialista ha reclamado al conjunto del arco parlamentario que esté “a la altura” y sea capaz de alcanzar acuerdos ante un problema de esta magnitud. Al mismo tiempo, ha cuestionado qué está haciendo la Junta de Extremadura y ha criticado que “no aplica la Ley de Vivienda”, que no haya declarado zonas tensionadas en las grandes ciudades y que no utilice “todas las herramientas disponibles” para facilitar el acceso a una vivienda.

González Andrade también ha preguntado por el estado del Plan Rehabita, impulsado durante el Gobierno de Guillermo Fernández Vara para rehabilitar viviendas en zonas rurales. “Han pasado más de tres años. ¿Dónde están esas viviendas? ¿Por qué siguen cerradas?”, ha cuestionado.

Asimismo, ha criticado la gestión de los 210 millones de euros del Gobierno de España destinados a vivienda en Extremadura, después de que la Junta rechazara inicialmente el plan y posteriormente aceptara los fondos. “Vamos tarde, muy tarde”, ha afirmado, al tiempo que ha recordado que el pasado jueves el Gobierno de Guardiola rechazó en la Asamblea una iniciativa socialista para crear un bono de alquiler joven.

En materia de agricultura y ganadería, en la semana en la que se va a inaugurar la Feria de Zafra, el portavoz socialista ha reclamado explicaciones sobre la ausencia de representación extremeña en la reunión sobre la futura PAC y ha cuestionado que Extremadura estuviera representada por el consejero de Castilla y León. También ha reclamado soluciones ante la lengua azul, cuyas vacunas siguen sin ser gratuitas para los ganaderos como pasaba con el PSOE, y ha denunciado la falta de planificación y de respuesta a las necesidades del sector.

Respecto al precio de los combustibles, González Andrade ha exigido a Guardiola que adopte medidas ante las dificultades que están atravesando agricultores, ganaderos y transportistas. En este sentido, ha recordado las ayudas de 2,7 millones de euros puestas en marcha en 2022 por el Gobierno de Guillermo Fernández Vara para el sector del transporte, con ayudas de entre 150 y 250 euros por vehículo.

“Guardiola tiene recursos, tiene presupuesto y tiene competencias, pero no tiene ganas de trabajar”, ha resumido. Para el portavoz socialista, la política de brazos cruzados se extiende a la vivienda, el campo, el transporte y el precio de los combustibles, mientras los extremeños y extremeñas “siguen esperando soluciones”. “Menos foco, menos foto y más trabajo”, ha reclamado González Andrade. “Extremadura necesita un Gobierno que actúe y este no lo hace. Con los mayores presupuestos de la historia no hay ninguna excusa”.

La presidenta de la Junta de Extremadura y líder regional del PP, María Guardiola, ha criticado este lunes al Gobierno central por “no haber hecho absolutamente nada” en materia de vivienda, más allá de “prometer cientos de miles de pisos” que después se han traducido en incumplimientos.

Antes de participar en la Junta Directiva Nacional del PP junto a Alberto Núñez Feijóo, Guardiola ha señalado que la vivienda es “un problema muy grave que requiere altura de miras, consenso y soluciones estables”, un planteamiento que, a su juicio, choca con el modelo “exprés y a contrarreloj” del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Durante su intervención, la dirigente extremeña ha advertido de que existen situaciones dramáticas cotidianas como la evidenciada con “Maricarmen”, recordando que en el conjunto de España se registran “25.000 desahucios al año”. Frente a esta situación, ha puesto en valor el papel de las comunidades autónomas: “Somos nosotras las que estamos sosteniendo este país”, ha subrayado, contraponiendo la inacción estatal con las medidas aplicadas en Extremadura.

En este sentido, ha defendido que en la región “se está poniendo solución” mediante la promoción de más de 3.500 viviendas, avales para que los jóvenes compren su primera casa y ayudas al alquiler con bonificaciones fiscales.

Para Guardiola, la prioridad debe ser proteger a las personas vulnerables sin alternativa habitacional, pero ha reiterado que el presidente del Gobierno lleva ocho años “prometiendo cientos de miles de viviendas que nunca llegan”.

A su juicio, España sufre “un Gobierno ausente, que no toma decisiones, que no tiene presupuestos y que no puede gobernar”, por lo que ha concluido reclamando la convocatoria electoral como “el mejor mensaje” para ofrecer una alternativa a la falta de políticas actuales.

El cara a cara entre el líder del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, y la presidenta María Guardiola ha estado marcado por el intento de la oposición de señalar al Ejecutivo por la delegación de la defensa de la PAC en la Junta de Castilla y León.

Con más de 568 millones de euros anuales en juego, Sánchez Cotrina ha tachado la decisión de “bochorno” y ha exigido a la jefa del Ejecutivo que aclarase si respaldó o si tan siquiera conocía la cesión de la portavocía de los intereses extremeños.

Lejos de explicar la ausencia de un representante propio o argumentar los motivos de esa delegación, Guardiola ha optado por esquivar la cuestión central. La presidenta no ha respondido a la pregunta sobre Castilla y León y ha preferido cambiar el terreno de juego mediante un alud de datos.

Para neutralizar las críticas, la presidenta ha desplegado un balance financiero encabezado por 28 millones de euros para amortiguar los estragos de la lluvia en la cereza y los efectos de la lengua azul. A esta partida ha sumado 8,5 millones de euros en liquidez para el olivar y el viñedo de secano golpeados por la sequía, así como otros 7 millones de euros para paliar la enfermedad hemorrágica epizootica (EHE), asumiendo además el Ejecutivo autonómico el coste íntegro de las vacunas ganaderas, ha recordado.

En el tramo final, el líder socialista ha vuento a afear que la pregunta clave quedara en el aire, alertando de que la falta de explicaciones coincide con problemas estructurales como la caída del 30% en la producción de tomate o la incertidumbre del olivar tradicional.

Guardiola ha dado por concluido el intercambio pidiendo “rigor y honestidad” a la bancada socialista y acusándoles de intentar empañar la gestión con “mentiras”, pasando página sin detallar las razones de la delegación en la cumbre de la PAC.

El debate sobre la proliferación de plantas de biometano en el mundo rural extremeño ha desatado un tenso choque dialéctico en la Asamblea de Extremadura. La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, y la presidenta de la Junta, María Guardiola, han protagonizado un enfrentamiento en el que se han cruzado acusaciones sobre el modelo de desarrollo regional, la protección del medio ambiente y la llegada de inversiones privadas a la comunidad.

Irene de Miguel ha arrancado su intervención recordando las movilizaciones ciudadanas del pasado 7 de septiembre a las puertas del Teatro Romano de Mérida, donde plataformas vecinales, agricultores y ganaderos se manifestaron contra la instalación de estas industrias. Según la diputada de la formación morada, Extremadura corre el riesgo de convertirse en “el vertedero” donde se gestionen los desechos que rechazan otros territorios del país.

De Miguel ha criticado con dureza que la Junta de Extremadura esté poniendo “alfombra roja” a grandes empresas de fuera de la región facilitando autorizaciones ambientales en lugar de exigir Evaluaciones de Impacto Ambiental completas. Asimismo, ha advertido sobre las consecuencias que estas instalaciones conllevan para los pueblos: aumento del tráfico pesado de camiones, malos olores, contaminación de suelos y acuíferos, así como un impacto directo en la salud pública y en la agricultura y ganadería tradicionales.

“Convertir el medio rural en un polo industrial de tratamiento de desechos ahuyenta la población”, ha aseverado De Miguel, sosteniendo que la capacidad de las plantas proyectadas supera con creces los residuos que genera la propia región, lo que obligará a importar basura de otras zonas de España.

Guardiola: “Si un proyecto no cumple, no se autoriza”

Por su parte, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha rechazado tajantemente las críticas y ha defendido que la transformación de residuos agroganaderos en biometano y biofertilizantes es una herramienta clave de la economía circular promovida y financiada por la Unión Europea.

Guardiola ha tildado el discurso de De Miguel de “populismo barato disfrazado de sensibilidad ambiental” y “ecologismo chavista”, reprochándole que critique cualquier inversión privada que busque generar riqueza en la región. “Si un proyecto no cumple la ley, no se autoriza. Todos los expedientes pasan por informes de impacto ambiental, controles urbanísticos y la normativa más exigente”, ha garantizado la jefa del Ejecutivo autonómico, subrayando que las decisiones dependen de los informes técnicos y no de pancartas.

La Junta de Extremadura prepara su primer protocolo específico contra los matrimonios forzados, una de las nuevas formas de violencia incorporadas desde octubre de 2025 a las actuaciones de las secciones de violencia sobre la mujer. Lo ha anunciado este martes la presidenta extremeña, María Guardiola, durante la inauguración en Cáceres de las II Jornadas Formativas sobre Igualdad y Violencia de Género, organizadas por la Junta y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Guardiola ha explicado que la ampliación de estas competencias obliga a adaptar también la respuesta de los profesionales que intervienen con las víctimas. Desde octubre del pasado año, ha señalado, las actuaciones de violencia sobre la mujer incluyen además de la violencia de género los delitos contra la libertad sexual, la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados.

La presidenta ha situado la elaboración del nuevo protocolo dentro de las medidas destinadas a mejorar la detección, prevención y atención a las víctimas. Ha defendido que la formación de los profesionales debe adaptarse a las nuevas formas de violencia y permitir una intervención temprana.

Guardiola ha advertido además de que la violencia puede afectar no solo a las mujeres, sino también a sus hijas, hijos y hermanos, y ha señalado que en ocasiones se desarrolla durante años dentro del ámbito familiar sin que trascienda al exterior.

36 oficinas de igualdad y 22 puntos de atención psicológica

La red extremeña dispone actualmente de 36 oficinas de igualdad y violencia de género y 22 puntos de atención psicológica, según los datos aportados por la presidenta. A estos recursos se suma el Proyecto Pilar, que ofrece atención psicológica de emergencia en todos los municipios de la comunidad.

Desde finales de 2024 funcionan además cuatro centros de atención integral para víctimas de violencia sexual, dirigidos a mujeres y niñas mayores de 12 años y con atención las 24 horas. La red se completa con el asesoramiento jurídico que prestan los colegios de la abogacía de Cáceres y Badajoz antes y después de la denuncia.

Guardiola ha anunciado también que la Casa de la Mujer de Cáceres contará con una habitación de acogida de emergencia para víctimas, siguiendo el modelo de la que ya funciona en la Casa de la Mujer de Badajoz.

La presidenta ha defendido que la atención no puede depender del lugar de residencia de las víctimas y ha puesto el foco especialmente en el medio rural. La coordinación entre los diferentes recursos, ha señalado, es una de las claves para garantizar una respuesta adecuada.

Extremadura, única comunidad con todo su territorio especializado

Durante las jornadas, Guardiola también ha destacado la especialización judicial existente en Extremadura en materia de violencia sobre la mujer y ha señalado que la comunidad es actualmente la única con todo su territorio especializado.

La presidenta del TSJEx, María Félix Tena, ha recordado que Extremadura ya contaba desde 1999 con una comisión departamental para la prevención y erradicación de la violencia de género, en la que participaban distintas áreas de la Administración. También ha destacado la puesta en marcha, en 2022, del primer juzgado comarcalizado de violencia sobre la mujer que cubría una provincia completa.

Tena ha defendido la continuidad de la formación y la especialización de los profesionales y ha afirmado que “es imposible que haya igualdad en cuanto exista violencia de género”.

Por su parte, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y vocal del CGPJ, Esther Rojo Beltrán, ha reclamado que las instituciones mantengan la confianza de las mujeres en los sistemas de protección. Entre los retos que se han abordado durante las jornadas figuran también la violencia sexual digital, la inteligencia artificial, la prueba preconstituida, la discriminación interseccional y la violencia contra las mujeres en el ámbito rural.

El Grupo Socialista ha denunciado este viernes que el decreto ley aprobado por la Junta de Extremadura para paliar las consecuencias de los incendios forestales de este verano contempla 1,35 millones de euros en ayudas, frente a los 10 millones anunciados por la presidenta María Guardiola tras el Consejo de Gobierno celebrado en Las Hurdes.

La diputada socialista María Curiel ha planteado esta cuestión durante la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea de Extremadura, donde ha preguntado al Gobierno autonómico si considera suficiente la respuesta económica ofrecida ante los daños provocados por los incendios de este verano.

La comparecencia ha corrido a cargo de la directora general de Tributos, Fátima Pablo, quien ha limitado su respuesta a las medidas tributarias incluidas en el decreto ley aprobado el 1 de septiembre de 2026, al señalar que son las cuestiones sobre las que tiene competencias.

Pablo ha explicado además que la Consejería de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social no ha ejercido la acción de gobierno en este decreto ni ha tenido o asumido una labor de coordinación en su elaboración.

Tras esta respuesta, Curiel ha mostrado su indignación y ha calificado la situación de “burla” a la Asamblea de Extremadura. La diputada socialista ha señalado que las medidas tributarias contempladas en el decreto suponen, según la memoria económica, una aportación de la Junta de apenas 20.000 euros.

El PSOE pregunta por los 8,65 millones restantes

Curiel ha contrapuesto esta cantidad y la cuantía de las ayudas recogidas en el decreto con los 10 millones de euros que Guardiola anunció para hacer frente a las consecuencias de los incendios forestales tras el Consejo de Gobierno celebrado en Las Hurdes.

Según la diputada socialista, el decreto ley publicado posteriormente contempla únicamente 1.350.000 euros en ayudas, por lo que ha preguntado públicamente “dónde están los 8.650.000 restantes”.

La parlamentaria del PSOE ha acusado al Gobierno extremeño de dedicarse a “vender humo” y ha señalado que, después del anuncio de los 10 millones de euros, la Junta habría comenzado a buscar los créditos presupuestarios necesarios para materializar esas ayudas.

“Parece que solamente encuentran 1.350.000 en los presupuestos”, ha criticado Curiel.

El decreto ley al que se ha referido la diputada socialista fue aprobado el 1 de septiembre y recoge medidas destinadas a paliar las consecuencias de los incendios registrados durante el verano en Extremadura. La comparecencia de este viernes en la Comisión de Hacienda se ha centrado específicamente en las medidas tributarias incluidas en esa norma.

El primer secretario del PSC y presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, han coincidido este jueves en reclamar a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que negocie con el Gobierno de España las mejoras que considere necesarias para Extremadura en el nuevo modelo de financiación autonómica.

Illa ha defendido esta vía durante una rueda de prensa en Mérida junto a Sánchez Cotrina. “Hable con el ministro, que negocie y haga su trabajo y diga lo que pide”, ha señalado el presidente catalán, que ha asegurado que no critica que un dirigente defienda que su territorio “vaya mejor”, pero ha planteado qué alternativas propone además de expresar su rechazo.

El president de la Generalitat ha señalado que esa negociación bilateral es la vía que ha seguido Canarias y ha añadido que también existe la posibilidad de introducir modificaciones durante el trámite parlamentario del nuevo sistema de financiación. “Para eso está el Parlamento, para la discusión política y no solamente para polarizar”, ha defendido.

Illa ha considerado que lo que “no es aceptable es la crítica sin sugerir alternativas” y ha insistido en que la tramitación en el Congreso constituye una oportunidad para modificar los proyectos antes de su aprobación. También ha señalado que es “natural” que las distintas comunidades autónomas quieran mejorar su posición dentro del sistema.

El PSOE extremeño reclama negociar con el Gobierno

Sánchez Cotrina ha defendido igualmente la necesidad de intentar mejorar el modelo de financiación y ha reprochado al Gobierno de Guardiola que no se siente bilateralmente con el Ejecutivo central para plantear sus demandas. “Si nosotros entendemos que Extremadura tiene una situación de dificultad respecto a este sistema de financiación autonómica, lo podemos rechazar de plano”, ha señalado el dirigente socialista, que ha añadido que, además de expresar el rechazo, se debe intentar “mejorar de manera bilateral”.

El secretario general del PSOE extremeño ha criticado que la Junta no sea capaz de sentarse con el Gobierno de España para “defender las cosas del comer de Extremadura”. “No es tan difícil, hemos visto el ejemplo en otras comunidades autónomas”, ha afirmado.

Sánchez Cotrina ha asegurado que Extremadura “nunca se va a conformar a seguir como estamos” y que los socialistas van a “pelear hasta el final por mejorar” el sistema de financiación.

El dirigente socialista también ha cuestionado la posición de la Junta y ha planteado que al Ejecutivo extremeño podría interesarle que el actual sistema siga adelante ante la posibilidad de que otro Gobierno tenga que gestionarlo en el futuro y tenga que afrontar el peso de otras comunidades, como Madrid, Andalucía o la Comunitat Valenciana, con realidades demográficas y económicas diferentes a la extremeña.

La reunión entre Illa y Sánchez Cotrina se produce un día después del encuentro que el presidente catalán mantuvo con María Guardiola en Mérida. En aquella reunión, Illa defendió el nuevo modelo de financiación, mientras que la presidenta extremeña trasladó su rechazo al sistema planteado por el Gobierno central.

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha defendido este miércoles ante la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno central, rechazado por el Ejecutivo extremeño por considerar que genera “agravio y desigualdad”.

Illa ha sostenido, durante su visita a La Zarza (Badajoz) con motivo de la celebración de la Diada en Extremadura, que el sistema propuesto “no solo no perjudica a nadie, sino que nos beneficia a todos”. El president ha defendido que el modelo es compatible con el principio de solidaridad y ha destacado los 21.000 millones de euros adicionales que incorpora para sanidad, educación y políticas sociales.

Preguntado por las críticas de la Junta, Illa ha reclamado que quienes cuestionan la propuesta planteen una alternativa. “Ganaría siempre credibilidad quien al criticar el modelo propusiera uno alternativo, cosa que no he visto”, ha señalado.

La visita de Illa a Extremadura ha incluido este miércoles un encuentro con Guardiola, después de que ambos hayan mantenido posiciones enfrentadas sobre el nuevo sistema de financiación. Antes de esa reunión, el presidente catalán ya había avanzado que trasladaría a la presidenta extremeña “la solidaridad siempre, especialmente ahora, de Cataluña con el conjunto de España”.

Tras ese encuentro, la presidenta extremeña ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el agradece a Illa “su amabilidad y el reconocimiento a los extremeños que se fueron a Cataluña para ayudar a levantarla con sus brazos y su dignidad”.

Guardiola ha añadido que ha trasladado al president los motivos del rechazo de Extremadura al nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España: “El objetivo es que no vuelva a repetirse una emigración obligada por falta de oportunidades. Y para ello necesitamos un sistema que tenga en cuenta el verdadero coste de la prestación de servicios fundamentales en Extremadura. Queremos una España unida y cohesionada”.

Un homenaje a los extremeños que emigraron a Catalunya

El otro eje de la visita ha sido la emigración extremeña a Catalunya. Illa ha elegido La Zarza, un municipio especialmente marcado por ese fenómeno, para celebrar la Diada y homenajear a quienes abandonaron Extremadura durante las décadas de 1960 y 1970. Ante la escultura de bronce de un emigrante con una maleta en la mano, el presidente catalán ha recordado a los más de 100.000 extremeños que emigraron a Cataluña y ha asegurado que construyeron “la Catalunya que hoy tenemos”.

Entre 1960 y 1980 fueron cerca de 520.000 extremeños los que emigraron hacia zonas industrializadas y unos 120.000 se trasladaron a Cataluña, según los datos citados de la Fundación Cultura y Estudios de CCOO de Extremadura.

Illa ha reivindicado a quienes emigraron como “gente trabajadora” que tuvo que marcharse para desarrollar su proyecto de vida. “La emigración no es un plato de buen gusto, se hace muchas veces por necesidad”, ha afirmado.

También ha apelado a la experiencia de los emigrantes para abordar las migraciones actuales y ha defendido que las identidades territoriales no son incompatibles. “Uno puede ser catalán y extremeño”, ha señalado.

La jornada ha comenzado con la recepción de Illa en el Ayuntamiento de La Zarza, donde el alcalde, Francisco José Farrona, ha reivindicado los vínculos creados por la emigración. Farrona, nacido en Granollers como hijo de una familia extremeña emigrada a Catalunya, ha defendido que la migración “no solamente mueve personas, crea puentes”.

El alcalde ha reclamado además que la memoria de aquella emigración sirva para que las nuevas generaciones tengan la posibilidad de elegir su futuro: “Que nuestros jóvenes puedan viajar, trabajar y estudiar fuera si quieren, pero que también puedan quedarse en Extremadura si ese es su deseo”.

La memoria de la emigración extremeña se convertirá en el eje central de los actos institucionales de la Diada que la Generalitat de Catalunya celebrará este año en Extremadura. Cerca de 520.000 ciudadanos de la región emigraron entre 1960 y 1980 hacia zonas industrializadas, de los cuales unos 120.000 fijaron su residencia en territorio catalán, según datos de la Fundación Cultura y Estudios de CCOO de Extremadura. Para rendir tributo a este éxodo, el president catalán, Salvador Illa, inicia una visita oficial cargada de simbolismo y encuentros sociales.

La agenda arranca este miércoles en La Zarza (Badajoz), un municipio que simboliza como pocos el impacto del fenómeno migratorio. De esta localidad partieron en aquellos años cerca de 1.600 vecinos, un tercio de su población de entonces, muchos de los cuales se establecieron en la ciudad gerundense de Tossa de Mar para trabajar en el sector hostelero y en la industria.

El alcalde zarzeño, Francisco José Farrona, hijo de emigrantes, recibirá a Illa en el ayuntamiento antes de participar a las 12:15 horas en un acto ante el monumento al emigrante. La escultura, obra de Javier Guerrero, luce el lema 'De aquí partí y aquí quiero volver', una seña de identidad compartida por otros municipios extremeños con homenajes similares, como Don Benito, Castilblanco, La Cumbre, Mata de Alcántara, Arroyo de San Serván y Alburquerque.

Tras su paso por La Zarza, el president de la Generalitat se desplazará a Mérida para mantener una reunión institucional con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

Ya por la tarde, el Palacio de Congresos de la capital autonómica acogerá el acto principal de la Diada, que incluirá la proyección de la película 'El 47', galardonada con cinco premios Goya. La cinta recrea la historia real de Manuel Vital, emigrante natural de Valencia de Alcántara (Cáceres) que se convirtió en líder vecinal en Barcelona tras secuestrar en 1978 el autobús que conducía para llevarlo hasta el barrio de Torre Baró y exigir servicios públicos dignos.

Al pase asistirá su nieta, Joana Vital, en un evento marcado también por la memoria histórica: la localización de los restos del padre de Manuel, Diego Vital, fusilado en la Guerra Civil y hallado a más de 20 metros de profundidad en un pozo sellado de Valencia de Alcántara, coincidió en el tiempo con la presentación del filme.

La visita oficial concluirá el jueves en Mérida. Illa visitará el ayuntamiento emeritense, donde será recibido por su alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y posteriormente se trasladará al Teatro Romano para rubricar un convenio de colaboración institucional entre el emblemático recinto extremeño y el Teatro Tàrraco de Tarragona.

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel González Andrade, ha denunciado este lunes el “precario estado” del servicio de Oncología del Área de Salud de Don Benito‑Villanueva de la Serena, y ha acusado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, de mantener un “silencio cómplice” ante una situación que, según afirma, compromete la calidad asistencial de los pacientes.

González Andrade ha explicado que el servicio llegó a contar con cinco especialistas, pero actualmente dispone de uno y medio, con un profesional desplazado desde Badajoz. “Esa es la gestión de Guardiola en la sanidad pública”, ha señalado. Esta reducción, ha añadido, se traduce en un incremento de la presión asistencial: antes no se superaban los 16 pacientes por consulta, mientras que ahora la gerencia exige atender a 25 o 26, pese a tratarse de personas con enfermedades graves que requieren tiempo y seguimiento.

A esta situación se suma el cese de la supervisora de enfermería en Oncología y la falta de una política eficaz para atraer y retener profesionales. El portavoz socialista ha advertido de que la propia organización del sistema genera un “incentivo perverso”, ya que resulta más atractivo para algunos especialistas estar vinculados al Área de Salud de Badajoz y desplazarse puntualmente que trabajar de forma estable en Don Benito‑Villanueva.

El PSOE también ha puesto el foco en la escasez de especialistas de Digestivo, necesarios para pruebas diagnósticas relacionadas con pacientes oncológicos. Según González Andrade, esto provoca retrasos en controles y tratamientos, profesionales frustrados y un aumento de derivaciones a la sanidad privada.

“¿Dónde está Guardiola?”

González Andrade ha criticado que, mientras se deterioran servicios públicos esenciales, la presidenta de la Junta intenta transmitir normalidad. “Mientras Guardiola sigue haciéndose vídeos en TikTok, hay pacientes esperando y profesionales sanitarios al límite”, ha afirmado. El PSOE ha vuelto a reclamar el cese de la consejera de Salud, al considerar que ha perdido interlocución y confianza dentro del sector.

El portavoz socialista también ha exigido explicaciones sobre la situación de las ambulancias del SES, cuestionando quién supervisaba el contrato y debía comprobar que los vehículos contaran con los permisos necesarios. Ha preguntado igualmente por el destino de los 500 millones de euros adicionales que el Gobierno de Guardiola aseguró haber incorporado al presupuesto sanitario. “¿Para qué quieren 500 millones más si faltan especialistas, aumentan las cargas de trabajo, hay problemas con las ambulancias y los pacientes siguen esperando?”, ha planteado.

Frente a este escenario, González Andrade ha defendido que el PSOE está demostrando desde la oposición que hay “otra forma de hacer las cosas”, denunciando los problemas y proponiendo soluciones. Ha exigido a Guardiola que “salga y dé la cara” ante pacientes, profesionales, familias y el conjunto de Extremadura.

El portavoz ha reivindicado finalmente una región con sanidad pública fuerte, profesionales suficientes y servicios de calidad. “Ante un Gobierno que se esconde, el Partido Socialista siempre estará dando la cara; frente a un Gobierno que niega los problemas, el PSOE los pone encima de la mesa y aporta soluciones”, ha concluido.

El PSOE de Extremadura ha exigido la salida de la consejera de Salud, Sara García Espada, tras conocerse que ambulancias del Servicio Extremeño de Salud (SES) realizaron durante el mes de agosto traslados de pacientes sin las autorizaciones reglamentarias.

Las irregularidades en el transporte sanitario de la región, el mayor contrato público de la Junta de Extremadura, ha sido desvelado por elDiario.es Extremadura, que también ha tenido acceso a los mensajes entre los trabajadores de la concensionaria para intentar burlar los controles de la Guardia Civil durante agosto, puesto que los vehículos de la flota carecían de la tarjeta de transporte.

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña, ha reclamado responsabilidades al Gobierno de María Guardiola y ha considerado insuficiente la respuesta ofrecida por la consejera de Salud ante estos hechos. “Si la respuesta es que ha tomado nota, su nota como consejera es un cero”, ha señalado Gil Rosiña, que ha reclamado su salida del Ejecutivo si no es capaz de ofrecer explicaciones y soluciones.

La dirigente socialista ha considerado “especialmente grave” que los profesionales de las ambulancias tuvieran que comunicarse entre ellos para advertirse de la presencia de controles de la Guardia Civil y realizar rutas alternativas para evitarlos, y ha vinculado este episodio con el deterioro que, a su juicio, atraviesa la sanidad pública extremeña. Por eso ha reprochado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que haya rechazado comparecer en la Asamblea para explicar la situación del SES.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, solicitó la pasada semana la comparecencia de Guardiola en el Pleno de la Asamblea. La Mesa de la Cámara rechazó el juevesesta petición. Para Gil Rosiña, la gravedad de la situación debería llevar a la presidenta a comparecer por iniciativa propia. “Si tuviera el más mínimo sentido de la responsabilidad y altura de gobernante, sería la propia presidenta quien debería venir a explicar qué está pasando en el SES y qué medidas va a tomar”, ha afirmado.

La portavoz socialista ha insistido en que los problemas de la sanidad extremeña no son una exageración de la oposición y ha citado también deficiencias registradas en hospitales, así como retrasos que, según ha denunciado, estarían afectando a pacientes oncológicos y a mujeres embarazadas.

Asimismo, ha defendido el trabajo de los profesionales sanitarios y de las ambulancias, a quienes ha desvinculado de las deficiencias de gestión. “Los profesionales no han cambiado; lo que ha cambiado son los gestores y la manera de gestionar el SES”, ha afirmado.

Finalmente, Gil Rosiña ha asegurado que el PSOE seguirá llevando estos problemas a la Asamblea y ha reclamado a Guardiola que rectifique y comparezca para dar explicaciones sobre la situación de la sanidad pública extremeña.

El Gobierno de María Guardiola destinará 1.862.352 euros de la sanidad pública extremeña a la asistencia religiosa católica en los hospitales durante los próximos cuatro años, según el convenio cuya firma ha autorizado este miércoles el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.

El acuerdo se suscribirá entre el Servicio Extremeño de Salud (SES) y la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz y tendrá una vigencia de cuatro años, desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2030., lo que supone una media de 465.600 euros anuales. El convenio contempla además la posibilidad de establecer prórrogas en los términos previstos en el propio acuerdo.

En virtud del convenio, en cada centro hospitalario de Extremadura habrá un Servicio de Asistencia Religiosa Católica (SARC). Estará integrado por capellanes o por otras personas legítimamente designadas para desarrollar esta labor por las autoridades eclesiásticas competentes.

Los servicios estarán abiertos a las personas hospitalizadas y a sus acompañantes que soliciten recibir asistencia religiosa. Entre las actividades previstas se encuentran las visitas a los pacientes ingresados, la celebración de actos de culto y la administración de los sacramentos.

El personal encargado de esta asistencia también podrá ofrecer asesoramiento en cuestiones religiosas y morales, así como colaborar en actuaciones relacionadas con la humanización de la atención hospitalaria.

El Teatro Romano de Mérida ha vuelto a convertirse en el escenario institucional del Día de Extremadura con la entrega de las Medallas de la comunidad 2026. En un discurso marcado por el contexto político actual, la presidenta de la Junta, María Guardiola, ha hecho un llamamiento explícito a la convivencia, la serenidad y la cohesión social, situando la responsabilidad pública lejos del ruido y la crispación.

“El verdadero avance no se mide por lo alto que gritemos, sino por lo hondo que somos capaces de comprender”, ha aseverado la jefa del Ejecutivo extremeño, quien ha pedido construir la región desde “el ejemplo, el respeto y el amor” frente al “camino fácil: el del odio, el enfrentamiento y el hastío”.

En su intervención, Guardiola ha subrayado que los tiempos actuales exigen madurez en la gestión de lo público. “No estamos para romper ni para dividir y tampoco para polarizar”, ha afirmado, recordando que los representantes políticos deben actuar como “sencillos servidores” y que ningún interés particular “está nunca por encima del interés general”.

Advertencia contra el odio y la división

La presidenta ha incidido en que las causas justas o los derechos sociales pierden su razón de ser si se defienden desde la agresividad. “No podemos defender avances en igualdad o en diversidad señalando con odio. El que lo hace, al final, se convierte en lo mismo que combate”, ha advertido, asegurando que “de poco sirve defender una causa si la forma en la que se defiende la desdibuja o la bloquea”.

Haciendo referencia al afán de superación regional y con guiños a la cultura extremeña, Guardiola ha afirmado que la comunidad ha decidido posicionarse en el mapa nacional con “responsabilidad, buena gestión y naturalidad democrática”.

En el plano socioeconómico, ha citado como logros compartidos por trabajadores, autónomos y empresas la reducción del desempleo por debajo de los 60.000 parados y la cifra histórica de 430.000 afiliados a la Seguridad Social.

Compromiso con Las Hurdes y la comarca de Almaraz

El discurso ha tenido un recuerdo especial para las situaciones críticas vividas en la región durante los últimos meses. Guardiola ha trasladado su agradecimiento a los equipos de extinción de incendios forestales y su apoyo directo a los vecinos de comarcas afectadas como Las Hurdes, garantizando el compromiso de la Junta en la reforestación, la ayuda a las explotaciones y la recuperación de los municipios dañados.

Asimismo, se ha referido al mantenimiento de la actividad en la central nuclear de Almaraz tras prorrogarse su vida útil, calificándolo como un triunfo de la unidad de la comarca de Campo Arañuelo y de las administraciones: “Hemos podido cambiar una historia que algunos daban por zanjada. Sucede que juntos lo hemos conseguido”.

Un alegato por la diversidad y la memoria institucional

Guardiola también ha tenido palabras para los galardonados en esta edición, entre ellos, el futbolista, Pedro Porro, cuyos compromisos deportivos le han impedido estar en la gala. “Talento, dedicación, sacrificio y renuncias” han sido algunas de las expresiones de la presidenta para perfilar al campeón del mundo. Sobre otro deportista, el nadador Guillermo Gracia, con numerosos títulos mundiales y europeos en natación adaptada, ha dicho que nos recuerda “que su capacidad es mayor que su discapacidad”.

Con respecto al Museo Nacional de Arte Romano, la presidenta ha subrayado la labor de su directora, Trinidad Nogales, y de su predecesor José María Álvarez, “por investigar para toda la sociedad y por hacer que los extremeños sintamos el Museo como algo nuestro”.

Guardiola se ha extendido algo más a la hora de hablar de José María Núñez, quien lleva más de 30 años defendiendo “el derecho de cada persona a vivir con libertad en todos nuestros municipios” desde la Fundación Triángulo, otro de los galardones.

“Combatió ese exilio terrible que obligaba a tantos jóvenes a marcharse para poder ser quienes eran”, ha recordado. A su juicio, esta Medalla habla de “una Extremadura diversa y libre”, en la que “cabemos todos y en la que nadie tiene que explicar ni esconder su identidad, su amor o su vida”. “La pluralidad no debilita la convivencia; la hace más sólida”, ha dicho.

El alcalde de Mérida alerta contra los retrocesos sociales

Por su parte, el alcalde de Mérida, el socialista Antonio Rodríguez Osuna, ha intervenido en el acto con una llamada firme a proteger los consensos democráticos alcanzados en la región frente a “quienes pretenden imponer mordazas ideológicas y retrocesos sociales”.

En clara consonancia con el galardón concedido a la Fundación Triángulo, el regidor emeritense ha garantizado “que ninguna sordina va a acallar el orgullo de esta tierra”, a la que ha definido como una comunidad “libre, profundamente solidaria y comprometida con los derechos conquistados”.

Finalmente, Rodríguez Osuna ha reivindicado proyectos clave pendientes para la capital autonómica, instando a dotar presupuestariamente el futuro Museo Nacional de Arte Visigodo.

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) concederá su Medalla de Honor, conocida como Cruz de la Dignidad, a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, en reconocimiento a su compromiso con la defensa, el reconocimiento y el acompañamiento a las víctimas del terrorismo.

La entrega tendrá lugar el próximo 22 de octubre, durante el acto ‘Dignidad y memoria frente al terrorismo: un compromiso de Estado’, organizado por la AVT como homenaje a las víctimas y para distinguir a personas e instituciones que han destacado por su defensa de su memoria y dignidad.

Guardiola será una de las personalidades que recibirán este reconocimiento, junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la alcaldesa de Ronda, María Paz Fernández; el decano del Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas, Francisco Javier Sánchez, y el exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo, que recibirá la distinción a título póstumo, entre otros galardonados.

La AVT explica que la Medalla de Honor se concede a quienes, desde sus respectivos ámbitos, han contribuido de forma destacada a la defensa y reconocimiento de las víctimas del terrorismo, así como a su acompañamiento.

La UCO, Premio ‘Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia’

Durante el mismo acto, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recibirá el XIV Premio de la AVT ‘Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia’.

La asociación reconoce con este galardón la trayectoria de la unidad, su labor en defensa del Estado de Derecho y su compromiso en la lucha contra el terrorismo.

La ceremonia se celebrará bajo el lema ‘Dignidad y memoria frente al terrorismo: un compromiso de Estado’ y servirá también para rendir homenaje a las víctimas del terrorismo y reivindicar su memoria.

Con estos reconocimientos, la AVT pretende distinguir tanto la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como la de aquellas personas e instituciones que, desde distintos ámbitos, han mantenido un compromiso con las víctimas y con la defensa de su dignidad y memoria.

El PSOE de Extremadura ha exigido este lunes a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que comparezca “inmediatamente” en la Asamblea de Extremadura para explicar la situación de la sanidad pública y asumir responsabilidades por los problemas que, según los socialistas, se están acumulando en el sistema sanitario extremeño.

El portavoz del PSOE en la región, Manuel González Andrade, ha reclamado también el cese de la consejera de Salud si Guardiola no es capaz de ofrecer explicaciones sobre la situación. “Si la presidenta no puede dar explicaciones, debe cesar inmediatamente a la consejera de Salud”, ha señalado.

González Andrade ha recordado que el PSOE registró el pasado jueves la petición de comparecencia de Guardiola y ha criticado que hasta ahora la respuesta del Ejecutivo autonómico haya sido, a su juicio, “el silencio”.

El dirigente socialista ha cuestionado que los problemas denunciados por su partido puedan atribuirse a dificultades administrativas o técnicas y ha puesto como ejemplos los incidentes registrados en centros hospitalarios y las demoras en la atención primaria.

“Un quirófano no se inunda por un problema administrativo. Un techo de un hospital con pacientes dentro no se cae por un problema administrativo. Un paciente no espera 18 días para ser atendido por su médico de familia por un problema administrativo”, ha afirmado.

También ha citado las movilizaciones de los trabajadores de la limpieza de los hospitales de Badajoz y los recientes movimientos en los equipos directivos sanitarios. Según González Andrade, “la semana pasada hubo tres ceses” y existen profesionales “al borde del colapso”, mientras el Gobierno autonómico no estaría asumiendo responsabilidades.

“Menos propaganda y más gestión”

El portavoz socialista ha extendido sus críticas más allá de la sanidad y ha presentado los problemas de este ámbito como parte de una situación más amplia de los servicios públicos extremeños.

“Menos propaganda y más gobierno. Menos propaganda y más gestión. Menos propaganda y más trabajo”, ha reclamado, antes de afirmar que mientras el Ejecutivo autonómico realiza anuncios, “la Extremadura real está sufriendo”.

Entre los asuntos que ha señalado figuran los problemas del transporte escolar a pocos días del inicio del curso, las esperas para las valoraciones de dependencia, la situación salarial de los profesionales sanitarios y docentes y el coste del Gobierno autonómico.

También ha cuestionado la gestión de la prevención frente a los incendios, la existencia de trabajadores pendientes de cobrar, la marcha de jóvenes por falta de oportunidades y el incremento del precio de la vivienda.

En materia de infraestructuras, González Andrade ha asegurado que “no se ha construido un solo kilómetro de carretera” desde la llegada de Guardiola al Gobierno regional, mientras que también ha criticado el abandono escolar y la situación del sector agrario.

El portavoz socialista ha incorporado además a su discurso la situación sanitaria de la cabaña ganadera ante la aparición de dos focos de lengua azul y ha asegurado que los ganaderos no pueden vacunar a sus animales “como necesitan”.

“Extremadura no es un eslogan”

En vísperas del Día de Extremadura, González Andrade ha reivindicado el orgullo por la comunidad y ha contrapuesto esa idea a la estrategia de comunicación que atribuye al Ejecutivo de Guardiola.

“Extremadura no es un eslogan. No es un cartel. No es un vídeo institucional. No es una campaña de comunicación. Extremadura es lo que le pasa cada día a la gente”, ha afirmado.

El portavoz socialista ha acusado al Gobierno autonómico de haber “sustituido la gestión por propaganda” y ha reprochado a Guardiola que, a su juicio, trate de trasladar las responsabilidades al anterior Ejecutivo socialista.

Frente a ello, ha reclamado a la presidenta que asuma directamente la gestión del Gobierno regional. “Puede seguir escondiéndose, puede seguir mandando a otros a dar explicaciones y puede seguir diciendo que todo es culpa del PSOE”, ha señalado.

“Pero hay algo mucho más sencillo que puede hacer: gobernar. Para eso la eligieron”, ha concluido.