El Consejo General de Muface ha acordado con los sindicatos la creación de un grupo de trabajo propio para retomar las negociaciones con las comunidades autónomas para que los mutualistas puedan recurrir sin coste al teléfono 112. Una antigua reivindicación con la que las organizaciones sindicales quieren que se “clarifiquen situaciones de indefensión” en la que quedan los empleados públicos vinculados a seguros privados que recurren a este servicio de atención a emergencias público, según ha avanzado CSIF.

Los funcionarios de Muface pueden optar cada año por uno de los seguros privados concertados, actualmente Adeslas y Asisa, o recibir asistencia sanitaria a través de la Seguridad Social, en la sanidad pública. Según se puede consultar en la página web de la mutualidad, “si una persona mutualista elige recibir la asistencia sanitaria a través de las entidades concertadas debe utilizar los recursos que, a tal efecto, ponen dichas entidades a su disposición, incluidos los teléfonos de emergencia”. Estos son “gratuitos y disponibles las 24 horas” y están “claramente recogidos en las tarjetas sanitarias que asignan las entidades”.

De esta forma, los funcionarios que optan por un seguro privado no pueden recurrir de forma gratuita al teléfono 112, que “implica la asunción de su coste por la persona mutualista”. Hay excepciones, como urgencias de carácter vital, con riesgo inminente para la vida o un daño irreparable; cuando la persona se encuentra en la calle y es una persona desconocida la que activa la emergencia; cuando se produce un accidente en acto de servicio; o si la persona reside en un centro de mayores o de crónicos.

Sin embargo, según indican desde CSIF, “por regla, si un mutualista llama al 112, después le pasan la factura” e, incluso en esos casos excepcionales, “siempre hay problemas burocráticos” y deben “demostrar que realmente había una urgencia vital”. Esto lleva, explican estas fuentes, a que “de entrada te lo cobran para que después te arregles con Muface”. “Es problemático y se crean situaciones de indefensión, que pesamos que se deberían solventar con un acuerdo con las comunidades autónomas”.

Desde Comisiones Obreras han indicado que la creación de este grupo de trabajo ha sido una reivindicación de las tres organizaciones presentes en el Consejo General de la mutualidad —UGT, CCOO y CSIF— y que servirá también para “ahondar en los problemas de salud y la canalización de las quejas” de los mutualistas que optan por la sanidad privada frente a la pública. Además, fuentes presentes en la reunión con la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez, y la directora general de Muface, Myriam Pallarés, han percibido un “compromiso firme” por su parte.

El acuerdo plurianual firmado por el ministro Óscar López con UGT, CSIF y CCOO para la subida de sueldo de los funcionarios incluía otras líneas maestras de actuación hasta 2028, al margen de los incrementos retributivos, entre las que se encontraba “la mejora del mutualismo administrativo con el objetivo de reforzar la equidad, la calidad asistencial y la protección de las empleadas y empleados públicos, asegurando que no se produzcan mermas en las prestaciones en la asistencia sanitaria, incluidas las urgencias”.

Además, en la reunión de este martes, Muface se ha comprometido a abordar la revisión del copago farmacéutico y ha presentado sus planes operativos y estratégicos, que desde CSIF han valorado como “muy ambiciosos” y que “atienden a las demandas realizadas” por esta organización, en línea con el “seguimiento de la calidad y del concierto o culminar la implantación de la receta electrónica”.

En concreto, la mutualidad ha presentado un plan “ambicioso” de 50 proyectos, con los que pretenden “poner el foco en la persona mutualista”, para que disfrute de “la mejor atención, una cartera de servicios mejorada y con plena garantía de sus derechos”, según ha informado Muface en un comunicado, en el que ha hecho hincapié en la voluntad de “transformar y dinamizar la organización” y “avanzar en la digitalización de los procesos, impulsar la innovación, la calidad, la transparencia y la rendición de cuentas”.

Relevo sorpresa en el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de Consuelo Sánchez como nueva secretaria de Estado de Función Pública, tras cesar a la actual secretaria Clara Mapelli. Esta marcha no se produce por motivos personales, ni a petición propia, sino que fuentes del departamento que dirige Óscar López la enmarcan en una “renovación del equipo” con la que pretenden dar “un nuevo impulso”.

Para esa renovación, López no ha recurrido a caras nuevas, ya que Consuelo Sánchez ejercía en la actualidad como subsecretaria del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y era directora del Instituto Nacional de Administración Pública. Como Mapelli, es funcionaria de carrera de la Administración General del Estado y ha desempeñado diferentes puestos en la administración.

Mapelli había sido nombrada secretaria de Estado de Función Pública el 9 de enero de 2024, todavía con el actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, al frente del Ministerio. En este tiempo, el ministerio tuvo que hacer frente a la renovación de Muface, en una crisis sin precedentes para la mutualidad que da sanidad privada a los funcionarios públicos; presentó el plan del Gobierno para modernizar la administración; y se convocaron dos ofertas públicas de empleo, una de ellas “histórica”.

El relevo se produce en un momento de tensión entre el Ministerio y los principales sindicatos, CSIF, UGT y CCOO, que han anunciado un calendario de movilizaciones y han amenazado con una huelga de funcionarios si el Gobierno no se abre a negociar las subidas salariales de 2025. Una negativa que, fuentes sindicales, desvinculan totalmente de Mapelli. “Es una decisión que viene de más arriba”, aclaran estas voces.

Óscar López ya realizó varios cambios en el organigrama de su departamento poco después de tomar el relevo. En septiembre de 2024, dio entrada Antonio Hernando, hasta entonces director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. El movimiento ya se leyó entonces en clave de dotar a la estructura de mayor peso político. En paralelo, movió a María González Veracruz a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y cesó a Mayte Ledo, mientras mantuvo a Mapelli en la secretaría que ostentaba hasta este Consejo de Ministros.

La mutua Muface deberá devolver a una mujer el dinero que pagó por tres medicamentos necesarios para su tratamiento de reproducción asistida a pesar de estar siendo atendida en la sanidad pública. Así lo especifica una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que admite el recurso interpuesto por Sofía (nombre ficticio), que tuvo que desembolsar 1.426,05 euros por una única razón: no tener una pareja que fuera hombre. Si la hubiera tenido, los fármacos hubieran sido financiados por el Sistema Nacional de Salud.

El fallo, al que ha tenido acceso elDiario.es y que todavía puede ser recurrido, le da la razón a la mujer admitiendo que Muface “debería haber hecho otra lectura e interpretación” de la ley “en aras de la no discriminación por razón de estado civil u orientación sexual”. Se refiere la mutua a la norma que regía en aquel momento, 2019, impulsada por el Partido Popular unos años antes para establecer que solo la esterilidad sería requisito para acceder a la reproducción asistida, lo que excluyó a las mujeres lesbianas o bisexuales y aquellas que, como Sofía, buscaban tener un hijo ellas solas.

Las comunidades autónomas fueron progresivamente incluyendo en sus carteras de servicios la reproducción asistida para todas las mujeres, pero la norma estatal no se modificó hasta finales de 2021, por lo que las mutuas –Muface, Mujeju e Isfas–, al depender del Ministerio de Función Pública, seguían aplicando la ley excluyente. Por eso Sofía, que siguió el tratamiento en un hospital de Madrid, no pagaba por él, pero sí por los medicamentos necesarios, ya que Muface le negó en repetidas ocasiones la financiación. La mujer estaba atada de pies y manos porque al ser profesora debía pertenecer obligatoriamente a la mutua y, además, aunque había elegido la sanidad pública frente a las aseguradoras privadas, Muface seguía siendo la encargada de autorizar las recetas.

Sofía decidió acudir a la Justicia con la ayuda del sindicato CCOO después de que la mutua rechazara todos los recursos que presentó contra las resoluciones desfavorables por “no cumplir los requisitos” de la norma vigente. Estos eran o bien tener un “trastorno documentado de la capacidad reproductiva” o no lograr el embarazo “tras un mínimo de 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin métodos anticonceptivos”, figuraba literalmente en el texto. Al no cumplirlos, tuvo que hacer frente al pago de 1426,05 euros por los medicamentos Menopur, Ovitrelle y Galutran, según figura en la sentencia.

La norma ampara el caso

El TSJ, sin embargo, considera que no debió de haberlos costeado, sino que Muface tendría de haberlos cubierto y no hacer una lectura “restrictiva” de la ley. Los jueces creen que bajo los requisitos que establece la ley debe incluirse también a las mujeres monoparentales o las mujeres con pareja femenina porque, de lo contrario, aseguran, se estaría vulnerando la igualdad consagrada en el artículo 14 de la Constitución. Nombran también el artículo 41, que prevé un régimen público de Seguridad Social “para todos los ciudadanos”.

A preguntas de este medio, Muface asegura que “ha aplicado siempre” la normativa vigente, que en el momento de la fecha de la solicitud de Sofía era la que impuso restricciones a las mujeres sin pareja varón. Recuerda la mutua que desde noviembre de 2021 esto ya no ocurre y las mujeres sin pareja, lesbianas o trans con capacidad de gestar “ya pueden acceder a la reproducción humana asistida en pie de igualdad” y sin que sea limitante su condición de mutualistas. Además, Muface no recurrirá la sentencia.

En el fallo el tribunal estima que aquella ley, sin embargo, tendría que haber sido aplicada de forma diferente y apunta a que “siendo soltera”, Sofía “no está en condiciones de lograr un embarazo en virtud de una relación física heterosexual en pareja” y obligarla a ello “sería contrario a la dignidad de su persona vulnerándose el artículo 10” de la Carta Magna. “Es imposible un diagnóstico de esterilidad por patología ginecológica al tiempo que es aberrante la exigencia de una concepción por vía vaginal al tratarse de una mujer sola, lo que obliga al preceptivo tratamiento de reproducción asistida”, reza el fallo.

Reconocen los jueces que pese a que no se da una situación de esterilidad “propiamente dicha” porque Sofía no lo es ginecológicamente hablando, sí es da “en la práctica” una “esterilidad natural” que debe equipararse a la clínica establecida por ley, argumentan al tiempo que aseguran que los requisitos contenidos en la ley “no constituyen cláusulas cerradas que no permitan la inclusión” de otros supuestos. Por eso, la sentencia estipula que la denegación de la financiación por parte de Muface “no se ajusta a la letra y al espíritu de la normativa aplicable”. Esta interpretación, prosigue el tribunal, “se sustenta en el absoluto respeto a la no discriminación” por razón de sexo, estado civil u orientación sexual.

Por eso, revoca las resoluciones denegatorias de la financiación de los medicamentos y mandata a la mutua a devolverle a la mujer el dinero que desembolsó por ellos, además sujeto a intereses desde la fecha de la notificación de la sentencia hasta el efectivo abono del importe, que aún no se ha producido. “Supone un descanso y un orgullo para seguir luchando por lo que creo que es justo, no solo para mí sino para las que vienen detrás”, sostiene Sofía, que recuerda “el desgaste, el esfuerzo y la energía” que se dejó por el camino por este motivo al tiempo que se sometía a los tratamientos. “Era injusto y no entendía nada”, añade.

No es la primera sentencia en el mismo sentido, sino que fueron varias las afectadas que acudieron a la Justicia desde que los populares aprobaron la modificación en 2014. Los fallos censuraron en general la discriminación y les dieron la razón a ellas por, entre otras cosas, existir una ley, la de Técnicas de Reproducción Asistida de 2006, donde se regula el derecho con independencia de la orientación sexual o el estado civil y que es de rango superior a la orden ministerial del PP. Aunque las comunidades fueron revirtiéndola con el paso del tiempo, el Gobierno central anunció que lo haría en 2018, al inicio del mandato de Pedro Sánchez, pero finalmente acabó con la exclusión tres años después.

Las farmacias de Castilla-La Mancha acogen por primera vez la dispensación de la receta electrónica concertada de Muface desde este martes, siendo una iniciativa que beneficiará a los 44.725 mutualistas de opción concertada de la región.

Con esta implantación, que ha sido posible gracias al trabajo conjunto de la Organización Farmacéutica Colegial, Muface y el respaldo del colectivo médico, los mutualistas tendrán acceso a este sistema en las farmacias de las cinco provincias de la región.

Para anunciar el despliegue de la receta electrónica de Muface, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo, Javier Jimeno, y el presidente del Colegio de Médicos de Toledo, Raúl Calvo, han estado presentes en el despliegue de esta iniciativa en la farmacia toledana 'José Luis Echevarría'.

Sobre el impacto que la receta electrónica privada ha supuesto para las farmacias, Jimeno ha asegurado que es un avance para la atención farmacéutica en cuanto a la seguridad del paciente que va a poder subsanar posibles errores que sucedan en la receta y que aportará garantías en la dispensación.

Con un procedimiento similar a la tarjeta del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), los clientes pasan del papel a la tarjeta mutualista, facilitando el trabajo de los profesionales farmacéuticos que a través de la lectura de la tarjeta podrán ver la medicación prescrita e iniciar la dispensación.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Toledo ha señalado que es una iniciativa que debía implantarse y, ahora que se ha llevado a cabo, están “muy contentos” por acogerlo por primera vez en Castilla-La Mancha como comunidad pluriprovincial.

Este proyecto garantiza mayor seguridad porque la prescripción se podrá realizar de forma adecuada, conectada a programas informáticos, evitando así que se rellene mal la receta o que “no se entienda bien la letra”, ha explicado Calvo. “Es un avance lógico en estos tiempos y creo que estábamos tardando en poner en marcha”, ha explicado.

“Magnífica noticia”

De su lado, el titular de la farmacia, José Luis Echevarría, a preguntas de los medios, ha señalado que le parece una “magnífica noticia” para los mutualistas y para los farmacéuticos porque permite mejorar la atención al cliente.

En este sentido, Echevarría ha indicado que, pasando la tarjeta, el profesional podrá visualizar la medicación que tiene el paciente permitiendo detectar duplicidades terapéuticas, interacciones entre medicamentos e incluso remitir al médico cualquier circunstancia.

En beneficio de la salud y de la actividad profesional, también ha señalado que es una buena noticia para las aseguradoras porque les ahorra costes y también para el medioambiente porque se va a reducir el papel de los talonarios.

Finalmente, ha asegurado que la dispensación ya está funcionando con absoluta seguridad, expresando que es “un día de fiesta” para los mutualistas de Muface.

6.600 euros en un sobre con billetes de 50. Con esta cantidad en el bolsillo tuvo que presentarse A.C, un paciente cuya identidad se preservará por decisión de su familia, a la cirugía para extirparle un tumor en el aparato urinario. Los hechos ocurrieron en agosto de 2020 en el Hospital Universitario Ruber Juan Bravo (Madrid), que ha iniciado una investigación interna para analizar lo ocurrido, según confirma un portavoz del centro, perteneciente al grupo Quirón, a elDiario.es.

Una grabación en audio que obra en poder de este medio revela cómo el dinero fue abonado por la familia al equipo del urólogo responsable de la intervención –cuyas siglas responden a C.S.F. y que también trabaja en la sanidad pública– aunque el paciente era mutualista de Muface y la cirugía formaba parte de la cobertura que tenía.

El pretexto para el cobro era que la aseguradora Asisa solo pagaba una operación abierta y que para hacerla por laparoscopia, una técnica a través de pequeñas incisiones, con un “bisturí láser” había que abonar la diferencia, según el relato de la familia. Un portavoz de Asisa confirma a este medio que esto no es así: la cobertura de Muface, de las más amplias que hay, incluía ya en 2020 esta intervención mínimamente invasiva.

Cinco años después, la familia dice que abonaron el dinero “porque ya había síntomas, el riñón estaba aumentando de volumen y había que quitarlo rápido”. “Fue fruto de la urgencia, lo que queríamos es que le operararan y le dejaran bien”, apunta su hijo. El paciente falleció tiempo después por una serie de complicaciones ocasionadas por el coronavirus.

En efectivo dentro de un sobre

El dinero se traspasó sin que quedara rastro, según desvelan los audios. “Antes sí te daban un recibo, como te están autorizando una cirugía por la sociedad que no es la que hacen para intentar que el quirófano y todo eso vaya por la sociedad... Hace un tiempo que ya no porque decían que eso no se podía presentar”, explica la secretaria del urólogo, la persona que recibe el pago en un despacho el mismo día de la intervención.

N.L informa a la familia del paciente de que, pese a que ella “no lleva el tema de quirófano”, “nunca ha oído” que haya habido problemas por usar este procedimiento de doble financiación sin facturas. El equipo se garantiza así que la aseguradora paga la cirugía y, a la vez, pueden reembolsarse una cantidad extra, de la que no queda huella, como si se tratara de una intervención privada.

La conversación a la que ha accedido este medio muestra a la secretaria contando los 6.600 euros mientras se detallan otros pormenores de la intervención, como las grapas que le van a poner o las citas posteriores. Un familiar del paciente insiste ante la negativa de hacer factura: “Por eso te dije el tema de la transferencia, que quizá podría ir directamente a la cuenta del cirujano”. Las normas tributarias en España para prevenir el fraude marcaban en 2020 un límite de 2.500 euros en los pagos en efectivo. En 2021 el tope se redujo a 1.000 euros.

elDiario.es se ha puesto en contacto con el equipo médico pero ha declinado ofrecer una respuesta. El urólogo no forma parte de la plantilla del hospital pero tiene un contrato mercantil que implica una serie de acuerdos, como pasar consulta en sus instalaciones, según la información proporcionada por el centro.

En un caso similar publicado por este medio, una traumatóloga que pasaba consulta en un hospital privado diferente de Madrid intentó que una paciente le pagara 3.500 por una cirugía de columna que también cubría su seguro de Adeslas. En esta ocasión, sin embargo, no se llegó a efectuar el cobro porque la afectada decidió operarse en otro centro.

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Adeslas y HM Hospitales han alcanzado un acuerdo para que los funcionarios de Muface adscritos a la aseguradora puedan recibir atención en los centros del grupo sanitario en todo el territorio nacional. Tras varias semanas de incertidumbre, en las que la aseguradora había incluso publicado sus cuadros médicos sin contar con el gigante sanitario en Madrid, Barcelona, A Coruña, Santiago de Compostela y León, el acuerdo, ya firmado, prolonga el abrazo entre ambas hasta 2027, el periodo por lo que se alarga el concierto de la mutualidad.

El pacto se produce, según ha comunicado HM Hospitales, “tras varias semanas de negociaciones” e incluye la renovación de los servicios ya existentes, así como “otros nuevos para que la atención de estos mutualistas sea la misma que la del resto de asegurados”. Tras meses de dudas, primero por la crisis entre las aseguradoras y el Ministerio de Función Pública, que tuvo que hacer hasta tres ofertas económicas, y después por la tensión entre Adeslas y el grupo hospitalario, la compañía asegura que el acuerdo lanza “un mensaje de tranquilidad y continuidad” tras “semanas de incertidumbre”.

“El convenio refuerza la colaboración entre ambas entidades y consolida el compromiso mutuo por proporcionar una atención sanitaria eficiente, personalizada y de excelencia, contribuyendo así al bienestar y la satisfacción de todos los pacientes que optan por la sanidad privada para el cuidado de su salud”, indica el comunicado.

Aunque estos pacientes opten por la sanidad privada, esta está sufragada con cargo a fondos públicos. Muface permite a los funcionarios elegir entre sanidad pública y sanidad privada dos veces al año —este mes de junio es periodo de permuta—. El acuerdo alcanzado entre Asisa y Adeslas con Función Pública supone una partida de 4.808,5 millones de euros en tres años, con un incremento acumulado de la prima del 41% en ese periodo. La oferta inicial del Ejecutivo, que las aseguradoras dejaron desiertas, había sido un aumento del 17% en dos años.

Tras el pacto entre el Ministerio y las aseguradoras llegaba el turno del siguiente escalón, la negociación entre estas últimas y los grupos hospitalarios, con capacidad negociadora y que reclamaban una parte del pastel, y los médicos que prestan asistencia, el eslabón más débil de esta cadena porque tiene menos capacidad de presión. Y, en este contexto, pese a las tiranteces entre HM y Adeslas, voces del sector ajenas a la negociación ya vaticinaban que habría acuerdo: “Ni HM se puede permitir el lujo de no ver a gente [de Adeslas], ni las aseguradoras pueden no tener a Adeslas”.

La publicación de los nuevos cuadros médicos de las aseguradoras que prestan servicio a los funcionarios de Muface ha supuesto un nuevo punto de tensión en torno a la mutualidad. De los documentos presentados por Adeslas, donde los asegurados pueden consultar qué centros y hospitales están disponibles para ellos, se ha caído el grupo HM Hospitales en la Comunidad de Madrid, Barcelona, A Coruña, Santiago de Compostela y León, según ha denunciado este lunes la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha elevado una queja ante la entidad, dependiente del Ministerio de Función Pública.

El recorte del prestador en las cinco provincias se produce en un momento en el que ambas partes afirman estar negociando, lo que algunas voces del sector enmarcan en una estrategia, propia de los tira y afloja que se producen anualmente entre aseguradoras y grupos hospitalarios y médicos. “Es lo normal, pero ni HM se puede permitir el lujo de no ver a gente [Adeslas] ni las aseguradoras pueden no tener a HM”, indican estas fuentes, ajenas a las compañías, pero que prefieren mantener el anonimato.

El Gobierno había dado por resuelta la crisis con Muface en marzo, cuando las aseguradoras lograron arrancar un incremento de un 41% acumulado en tres años. Son 4.800 millones de euros, a repartir entre Adeslas y Asisa, tras la salida de la hermana pequeña, por volumen, DKV de la mutualidad. Llegaba entonces la negociación al margen del Ejecutivo: la que tienen las aseguradoras con los grupos hospitalarios y médicos, que son a la postre quienes atienden a los funcionarios que optan por la sanidad privada frente a la pública cuando enferman. Adeslas juega la baza de contar con más mutualistas. Asisa, con la ventaja que da tener sus propios hospitales.

En marzo, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), la patronal del sector, ya reclamaba a las aseguradoras “una remuneración justa a hospitales y clínicas”. Su presidente, Carlos Rus, aseguraba al inicio de las conversaciones que las compañías estaban “planteando un aumento de las tarifas de un 3%, mientras ellas han recibido una subida por encima del 40% de las primas. Lo lógico sería que se transmitiera a los centros una parte significativa de ese porcentaje”, aseguraba en declaraciones a El Economista.

Las negociaciones en este campo se dan por varios frentes: zona por zona, grupo por grupo, médico por médico. “Hace unas cuantas semanas cerramos acuerdos con todos los grandes grupos”, indican fuentes de Asisa, que afirman que la aseguradora mantiene unas características asistenciales “similares a las del año pasado”. Entre la cartera de esta compañía están Quirón, Vithas o IMED. También HM. Aunque se trata de un mercado muy complejo, donde las conversaciones suelen llevarse con discreción y hay cierta opacidad en los números, estas mismas fuentes indican que, en este caso, “el punto de partida fue el IPC sanitario —en torno al 2%— y la subida, en la mayor parte de los casos, es superior al 3%”.

Desde Aspe indican ahora que respetan y apoyan “cualquier toma de consideración empresarial” sobre Muface. “Nuestros hospitales y clínicas han dado, todos y siempre, una respuesta de coherencia, responsabilidad y compromiso con los mutualistas”, indican fuentes de la Alianza, que afirman que su “preocupación en todo momento ha sido y es la situación de los pacientes, la calidad del servicio y la demanda de una remuneración adecuada para garantizar una conveniente atención sanitaria”.

“Cuando empiezas a negociar, hay sitios donde hay lío. Ellos te quieren presionar, tú dices que no estás de acuerdo... Otra cosa son las clínicas pequeñas, que tienen menos capacidad y tienen que aceptar”, indica una fuente del sector, que aboga por la discreción. Fuentes de HM aseguran estar “abiertos a la negociación y deseosos de alcanzar un acuerdo” con Adeslas. “Las razones por las que nos sacan de sus listados tendrán que decirlas ellos”, indican desde la compañía, que garantiza “la continuidad asistencial de los mutualistas” con tratamientos o procesos en curso mientras esta situación se resuelve. Desde la aseguradora evitan realizar declaraciones en el marco de una negociación en curso.

Las aseguradoras renegocian con los grupos y los médicos las condiciones de sus acuerdos año a año. Así, los cuadros son vivos. Adeslas y Asisa deben cumplir con Muface el compromiso de contar con determinados dispositivos asistenciales mínimos, dependiendo de la provincia y la población, que incluyen el acceso a determinadas especialidades y un número y tipo de centro, pero pueden añadir más durante la duración del concierto, siempre sobre esos mínimos. Desde la entidad no hacen comentarios sobre la situación actual, por tratarse de un asunto entre la aseguradora y la red hospitalaria.

Para CSIF, la salida de HM del cuadro médico de Adeslas en la Comunidad de Madrid supone “la desaparición de los hospitales de referencia del grupo, lo que empobrece gravemente la oferta sanitaria, eliminando opciones para miles de mutualistas y, además, deja sin los especialistas que habían venido atendiendo las distintas patologías de salud de estos y sus beneficiarios”. Precisamente, el argumento de los pacientes que llevaban años con el mismo médico o con tratamientos en marcha fue una medida de presión para que el Ministerio de Función Pública elevase la prima a las aseguradoras hasta en tres ocasiones, que ahora se les puede volver en contra.

“Nuestra organización considera un engaño a los mutualistas este recorte de medios, conocido una vez que se ha producido la firma del nuevo acuerdo de asistencia sanitaria”, acusan desde CSIF, que indican que han dejado de estar concertados los hospitales de HM en Barcelona, A Coruña, Santiago de Compostela y León, además del hospital de la Cruz Roja de Córdoba.

El nuevo convenio entró en vigor el 1 de mayo. Con él, se abrió el plazo de un mes que permite a los mutualistas mantenerse en su prestador sanitario, Adeslas, Asisa o la Seguridad Social, o saltar de uno de ellos a otro. Además, los mutualistas de DKV podrán realizar la permuta a una de las entidades privadas o pasar, por defecto, a la sanidad pública. El 1 de junio se abrirá un nuevo periodo ordinario de cambio, en línea con el compromiso del Ejecutivo de permitir la doble permuta en esta nueva licitación, los meses de enero y junio.

Muface vuelve a la casilla de salida. Tras la crisis abierta después del verano y una negociación a cara de perro, las aguas volvieron a su cauce este 1 de mayo. El día antes, la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, y Adeslas y Asisa firmaban el nuevo convenio por el que las aseguradoras privadas podrán prestar asistencia sanitaria a más de 700.000 mutualistas y sus familias con cargo a fondos públicos. Una agradecía el trabajo por llegar a un acuerdo, mientras las compañías destacaban la “dedicación y voluntad” del ministro Óscar López. El pulso terminó con 4.808 millones de euros en el puño de las empresas y una tregua de tres años, hasta el 31 de diciembre de 2027 que dura el nuevo concierto.

Más allá de la foto y los mensajes amigables, los tira y afloja de los últimos meses han convertido la renovación del concierto en la negociación de este tipo más dura que se recuerda. Es la primera vez, por ejemplo, que las aseguradoras dejan desierta una licitación y fuerzan al Ejecutivo a elevar la oferta económica hasta en tres ocasiones, hasta rascar 1.276 millones de euros más que en el convenio anterior.

En este contexto, este modelo heredado del franquismo y de una época en la que las mutualidades suplían por gremios la falta de una prestación sanitaria pública y universal, ha salido debilitado y la incertidumbre ha reforzado los argumentos de los partidarios de su extinción y ha dado otros nuevos a quienes tienen actitudes más tibias, pero admiten que requiere cambios. “¿Creen que Muface es perfecto? Créanme, no lo es. ¿Requiere reformas? Créanme, las requiere”, llegó a verbalizar el ministro del ramo Óscar López.

El propio Ministerio de Función Pública deslizó en medio de la negociación la idea de que era necesaria “una reflexión sobre el modelo”, planteando incluso que los funcionarios elijan entre sanidad pública o privada “para siempre”, pero tres meses después, la mutualidad anunció que incorporaba a la nueva licitación la posibilidad de cambiar no una, sino dos veces al año.

Cada mes de enero, los mutualistas pueden elegir entre una de las opciones privadas o la seguridad social. Según los datos de Función Pública, actualmente hay 734.000 titulares y 280.000 beneficiarios acogidos a un seguro privado. A principio de año se activó este periodo pero, en medio de una prórroga forzosa, solo se permitía el cambio de la privada a la pública. “Más de 45.000 personas abandonaron el concierto sanitario durante este tiempo, casi el doble de las personas que se fueron a la Seguridad Social el año pasado”, indican desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) muy combativa por el mantenimiento del concierto, pese a que han denunciado cientos de quejas de mutualistas a los que, aseguran, las compañías cancelaron citas o pruebas médicas a las que tenían derecho.

Desde este 1 de mayo, Función Pública ha habilitado un periodo de permuta, entre la Seguridad Social y las compañías Adeslas y Asisa. Además, los asegurados de DKV, que ha dejado el concierto tendrán que elegir a qué compañía pasan o si prefieren la pública.

En este largo camino, desde el Ejecutivo habían hecho alusión incluso a un informe que preparaba la Autoridad fiscal. En el Consejo Extraordinario de Muface en diciembre, con el concierto en el aire, la propia Mapelli señaló que en la reflexión de futuro, sería “providencial el informe sobre gasto que está elaborando la AIRef”. El trabajo se dio a conocer a finales de marzo, ya con el concierto enfilado y sin posibilidad de incorporar sus propuestas, como que la mutualidad sea voluntaria. “Esta reforma permitiría racionalizar el sistema y generar ahorros tanto para el funcionario como para las arcas públicas, al eliminar aportaciones de aquellos que opten por abandonar el sistema mutualista”, señalaba el informe.

No solo eso. La Autoridad fiscal proponía también “la progresiva incorporación de los nuevos mutualistas” al sistema pública, ante la “ineficiencia” de un sistema dual la “preferencia revelada en los últimos años para la modalidad pública de los nuevos mutualistas de los cuerpos más numerosos”. De hecho, según las cifras de Función Pública, dos de cada tres nuevos funcionarios eligen la sanidad pública.

El informe señalaba además un dato relevante que desmonta un argumento clásico de las aseguradoras, que hacen hincapié en que el importe de las primas que reciben por los mutualistas es menor que el gasto medio por paciente de la sanidad pública: ante una enfermedad grave —y más cara— los funcionarios eligen cambiarse a la sanidad pública frente a la privada.

“Mientras las aseguradoras privadas abandonan cuando el negocio deja de ser rentable, la sanidad pública nunca se mueve por criterios de rentabilidad”, afirmaba la ministra de Sanidad, Mónica García, en una columna publicada en elDiario.es. García, crítica con la propuesta de Función Pública, en manos del PSOE, para salvar Muface, apostaba ya entonces porque esta sea “la última licitación”. De hecho, su departamento publicó un informe en el que acusaba a las aseguradoras de seleccionar pacientes y consideraba “una opción tanto viable como razonable” extinguir la mutualidad.

A tres años vista de la próxima renovación, está por ver si esa reestructuración se lleva a cabo o si, en 2027, cientos de miles de funcionarios estarán atrapados en lo que los sindicatos CCOO y UGT llegaron a catalogar como un “chantaje” de las aseguradoras.

El nuevo convenio de Muface entrará en vigor el próximo 1 de mayo. Tras meses de tensión entre el Gobierno y las aseguradoras privadas que prestan asistencia sanitaria al funcionariado, la mutualidad ha anunciado este lunes que “se prevé” que el nuevo concierto, adjudicado a SegurCaixa Adeslas y a Asisa, “se firmará en los últimos días del mes de abril y entrará en vigor el jueves 1 de mayo”. Es el último capítulo de un tira y afloja entre el Ministerio de Función Pública y las compañías privadas, que había visto el camino allanado tras una subida de la prima del 41% en tres años y un pastel de 4.500 millones de euros.

Con la nueva licitación, Función Pública pone fin a una prórroga forzosa del convenio anterior y abre la puerta a la posibilidad de cambio entre aseguradoras y la sanidad pública al millón y medio de mutualistas, entre funcionarios y beneficiarios. Para ello, la mutualidad ha señalado que pondrá en marcha una campaña informativa para informar sobre los detalles de la tramitación durante este “periodo especial de cambio ordinario de entidad”, aunque ya ha dado algunas claves a tener en cuenta.

Cómo cambiar de seguro en Muface

Este “periodo especial” comenzará el mismo 1 de mayo y se prolongará durante todo el mes. Entre las opciones los mutualistas —funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado y quienes estén en prácticas— podrán optar por la sanidad pública o concertada, de la mano de las aseguradoras privadas que han acudido al concierto. Quienes opten por continuar recibiendo asistencia sanitaria como hasta la fecha, no deberán realizar ninguna gestión.

El personal funcionario que desee cambiar de prestador podrá hacerlo durante el mes de mayo presentando una solicitud a través de la sede electrónica de Muface o en las oficinas de la mutualidad, por correo postal u otros registros. “Si bien se recomienda la vía electrónica, como vía para realizar los trámites sin esperas”, señala la entidad en su página web. Esta migración tendrá carácter inmediato, lo que “debe tenerse especialmente en cuenta si se está siguiendo algún tratamiento médico u hospitalario, ya que realizar el cambio supondrá la interrupción” del mismo.

Qué ocurre con los funcionarios de DKV

Por el camino entre el concierto anterior, que finalizaba el 31 de enero de este año, y el nuevo, se ha quedado DKV, que renunció a prestar asistencia sanitaria a los funcionarios al considerar que el modelo está “infrafinanciado” y estimar pérdidas millonarias. Esta compañía es la que tiene la menor cuota de mutualistas, pero atiende por este sistema a casi 200.000 personas, que deberán realizar ahora un “cambio forzoso”.

Las opciones para estos mutualistas son pasar a una de las aseguradoras que han acudido al concierto, Adeslas y Asisa, o a la sanidad pública, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). En el caso de que opten por continuar en la privada deberán realizar la solicitud entre el 1 y el 31 de mayo. Si prefieren la pública, no tendrán que hacer nada y, pasado el plazo, “serán adscritos al INSS de oficio”, indican en Muface. En cualquier caso, el cambio no se hará efectivo hasta el 1 de junio.

Un nuevo periodo de cambio en junio

El periodo especial de cambio ordinario de entidad se solapará con una nueva ventana en junio, que contempla el nuevo concierto. Función Pública recuperó en esta licitación el modelo de doble permuta, en enero y junio, que había suprimido en 2022. Esta posibilidad de cambio se mantiene aunque, tanto en mayo como en junio, solo será posible solicitar el cambio una sola vez en cada mes.

La AIReF (Autoridad independiente de responsabilidad fiscal) ha publicado este lunes el estudio sobre “el mutualismo administrativo en España” en el que evalúa la eficacia y eficiencia del sistema en España y constata que constituye “una excepción singular entre los países de nuestro entorno”.

El informe de la Autoridad fiscal se esperaba para finales de 2024, pero se ha retrasado hasta ahora, después de que el Gobierno renovara recientemente el concierto de este sistema de asistencia sanitaria para 2025, 2026 y 2027, según se explica en esta información. El documento de la AIReF propone que los nuevos funcionarios vayan a la sanidad pública y que Muface sea voluntario.

Esta institución ha confirmado que en diciembre proporcionó “un informe preliminar” al Ministerio de Función Pública, con la finalidad del “ser útiles al Gobierno”. En todo caso, según ha incidido la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, el objetivo nunca ha sido estimar una prima para las aseguradoras.

“Se propone transformar la actual adscripción obligatoria en un régimen voluntario, iniciativa que podría implementarse previa elaboración de un proceso consultivo integral a todos los mutualistas durante el próximo concierto”, señala el informe definitivo conocido este lunes. “Esta reforma permitiría racionalizar el sistema y generar ahorros tanto para el funcionario como para las arcas públicas al eliminar aportaciones de aquellos que opten por abandonar el sistema mutualista”, continúa.

Como segunda reforma estructural, la Autoridad fiscal apoya “la progresiva incorporación de los nuevos mutualistas” al sistema público, fundamentada en la “ineficiencia que supone para los modelos de aseguramiento de salud de riesgo compartido la segregación de un subconjunto de la población, las dificultades que genera para la gestión integral de la salud pública y la preferencia revelada en los últimos años por la modalidad pública de los nuevos mutualistas de los cuerpos más numerosos”.

El análisis de la AIReF contempla la situación de las listas de espera, hace un conjunto de simulaciones y los recursos humanos sanitarios. Según este estudio, aconseja “no incorporar inmediatamente” al conjunto de los mutualistas al sistema público, y “condicionar esta paulatina integración al refuerzo paralelo de las capacidades del sistema público y en especial a una mejora en la situación de las listas de espera”.

Para casos graves, el sistema público

La AIReF recoge que, en términos de eficacia, aunque en el promedio del periodo analizado el 24% del total de mutualistas optaron por la provisión pública, “este porcentaje se eleva hasta el 70% entre aquellos que tuvieron episodios hospitalarios por patologías de severidad mayor y extrema [oncología, por ejemplo, y el cáncer en general]”, observa el documento.

Otro dato: más del 66% de las hospitalizaciones se severidad mayor o extrema son atendidas en centros públicos. Hasta el 90% si el mutualista es menor de 40 años.

El informe también constata una mayor accesibilidad a algunos servicios sanitarios entre los mutualistas que optaron por la modalidad privada, registrándose tasas de consulta que, en ocasiones, cuadriplican a las del sistema público (dermatología, ginecología, traumatología...). En pruebas diagnósticas como las resonancias magnéticas y las mamografías, las triplican.

En el ámbito de la eficiencia, la evaluación identifica importantes posibles ganancias de eficiencia en la modalidad privada, especialmente en el ámbito del gasto farmacéutico.

En términos de equidad, la AIReF constata que la adscripción obligatoria al mutualismo (Muface) limita el acceso a las características de la provisión pública universal que tienen el resto de los ciudadanos, especialmente entre los que optan por la modalidad privada.

Cuando el acuerdo entre las aseguradoras y el Ministerio de Función Pública para los tres próximos años de Muface parecía inminente, la Organización Médica Colegial (OMC) envió una carta a todos los médicos y médicas que trabajan para el sector privado animándoles a pedir un aumento de sus retribuciones “proporcional” al que han recibido las aseguradoras en el nuevo contrato de Muface (41%).

En la misiva se insta a seguir la misma estrategia de presión que estas compañías, que apretaron al Gobierno para lograr una subida generosa de las primas tras amagar con dejar de prestar el servicio de sanidad privada a los funcionarios. “Recuerda que sin médicos no hay medicina”, dice el escrito, firmado por el Foro Nacional de Médicos en Ejercicio Privado, que les ofrece incluso el apoyo de las asesorías jurídicas de los colegios de médicos.

Los profesionales médicos son el último eslabón –también el más débil– de la renegociación del contrato de Muface y quieren hacerse fuertes en esta coyuntura. Apenas unos pocos tienen contratos laborales con los grupos hospitalarios; la mayoría son autónomos que cobran por acto médico y llevan años quejándose de que las compañías de seguros les pagan “precios temerarios” con el argumento de que eso se compensa a final de mes porque ven a muchos pacientes. Lo que llaman “facturar mucho volumen”. Una parte de ellos, entre un 30 y un 40% según las organizaciones, tienen su trabajo prinicipal en el sistema público.

Aunque resulte paradójico, ahora que todo está bien atado por arriba, las aguas se remueven por abajo: las compañías deben aterrizar tanto con los hospitales privados como con los médicos cuáles son las condiciones tras la nueva concesión. La patronal que representa a la mayoría de centros privados (ASPE) ya se ha puesto en pie de guerra para presionar: asegura que el aumento de las tarifas rondaría un 3% frente a “la subida por encima del 40% en las primas de las aseguradoras”.

Y por debajo quedan los médicos. “A ASPE le hemos enviado un mensaje muy clarito: no pueden negociar por nosotros con las aseguradoras, si aceptan esa subida del 3%, la vamos a rechazar”, afirma Ignacio Guerrero, presidente de la Unión Médica Profesional (Unipromel), una organización nacida hace cuatro años que defendió, en plena incertidumbre por el modelo Muface, que el Estado cubriera la sanidad privada de los funcionarios sin la intermediación de los seguros.

En el caso de los mutualistas, además, las compañías de seguros pagan honorarios aún más bajos, según denuncia Unipromel y confirman fuentes del sector. “Por ejemplo, con Asisa son 17 euros la consulta para los de Muface y 18 o 19 para los que vienen con póliza privada. En un momento dado dijimos que no atendíamos y mi hospital ahora nos suplementa lo que le paga la aseguradora”, apunta Guerrero. Unipromel pide que las consultas de Atención Primaria suban de ocho a 20 euros y las del especialista a un mínimo de 40 porque “se cobra al Estado y a compañías aseguradoras forradas”.

Dependencia de las aseguradoras

“No sé cuál va a ser la gota que colme el vaso, pero se están reuniendo las condiciones para una tormenta perfecta”, afirma José Luis Alcíbar, vocal de medicina privada de la OMC, que reconoce que muchos compañeros “han tenido que tragar con honorarios que a duras penas les han cubierto costes” porque se da una relación de dependencia con las aseguradoras. Muy pocos pacientes acuden de manera completamente privada y pagan por consulta. “Hasta el más rico de Sevilla acude con una póliza”, confirma Guerrero.

Desde Asisa aseguran que “una parte de la subida se verá reflejada en el aumento de los honorarios a los médicos” pero se hará “caso a caso dependiendo de las especialidades y de los territorios”. Es decir, cada profesional tendrá que pelear la mejora de sus condiciones y es eso precisamente lo que les deja en una posición de más desventaja, según Unipromel. “Siempre tienen algo de venta cruzada para que aunque trabajes barato luego tengas una contrapartida y caemos en ese mercadeo. Por ejemplo que a cambio de hacer a los pacientes de Muface te citen a personas de dermatoestética, que se pagan mejor”.

Asisa asegura que "una parte de la subida se verá reflejada en el aumento de los honorarios a los médicos" pero se hará "caso a caso dependiendo de las especialidades y de los territorios".

También las aseguradoras juegan sus cartas. Asisa cuenta con una red hospitalaria propia, que le permite gestionar sus recursos con mayores sinergias mientras Adeslas tiene con un número de asegurados mucho mayor —508.000 frente a 363.00— que poner sobre la mesa.

En la OMC piensan que este momento “debe servir para pasar de la queja a la acción”. “Aunque algunos médicos tienen más fuerza que otros para negociar, ahora todos comparten un argumento muy claro. Si se niegan, recomendamos ir al colegio de médicos a pedir asistencia jurídica. Ir unidos es complicado, pero que sepan que no están solos”, sostiene Alcíbar, que pone como ejemplo algunos precedentes en provincias o ciudades donde bloques de especialistas completos se negaron a trabajar con compañías de seguros hasta que su retribución económica no creciera.

Siempre tienen algo de venta cruzada para que aunque trabajes barato luego tengas una contrapartida y caemos en ese mercadeo. Por ejemplo que a cambio de hacer a los pacientes de Muface te citen a personas de dermatoestética, que se pagan mejor

Ignacio Guerrero, presidente de Unipromel

Dejar de pasar consulta en bloque

En Sevilla, por ejemplo, 400 profesionales de diferentes especialidades –pediatras, otorrinos, cirujanos maxilofaciales, urólogos o digestivos– cerraron en 2023 sus consultas a los pacientes asegurados como medida de presión contra pólizas “cada vez más baratas” y tarifas congeladas desde hace 25 años. Los cirujanos cardiovasculares lograron una subida de entre el 30 y el 75% de sus honorarios, según informó El País.

El Ministerio de Función Pública obliga en el pliego de condiciones a tener un mínimo de especialistas por territorio y las aseguradoras deben ser capaces de ofrecerlo. “Nuestros cuadros son estables, entran y salen médicos, sí, pero dentro de la estabilidad”, defienden desde Asisa. elDiario.es ha tratado sin éxito de recabar la respuesta de Adeslas para este artículo.

El Gobierno dio por finalizada la crisis con Muface. Para el Ministerio de Función Pública el capítulo está cerrado, después de poner sobre la mesa más de 4.800 millones de euros y aumentar las primas que reciben las aseguradoras en un 41% en tres años. Las compañías habían forzado al Ejecutivo a una negociación sin precedentes, en la que la administración pública subió el precio hasta en tres ocasiones para garantizar la asistencia sanitaria privada de los funcionarios. Pero ahora son las aseguradoras las que deben pactar con los médicos y los centros sanitarios privados los precios.

La tortilla se ha dado la vuelta y ahora son los grandes grupos hospitalarios los que tienen la sartén por el mango. Y quieren su parte. “Nos están planteando un aumento de las tarifas de un 3%, mientras ellos han recibido una subida por encima del 40% de las primas. Lo lógico sería que se transmitiera a los centros una parte significativa de ese porcentaje”, denunciaba el presidente de la Alianza para la Sanidad Privada Española (ASPE), Carlos Rus, en declaraciones a elEconomista.es.

ASPE, la patronal privada, no tiene capacidad de negociación, porque los acuerdos se cierran centro a centro y consulta a consulta, pero su postura sirve para señalar el camino por el que discurren los grandes grupos hospitalarios. No en vano, representa al 80% del sector y en su junta directiva se encuentran miembros de gigantes sanitarios como Vithas, Quirón, HM o Ribera Salud. En un comunicado, publicado en su web el pasado 7 de marzo, ya reclamaban a Adeslas y Asisa “altura de miras” y “una remuneración justa a hospitales y clínicas”.

El tira y afloja de las aseguradoras con Función Pública les ha servido para subir la factura, pero también ha dado un argumento extra a los prestadores del servicio de cara a la negociación en marcha. “Cuando a ti te han subido un 40%, tiene poca justificación [ofrecer un 3% más]. Antes estaban llorando, pero el Gobierno se lo ha puesto muy bien”, señalan fuentes del sector hospitalario, que indican que cada grupo negocia sus propias condiciones, en función de sus fortalezas.

“No sabemos de dónde sale el 3%”

También las aseguradoras juegan sus bazas. Asisa, por ejemplo, cuenta con una red hospitalaria propia, que le permite gestionar sus recursos con mayores sinergias. Adeslas, en cambio, cuenta con un número de asegurados mucho mayor —508.000, frente a 363.000— que poner sobre la mesa. Fuentes del sector confirman a elDiario.es que las subidas de los honorarios dependen de varios factores, como la zona geográfica, los especialistas, los acuerdos con los grupos, la competencia, etc. “No sabemos de dónde sale el 3%”, señalan.

En cualquier caso, desde el sector asegurador apuntan a que ese incremento del 41% en tres años no puede ir directamente a los centros sanitarios, porque “viene a resolver un déficit”, el suyo propio, del que llevan años quejándose. “Si se lo das a los proveedores, ¿cómo resuelves el desequilibrio de la mutualidad?”, se preguntan. Muface contará de 2025 a 2027 con solo dos aseguradoras, Adeslas y Asisa, tras la baja de DKV. De hecho, también Adeslas, integrada en el Grupo Mutua Madrileña y participada por CaixaBank, amagó con no acudir a esta segunda licitación, tras afirmar que había perdido 250 millones entre 2022 y 2024. Incluso Asisa se sumó al plantón a la primera, alegando que el sistema no era rentable, aunque ninguna de las dos aseguradoras han aportado información concluyente sobre este aspecto.

"Las mejoras económicas planteadas en las negociaciones les favorecerían únicamente a ellas"

Carlos Rus — Aspe

Con el horizonte a medio resolver, la sanidad privada había pedido negociar con el Gobierno, ante el temor de que las aseguradoras acaparasen las mejoras económicas de la mutualidad. Ya en enero, ASPE había difundido un comunicado en el que reclamaba “decisiones económicas justas también para los centros asistenciales y profesionales” y advertían que “en conversaciones previas, las aseguradoras han planteado tarifas iguales o con apenas incremento respecto al año anterior para la provisión sanitaria”. “Las mejoras económicas planteadas en las negociaciones les favorecerían únicamente a ellas”, señalaban. Algo por lo que no están dispuestas a pasar, teniendo en cuenta que son quienes atienden a los pacientes.

La semana pasada, tras conocerse que la licitación salía adelante, la patronal de la sanidad privada remitió un escrito a Muface en el que solicitaba a la mutualidad que “aseguren las condiciones asistenciales de calidad para los usuarios del sistema”. Esto pasaba, a su juicio, por asegurar un tiempo máximo de espera de 20 días para consultas, cirugías menores y diagnósticos graves o evitar desviaciones innecesarias. Esto es, que un paciente se quede sin médico en mitad de un tratamiento o durante la duración del concierto y se vea obligado a cambiar. O que las aseguradoras no puedan reducir o desconcertar el cuadro médico, dado que esos se negocian año a año, al margen de la licitación con Función Pública.

El incremento de la prima, además de para “reequilibrar” las cuentas de las aseguradoras, “tiene que ayudar a mejorar los pagos a los médicos, que son más bajos porque la prima [que reciben frente a los asegurados privados puros] es menor, pero también para resolver otra serie de desequilibrios, como nuevos tratamientos, envejecimiento, tecnología, inflación...”, señalan las fuentes consultadas. Y aquí entra otro eslabón: los médicos. Los profesionales tienen contratos mercantiles con los grandes grupos y con las propias aseguradoras, para las que prestan el servicio. Y tampoco están contentos.

“El Ministerio dice que se ha arreglado el problema, pero ahora vienen [las aseguradoras] con el pliego de condiciones en nuestra búsqueda. Y nosotros les decimos que ese 3% de subida no nos interesa. Si ya lo han firmado, igual se han pillado los dedos”, advierte el presidente de la Unión Médica Profesional (Unipromel), Ignacio Guerrero, muy combativo en este asunto y que ha llevado los conciertos de asistencia pública sanitaria a los juzgados. Esta organización defiende que el Estado cubra la sanidad privada de los funcionarios sin intermediarios. Es decir, sin seguros que saquen tajada.

Según los datos de Unipromel, los médicos reciben un 30% menos por atender a un paciente mutualista que a un asegurado puro. “De los 25 euros aproximadamente que te pagan por la privada, por Muface te dan 17 y un 30% de la tarta se la queda el hospital, así que acabas con 11 o 12 euros. Hay médicos que por dignidad ya no atienden o no te operan una rodilla por 150 euros. Cuando vas con el coche al taller, el mecánico te cobra 80 euros la hora por la mano de obra”, explica Guerrero, que acusa a las aseguradoras de tener “secuestrado al sector médico”: “Han cerrado el 90% de las consultas privadas, porque si la compañía te paga 15 euros por paciente, no puedes mantenerla. Así, han conseguido reagrupar toda la atención en los seis grandes grupos hospitalarios, a costa del pobre paciente y del pobre médico”.

Con todo, tanto médicos como grupos hospitalarios consideran que los 1.300 millones de euros más que ha puesto el Gobierno para garantizar la asistencia privada de los funcionarios, que cada vez eligen más la sanidad pública, dan para cubrir parte de sus demandas. La comparativa del 3 al 40% juega de su lado: “La negociación es anual, pero esta vez es diferente. Si el de enfrente llega en Ferrari... pues que no venga llorando”.

El Gobierno ha resuelto este miércoles un problema trascendental. No eran cuitas políticas, ni debates abstractos. Afectaba directamente a la asistencia sanitaria de algo más de un millón de personas, entre funcionarios y sus familiares. No es que fueran a quedarse sin sanidad, pero sí sin seguro privado con cargo a fondos públicos. Con los sindicatos en contra, amenazas de huelga, una prórroga y movilizaciones, el Ejecutivo quería evitar que Muface se desmoronase sin un plan b definido. Adeslas y Asisa han acudido a la llamada. Ha sido a la tercera y tras un pulso que ha elevado la factura hasta los 4.808,5 millones de euros para los años 2025, 2026 y 2027.

“Dije que se renovaría el concierto y se va a renovar el concierto”, celebraba el martes el ministro de Función Pública, Óscar López, tras la confirmación en los días previos por parte de Adeslas y Asisa de que acudirían a la licitación. La apertura de sobre del miércoles fue un mero trámite, que solo confirmó que la tercera aseguradora que venía prestando asistencia sanitaria hasta ahora, DKV, dejaría de atender a unos 200.000 beneficiarios, que podrán pasarse a alguna de las dos entidades que continúan o a la sanidad pública.

Lo cierto es que para llegar hasta aquí se han dicho muchas cosas. Las aseguradoras han mantenido un discurso similar durante largos meses de conversaciones, directas o indirectas: que el modelo está infrafinanciado, que les supone cuantiosas pérdidas y que el Estado les paga menos por sus asegurados que lo que destina a los pacientes de la pública. En septiembre, a la espera de la publicación del nuevo concierto, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), el lobby de la sanidad privada del que forman parte las grandes aseguradoras, ya advertía que un hipotético incremento de la prima del 25% en dos años sería insuficiente.

Las aseguradoras fueron calentando la negociación y comenzaron a hablar del fin de Muface. Cuando llegó octubre y el Gobierno ofreció un aumento “histórico” del 17% en dos años, las compañías lanzaron su primer órdago y plantaron a la mutualidad. El concierto quedó desierto y el Ministerio comenzó los trabajos para una nueva licitación.

Entre esas tareas, el Ejecutivo abrió a finales de noviembre un periodo de consultas preliminares de mercado, para que las compañías justificasen por cuánto podrían prestar el servicio. “Hemos echado números, hemos ofrecido la mayor subida de la historia y dices que cuesta más, pues dime cuánto cuesta”, dijeron entonces fuentes del Ministerio de López. Pero no lo hicieron. Al menos, no de forma satisfactoria. Porque el informe que emitió la mutualidad tras recibir las anotaciones de Asisa, Adeslas y DKV afirmaba que “la respuesta de los operadores no aporta la evidencia de costes que conforma el total de la prima”.

Pese a esa falta de evidencia, el Gobierno sacó la chequera y aprobó una segunda licitación con una subida del 33,5% en tres años. 4.478 millones de euros, que tampoco contentaron a las aseguradoras. Adeslas anunció a finales de año que no se presentaría con esas condiciones y el ministro López recordó: “Estamos metiendo 1.000 millones de euros adicionales para financiar Muface, dinero de todos los ciudadanos, de los Presupuestos Generales del Estado, para financiar el seguro privado de un millón y medio de ciudadanos. Dinero de todos”.

Eran principios de enero. Para entonces, Muface ya había alargado el plazo de presentación de ofertas y hacía semanas que el Ministerio de Sanidad había elaborado un informe en el que acusaba a las compañías privadas de seleccionar pacientes para derivar a la pública a los que necesitaban tratamientos más caros. Desde el departamento que dirige Mónica García indicaban que el “contexto actual” hacía que, “por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable”.

Desde el ala socialista del Gobierno no se han negado a replantear el modelo. “Requiere reformas”, reconoció López. Pero la intención de Función Pública siempre fue salvar la licitación y ganar margen para esos cambios estructurales que eviten volver al punto de salida en tres años. “La prioridad es licitar el concierto y dar seguridad y tranquilidad a los mutualistas”, ha repetido el ministro durante los últimos meses una y otra vez.

Las aseguradoras han mantenido durante todo este periodo el discurso de la infrafinanciación del modelo. Pero también que sus cuentas venían mermadas de los sobrecostes que supusieron la pandemia y la crisis inflacionista tras la invasión rusa de Ucrania. El pliego de condiciones para los años 2025, 2026 y 2027 establece la posibilidad de modificar el concierto y restablecer su “equilibrio económico-financiero”. ¿Qué significa esto?, preguntó Asisa a la mutualidad, que planteaba si un incremento del 5% de los costes de ejecución de los servicios generaría esa obligación pública de reequilibrio. Con matices, desde el sector consideraron entonces que la respuesta de Muface era una alfombra roja a esas compensaciones.

A finales de enero, en medio de un proceso de conversaciones con las principales aseguradoras que prestan servicio, y ya con una prórroga forzosa en marcha del convenio hasta el año 2024, el Ministerio suspendió el plazo de presentación de esa segunda licitación y anunció que modificaría los pliegos para incluir “correcciones”. Esas correcciones suponían volver a tirar del dinero —“de todos”— para aumentar la oferta: 330 millones de euros más.

Un incremento que encontró respuesta en el seno del Gobierno. “Se han primado las cuentas de resultados de las aseguradoras por encima de las cuentas de resultados en salud de los ciudadanos, en este caso de los funcionarios”, afeó la ministra García en una columna publicada en elDiario.es, en la que lamentaba que “está bien claro que cuando el margen de beneficio se estrecha, la atención sanitaria deja de importar”.

Ya con este anuncio de un incremento de las primas, que además serán por edades, del 41%, Adeslas y Asisa señalaron que veían viable la continuidad del sistema, como han confirmado en los últimos días y se ha constatado con la apertura de los sobres de la licitación este miércoles.

La apertura de los sobres con la documentación presentada a la licitación de Muface, este miércoles, no ha tenido sorpresas. Como se esperaba, las aseguradoras Adeslas y Asisas han sido las únicas que han acudido a la tercera oferta del Gobierno y continuarán prestando asistencia sanitaria privada a los funcionarios públicos durante tres años más, hasta 2027. De la ecuación sale DKV, que ha optado por no seguir en la mutualidad y que deja a repartir su parte del pastel: unos 200.000 beneficiarios.

El Ministerio de Función Pública llegaba a esta fecha límite con cierta tranquilidad, tras meses de incertidumbre en medio de un pulso con las aseguradoras, que han conseguido elevar el incremento de las primas de un 17% en dos años al 41% en tres. Con este aumento, que supone una partida total de 4.808,5 millones de euros, Adeslas y Asisa ya habían confirmado en los últimos días que acudirían a la licitación.

Estas dos compañías atendían en la actualidad a más de 870.000 mutualistas, entre funcionarios y familiares. Eran el grueso de trabajadores públicos que optaban por el seguro privado, en lugar de la sanidad pública. Por eso, el Ministerio había mantenido con ellas conversaciones para tratar de cumplir con sus exigencias y que se avinieran a continuar sosteniendo la mutualidad, un sistema que, indicaban, estaba “infrafinanciado”.

El incremento de 1.276,5 millones de euros sobre el concierto vigente han servido para equilibrar esas cuentas, así como una suerte de garantía de que el Estado asumirá los costes extras de situaciones sobrevenidas, como la crisis inflacionista o la sanitaria, que aumentó la frecuenciación.

Además, Adeslas y Asisa podrán asumir ahora a esos 200.000 mutualistas de DKV que quedan huérfanos de sanidad privada financiada con fondos públicos. Quienes no quieran comenzar a pagarla de su bolsillo o opten por la sanidad privada, “tendrán la opción de elegir otra de las entidades concertadas que resulten adjudicatarias del concierto durante el plazo que se abra para tal fin”, tranquilizan desde Muface.

Otra buena noticia para el Ministerio de Función Pública. Asisa ha confirmado este miércoles que continuará prestando asistencia sanitaria a los mutualistas de Muface al considerar que, las nuevas condiciones, empiezan a “corregir los desequilibrios” de este modelo, que permite al personal funcionario disponer de un seguro privado con cargo a fondos públicos. En concreto, el Gobierno había autorizado un tercer incremento de las primas, hasta el 41,2% acumulado en tres años.

“Las nuevas condiciones, como la mejor financiación de los segmentos de mayor edad, permiten garantizar la calidad asistencial y la sostenibilidad de Muface y empiezan a corregir sus desequilibrios”, consideran desde a compañía, que actualmente presta servicio a unos 360.000 funcionarios y beneficiarios. En concreto, la segunda licitación para Muface incluye por primera vez primas por edad, que esta aseguradora había sugerido y que suponen pagar más por asegurar a los colectivos de más edad y menos por los jóvenes.

Esa segunda modificación, que contenía un incremento de la prima del 33,5% sufrió una alteración a principios de febrero, para incrementar el importe total en 330 millones de euros, hasta un total de 4.808 para los años 2025, 2026 y 2027 y elevar ese aumento de la prima hasta el 41,2%.

El ministro de Función Pública, Óscar López, se ha mostrado en los últimos meses convencido de que se cerraría la crisis abierta en torno a la mutualidad, después de que las aseguradoras privadas dieran plantón en la primera licitación, que quedó desierta por primera vez en la historia. Desde entonces, se han sucedido conversaciones en las que desde Asisa afirman que han jugado “un papel muy activo”.

Asisa es la segunda compañía que confirma que acudirá al concierto, tras el sí de Adeslas, que ve ahora unas “condiciones económicas justas y equilibradas”. Estas dos compañías atienden al grueso de funcionarios que optan por la sanidad privada ante la pública, lo que garantiza que el modelo podrá continuar otros tres años más en condiciones prácticamente similares para los mutualistas. No así para las arcas del Estado, que deberán desembolsar 4.808,5 millones de euros.

Desde que se publicó la segunda licitación, Asisa había sido la única de las tres aseguradoras que prestan servicio actualmente que no había rechazado de plano la posibilidad de acudir con las anteriores condiciones. “Para tomar la decisión, se han analizado con detalle los pliegos iniciales y la última modificación de las condiciones que ha presentado la mutualidad y se han valorado todos los factores que, a juicio de la aseguradora, son decisivos para poder mantener la calidad de la asistencia”, indican.

Las otras dos, Adeslas y DKV, si habían rechazado prestar asistencia sanitaria a los funcionarios con el aumento de la prima del 33,5%. Finalmente, y tras un diálogo con el Ministerio que ha terminado incrementando el presupuesto, esta primera ha reculado y si acudirá a la licitación.

La crisis de Muface se alarga ya desde octubre y ha soliviantado a miles de funcionarios, que han visto peligrar su asistencia sanitaria privada con cargo a fondos públicos. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios había convocado, y después aplazado, una jornada de huelga y llevó al Defensor del Pueblo, al Congreso y a la Fiscalía quejas de mutualistas a los que, indicaban, las compañías privadas estaban dejando de atender, pese a que el concierto antiguo sigue en vigor. Desde Comisiones Obreras han llegado a catalogar de “chantaje” la actitud de las aseguradoras.

La Plataforma Intersindical frente al Colapso Sanitario, formada por más de una decena de sindicatos, ha advertido de que continuará manifestándose para defender el sistema de Muface, que afecta a 74.000 trabajadores públicos en Castilla-La Mancha, ante la “avaricia” de las aseguradoras y la “incapacidad” del Gobierno de articular una licitación que se ajuste a las necesidades.

Así lo ha manifestado el presidente regional de ANPE, Martín Navarro, durante la concentración que la Plataforma ha mantenido este martes a las puertas de la sede de la Delegación del Gobierno, donde ha destacado que los mutualistas están viviendo una situación de “incertidumbre absoluta, con retrasos, con cancelaciones de tratamientos”, criticando que “se tendría que haber abordado desde un principio, con diálogo y con consenso, contando con las organizaciones sindicales” para haber evitado la situación actual.

Ha exigido “certezas” y “transparencia” sobre los datos acerca de las licitaciones y ha confirmado que no ha habido ninguna reunión al respecto con la ministra de Sanidad, Mónica García. Además, Navarro ha añadido que se está haciendo un “mercadeo” con la salud, utilizando como “rehenes” a los funcionarios públicos y a sus familias.

Martín Navarro ha señalado que el acuerdo justo que piden debe responder a los intereses del mercado actual y ha añadido que para sostener el sistema, que tiene más de 50 años, los funcionarios tienen que pagar el complemento que recogen sus nóminas sobre Muface.

Aunque reconocen que actualmente en el proceso negociador hay “más tranquilidad” puesto que Adeslas va a presentarse a esta licitación y hay dos aseguradoras más pendientes de confirmación, afirman que no van a parar hasta que el acuerdo se cierre y vuelvan a estar en el modelo actual con las compañías que se presenten a la misma.

Por su parte, el secretario de Organización de la Federación de Atención a la Ciudadanía de la Unión Sindical Obrera en la región, Sergio Romero, ha propuesto un diálogo entre los sindicatos y las aseguradoras para plantear así una normalización de la atención a los funcionarios públicos.

Romero ha reprochado a las aseguradoras que utilicen la salud de un millón y medio de familias para hacer negocio y ha culpado al Gobierno de que muchas familias puedan quedarse sin atención médica “en menos de un mes”.

Asimismo, ha concluido su intervención alegando que los mutualistas son los que sostienen el sistema de Muface con la propia contribución de sus nominados y ha desmentido que existan unas aportaciones “estratosféricas” desde el Gobierno hacia Muface.

Estas concentraciones, que también se han desarrollado en Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Logroño, se seguirán organizando cada martes y en algunas comunidades la manifestación se llevará a cabo en varias provincias.

Adelas ha confirmado este jueves que se presentará a la licitación abierta por el Gobierno para Muface. Los cambios producidos en las condiciones del concierto, que suponen un aumento de la prima de un 41% en tres años, han convencido a la compañía privada, que ve ahora “condiciones económicas justas y equilibradas” para seguir prestando asistencia sanitaria privada con cargo a fondos públicos a los funcionarios.

El último cambio introducido por el Gobierno en la segunda licitación de Muface, que suponía el tercer incremento de la prima, ya había provocado una respuesta favorable de Adeslas. “Mostramos la confianza en la viabilidad del convenio para la atención sanitaria de los mutualistas para los próximos tres años”, señalaron desde la compañía, integrada en el Grupo Mutua Madrileña y participada por CaixaBank.

Este jueves, Adeslas ha confirmado que presentará su oferta para el concierto abierto para los años 2025, 2026 y 2027. “Con los cambios producidos en la licitación por parte de la Administración, se puede configurar un modelo viable que permite dar continuidad al servicios sanitario de los funcionarios de Muface durante los próximos tres años, tal y como viene sucediendo a lo largo de sus casi 50 años de existencia”, indican.

Los cambios son principalmente económicos. La tercera oferta del Ministerio de Función Pública supone un incremento acumulado de la prima de un 41,2% en tres años, por un importe total de 4.808,5 millones de euros. Son 330 millones más que en la propuesta anterior, que Adeslas rechazó al considerar que era “económicamente insostenible”.

Pese a ese rechazo, la compañía, que actualmente presta asistencia sanitaria a más de medio millón de funcionarios y sus beneficiarios, en torno al 45% de los que eligen la privada frente a la pública, había seguido en las últimas semanas en conversaciones con el departamento que dirige Óscar López. “En un ejercicio de transparencia, colaboración con la Administración y apoyándose en los informes de expertos, la compañía ha trasladado que era necesario equilibrar los ingresos y costes asistenciales totales para alcanzar un escenario que permitiese la continuidad del servicio”, indican ahora.

La base de las reclamaciones están en el “equilibrio económico” que Adeslas, pero también Asisa, que atiende a más de 360.000 funcionarios, quieren mantener. Esto es, que la administración haga frente a costes extraordinarios, derivados de situaciones sobrevenidas, como la crisis inflacionista tras la invasión rusa de Ucrania o la sobrefrecuentación tras la pandemia. Una opción que la mutualidad ya reconoció en “supuestos tasados”.

Concentraciones este jueves en las subdelegaciones del Gobierno de España de todo el país convocadas por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) “en defensa de Muface” y para denunciar las situaciones de “desatención sanitaria” que, advierten, están sufriendo los mutualistas, derivadas del dilatado proceso para la renovación del servicio.

Las concentraciones llevadas a cabo este jueves son, según el sindicato, “un llamamiento al Gobierno y a las aseguradoras apelando a la responsabilidad que tienen ambas” en lo que consideran una “crisis que ha llevado al límite el modelo del mutualismo administrativo”.

Hablan de una situación que está “perjudicando a miles de ciudadanos con temor, miedo, incertidumbre y lo que es incluso más grave: denegación de pruebas, tratamientos o intervenciones quirúrgicas”. De hecho, CSIF ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado todos estos casos.

Se aplaza la convocatoria de huelga

Por otro lado, el sindicato ha dado que conocer que, tras las movilizaciones llevadas a cabo desde el pasado mes de noviembre y los llamamientos en el Consejo General de Muface, el Congreso de los Diputados, la Comisión Europea y el Defensor del Pueblo, así como la presión por la huelga prevista para hoy mismo, el Gobierno publicó una tercera licitación con una financiación que supone un incremento de más de un 40% respecto al actual convenio.

Ante este hecho “objetivo”, CSIF ha aplazado la convocatoria de huelga hasta que se resuelva la tercera licitación el próximo 4 de marzo. “No es un cheque en blanco”, advierte el sindicato que también ha explicado que seguirá “exigiendo y reivindicando una solución definitiva a esta crisis, así como la continuidad”, en este modelo de atencion sanitaria para los funcionarios. Actualmente cuenta con 74.083 mutualistas en Castilla-La Mancha, 50.405 de ellos atendidos por aseguradoras.

Además, la Central Sindical censura “el doble juego” que se ha llevado a cabo desde el propio Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y que desde su punto de vista “pone en duda el mutualismo administrativo, con demagogias sobre privilegios o sobre su eficacia”. En este sentido recuerda que son los propios mutualistas los que financian el concierto sanitario al sustraerse mensualmente de sus nóminas una cantidad que varía dependiendo de su categoría.

“Este modelo de sanidad pública concertada ha demostrado su eficacia, tanto en ahorro a las arcas públicas como en descongestión de unos servicios de salud”, asevera CSIF que, por otro lado, insiste en que es inasumible absorber a más de 50.400 mutualistas. “El trasvase de todos ellos impactaría de manera muy negativa en el SESCAM, ya muy tensionado por los recortes que mantiene el Gobierno regional”.

Mapfre evaluará las nuevas condiciones planteadas por el Gobierno para el concierto de Muface, la fórmula por la que los funcionarios optan a un seguro privado con cargo a fondos públicos. Su presidente, Antonio Huertas, ha señalado este miércoles que la compañía está estudiando los pliegos, tras el rechazo a las dos últimas propuestas del Ministerio de Función Pública. “No estoy diciendo en absoluto que vayamos a entrar, pero somos un operador importante en el seguro de salud y sería irresponsable por nuestra parte no tener en cuenta y considerar las condiciones que está ofreciendo el Gobierno”, ha indicado durante la presentación de sus cuentas anuales.

De esta forma, la aseguradora, que había abandonado la mutualidad en 2009, estudia ahora las nuevas condiciones, que son eminentemente mejoras económicas. En concreto, Función Pública ha vuelto a sacar la chequera para elevar la cuenta de las compañías privadas con un incremento de primas del 41,2% acumulado en tres años, un total de más de 4.800 millones de euros.

El Ejecutivo había tratado de resolver el concierto para los años 2025 y 2026 con una oferta de un aumento de las primas del 17%, que todas las aseguradoras rechazaron de plano, convirtiendo la licitación en una suerte de subasta inversa, en la que el Gobierno acabó ofreciendo un 33,3% más en tres años. “Estamos metiendo 1.000 millones de euros más de todos los ciudadanos para financiar el seguro privado de un millón y medio”, llegó a decir el ministro Óscar López, que ha metido otros 330 millones en el tercer intento por salvar el concierto.

Con el beneplácito de Adeslas y Asisa, las principales aseguradoras que venían prestando asistencia a los funcionarios que optan por la privada en lugar de la sanidad pública, que ya han dicho que ven viable la continuidad del modelo, desde Mapfre consideran ahora las nuevas condiciones. “Lo decidiremos desde una perspectiva puramente técnica y no haremos nada que pueda poner en peligro el desarrollo técnico del ramo, que nos va bastante bien y estamos muy satisfechos”, admitió Huertas: “No abro más puertas que las que ya hay, pero hay que conocer todas las condiciones”.

Mapfre abandonó la mutualidad, junto a Caser, en 2009. Entonces, daba servicio a algo más de 115.000 funcionarios y familiares, en torno al 7,6% del total, al considerar que no era rentable. “Hasta ahora el análisis era no participar porque el sistema era insuficiente y la insuficiencia de primas conducía a perdidas continuas”, ha dicho este miércoles Huertas, en una rueda de prensa en la que ha anunciado un beneficio neto de 968 millones de euros en 2024, un 42,9% más.

“La inflación sanitaria es superior a la general y esos incrementos de costes, que están relacionados con el mayor acceso a la medicina privada y con el mayor coste de las tecnologías que se ofrecen, porque son mucho mejores y producen enormes ventajas para la salud de los ciudadanos, hacen que los seguros de salud estén en un equilibrio difícil”, ha explicado Huertas, que ha percibido en 2024 una retribución total de 3,05 millones de euros, un 24% más que el año anterior.

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha establecido los servicios mínimos en centros de enseñanza no universitaria públicos de la región durante la huelga convocada para este jueves, 13 de febrero por la situación de los funcionarios en cuanto al actual modelo de Muface.

Así, en todos los centros deberá presentarse el director, como responsable de personal y representante de la administración educativa en el centro docente, así como garante del cumplimiento de las leyes.

En los Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP), los servicios mínimos serán de un docente por cada tres unidades. Tanto el director como el jefe de estudios computarán como un docente más en este recuento.

Mientras, en los Institutos de Educación Secundaria (IES), el mínimo será de un docente por cada seis grupos o unidades, contando también como docentes a director y jefe de estudios.

De su lado, en los Conservatorios, Escuelas de Arte y Escuelas Oficiales de Idiomas, el horario de apertura de estos centros y la edad del alumnado escolarizado en ellos requieren unos servicios mínimos al único objeto de garantizar con carácter básico la organización en el centro:

Finalmente, en los Colegios Rurales Agrupados (CRA) deberá haber un profesor para cada sección, siendo el director el presente en el sector de cabecera.