La historia del trasvase Tajo-Segura no encuentra su fin tras décadas de polémica y confrontaciones entre Castilla-La Mancha, como región con la cuenca cedente, y la Comunitat Valenciana, Murcia o Andalucía, como las receptoras. Y no parece que la vaya a tener tampoco en la presente legislatura. Este es el escenario que se vislumbra tras la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, que hará prácticamente imposible que el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) dé luz verde a una de sus asignaturas pendientes: las nuevas reglas de explotación de este acueducto para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo que avaló los caudales ecológicos del río Tajo en su nueva planificación hidrológica.

Se trata de una petición que el Ejecutivo de Emiliano García-Page no ha dejado de exigir desde que la sentencia se hizo firme, hasta el punto de que demandó al Gobierno central por la vía judicial para hacer públicas estas nuevas normas. Sin resultado hasta ahora.

Ese es uno de los múltiples frentes que Page, uno de los dirigentes socialistas más críticos con Pedro Sánchez, tiene abiertos con el Gobierno central. Su postura al respecto es clara: el trasvase debe acabarse o, en su defecto, cambiar sus normas para garantizar sus caudales ecológicos.

La férrea defensa que el Gobierno castellanomanchego ha hecho de esta cuestión viene además avalada por el hecho de que todos los recursos presentados contra la sentencia del Supremo han sido desestimados, parcial o totalmente. El último de ellos, el interpuesto por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Pero antes de este último, el Alto Tribunal ha ido tumbando otros muchos: el de la Comunitat Valenciana, el de la Región de Murcia o el del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), entre otros.

Ahora, con el adelanto electoral, el Ejecutivo de Page afirma que va a seguir defendiendo esas nuevas reglas “gobierne quien gobierne”. Lo ha dicho la consejera de Desarrollo Sostenible, Merces Gómez, quien ha reafirmado su compromiso de “no dar ni un paso atrás” en la defensa del Río Tajo y de los recursos hídricos propios de Castilla-La Mancha.

El caudal ecológico, una “condición obligatoria”

Porque el principal argumento del Supremo hasta ahora ha sido que el caudal ecológico no es un uso del agua comercial, sino una “condición obligatoria” de protección medioambiental. Pero no ha servido para que el ministerio haya podido aprobar las nuevas reglas de explotación antes del final de la legislatura porque, según alega, todavía quedan recursos por resolver.

¿Qué queda en el aire entonces? El Tribunal Supremo sentenció que el Plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Tajo (2022-2027) vulnera la normativa europea de aguas y obliga al MITECO al establecimiento inmediato de caudales ecológicos en las zonas protegidas del eje principal del río Tajo, es decir, todo el recorrido desde el embalse de Bolarque en Guadalajara hasta el de Valdecañas entre las provincias de Toledo y Cáceres.

Ese tramo medio incluye de forma directa el paso del río por ciudades principales como Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina. Es decir, toda la masa de agua a su paso por el territorio castellanomanchego se encuentra bajo este mandato de obligado cumplimiento.

Con la anulación judicial del escalonamiento, el calendario progresivo que aplazaba los máximos niveles hasta 2027 quedó sin efecto, obligando a la aplicación de nuevos volúmenes de caudal mínimo histórico: seis metros cúbicos por segundo en el tramo de Aranjuez (frente a los 8,65 establecidos), diez metros cúbicos en el tramo de Toledo (frente a 17,23) y lo mismo para el tramo de Talavera de la Reina (frente a 18).

Estas son las cifras que las nuevas reglas de explotación debían garantizar y así lo han recordado también de manera reiterada desde la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía (en la cabecera del trasvase) tras los últimos pronunciamientos del Supremo.

“Vuelve a dejar claro que los argumentos utilizados contra los caudales ecológicos no se sostienen. Llevamos demasiado tiempo asistiendo a recursos y maniobras para cuestionar una realidad que los tribunales han confirmado una y otra vez”, ha señalado el presidente de este colectivo, Borja Castro.

La asociación ya advirtió que estas sentencias no impiden que los regantes puedan intentar acudir al Tribunal Constitucional en defensa de los derechos fundamentales cuya vulneración han venido alegando, pero considera que esa posibilidad “no debería servir como argumento para seguir paralizando decisiones que afectan al cumplimiento de los caudales ecológicos y a la necesaria adaptación de las reglas de explotación del trasvase”.

Mientras tanto, la situación del Tajo es cada vez peor. A su paso por Toledo y tras un verano extremadamente seco y caluroso, las imágenes de playas e islas de arena cada vez más grandes en el cauce, y de peces cuya aleta dorsal sobresale del agua por falta de espacio con el lecho, se han difundido por redes sociales y medios de comunicación, reabriendo el debate sobre la cantidad de agua que lleva este río a su paso por la capital de Castilla-La Mancha.

Se da también la circunstancia de actualmente el trasvase está parado por obras. El acueducto permanecerá inoperativo y sin suministro de agua al Levante hasta 2027 debido a las obras de reparación de dos roturas en la infraestructura, cuyos trabajos requerirán un plazo inicial estimado de entre cuatro y cinco meses y una inversión de 1,2 millones de euros, según la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).

Lo que no ha parado ha sido el debate político. Coincidiendo con las últimas resoluciones judiciales, el PSOE de Castilla-La Mancha ha reclamado al presidente del PP regional, Paco Núñez, que defienda los derechos hídricos de esta comunidad autónoma. Es una petición también histórica, porque la situación de Núñez no es fácil. El PP gobierna en la Comunitat Valenciana y en Murcia, y Alberto Núñez Feijóo ha apoyado en varias ocasiones las demandas de sus presidentes en materia de agua.

¿Hay un pacto oculto en el PP?

Los socialistas han aprovechado esta cuestión para denunciar el “silencio” del PP castellanomanchego a este respecto y a insinuar un “pacto oculto” con Génova para que Núñez pueda ser candidato frente a Page en las elecciones autonómicas previstas para mayo de 2027.

El pasado mes de agosto, Núñez se comprometió a que, si llegaba al Gobierno de Castilla-La Mancha, aplicaría el “principio de prioridad de la cuenca cedente” para garantizar que el agua de la región se destine, en primer lugar, a atender las necesidades de los agricultores y ganaderos castellanomanchegos. Pero este discurso nunca ha sido avalado por Núñez Feijóo.

Es de esperar, por tanto, que el agua, sin unas reglas claras de explotación del trasvase, vuelva a ser tema recurrente en Castilla-La Mancha durante la campaña electoral para el 29 de noviembre, sin que apenas se haya avanzado en la aplicación de los caudales ecológicos del río Tajo durante la presente legislatura. Es decir, mientras, según las plataformas y asociaciones que lo defienden, “agoniza”.

El trasvase Tajo-Segura permanecerá inoperativo y sin suministro de agua al Levante hasta 2027 debido a las obras de reparación de dos roturas en la infraestructura, cuyos trabajos requerirán un plazo inicial estimado de entre cuatro y cinco meses y una inversión de 1,2 millones de euros, según ha informado la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).

El organismo de cuenca, adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha decidido mantener cortado el paso del agua para evitar el “colapso” del canal tras constatar la destrucción y hundimiento de varios paños de hormigón y la aparición de oquedades en el terreno.

Desde la CHT han sostenido que el deterioro del revestimiento se ha visto acelerado por los episodios de lluvias torrenciales acontecidos en los dos últimos años hidrológicos.

Las averías, detectadas el pasado 14 de septiembre a raíz de unas filtraciones inusuales que obligaron al vaciado del canal, se localizan en el tramo de Riansares (Almonacid de Zorita, Guadalajara) y en el del Talave (Liétor, Albacete), este último situado antes de la Central Hidroeléctrica de Fontanar I. Hace un año se rompió en esta misma zona, y no es la primera vez que se producen incidentes similares en diversos puntos de una infraestructura que lleva en funcionamiento desde 1979.

Las labores de rehabilitación ya iniciadas abarcan la demolición y saneo de las partes dañadas, la reconstrucción integral de los tramos, la ejecución de nuevos drenajes y la impermeabilización completa de la sección afectada.

Las últimas declaraciones del presidente de la Región de Murcia sobre el trasvase Tajo-Segura siguen teniendo eco en Castilla-La Mancha. Fernando López Miras anunció que su gobierno podrá todas las trabas posibles a que se cambie la forma de explotar el trasvase Tajo-Segura. Y eso a pesar de las sentencias del Tribunal Supremo que lo avalan. Llegó a decir que, si las reglas se modifican, Feijóo las cambiará cuando llegue a la Presidencia de España.

Ayer el presidente del PP castellanomanchego Paco Núñez justificó sus palabras, asegurando que su compañero de filas no hace otra cosa que defender los intereses murcianos y eso hoy se lo han afeado desde el PSOE.

“Admiro de Murcia cómo PSOE y PP están unidos en defender sus intereses [relacionados con el agua], aunque sean contrarios al sentido común”. Ha acusado al PP de Castilla-La Mancha de no practicar lo mismo. “La defensa de los intereses de la región no se puede interpretar desde la mercadería política. Más allá de lo que representamos cada uno y de las sentencias del Supremo esto no es algo susceptible de interpretaciones o de buscar ventajas partidistas y eso es lo que hace el PP”, ha criticado.

Sobre el cambio de las reglas del trasvase Tajo-Segura que permitan cumplir las sentencias que avalan que el río Tajo puedan disponer de caudales ecológicos, Caballero ha sido tajante: “Nosotros tenemos la razón judicial, con el aval del Supremo”, ha recordado.

Doble de agua del Sorbe para Madrid: “Se dejaría sin posibilidad de desarrollo a Guadalajara”

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido. “El presidente de Murcia tiene legitimidad para cambiar las normas, pero no para sabotearlas”. Ha remarcado, en la misma comparecencia pública junto al vicepresidente, que “las leyes están para cumplirlas y los que no estamos de acuerdo con algunas leyes trabajamos para cambiarlas. Es lo que ha hecho el presidente de Castilla-La Mancha en lo que tiene que ver con la normativa del trasvase Tajo-Segura”.

También ha cargado contra Paco Núñez. “Duele escuchar a un responsable político que está dispuesto a hacer sabotaje con tal de beneficiarse”, pero al mismo tiempo ha defendido la idea de la unidad. No es la primera vez que lo hace al hablar de agua. “Me encantaría que encontrásemos gran consenso en la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha, en concreto del agua”.

Y no solo se ha referido al acueducto Tajo-Segura. Ha pedido al PP “que se ponga del lado de la gran mayoría de Castilla-La Mancha en lugar de subordinarse a los intereses de su partido a nivel nacional” o que justifique “el abuso de la Comunidad de Madrid con el agua”.

Bellido aludía así a la petición del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de 50.000 litros del río Sorbe, el doble de la demanda actual del Canal de Isabel II para la vecina Comunidad de Madrid. “Se dejaría sin posibilidad de desarrollo al Corredor del Henares en Guadalajara”, ha advertido, lamentando que tanto la alcaldesa de Guadalajara, la ‘popular’ Ana Guarinos, como el presidente del PP castellanomanchego, Paco Núñez, “están dispuestos”.  

Sabrido: “El trasvase es cuestión de plazos, acabará antes o después”

Sobre la cuestión también se ha pronunciado hoy el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido. Cree que lo que afirma el presidente murciano “no lo va a consentir ni la sociedad española ni el propio Partido Popular”.

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, ha insistido en que las palabras de López Miras “están dichas en clave autonómica de Murcia” y que allí “tienen que ir pensando en nuevos recursos y pensando que el trasvase tendrá su fin”.

En esta línea, ha indicado que el Ministerio para la Transición Ecológica “está avanzando en las nuevas reglas de explotación” y “no se va a admitir ningún paso atrás en el plan hidrológico que está en vigor”.

Sobre este asunto, ha dicho que el Gobierno de España está “prácticamente de acuerdo en todo” con el Gobierno castellanomanchego de cara a la caducidad del trasvase. “Es una cuestión de plazos. Acabará antes o después”.

“Cuando yo sea presidente de Castilla-La Mancha, no saldrá ni una sola gota de agua hasta que no haya regado el último agricultor y haya bebido el último animal de cada una de nuestras explotaciones ganaderas”. El líder del PP en la comunidad autónoma Paco Núñez respondía así al embate en los últimos días sobre cuál es su postura relacionada con el agua en la región. “Eso no lo ha hecho el Partido Socialista en 11 años, pero le puedo garantizar a todos los agricultores y ganaderos de esta tierra que yo sí haré”.

El PSOE le afeaba en las últimas horas su silencio, después de que el presidente de la Región de Murcia, su compañero de partido Fernando López Miras, se descolgase con unas declaraciones asegurando que cuando Alberto Núñez Feijóo presida el Gobierno de España se eliminarán las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Un sistema de reglas, todavía en proceso de aprobación, que debe modificarse para cumplir con el imperativo legal de que el río Tajo tenga caudales ecológicos, es decir, agua suficiente y de calidad, en particular en su curso medio, es decir, entre Madrid y Toledo.

El propio Feijóo evitaba pronunciarse al respecto esta semana durante una visita a la Feria de Albacete y tampoco lo hacía el propio Paco Núñez que hoy, sin embargo, sí se ha referido a la cuestión en Tomelloso (Ciudad Real). El presidente de los 'populares' se ha referido a su homólogo murciano para justificar su postura. “Lo que hace el presidente de Murcia es defender los intereses de Murcia”.

Después ha acusado al presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, de “defender los intereses de Portugal”, porque, desde su punto de vista, “están llevando el agua de Castilla-La Mancha a Portugal y están regando los agricultores portugueses”, aseguraba, en un argumento difundido ampliamente por Vox.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se refería a estas afirmaciones tachándolas de “tonterías”, teniendo en cuenta que el río Tajo desemboca, siguiendo su curso natural, en el vecino país de Portugal.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha acusado al presidente de Murcia, Fernando López Miras, de querer “entorpecer todo lo que puedan” la aplicación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura hasta que Alberto Núñez Feijóo llegue al Gobierno de España.

Page ha respondido así al anuncio realizado por su homólogo murciano en el que afirmó que pondrá “todas las trabas” a las nuevas reglas del trasvase hasta que Feijóo sea presidente y pueda retirarlas.

El presidente castellanomanchego ha criticado que la estrategia pase por esperar “hasta que lleguen los suyos, solos o en compañía” y ha advertido de que, en ese escenario, “definitivamente el Tajo pierda toda esperanza”.

Nuevas críticas a la ministra Aagesen

El presidente regional también ha cargado contra la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, a la que ha reprochado los retrasos en esta materia. “La ministra está en falta desde hace mucho con el Tajo y con la coherencia en el discurso hidráulico”, ha afirmado.

Page ha aprovechado además para lanzar una crítica, sin citarlo expresamente, a miembros de la oposición por sus reiteradas referencias al agua del Tajo que termina llegando a Portugal. “Hay gente a la que se le ocurre decir que cómo permitimos que el agua vaya hasta Lisboa”, ha ironizado Page, dirigiéndose al alcalde de Talavera para añadir que a “algunos los conoces muy bien”.

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha decidido suspender el funcionamiento del trasvase Tajo-Segura tras la detección, ayer lunes , de una rotura en el tramo 2 de la infraestructura.

En concreto, se ha visto afectado un punto del canal a su paso por el término municipal de Liétor (Albacete), en el tramo previo a la Central Hidroeléctrica de Fontanar I. Hace ahora un año se rompió en esta misma zona, y no es la primera vez que se producen incidentes similares en diversos puntos de una infraestructura que lleva en funcionamiento desde 1979.

Después de la detección inicial, durante la jornada de ayer, se procedió, como primera medida, al cierre del trasvase, con objeto de vaciar el canal y permitir la inspección minuciosa del tramo afectado, así como la valoración precisa de los daños existentes.

Como resultado de la primera evaluación, se evidencian “graves daños por colapso” en los paños de la solera y de los taludes del canal, así como importantes alteraciones en el terreno sobre el que se asientan.

La historia de un trasvase proyectado en 1933

El trasvase Tajo-Segura fue inicialmente planteado en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933 y posteriormente en el Anteproyecto General del Aprovechamiento Conjunto de los recursos hidráulicos del Centro y Sureste de España. Complejo Tajo–Segura de 1967. Se procedió a su construcción unos años después y, finalmente, comenzó su explotación en 1979.

Esta infraestructura hidráulica, también conocida como acueducto Tajo-Segura, tiene una longitud de 292 kilómetros y conecta las cuencas del Tajo y del Segura, atravesando las cuencas del Guadiana y del Júcar, en la que utiliza el embalse de Alarcón como elemento de tránsito. Transporta las aguas de la cabecera del Tajo previamente reguladas en los embalses de Entrepeñas y Buendía. El marco normativo vigente también permite autorizar el trasvase de agua a la cuenca del Guadiana.

En función de las existencias conjuntas en los embalses de Entrepeñas y Buendía a comienzos de cada mes, se establecen niveles mensuales con arreglo a los que se acuerda la realización de los trasvases. La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (presidida por la Directora General del Agua) autoriza los mismos cuando concurren las condiciones hidrológicas de los Niveles 1 y 2, y la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, previo informe de la Comisión, cuando concurren las condiciones del Nivel 3.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha eludido esta tarde en Albacete pronunciarse sobre las declaraciones del presidente de la Región de Murcia, el 'popular' Fernando López Miras, quien en una entrevista para el medio La Verdad, aseguró que su gobierno pondrá “todas las trabas a las reglas del trasvase hasta que Feijóo sea presidente y las retire”, refiriendose así a la modificación prevista por el Gobierno de España del actual sistema que permite derivar agua desde la cabecera del río Tajo (entre Cuenca y Guadalajara) hacia el río Segura y distribuirla en las provincias de Alicante, Murcia y Almería.

Las reglas para explotar el acueducto deben cambiarse para facilitar la aplicación de caudales ecológicos al río Tajo, tal y como marca la normativa europea y también varias sentencias del Tribunal Supremo que lo avalan en nuestro país.

Feijóo no ha avalado a su 'barón', aunque tampoco le ha desmentido. No ha habido opción de preguntar en una breve comparecencia ante los medios, en la que que se ha limitado a hablar de la Feria de Albacete, que ha calificado como “el acontecimiento festivo más importante de Castilla-La Mancha”.

Ha dicho venir “de la plaza de toros” para dirigirse después al recinto ferial tras asegurar que se “compromete” a “volver otra vez a unir a los ciudadanos”, entre gritos de varias personas que le aclamaban como “presidente”.

Tampoco el líder del PP castellanomanchego Paco Núñez se ha pronunciado sobre las palabras de su compañero murciano.

PSOE: “Lamentable que el PP de Castilla-La Mancha no diga nada”

Precisamente este lunes, la portavoz socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, se refería al comentario de López Miras. “No es de recibo escuchar al presidente de una comunidad autónoma decir que va a hacer todo lo posible, si gobernara Feijóo, para eliminar esas reglas de caudales ecológicos del Tajo”. Ha añadido que desde el PP “van a seguir empeñados en que siga ese expolio de agua” que, ha dicho, establecieron los 'populares' en la región.

“Y que el PP de Castilla-La Mancha no diga nada me parece lamentable. No es normal que López Miras diga eso y que el PP de Castilla-La Mancha no diga nada para defender a Castilla-La Mancha”, ha afeado.

Para la socialista “sería responsable acatar las leyes”, recriminando al PP que muestra “todo su respeto” a las sentencias y a las leyes “cuando le son favorables” pero no lo haga cuando no lo son y “trata de eliminar todo aquello que es beneficioso para Castilla-La Mancha”.

En contraposición, ha asegurado que desde el PSOE de la región van a “seguir trabajando para defender esta tierra tengamos que enfrentarnos con quien tengamos que enfrentarnos, incluyendo gobiernos de nuestro signo político”.

“Respeto a la Justicia”

El Gobierno de Castilla-La Mancha lleva meses reclamando el cambio y haciendo notar el retraso en los plazos de entrada en vigor de estas reglas. El pasado mes de marzo acudió a los tribunales para forzar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aduciendo, entre otros, daños en la Red Natura 2000, además del “hartazgo” por parte de la comunidad autónoma.

De su parte, la consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha afeado también hoy la posición del PP. “Reclama respeto a los jueces cada vez que considera que una resolución le beneficia políticamente”, pero no al contrario. Ha señalado que existen cinco sentencias del Tribunal Supremo que anularon en 2019 la planificación del Tajo “por no garantizar los caudales ecológicos exigidos por la legislación europea”; así como otra sentencia en 2025 que anuló la decisión de retrasar hasta 2027 su cumplimiento en los tramos protegidos. “Han sido desestimados, uno tras otro, los recursos presentados desde el Levante para intentar frenar o rebajar esos caudales”, detallaba.

Padilla ha recalcado que “las reglas de explotación no son opcionales: mientras exista el trasvase, deben existir y respetar la ley”, porque “lo contrario no es respetarla, es tratar de manosearla”.

A la espera del cambio en las reglas en una legislatura que acaba

En los últimos años el río Tajo ha dejado patente síntomas de contaminación con espumas visibles en sus aguas, así como bajos caudales, como en el verano de 2025 que se quedó casi sin agua a su paso por Toledo capital. En su momento la Confederación Hidrográfica lo atribuyó a la actividad de las centrales hidroeléctricas, pero no anunció sanciones ni medidas preventivas.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, anunciaba a mediados del mes de junio de 2026 que su departamento iniciaría “próximamente” el proceso de participación activa para elaborar las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura junto a los agentes implicados. Por el momento no existe fecha a la vista para ese proceso, en una legislatura que toca a su fin.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual ha asegurado que la ciudad tiene “garantizado el suministro de agua” gracias al bitrasvase Ebro-Pas-Besaya. En este sentido, ha señalado que está “tranquila” porque el bitrasvase “tiene capacidad más que suficiente” para suministrar agua a Santander, aunque ha apuntado que la ciudad ha de ser solidaria con otros municipios “que lo están pasando peor” con la sequía.

Sin embargo, ha subrayado, a preguntas de los periodistas, que el cambio climático está afectando a la capital cántabra porque antes el Ayuntamiento pedía agua a finales de julio y ahora ya lo hace en el mes de junio.

Aún así, el consumo de agua de los vecinos “no se ha disparado” y está en los parámetros “normales” en esta época del año.

Por último, Igual ha explicado que el bitrasvase puede estar preparado para que en un futuro Santander, mediante obras o canalizaciones, pueda tratar y transferir el agua a otros puntos. “Depende del Gobierno de Cantabria y de la Consejería de Medio Ambiente, pero tenemos que buscar soluciones”, ha concluido.

El alcalde de Sacedón, Francisco Pérez Torrecilla, ha reclamado este martes de el cese del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, tras unas declaraciones de este sobre el trasvase Tajo-Segura.

Para Pérez Torrecilla, las palabras de Sabrido en las que advertía que el trasvase “nunca tendrá un fin si con ello se estrangula la economía” de la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, y que Castilla-La Mancha es una región que “exige solidaridad pero que también es muy, muy solidaria”, suponen traspasar una línea que hace imposible que Sabrido siga ejerciendo como máxima representación territorial del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, según ha informado el Ayuntamiento.

“No pedimos su dimisión porque no esperamos que quien demuestra semejante incomprensión del problema sea capaz de asumir voluntariamente la responsabilidad de sus palabras. Exigimos que sea cesado”, ha declarado el edil de Sacedón. “Castilla-La Mancha merece un delegado del Gobierno que conozca la realidad de esta tierra y que, como mínimo, no justifique su sacrificio permanente para proteger intereses económicos ajenos”, ha añadido.

Castilla-La Mancha merece un delegado del Gobierno que conozca la realidad de esta tierra y que, como mínimo, no justifique su sacrificio permanente para proteger intereses económicos ajenos

Francisco Pérez Torrecilla — Alcalde de Sacedón (Guadalajara)

“¿Y nuestra economía? ¿Y las empresas de Sacedón?”

Pérez Torrecilla considera especialmente grave que el delegado contraponga la protección de la economía levantina a la situación de la cabecera del Tajo.

“¿Y nuestra economía? ¿Y las empresas de Sacedón? ¿Y nuestro turismo, nuestros empleos, nuestros vecinos y nuestro futuro?”, ha cuestionado el alcalde, planteando que “parece que para el delegado existe una economía que no puede ser estrangulada y otra que puede llevar décadas pagando la factura sin que pase absolutamente nada”.

“A nosotros sí se nos puede estrangular. A nosotros sí se nos puede condenar a vivir junto a embalses esquilmados para mantener un modelo económico construido a cientos de kilómetros con un agua que no tienen”, ha declarado.

El Ayuntamiento ha recordado que lleva años denunciando precisamente que Entrepeñas y Buendía son tratados como una reserva estructural al servicio del Levante y reclamando que la demanda se adapte a los recursos realmente disponibles, en lugar de convertir el agua del Tajo en una garantía permanente para una planificación económica ajena a la cuenca cedente.

“Lo verdaderamente escandaloso es que el representante del Gobierno en Castilla-La Mancha parezca asumir como prioridad que el Levante pueda mantener intacto su modelo económico, aunque para ello haya que seguir comprometiendo el nuestro”, denuncia Pérez Torrecilla.

“Eso no es solidaridad. Solidaridad es ayudar cuando existe una necesidad. Convertir durante décadas a una comarca en suministradora obligatoria para que otra pueda seguir creciendo sin adaptar su demanda a sus recursos tiene otro nombre”.

El alcalde rechaza además tajantemente que Sabrido utilice a Castilla-La Mancha para respaldar esa posición.

Eso no es solidaridad. Solidaridad es ayudar cuando existe una necesidad. Convertir durante décadas a una comarca en suministradora obligatoria para que otra pueda seguir creciendo sin adaptar su demanda a sus recursos tiene otro nombre

“Que no hable en nombre de Castilla-La Mancha. No tiene ningún derecho a presentar como voluntad de nuestra región seguir soportando indefinidamente el trasvase. Él representa al Gobierno de España en Castilla-La Mancha. No representa a Castilla-La Mancha ante el Gobierno de España. La diferencia es bastante importante y parece que conviene recordársela”.

“Si quiere explicar y defender las decisiones del Gobierno que lo nombró, está en su derecho y además es su obligación institucional. Lo que no vamos a aceptar es que convierta a Castilla-La Mancha en coartada de esas decisiones y nos dé además lecciones de solidaridad mientras desde los municipios ribereños llevamos décadas viendo cómo nuestro principal recurso natural sale por el canal”, ha añadido.

No es la primera vez que le tacha de tener una posición “tibia”

Desde este municipio ya se había acusado anteriormente al delegado del Gobierno de mantener una posición “tibia, equidistante y colaboracionista” ante los intereses de la agroindustria levantina, después de que el Gobierno continuase autorizando derivaciones mientras permanecía pendiente la modificación de unas reglas de explotación que deberían haberse cambiado hace más de dos años.

Para Pérez Torrecilla, las nuevas declaraciones eliminan ya cualquier equidistancia: “Ahora sabemos perfectamente dónde está. Cuando habla de evitar que se estrangule una economía mientras acepta que continúe el sacrificio de la nuestra, está estableciendo claramente qué territorio considera prioritario. Y alguien que piensa así no puede pretender hablar en nombre de Castilla-La Mancha, no está a la altura del cargo”.

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (ATS), integrada por representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y de los organismos de gestión de cada una de las cuencas implicadas, ha autorizado este viernes un trasvase de 60 hectómetros cúbicos (hm3) para agosto y otro de 27 hm3 para septiembre, según ha informado Transición Ecológica.

Así lo ha decidido tras constatar que a día 1 de agosto los embalses de cabecera disponían de un volumen efectivo de 1.312,5 hm3, valor correspondiente con la situación denominada nivel 1, según las reglas de explotación del trasvase. De cara a septiembre, la aplicación semestral de la regla de explotación permite deducir que el sistema entraría en el nivel 2, que previsiblemente se mantendría durante el resto del semestre.

De esta manera, se ha autorizado un trasvase de 60 hm3 desde los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del Acueducto Tajo-Segura, correspondiente a agosto y en aplicación de la normativa vigente. Asimismo, con base en la aplicación semestral de la regla de explotación, se ha aprobado un trasvase de 27 hm3 desde los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del Acueducto Tajo-Segura, correspondiente a septiembre.

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha informado de la superficie inundada en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y ha solicitado un volumen de 1,1 hm3 para atender los abastecimientos mediante la denominada 'Tubería Manchega' durante el mes de agosto. La solicitud se ha hecho extensiva a septiembre, para el que se ha solicitado un volumen de 0,9 hm3.

A su vez, la Comisión de explotación también ha aprobado durante la reunión de hoy los presupuestos anuales de explotación del canal del trasvase Tajo-Segura.

El abastecimiento a los pueblos de la cabecera del Tajo

Por otro lado, Transición Ecológica ha detallado que durante la reunión la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha informado de los avances en relación con el proyecto de abastecimiento a la futura mancomunidad de aguas de los núcleos colindantes con los embalses de Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y Cuenca, respectivamente).

Según ha explicado, el proyecto está financiado con fondos del Ministerio y ejecutado por la CHT, que en julio comenzó las pruebas de elevación de agua desde la toma principal de Morillejo (Guadalajara) a la balsa de la planta potabilizadora.

La puesta en marcha definitiva de dicha actuación requiere además la adaptación a la normativa sectorial del conjunto de líneas eléctricas que dan energía al sistema y el desarrollo de las pruebas para la comprobación del resto de conducciones y equipos.

Los municipios ribereños lamentan el nuevo envío

La Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía lamenta la autorización de otros 87 hectómetros cúbicos hacia el Levante y advierte de “la necesidad de preservar el agua acumulada durante el último ciclo húmedo para afrontar con garantías los próximos años”.

El presidente de los Municipios Ribereños, Borja Castro, considera que el descenso de nivel obliga a mirar con cautela la situación de la cabecera.

“Volver a nivel dos después de un ciclo húmedo demuestra que no podemos dar por consolidada la recuperación de Entrepeñas y Buendía. Tenemos que gestionar estas reservas pensando también en los próximos años”, ha señalado.

Desde la Asociación recuerdan que se trata de embalses de regulación hiperanual y que el agua acumulada durante los periodos húmedos debe actuar como colchón ante futuros ciclos secos.

A comienzos de este año ya advertían de la importancia de conservar esas reservas para afrontar una posible etapa prolongada de menores aportaciones.

Castro ha insistido en que la prioridad debe ser evitar que la cabecera vuelva a entrar en una dinámica de pérdida continuada de reservas. “No queremos generar alarmismo de cara al turismo, pero sí aprender de lo ocurrido otras veces. Si después de estos años húmedos volvemos ya a nivel dos, es evidente que tenemos que ser mucho más prudentes con el agua que queda”, ha manifestado en este sentido.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado que su departamento iniciará “próximamente” el proceso de participación activa con todos los agentes implicados para elaborar las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, aunque ha reconocido que no podía precisar una fecha exacta.

A preguntas de los medios durante la visita que ha realizado este viernes a la base de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de La Iglesuela del Tiétar (Toledo), Aagesen ha afirmado que el Ministerio está trabajando en este proceso “con el rigor técnico y científico y con la mejor información disponible”.

La ministra ha insistido en la idea de que los trabajos para crear estas nuevas reglas del trasvase se hagan “con la máxima participación de todos y cada uno de los agentes”.

El pasado mes de enero, la directora general del Agua, María Dolores Pascual, aseguraba que no habría movimiento de ficha sobre la cuestión hasta que el Tribunal Supremo no se pronunciase sobre todos los recursos interpuestos contra el Plan Hidrológico del Tajo que contempla, precisamente, el cambio en la forma de explotar el agua a través de esta infraestructura.

Ese ciclo ha quedado ya cerrado, pero sigue sin concretarse cómo y cuándo se va a realizar una modificación que exige la propia ley.

El Gobierno de Castilla-La Mancha lleva meses reclamando el cambio y haciendo notar el retraso en los plazos de su entrada en vigor. El pasado mes de marzo acudió a los tribunales para forzar al ministerio aduciendo, entre otros, daños en la Red Natura 2000, además del “hartazgo” por parte de la comunidad autónoma.

Esta misma semana ha vuelto a aprobarse un trasvase automático de agua al Segura para los meses de junio y julio. Aagesen ha defendido que el Ejecutivo regional ha tenido “múltiples reuniones” con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para abordar el tema o que “los contactos son muy habituales, esa relación existe y seguirá existiendo con todas y cada una de las comunidades autónomas”, pero sin dar más pistas.

El río Tajo ha dado síntomas de agotamiento y de contaminación en varias ocasiones en los últimos años. Sin ir más lejos el pasado verano el cauce se quedó casi sin agua a su paso por Toledo capital y la Confederación Hidrográfica lo atribuyó a la actividad de las centrales hidroléctricas aguas arriba, aunque sin anunciar sanciones o medidas.

Sobre esta cuestión, la ministra se ha limitado a decir que su departamento realiza un “seguimiento exhaustivo de todos los caudales ecológicos” y, en el caso de identificar cualquier incidencia “se emprenden actuaciones y medidas de coordinación con todos y cada uno de los agentes” de cara a conseguir “la prioridad, que es tener todos los caudales ecológicos según la normativa”.

El caso es que la aplicación de los caudales ecológicos en el Tajo, que pasa por cambiar las reglas del trasvase, no es algo que pida solo el Gobierno de Castilla-La Mancha. También distintas organizaciones conservacionistas están reclamando que la prioridad en el diseño del próximo ciclo de planificación de la cuenca del Tajo, con horizonte 2033, sea la recuperación ecológica del río.

Por cierto que esta misma semana la Cátedra del Tajo-UCLM-Soliss hacía públicos los datos de un estudio que hablan, además, del nivel de contaminación del río. En todo el curso medio del río Tajo, unos 300 kilómetros entre Guadalajara, Madrid y Toledo, se han detectado bacterias resistentes a los antibióticos y alertan del riesgo para la salud pública.

La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) pide a la Demarcación Hidrográfica del Tajo que la recuperación ecológica del eje del río sea una prioridad en la elaboración del cuatro ciclo de planificación hidrológica (2028-2033). Reclaman la protección “efectiva” de la biodiversidad y la adaptación al cambio climático en el centro de la gestión del agua.

La organización considera que el cuarto ciclo “debe marcar un punto de inflexión en una cuenca sometida durante décadas a una fuerte regulación hidrológica, pérdida de funcionalidad fluvial, contaminación acumulativa, fragmentación de hábitats, presión urbana e industrial y efectos derivados del Trasvase Tajo-Segura”. Para SEO/BirdLife, el futuro plan “debe garantizar el cumplimiento efectivo de los objetivos ambientales de la Directiva Marco del Agua y no solo limitarse a compatibilizar usos”.

La planificación hidrológica no puede limitarse a gestionar recursos disponibles para distintos usos; debe gestionar una cuenca viva, formada por ríos, acuíferos, humedales y especies que dependen de ellos. Los caudales ecológicos no son una cantidad mínima para que el río sobreviva, sino una condición indispensable para que el Tajo funcione

La demarcación del Tajo alberga espacios “de enorme valor ecológico”, como el Parque Nacional de Monfragüe, los Carrizales y Sotos de Aranjuez, los Tremedales de Orihuela, humedales Ramsar, Reservas Naturales Fluviales y numerosos espacios de la Red Natura 2000. Estos ecosistemas sostienen especies “estrechamente dependientes del agua”, como la cigüeña negra, el porrón pardo, la malvasía cabeciblanca, el desmán ibérico, la nutria, peces autóctonos, náyades y comunidades de macroinvertebrados sensibles a la alteración del régimen de caudales.

Los caudales ecológicos “deben ser completos, vinculantes y verificables”

SEO/BirdLife considera que la planificación del Tajo “debe adaptarse plenamente a la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo, que ha establecido el carácter vinculante y prevalente de los caudales ecológicos respecto del resto de usos del agua”. La organización apunta que estos caudales “no pueden limitarse a mínimos circulantes, sino que deben incorporar todos sus componentes funcionales: estacionalidad, caudales generadores, caudales máximos, tasas de cambio y seguimiento ecológico”.

Juan Carlos Atienza, responsable de la Unidad de Incidencia para la Transición Verde de SEO/BirdLife afirma que “la recuperación del Tajo exige dejar atrás una visión meramente volumétrica del agua. La planificación hidrológica no puede limitarse a gestionar recursos disponibles para distintos usos; debe gestionar una cuenca viva, formada por ríos, acuíferos, humedales y especies que dependen de ellos. Los caudales ecológicos no son una cantidad mínima para que el río sobreviva, sino una condición indispensable para que el Tajo funcione como ecosistema y pueda seguir proporcionando beneficios ambientales, sociales y económicos a largo plazo”.

La Sociedad Española de Ornitología solicita que las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura queden “expresamente supeditadas” al cumplimiento previo de los caudales ecológicos completos en Aranjuez, Toledo y Talavera. También reclama sistemas públicos, actualizados y verificables de información sobre desembalses, tasas de cambio, caudales circulantes, indicadores ecológicos y evolución del estado de las masas de agua.

El Trasvase Tajo-Segura

SEO/BirdLife valora positivamente que el Esquema Provisional de Temas Importantes (EpTI) incorpore por primera vez los efectos del Trasvase Tajo-Segura como Tema Importante específico. No obstante, considera que el documento aún lo aborda “desde una lógica de gestión de recursos y compatibilización de usos, sin asumir plenamente su impacto hidrológico, hidromorfológico y ecológico sobre el eje principal del Tajo”. Advierte de que la reducción “artificial y persistente” de caudales ha contribuido “a la simplificación hidrológica del río, a la pérdida de capacidad de dilución, a la degradación de hábitats fluviales, a la alteración de la dinámica sedimentaria y a la pérdida de resiliencia frente al cambio climático”.

La Sociedad Española de Ornitología reclama una evaluación específica de los efectos acumulativos del trasvase sobre la funcionalidad ecológica del sistema fluvial y pide que cualquier decisión relacionada con su funcionamiento incorpore indicadores ecológicos, seguimiento público y evaluación de impactos sobre espacios protegidos y hábitats dependientes del agua.

Red Natura 2000: de referencia cartográfica a condicionante real

La organización considera que la Red Natura 2000 y los objetivos de conservación de hábitats y especies dependientes del agua “siguen sin integrarse de forma suficientemente operativa en la planificación”. Aunque el EpTI identifica espacios protegidos y especies ligadas al agua, no siempre traduce esa información en decisiones sobre asignación de recursos, caudales ecológicos, restauración hidromorfológica, gestión de demandas o reglas de explotación.

SEO/BirdLife pide que se establezca una correspondencia “clara” entre masas de agua, espacios protegidos, objetivos de conservación, presiones y medidas. También reclama que se aplique la evaluación “adecuada” prevista por la Directiva Hábitats a cualquier decisión de planificación, infraestructura, modificación del régimen hidrológico o regla de explotación que pueda afectar a espacios Red Natura 2000 dependientes del agua.

La organización advierte, además, de “deficiencias metodológicas en el tratamiento de especies y hábitats ligados al agua”. Entre otras cuestiones, pide revisar la información sobre peces autóctonos, anfibios, reptiles, aves acuáticas, mamíferos y moluscos dependientes del funcionamiento ecológico del río, así como incorporar mejor la ictiofauna como indicador de alteraciones hidromorfológicas y de conectividad.

Restaurar el río, recuperar llanuras de inundación y revisar barreras

SEO/BirdLife reclama que la mejora del espacio fluvial deje de centrarse en “actuaciones puntuales” o de mantenimiento hidráulico y se oriente a recuperar procesos naturales: dinámica sedimentaria, movilidad fluvial, conectividad longitudinal y lateral, relación río-acuífero, humedales asociados y vegetación de ribera.

La organización pide “priorizar la eliminación o permeabilización de barreras obsoletas, la restauración de riberas, la recuperación de llanuras de inundación y la conectividad ecológica, especialmente en tramos degradados y masas de agua vinculadas a espacios protegidos”.

Apuntan que esta restauración “debe alinearse con el Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza y con el futuro Plan Nacional de Restauración, incorporando objetivos medibles, financiación, responsables, cronogramas e indicadores verificables”.

Contaminación, depuración y pérdida de capacidad de dilución

La Sociedad Española de Ornitología alerta de que la contaminación urbana, industrial y agropecuaria “debe analizarse junto con la reducción de caudales circulantes y la pérdida de capacidad de dilución del río”. Esta cuestión “es especialmente relevante” aguas abajo del área metropolitana de Madrid, donde en determinados tramos los efluentes de depuradoras pueden constituir “una parte muy significativa” del caudal circulante en periodos de estiaje.

La organización pide un programa específico para las Estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de La China, Butarque y Sur, con cronograma, objetivos intermedios, medidas provisionales y evaluación de efectos sobre las masas de agua afectadas. También reclama recuperar un tratamiento específico de contaminantes emergentes, como fármacos, PFAS, microcontaminantes y compuestos persistentes, con medidas preventivas orientadas a reducir estas sustancias en origen.

Cambio climático: adaptar demandas a los límites ecológicos

SEO/BirdLife considera “especialmente preocupante” que la Confederación Hidrográfica del Tajo no haya puesto a disposición pública un estudio específico de adaptación a los riesgos del cambio climático equivalente al elaborado en otras demarcaciones. La organización reclama que este estudio se elabore, se someta a información pública y se integre en el futuro plan hidrológico.

Piden, además, que las demandas de regadío y abastecimiento se subordinen “al cumplimiento de los objetivos ambientales, al mantenimiento del buen estado de las masas de agua y al respeto de los caudales ecológicos. La modernización o mejora de eficiencia de los sistemas de riego es imprescindible para asegurar estos cultivos ante el cambio climático, que va a reducir la disponibilidad real de agua en el futuro, pero si esto se hace para aumentar las superficies de regadío, se pone en peligro todo el sistema y la sostenibilidad de los recursos agrarios”.

Custodia del territorio para restaurar ríos y humedales

SEO/BirdLife reclama que la custodia del territorio se incorpore como herramienta operativa de colaboración público-social en la demarcación del Tajo. “Esta herramienta puede contribuir a restaurar riberas, mejorar la conectividad ecológica, recuperar humedales, conservar hábitats y especies, prevenir especies exóticas invasoras, reforzar el seguimiento ecológico, impulsar ciencia ciudadana y mejorar la educación ambiental”, explican.

La organización propone que el futuro plan identifique fincas de titularidad de la Confederación Hidrográfica del Tajo, tramos de dominio público hidráulico, riberas degradadas y humedales donde puedan desarrollarse proyectos piloto de custodia fluvial. También plantea convenios plurianuales con entidades especializadas, una línea específica de financiación y un visor público de iniciativas con objetivos, actuaciones, indicadores y resultados.

Para SEO/BirdLife, el cuarto ciclo de planificación hidrológica del Tajo debe convertirse en el “ciclo de la recuperación funcional del río”.

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, se ha dirigido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para exigirle, en nombre de los regantes, que en el actual ciclo de planificación hidrológica “dé la vuelta” y vaya “en dirección contraria” a la “promesa política” de recortar el acueducto.

Jiménez ha hecho estas declaraciones ante los medios de comunicación tras conocer que el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sindicato contra la revisión del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo.

El líder de Scrats ha apelado a la vía política ante la imposibilidad de solicitar medidas cautelares por los cauces judiciales tras la resolución del Tribunal Supremo que vuelve a avalar la aplicación de caudales ecológicos en el río Tajo, tal y como marcan las leyes españoles y la Directiva del Agua europea.

En este sentido, ha animado también al delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, a implicarse para paralizar la reducción de caudales y ha advertido de que no aceptará un nuevo plan de cuenca basado en “nuevas promesas mil millonarias que van a ser seguro una mentira absoluta”.

La política nos ha engañado a los regantes y a toda la sociedad levantina

Respecto a la resolución judicial, Jiménez ha aclarado que, aunque los regantes del Levante asumen el veredicto del Tribunal Supremo que declara la legalidad del procedimiento de planificación del Tajo, rechazan la “injusticia” que supone el recorte del trasvase, al que tachan exclusivamente de “decisión política”.

A pesar del fallo en contra, el presidente del sindicato ha remarcado que en la organización “desánimo no hay ninguno” y que continuarán “al pie del cañón” en la defensa del trasvase.

Durante su intervención, Jiménez ha criticado la “filtración” de la demanda a los medios de comunicación antes de que, supuestamente, fuera notificada formalmente a su procurador, un hecho que, a su juicio, demuestra “el deterioro que vive la salud del Estado español en lo que a separación de poderes se refiere”.

Del mismo modo, ha lamentado que la sentencia no haya entrado “al fondo” de la cuestión planteada por los regantes y que no se haya admitido “ni una sola prueba pericial” para rebatir la fijación de los caudales ecológicos.

Críticas a inversiones comprometidas que “no existen”

El representante del Scrats ha cargado contra las inversiones comprometidas por el Ejecutivo central para el horizonte de 2027. Según ha detallado, el Real Decreto de Planificación anunciaba 1.300 millones de euros para la cuenca del Tajo y 1.750 millones para la del Segura, de los que “no se van a ejecutar más de 100 millones” en las ampliaciones de las desaladoras.

“No eran 2.145 millones de mentiras, eran 2.950 millones de mentiras para ser exactos”, ha aseverado, tras tildar de “fraude” las medidas compensatorias.

El presidente del Scrats ha enumerado las infraestructuras prometidas que, según su criterio, “no existen” ni se van a ejecutar, citando los planes de depuración de Madrid (valorados en 1.071 millones), las obras para el Alto Tajo, la impulsión de agua desalada a Ojós o las plantas fotovoltaicas para abaratar la energía.

“La política nos ha engañado a los regantes y a toda la sociedad levantina”, ha insistido Lucas, quien ha avisado de que el agua desalada de Torrevieja no llega a zonas de interior como Sangonera la Seca, Librilla, Elche, Lorca, Totana o Cieza, lo que provocará daños económicos “incalculables”.

Además, el representante de los regantes ha manifestado su rechazo frontal a cualquier intento de aprobación de un nuevo real decreto para modificar las reglas de explotación, sosteniendo que, según los criterios del CEDEX, cualquier cambio regulatorio de esa envergadura debe pasar obligatoriamente por el trámite de las Cortes Generales.

Preguntado por el recurso pendiente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Jiménez se ha mostrado pesimista por el peso de los precedentes judiciales y ha concluido que el Scrats no preparará protestas inmediatas, sino que esperará a ver los próximos movimientos del Ministerio liderado por Sara Aagesen.

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha manifestado que espera que la admisión a trámite del recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que se apliquen las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura sea suficiente para que se cambien estas normas, aunque ha advertido de que, en caso de que no sea así, el Gobierno autonómico seguirá “insistiendo”.

“Han pasado más de dos años”, ha recordado la consejera, desde que este cambio se debería haber hecho y la “paciencia” del Gobierno de Castilla-La Mancha ha llegado a un punto en el que les ha “obligado” a presentar una demanda contra el Estado pidiendo y exigiendo que se cumpla lo que dice el Real Decreto, y “es que se tiene que contar con unas nuevas reglas de explotación”.

Para la consejera, desde el Estado “se piensan que, como este año ha empezado con lluvias en primavera, ya está todo solucionado”. “Pero no está solucionado”, ha aseverado.

Por todo ello, el Gobierno autonómico ha presentado un informe en su demanda que “viene a demostrar” la existencia de “daños” por el incumplimiento de los caudales. “Esa es la situación que nosotros hemos puesto encima de la mesa, han admitido a trámite nuestra demanda y lo que esperamos es que, cuanto antes, se nos presente una modificación de las reglas de explotación”, ha apuntado.

Este próximo viernes se celebra el aniversario de las primeras elecciones autonómicas en Aragón (1983), en las que el socialista Santiago Marraco fue el dirigente que más cerca se ha quedado de la mayoría absoluta en la comunidad (a uno gracias a sus 33 escaños). En esta entrevista, y con una gran lucidez a sus 87 años, Marraco repasa las más de cuatro décadas de autogobierno: de la ilusión fundacional y la construcción desde cero a los retos actuales —vivienda, modelo energético o incendios de nueva generación—, con una advertencia clara sobre desigualdad, el clima político y la falta de visión estratégica.

Han pasado 43 años desde las elecciones del 8 de mayo de 1983. ¿Qué recuerda con más nitidez de aquel momento?

Tuvimos que empezar a hacer todo prácticamente desde cero porque durante la preautonomía apenas se habían transferido cuestiones burocráticas. Cuando empezamos, el presupuesto de la Comunidad Autónoma del primer año era más pequeño que el del Ayuntamiento de Huesca. No teníamos sedes. Las oficinas de los ministerios en Zaragoza estaban desperdigadas por pisos por toda la ciudad. Lo que más recuerdo de aquella época es la ilusión que había en toda la gente, que para nosotros supuso un impulso porque sabíamos que los aragoneses estaban detrás, que podíamos contar con el esfuerzo de todos. Incluso los funcionarios que fueron transferidos en los cuatro años de mandato, conforme tuvimos más competencias, estaban dispuestos a hacer las obras que hiciera falta. Eso es lo que se echa de menos ahora; en aquel momento había una mejor relación entre la política y la ciudadanía y eso se ha ido perdiendo con los años, lo cual es tremendo porque ese fenómeno debilita a las sociedades.

¿Era consciente entonces de que estaba inaugurando una etapa histórica para Aragón?

Lo primero que me tuve que decir fue: ¿tendré capacidad para meterme en semejante aventura? Porque en aquella época éramos políticos sobrevenidos a los que nos pilló el momento del cambio. Yo ya estaba trabajando en la clandestinidad hacía unos años atrás, pero no habíamos vivido en democracia: estaba por crear una sociedad que perdiera el miedo y supiera que tenía derechos. Nuestra inexperiencia no era en la gestión, porque yo era funcionario y conocía perfectamente la Administración, pero nos preguntábamos si íbamos a acertar con las medidas que debíamos aplicar de inmediato. Era realmente una responsabilidad. Todo el equipo de gobierno que tuve siempre tuvimos la sensación de que teníamos que esforzarnos más para responder a lo que exigía la sociedad.

¿Qué fue lo más difícil de poner en marcha aquella primera estructura autonómica?

La negociación de las transferencias. Era un sistema muy complejo porque tenía que venir con la dotación de personal, de medios materiales y de presupuesto. Y el presupuesto se hacía en función del gasto de los cinco años anteriores. Por tanto, había que ser muy precavidos a la hora de decidir en qué momento nos interesaba solicitar una transferencia. Por ejemplo, en el plano educativo había que valorar si la población escolar iba a crecer, porque en dos o tres años nos íbamos a encontrar con que teníamos que atender con menos medios a una mayor cantidad de alumnado. También la inversión en carreteras era muy importante. Se regionalizaba la inversión, y cuando ya se había hecho la autopista de Zaragoza-Barcelona y Zaragoza-Madrid, si esa inversión entraba dentro del plazo, suponía que tendríamos más presupuesto; pero según en qué año se cortaba la inversión, nos quedábamos con menos. Al final, todo era un regateo.

Si compara aquel Aragón con el actual, ¿qué es lo que más le sorprende del cambio en estos 43 años?

Hay factores positivos y negativos. El positivo es que, desde luego y afortunadamente, no se parece en nada al que recibimos nosotros. Yo creo que en este momento Aragón es una potencia dentro de las comunidades autónomas, a pesar de que somos pocos. La propia ubicación de Zaragoza, en el centro del cuadrante más desarrollado de España, ya es un valor tremendo para la propia comunidad.

En política, uno aporta las ideas; si esas ideas son válidas hay otros después que lo empujan, lo desarrollan y al final hay un tercero que corta la cinta y lo inaugura. Y eso no es nada frustrante, aunque lo parezca. Eso quiere decir que acertaste con los planteamientos que hiciste en tu momento

¿Y los negativos?

Creo que hay decisiones que se están tomando sin analizarlo a fondo. Por ejemplo, los centros de datos. ¿Por qué vienen aquí? Porque la energía es barata. Un centro de datos es un almacén que, además, no tiene mercancía. La que tiene es la que circula por las redes. Zaragoza tiene el cable de comunicaciones que comunica Barcelona con Madrid, una conexión muy fuerte y muy fiable para los datos. Pero los datos se almacenan en unos módulos en una nave. Cuando se dice que se van a crear dos mil y pico puestos de trabajo, debe de ser mientras se construyen las naves, pero después no hay nada absolutamente. Incluso las averías y cualquier problema que surja se resolverán a distancia. Y el consumo de energía generará problemas para que se instalen otras empresas que van a producir y crear puestos de trabajo. Además, hay una tercera derivada, y es que estas instalaciones en menos de un mes se desarman. Vienen unos camiones, cargan los módulos en los camiones y se llevan a otro país. Está bien que se monte algún centro de datos, pero esa no puede ser la apuesta que se haga.

También es crítico en política hidráulica.

Me sorprende que, más de cuarenta años después, estemos dándole vueltas al trasvase y a los embalses. ¿Cómo seguimos hablando de lo mismo? Y además de una manera disparatada. Ahora vuelven a reivindicar la regulación del Gállego cuando el embalse Biscarrués es innecesario porque se está construyendo otro entre Tardienta y Almudévar para regular el riego de Monegros. No se necesita más. Ya hemos visto ejemplos como el innecesario embalse de Campo. Volver otra vez a reivindicar los pantanos es un auténtico disparate porque no hace falta ninguno más, son innecesarios. Y lo único que hay detrás son los intereses de las empresas hidroeléctricas. No son embalses para el regadío. Luego, el trasvase del Ebro es absolutamente inviable: al precio que puede salir el agua colocada al sur de Alicante, en Murcia o en Almería, les compensaría más montar una desaladora y regar con agua de mar. Ahora vuelven otra vez a lo mismo. Vox, sobre todo. ¿Alguien ha hecho números? Yo soy ingeniero y sí lo sé: es completamente inviable en términos económicos.

¿Qué medidas de su gobierno tuvieron más impacto a largo plazo?

Zaragoza tenía una universidad muy potente pero con muy poca relación con el sector productivo. Entonces creamos dos elementos, el Consejo Aragonés de Investigación (CONAI), cuya misión era transferir el conocimiento de la universidad a las empresas; y el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). Necesitábamos un centro de metrología y calibración porque la industria del metal requería instrumentos de precisión, que antes se enviaban a Barcelona. También, siguiendo un poco el modelo vasco, creamos un centro donde una empresa que quería desarrollar un producto pero no disponía ni de medios de ingeniería, ni de laboratorio, se le podían prestar los ingenieros y las instalaciones para poder desarrollar ese proyecto. Ahora el ITA es un centro con un potencial que trabaja para multinacionales.

Debe de ser una satisfacción ver que, 43 años después, las cosas siguen funcionando.

En política, uno aporta las ideas; si esas ideas son válidas hay otros después que lo empujan, lo desarrollan y al final hay un tercero que corta la cinta y lo inaugura. Y eso no es nada frustrante, aunque lo parezca. Eso quiere decir que acertaste con los planteamientos que hiciste en tu momento. Otro cambio clave fue replantear el modelo de regadío. Antes se asignaban parcelas de 10 o 15 hectáreas, insuficientes para sostener una familia. La idea era dejar de crear “colonos” y apostar por pequeños empresarios agrícolas con explotaciones viables y modernas, de al menos 50 hectáreas —idealmente 100—, apoyadas en tecnología y formación. Pero la tierra es cara, y comprarla limita la inversión en maquinaria. Por eso se propuso un banco de tierras basado en el arriendo de terrenos públicos, que permitiera ampliar explotaciones sin necesidad de adquirirlas. Pero fue un error despreciarlo. No se llegó a derogar la ley, pero se metió en un cajón y no se puso en marcha, perdiendo una gran oportunidad, porque en aquel momento estábamos en pleno proceso de concentración parcelaria y de empezar a hacer los regadíos, terminando los riegos de Monegros de Zaragoza y Huesca, y los de las Cinco Villas. Ahora ya no es posible volver a crear un Banco de Tierras. Habría que empezar a comprar tierra. En aquel momento no se compraba, sino simplemente no se expropiaba. Y eso nos está llevando a una estructura de la agricultura que no es la idónea.

¿Cuál ha sido la consecuencia de esto?

Las pequeñas parcelas han acabado en manos de inversores externos, que las arriendan o compran. Esto impulsa un modelo más especulativo, orientado al máximo rendimiento a corto plazo, a menudo con uso intensivo de químicos. Frente a ello, el agricultor propietario tiende a cuidar el suelo y su fertilidad a largo plazo, pensando en las siguientes generaciones. Son dos modelos opuestos: uno intensivo y extractivo, y otro sostenible y conservador. De ahí la necesidad de una mayor conciencia ambiental. Negar el cambio climático es un error grave, porque las decisiones actuales tendrán efectos duraderos. Mi propia formación como ingeniero de montes refuerza esa visión ecológica. Y esto es por lo que me da terror por el negacionismo de Vox y el del Partido Popular. Si se niega al cambio climático, nos equivocamos de medio a medio.

Hoy la gestión forestal y la conservación ambiental están separadas, cuando en realidad todo está interrelacionado. Y eso se ve en casos como la dana de Valencia. Muchas de las grandes avenidas no vienen de los ríos, sino de barrancos y ramblas que dependen de la gestión forestal, que es competencia de las comunidades autónomas, no de las confederaciones hidrográficas

En clave política, ¿seguimos avanzando o podemos retroceder desde la etapa de la transición?

Hay una frase de Vargas Llosa que decía: ¿Cuándo se jodió el Perú? Y es eso. ¿Qué ha pasado? Que hemos salido de la pobreza y hemos llegado a la riqueza, pero no hemos llegado todos a la riqueza. Somos nuevos ricos con la riqueza mal repartida. Y vamos a repartir todavía peor, claro, porque si la política es bajar los impuestos, ya me dirán cómo vamos a resolver la justicia social. Mi generación vivió el racionamiento; sabíamos lo que era no tener. Ahora vivimos en una sociedad de consumo inmediato, donde lo queremos todo y ya. Y, paradójicamente, mis hijos viven peor que nosotros. Eso refleja una desigualdad creciente que, en las socialdemocracias, solo se corrige con impuestos porque quien más tiene, más debe aportar para sostener servicios públicos y el equilibrio social. El que tiene dinero quiere que entre todos le paguemos la Policía para que no le roben, es decir, no está dispuesto a compartir, pero sí que exige que protejamos sus bienes. Y eso se lo damos, además, con los impuestos de todos. También veo un problema de memoria y de discurso: se señala a los inmigrantes como antes se señalaba a los españoles en otros países. Es repetir errores del pasado, muchas veces con prejuicios sobre religión o procedencia que no se ajustan a la realidad. En política, el deterioro viene de lejos. Antes había confrontación, pero también respeto y acuerdos. Eso empezó a romperse en los años de José María Aznar frente a Felipe González, y desde entonces ha ido a más. Hoy el Parlamento proyecta bronca e insultos, aunque por dentro siga habiendo diálogo; pero lo que llega a la ciudadanía es el ruido.

¿Qué valoración hace de la fragmentación que hay del espacio progresista ante el avance de la derecha y la ultraderecha?

La izquierda siempre ha sido diversa, y en Aragón eso no es ninguna novedad ni debería preocuparnos. Aquí, históricamente ha habido varios partidos y un Parlamento más fragmentado, y eso forma parte de su normalidad. Lo que sí me preocupa es la concentración y la deriva de la derecha hacia posiciones más extremas. Ese desplazamiento acaba influyendo en el lenguaje y en el conjunto del debate político. Además, el llamado 'centro' prácticamente ha desaparecido. Antes existían espacios más moderados, como en su momento la UCD, pero hoy ese espacio está muy debilitado. Y este fenómeno no es solo español: lo estamos viendo también en otros países europeos como Francia o Alemania.

No es usted un simple miembro del PSOE, es el artífice de la integración del Partido Socialista de Aragón (PSA). Alguien con tanta trayectoria, ¿se reconoce en el mismo partido después de tanto tiempo?

Yo siempre me reconozco en el partido. Un partido no es algo monolítico: tiene corrientes, debates y contradicciones, y eso lo enriquece. Además, tiene que adaptarse a una sociedad que cambia constantemente; no tiene nada que ver la de hace 50 años con la actual. La política es compleja y exige aprendizaje. El ejercicio del poder es muy duro y está lleno de trampas por todos los sitios. Winston Churchill decía que había que tragarse un sapo cada mañana con un vaso de agua para empezar a habituarse a lo que iba a ser el día siguiente.

Hoy en día parece que estemos instalados en el conflicto permanente.

Dentro de los partidos siempre hay tensiones y luchas internas, y yo las viví desde el principio, incluso en procesos complicados como la integración del PSA en el PSOE. Ha habido momentos peores que los actuales. Lo que sí ha cambiado es el peso del liderazgo: hoy hay una sobreexposición de los líderes por encima de los partidos, en parte porque la información va tan rápido que se personaliza todo. El liderazgo es necesario, pero no debe sustituir al debate interno ni al funcionamiento democrático. Ahí es donde creo que está el problema: se ha debilitado la militancia y el debate dentro de todos los partidos. Muchas decisiones se concentran en las ejecutivas, y solo se abre algo más el debate en periodos electorales, siguiendo el modelo de Estados Unidos. Pero discrepancias siempre ha habido —antes se hablaba de felipistas y guerristas, ahora con otras etiquetas como sanchistas, aunque el que habla del sanchismo es el PP, de eso no se habla en el PSOE—, y eso es normal; lo importante es que siga habiendo discusión interna real y no solo estructuras centradas en el líder.

Del sanchismo no solo habla el PP, también se utiliza dentro del PSOE con voces discrepantes reconocidas.

Bueno..., sí lo que pasa es que hay saber jubilarse también.

Desde la última Presidencia del PSOE en 2023, ¿ve más lejos o cerca de recuperar el gobierno?

Yo creo que el PSOE no está necesariamente más lejos de recuperar el gobierno; la situación es más cambiante de lo que parece. En Aragón y Extremadura las decisiones de adelantar elecciones respondieron más a cálculos políticos que a una necesidad real, buscando desgastar a Pedro Sánchez. Pero ese movimiento no siempre salió bien. Se esperaban mejores resultados y en algunos casos se han perdido escaños. Percibo que el clima ha cambiado en pocos meses y que la ciudadanía ya no está exactamente en la misma posición que entonces. Estas dinámicas dan muchas vueltas.

¿Qué le pareció el discurso de investidura de Jorge Azcón?

Me sorprendió que dijera que todo estaba muy bien frente a lo mal que lo había hecho Javier Lambán, lo que choca con los homenajes que el PP le estaba haciendo porque estaba en el grupo que no apoyaba a Sánchez, al igual que García Page, por temas como la amnistía de Cataluña. Eso muestra que hay más estrategia que coherencia.

¿Cómo ve el gran problema de la vivienda?

No se resuelve construyendo viviendas para la venta aunque sean de promoción pública porque un trabajador, con los sueldos que hay ahora, no puede comprar, por mucho plazo que le den para pagarla. Además, una vivienda te ata en el puesto de trabajo y a la ciudad donde estás. Hacen falta viviendas en alquiler y asequibles, lo que se llama antes vivienda de renta limitada. Yo creo que, disponiendo de suelo público, que supone el 30% del precio de una vivienda, y cuidando de no crear guetos en las ciudades, se pueden hacer viviendas de alquiler de renta limitada sin ningún problema. La administración puede construir y con la renta del inquilino va a amortizar perfectamente la inversión inicial. Lo que eso sí requiere es una gestión ágil para conservar las viviendas y disponer de un buen equipo. Ahora hay problemas en las grandes ciudades donde los trabajadores viven lejos de sus centros de trabajo y hay más en las zonas turísticas donde el trabajo es de temporada y es necesario crear no solamente viviendas sino bloques de residencia con unas zonas comunes y unas habitaciones para los trabajadores. Si no es así, fracasará el turismo de montaña y ya empieza a haber problemas en toda la zona del Valle de Benasque, en el Valle de Tena y en el Valle de Canfranc, con las estaciones de esquí que no encuentran personal.

¿Cómo me gustaría que me recordaran? De ninguna manera. Seremos el olvido y en eso consiste la humanidad. Pensar que uno va a pasar a la posteridad me parece de un egoísmo absoluto y de una prepotencia que no tiene ningún sentido

Usted es ingeniero de montes, experto en incendios forestales y fue director del Icona. ¿Piensa que fue un error la supresión del organismo?

Sí. Soy ingeniero de Montes y desarrollé casi toda mi trayectoria en Huesca, recorriendo el Pirineo de punta a punta. Ahí pasé los mejores años de mi vida y he disfrutado mucho. Para ser ingeniero de montes hay que ser un optimista nato. Manejábamos la masa forestal con una proyección de 120 o 200 años: hay que estar loco para pensar en planificar bosques a tan largo plazo. Por eso, cada 10 años volvemos a ver cómo está el monte, a analizar los cambios y ver si lleva la tendencia deseada. Esto no es habitual en otro tipo de profesiones. Este trabajo te obliga a pensar a muy largo plazo y esa visión me ha influido también en la política.

Y ¿cómo ve la gestión del medio natural en estos años?

Se ha perdido una visión coordinada: hoy la gestión forestal y la conservación ambiental están separadas, cuando en realidad todo está interrelacionado. Y eso se ve en casos como la dana de Valencia. Muchas de las grandes avenidas no vienen de los ríos, sino de barrancos y ramblas que dependen de la gestión forestal, que es competencia de las comunidades autónomas, no de las confederaciones hidrográficas, como decía la Generalitat valenciana. Antes había servicios de hidrología forestal que vigilaban y actuaban para prevenir estas situaciones; ahora esa coordinación es menor.

¿Cómo han cambiado los incendios? ¿Qué estrategia adoptaría si tuviera responsabilidad?

El gran cambio es el abandono rural. Antes había cultivos, caminos y actividad que actuaban como cortafuegos naturales; hoy hay continuidad de matorral, lo que favorece incendios más extensos. No tiene sentido hablar de “limpiar los bosques”, es inviable; la clave es ordenar el territorio. Lo que hay que hacer es recuperar un paisaje en mosaico: crear grandes cortafuegos, alternar zonas cultivadas y franjas sin sembrar, y proteger especialmente el entorno de los pueblos. Muchos incendios actuales ya no son solo forestales, sino rurales, en terrenos abandonados de difícil gestión. Yo apostaría por una estrategia preventiva, planificar el territorio como un damero que frene el fuego, coordinar administraciones y dotarse de herramientas legales para actuar también sobre fincas privadas, igual que se hace en el urbanismo con las normas de seguridad.

¿Cómo le gustaría que se le recordara?

De ninguna manera. Al hilo del libro de Abad Faciolince, ‘El olvido que seremos’, que he leído con mucho gusto porque yo estuve trabajando con una ONG en Colombia, pasado un mes ya nadie se acuerda de ti. Seremos el olvido y en eso consiste la humanidad. Pensar que uno va a pasar a la posteridad me parece de un egoísmo absoluto y de una prepotencia que no tiene ningún sentido. Estos días se ha hecho la presentación de los retratos de los presidentes y yo no había visto el mío en el Pignatelli (sede del Gobierno de Aragón). Y no tengo ningún interés en verme retratado en ningún sitio. No quiero que se me recuerde por nada. Y es que me da igual, sé que no se va a acordar nadie.

Sorprende su humildad en tiempos de tanto ego.

Es que no me interesa nada. Pero lo que me produce satisfacción es que la gente me siga saludando por la calle y lo agradezco mucho porque nadie me mira con malas caras y eso puede indicar que no debía malmeter yo mucho (se ríe).

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confirmado la admisión a trámite del recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para que se apliquen las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

“Estamos ya enfocados a que se empiece a tramitar la demanda que hemos hecho, la denuncia ante el Ministerio y espero que simplemente se vean obligados a cumplir. Es tristísimo ganar sentencias y sentencias y tener que seguir yendo los tribunales para que se cumplan”, ha afirmado en Toledo con motivo de la Romería del Valle.

En este punto, ha tildado de “absolutamente inasumible la inactividad del Gobierno”, a pesar de “muchas sentencias y después de haberse aprobado y estar vigente planes hidrológicos que obligan al cambio de las reglas de explotación”. “Me da mucha tristeza, me da mucha pena, pero no como presidente no me voy a confirmar con lamentarlo”, ha aseverado.

Estamos para defender los intereses de la tierra, esté quien esté en el Gobierno

Reconociendo que “algunos se extrañan” de que un presidente del PSOE pueda recurrir o pleitear con el Gobierno del mismo signo político, ha señalado que “hay que retratarse y ser sinceros”. “Estamos para defender los intereses de la tierra, esté quien esté en el Gobierno”.

Le “duele especialmente” a García-Page cuando se incumple “la palabra que nos han dado a todos, que está en el Boletín oficial” y que a él mismo le han dado “muchos responsables públicos”. “Van unos, vienen otros, pero lo cierto y verdad es que la gestión hidráulica en España está muy lejos de estar a la altura del país”.

Esta realidad, ha lamentado, se replica “casi confederación a confederación, cuenca a cuenca”, y una región como Castilla-La Mancha tiene siete cuencas hidrográficas, ha señalado.

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso interpuesto por la Diputación de Alicante contra el Real Decreto que aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas, entre ellas las de los ríos Tajo y Segura.

Estos planes son el principal argumento del Gobierno de Castilla-La Mancha para pedir la revisión de las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura, que suponrían el recorte de las transferencias de agua para respetar el caudal ecológico del Tajo. De hecho, ha demandado al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que las apruebe cuanto antes.

Se trata de la séptima sentencia del Supremo que avala la tesis defendida por el Gobierno de Emiliano García-Page.

En este caso, el Alto Tribunal ha declarado inadmisible el recurso de la Diputación de Alicante “por falta de legitimación activa”. Se remite en la sentencia a su criterio “consolidado y que es de plena aplicación” en lo referente a la legitimación de las entidades locales, entre ellas las diputaciones provinciales, para impugnar planes hidrológicos, que en términos generales se ha negado.

Las entidades locales no tienen “legitimación” en este tema

Entre los argumentos contemplados en la sentencia recuerda que las entidades locales “no tienen reconocido en nuestro Derecho una legitimación general para la impugnación en vía contencioso-administrativa de cualquier acto o disposición general de la Administración General del Estado (...), sino solo en la medida que dicha disposición general afectase a su ámbito de autonomía”.

La sentencia recoge también los argumentos que contra esta demanda han interpuesto la Abogacía del Estado, la representación procesal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía o la Plataforma de Toledo en defensa del Tajo.

El recurso de la Diputación de Alicante es uno de los dos de cuya resolución estaba pendiente el Gobierno de España para cambiar las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, como le reclama Castilla-La Mancha. Queda un recurso más pendiente de resolución: el presentado por el Sindicato Central de Regantes (SCRATS).

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) ha pedido ampliar las medidas para mitigar los efectos de la crisis energética, advirtiendo de que, si no se refuerzan, podrían provocar una reducción de la actividad agraria y afectar al abastecimiento y al precio de los alimentos.

Así lo han puesto de manifiesto durante el XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, que arranca este martes en Ciudad Real con más de 800 asistentes, donde han dicho que los agricultores afrontan un contexto adverso marcado por el aumento de los costes energéticos y de fertilizantes, lo que compromete su viabilidad económica.

Fenacore solicita ayudas directas, créditos blandos y mayor flexibilidad en los plazos de amortización y aunque valora positivamente la medida de la doble potencia eléctrica —que podría reducir más del 20% del coste energético y ahorrar unos 40.000 euros anuales por explotación— considera que la crisis es estructural y requiere soluciones a largo plazo.

Además, apuesta por modernizar el regadío, mejorar infraestructuras hidráulicas e impulsar energías renovables para autoconsumo, con el fin de reducir la dependencia energética.

En materia hídrica, reclama reforzar la capacidad de embalse y una gestión del agua basada en criterios técnicos, adaptada al cambio climático. También solicita una inversión anual de 100 millones de euros para el mantenimiento de presas y mejoras en canales de riego.

Fenacore ha asegurado que el regadío es clave para la seguridad alimentaria y pide una política de Estado que garantice la sostenibilidad del sector agrario.

El presidente de la Comunidad de Usuarios de Mancha Occidental II y del congreso, José Joaquín Gómez, ha explicado a los periodistas al inicio de la jornada que el congreso es una oportunidad para “tomar conciencia sobre un recurso tan sensible como el agua” y ha defendido la necesidad de abordarlo como “un problema de Estado” que requiere soluciones globales y consensuadas.

Gómez ha puesto en valor la participación de administraciones, empresas tecnológicas y comunidades de regantes, destacando la capacidad del sector para avanzar en modernización y alcanzar acuerdos que permitan garantizar su futuro.

En este sentido, ha resaltado el papel de las empresas presentes en el congreso, que muestran el potencial innovador del regadío español.

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha defendido el papel del regadío como elemento clave para el desarrollo agroalimentario y ha recordado que España es uno de los principales productores de la Unión Europea y que Castilla-La Mancha ocupa una posición destacada en este ámbito.

Por su parte, la directora general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, María Dolores Pascual, ha señalado que este tipo de encuentros permiten reflexionar sobre el carácter estratégico del regadío, tanto para el desarrollo económico como para el equilibrio territorial, especialmente en zonas rurales.

Pascual ha insistido en que la sostenibilidad debe ser el eje central del sector, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también económico y tecnológico, y ha destacado los esfuerzos en modernización y digitalización, al tiempo que ha avanzado que el Ministerio estará atento a las conclusiones del congreso para incorporarlas a los procesos de planificación hidrológica en marcha.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha planteado la necesidad de adaptar la aplicación de la Directiva Marco del Agua a las particularidades de cada territorio y ha defendido el impulso de infraestructuras hidráulicas y medidas de reutilización que permitan garantizar el abastecimiento y el desarrollo agrícola.

El PP reclama un plan de regadíos

En la inauguración del Congreso ha estado presente el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, quien ha defendido la necesidad de avanzar hacia un Pacto Nacional por el Agua que permita dejar atrás la “confrontación política” y convertir este recurso en un elemento de generación de riqueza y oportunidades.

Núñez ha subrayado que “sin agua no hay agricultura ni hay ganadería”, y ha insistido en que el debate hídrico debe abordarse desde el consenso, evitando su utilización como herramienta de enfrentamiento.

En este sentido, ha recordado la existencia del Pacto Regional por el Agua firmado hace más de cinco años en Castilla-La Mancha, del que ha asegurado que “no se ha cumplido ni una sola línea”.

El líder 'popular' ha reclamado la puesta en marcha de una auditoría hídrica para conocer la disponibilidad real de recursos en la región, así como la elaboración de un mapa de necesidades que permita planificar el uso del agua en agricultura, industria y consumo urbano.

Además, ha urgido a activar un plan de regadíos, denunciando que el 64% del presupuesto destinado a este fin en los últimos ocho años no se ha ejecutado.

Finalmente, Núñez ha advertido de la incertidumbre existente en torno a la situación de los pozos y ha defendido priorizar las necesidades hídricas de Castilla-La Mancha antes de cualquier cesión, apostando por una política que sitúe el agua en el centro de la agenda desde una perspectiva económica y estratégica.

Vox defiende un plan nacional del agua

El Congreso también ha contado con la presencia del presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, que ha reivindicado la necesidad de un plan nacional del agua, una propuesta que, según ha defendido, permitiría ordenar las inversiones en infraestructuras hidráulicas, modernizar los regadíos y ampliar la superficie de cultivo.

Asimismo, ha criticado las políticas hídricas impulsadas tanto por el PSOE como por el PP, señalando que, a su juicio, están condicionadas por decisiones adoptadas en el ámbito europeo. En este contexto, ha cuestionado la financiación de proyectos hidráulicos en terceros países, como Marruecos, al considerar que generan una competencia desleal para los agricultores y ganaderos españoles.

En su intervención, también ha reclamado priorizar las inversiones en infraestructuras dentro del territorio nacional y ha advertido de que no es coherente, en su opinión, limitar el uso del agua para regadío en España mientras se destinan recursos a actuaciones fuera del país.

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a aprobar el próximo martes, día 31 de marzo, en Consejo de Gobierno, el recurso contencioso administrativo para reclamar al Ministerio para la Transicion Ecológica y el Reto Demográfico la aplicación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Así lo ha avanzado el presidente regional, Emiliano García-Page, quien ha calificado de “doloroso” denunciar al Gobierno de España, “por el incumplimiento de sentencias en relación con el agua”, en referencia a las cinco sentencias ganadas en el Tribunal Supremo “a favor de los derechos del agua en Castilla-La Mancha”, que “no se ganan así como así”.

“Son años peleando”, ha lamentado el presidente regional, apuntando que después de esta pelea ya han pasado “otros cuatro años sin cumplir con las sentencias”.

La ministra apela al consenso dialogado

A esta cuestión ha respondido desde Toledo, la exalcaldesa de la ciudad y actual ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. Ha defendido que el tema del agua “se soluciona hablando y, sobre todo, con diálogo y con consenso” antes que acudir a los tribunales.

A su juicio, se trata de una cuestión que “se puede evitar hablando” con el Ministerio de Transición Ecológica. Y tras reseñar que siempre defenderá “el no al trasvase” porque sabe lo que significa, ha querido subrayar “algo que es muy importante, y es el cambio de talante de este Gobierno con respecto a otros gobiernos en el tema del agua” y del Tajo, donde se han “sacado adelante cuestiones que parecían de alguna forma que no se iban a poder sacar con respecto al tema del Tajo”.

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha procedido al cierre del canal de trasvase entre los embalses de Entrepeñas (Guadalajara) y Buendía (Cuenca), en la cabecera del río tras la apertura de sus compuertas, el pasado 19 de febrero por la acumulación de agua tras el tren de borrascas.

Ahora, la reducción de aportaciones hídricas ha permitido concluir el trasvase de agua desde el pantano de Entrepeñas a su vecino Buendía. Esta fue la segunda vez que se abrió la infraestructura desde su puesta en funcionamiento en 1997. El año pasado en primavera también tuvo que abrirse la compuerta debido a la misma causa: lluvias intensas que desbordaron Entrepeñas hasta llegar al nivel de trasvase.

Esta vez se puso en funcionamiento en lámina libre con unos 12m³/segundo iniciales y hasta un máximo de 23m³/s tras alcanzar la cota de trasvase de 711,83 metros sobre el nivel del mar en el embalse de Entrepeñas.

El trasvase pudo ser activado de nuevo gracias a las importantes precipitaciones y consecuentes aportaciones ocasionadas por la evolución de una cadena de borrascas que comenzó el día 25 de enero de 2026 con la borrasca Joseph y finalizó el día 13 de febrero de 2026 tras el paso de la borrasca Oriana. Las borrascas intermedias fueron denominadas Kristin, Leonardo, Marta y Nils.

Durante el mes que ha permanecido abierta está conducción se han trasvasado aproximadamente 36 hm³ que, “de otra forma, se hubiesen tenido que desembalsar para mantener el resguardo de seguridad en la presa de Entrepeñas”, señala la confederación.