El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, se ha dirigido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para exigirle, en nombre de los regantes, que en el actual ciclo de planificación hidrológica “dé la vuelta” y vaya “en dirección contraria” a la “promesa política” de recortar el acueducto.

Jiménez ha hecho estas declaraciones ante los medios de comunicación tras conocer que el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sindicato contra la revisión del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo.

El líder de Scrats ha apelado a la vía política ante la imposibilidad de solicitar medidas cautelares por los cauces judiciales tras la resolución del Tribunal Supremo que vuelve a avalar la aplicación de caudales ecológicos en el río Tajo, tal y como marcan las leyes españoles y la Directiva del Agua europea.

En este sentido, ha animado también al delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, a implicarse para paralizar la reducción de caudales y ha advertido de que no aceptará un nuevo plan de cuenca basado en “nuevas promesas mil millonarias que van a ser seguro una mentira absoluta”.

La política nos ha engañado a los regantes y a toda la sociedad levantina

Respecto a la resolución judicial, Jiménez ha aclarado que, aunque los regantes del Levante asumen el veredicto del Tribunal Supremo que declara la legalidad del procedimiento de planificación del Tajo, rechazan la “injusticia” que supone el recorte del trasvase, al que tachan exclusivamente de “decisión política”.

A pesar del fallo en contra, el presidente del sindicato ha remarcado que en la organización “desánimo no hay ninguno” y que continuarán “al pie del cañón” en la defensa del trasvase.

Durante su intervención, Jiménez ha criticado la “filtración” de la demanda a los medios de comunicación antes de que, supuestamente, fuera notificada formalmente a su procurador, un hecho que, a su juicio, demuestra “el deterioro que vive la salud del Estado español en lo que a separación de poderes se refiere”.

Del mismo modo, ha lamentado que la sentencia no haya entrado “al fondo” de la cuestión planteada por los regantes y que no se haya admitido “ni una sola prueba pericial” para rebatir la fijación de los caudales ecológicos.

Críticas a inversiones comprometidas que “no existen”

El representante del Scrats ha cargado contra las inversiones comprometidas por el Ejecutivo central para el horizonte de 2027. Según ha detallado, el Real Decreto de Planificación anunciaba 1.300 millones de euros para la cuenca del Tajo y 1.750 millones para la del Segura, de los que “no se van a ejecutar más de 100 millones” en las ampliaciones de las desaladoras.

“No eran 2.145 millones de mentiras, eran 2.950 millones de mentiras para ser exactos”, ha aseverado, tras tildar de “fraude” las medidas compensatorias.

El presidente del Scrats ha enumerado las infraestructuras prometidas que, según su criterio, “no existen” ni se van a ejecutar, citando los planes de depuración de Madrid (valorados en 1.071 millones), las obras para el Alto Tajo, la impulsión de agua desalada a Ojós o las plantas fotovoltaicas para abaratar la energía.

“La política nos ha engañado a los regantes y a toda la sociedad levantina”, ha insistido Lucas, quien ha avisado de que el agua desalada de Torrevieja no llega a zonas de interior como Sangonera la Seca, Librilla, Elche, Lorca, Totana o Cieza, lo que provocará daños económicos “incalculables”.

Además, el representante de los regantes ha manifestado su rechazo frontal a cualquier intento de aprobación de un nuevo real decreto para modificar las reglas de explotación, sosteniendo que, según los criterios del CEDEX, cualquier cambio regulatorio de esa envergadura debe pasar obligatoriamente por el trámite de las Cortes Generales.

Preguntado por el recurso pendiente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Jiménez se ha mostrado pesimista por el peso de los precedentes judiciales y ha concluido que el Scrats no preparará protestas inmediatas, sino que esperará a ver los próximos movimientos del Ministerio liderado por Sara Aagesen.

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha manifestado que espera que la admisión a trámite del recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que se apliquen las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura sea suficiente para que se cambien estas normas, aunque ha advertido de que, en caso de que no sea así, el Gobierno autonómico seguirá “insistiendo”.

“Han pasado más de dos años”, ha recordado la consejera, desde que este cambio se debería haber hecho y la “paciencia” del Gobierno de Castilla-La Mancha ha llegado a un punto en el que les ha “obligado” a presentar una demanda contra el Estado pidiendo y exigiendo que se cumpla lo que dice el Real Decreto, y “es que se tiene que contar con unas nuevas reglas de explotación”.

Para la consejera, desde el Estado “se piensan que, como este año ha empezado con lluvias en primavera, ya está todo solucionado”. “Pero no está solucionado”, ha aseverado.

Por todo ello, el Gobierno autonómico ha presentado un informe en su demanda que “viene a demostrar” la existencia de “daños” por el incumplimiento de los caudales. “Esa es la situación que nosotros hemos puesto encima de la mesa, han admitido a trámite nuestra demanda y lo que esperamos es que, cuanto antes, se nos presente una modificación de las reglas de explotación”, ha apuntado.

Este próximo viernes se celebra el aniversario de las primeras elecciones autonómicas en Aragón (1983), en las que el socialista Santiago Marraco fue el dirigente que más cerca se ha quedado de la mayoría absoluta en la comunidad (a uno gracias a sus 33 escaños). En esta entrevista, y con una gran lucidez a sus 87 años, Marraco repasa las más de cuatro décadas de autogobierno: de la ilusión fundacional y la construcción desde cero a los retos actuales —vivienda, modelo energético o incendios de nueva generación—, con una advertencia clara sobre desigualdad, el clima político y la falta de visión estratégica.

Han pasado 43 años desde las elecciones del 8 de mayo de 1983. ¿Qué recuerda con más nitidez de aquel momento?

Tuvimos que empezar a hacer todo prácticamente desde cero porque durante la preautonomía apenas se habían transferido cuestiones burocráticas. Cuando empezamos, el presupuesto de la Comunidad Autónoma del primer año era más pequeño que el del Ayuntamiento de Huesca. No teníamos sedes. Las oficinas de los ministerios en Zaragoza estaban desperdigadas por pisos por toda la ciudad. Lo que más recuerdo de aquella época es la ilusión que había en toda la gente, que para nosotros supuso un impulso porque sabíamos que los aragoneses estaban detrás, que podíamos contar con el esfuerzo de todos. Incluso los funcionarios que fueron transferidos en los cuatro años de mandato, conforme tuvimos más competencias, estaban dispuestos a hacer las obras que hiciera falta. Eso es lo que se echa de menos ahora; en aquel momento había una mejor relación entre la política y la ciudadanía y eso se ha ido perdiendo con los años, lo cual es tremendo porque ese fenómeno debilita a las sociedades.

¿Era consciente entonces de que estaba inaugurando una etapa histórica para Aragón?

Lo primero que me tuve que decir fue: ¿tendré capacidad para meterme en semejante aventura? Porque en aquella época éramos políticos sobrevenidos a los que nos pilló el momento del cambio. Yo ya estaba trabajando en la clandestinidad hacía unos años atrás, pero no habíamos vivido en democracia: estaba por crear una sociedad que perdiera el miedo y supiera que tenía derechos. Nuestra inexperiencia no era en la gestión, porque yo era funcionario y conocía perfectamente la Administración, pero nos preguntábamos si íbamos a acertar con las medidas que debíamos aplicar de inmediato. Era realmente una responsabilidad. Todo el equipo de gobierno que tuve siempre tuvimos la sensación de que teníamos que esforzarnos más para responder a lo que exigía la sociedad.

¿Qué fue lo más difícil de poner en marcha aquella primera estructura autonómica?

La negociación de las transferencias. Era un sistema muy complejo porque tenía que venir con la dotación de personal, de medios materiales y de presupuesto. Y el presupuesto se hacía en función del gasto de los cinco años anteriores. Por tanto, había que ser muy precavidos a la hora de decidir en qué momento nos interesaba solicitar una transferencia. Por ejemplo, en el plano educativo había que valorar si la población escolar iba a crecer, porque en dos o tres años nos íbamos a encontrar con que teníamos que atender con menos medios a una mayor cantidad de alumnado. También la inversión en carreteras era muy importante. Se regionalizaba la inversión, y cuando ya se había hecho la autopista de Zaragoza-Barcelona y Zaragoza-Madrid, si esa inversión entraba dentro del plazo, suponía que tendríamos más presupuesto; pero según en qué año se cortaba la inversión, nos quedábamos con menos. Al final, todo era un regateo.

Si compara aquel Aragón con el actual, ¿qué es lo que más le sorprende del cambio en estos 43 años?

Hay factores positivos y negativos. El positivo es que, desde luego y afortunadamente, no se parece en nada al que recibimos nosotros. Yo creo que en este momento Aragón es una potencia dentro de las comunidades autónomas, a pesar de que somos pocos. La propia ubicación de Zaragoza, en el centro del cuadrante más desarrollado de España, ya es un valor tremendo para la propia comunidad.

En política, uno aporta las ideas; si esas ideas son válidas hay otros después que lo empujan, lo desarrollan y al final hay un tercero que corta la cinta y lo inaugura. Y eso no es nada frustrante, aunque lo parezca. Eso quiere decir que acertaste con los planteamientos que hiciste en tu momento

¿Y los negativos?

Creo que hay decisiones que se están tomando sin analizarlo a fondo. Por ejemplo, los centros de datos. ¿Por qué vienen aquí? Porque la energía es barata. Un centro de datos es un almacén que, además, no tiene mercancía. La que tiene es la que circula por las redes. Zaragoza tiene el cable de comunicaciones que comunica Barcelona con Madrid, una conexión muy fuerte y muy fiable para los datos. Pero los datos se almacenan en unos módulos en una nave. Cuando se dice que se van a crear dos mil y pico puestos de trabajo, debe de ser mientras se construyen las naves, pero después no hay nada absolutamente. Incluso las averías y cualquier problema que surja se resolverán a distancia. Y el consumo de energía generará problemas para que se instalen otras empresas que van a producir y crear puestos de trabajo. Además, hay una tercera derivada, y es que estas instalaciones en menos de un mes se desarman. Vienen unos camiones, cargan los módulos en los camiones y se llevan a otro país. Está bien que se monte algún centro de datos, pero esa no puede ser la apuesta que se haga.

También es crítico en política hidráulica.

Me sorprende que, más de cuarenta años después, estemos dándole vueltas al trasvase y a los embalses. ¿Cómo seguimos hablando de lo mismo? Y además de una manera disparatada. Ahora vuelven a reivindicar la regulación del Gállego cuando el embalse Biscarrués es innecesario porque se está construyendo otro entre Tardienta y Almudévar para regular el riego de Monegros. No se necesita más. Ya hemos visto ejemplos como el innecesario embalse de Campo. Volver otra vez a reivindicar los pantanos es un auténtico disparate porque no hace falta ninguno más, son innecesarios. Y lo único que hay detrás son los intereses de las empresas hidroeléctricas. No son embalses para el regadío. Luego, el trasvase del Ebro es absolutamente inviable: al precio que puede salir el agua colocada al sur de Alicante, en Murcia o en Almería, les compensaría más montar una desaladora y regar con agua de mar. Ahora vuelven otra vez a lo mismo. Vox, sobre todo. ¿Alguien ha hecho números? Yo soy ingeniero y sí lo sé: es completamente inviable en términos económicos.

¿Qué medidas de su gobierno tuvieron más impacto a largo plazo?

Zaragoza tenía una universidad muy potente pero con muy poca relación con el sector productivo. Entonces creamos dos elementos, el Consejo Aragonés de Investigación (CONAI), cuya misión era transferir el conocimiento de la universidad a las empresas; y el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). Necesitábamos un centro de metrología y calibración porque la industria del metal requería instrumentos de precisión, que antes se enviaban a Barcelona. También, siguiendo un poco el modelo vasco, creamos un centro donde una empresa que quería desarrollar un producto pero no disponía ni de medios de ingeniería, ni de laboratorio, se le podían prestar los ingenieros y las instalaciones para poder desarrollar ese proyecto. Ahora el ITA es un centro con un potencial que trabaja para multinacionales.

Debe de ser una satisfacción ver que, 43 años después, las cosas siguen funcionando.

En política, uno aporta las ideas; si esas ideas son válidas hay otros después que lo empujan, lo desarrollan y al final hay un tercero que corta la cinta y lo inaugura. Y eso no es nada frustrante, aunque lo parezca. Eso quiere decir que acertaste con los planteamientos que hiciste en tu momento. Otro cambio clave fue replantear el modelo de regadío. Antes se asignaban parcelas de 10 o 15 hectáreas, insuficientes para sostener una familia. La idea era dejar de crear “colonos” y apostar por pequeños empresarios agrícolas con explotaciones viables y modernas, de al menos 50 hectáreas —idealmente 100—, apoyadas en tecnología y formación. Pero la tierra es cara, y comprarla limita la inversión en maquinaria. Por eso se propuso un banco de tierras basado en el arriendo de terrenos públicos, que permitiera ampliar explotaciones sin necesidad de adquirirlas. Pero fue un error despreciarlo. No se llegó a derogar la ley, pero se metió en un cajón y no se puso en marcha, perdiendo una gran oportunidad, porque en aquel momento estábamos en pleno proceso de concentración parcelaria y de empezar a hacer los regadíos, terminando los riegos de Monegros de Zaragoza y Huesca, y los de las Cinco Villas. Ahora ya no es posible volver a crear un Banco de Tierras. Habría que empezar a comprar tierra. En aquel momento no se compraba, sino simplemente no se expropiaba. Y eso nos está llevando a una estructura de la agricultura que no es la idónea.

¿Cuál ha sido la consecuencia de esto?

Las pequeñas parcelas han acabado en manos de inversores externos, que las arriendan o compran. Esto impulsa un modelo más especulativo, orientado al máximo rendimiento a corto plazo, a menudo con uso intensivo de químicos. Frente a ello, el agricultor propietario tiende a cuidar el suelo y su fertilidad a largo plazo, pensando en las siguientes generaciones. Son dos modelos opuestos: uno intensivo y extractivo, y otro sostenible y conservador. De ahí la necesidad de una mayor conciencia ambiental. Negar el cambio climático es un error grave, porque las decisiones actuales tendrán efectos duraderos. Mi propia formación como ingeniero de montes refuerza esa visión ecológica. Y esto es por lo que me da terror por el negacionismo de Vox y el del Partido Popular. Si se niega al cambio climático, nos equivocamos de medio a medio.

Hoy la gestión forestal y la conservación ambiental están separadas, cuando en realidad todo está interrelacionado. Y eso se ve en casos como la dana de Valencia. Muchas de las grandes avenidas no vienen de los ríos, sino de barrancos y ramblas que dependen de la gestión forestal, que es competencia de las comunidades autónomas, no de las confederaciones hidrográficas

En clave política, ¿seguimos avanzando o podemos retroceder desde la etapa de la transición?

Hay una frase de Vargas Llosa que decía: ¿Cuándo se jodió el Perú? Y es eso. ¿Qué ha pasado? Que hemos salido de la pobreza y hemos llegado a la riqueza, pero no hemos llegado todos a la riqueza. Somos nuevos ricos con la riqueza mal repartida. Y vamos a repartir todavía peor, claro, porque si la política es bajar los impuestos, ya me dirán cómo vamos a resolver la justicia social. Mi generación vivió el racionamiento; sabíamos lo que era no tener. Ahora vivimos en una sociedad de consumo inmediato, donde lo queremos todo y ya. Y, paradójicamente, mis hijos viven peor que nosotros. Eso refleja una desigualdad creciente que, en las socialdemocracias, solo se corrige con impuestos porque quien más tiene, más debe aportar para sostener servicios públicos y el equilibrio social. El que tiene dinero quiere que entre todos le paguemos la Policía para que no le roben, es decir, no está dispuesto a compartir, pero sí que exige que protejamos sus bienes. Y eso se lo damos, además, con los impuestos de todos. También veo un problema de memoria y de discurso: se señala a los inmigrantes como antes se señalaba a los españoles en otros países. Es repetir errores del pasado, muchas veces con prejuicios sobre religión o procedencia que no se ajustan a la realidad. En política, el deterioro viene de lejos. Antes había confrontación, pero también respeto y acuerdos. Eso empezó a romperse en los años de José María Aznar frente a Felipe González, y desde entonces ha ido a más. Hoy el Parlamento proyecta bronca e insultos, aunque por dentro siga habiendo diálogo; pero lo que llega a la ciudadanía es el ruido.

¿Qué valoración hace de la fragmentación que hay del espacio progresista ante el avance de la derecha y la ultraderecha?

La izquierda siempre ha sido diversa, y en Aragón eso no es ninguna novedad ni debería preocuparnos. Aquí, históricamente ha habido varios partidos y un Parlamento más fragmentado, y eso forma parte de su normalidad. Lo que sí me preocupa es la concentración y la deriva de la derecha hacia posiciones más extremas. Ese desplazamiento acaba influyendo en el lenguaje y en el conjunto del debate político. Además, el llamado 'centro' prácticamente ha desaparecido. Antes existían espacios más moderados, como en su momento la UCD, pero hoy ese espacio está muy debilitado. Y este fenómeno no es solo español: lo estamos viendo también en otros países europeos como Francia o Alemania.

No es usted un simple miembro del PSOE, es el artífice de la integración del Partido Socialista de Aragón (PSA). Alguien con tanta trayectoria, ¿se reconoce en el mismo partido después de tanto tiempo?

Yo siempre me reconozco en el partido. Un partido no es algo monolítico: tiene corrientes, debates y contradicciones, y eso lo enriquece. Además, tiene que adaptarse a una sociedad que cambia constantemente; no tiene nada que ver la de hace 50 años con la actual. La política es compleja y exige aprendizaje. El ejercicio del poder es muy duro y está lleno de trampas por todos los sitios. Winston Churchill decía que había que tragarse un sapo cada mañana con un vaso de agua para empezar a habituarse a lo que iba a ser el día siguiente.

Hoy en día parece que estemos instalados en el conflicto permanente.

Dentro de los partidos siempre hay tensiones y luchas internas, y yo las viví desde el principio, incluso en procesos complicados como la integración del PSA en el PSOE. Ha habido momentos peores que los actuales. Lo que sí ha cambiado es el peso del liderazgo: hoy hay una sobreexposición de los líderes por encima de los partidos, en parte porque la información va tan rápido que se personaliza todo. El liderazgo es necesario, pero no debe sustituir al debate interno ni al funcionamiento democrático. Ahí es donde creo que está el problema: se ha debilitado la militancia y el debate dentro de todos los partidos. Muchas decisiones se concentran en las ejecutivas, y solo se abre algo más el debate en periodos electorales, siguiendo el modelo de Estados Unidos. Pero discrepancias siempre ha habido —antes se hablaba de felipistas y guerristas, ahora con otras etiquetas como sanchistas, aunque el que habla del sanchismo es el PP, de eso no se habla en el PSOE—, y eso es normal; lo importante es que siga habiendo discusión interna real y no solo estructuras centradas en el líder.

Del sanchismo no solo habla el PP, también se utiliza dentro del PSOE con voces discrepantes reconocidas.

Bueno..., sí lo que pasa es que hay saber jubilarse también.

Desde la última Presidencia del PSOE en 2023, ¿ve más lejos o cerca de recuperar el gobierno?

Yo creo que el PSOE no está necesariamente más lejos de recuperar el gobierno; la situación es más cambiante de lo que parece. En Aragón y Extremadura las decisiones de adelantar elecciones respondieron más a cálculos políticos que a una necesidad real, buscando desgastar a Pedro Sánchez. Pero ese movimiento no siempre salió bien. Se esperaban mejores resultados y en algunos casos se han perdido escaños. Percibo que el clima ha cambiado en pocos meses y que la ciudadanía ya no está exactamente en la misma posición que entonces. Estas dinámicas dan muchas vueltas.

¿Qué le pareció el discurso de investidura de Jorge Azcón?

Me sorprendió que dijera que todo estaba muy bien frente a lo mal que lo había hecho Javier Lambán, lo que choca con los homenajes que el PP le estaba haciendo porque estaba en el grupo que no apoyaba a Sánchez, al igual que García Page, por temas como la amnistía de Cataluña. Eso muestra que hay más estrategia que coherencia.

¿Cómo ve el gran problema de la vivienda?

No se resuelve construyendo viviendas para la venta aunque sean de promoción pública porque un trabajador, con los sueldos que hay ahora, no puede comprar, por mucho plazo que le den para pagarla. Además, una vivienda te ata en el puesto de trabajo y a la ciudad donde estás. Hacen falta viviendas en alquiler y asequibles, lo que se llama antes vivienda de renta limitada. Yo creo que, disponiendo de suelo público, que supone el 30% del precio de una vivienda, y cuidando de no crear guetos en las ciudades, se pueden hacer viviendas de alquiler de renta limitada sin ningún problema. La administración puede construir y con la renta del inquilino va a amortizar perfectamente la inversión inicial. Lo que eso sí requiere es una gestión ágil para conservar las viviendas y disponer de un buen equipo. Ahora hay problemas en las grandes ciudades donde los trabajadores viven lejos de sus centros de trabajo y hay más en las zonas turísticas donde el trabajo es de temporada y es necesario crear no solamente viviendas sino bloques de residencia con unas zonas comunes y unas habitaciones para los trabajadores. Si no es así, fracasará el turismo de montaña y ya empieza a haber problemas en toda la zona del Valle de Benasque, en el Valle de Tena y en el Valle de Canfranc, con las estaciones de esquí que no encuentran personal.

¿Cómo me gustaría que me recordaran? De ninguna manera. Seremos el olvido y en eso consiste la humanidad. Pensar que uno va a pasar a la posteridad me parece de un egoísmo absoluto y de una prepotencia que no tiene ningún sentido

Usted es ingeniero de montes, experto en incendios forestales y fue director del Icona. ¿Piensa que fue un error la supresión del organismo?

Sí. Soy ingeniero de Montes y desarrollé casi toda mi trayectoria en Huesca, recorriendo el Pirineo de punta a punta. Ahí pasé los mejores años de mi vida y he disfrutado mucho. Para ser ingeniero de montes hay que ser un optimista nato. Manejábamos la masa forestal con una proyección de 120 o 200 años: hay que estar loco para pensar en planificar bosques a tan largo plazo. Por eso, cada 10 años volvemos a ver cómo está el monte, a analizar los cambios y ver si lleva la tendencia deseada. Esto no es habitual en otro tipo de profesiones. Este trabajo te obliga a pensar a muy largo plazo y esa visión me ha influido también en la política.

Y ¿cómo ve la gestión del medio natural en estos años?

Se ha perdido una visión coordinada: hoy la gestión forestal y la conservación ambiental están separadas, cuando en realidad todo está interrelacionado. Y eso se ve en casos como la dana de Valencia. Muchas de las grandes avenidas no vienen de los ríos, sino de barrancos y ramblas que dependen de la gestión forestal, que es competencia de las comunidades autónomas, no de las confederaciones hidrográficas, como decía la Generalitat valenciana. Antes había servicios de hidrología forestal que vigilaban y actuaban para prevenir estas situaciones; ahora esa coordinación es menor.

¿Cómo han cambiado los incendios? ¿Qué estrategia adoptaría si tuviera responsabilidad?

El gran cambio es el abandono rural. Antes había cultivos, caminos y actividad que actuaban como cortafuegos naturales; hoy hay continuidad de matorral, lo que favorece incendios más extensos. No tiene sentido hablar de “limpiar los bosques”, es inviable; la clave es ordenar el territorio. Lo que hay que hacer es recuperar un paisaje en mosaico: crear grandes cortafuegos, alternar zonas cultivadas y franjas sin sembrar, y proteger especialmente el entorno de los pueblos. Muchos incendios actuales ya no son solo forestales, sino rurales, en terrenos abandonados de difícil gestión. Yo apostaría por una estrategia preventiva, planificar el territorio como un damero que frene el fuego, coordinar administraciones y dotarse de herramientas legales para actuar también sobre fincas privadas, igual que se hace en el urbanismo con las normas de seguridad.

¿Cómo le gustaría que se le recordara?

De ninguna manera. Al hilo del libro de Abad Faciolince, ‘El olvido que seremos’, que he leído con mucho gusto porque yo estuve trabajando con una ONG en Colombia, pasado un mes ya nadie se acuerda de ti. Seremos el olvido y en eso consiste la humanidad. Pensar que uno va a pasar a la posteridad me parece de un egoísmo absoluto y de una prepotencia que no tiene ningún sentido. Estos días se ha hecho la presentación de los retratos de los presidentes y yo no había visto el mío en el Pignatelli (sede del Gobierno de Aragón). Y no tengo ningún interés en verme retratado en ningún sitio. No quiero que se me recuerde por nada. Y es que me da igual, sé que no se va a acordar nadie.

Sorprende su humildad en tiempos de tanto ego.

Es que no me interesa nada. Pero lo que me produce satisfacción es que la gente me siga saludando por la calle y lo agradezco mucho porque nadie me mira con malas caras y eso puede indicar que no debía malmeter yo mucho (se ríe).

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confirmado la admisión a trámite del recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para que se apliquen las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

“Estamos ya enfocados a que se empiece a tramitar la demanda que hemos hecho, la denuncia ante el Ministerio y espero que simplemente se vean obligados a cumplir. Es tristísimo ganar sentencias y sentencias y tener que seguir yendo los tribunales para que se cumplan”, ha afirmado en Toledo con motivo de la Romería del Valle.

En este punto, ha tildado de “absolutamente inasumible la inactividad del Gobierno”, a pesar de “muchas sentencias y después de haberse aprobado y estar vigente planes hidrológicos que obligan al cambio de las reglas de explotación”. “Me da mucha tristeza, me da mucha pena, pero no como presidente no me voy a confirmar con lamentarlo”, ha aseverado.

Estamos para defender los intereses de la tierra, esté quien esté en el Gobierno

Reconociendo que “algunos se extrañan” de que un presidente del PSOE pueda recurrir o pleitear con el Gobierno del mismo signo político, ha señalado que “hay que retratarse y ser sinceros”. “Estamos para defender los intereses de la tierra, esté quien esté en el Gobierno”.

Le “duele especialmente” a García-Page cuando se incumple “la palabra que nos han dado a todos, que está en el Boletín oficial” y que a él mismo le han dado “muchos responsables públicos”. “Van unos, vienen otros, pero lo cierto y verdad es que la gestión hidráulica en España está muy lejos de estar a la altura del país”.

Esta realidad, ha lamentado, se replica “casi confederación a confederación, cuenca a cuenca”, y una región como Castilla-La Mancha tiene siete cuencas hidrográficas, ha señalado.

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso interpuesto por la Diputación de Alicante contra el Real Decreto que aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas, entre ellas las de los ríos Tajo y Segura.

Estos planes son el principal argumento del Gobierno de Castilla-La Mancha para pedir la revisión de las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura, que suponrían el recorte de las transferencias de agua para respetar el caudal ecológico del Tajo. De hecho, ha demandado al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que las apruebe cuanto antes.

Se trata de la séptima sentencia del Supremo que avala la tesis defendida por el Gobierno de Emiliano García-Page.

En este caso, el Alto Tribunal ha declarado inadmisible el recurso de la Diputación de Alicante “por falta de legitimación activa”. Se remite en la sentencia a su criterio “consolidado y que es de plena aplicación” en lo referente a la legitimación de las entidades locales, entre ellas las diputaciones provinciales, para impugnar planes hidrológicos, que en términos generales se ha negado.

Las entidades locales no tienen “legitimación” en este tema

Entre los argumentos contemplados en la sentencia recuerda que las entidades locales “no tienen reconocido en nuestro Derecho una legitimación general para la impugnación en vía contencioso-administrativa de cualquier acto o disposición general de la Administración General del Estado (...), sino solo en la medida que dicha disposición general afectase a su ámbito de autonomía”.

La sentencia recoge también los argumentos que contra esta demanda han interpuesto la Abogacía del Estado, la representación procesal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía o la Plataforma de Toledo en defensa del Tajo.

El recurso de la Diputación de Alicante es uno de los dos de cuya resolución estaba pendiente el Gobierno de España para cambiar las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, como le reclama Castilla-La Mancha. Queda un recurso más pendiente de resolución: el presentado por el Sindicato Central de Regantes (SCRATS).

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) ha pedido ampliar las medidas para mitigar los efectos de la crisis energética, advirtiendo de que, si no se refuerzan, podrían provocar una reducción de la actividad agraria y afectar al abastecimiento y al precio de los alimentos.

Así lo han puesto de manifiesto durante el XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, que arranca este martes en Ciudad Real con más de 800 asistentes, donde han dicho que los agricultores afrontan un contexto adverso marcado por el aumento de los costes energéticos y de fertilizantes, lo que compromete su viabilidad económica.

Fenacore solicita ayudas directas, créditos blandos y mayor flexibilidad en los plazos de amortización y aunque valora positivamente la medida de la doble potencia eléctrica —que podría reducir más del 20% del coste energético y ahorrar unos 40.000 euros anuales por explotación— considera que la crisis es estructural y requiere soluciones a largo plazo.

Además, apuesta por modernizar el regadío, mejorar infraestructuras hidráulicas e impulsar energías renovables para autoconsumo, con el fin de reducir la dependencia energética.

En materia hídrica, reclama reforzar la capacidad de embalse y una gestión del agua basada en criterios técnicos, adaptada al cambio climático. También solicita una inversión anual de 100 millones de euros para el mantenimiento de presas y mejoras en canales de riego.

Fenacore ha asegurado que el regadío es clave para la seguridad alimentaria y pide una política de Estado que garantice la sostenibilidad del sector agrario.

El presidente de la Comunidad de Usuarios de Mancha Occidental II y del congreso, José Joaquín Gómez, ha explicado a los periodistas al inicio de la jornada que el congreso es una oportunidad para “tomar conciencia sobre un recurso tan sensible como el agua” y ha defendido la necesidad de abordarlo como “un problema de Estado” que requiere soluciones globales y consensuadas.

Gómez ha puesto en valor la participación de administraciones, empresas tecnológicas y comunidades de regantes, destacando la capacidad del sector para avanzar en modernización y alcanzar acuerdos que permitan garantizar su futuro.

En este sentido, ha resaltado el papel de las empresas presentes en el congreso, que muestran el potencial innovador del regadío español.

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha defendido el papel del regadío como elemento clave para el desarrollo agroalimentario y ha recordado que España es uno de los principales productores de la Unión Europea y que Castilla-La Mancha ocupa una posición destacada en este ámbito.

Por su parte, la directora general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, María Dolores Pascual, ha señalado que este tipo de encuentros permiten reflexionar sobre el carácter estratégico del regadío, tanto para el desarrollo económico como para el equilibrio territorial, especialmente en zonas rurales.

Pascual ha insistido en que la sostenibilidad debe ser el eje central del sector, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también económico y tecnológico, y ha destacado los esfuerzos en modernización y digitalización, al tiempo que ha avanzado que el Ministerio estará atento a las conclusiones del congreso para incorporarlas a los procesos de planificación hidrológica en marcha.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha planteado la necesidad de adaptar la aplicación de la Directiva Marco del Agua a las particularidades de cada territorio y ha defendido el impulso de infraestructuras hidráulicas y medidas de reutilización que permitan garantizar el abastecimiento y el desarrollo agrícola.

El PP reclama un plan de regadíos

En la inauguración del Congreso ha estado presente el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, quien ha defendido la necesidad de avanzar hacia un Pacto Nacional por el Agua que permita dejar atrás la “confrontación política” y convertir este recurso en un elemento de generación de riqueza y oportunidades.

Núñez ha subrayado que “sin agua no hay agricultura ni hay ganadería”, y ha insistido en que el debate hídrico debe abordarse desde el consenso, evitando su utilización como herramienta de enfrentamiento.

En este sentido, ha recordado la existencia del Pacto Regional por el Agua firmado hace más de cinco años en Castilla-La Mancha, del que ha asegurado que “no se ha cumplido ni una sola línea”.

El líder 'popular' ha reclamado la puesta en marcha de una auditoría hídrica para conocer la disponibilidad real de recursos en la región, así como la elaboración de un mapa de necesidades que permita planificar el uso del agua en agricultura, industria y consumo urbano.

Además, ha urgido a activar un plan de regadíos, denunciando que el 64% del presupuesto destinado a este fin en los últimos ocho años no se ha ejecutado.

Finalmente, Núñez ha advertido de la incertidumbre existente en torno a la situación de los pozos y ha defendido priorizar las necesidades hídricas de Castilla-La Mancha antes de cualquier cesión, apostando por una política que sitúe el agua en el centro de la agenda desde una perspectiva económica y estratégica.

Vox defiende un plan nacional del agua

El Congreso también ha contado con la presencia del presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, que ha reivindicado la necesidad de un plan nacional del agua, una propuesta que, según ha defendido, permitiría ordenar las inversiones en infraestructuras hidráulicas, modernizar los regadíos y ampliar la superficie de cultivo.

Asimismo, ha criticado las políticas hídricas impulsadas tanto por el PSOE como por el PP, señalando que, a su juicio, están condicionadas por decisiones adoptadas en el ámbito europeo. En este contexto, ha cuestionado la financiación de proyectos hidráulicos en terceros países, como Marruecos, al considerar que generan una competencia desleal para los agricultores y ganaderos españoles.

En su intervención, también ha reclamado priorizar las inversiones en infraestructuras dentro del territorio nacional y ha advertido de que no es coherente, en su opinión, limitar el uso del agua para regadío en España mientras se destinan recursos a actuaciones fuera del país.

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a aprobar el próximo martes, día 31 de marzo, en Consejo de Gobierno, el recurso contencioso administrativo para reclamar al Ministerio para la Transicion Ecológica y el Reto Demográfico la aplicación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Así lo ha avanzado el presidente regional, Emiliano García-Page, quien ha calificado de “doloroso” denunciar al Gobierno de España, “por el incumplimiento de sentencias en relación con el agua”, en referencia a las cinco sentencias ganadas en el Tribunal Supremo “a favor de los derechos del agua en Castilla-La Mancha”, que “no se ganan así como así”.

“Son años peleando”, ha lamentado el presidente regional, apuntando que después de esta pelea ya han pasado “otros cuatro años sin cumplir con las sentencias”.

La ministra apela al consenso dialogado

A esta cuestión ha respondido desde Toledo, la exalcaldesa de la ciudad y actual ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. Ha defendido que el tema del agua “se soluciona hablando y, sobre todo, con diálogo y con consenso” antes que acudir a los tribunales.

A su juicio, se trata de una cuestión que “se puede evitar hablando” con el Ministerio de Transición Ecológica. Y tras reseñar que siempre defenderá “el no al trasvase” porque sabe lo que significa, ha querido subrayar “algo que es muy importante, y es el cambio de talante de este Gobierno con respecto a otros gobiernos en el tema del agua” y del Tajo, donde se han “sacado adelante cuestiones que parecían de alguna forma que no se iban a poder sacar con respecto al tema del Tajo”.

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha procedido al cierre del canal de trasvase entre los embalses de Entrepeñas (Guadalajara) y Buendía (Cuenca), en la cabecera del río tras la apertura de sus compuertas, el pasado 19 de febrero por la acumulación de agua tras el tren de borrascas.

Ahora, la reducción de aportaciones hídricas ha permitido concluir el trasvase de agua desde el pantano de Entrepeñas a su vecino Buendía. Esta fue la segunda vez que se abrió la infraestructura desde su puesta en funcionamiento en 1997. El año pasado en primavera también tuvo que abrirse la compuerta debido a la misma causa: lluvias intensas que desbordaron Entrepeñas hasta llegar al nivel de trasvase.

Esta vez se puso en funcionamiento en lámina libre con unos 12m³/segundo iniciales y hasta un máximo de 23m³/s tras alcanzar la cota de trasvase de 711,83 metros sobre el nivel del mar en el embalse de Entrepeñas.

El trasvase pudo ser activado de nuevo gracias a las importantes precipitaciones y consecuentes aportaciones ocasionadas por la evolución de una cadena de borrascas que comenzó el día 25 de enero de 2026 con la borrasca Joseph y finalizó el día 13 de febrero de 2026 tras el paso de la borrasca Oriana. Las borrascas intermedias fueron denominadas Kristin, Leonardo, Marta y Nils.

Durante el mes que ha permanecido abierta está conducción se han trasvasado aproximadamente 36 hm³ que, “de otra forma, se hubiesen tenido que desembalsar para mantener el resguardo de seguridad en la presa de Entrepeñas”, señala la confederación.

Nuevo trasvase del Tajo al Segura, esta vez de 180 hectómetros cúbicos para tres meses, y nuevo cabreo en el Gobierno de Castilla-La Mancha. Mientras que todavía no se han aprobado las nuevas reglas de explotación y el Ejecutivo regional ultima una demanda para reclamarlas, el Gobierno de Page ha dicho que esta nueva derivación de agua “dilapida el 11% el almacén de agua embalsada que hay en estos momentos en Entrepeñas y Buendía”, en la cabecera del río Tajo.

Así lo ha indicado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien ha recordado que este nuevo trasvase se aprueba con las actuales reglas de explotación, “con las que no estamos de acuerdo y cuya aplicación significa que los embalses de cabecera pueden perder las reservas que habían acumulado”. Esta circunstancia, alerta, puede repetirse en meses sucesivos, aprobando trasvases a razón de 60 hectómetros cúbicos al mes hasta el final del año hidrológico con la actual coyuntura.

Al respecto, consejera ha señalado que, además, quedan más de 135 hectómetros cúbicos pendientes de trasvasar y que, con la actual situación, “no hay capacidad técnica ni sostenible para poder llevar esos recursos al Levante y a Murcia, más teniendo en cuenta que en estos momentos el Levante y Murcia no necesitan estos recursos al no tener capacidad de almacenamiento”.

Por este motivo, ha dicho no entender cómo el Gobierno de España está permitiendo esta situación “sin que se tengan en cuenta medidas de sostenibilidad”, cuestiones que, por otro lado, “el Partido Popular está encantado de que sean así”. “No estamos conformes, creemos que se están perdiendo todas las oportunidades para modificar las reglas de explotación del trasvase y nos reafirmamos en la necesidad de establecer una demanda judicial por incumplimiento del Real Decreto de la Planificación Hidrológica del Tajo que se aprobó en 2023 y que el Gobierno central está incumpliendo día sí y día no”, ha concluido.

El Gobierno central dice cumplir con “parte” de la normativa

A esta cuestión se ha referido precisamente el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido. Ha apuntado que el Ejecutivo central “no está causando ningún perjuicio grave” a la Junta de Castilla-La Mancha en materia de agua y ha añadido que “hay parte de la normativa que se está cumpliendo”.

El delegado del Gobierno ha explicado que los cauces ecológicos se vienen cumpliendo desde el mes de septiembre. “Cierto es que hay que revisar cuáles son los entrantes en los embalses de Entrepeñas y Buendía y los desembalses que se pueden producir. Pero con esto quiero decir que hay parte de la normativa que se está cumpliendo”.

Al mismo tiempo, ha indicado que “hay que ser prudentes” en la aplicación de toda la normativa europea en su conjunto, que también puede afectar al Levante. “Por eso creo que el Gobierno de España está siendo muy prudente, no está causando ningún perjuicio grave a Castilla-La Mancha y está permitiendo ser solidario con el desarrollo del Levante.

A este ritmo, se llevarán media cabecera con el piloto automático si no se pone freno

Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía

Por su parte, la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía ha tachado el nuevo trasvase de “irracional”. “A este ritmo, se llevarán media cabecera con el piloto automático si no se pone freno”, destacan, al tiempo que critican que el trasvase se aplica también a marzo, “anulando la decisión anterior y poniendo de manifiesto el absurdo de aprobar estos envíos en ciclos de tres meses”.

El presidente de la Asociación, Borja Castro, denuncia que esta decisión confirma que el sistema continúa operando exactamente igual que en el pasado. “Se siguen aprobando trasvases automáticos con reglas antiguas como si nada hubiera cambiado. Da igual que sobre agua en el Segura o que el sistema esté en transición hacia nuevas normas: el piloto automático sigue funcionando”, afirma.

Desde la Asociación recuerdan que el principal problema es que el sistema continúa funcionando con unas reglas de explotación “desfasadas”, que “deberían haberse actualizado hace ya dos años para aplicar el escalonamiento previsto hasta 2027”. “Mantener los envíos automáticos con la normativa antigua deja en la práctica inoperativo ese proceso de adaptación, que precisamente debía reducir progresivamente los volúmenes trasvasables para ajustarlos a la nueva realidad del Tajo”.

Con todo ello, la Asociación reclama al Ministerio para la Transición Ecológica que “abandone la rutina de aprobar trasvases automáticos con reglas antiguas” y aplique “de una vez” el marco previsto para los próximos años. “No se puede hablar de adaptación del sistema mientras se sigue haciendo exactamente lo mismo que antes, quedan nueve meses para 2027 y parece ya el parto de los montes que decía Esopo”, concluye Castro.

El Gobierno de Emiliano García-Page sigue confrontando con el de Pedro Sánchez por las nuevas normas de explotación del trasvase Tajo-Segura. No está de acuerdo el Ejecutivo castellanomanchego con la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) de esperar a que se resuelvan todos los recursos para publicar la nuevas reglas sobre el acueducto, algo que lo que obliga el nuevo ciclo de planificación hidrológica.

Lo ha dicho el vicepresidente segundo del Gobierno autonómico, José Manuel Caballero: “No compartimos su posición, por sentido común y porque hay suficientes sentencias que dan la razón a Castilla-La Mancha, que establecen la obligación de unas nuevas reglas de explotación y que suponen que se va a enviar menos agua al Levante”.

Reitera así que esta comunidad autónoma necesa esa agua en la cabecera. “La necesita el propio río Tajo y la necesitamos para nuestro desarrollo económico y agrario”.

“Una ley que nos da la razón”

Por todo ello, la Junta de Castilla-La Mancha ha vuelto a exigir al Ministerio que cumpla con las sentencias y que “no admita las dilaciones que, sin duda, está intentando conseguir el Levante con el único objetivo que no se aplique una ley que nos da la razón y que beneficia a Castilla-La Mancha”.

De hecho, los servicios jurídicos de Castilla-La Mancha siguen preparando la demanda que este Ejecutivo va a presentar contra el Gobierno de España para que se cumpla la disposición establecida en el Real Decreto de aprobación de la planificación hidrológica de las confederaciones, a la hora de adaptar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Los servicios jurídicos de Castilla-La Mancha están ya preparando la demanda que este Ejecutivo va a presentar contra el Gobierno de España para que se cumpla la disposición establecida en el Real Decreto de aprobación de la planificación hidrológica de las confederaciones, a la hora de adaptar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

“En el momento en que esté disponible” se presentará, ha avanzado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien no ha concretado si esa demanda, cuya presentación tendrá que aprobarse por Consejo de Gobierno, estará lista a lo largo del mes de enero.

Ha recordado al respecto que, en la última reunión del Consejo Nacional del Agua, el Gobierno de España dijo que iba a esperar a una sentencia pendiente del Tribunal Supremo en relación a una demanda del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), y “en función de lo que saliese” tomaría la decisión que considerase oportuna.

Sin embargo, el Gobierno de Castilla-La Mancha les ha comunicado que no es necesario tener que esperar a dicha sentencia para adoptar una decisión, ya que “hay otras resoluciones judiciales que avalan no solo los criterios establecidos en la planificación hidrológica” de la cuenta del Tajo y otras “que incluso avalan que se tiene que ir a máximos” no solo en la progresión de la planificación 2025-2027 sino a lo que taba estipulado pensando en las zonas de la Red Natura 2000 de la región, que están viéndose afectadas por la falta de caudales ecológicos, como ha ocurrido con el río Tajo a su paso por Toledo.

Dos propuestas de Castilla-La Mancha para “ayudar al Estado”

En este punto, ha avanzado que el Ejecutivo regional sigue pendiente de mantener un encuentro con la Vicepresidencia Tercera y la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno central para articular las medidas necesarias a llevar a cabo, teniendo en cuenta que desde el Gobierno castellanomanchego se han presentado hasta dos propuestas técnicas “para ayudar al Estado a tomar una decisión”.

Además, Mercedes Gómez ha adelantado que este mismo miércoles se reunirá la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura para previsiblemente aprobar un nuevo trasvase de 27 hectómetros cúbicos de agua correspondiente a tres meses, para el que se aplicará la regla de normalidad, por la situación del agua embalsada y las precipitaciones en Entrepeñas y Buendía.

Algo que, “teniendo todavía 64 hm3 pendientes de trasvasar del año hidrológico anterior” no cumple, desde el punto de vista del Ejecutivo autonómico, con lo que debería de ser esa disposición de la normativa de aprobación de la planificación hidrológica.

“Me están avergonzando los incomprensibles rechazos de la Administración central para aprobarlas”. Con esas palabras, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, manifestaba su sorpresa este verano porque todavía no se hayan aprobado unas nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Y hace solo un mes, Page incrementaba la presión, asegurando que, si estas Navidades no están aprobadas dichas normas, iría a los tribunales para exigir el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo que ratifican la implantación de caudales ecológicos en el tramo medio del río Tajo. La ministra del ramo, Sara Aagesen, respondía que no será necesario.

Con ese contexto de presión para crear unas nuevas normas que regulen el funcionamiento del acueducto, la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss ha presentado este miércoles una propuesta de modificación de esas reglas. Un planteamiento que, aseguran, cuenta con el apoyo de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha y que busca hacer frente a una situación de “sobreexplotación” de los embalses de Entrepeñas y Buendía - la cabecera del río desde donde sale el agua- y asentar un sistema “resiliente”. Siempre desde un enfoque técnico, aseguran.

El encargado de presentar de forma pública esta propuesta ha sido Antonio de Lucas Sepúlveda, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y doctor en Hidrología y Gestión de los Recursos Hídricos por las Universidades de Alcalá y Rey Juan Carlos.

elDiario.es Castilla-La Mancha ha hablado con él para conocer su idea de regulación y saber qué es lo que consideran que ha fallado en el actual sistema.

¿Cómo funciona actualmente el trasvase Tajo-Segura?

El trasvase es una gran infraestructura que funciona muy por debajo de las expectativas. No se puede trasvasar toda el agua que estaba pensada derivar y uno de los problemas es determinar cuánta agua se puede traspasar. Y para eso está, en última instancia, la figura de las reglas de explotación.

Las reglas de explotación se limitan única y exclusivamente a hacer una programación mensual de un agua que está declarada excedentaria en otra ley. Entonces, ¿qué es lo que se puede traspasar cada mes? Pues lo que sale del resultado de aplicar esas reglas de explotación que están pensadas única y exclusivamente con el objetivo de mantener unos envíos uniformes y evitar situaciones de excepcionalidad hidrológica de Entrepeñas y Buendía. No están pensadas para mejorar la situación del Tajo desde el punto de vista del concepto legal de las mismas.

Bajo el paradigma de estas normas, ¿todo lo que exceda de determinada cantidad en los embalses de Entrepeñas y de Buendía es agua excedente que debe derivarse hacia el trasvase?

Es agua excedente que puede derivarse al trasvase. Y uno de los problemas es que si intentamos llevar todo lo que requiere el trasvase, pues vaciaríamos Entrepeñas y Buendía rápido. Entonces, para evitar ese problema, se inventaron las reglas de explotación.

Las reglas de explotación del trasvase son un parche a una mala definición de excedentes, pero sean buenas o malas, es la ley y hay que cumplirla. Y con ellas se intenta poner un freno a la caída de reservas y poder mantener un mínimo de estabilidad, algo que no se está consiguiendo plenamente hasta ahora. De ahí la idea de cambiarlas o de modificarlas, además de adaptarse a los valores ecológicos del Tajo, del plan de Tajo, que es otro requerimiento que hay que hacer ahora.

Las reglas de explotación del trasvase son un parche a una mala definición de excedentes, pero sean buenas o malas, es la ley y hay que cumplirla

¿Qué problemas generan las actuales reglas de explotación?

La sobreexplotación del sistema. Se está intentando sacar más de lo que el sistema puede atender de manera sostenible. Entonces se produce una situación contradictoria, en la que la excepcionalidad hidrológica es lo normal. Si vemos los últimos años, hemos estado mucho tiempo en el nivel 3 (zona de resguardo), con tensiones y con problemas.

Ese es realmente el problema. Hay una expectativa de trasvasar más agua de la que realmente se puede y el sistema no lo soporta. Es como una cuenta de ahorros: si intentamos sacar más dinero del que nos entra, pues la vamos a vaciar. Lo mismo ocurre con cualquier embalse, en este caso, con Entrepeñas y Buendía. Y lo que ocurre con las reglas de explotación es que están dimensionadas para intentar sacar más de lo que se puede.

¿Y cuáles son las consecuencias de ese exceso de trasvase?

Niveles de agua embalsada en Entrepeñas y Buendía bajos. Indirectamente, eso afecta a la cuenca del Tajo. Tiene una afección muy grande en los municipios ribereños, que no pueden desarrollar el potencial turístico y recreativo que tienen estos embalses. Y toda la industria alrededor de turismo, de ocio, de alimentación... que pueda haber.

Hay una expectativa de trasvasar más agua de la que realmente se puede y el sistema no lo soporta. Es como una cuenta de ahorros: si intentamos sacar más dinero de lo que nos entra, pues la vamos a vaciar

Y, mientras, los usuarios del trasvase lo que tienen es una expectativa de agua que no ven cumplida. Hay problemas en situaciones de excepcionalidad hidrológica en las que se producen tensiones, incluso muchas veces más subvenciones, reales decretos de sequía o cualquier otra serie de medidas. En el fondo es una mala gestión. Al final, si el sistema está inestable y los problemas están por todos los sitios.

Hace un par de meses, desde el Gobierno de Murcia criticaron una mala gestión del agua de los embalses de cabecera en base a un informe de la Universidad de Alicante, algo que fue respondido desde el Gobierno de Castilla-La Mancha argumentando que, en realidad, lo que hay es una gestión inadecuada del agua del trasvase. ¿Quién tiene razón?

No he podido acceder al informe de la Universidad de Alicante, pero sí a sus reseñas en la prensa. Y, por lo que he visto, lo que realmente argumentan es que por Aranjuez pasa mayor caudal que el caudal mínimo que hay ahora fijado. Eso no es mala gestión. Un caudal mínimo es un mínimo, pero no significa que no pueda ir más agua por ese río.

Puede ser por un mayor desembalse, porque ha habido lluvias intermedias, porque la Confederación Hidrográfica del Tajo ha considerado adecuado desembalsar más para atender los usos de aguas abajo, porque los usos previstos no hayan cogido el agua o por cualquier motivo. Pero que en Aranjuez haya un caudal superior al caudal ecológico no es achacable a una mala gestión.

Con respecto a la respuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha acerca del uso que se hace en el sureste de España del agua, pues creo que son temas diferentes. El uso que se haga en el agua en la cuenca del Segura, se tiene que regular dentro del Plan Hidrológico del Segura, haciéndolo de acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Segura.

Y es ahí donde se tienen que plantear las soluciones o cómo se tienen que gestionar. Es un error condicionar la gestión del Tajo a lo que puedan pensar o quieran hacer en el Segura. La necesidad del Tajo es la que es y su realidad no puede depender de que en el Segura quieran usar más o menos agua.

Y en ese contexto, desde la Cátedra del Tajo se propone una modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. ¿Cuál es la propuesta?

Se trata de modificar el Real Decreto que lo regula, que es una competencia que tiene el Gobierno de España. Y la modificación se basa en una propuesta que ya hicimos hace dos años, y que presentamos para la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía. Consiste, básicamente en evitar lo que ha pasado este año cuando se ha llegado a nivel 1.

El nivel 1 es donde se puede traspasar más agua y eso se asocia a abundancia. Puedes pensar: “Oye, qué bien que están bien los embalses”, pero es que se ha entrado en nivel 1 cuando Entrepeñas y Buendía estaban a poco más del 50% de capacidad. Es decir, hemos dicho que estaba muy bien cuando estaban en un proceso de recuperación.

Así que, al entrar en nivel 1, se ha aumentado el trasvase y eso ha hecho que baje el agua embalsada. Una de las cosas que hay que hacer es elevar el umbral de agua embalsada con el que se llegue al nivel 1: proponemos que ese umbral sea el 80% de la capacidad de llenado de Entrepeñas y Buendía. O sea, que se llegue a este nivel 1 cuando las reservas estén adecuadamente recuperadas.

Luego, la otra parte importante de la propuesta es la cantidad de agua que se derive cuando haya nivel 2, que es el que asociamos a situación de normalidad y que es en el que se debería estar de manera habitual. Hay que adaptarlo a lo que realmente se pueda sacar. O sea, si en nivel 2 intentamos sacar más agua de la que se puede, tenemos lo que hay ahora: no va a haber agua y van a caer las reservas. Esa cantidad de agua a trasvasar en el nivel 2 está ahora mismo está fijada en 27 hectómetros cúbicos, y habría que bajarla para implementar caudales ecológicos en el río Tajo y para adaptarla a las necesidades. La propuesta que hacemos es dejar el trasvase en nivel 2 en 10 hectómetros cúbicos.

Parece una reducción fuerte, pero realmente es la adaptación necesaria que hay que hacer, teniendo en cuenta tanto los mandatos legales que hay y la adaptación al plan hidrológico y a la realidad hidrológica.

Proponemos dejar el trasvase de nivel 2 en 10 hectómetros cúbicos. Parece una reducción fuerte, pero realmente es la adaptación necesaria teniendo en cuenta tanto los mandatos legales como la adaptación al plan hidrológico y a la realidad hidrológica

Luego hay un retoque menor del nivel 3, pero lo fundamental es subir las reservas en nivel 1 y bajar lo que queremos sacar en nivel 2, que es lo que marca la sostenibilidad para poder realmente tener un sistema resiliente.

¿Qué se conseguiría de implantarse esta propuesta?

Con estas medidas lo que queremos conseguir es que la gestión de Entrepeñas y Buendía sea estable y sostenible. Intentar mantener el nivel 2 continuamente y que no baje al nivel 3. Ojalá estuviera siempre el nivel 1, pero no tenemos las aportaciones de agua necesarias para ello. Entonces, hay que ser realistas y plantear que, en normalidad, vamos a poder hacer algo que realmente podamos mantener. Ese es el objetivo. ¿Qué consecuencias tendría? Pues que el nivel de llenado de Entrepeñas y Buendía, que ahora mismo está de media en 30%, subiría a un 65%.

De cara al trasvase, habría un trasvase garantizado. O no garantizado, pero con una cierta estabilidad, una uniformidad a consecuencia de estar siempre el nivel 2. ¿Que es menos cantidad de lo que les gustaría a los receptores? Pues sí, pero es que el agua es la que es. Y no es una decisión política. Es una cuestión técnica, que es aplicar la lógica hidrológica a la realidad.

¿Entonces esta modificación no sería bien acogida por parte de los receptores del agua del trasvase?

No puedo asegurar directamente su respuesta, pero por experiencias anteriores y las declaraciones que hacen ahora, entiendo que no les gustará. Pero para mí es un error conceptual. No es que no les guste que les hagamos la propuesta, es que no les gusta que les digan cuál es la realidad. Realmente, más que una confrontación, es saber aceptar la realidad. En el caso de las reglas de explotación es un tema técnico y sale lo que sale.

A los receptores de agua del trasvase no es que no les guste que le hagamos la propuesta, es que no les gusta que les digan cuál es la realidad. Realmente, más que una confrontación es saber aceptar la realidad. En el caso de las reglas de explotación es un tema técnico y sale lo que sale

¿Se ha presentado este proyecto ya ante alguna administración?

La hemos presentado a la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha y este organismo la ha llevado a la Dirección General del Agua regional.

Me imagino que lo estarán valorando, estarán evaluando los cálculos que han hecho ellos, los cálculos que ha hecho el Centro de Estudios Hidrográficos y no sé si ellos realizarán alguna valoración o lo tendrán en cuenta o no. Pero realmente es una propuesta basada en criterios técnicos, documentada y escrita y razonada.

Hace unas semanas, Page realizaba unas declaraciones en las que afirmaba que la desalación es “el único futuro para el Mediterráneo”. ¿Las comparte?

El tema de la desalación es un tema de planificación del sureste de la península. La atención de las demandas de regadío en el sureste es un problema serio y debe estudiarse con seriedad, pero en el ámbito que corresponde.

Tienen que ser conscientes que el agua del trasvase no es que se quiera dar más o menos, sino que es la que es. Y además, otra cosa que aparece apuntada también en el Esquema de Temas Importantes de la planificación hidrológica en la propuesta que ha salido la semana pasada, es que la presión que tiene el Tajo de usos propios es elevada y se prevé que va a ser más elevada.

Y ahora mismo, el único pulmón que tiene para atenderlas, son los embalses de cabecera Entrepeñas y Buendía. Es decir, que es previsible que se requiera más agua, hacer una presión mayor de extracción en Entrepeñas y Buendía para necesidades del Tajo, que va a implicar menor disponibilidad de excedentes para trasvasar. Y la prioridad es para la cuenca cedente. No es hachazo político ni decisión política, sino la realidad.

Entonces, ¿es la desalación el único futuro? El futuro realmente consiste en ser conscientes de lo que hay, que lo planifiquen bien, que lo hagan bien. Y la desalación es una alternativa que tienen para conseguir agua. También –esto ya es opinión personal– la desalación no consiste en pedir al Ministerio que haga desaladoras. Las desaladoras también pueden surgir de iniciativa propia. Y, que yo sepa, no hay ningún proyecto de hacer una desaladora importante financiada directamente por los regantes del trasvase Tajo-Segura.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que en Aragón “no sobra agua, lo que falta son las obras pendientes del Pacto del Agua, que se han paralizado, y el impulso de la regulación del río Gállego”. Esta afirmación supone una vuelta de tuerca respecto a lo afirmado hace apenas un mes en Murcia, donde proclamó que había que “traer agua de los sitios donde sobra”, entre aplausos de Jorge Azcón.

El dirigente popular se ha expresado así durante su intervención en el acto del Día del Afiliado del PP-Aragón, al que asiste por segundo año consecutivo, y que se ha celebrado este sábado en el Parque de Atracciones de Zaragoza, con medio millar de asistentes.

Feijóo ha indicado que volverá a Aragón en la campaña electoral de las próximas elecciones generales para subrayar su compromiso como candidato a la Presidencia del Gobierno de España y exponer sus proyectos para la comunidad autónoma. No obstante, “hay cuatro cosas que tengo claro que haré en Aragón”, ha adelantado. “Hay que recuperar la igualdad, lo que significa un sistema de financiación equitativo, respetuoso, justo y consensuado, en el que se tenga en cuenta la despoblación de Aragón”, ha manifestado el líder del PP.

Por otra parte, “que quede claro, en Aragón no sobra agua, lo que falta en Aragón son las obras pendientes del Pacto del Agua que se han paralizado y el impulso de la regulación del río Gállego. Eso es lo que falta en Aragón”. De este modo se ha pronunciado Alberto Núñez Feijóo ante la polémica generada sobre la recuperación del trasvase del Ebro, algo que desde el PP-Aragón y el Ejecutivo autonómico habían rechazado.

Asimismo, el presidente del PP ha reconocido que ninguna otra comunidad autónoma está captando tanta inversión empresarial como Aragón, pero “para que tiren esas inversiones de miles de millones de euros, que superan el PIB anual de la comunidad, es necesario garantizar una red eléctrica”.

En este sentido, ha garantizado “un incremento sustancial” y se ha comprometido a “invertir en redes, que es lo que necesita la industria de Aragón”.

“Teruel necesita mayor compromiso y mayor protagonismo”, ha anotado Feijóo en cuarto lugar. Por lo tanto, “esas ayudas que hemos conseguido en la Unión Europea las vamos a incrementar hasta el 20%, que es lo que está autorizado por la UE”.

Igualmente, “vamos a concretar los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que Teruel necesita, a finalizar las autovías pendientes, como la agilización de la A-68, y también vamos a trabajar en la planificación, en la licitación, en la ejecución y en la construcción de la autovía que una Teruel con la capital de España, para vertebrar Teruel con el resto de Aragón y con el resto de España”.

El debate sobre el trasvase se ha vuelto a colar en la actualidad política aragonesa. Lo ha hecho a raíz de una entrevista de la exdirigente popular madrileña Esperanza Aguirre, que cuestionada sobre las medidas que revertiría ha citado expresamente el Plan Hidrológico Nacional, que ha pedido “reponer”. La reacción del presidente aragonés, Jorge Azcón, no se ha hecho esperar: ha mostrado su postura “radicalmente en contra” y ha valorado que la cuestión “no está en la agenda del PP”.

En la entrevista, concedida al diario 'Información' de Alicante, la exjefa de Gobierno madrileña y exministra de Educación ha apuntado que recuperaría el PHN, que incluía el trasvase del Ebro, estaba “financiado por la Unión Europea” y que el PP había decidido ya “la construcción de todas las infraestructuras hidráulicas que son necesarias para un país seco como es España”. “Para mi gran indignación, en 2011 el Gobierno de Mariano Rajoy no lo retomó”, ha lamentado.

A continuación, y ante la postura contraria desde el PP aragonés, ha añadido: “Pues habría que explicarle que el Ebro está tirando al mar todos los años decenas de miles de litros de agua y eso no se puede consentir”.

Sobre estas afirmaciones ha sido preguntado el presidente Azcón, antes de una reunión de trabajo del PP en Zaragoza junto con el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local de partido, Elías Bendodo.

El jefe del Ejecutivo aragonés ha dicho estar “radicalmente en contra” del trasvase, que desde su punto de vista “no está y no va a estar en la agenda del PP”. “Aguirre puede tener una opinión, pero no hay ningún proyecto de trasvase del Ebro encima de la mesa, ni ningún proyecto de trasvase del Ebro en la agenda del PP”, ha abundado Azcón. “Nuestra opinión no cambia –ha afirmado–. En Aragón no sobra agua, necesitamos las obras que llevan décadas de retraso para que nuestros agricultores puedan seguir ganándose la vida. Es un debate que de vez en cuando sale a la palestra pero que es ficticio”.

A continuación, el dirigente popular ha aprovechado para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez. En su opinión, “lo que de verdad le está ocurriendo al campo aragonés es que quien tiene que hacer las infraestructuras hidráulicas y acometer los embalses, que es el Gobierno de España, las tiene paralizadas”. Como “ejemplo más evidente” ha puesto el embalse de Yesa.

“Azcón aplaude”

Al debate se ha sumado también el PSOE aragonés. Su portavoz adjunta en las Cortes de Aragón, Leticia Soria, ha manifestado que “el PP ningunea a Aragón y Azcón lo sabe”. “Aun así”, ha lamentado Soria, “Azcón aplaude cuando Feijóo pide el trasvase del Ebro, en lugar de levantarse y marcharse”. “No nos merecemos en Aragón un presidente que no nos defienda”, ha añadido.

La portavoz adjunta de los socialistas ha argumentado que “Azcón disimula, y aquí nos intenta vender una realidad que no existe”. “Lo que existe y es real es que está sumiso a lo que le diga el PP de Madrid”, ha dicho. Ha recordado que hace poco “todos vimos a Azcón aplaudir al presidente de Murcia cuando pide el trasvase”. Ante esta realidad, hoy Soria ha insistido en trasladarle a Azcón “que no nos tome por tontos a los aragoneses”.

El trasvase del Ebro y el aplauso que el presidente aragonés, Jorge Azcón, dedicó a unas palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando planteó desde Murcia que “hay que traer el agua de los sitios donde sobra”. El portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Fernando Sabés, ha considerado “una vergüenza” esta acción de Azcón, mientras que el jefe del Ejecutivo ha justificado que el dirigente gallego se refería al trasvase Tajo-Segura, “que ya existe”.

Sabés ha espetado a Azcón que “no es de políticos valientes aplaudir cuando Feijóo planteó hacer un trasvase del Ebro y un nuevo Plan Hidrológico Nacional”, una “vergüenza” para todos los aragoneses. “Yo creo que usted tiene un problema, señor Azcón, y el problema es que se pensaba que los aragoneses no estaríamos alerta, no nos percataríamos de lo que sucedió. Ese control que usted quiere realizar siempre de esos medios públicos, pues lleva a que pueda pensar eso”, ha continuado.

El parlamentario del PSOE ha aseverado que “todo el mundo sabe que el Partido Popular plantea llevar agua a Murcia y cuando lo hace el Partido Popular siempre es sinónimo de trasvase”, pronosticando que así ocurrirá si Feijóo llega a ser presidente del Gobierno de España. “Usted vendió muy barato a esta Comunidad Autónoma” en Murcia, ha continuado Sabés, echándole en cara que aplaudiera la intervención de Feijóo sobre política hidráulica, recalcando que el líder nacional del PP planteó el trasvase del Ebro.

También ha dicho que “los aragoneses no perdonarán nunca un presidente que aplauda cuando su líder está planteando un trasvase del Ebro”, recordando que hace 20 años “la sociedad aragonesa se movilizó” contra el trasvase que anunció el Gobierno de España de José María Aznar y después “esa sociedad aragonesa, con un Gobierno socialista en esta comunidad autónoma y con José Luis Rodríguez Zapatero en Madrid, en el Gobierno del Estado, derogó ese trasvase”.

El portavoz socialista ha sido claro: “Usted no será ministro de Feijóo porque los españoles no le apoyarán, no apoyarán a un Gobierno que plantearía bajar el salario mínimo interprofesional, volverían a subir el 0,25% las pensiones y porque cada vez que planteamos una mejora de los servicios públicos, ustedes están a la contra, siempre votan no en el Congreso, en el Senado y aquí también”.

“Señor Azcón, usted tapa absolutamente todo con anuncios, anuncios y anuncios, como hizo en el debate del estado de la Comunidad. ¿Pero qué credibilidad tienen esos anuncios después de dos años de no hacer nada? ¿Cómo le va a creer la sociedad aragonesa cuando, por ejemplo, hace una semana hubo una movilización muy importante en el hospital de Barbastro por el desastre de gestión en ese hospital que atiende a mitad de la provincia de Huesca?”. “Vuelva al Aragón real”, le ha exigido.

El aplauso a Lambán

En su respuesta, el presidente Azcón ha explicado que las palabras de Feijóo en Murcia no tenían que ver con el Ebro: la referencia que hizo, ha argumentado, era al agua del trasvase Tajo-Segura, que “ya existe”. “Si hay agua, primero que se cubran las necesidades de Castilla-La Mancha, pero si sobra ese trasvase, que existe desde 1970, puede llevar agua a Murcia”, ha manifestado. Los socialistas, ha valorado a continuación, tienen “serias dificultades” para explicar esto en Murcia. “De eso se está hablando cuando se habla de que sobra agua”, ha señalado Azcón.

Sobre su aplauso, el jefe del Ejecutivo regional ha tratado de cambiar el foco y le ha dicho a Sabés que lo que le dio vergüenza es que los socialistas no aplaudieran en las Cortes cuando anunció que concederia un premio al expresidente Javier Lambán a título póstumo. “Ustedes no solamente han sido noticia nacional por no aplaudir, han perdido la dignidad, la dignidad personal y política”.

Jorge Azcón ha considerado que, si un partido como Junts pidiera un trasvase, los socialistas aragoneses lo apoyarían, “como ya hicieron en 2008” y “aplaudirían con las dos manos, como aplauden la amnistía, los indultos y la ruptura de la igualdad con la condonación de la deuda, el cupo energético y los menores inmigrantes”. “¿Ahora pretenden romper la igualdad con los derechos sociales? ¿Qué nos van a contar sobre lo que es traicionar los principios si al Partido Socialista ya le da igual defender la igualdad de los españoles? Solo quiere defender a Sánchez”.

El jefe del Ejecutivo autonómico se ha dirigido al portavoz socialista para decirle: “Usted me habla de cumplir los compromisos cuando pertenece a un partido que se ha inventado el cambio de opinión para llamar a las mentiras”, en alusión a loa indultos a los indepedentistas y la amnistía o la corrupción: “Ustedes mienten abiertamente”.

Azcón ha asegurado que “en el grupo socialista hoy se impone la ley del terror, hay que aplaudir cuando usted habla porque si no, a ver si van a mandar alguna foto y alguno se queda sin acta de diputado”.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha abordado este domingo en Murcia la cuestión de la política hidráulica nacional dejando claro que es partidario de las transferencias de agua entre territorios: “Hay que traer el agua de los sitios donde sobra”, ha defendido en el acto de presentación de la Declaración de la Región de Murcia, en una intervención aplaudida por los barones populares, entre ellos el presidente aragonés Jorge Azcón.

Sin pronunciar en ningún momento la palabra trasvase en el minuto que ha reservado en su discurso para el espinoso asunto que enfrenta desde hace años a Aragón con regiones como la de Murcia, Feijóo ha reivindicado que su partido “habla de agua con sentido, pero no enfrentando, sino planificando”.

Por ello, ha abogado por “reutilizar” y “reciclar” el agua en primer lugar. “Y cuando hayamos reutilizado y reciclado el agua al cien por cien, y cuando aún así falte agua, hay que traer el agua de los sitios donde sobra”, ha defendido conJorge Azcón sentado a su espalda junto al resto de presidentes autonómicos del PP.

Fuentes del PP en Aragón han subrayado que su posición en esta cuestión “es clara y rotunda” desde hace años: “En Aragón no sobra agua. Necesitamos hasta la última gota para garantizar nuestro crecimiento y nuestro desarrollo presente y futuro”, han defendido como posicionamiento.

Plan Nacional

Feijóo ha echado mano del Pacto Nacional del Agua, dotado 40.000 millones de euros, “para acabar de una vez con tierras secas que necesitan simplemente el agua de donde sobra en las tierras húmedas”. “Eso es un Estado, eso es la solidaridad, eso es un proyecto nacional, eso es unir a la gente y no enfrentarla”, ha proclamado.

En esa línea, en el documento firmado de la Declaración de la Región de Murcia, aparece un punto en el que el PP insiste en la necesidad de un Pacto Nacional por el Agua que determine la planificación hídrica “como una política de Estado”.

Para ello contempla que las infraestructuras hídricas se concretarán en un capítulo específico del Plan Nacional de Infraestructuras ya que resultan “un pilar irrenunciable de la sostenibilidad y del futuro del medio rural, junto con los avances en las técnicas de regeneración y reutilización del agua”.

Los populares consideran que “con visión de Estado, inversión y gestión lograremos agua para toda España y conseguiremos que sea un elemento vertebrador para nuestro país”.

Además, en el ámbito de los regadíos, defienden que es necesario seguir apostando por una política de modernización y la aplicación de innovaciones que permiten una reducción energética y huella hídrica.

“El Partido Aragonés estará enfrente”

El presidente del Partido Aragonés y portavoz de la Agrupación Parlamentaria PAR-Grupo Mixto en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, ha reclamado este domingo al PP de Aragón y al PP de España que “digan de una vez por todas, de una forma clara, unánime y unísona, si defienden un trasvase del Ebro o no, porque el Partido Aragonés, si hay alguien que defiende un trasvase del Ebro, estará justo enfrente”. Aunque el PAR no forma parte del Gobierno, sí que tiene miembros de la formación en el Ejecutivo, y apoya de forma habitual las iniciativas de los populares.

“Espero que el presidente del Partido Popular de Aragón, Jorge Azcón, alce la voz, tenga voz propia, que defienda que Aragón esté por encima de todo y que lo demuestre de una forma contundente”, ha señalado Izquierdo antes de añadir que “para el Partido Aragonés no hay fisuras, no hay cortes y no hay nada que pueda ser negociable frente a un trasvase”.

El presidente del Partido Aragonés ha afirmado que “hay un mantra que los aragoneses seguramente nunca podremos eliminar, una sombra que nos persigue durante toda la historia y que cada vez que un presidente del Gobierno, da igual del color que sea, va al Levante español y agita: el trasvase”.

Ha señalado que “hay un partido que es Vox que ya no se esconde y, aun así, la gente le vota sorprendentemente”. “Santiago Abascal -ha proseguido- dijo abiertamente que pondría en marcha un plan hidrológico nacional si gobernaba y, aun así, siete diputados representan a Vox en las Cortes de Aragón”.

Por todo ello, ha señalado que “a veces uno se pregunta si los aragoneses tenemos claro lo importante que es el agua, si somos conscientes de que el día que Aragón no sea dueña de su propia agua no tendrá nada”.

“Agua, viento y sol, esas son las cosas que Labordeta reclamaba para esta tierra, que son nuestras y que son imprescindibles, y hoy vemos a un Núñez Feijóo, un presidente del Partido Popular gris, un presidente oscuro, un presidente al que nadie ve como presidente del Gobierno de España, ir a Murcia a mendigar unos votos diciendo que hará un trasvase del Ebro cuando él sabe que es imposible hidrológicamente, ambientalmente y económicamente, pero aun así lo defiende”, ha concluido.

Continúa la carrera del Gobierno de la Región de Murcia y los regantes de la zona del Trasvase Tajo Segura contra el descenso de los caudales del Tajo. En un nuevo capítulo por la batalla del agua en la Región, el Sindicato Central de Regantes ha presentado este jueves un informe que, aseguran, calcula el Impacto económico del trasvase Tajo-Segura en Alicante, Almería y Murcia.

Según el estudio, elaborado por PriceWaterHouseCoopers, la aportación al PIB nacional de las actividades económicas desarrolladas en la zona del trasvase Tajo-Segura ascendió a 3.912 millones de euros en el año 2024. Además, ha indicado que las actividades de agricultura, comercialización y transformación en las provincias del trasvase Tajo-Segura mantuvieron un total de 102.894 empleos en el año 2024, lo que supone un 5,8 por ciento más que en 2019. 

De acuerdo con sus cálculos, las hectáreas regadas por el Trasvase representan más del 30% de la superficie total de cultivo en las provincias de Alicante (34,7%) y Murcia (31,4%), mientras que en la provincia de Almería suponen el 1,5%. Del total, el 70% de los productos cultivados con el agua del trasvase se destinan a la exportación, “lo que representa una significativa contribución al PIB nacional”:

Recordemos que en mayo de este año el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas remitió al Gobierno central un cálculo que rebaja el volumen 'trasvasable' cuando los embalses de cabecera caen por debajo de los 1.600 hm3 para cumplir con el flujo mínimo legal en el curso. El volumen de las reservas de agua se puede clasificar en tres niveles: el nivel 1 que garantiza un bombeo automático de 60 hm3 mensuales; para el nivel 2 de reservas se ha rebajado la cantidad mensual permitida de 38 hm3 a 20 hm3; y en el nivel 3, el agua trasvasable pasaría de 20 a 11 hm3. También está prevista la reducción de las extracciones de las aguas subterráneas en aquellas zonas donde se entiende que hay sobreexplotación. “Las nuevas reglas rompen la estabilidad de la agricultura del sureste español”, defienden en el informe.

“Este informe no ha sido elaborado por un organismo público, sujeto a tensiones territoriales, ni un lobby empresarial”, ha defendido el director de la consultora en la Región de Murcia y antiguo consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán.

Pedro Luengo, coordinador de Ecologistas en Acción, ha recordado que “ninguna cifra de beneficios o laboral justifica saltarse la Ley o contaminar un espacio protegido y un acuífero”: “Cuanto más se jactan del dinero que mueven y los grandes beneficios, más justifican la necesidad de invertir mucho más en prevenir y en solucionar sus impactos”, ha subrayado. El ecologista ha apuntado al discurso “paradógico” de los defensores del Tajo Segura: “Cuando hablan de pedir agua parece que viven en la indigencia y al borde de la quiebra. Cuando sacan pecho, parece que son el sector principal de la economía murciana”.

“Parece que solo hay cambio climático en Murcia”

A la presentación del informe ha acudido el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que ha asociado principios identitarios entre la agricultura, el Trasvase y la Región de Murcia: “Esto [la defensa de la agricultura] va mucho más allá de los números, es nuestra identidad, es lo que somos y lo que sabemos hacer mejor que nadie. No vemos al País Vasco renunciando a la industria o a Galicia a la pesca”.

Sobre la promesa del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de tomar “acciones procesales” si las nuevas reglas de explotación del trasvase no entran en vigor antes del mes de septiembre, Miras ha replicado que “son declaraciones que deberían dar igual si se cumple el estado de derecho. Ni su Comunidad ni la mía tienen competencias sobre el agua”.

El jefe del Ejecutivo se ha preguntado por qué el único caudal ecológico que se ha ajustado es el que afecta al Trasvase Tajo-Segura: “Parece que el cambio climático solo está encima de la Región de Murcia”, ha ironizado. Miras omite que este caudal se revisó porque hasta ahora se estaba incumpliendo la Ley de Aguas. El plan de gestión 2015-2021 –elaborado cuando era ministra Isabel García Tejerina (PP)– establecía caudales mínimos, que copiaban los del plan anterior, pero que no se podían calificar de caudales ecológicos, según dictaminó el Tribunal Supremo en el año 2019. Este año, dictaminó que los caudales ecológicos deben aplicarse “de inmediato” y no de forma progresiva como había proyectado el MITECO. Sobre esto, Miras ha valorado que la decisión del Supremo sea “válida”, no quiere decir que esté “bien”: “Jurídicamente, el gobierno de la Región de Murcia puede cerrar hospitales, pues está en sus competencias, pero eso no significa que esté bien”, ha ejemplificado.

La Confederación Hidrográfica del Tajo trabaja en la reparación del canal del trasvase Tajo-Segura que ha sufrido una rotura en el tramo 2, en su paso por el municipio de Liétor en Albacete. La rotura se detectó el pasado 7 de agosto y se ubica entre la salida del túnel del Talave y el final del canal en el embalse del mismo nombre.

El trasvase se cerró inicialmente para vaciar el canal y permitir la inspección minuciosa del tramo afectado, así como la valoración precisa de los daños existentes. Una vez logrado el vaciado del canal en su totalidad, se inició de inmediato el reconocimiento de la parte afectada durante los días 11 y 12 de agosto.

Como resultado de la primera evaluación, se evidencian “graves daños” por colapso en los paños de la solera y de los taludes del canal, así como importantes alteraciones en el terreno sobre el que se asientan. Desde el organismo señalan que todavía se deben definir el alcance “detallado” de los trabajos necesarios para recuperar la funcionalidad de la infraestructura. El plazo se estima en un mes.

La Confederación señala que los trasvases no se verán “comprometidos” y que se informará del desarrollo de los trabajos de reparación.

Hay un organismo, la Confederación Hidrográfica del Tajo, que ha demostrado su opacidad a lo largo de los años. Y, ojalá solo fuera eso, ya que su gestión peca también de estar de parte, no de los intereses generales de la ciudadanía o lo que es peor, de la conservación adecuada de los cauces fluviales que dice defender. Claro está, que lo mismo podríamos decir de las Confederaciones Hidrográficas del Guadiana, del Júcar o del Segura, organismos, que junto a la homónima del Guadalquivir, son los que entienden de las aguas superficiales de Castilla-La Mancha.

Su gestión técnica y económica de la explotación de la infraestructura hidráulica de trasvase Tajo-Segura en la parte correspondiente al tramo de conducción desde la toma en el río Tajo hasta el desagüe en el embalse de Talave no ha sido acertada en la necesidad del caudal mínimo, depuración de aguas y estado de los cauces, riberas y ecosistemas que genera el río, confirmando en la ciudadanía la creencia, fundada, de que en materia de urbanismo se ha permitido más de una construcción que se saltaba la norma de proyección del cauce y riberas.

Y la Confederación, pese a tener casi todo su territorio de gestión en Castilla La Mancha tiene sus oficinas principales en Madrid, en la avenida de Portugal, 81. En nuestra región tiene oficinas de administración en Guadalajara, Carrascosa del Campo (Cuenca) y Toledo, en la plaza de Abdón de Paz, 11. Ante este exceso de centralismo, podría el Gobierno central decidir trasladar la sede central a nuestra región a tenor de la descentralización administrativa y la ocasión de inyectar medidas de actividad en las zonas despobladas, que las hay -y muchas-, en el territorio de la confederación.

Bien pudiera la confederación abordar la conservación, además del Patrimonio Natural, del Patrimonio Cultural que se encuentra sobre los cauces y en las márgenes de los ríos de su administración: puentes, azudes, molinos y batanes esperan un plan integral de intervención preventiva, restauradora, divulgativa y de uso. Por cierto que, en la sede toledana, en el palacio de Amusco, hizo obras de adecuación para las nuevas oficinas eliminando uno de los pocos jardines urbanos de la ciudad, dejándole encementado.

El organismo, como otros muchos en este país, maquilla su imagen mediante contenidos que saben que blanquean su desastrosa gestión: un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad (PAEAS); manifestaciones de discriminación positiva hacia la mujer, exposiciones (de la Sierra del Guadarrama y Valsaín) o reproducción de artículos nada críticos con su gestión. Y, sin embargo, no incluye en las zonas 'vulnerables' al área de Toledo-Montes de Toledo (lo está la Alcarria-Guadalajara, la zona de la Mesa de Ocaña o la llamada zona de Madrid-Talavera-Tiétar).

Por ello no resulta extraño que nos alarmemos por el ridículo caudal de estiaje que hemos visto estos días pasados y las evidentes muestras de elementos contaminantes que los efectos de una DANA nos habían permitido soñar, cual un espejismo, en un paisaje idílico de playas y aguas cuasi practicables. Dice Miguel Ángel Sánchez, presidente de la Red del Tajo, que han sido intereses privados los que han provocado la reducción drástica del caudal. Nada nuevo bajo el sol.

La Mesa del Agua. Un punto de encuentro para el tejido social y político de Castilla-La Mancha para tratar el gran tema de la región: la gestión de los recursos hídricos. Una cita que se ha repetido ya seis veces -desde enero de 2020-, que llegó a su última convocatoria con varios puntos pendientes.

Desde sus orígenes, la Junta castellanomanchega ha reivindicado la Mesa como un lugar para defender una posición “firme y unánime” en la defensa de los intereses del agua en la región, especialmente y sobre todo, en el caso del trasvase Tajo-Segura y su impacto en el río Tajo y, por tanto, en toda la comunidad autónoma.

Pero no solo se trata de trasvases, sino también de pozos, acuíferos y más elementos que resultan cruciales en la gestión medioambiental que se haga en la región.

“Todos vamos a leer nuestro libro”, reflexiona Alejandro Cano, que es el presidente en funciones de la Plataforma en Defensa del Tajo en Toledo. Es una de las cincuenta organizaciones que acudieron al encuentro celebrado este jueves en el Cigarral del Ángel Custodio en Toledo. Cano lo valora de forma positiva, porque el espectro “debe ser amplio” en la defensa del agua.

El activista advierte de que todo lo que se habla en estos foros -y no esquiva en poner en duda si realmente organismos como la Junta de Comunidades están realizando sus labores como deben- tiene que ir realmente encaminado a hablar de sostenibilidad ambiental. De cómo “nos hemos cargado el medio ambiente” y hay que ir ahora en su rescate.

No se trata solo de alzar la voz cuando ocurren episodios tan notorios como la abrupta caída del caudal del río Tajo a su paso por Toledo, como ocurrió hace unas semanas y que dejó una imagen inquietante, que daba “vergüenza” a Emiliano García-Page. Ha vuelto a pasar también hace pocos días y ha puesto a las concesiones hidroeléctricas en el punto de mira. Por cierto, que el presidente autonómico también aprovecho para señalar a las confederaciones hidrográficas en la reunión de este jueves, e incluso llegó a avisar de posibles medidas judiciales.

Sentencias del Supremo y normas de explotación

A pesar de que el Gobierno de España ha aseverado que acatará “rigurosamente” las sentencias en favor de los caudales ecológicos del río Tajo, la realidad es que la Mesa del Agua se ha reunido una vez más sin que esto fuese una realidad. García-Page también lo explicaba, defendiendo que se trata de una “materia vital” y para su defensa hay que empezar por la aplicación de las sentencias judiciales, seis del Tribunal Supremo, para garantizar los caudales ecológicos y cumplir las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Los cálculos son que por el trasvase han pasado más de 14.723 hectómetros cúbicos de agua desde la cuenca del Tajo al Segura entre 1980 y 2024. Una cantidad de agua difícil de visualizar. No son pocas las voces expertas que han alertado de los efectos perjudiciales para el río Tajo que tienen los constantes desembalses de agua.

La Cátedra del Tajo UCLM-Soliss, por ejemplo, ha señalado que la propuesta inicial para cambiar las reglas del trasvase es insuficiente“, aunque el Gobierno castellanomanchego celebraba la ”valentía“ de una normativa que aún debe aplicarse. Hace menos de un mes, de hecho García-Page amenazaba con ir a tribunales para que se aprueben nuevas reglas de forma ”urgente“. El Gobierno de España le contestaba inmediatamente: ”Llegaremos en plazo a dar a conocerlas“, afirmaba la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.