El magistrado juez de la plaza número 1 de la Sección Civil e Instrucción del Tribunal del Instancia de Teruel, Juan José Cortés, ha acordado nuevas diligencias de prueba, informativas y documentales, dentro de la causa abierta a Forestalia. En especial, pide más detalles sobre la tramitación de los 20 parques eólicos que incluye el Clústerl del Maestrazgo.

Entiende el juez que estas nuevas diligencias, solicitadas al tribunal por y su grupo parlamentario de las Cortes de Aragón, “pueden arrojar luz y aclarar las diferentes relaciones entre las personas físicas y jurídicas implicadas en la presunta organización y las conductas de los mismos para determinar su reprochabilidad penal o no, aclarar el comportamiento seguido desde el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) y si hubo ese modus operandi que se le reprocha de favorecimiento hacia el Grupo Forestalia”.

Entre las diligencias acordadas el juez requiere a la Secretaría General Técnica del Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón para que informe al Tribunal de Instancia sobre las fechas de cese y nombramiento de Ana Cristina Fraile como jefa de gabinete de Alfredo Boné, exconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón; del jefe del Área Técnica IV de Gestión de la Información de Inaga, Alberto P. F., así como las funciones que desarrollaba. Y requiere al Inaga que informe con detalle sobre los proyectos de energía eólica que conforman el denominado Clúster del Maestrazgo (criterios de asignación de expedientes, servicios de consultoría o contratos licitados, entre otros).

A la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (Sarga) le solicita le informe de los encargos de ejecución recibidos del Inaga en relación con los expedientes de proyectos de energía eólica del propio Clúster del Maestrazgo y también las declaraciones de compatibilidad o conflicto de interés con la entidad promotora realizados por los técnicos de Sarga que emitieron informes de consultoría ambiental.

El juez también reclama a esta empresa autonómica “la fecha de contratación y las funciones que ha desempeñado y que desempeña” Lucía Domingo, esposa del exconsejero de Medio Ambiente Alfredo Boné.

“En fase de análisis”

Igualmente, pide a Tecnologías y Servicios Agrarios SA, S.M.E., M.P. (Tragsatec) que informe los encargos de ejecución recibidos del Inaga referidos a proyectos de energía eólica del Clúster del Maestrazgo. Documentación e información, toda ella, relacionada con un total 20 parques eólicos y una decena de empresas promotoras.

Contra este auto se puede interponer, ante el mismo Tribunal de Instancia, Recurso de Reforma en el plazo de tres días.

Mientras, y reiterando lo expresado ya en resoluciones anteriores, el juez aclara que en la actualidad estamos “en fase de análisis de todo lo aprehendido, lo que nos permitirá confirmar/desmentir propiamente todas las sospechas, y más allá de sospechas, indicios racionales de criminalidad”.

También indica que “es evidente que por el volumen e intensidad de las diligencias que ahora se acuerdan, y la necesidad de su ulterior estudio y análisis, nos hace ya representarnos que esta fase de la instrucción va a durar más aún, de lo que en un primer momento pudiéramos haber pensado. De toda la información que se obtenga gracias a las diligencias ahora acordadas, se dará traslado a la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma), para que emita el correspondiente informe pericial que contextualice toda ella”.

Rechazado el recurso de Fernando Samper

Por otro lado, el magistrado instructor del caso Forestalia ha desestimado el recurso presentado por el propietario del grupo empresarial Forestalia, Fernando Samper, contra tres autos dictados dentro del procedimiento judicial abierto a Forestalia y determina que la causa continue por sus propios trámites. 

En el recurso de reforma, presentado el pasado 27 de febrero por el abogado de Samper, uno de los alegatos utilizado por el abogado de Samper en su escrito es “que no existen indicios racionales que justifiquen la continuación de la instrucción y reprocha a la instrucción un carácter prospectivo”. Ante ello razona el juez en su respuesta que de todo lo actuado y “ya, desde el primer momento, se manejaron más que sospechas”. Concreta que “no estamos ante hechos puramente especulativos derivados de una especial sensibilidad política” sino que “ya, desde ese primer momento, se hacen referencia, se argumentan, pero no de manera vaga, genérica o especulativa, sino con datos concretos y sobre actuaciones concretas, comportamientos que aconsejan una fiscalización de esas conductas”. 

Niega el instructor en su auto, que “en ningún caso” la investigación ha sido prospectiva, “sino que, al contrario, fue una investigación exhaustiva, que ha pretendido alcanzar y abrazar todos los eventuales comportamientos que se han entendido reprochables y que han ido apareciendo durante la misma”. Rechaza también que, en el procedimiento, “se haya generado indefensión a las partes y que se haya actuado a espaldas de los afectados”. En este sentido añade que “una de sus preocupaciones ha sido, en todo momento, salvaguardar los derechos de los investigados o personas afectadas” rechazando que “la instrucción, en ningún caso, se ha alargado artificial o caprichosamente”.

Contra este auto cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Teruel.

La Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel ha denunciado en la Fiscalía la concesión de licencias municipales a ocho centrales fotovoltaicas en Andorra (Teruel) promovidas por Forestalia y actualmente propiedad de la firma BRUC: Encuentro, Gargallo I, Illio III, San Pedro, Sedeis II, III y VI, y Tolocha I. La demanda documenta “rigurosamente”, según esta entidad, presuntas prácticas fraudulentas.

Así lo han indicado desde la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel, añadiendo que las licencias municipales de construcción se concedieron a finales de 2022 y las autorizaciones previas y de construcción, de competencia autonómica, fueron otorgadas por la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón en diciembre de 2023. “Estas autorizaciones son preceptivas, por lo que los permisos consistoriales no pueden resolverse de forma previa”, han añadido.

Desde la Plataforma se han remitido a declaraciones de los técnicos del Inaga ante la Guardia Civil en las que indicaron que varios de los proyectos objeto de la denuncia fueron tramitados de forma indebida en el contexto de la presunta trama corrupta de Forestalia.

La evaluación ambiental de estos expedientes se retiró de forma arbitraria a los técnicos encargados de su evaluación y se externalizó de forma irregular a empresas que en algunos casos ya habían trabajado para la propia Forestalia, han reprobado.

Por tanto, a juicio de la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel, “la sospecha sobre las irregularidades en la tramitación ambiental debería haber llevado a la suspensión de las licencias municipales por el Ayuntamiento –de Andorra– hasta que se aclare lo sucedido, tal y como solicitamos, lo que hace a la corporación inequívocamente conocedora de la presunta evaluación corrupta de los proyectos”.

Ejecución acelerada

Frente a la necesidad de dilucidar lo ocurrido en la evaluación ambiental de las centrales solares, BRUC ha acelerado su ejecución, “posiblemente inquieta por esas sospechas”, han lamentado desde la Plataforma, que considera que esta actitud “retrata la catadura moral de la corporación e incluye acciones absolutamente deplorables como el amedrantamiento a propietarios de fincas afectadas y que se han negado a firmar los contratos de BRUC”.

Así, para Paisajes de Teruel lo más grave, y causa suficiente de anulación de las licencias municipales, es que la tramitación de estas últimas fue incluso anterior a la publicación en el BOA de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIAs) de algunos de los proyectos, “lo que es totalmente ilegal, pues así lo especifica el artículo 80.2 de la Ley de Prevención y Protección Ambiental de Aragón”

“En el caso de actividades sometidas a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental ordinaria o simplificada, la licencia ambiental de actividades clasificadas incorporará el contenido de la declaración de impacto ambiental o informe de impacto ambiental, respectivamente”, sostiene la norma.

Han defendido que la licencia municipal incorpore la DIA, lo que implica, lógica y necesariamente que sea previa a la licencia. “Tenemos muy claro que estos ocho proyectos, que tienen continuidad territorial, pertenecen a la misma empresa, fueron vendidos de forma conjunta y comparten subestación y línea de evacuación, son un caso de libro de fragmentación interesada para que fueran tramitados por el Gobierno de Aragón, con el que Forestalia mantenía vínculos muy estrechos, tal y como se relata en el informe policial sobre los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal que se están investigando”, han manifestado.

Presuntas irregularidades

La concesión de las licencias, han continuado desde la Plataforma, coincidió con una fuerte crisis institucional y financiera del Ayuntamiento de Andorra, lo que puede explicar la premura y las presuntas irregularidades en la aprobación de las licencias. “El objetivo sería sanear las cuentas municipales, ya que el propietario de las centrales abonó las tasas e impuestos locales a principios de 2023, dotando de solvencia y liquidez al Ayuntamiento”, han expuesto, agregando que esta “urgencia económica no puede justificar en ningún caso una práctica supuestamente ilegal”.

Han advertido de que todos estos datos se han puesto a disposición de la Fiscalía para que se pronuncie sobre la legalidad de las licencias concedidas, sin más intención por parte de la Plataforma que esclarecer los hechos y asegurar el cumplimiento de la ley.

Además, se insta a la suspensión cautelar de estos proyectos que ocuparán cerca de mil hectáreas y contribuirán a la degradación de los recursos naturales de todo el Bajo Aragón histórico en concurrencia con otros macroproyectos en esas comarcas y que no han sido evaluados en su conjunto.

En cualquier caso, “ante las serias sospechas que han surgido estos últimos meses sobre las tramitaciones de los proyectos de Forestalia se debería suspender la ejecución de todos ellos a expensas de aclarar judicialmente las supuestas irregularidades que se están investigando”, han concluido.

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) ha resuelto dos iniciativas de hibridación de energías renovables en la comarca de Tarazona y el Moncayo, ambas de empresas bajo el paraguas del grupo Forestalia. Mientras el denominado proyecto Castor ha recibido una declaración de impacto ambiental favorable, aunque condicionada y limitada a determinados suelos, la planta fotovoltaica Los Borjas II ha sido declarada “incompatible con la protección del medio ambiente” por su afección a la fauna, el paisaje y la normativa urbanística.

En el caso de Castor, promovido por Habidite Energy SL, se trata de la hibridación fotovoltaica de 17,58 megavatios sobre una superficie de 40 hectáreas en Tarazona, Grisel y Vera de Moncayo, integrada con el parque eólico Castor ya operativo.

El Inaga concluye que la actuación puede ser compatible con el medio ambiente siempre que se ajuste a las condiciones impuestas, especialmente en lo relativo al suelo. El organismo limita su viabilidad a las zonas clasificadas como suelo no urbanizable genérico y excluye aquellas áreas protegidas por interés forestal o de pastos, conforme al planeamiento urbanístico de Tarazona, declarando dichas zonas como “incompatibles con la adecuada conservación de los valores naturales y patrimoniales”.

El informe también impone restricciones para minimizar el impacto ambiental, como la obligación de implantar los seguidores solares exclusivamente “mediante hinca en el terreno” , la prohibición del uso de herbicidas y la gestión de la vegetación mediante métodos como el pastoreo. Asimismo, el proyecto deberá respetar la regeneración de las zonas afectadas por el incendio de Añón de Moncayo de 2022, ya que los desarrollos en ese suelo no pueden obstaculizar la regeneración vegetal por un plazo de diez años.

Lo que se deberá dirimir es el conflicto con la empresa de renovables RWE, impulsora del parque eólico Grisel y que alegó el solapamiento de terrenos, algo en lo que la DIA no entra.

'Los Borjas II': rechazo total

Frente a este escenario, el Inaga ha rechazado de forma íntegra el proyecto Los Borjas II, promovido por Innovación Energética Sostenible SL—empresa también vinculada al grupo Forestalia—, al considerar que resulta “incompatible con la protección del medio ambiente y desfavorable”. Se trata de una planta fotovoltaica de 20,118 MW sobre 41,5 hectáreas también en Tarazona y con línea de evacuación de 15,4 kilómetros hasta la SET Castor.

La resolución se apoya, en primer lugar, en su ubicación sobre suelo no urbanizable protegido por razones de interés forestal o de pastos (SNU-FP) del municipio de Tarazona, donde este tipo de instalación “no es viable urbanísticamente” según el planeamiento urbanístico vigente, de 1985.

A ello se suma que todo el suelo del proyecto se ubica en el monte de utilidad pública denominado Valcardera, de titularidad municipal , sin que el promotor haya “justificado adecuadamente la imposibilidad de emplazamiento alternativo fuera del monte” ni tramitado la correspondiente concesión de uso privativo.

El expediente señala además un impacto significativo sobre la avifauna, en un entorno de alta sensibilidad ecológica. La planta se proyectaba a solo 245 metros del área crítica Mochales, vinculada a la conservación de la alondra ricotí, especie en peligro de extinción, y en zonas consideradas clave para aves esteparias. El Inaga advierte de la “presencia muy significativa de especies de avifauna incluidas en los catálogos aragonés y español de especies amenazadas”, como el milano real, el cernícalo primilla o la ganga ibérica, cuya presencia ha sido “constatada en el estudio de avifauna de ciclo anual”.

Alta presión energética y transformación del paisaje

La evaluación ambiental también incorpora el efecto acumulativo de las infraestructuras energéticas en la zona. En un radio de diez kilómetros, el Inaga identifica la presencia de decenas de proyectos eólicos y fotovoltaicos en funcionamiento o tramitación, lo que ha provocado una transformación progresiva del paisaje.

Mientras que en el caso de Castor el organismo considera que el impacto global puede ser asumible bajo condiciones estrictas , en Los Borjas II concluye que la actuación supondría una “transformación significativa del entorno” y una pérdida de conectividad ecológica en un área de alta sensibilidad ambiental, próxima a espacios de la Red Natura 2000 como la ZEC Peñadil, Montecillo y Monterrey.

La resolución subraya que, en este caso, ni las medidas correctoras ni los condicionantes propuestos por el promotor serían suficientes para garantizar la compatibilidad del proyecto con la conservación de los valores naturales del entorno. Así, el principio de cautela se utiliza como criterio determinante para su rechazo.

Hay padres incapaces de dejar el coche a su hijo y, en cambio, les confían la presidencia de su empresa. Parece contradictorio, pero no lo es. La realidad suele ser que el nombramiento es una mera formalidad, que no acarrea hacerse con los mandos de la compañía familiar. Es un mero trampantojo. Sin embargo, cuando coges el volante asumes todos los riesgos, sin mediación posible.

Esa es la imagen que se reflejaba en el anuncio de esta semana del relevo en la dirección de Forestalia. Fernando Samper, presidente, propietario y fundador de la compañía, dejaba la dirección en manos de su hijo Ricardo Samper, que a sus 28 años de edad tiene un currículum académico apropiado para un heredero (ADE y derecho y un máster internacional en asesoría fiscal) y una experiencia de media línea. Es el menor de los hijos, y quizá su mayor mérito, genética al margen, sea que no se le menciona en el expediente de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, que investiga la presunta trama de corrupción de directivos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental cuyo beneficiario habría sido Forestalia.

El caso se instruye en un juzgado de Teruel, cuyo titular considera a Fernando Samper el “tronco central” de la presunta trama corrupta, según la cual se habrían pagado mordidas a funcionarios del Gobierno Central y de Aragón a cambio de facilitar las adjudicaciones en las subastas de energías renovables.

Forestalia ha tenido el arrojo de emitir un comunicado donde dice que el relevo se produce en el marco del protocolo interno elaborado por Cuatrecasas “cuyo objetivo es articular una separación entre la propiedad y la gestión de la compañía”. ¿Alguien cree que poner al hijo figurando de gestor implica que el padre y propietario no va a tener nada que ver en la dirección de Forestalia? Menos mal que no intentan esconder el elefante del caso de corrupción y a renglón seguido dicen que todo se produce en “un contexto de mayor escrutinio institucional derivado de procedimientos judiciales en curso”.

La realidad es que Forestalia es una empresa que se ha construido sobre subastas de entes públicos que adjudican la explotación de megavatios producidos con energías renovables. Esto, en sí mismo, ni es malo ni bueno. El problema es que si estás inmerso en causas de corrupción no te vas a poder presentar a más subastas de las Administraciones Públicas, como viene a decir la Ley de Contratos del Sector Público, menos aún con el endurecimiento normativo que se ha incluido en febrero pasado en el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública. El Gobierno de Pedro Sánchez, a la luz de los casos que hay alrededor de Koldo y Ábalos, se propone ser más pulcro. 

Por tanto, con Forestalia estamos ante uno de los tantos intentos de lavado de cara de las empresas españolas pilladas en presuntos casos de corrupción. Estos procedimientos judiciales se eternizan, muchas veces por argucias dilatorias de los propios acusados, lo que provoca un daño irreparable en la reputación de las compañías, perjuicio que sería muy injusto si resultaran declarados inocentes, que a veces pasa.

La historia empresarial española está plagada de casos sucesorios muy similares al de Forestalia, donde se utiliza al relevo entre familiares directísimos tratando de construir una realidad que es pura ficción. Quizás uno de los primeros casos y más notables fue el que construyó José María Ruiz Mateos que, tras la expropiación de Rumasa y su condena judicial, puso al frente de sus nuevas empresas a sus hijos y a su esposa, Teresa Rivera, a la que colocó también al frente del Rayo Vallecano en 1994. Rivera reconocería años después que asumió el cargo porque se lo pidió su marido, que ella no tenía ni idea de fútbol, algo que era evidente. Fue la triste manera de que la primera mujer llegara a la presidencia de un club de fútbol.

Esta aventura terminó, como casi todas las de esta familia, con el Rayo en concurso de acreedores y con los seis hijos varones de Ruiz-Mateos condenados, en mayo del año pasado, por la Audiencia Nacional a siete años y cuatro meses de prisión por estafa, blanqueo de capitales y alzamientos de bienes en la operativa de Nueva Rumasa.

Otro empresario con múltiples causas judiciales abiertas que se ha “retirado” dando paso a la familia es José Luis Ulibarri, propietario de empresas de construcción (Begar), residencias de mayores (Aralia) y medios de comunicación (50% de Castilla y León TV y del Diario de León y de las franquicias de El Mundo en esta región). Su imputación en varios sumarios le llevó a dimitir del consejo de administración de CyLTV, ya que su presencia ponía a la Junta de CyL en serias dificultades para volver a adjudicarles la concesión del servicio de televisión de la región. El día que dimitió, le sustituyó su hija Soledad, aunque previamente ya estaban en el consejo sus otros dos hijos Adriana, que es la que ha ido asumiendo más funciones ejecutivas, y Enrique.

José Luis Ulibarri dejó CyLTV en septiembre de 2019 y tres años después sería condenado por la Audiencia Nacional a 19 meses de prisión en una pieza del caso Gürtel. En otra, que aún no ha sido sentenciada, la Fiscalía le pide 14 meses de cárcel.

Los Ruiz-Mateos son solo un ejemplo de familias implicadas en presuntos casos de corrupción, que están vinculadas con el fútbol y se pasan el testigo padres a hijos con total naturalidad. Recuerden el caso de Josep Lluis Núñez, el constructor que fue presidente del Barcelona, que pasó el testigo a su hijo Josep María Núñez Navarro cuando Hacienda le levantó una inspección, que acabó en condena por soborno. O el de Jesús Gil, que fue destituido judicialmente de la presidencia del Atlético de Madrid un 22 de diciembre de 1999 acusado de los presuntos delitos de estafa, falsedad en documento público y mercantil, apropiación indebida y delitos societarios. Hoy reinan en el club su hijo Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo, los mismos a los que la Audiencia Nacional había considerado cooperadores necesarios de la estafa y apropiación indebida. Todo acabó en nada por prescripción, que no porque fueran unos benditos.

Las líneas de honradez que se levantan entre padres e hijos tienen la misma consistencia que las olas. Son formas de construir una apariencia de verdad sobre un fraude de ley.

La Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel ha remitido al Ayuntamiento de Andorra un escrito en el que solicita la suspensión de las centrales fotovoltaicas proyectadas en el municipio por Forestalia y posteriormente traspasadas a BRUC, cuyo inicio de obras se ha anunciado como inminente en los últimos días.

Las plantas afectadas son Mudejar I, Encuentro, Gargallo I, Illio III, San Pedro, Sedeis II, III y VI, y Tolocha I. Tras un “estudio exhaustivo” de las licencias concedidas por el consistorio y de las resoluciones emitidas por el Gobierno de Aragón, la plataforma asegura haber detectado “irregularidades significativas que deberían suspender cualquier actividad relacionada con los citados proyectos”.

Entre los principales argumentos, el colectivo señala que las licencias municipales fueron concedidas “un año antes” de la publicación en el BOA de las autorizaciones de la Dirección General de Energía y Minas. A su juicio, esto sería “el equivalente a conceder licencia para una obra particular sin haber presentado un proyecto visado”. Además, sostienen que las autorizaciones autonómicas “no se corresponden con el proyecto aprobado por el consistorio”, al incluir modificaciones posteriores que afectan tanto a los vértices del vallado como a la tipología de los módulos fotovoltaicos.

La plataforma también advierte de que en algunos proyectos, como Ilio III, Sedeis II y Sedeis VI, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se publicó meses después de la concesión de las licencias municipales. Recuerdan que estas deben incorporar el contenido ambiental de dicha declaración, por lo que “deben ser posteriores” y no pueden otorgarse de forma condicionada, ya que sería “como conceder una licencia de obras sujeta a que el informe del arquitecto municipal sea favorable”.

El escrito vincula además la tramitación de estas centrales con el “escándalo de la empresa promotora”, que “presuntamente obtuvo las autorizaciones ambientales de sus proyectos de forma corrupta”. En este sentido, citan la diligencia de una funcionaria encargada de la evaluación ambiental, que dejó constancia de que la tramitación de informes pasó de la empresa pública SARGA a “una empresa privada participada por cargos vinculados a partidos políticos y que había trabajado para Forestalia con anterioridad”. Este hecho, añaden, quedó expuesto en la Comisión sobre renovables celebrada en las Cortes de Aragón, “sin consecuencias”.

Otro de los puntos que subraya la plataforma es que, en su opinión, los nueve parques conforman en realidad “un único proyecto fragmentado de forma artificial” para su tramitación ante el Gobierno de Aragón y el INAGA. Argumentan que las instalaciones “forman un continuo”, comparten línea de evacuación y subestación eléctrica, y pertenecen a la misma promotora.

Por último, apuntan a un posible incumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Según indican, tras la concesión de las licencias municipales, la Comisión de Urbanismo realizó anotaciones y requerimientos relacionados con la posible ocupación de suelo no urbanizable especial, con fecha de 9 de junio de 2023, “seis meses después de haber sido concedidas las licencias”.

A la vista de estos elementos, la plataforma considera que existen “argumentos suficientes” para que el Ayuntamiento suspenda las licencias y “todas las acciones derivadas de las mismas”. Asimismo, sostiene que el consistorio “no puede excusarse en motivaciones económicas ni convertir en rehenes conceptos como el desarrollo o la industrialización”, al entender que plantean “un falso dilema” y que “no existe ningún bien que se derive de la corrupción”.

Cambios en Forestalia, grupo implicado en el macroproceso judicial por la presunta trama de las renovables y también en el caso Koldo. Su fundador y propietario, Fernando Samper Rivas, ha renunciado al puesto de presidente y ha colocado a su hijo, Ricardo Samper García, al frente de la gestión como nuevo director general.

Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad San Jorge de Zaragoza, Samper García cuenta con un posgrado en Dirección Financiera y Control de Gestión por EAE Business School, un máster en Finanzas por la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE y un máster internacional en Asesoría Fiscal por ISDE Law & Business School, tal y como ha indicado la compañía en un comunicado.

Vinculado al grupo empresarial desde hace más de seis años, Ricardo Samper ha desempeñado distintos cargos dentro del Grupo Forestalia hasta su nombramiento el pasado 26 de marzo como director general.

Este nombramiento se enmarca dentro el protocolo interno aprobado por Forestalia y elaborado por Cuatrecasas, cuyo objetivo —según la compañía— es “articular una separación entre la propiedad y la gestión de la compañía y garantizar la estabilidad y el desarrollo ordinario de la actividad en un contexto de mayor escrutinio institucional derivado de procedimientos judiciales actualmente en curso”.

Dentro de este proceso, Fernando Samper Rivas ha presentado su renuncia a la presidencia de la compañía. A partir de este momento, las responsabilidades ejecutivas y de dirección han sido asumidas por Ricardo Samper García, que quedará al frente de la gestión con el objetivo de asegurar la continuidad operativa del grupo y el funcionamiento habitual de todas sus áreas y proyectos.

Fernando Samper ha manifestado lo siguiente: “Confío en que este ajuste en el gobierno corporativo del grupo contribuirá a reforzar su funcionamiento y a garantizar su desarrollo futuro. Mi decisión responde a la voluntad de facilitar el normal desarrollo de los procesos en curso”.

Por su parte, Ricardo Samper García ha apuntado: “Este paso responde al compromiso de la familia con la compañía y con su proyecto empresarial. Asumo esta responsabilidad con el objetivo de seguir consolidando la actividad del grupo, reforzar nuestras relaciones con todos los grupos de interés y garantizar el desarrollo de los proyectos en marcha”.

Para el grupo Forestalia, este nombramiento “supone un paso relevante en el fortalecimiento de su estructura organizativa, el afianzamiento de la autonomía en la gestión y la consolidación de su marco de relaciones institucionales y empresariales”, según ha subrayado en una nota de prensa. Bajo sus nuevas funciones, y en línea con el compromiso de “consolidar el papel de Forestalia en el sector de las energías renovables” a nivel nacional, Ricardo Samper liderará una nueva etapa centrada “en el fortalecimiento de la gobernanza, la solidez operativa y la sostenibilidad a largo plazo de la compañía”.

En este contexto, la compañía reforzará su área de compliance mediante la incorporación de dos despachos, Cuatrecasas y Hogan Lovells International, como asesores externos independientes, con el objetivo de seguir desarrollando, más si cabe, su marco de cumplimiento y alineándolo con los estándares internacionales de referencia.

“Esta iniciativa forma parte de la voluntad de integrar en el Grupo las mejores prácticas del sector, consolidando una cultura corporativa basada en la integridad, la responsabilidad y la transparencia. Asimismo, la compañía continuará colaborando con las autoridades competentes y desarrollando su actividad con normalidad en los distintos mercados en los que opera, mientras avanza en este proceso de revisión y fortalecimiento interno”, han añadido desde Forestalia.

El presidente ejecutivo de Forestalia, Fernando Samper, ha reconocido este lunes en el Senado, en la comisión de investigación del caso Koldo, haber mantenido una reunión con el exdirigente socialista Santos Cerdán, aunque ha negado cualquier relación empresarial tanto con él como con la empresa Servinabar. Sí ha admitido, no obstante, haber ejercido como facilitador en su relación con Antxón Alonso, socio de Cerdán.

Samper, que ha sido llamado en la mencionada comisión en relación con el caso de las mascarillas, ha explicado que coincidió con Alonso en encuentros celebrados en Pamplona y en el País Vasco, en los que también mantuvo contactos con representantes del PNV, PSE y EH Bildu. “Hablamos de posibles colaboraciones, centros de datos… Con Antxón he trabajado para que defendiera mis proyectos, pero no trabajaba para mí”, ha señalado.

Asimismo, ha matizado que no fue él quien buscó a Alonso, aunque no ha aclarado cómo se conocieron. Sobre Cerdán, ha insistido en que “no tuvo nada que ver” en sus actividades empresariales. “Con él estuve en una ocasión a través de Antxón Alonso. No ha hecho ningún negocio conmigo, ni tampoco Servinabar”, ha subrayado.

Durante su comparecencia, Samper ha asegurado no conocer en absoluto a Koldo García, ni a José Luis Ábalos, ni a Leire Díez. “No los conozco ni tengo nada que ver con ellos. No he estado jamás en mi vida con Koldo”, ha afirmado con rotundidad.

El empresario también ha rechazado cualquier vinculación con el caso de las mascarillas, recordando que tanto él como su familia realizaron donaciones durante la pandemia: un millón de euros al Gobierno de Aragón y 350.000 euros al Ejecutivo central.

Reunión con Sara Aagesen

Samper se ha acogido a su derecho a no responder determinadas preguntas relacionadas con asuntos bajo secreto de sumario. No obstante, ha indicado que conoce a la exvicepresidenta Teresa Ribera “por los medios”, aunque nunca ha tenido trato directo con ella. Sí mantuvo, en cambio, un encuentro en La Moncloa con su sucesora, la actual ministra Sara Aagesen, cuando esta era secretaria de Estado de Energía el 2 de febrero de 2024. dato confirmado por fuentes del Ministerio, en la que participaron varias empresas del sector energético para abordar la relevancia de la cadena de valor europea frente a Asia. Según ha relatado Samper, también estuvieron presentes Manuel de la Rocha y un director de Energía. “Toda la conversación fue sobre tecnología”, ha precisado.

Mientras, el empresario ha declinado responder a otras cuestiones “para no cometer un delito de revelación de secretos”, al tratarse de diligencias bajo secreto de sumario, y ha señalado su intención de comparecer primero ante un juez. Muchas de las preguntas estaban relacionadas con Eugenio Domínguez, exsubdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, a quien la UCO vincula estrechamente con el empresario aragonés. En cualquier caso, Samper ha asegurado que Teresa Ribera “no intercedió en nada”.

Por último, Samper ha defendido el liderazgo de España en energías renovables y ha explicado que, tras desvincularse del grupo familiar en 2010, estuvo presente en el momento en que cambió el modelo de subastas. “Podría haber acaparado el 80% o el 90% de los puntos en toda España”, ha afirmado.

En 2016, durante el mandato del ministro José Manuel Soria, llegó a adjudicarse el 60% de los megavatios ofertados. “Era una subasta modelo y podría haber accedido hasta al 600%, pero no lo hice por prudencia, porque entendí que debía desarrollar mi propio modelo”, ha explicado. Según recuerda, aquella subasta supuso el fin de las primas y generó fuertes críticas, aunque posteriormente el sistema se consolidó como referencia para el desarrollo de proyectos renovables, incluyendo la siguiente subasta, ya con Alberto Nadal.

Tramitación en Aragón

El empresario también ha tenido que dar explicaciones sobre las gestiones de Forestalia en el clúster del Maestrazgo (Teruel), un megaproyecto que contempla 22 parques eólicos y sobre el que pesan acusaciones de fraccionamiento para eludir una tramitación ambiental más exigente.

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) era el encargado de emitir las declaraciones de impacto ambiental al estar por debajo de 50 MW. Su entonces director, Jesús Lobera, es señalado en un informe de la UCO como una “figura central” en las supuestas presiones. Samper ha reconocido que conocía a Lobera, pero se ha desvinculado de cualquier presión sobre funcionarios o de haber influido en apartar a técnicos de los expedientes. En concreto, se ha referido a la funcionaria Ainhoa Ruiz, quien denunció haber sido relegada por oponerse a una presunta trama de corrupción. “Ainhoa trabajó en mi empresa y la despedí por mala trabajadora. Sé lo que hizo en mi casa. Y esta señora irá a los tribunales en algún momento”, ha afirmado tajantemente.

Asimismo, ha negado irregularidades en las relaciones con empresas vinculadas a la familia de Susana Sumelzo, secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe. Según ha explicado, los senadores han sacado de contexto prácticas habituales en la fase de desarrollo de proyectos, cuando se presentan avales y se negocia la prelación. “Se entra en negociación con distintas sociedades y se intercambian proyectos para ganar eficiencia”, ha señalado, asegurando que este tipo de acuerdos no solo se produjeron con la empresa vinculada a Sumelzo, sino también con otras de mayor tamaño y relevancia.

Críticas políticas la comisión

El senador socialista Ramón Morales ha sido el único que no ha formulado preguntas al compareciente, al considerar que la comisión de investigación se ha convertido en un “cajón de sastre”. Morales ha acusado al PP de utilizar este órgano con fines políticos y de “generar ruido” mientras mantiene abiertas otras investigaciones propias. A su juicio, una comisión de investigación debe servir para esclarecer hechos concretos, “no para impulsar campañas políticas como está haciendo el PP”. El senador ha cuestionado además la pertinencia de algunas comparecencias, incluida la de Samper, en relación con la investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia. “Nos preguntamos qué tiene que ver la comparecencia de hoy con las mascarillas. Vamos por fascículos en este circo en el que el PP ha convertido el Senado”, ha afirmado. Asimismo, ha denunciado la proliferación de nuevas comisiones —tres más, según ha indicado— y ha criticado el coste que suponen para las arcas públicas. “Buscan ruido y fango, y no actuamos igual ante los casos de corrupción”, ha añadido, antes de concluir que la presencia de Samper responde a “la desesperación del PP”.

La senadora del PP, Rocío Dívar, por su parte, denuncia que en torno a Forestalia y el PSOE existe “un patrón sistemático de procedimientos trucados, presiones sobre funcionarios y favores cruzados”. A su juicio, el grupo empresarial de Samper ha concurrido pero en competencia desleal “y alguien le facilitó el camino” y ha concluido asegurando que “hoy no acaba nada, sino que empieza a entenderse todo”, a lo que el empresario ha contestado que se ha excedido en tal valoración y remitiéndose al juicio en los tribunales para demostrar su verdad.

Igualmente, las senadoras que han interpelado al empresario desde el grupo Mixto y Vox, Mari Mar Caballero y Paloma Gómez, respectivamente, han tratado sin éxito de obtener respuesta a muchas de sus preguntas por considerar que obedecen a investigaciones que están bajo secreto de sumario, aunque sí han conseguido desvelar algunos encuentros de Samper como su relación con el exministro y expresidente de Castilla-La Mancha José Bono, del que ha dicho que ha estado con él, han hablado “muchas cosas”, pero que “todavía” no le ha pedido ningún favor.

Las declaraciones de seis testigos interrogados por la Guardia Civil en torno al caso Forestalia, incorporadas a la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, trasladan negro sobre blanco la mecánica con la que los cargos del Ministerio de Transición Ecológica y del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) trabajaban para favorecer presuntamente la aprobación de proyectos de renovables vinculados a la empresa zaragozana. Estas personas mencionan llamativos cambios de criterio para avalar las iniciativas más polémicas, como las del Clúster del Maestrazgo, pero también cómo los investigados alargaban los plazos entre los trámites para dar tiempo a que los promotores privados vendieran los proyectos “a terceros”.

En el centro del tablero, dos nombres ya conocidos, uno en Madrid y otro en Zaragoza: Eugenio Domínguez, subdirector de Gestión Ambiental en el Ministerio, y Jesús Lobera, director del Inaga entre 2016 y 2023. En los márgenes, otros actores como Santiago Martínez Patón, secretario personal de Domínguez encargado de elaborar informes a través de Tragsatec –empresa pública a la que le transmitían proyectos con evaluación desfavorable para cambiar el sentido de la resolución–, o Andrés Medina, a quien Lobera nombró nuevo secretario general del Inaga para propiciar presuntamente el visado de las iniciativas de Forestalia. Ninguno de los dos últimos está formalmente investigado en la supuesta trama.

La forma de actuar por una y otra parte guarda patrones similares, siempre a tenor por lo que se desprende de los testimonios. Los técnicos que elaboraban informes desfavorables a los proyectos de renovables recibían presiones para cambiar su criterio o directamente eran relevados. Estos visados eran posteriormente avalados en ocasiones por personal sin la preparación necesaria, o bien tramitados por terceras empresas –públicas o privadas– para modificar el resultado de la correspondiente evaluación ambiental y que la tramitación de los proyectos continuaran.

Las declaraciones recogen además una conexión entre la parte de la trama aragonesa (Inaga) y la madrileña (Miteco). Una de las testigos interrogadas por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, técnico del Miteco, da cuenta de su conversación con una de las empleadas del Inaga que también figuran como testigos. Fue a cuenta de un proyecto de Forestalia informado negativamente por el Inaga: tras cuestionar Eugenio Domínguez el porqué de este rechazo, hubo una nueva solicitud desde el Ministerio al Gobierno de Aragón y el nuevo informe era ya favorable. Al cotejar las dos empleadas los documentos, comprobaron que era un “corta y pega” pero “omitiendo completamente las conclusiones negativas” iniciales. Entre mayo y octubre de 2022, según trasladó una testigo a la otra en la misma conversación, el Inaga había sacado adelante “90 trámites de audiencia” que suscribió no un técnico, sino un jurídico (Andrés Medina).

En este punto, la trabajadora de Transición Ecológica aporta otra clave sobre la mecánica de la trama: dejaban pasar “mucho tiempo entre el trámite de audiencia y la resolución”, según lo que traslada a la Guardia Civil, para que así las empresas pudieran “negociar y vender los proyectos a terceros”.

En este contexto, un empleado que ocupó el cargo de técnico del Miteco durante seis años da cuenta, respecto del Clúster del Maestrazgo, de una “propuesta de reunión proveniente de la Embajada de Dinamarca”, interesada “en dicho proyecto”. Hay que recordar que el Clúster fue vendido por Forestalia al fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) .

El “descaro” de la relación entre Lobera y Forestalia

Sobre Lobera, los empleados del Inaga inciden en la “relación estrecha” que mantenía con el fundador y presidente de Forestalia, Fernando Samper, y con Carlos Ontañón, directivo de esta empresa y exdirector del Inaga en el Gobierno de Marcelino Iglesias (PSOE-PAR). Hasta el punto, relata uno de ellos, de que “se reunía semanalmente para comer”, algo que habría confirmado incluso el conductor de Lobera. La otra testigo del Inaga asegura por su parte que era “tal el descaro” que recibió una llamada de su entonces director en el que este le comentó abiertamente que estaba comiendo “con los de Forestalia” y le cuestionó por un proyecto concreto.

Otro ejemplo fue una reunión en el despacho de Lobera en la que Ontañón y Luis Marruedo, exalto cargo del PAR en el Gobierno de Aragón y ahora también directivo en Forestalia, en el que ambos presentaron el Clúster del Maestrazgo. Ambos aspiraban a que la iniciativa se tramitara en 22 parques de 50 MW, lo que para el empleado del Inaga constituía “un fraccionamiento evidente”.

Por otro lado, la trabajadora del Inaga interrogada por la Guardia Civil también apuntan a un presunto enriquecimiento por parte de Lobera y el secretario general que designó, Andrés Medina. Del primero, relata que “cambiaba varias veces de coche particular”, vehículos de “alto nivel” como un Audio Q5, y ello pese a tener asignado coche del Gobierno de Aragón y conductor. De Medina, da a conocer que “adquirió un piso en la torre situada al lado de la estación del AVE de Zaragoza”, la intermodal, una “vivienda muy cara de alto standing”.

Los dos empleados del Inaga que han prestado testimonio a los agentes de la UCOMA terminaron apartados de la tramitación de proyectos de renovables en este organismo y trasladados a otras funciones.

La investigación por el caso Forestalia sigue dando nuevos pasos. Los testimonios recabados por la Guardia Civil entre técnicos en el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) y del Inaga (Gobierno de Aragón) apuntan ahora a cargos en activo. En concreto, al menos cuatro personas del Miteco señalan a la directora general de Evaluación Ambiental, Marta Gómez Palenque, como una de las personas que estaba al tanto de las presuntas irregularidades y que actuó con connivencia. “Tuvo conocimiento pero no hizo nada”, llega a declarar una de las testigos.

La mayoría de los 19 trabajadores del Miteco y del Inaga que declararon ante los agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil refirieron prácticas supuestamente irregulares en ambas administraciones, según la documentación que obra en poder de este periódico. En conjunto, dibujan una trama para favorecer los proyectos de renovables de Forestalia, con presiones para que las iniciativas de esta firma aragonesa fueran favorables o directamente apartando de su tramitación a los técnicos competentes de los departamentos.

Una de las personas mencionadas es Marta Gómez Palenque. Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos y ex directora general en el Gobierno regional de Castilla-La Mancha, Gómez Palenque fue nombrada directora general en julio de 2022, con Teresa Ribera en el cargo. 'Convivió' en el Ministerio desde entonces con Eugenio Domínguez, subdirector de Calidad Medioambiental y figura clave en la presunta red delictiva: Domínguez se jubiló en el verano de 2023, pero continuó como asesor de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Una labor que ejerció, según uno de los testigos, “realizando funciones similares a las que venía desarrollando en cuanto a proyectos renovables”, con el apoyo técnico de la empresa pública Tragsatec.

“La directora general Marta Gomez Palenque tuvo conocimiento de este funcionamiento totalmente irregular pero no hizo nada”, declaró una de las testigos, en alusión a lo que le trasladó a otro de los técnicos del Departamento: este habría documentado las presuntas irregularidades y se las habría mostrado en persona a la responsable del Miteco sin obtener resultado. “Él vivió directamente estas irregularidades”, manifiesta la misma testigo.

El técnico al que ella alude también menciona a Gómez Palenque. Lo hace en referencia a dos proyectos de parques eólicos. Inicialmente, la declaración de impacto ambiental fue desfavorable. Sin embargo, fue relevado de la tramitación y esta pasó a Eugenio Domínguez: fue tras el nombramiento de la nueva directora general en sustitución de Ismael Aznar –a petición propia, según trasladó entonces el Ministerio– cuando el borrador pasó a tener una declaración favorable.

“Alarmante”

La versión de que el técnico fue a ver a Gómez Palenque para que tuviera “conocimiento” de los proyectos de Forestalia asumidos por Eugenio Domínguez la sostiene una tercera testigo, entonces directora de programa. Esta persona constata que ya entonces le parecía “alarmante” las propuestas de resolución de proyectos de Forestalia que eran resueltos de manera favorable cuando con anterioridad la declaración de impacto ambiental era negativa.

Mientras, un cuarto testigo también menciona a la directora general. Encargado del análisis técnico de los expedientes, esta persona declara a los agentes de la UCOMA que, cuando Eugenio Domínguez se jubiló y fue nombrado asesor del secretario de Estado de Medio Ambiente, “cambió la estructura del procedimiento”: él mismo asumió “en gran parte” los proyectos de energías renovables, “obviando la participación de los técnicos del Ministerio” y cediéndola a “personal de Tragsa”. Así, las propuestas de resolución eran suscritas por la subdirectora, Eva Blanco, y por la propia directora Gómez Palenque.

Contactado por elDiario.es, fuentes del Ministerio de Transición Ecológica ponen de manifiesto el “desconocimiento” de estas declaraciones, dado que el Departamento no está personado en la causa, y recalcan que están “colaborando” con la Justicia en todo lo que requiere. A su vez, se remiten a las valoraciones de la ministra Sara Aagesen, que ha manifestado su postura de “tolerancia cero contra la corrupción y máxima transparencia”. Las mismas fuentes recuerdan por último que los expedientes sujetos a la investigación se encuentran recurridos y se encuentran en la actualidad “suspendidos por vía administrativa”.

El Gobierno de Aragón en funciones ha reivindicado la mejora del funcionamiento del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) en los últimos dos años, poniendo el acento en la reducción del atasco de expedientes y en la modernización del organismo. En este contexto en el que el organismo está en entredicho por la tramitación de expedientes de renovables de la empresa Forestalia, el consejero de medioambiente, Manuel Blasco, ha justificado que el uso de consultoras externas en etapas anteriores podría responder a la necesidad de cumplir plazos y evitar la caducidad de proyectos, especialmente en renovables. Igualmente, ha marcado un perfil de prudencia al no solicitar la paralización de los expedientes vinculados a Forestalia, remitiéndose a la investigación judicial abierta desde hace cuatro años.

El Ejecutivo ha ofrecido hoy datos sobre la evolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), con los que Blasco ha asegurado que “el plan de agilización puesto en marcha en 2024 está dando resultados visibles en la tramitación de expedientes”, especialmente en el ámbito de las energías renovables.

El consejero de Medio Ambiente en funciones, Manuel Blasco —quien no continuará en el próximo Ejecutivo por decisión propia—, ha defendido la gestión actual del organismo, subrayando una reducción significativa del atasco administrativo sin rebajar los controles ambientales. Según los datos facilitados, el Inaga ha pasado de 7.500 expedientes activos a 4.400, lo que supone una reducción del 41%. En cuanto a los expedientes fuera de plazo, estos han descendido de 4.875 a 2.750, un 44% menos. El propio Blasco ha reconocido que, “aunque la evolución es positiva, aún se necesita más tiempo para normalizar completamente la situación”.

El actual periodo de reorganización del instituto comenzó en agosto de 2023, con la incorporación de su director en noviembre de ese mismo año, mientras que el plan de agilización se presentó en junio de 2024. Desde entonces, el Gobierno autonómico saca pecho tanto en la reducción del atasco como de la modernización interna del organismo.

Digitalización y refuerzo de plantilla

Uno de los principales cambios ha sido la digitalización de los procedimientos. El Inaga ha pasado de no contar con expedientes electrónicos a tramitar el 80% en formato digital, con más de 9.500 expedientes al año. Además, se ha implantado la autoliquidación de tasas y se han incorporado herramientas de inteligencia artificial para la comprobación de documentación.

A ello se suma el refuerzo de la plantilla, que ha pasado de 72 a 86 trabajadores, con la creación de 14 nuevas plazas, el mayor incremento en la historia del organismo. También se ha potenciado el papel de medios propios del Gobierno de Aragón, como Sarga o la Aragonesa de Servicios Telemáticos, para apoyar la tramitación y el desarrollo informático, de la misma manera que también se hacía con el gobierno anterior.

Consultoras externas

En paralelo, el Ejecutivo ha destacado la práctica eliminación del recurso a consultoras externas. Según ha señalado Blasco, su uso se ha reducido, “nada más y nada menos” que en un 99,5%, hasta el punto de que en la actual etapa no se ha encargado ningún expediente de impacto ambiental vinculado a renovables a empresas externas, frente a los 342 tramitados por esta vía en 2021 y 2022.

El consejero, sin embargo, ha enmarcado aquella práctica en un contexto diferente, marcado por la acumulación de expedientes y los plazos de caducidad de los proyectos. “Yo creo que el problema que hubo hace años es que el gobierno central da a las compañías eléctricas unos plazos y una potencia a desarrollar y, por tanto, había que dar celeridad a la resolución de expedientes para que no caducaran por falta de tramitación, lo que quizá llevó a la contratación masiva de consultoras externas”, ha explicado Blasco. Al mismo tiempo, ha recordado que en la comisión de investigación que se desarrolló en el parlamento aragonés no se detectaron irregularidades, en parte por las limitaciones de control frente a las capacidades de investigación judicial, ya que “no es lo mismo investigar en una comisión que estar delante del juez”.

En relación con las investigaciones abiertas sobre expedientes vinculados a Forestalia, Blasco ha reiterado que el Gobierno opta por la prudencia y no solicitará su paralización. “Esperamos el pronunciamiento de los jueces, que es lo más prudente y efectivo”, ha afirmado, recordando que la causa lleva cuatro años en instrucción.

Asimismo, ha insistido en la voluntad de transparencia del Ejecutivo, asegurando que todos los expedientes serán remitidos a las Cortes de Aragón, tal y como ha solicitado el PSOE. El Gobierno, además, se ha personado como perjudicado en el proceso judicial para tener acceso a la información y poder ejercer, en su caso, la acusación particular.

Durante esta etapa también se han regularizado aspectos administrativos pendientes, tal como detectó en su informe la Cámara de Cuentas de Aragón. En junio de 2024, el consejo del Inaga aprobó las memorias y cuentas de los ejercicios 2021, 2022 y 2023, que no se habían presentado en tiempo y forma. Según el Ejecutivo, esta puesta al día se realizó en un plazo reducido.

Por último, el Gobierno ha subrayado el incremento de la inversión, con cuatro millones de euros adicionales, y ha defendido el actual modelo del Inaga frente a propuestas de transformación en dirección general. Blasco ha recalcado que el organismo cuenta con personal funcionario que accede por oposición y cuya labor está orientada a la defensa del interés público.

Con todo, el Ejecutivo insiste en trasladar una idea de normalización tras años de acumulación de expedientes y tensión administrativa. El Gobierno en funciones sostiene que el Inaga ha entrado en una fase de mayor capacidad de gestión, apoyada en la digitalización, el refuerzo de personal y el uso de medios propios, y que los resultados empiezan a ser visibles en los plazos de tramitación.

Aun así, reconoce que el proceso no está completamente culminado y que será necesario mantener el esfuerzo en los próximos años para consolidar la reducción del atasco. Mientras tanto, el Ejecutivo opta por combinar la defensa de su gestión con un mensaje de prudencia en los asuntos judicializados, a la espera de que sean los tribunales quienes determinen posibles responsabilidades.

Mientras la batalla policial y judicial en torno a Forestalia acapara titulares, en paralelo se consolidan victorias silenciosas del mundo rural. Una de las más significativas se ha producido en Ejea de los Caballeros, cuyo pulso con el gigante energético ha terminado marcando un precedente para todo Aragón. El municipio cincovillés ha logrado algo poco habitual: sentar jurisprudencia en defensa de la autonomía local frente a grandes proyectos empresariales, en un contexto de creciente tensión entre desarrollo energético y territorio.

La polémica comenzó en febrero de 2022, cuando el Ayuntamiento suspendió el otorgamiento de licencias para proyectos fotovoltaicos y eólicos con el objetivo de tramitar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que ordenara el territorio, protegiera el uso agrícola y preservara el paisaje y la biodiversidad, en línea con la Ley 6/2023 de protección y modernización de la agricultura social y familiar y del patrimonio agrario de Aragón. El Ayuntamiento tomó la iniciativa para garantizar la seguridad jurídica y defender los intereses del municipio y la medida bloqueó inicialmente toda la tramitación de proyectos de Forestalia, que pretendía instalar casi 300 aerogeneradores de más de 200 metros de altura, acompañados de líneas de muy alta tensión y otras infraestructuras asociadas.

La modificación del PGOU siguió un proceso complejo durante varios años, desde la aprobación inicial en febrero de 2023, con participación de todos los grupos políticos hasta que en marzo de 2024, el Consejo Provincial de Urbanismo aprobó la modificación de manera definitiva.

La alcaldesa de Ejea de los Caballeros, la socialista Teresa Ladrero, ha valorado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón como una “victoria legal y moral” que refuerza la autonomía local para ordenar su territorio. Ladrero explica además que la defensa de la autonomía municipal no supone oponerse a las energías renovables, sino ordenarlas sin imposiciones externas.

En el Ayuntamiento de Ejea hubo posturas contrapuestas. El equipo de gobierno socialista, en coalición con IU, recuerda “las numerosas presiones” de la oposición, que pedía negociar con Forestalia “para ponerles alfombra roja”. Pero atendiendo al proceso de modernización agraria que sigue Ejea, se pudo suspender el Plan General y desarrollar los estudios correspondientes para aprobarlo defiitivamente en 2023 y ubicar los aerogeneradores en cerca de 6.000 hectáreas de secano. Se logra así compatibilizar todos los usos y proteger la economía y los recursos estratégicos del municipio.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), del 5 de febrero de 2026, cambia las reglas del juego a favor de los municipios. El tribunal dictaminó que el urbanismo es una competencia local plena y si un ayuntamiento decide que su modelo de desarrollo es agrícola o paisajístico, tiene derecho a prohibir molinos en esas zonas específicas. El TSJA permite a Ejea ordenar su territorio y el fallo establece que los proyectos industriales, por muy “necesarios” que sean, deben adaptarse al planeamiento del municipio y no al revés. La resolución de febrero de 2026 condena en costas a Forestalia y frena el “interés general” como excusa, por lo que el Ayuntamiento tiene la palabra sobre dónde se pone cada molino o placa.

También en el Pirineo se ha dado la razón a los ayuntamientos de Sabiñánigo y Jaca para modificar sus PGOU. La sentencia 389/2024 del TSJA desestimó íntegramente el recurso de la empresa Enerland Generación Solar 7, que pretendía construir seis parques fotovoltaicos de 100 hectáreas en los núcleos de Borrés y Pardinilla.

Otros municipios de las Cinco Villas y la Ribera Alta siguen el mismo camino para frenar la imposición de macroproyectos similares.

Luceni y Pedrola: La rebelión de la huerta

A decenas de kilómetros de Ejea, en la Ribera Alta del Ebro, los municipios de Luceni y Pedrola tambié siguen librando una batalla de cinco años para evitar que su pequeña, pero rica huerta, se conviertan en un mar de acero y fibra de vidrio.

Inicialmente, Luceni ofreció otros terrenos a Forestalia en la parte del monte, una zona de poco interés ambiental, entre la autovía y la autopista. También el Ayuntamiento de Pedrola se opuso a la implantación de su parque de 4 molinos junto a la huerta porque en esta zona ya hay muchas plantas de renovables. Sin embargo, el interés de la empresa era la ubicación junto al canal que seguía la línea de evacuación hacia el norte.

Siete aerogeneradores de 42 MW en dos parques iban a instalarse en el término municipal de Luceni (6 MW por molino, produciendo lo mismo que 12 molinos antiguos de los años 90), afectando también a las lindes de Boquiñeni y Tauste. El impacto visual es evidente, pues son máquinas con una altura de buje de unos 120 metros y palas de 80 metros, lo que suma una altura total de 200 metros, equivalente a un rascacielos de 60 plantas.

Otros dos parques tienen previsto, según la última Declaración de Impacto Ambiental (DIA), 8 molinos, principalmente en Pedrola y Figueruelas (muy cerca de la planta de Stellantis), con una potencia de 48 MW.

La plataforma vecinal “El Juncar es Vida” dio la voz de alarma ante molinos de casi 200 metros de altura, proyectados sobre suelos de huerta tradicional y zonas de alta sensibilidad geológica por riesgo de hundimientos (karstificación). La sospecha de los vecinos era que los proyectos estaban “fragmentados” para evitar el control del Ministerio y ser aprobados por el órgano autonómico (INAGA).

El primer triunfo de los municipios llegó con la publicación en el BOE el 16 de octubre de 2024. El Ministerio de Transición Ecológica declaró la caducidad de los permisos de acceso de Secretariat y otros parques vinculados a la línea de evacuación de Muy Alta Tensión (MAT) que debía llevar esa energía hasta Álava pero que topó con el rechazo frontal del Gobierno de Navarra y la Diputación de Álava. Sin “enchufe” donde llevar la energía, el proyecto de Luceni y Pedrola decayó administrativamente.

El giro estratégico y el “Proyecto Toro”

Lejos de rendirse, Forestalia reorientó su estrategia. Con la caída de la ruta hacia Navarra, la empresa vinculó sus recursos eólicos al “Proyecto Toro”, un plan de Interés General de Aragón (PIGA) diseñado para alimentar la futura gigafactoría de baterías de Stellantis en Pedrola/Figueruelas.

Bajo este nuevo paraguas industrial, la empresa intentó reactivar la implantación de aerogeneradores en la zona, alegando que la energía ahora era para el “consumo local” de la industria automotriz.

De esta forma, Securita y Secretariat, los nombres originales de la fase de “exportación a Navarra”, se han reconfigurado técnicamente bajo los nombres de Silvano y Sición. En la práctica, son los mismos emplazamientos: 7 molinos en la zona de Luceni y 8 en la zona de Pedrola/Figueruelas.

El blindaje legal de los ayuntamientos

Al igual que Ejea, Pedrola y Luceni pasaron al ataque legal modificando sus Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU).

El Ayuntamiento de Pedrola ha sido muy activo en el uso de sus competencias urbanísticas. La Modificación Aislada Nº 5 del PGOU de Pedrola (Zona Huerta) se publicó en el BOPZ el 26 de agosto de 2025, a través del artículo 125 que prohibe taxativamente parques eólicos y fotovoltaicos en Suelo No Urbanizable Especial. Aunque la Comisión de Urbanismo de Aragón (CUA) validó inicialmente esta redacción para proteger el “ecosistema agrario de huerta”, el proceso administrativo aún no ha concluido, ya que la Comisión tiene pendiente resolver formalmente las alegaciones de Forestalia, que impugna la norma y que determinará si el interés municipal de Pedrola prevalece sobre el “Interés General” invocado por el Proyecto Toro de Stellantis.

Por su parte, la Modificación nº 4 del PGOU de Luceni fue una maniobra de jurídica que comenzó con la aprobación municipal de nuevas normas para proteger la huerta y culminó con la resolución del INAGA del 18 de abril de 2024 (publicada en el BOA el 7 de junio), la cual validó por la vía rápida que este cambio urbanístico no requería un largo estudio ambiental ordinario. Al obtener este visto bueno técnico de la administración autonómica, el Ayuntamiento adquirió la potestad legal para suspender de inmediato la concesión de licencias de obras, dejando los proyectos de Forestalia en un “limbo” administrativo que impidió su construcción y provocó que sus permisos estatales caducaran por falta de avance.

La sentencia del TSJA del 5 de febrero de 2026 que da la razón a Ejea es un blindaje también para Luceni y Pedrola, pues el precedente judicial afecta a las alegaciones de Forestalia, que argumentaba que los ayuntamientos no podían prohibir sus parques, porque blindan legalmente la protección de la huerta.

Los dos principales casos de presunta corrupción destapados en los últimos meses, el caso Koldo y la trama Forestalia, tienen lazos con Aragón. Pero no solo eso: también existen vínculos entre ellos sin salir de la comunidad autónoma. El exdirector del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) bajo sospecha, Jesús Lobera, adjudicó un contrato de externalización de expedientes –uno de los puntos donde ponen el foco los investigadores– pocos días antes de dejar el cargo, en agosto de 2023, a una empresa que administra Alfonso Martínez, ingeniero de minas cuyo nombre apareció en los audios del caso Koldo. Así consta en los informes de la Guardia Civil en las pesquisas judiciales en torno a la empresa Forestalia.

Se trata de la firma Natural Resources Research and Development, cuyo socio único desde su creación en 2008 es el propio Martínez. La adjudicación del contrato menor de servicios se formalizó el 9 de agosto y solo unos días más tarde se hizo efectivo el relevo en el Gobierno, por el que el popular Jorge Azcón se puso al frente del Ejecutivo y Lobera dejó su cargo en el Inaga. El objeto de la mencionada externalización, adjudicada por 12.000 euros, era llevar a cabo informes técnicos como evaluaciones de impacto ambiental incluido en “zonas sensibles” o bien modificaciones de la declaración de impacto ambiental, entre muchos otros aspectos.

Precisamente una de las cuestiones que mencionan los investigadores de la Unidad Central Operativa de Medioambiente (UCOMA) respecto al caso Forestalia es que Lobera recurrió “directamente a consultoras externas”, entre las que cita Natural Resources pero también Vea Global o Satel, para que “redactaran informes a su gusto”. “Dichos informes, según los testigos, se elaboraban con criterios técnicos más laxos y omitiendo aspectos desfavorables para los promotores, siendo posteriormente validados por la Dirección del Inaga”, abunda la Guardia Civil.

Se da la circunstancia de que Alfonso Martínez, que desde la última renovación del PSOE aragonés forma parte del Comité Regional del partido, está afiliado en la misma agrupación en Zaragoza capital –Centro I– que Jesús Lobera y también que Alfonso Gómez Gámez, secretario general socialista de esta área y que apareció asimismo mencionado en los audios de la UCO dentro del caso Koldo.

Este no es, en todo caso, el único contrato de la Administración autonómica con Natural Resources, aunque sí el último tramitado por el Inaga. De hecho, en marzo de 2024 –ya con el PP en el Gobierno– se le adjudicó por 8.600 euros la redacción del estudio de impacto ambiental de la concentración parcelaria de la zona de Villarroya del Campo (Zaragoza). Antes, en marzo de 2022, la oficina dirigida por Jesús Lobera también le había elegido para otro contrato de la misma naturaleza que el de agosto de 2023. Mientras, Natural Resources Research and Development es un contratista habitual del Ayuntamiento de Calatayud, donde desde hace años lleva a cabo la coordinación de obras puntuales para la corporación del popular José Manuel Aranda.

Aunque no ha adquirido la categoría formal de investigado –en esta causa en concreto–, Jesús Lobera está en el ojo del huracán por su gestión presuntamente laxa hacia los proyectos medioambientales impulsados por Forestalia y que precisaban del visto bueno del Inaga para ver así la luz. Según la Guardia Civil, Lobera sería la “figura central en las acusaciones de presión y cambio de procedimientos”. Los investigadores le atribuyen, a partir eso sí de testimonios de empleados del Inaga, el hecho de que “los informes técnicos internos con valoración desfavorable” fueran “sistemáticamente ignorados o devueltos”. También le achacan que presionara a empleados del Inaga respecto a expedientes concretos o que reorganizara su oficina para dar “máxima celeridad” a los proyectos de Forestalia.

Mientras, Alfonso Martínez aparece mencionado en las grabaciones de la UCO en relación con los trámites para Mina Muga, aunque solo con su nombre de pila. En la conversación entre captada entre Koldo García y Santos Cerdán, el primero llega a explicar que “Alfonso”, que es “ingeniero de minas”, había “discutido con el Guipuchi” –apelativo de Antxón Alonso– en relación con “el proyecto de la Potasa”: “Que si no salía, no salía y le debía un dinero el (silencio), uno que manda en Acciona, que es el que lleva en Navarra, bueno, uno de Acciona”, relataba Koldo. La UCO sitúa a Antxón Alonso como uno de los personajes centrales de la presunta trama criminal a través de la empresa Servinabar.

El juez que instruye la causa de Forestalia, el titular del Juzgado de instrucción nº 1 de Teruel, Juan José Cortés, ha dictado este jueves una providencia en la que acuerda “la suspensión de todos los plazos actualmente en trámite hasta el día 31 de marzo de 2026”. El instructor cree que se trata “de un plazo razonable” que busca por un lado “asegurar que las partes personadas tienen posibilidad de tomar pleno conocimiento de todas las actuaciones” y que, por el otro, garantiza que “la instrucción marche sin demora”.

A partir de esa fecha, recuerda el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en una nota, se alzará la suspensión y comenzarán a computar todos los plazos que todavía están pendientes. Primero, el plazo concedido para que el propio juez informe sobre la eventual inhibición de la causa. En segundo lugar, el plazo concedido para que se informe sobre posibles personas jurídicas o físicas que pudieren ser afectadas por la adopción de medidas cautelares “a los efectos de que puedan ser citadas y convocadas a la correspondiente vista”, según el TSJA. El tercer y último plazo pendiente es el trámite para adherirse o impugnar el recurso de reforma interpuesto por la representación de los hermanos Pérez Águeda, los presuntos testaferros de la trama.

Todo ello, recuerda el juez, “sin perjuicio de los plazos correspondientes a los recursos respecto de las diferentes resoluciones dictadas”.

El juez Cortés justifica la decisión adoptada ante la “especial complejidad de la causa” en cuanto a la tramitación procesal“, lo cual es debido principalmente ”a la multitud y amplitud“ de los escritos aportados por la Policía Judicial, al número de personaciones y a la existencia de ”multitud de trámites pendientes“. Entiende, por todo ello, que ”para la efectividad de los derechos, tanto de defensas como de las acusaciones personadas, ha de garantizarse que todas ellas tengan un acceso total a las actuaciones“. Más en un contexto en el que señala que se han ”producido disfunciones“ debido a ”problemas técnicos“ y la ”dificultad del propio sistema de asumir tanta y tan voluminosa documentación“. ”Esa prevención debe serlo en el sentido de que ese acceso total lo sea antes de cumplimentar los diferentes trámites pendientes“, indica el togado.

Para terminar, el titular del Juzgado nº1 de Teruel aclara asimismo que, una vez “observado” que el 8 de marzo de 2026 se incorporaron a la causa “los anexos que faltaban y de los que se había advertido que solo constaba la carátula”, se puede entender “que el expediente ya está completo”. “Ello –matiza– sin perjuicio del propio devenir de la instrucción y las nuevas actuaciones que se vayan incorporando como consecuencia de las diligencias acordadas”.

El portavoz de Aragón-Teruel Existe (A-TE) en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, ha exigido este jueves a la multinacional danesa Copenhagen Infraestructures Partnership (CIP) que no se ponga “de perfil” y explique en España el acuerdo que alcanzó en 2020 con la empresa Forestalia para el desarrollo del proyecto del Clúster del Maestrazgo.

“No estamos acusando a CIP de ningún delito, en absoluto”, ha aclarado Guitarte en rueda de prensa, comentando que en un medio de comunicación internacional CIP emitió un comunicado en el que señaló que era “un tercero que actuaba de buena fe”, que cuando adquirió los permisos para participar en el clúster el proyecto ya contaba con el aval oficial y se desvinculó de la gestión anterior. También destacaron su “tolerancia cero” con la corrupción y brindaron su “colaboración total” con las autoridades judiciales españoles.

“La realidad es que son conocedores porque nosotros ya tuvimos una reunión en febrero de 2024 en la embajada de Dinamarca para trasladar a la empresas las dudas” que Aragón-Teruel Existe tenía sobre el proyecto. Además, Teruel Existe se reunió en Copenhage con CIP en noviembre de 2024 “para trasladarles, precisamente, todo esto que está pasando”, en alusión a la judicialización de las autorizaciones administrativas.

Guitarte ha señalado que CIP y Forestalia “firmaron un acuerdo de asociación en noviembre de 2020 para desarrollar, entre otros, el Clúster del Maestrazgo. Ha pedido conocer el contenido del acuerdo para saber ”cuál es el grado de implicación real de CIP“, exigiendo que se entregue a las autoridades judiciales.

Si Forestalia se encargaba de los servicios de desarrollo “quiere decir que la cartera de proyectos ya la había asumido CIP y Forestalia era, simplemente, un tercero al que se le encargaba el desarrollo del proyecto”, lo que podría conllevar para CIP una responsabilidad civil subsidiaria si Forestalia hubiera cometido infracciones, ha añadido.

El portavoz de Aragón-Teruel Existe ha preguntado “quién es el propietario real del Clúster, en qué grado se está llevando a cabo la intervención de Forestalia, simplemente como un contratado o como un contratado dentro de esa asociación”, considerando que “hay muchas ambigüedades en el comunicado que hizo CIP”.

“CIF es, básicamente, un fondo de inversión con participación incluso estatal de Dinamarca, y queremos que den explicaciones en España y explicaciones también en Aragón, donde está sucediendo el grueso de esta coyuntura”, ha enfatizado Guitarte.

Por otra parte, el portavoz ha emplazado a poner en marcha la Agencia Aragonesa Anticorrupción, que ya está constituida por ley y depende de las Cortes de Aragón. “Los acontecimientos que están sucediendo en estas últimas semanas son lo suficientemente graves para que lo pongamos en marcha”.

El PSOE de Zaragoza ha exigido este jueves al presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, “transparencia, rigor y respeto a los municipios” en la tramitación del denominado Proyecto Búfalo, promovido por la empresa Forestalia. Lo ha hecho después de que los Ayuntamientos de Ejea de los Caballeros, Gallur y Calatorao hayan presentado alegaciones por la falta de información y concreción en la documentación remitida por el Ejecutivo autonómico.

El proyecto, presentado por el Gobierno de Aragón como una gran inversión vinculada a la implantación de centros de datos en la provincia de Zaragoza y a parques eólicos y placas solares asociadas a los mismos, fue anunciado públicamente por el presidente Jorge Azcón como una de las grandes apuestas industriales de la Comunidad.

En el caso de Ejea de los Caballeros, el Ayuntamiento ha advertido formalmente de que la documentación remitida es insuficiente para que los técnicos municipales puedan determinar si las infraestructuras proyectadas respetan el planeamiento urbanístico. Además, el consistorio ha subrayado que este tipo de infraestructuras energéticas deben garantizar que su consumo de agua no comprometerá el desarrollo agroalimentario de Aragón ni los recursos hídricos del territorio.

No obstante, Ejea ya ganó una primera batalla legal, condenando en costas a Forestalia y reforzando su capacidad para regular las actividades que se implantan en su territorio.

Para el Consistorio ejeano esta manera de hacer las cosas, carente de rigor y objetividad, que avala el Gobierno, supone abrir la puerta de atrás para saltarse los procedimientos, convirtiendo esta posibilidad extraordinaria en algo rutinario.

Por su parte, el Ayuntamiento de Gallur ha denunciado que el plazo concedido para analizar el proyecto resulta insuficiente y que la documentación presentada no concreta aspectos fundamentales como las afecciones territoriales, la titularidad final de los centros de datos o los puestos de trabajo que realmente se generarán una vez finalizada la fase de construcción.

Impacto energético y de recursos

El Consistorio gallurano también alerta del elevado impacto energético y de recursos que pueden suponer estas infraestructuras, cuyo consumo eléctrico podría alcanzar cifras equivalentes a una parte muy significativa de la demanda energética de Aragón, lo que exige una planificación rigurosa y transparente.

Asimismo, las alegaciones del Ayuntamiento de Calatorao ponen el acento en los perjuicios económicos que va a suponer para el consistorio una posible declaración de interés general del megaproyecto, ya que se consideran innecesarias las licencias, liquidaciones de tasas e impuestos, por lo que comprometerá la sostenibilidad de la hacienda local, a la vez que se imponen obligaciones al ayuntamiento, tales como la cesión de terrenos. Es, aseguran, una manera de cercenar la autonomía local.

Desde el PSOE de Zaragoza han considerado “incomprensible” que el Gobierno de Aragón continúe tramitando este macroproyecto “sin ofrecer a los municipios afectados información suficiente sobre su impacto territorial, energético y sobre los recursos hídricos”.

La secretaria general del PSOE de Zaragoza y alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero, ha señalado que “los Ayuntamientos no pueden pronunciarse con rigor si el propio Gobierno de Aragón les remite una documentación incompleta que ni siquiera permite ubicar con precisión las infraestructuras previstas y sus afecciones”.

“Lo que estamos viendo es una forma de tramitar los grandes proyectos que ignora a los municipios. Se pretende declarar de interés autonómico una inversión de miles de millones sin explicar claramente el consumo de agua, el impacto energético o los efectos sobre el territorio”, ha criticado Ladrero.

Para la dirigente socialista, “el problema no es que Aragón reciba inversiones, el problema es cómo se están tramitando”. “El Gobierno de Azcón está actuando como un mero facilitador de grandes proyectos privados sin garantizar la información y la seguridad jurídica que necesitan los municipios y los ciudadanos”, ha afirmado.

Situación “especialmente preocupante”

Ladrero ha advertido además de que la situación resulta “especialmente preocupante” ante las informaciones conocidas en las últimas semanas en torno a proyectos energéticos vinculados a este tipo de iniciativas. “En un contexto así, lo mínimo exigible es máxima transparencia. No se puede pedir confianza a los municipios mientras se les niega la información básica sobre proyectos que pueden transformar su territorio durante décadas”, ha manifestado.

Por todo ello, el PSOE de Zaragoza ha reclamado al Gobierno de Aragón que facilite toda la información técnica necesaria a los ayuntamientos afectados contestando a las alegaciones sin resolver desde octubre de 2025 y que no continúe con la tramitación del Proyecto Búfalo hasta que se aclaren todas las dudas sobre su impacto ambiental, energético, hídrico y territorial.

“Los municipios merecen respeto. Y Aragón merece proyectos bien planificados, transparentes y compatibles con el futuro de nuestro territorio”, ha concluido Ladrero.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado este miércoles que el Departameto ya está analizando la documentación solicitada sobre Forestalia para ser enviada a la Justicia.

Aagesen ha realizado este anuncio al ser interpelada en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados por el diputado del PP Jaime de Olano sobre el caso de corrupción medioambiental que afecta a su Ministerio y a la empresa de renovables Forestalia.

En su respuesta, la ministra ha defendido que el Gobierno de España aplica la máxima de “tolerancia cero contra la corrupción, colaboración total con la Justicia y máxima transparencia”. “Además, también quiero que usted sepa que los expedientes sujetos a esta investigación se encuentran recurridos y actualmente suspendidos por vía administrativa”, ha añadido al respecto.

Aagesen ha roto asimismo una lanza en favor del trabajo de su Ministerio y ha asegurado que “se hacen y han hecho bien las cosas”, ya que desde el primer momento se ha trabajado para “desbloquear una transición energética que venía totalmente parada”.

“Durante el año 2012 hasta el año 2018 en Europa crecieron las energías renovables un 86%, en España prácticamente nada. Ha llegado este gobierno y ha crecido un 150%, creando competitividad, creando un sistema energético más resiliente y oportunidades”, ha recriminado al diputado popular.

Asimismo, ha subrayado que, en un contexto “tan complicado” como el actual“, la política del gobierno, alejándose de los combustibles fósiles, ha demostrado ser la acertada, ya que permite al país ser ”más resiliente“ y, además, le sitúa en ”una posición muy favorable respecto sus colegas europeos“.

“Desde luego le puedo asegurar que este gobierno y este ministerio actúa con rigor, con responsabilidad y también espero que ustedes hagan lo mismo, y espero que lo hagan cuando presentemos ese plan de respuesta integral contra la guerra”, aseveró.

El PP acusa al Miteco de “operar como una organización criminal”

Por su parte, el diputado del PP Jaime de Olano acusó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de “operar una organización criminal, sin que hiciera nada ante las advertencias de los funcionarios”.

“Señora Aagesen, dice que han hecho bien las cosas. Cualquiera diría que no ha habido un apagón en España y que nos han dejado a cero como Cuba, por su incompetencia”, afirmó.

De Olano consideró que “cuando hay confesiones de los delincuentes, expedientes manipulados y mordidas multimillonarias, el silencio no es prudencia”. “Esto que hacen ustedes no es transición. Es pura corrupción con etiqueta verde”, dijo.

Señor 'E'

Desde la Plataforma Paisajes de Teruel, por su parte, cargan contra “la corrupción en el modelo español de energías renovables que ha comenzado a supurar por la grieta de Forestalia y del 'Señor E', Eugenio Domínguez (exsubdirector de evaluación ambiental del Miteco)”.

Interpretan que el caso del llamado 'Señor E' no debe entenderse como un episodio aislado, sino como un indicio de un problema más amplio vinculado al desarrollo del modelo de energías renovables en España. Según exponen, centrar la atención en una sola figura podría conducir a un cierre en falso que deje sin esclarecer posibles responsabilidades estructurales.

La plataforma plantea que, en un contexto de fuerte impulso político a las renovables, se habrían producido decisiones administrativas —especialmente en materia de evaluación ambiental— que hoy resultan cuestionadas. Estas prácticas, sostienen, no se limitarían a un único proyecto o empresa, sino que afectarían a distintos territorios y actores.

Asimismo, se señala que las reacciones institucionales, tanto a nivel estatal como autonómico, generan dudas sobre su alcance real, al percibirse más orientadas a contener el impacto del escándalo que a una revisión profunda de lo ocurrido. En paralelo, se subraya el impacto que estos proyectos han tenido en zonas rurales, donde se habrían concentrado buena parte de las actuaciones.

En conjunto, desde la plataforma se sugiere que lo que está saliendo a la luz podría formar parte de una dinámica más extendida, y se advierte del riesgo de que, sin una investigación exhaustiva, se repitan patrones ya vistos en otros episodios de corrupción en España.

Seis meses después de que se destapara el caso de presuntas agresiones sexuales a menores en la escuela infantil Waldorf Munay de Zaragoza, las pesquisas judiciales amplían el foco y ahora hay una segunda persona bajo investigación. Hasta el momento, solo un extrabajador del centro, que desempeñaba funciones docentes y de cuidado, se encontraba formalmente imputado.

La ahora investigada –que ha sido citada para este mes– es una de las dos fundadoras y gestoras del centro hasta su cierre el pasado mes de noviembre. La imputación sería resultado de las declaraciones recabadas en los últimos meses por el titular del Juzgado de Instrucción nº 11 de Zaragoza. Y eso que aún hay pendientes testimonios de menores en la Cámara Gesell del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), una herramienta que funciona como prueba preconstituida y que evita la revictimización de los pequeños.

El caso saltó a la luz en septiembre, cuando se conoció la detención de dicho empleado, encargado de niños de entre 11 y 15 meses, tras varias denuncias de familias. Desde entonces, son al menos ocho las familias que han presentado denuncias, con diez menores presuntamente afectados. Las pesquisas incluyen la revisión de posibles grabaciones de los abusos, así como declaraciones de los menores en la Gesell y entrevistas con las familias por parte de la Sección de Análisis de Conducta de la Policía Nacional.

Paralelamente, la escuela permanece cerrada desde hace cuatro meses y los responsables, familiares del investigado, han sido señalados por algunas familias por presunta “aquiescencia” ante los hechos denunciados. La defensa del primer acusado ha destacado la “agonía” que están viviendo tanto él como las personas que gestionaban el centro.

El Juzgado de Instrucción nº 11 de Zaragoza decretó la libertad provisional del primer detenido, con prohibición de acceder al centro, mientras continúa la instrucción del caso bajo la supervisión de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM). La plataforma creada por familias afectadas sigue activa, con el objetivo de ofrecer apoyo mutuo y buscar reparación para los menores.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo en funciones del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, ha afirmado este lunes que están “preocupados” y “alarmados” por las investigaciones del caso Forestalia, que apuntan también a una supuesta corrupción en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), pero dice que están “tranquilos” porque la responsabilidad, en todo caso, no es del actual Ejecutivo autonómico, sino del Gobierno de España y del anterior Gobierno regional presidido por Javier Lambán.

“Yo estoy de sorpresa en sorpresa cuando vamos viendo lo que publican los medios de comunicación, los informes de la Guardia Civil o los autos de los jueces”, ha manifestado el consejero en funciones, quien ha admitido que la situación actual es “preocupante” porque “ahora vuelve a salir la corrupción”. En cualquier caso, ha dicho que confía en que los tribunales “hagan su trabajo” y condenen a “el que haya metido la mano en el saco” y al que “se haya dejado corromper”.

“El que nada tiene que ocultar, nada teme, de la Guardia Civil ni de los tribunales”, ha recalcado Manuel Blasco, en referencia al actual Ejecutivo liderado por Jorge Azcón, a lo que ha añadido que “si hay que revisar los expedientes, se revisan”, al igual que si hay que reabrir la comisión de investigación en la Cámara autonómica sobre la implantación de las energías renovables en la Comunidad y el papel del Inaga.

En una rueda de prensa para informar del desarrollo de una nueva plataforma de gestión de incendios forestales, Blasco ha recordado que se había conseguido que el Inaga dejara de ser noticia, después de serlo en la campaña electoral de 2023 por una serie de “rumores” que “parece que ahora se confirman”.

Lo habían conseguido, ha continuado, “cambiando la dirección del Inaga, aumentando la plantilla con 14 ó 14 técnicos o centralizando los informes en funcionarios de carrera o en la empresa Sarga”, con el objetivo de dar “una mayor tranquilidad” a los aragoneses y de disminuir la contratación de empresas externas “que estaban cuestionadas”.

Ello ha llevado, según el consejero, a la reducción del número de expedientes en situación de caducidad a aproximadamente la mitad en dos años y medio: “Habíamos conseguido que el Inaga se dedicara exclusivamente a trabajar y fuera del foco mediático”.

Por ello, ha considerado que no es problema del organismo, rechazando su supresión como han propuesto algunos partidos o entidades, porque no es “un ente extraño” y “los funcionarios del Inaga son funcionarios de carrera”.

En cualquier caso, Blasco ha subrayado que en este organismo impera la “tranquilidad”, a pesar de que hay “muchísimo trabajo”, de estar en el foco de los medios de comunicación y a que se cuestione su funcionamiento, algo que “nunca es agradable”.

Ha reiterado, por último, que el Gobierno de Aragón ha solicitado la personación en la causa judicial como perjudicado “en defensa de los ciudadanos y como paso previo a ejercer las acciones de acusación particular si llega el caso, porque obviamente hay que defender el interés de los ciudadanos que nos pagan con sus impuestos”, además de que ello permitirá acceder a información en manos de la Guardia Civil y el juez que el Ejecutivo no conoce.

La mujer de Alfredo Boné, ex consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón por el PAR entre 2002 y 2011 y que aparece profusamente mencionado en el informe de la Guardia Civil sobre el caso Forestalia, fue administradora durante meses de una veintena de empresas vinculadas supuestamente con la trama. Lo hizo pese a que Lucía Domingo Monserrate trabajaba como empleada pública en Sarga, empresa del Gobierno de Aragón, con la que aún sigue ligada laboralmente como jefa de área.

Exalcaldesa de Fortanete (Teruel) entre 1999 y 2007, primero por el PP y a continuación por el PAR, Domingo Monserrate es psicóloga, consultora y técnico medioambiente, tal y como consta en el informe de la Unidad Central Operativa de Medioambiente (UCOMA) de la Guardia Civil. Ejercía al menos hasta el año pasado como responsable del centro medioambiental de La Alfranca, que pertenece a Sarga. Esta empresa proviene de la fusión en su día de otras dos firmas autonómicas de capital público, Sirasa y Sodemasa, la segunda de las cuales estuvo bajo el control de Alfredo Boné en su etapa como consejero.

Fue entre mediados de 2020 y principios de 2021, en plena pandemia, cuando Lucía Domingo pasó a convertirse en administradora única o solidaria de más de dos decenas empresas —todas relacionadas con el sector energético— que menciona la Guardia Civil en sus pesquisas sobre el caso Forestalia. Según los datos recabados por este periódico, la empleada de Sarga participó entre otras en Tenere Gestión Integral SL, Pallaruelo Energy SL (de la I a la X) o Peonia SL. De esta última, el informe de la UCOMA plasma que fue constituida por el matrimonio junto con otra persona jurídica, Evama Building SL, en 2018.

De hecho, el informe del Instituto Armado sitúa a Domingo como “interviniente” en la fundación de todas estas compañías. Solo en un día, el 11 de marzo de 2020, las cuatro mismas personas —Boné, su mujer, Sebastien Jean Claude Pérez y la mercantil Evama Building, representada por María Pilar Rufas Calasanz— crearon 19 sociedades a través del mismo notario. El matrimonio vendió cuatro meses después participaciones de siete de estas firmas. La Guardia Civil apunta a que Domingo continuaba teniendo presencia en empresas, ya que recoge que en julio de 2023 hubo otras 19 transmisiones a Evama Building SL.

Implicaciones administrativas

Los investigadores, en todo caso, no llegan a plasmar en la documentación remitida al Juzgado ninguna actuación delictiva por parte de Domingo con este baile de empresas, más allá de las implicaciones administrativas de compaginar estos cargos con su Jefatura en Sarga. Cuestionado acerca de esta circunstancia por elDiario.es, el Gobierno de Aragón se ha limitado a asegurar que no va a dar “información de ningún trabajador de Sarga”. Hay que recordar que la actividad de la empresa pública en la que trabaja Lucía Domingo es precisamente de carácter medioambiental.

Por otro lado, y al igual que su cónyuge, la empleada de Sarga figura como titular o autorizada en cuatro decenas de productos bancarios de cinco entidades distintas.

Este periódico ha intentado contactar con Lucía Domingo pero no ha sido posible.

Aunque no está formalmente investigado, el informe de la Guardia Civil apunta en la documentación remitida al juez de Teruel que consideran la venta de una empresa propiedad de Alfredo Boné a Fernando Samper —Viadós Gestión Integral de Proyectos SL, más tarde Athmos Sostenibilidad SL— en 2018 un vehículo instrumental para materializar el cobro a posteriori de supuestos favores a cambio de facilitar la tramitación de parques eólicos. Por esta transmisión, Boné percibió según el Sepblac (el organismo antiblanqueo de capitales) 1.450.862 euros, frente a 1.333.333 euros escriturados.

El pasado miércoles, el propio ex consejero autonómico hizo público un comunicado en el que aseguró que estos “pagos de más” tienen que ver con el periodo entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019 en que siguió colaborando con Forestalia y se corresponden con “las sumas de las 13 facturas emitidas como autónomo, de las que el UCOMA y/o el Banco de España tienen que tener conocimiento”. “Maliciosamente, algunas informaciones han atribuido una sombra de fraude fiscal por ese supuesto 'sobreprecio'. Todas y cada una de las cantidades han sido producto de actividad profesional, facturadas en su totalidad y satisfechos los tributos correspondientes”, añadió Boné.

Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón han formalizado este viernes la voluntad del Ejecutivo autonómico, pese a estar en funciones, de personarse como perjudicado en la causa que se tramita en el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel sobre los proyectos de renovables promovidos por la empresa Forestalia, pero solo los promovidos por el anterior Ejecutivo socialista.

La vicepresidenta y portavoz en funciones del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha justificado esta decisión para tener acceso a toda la información que vaya a evaluarse en el proceso y conocer al minuto el estado del caso. La solicitud tendrá que ser admitida, pero según ha admitido Vaquero es la forma de mostrar su desconfianza en Forestalia y dar credibilidad a todas las investigaciones y noticias publicadas al respecto.

Nuevamente, Vaquero ha pasado por encima de los proyectos Toro y Búfalo, para los que Azcón puso alfombra roja a Forestalia, apadrinados y aplaudidos por el propio presidente en funciones, y se ha limitado a trasladar la inquietud sobre la investigación de los gobiernos central y autonómico socialistas. Ha dicho no haber recibido ninguna preocupación por parte de las empresas aragonesas pendientes de este proceso por las afecciones que puedan tener en la continuidad de los proyectos y ha asegurado que “en estos momentos” no han “ningún contacto con Forestalia” en relación con este asunto. “Me da la sensación de que el proceso se va a alargar e iremos conociendo todas las afecciones. Hoy lo importante es esta decisión”, ha concluido la vicepresidenta y portavoz en funciones.

Mientras tanto, el Gobierno de Aragón se mantendrá a la espera de lo que se decida sobre la tramitación del Clúster del Maestrazgo “para respetar los tiempos del trabajo de jueces y policías, que nos está facilitando conocer estos ”graves y preocupantes“ hechos y colaborará en todo lo que se le requiera. No obstante, Vaquero ha informado de que hasta hoy nadie les ha requerido documentación relativa al Inaga, el órgano que tramita expedientes de ámbito aragonés.

Igualmente, ha comunicado la disposición del gobierno en funciones de poner en marcha otra comisión de investigación, además de la que ya concluyó en 2024.

Con respecto a la petición de plataformas ecologistas, solicitando la desaparición del Inaga para integrarse en una dirección general, Vaquero ha restado importancia al modelo, más preocupada por “una gestión transparente y eficaz”.

Además, ha defendido el refuerzo recibido por este organismo desde que entraron a gobernar, tanto en medios humanos como materiales. Ha recordado que cambiaron la dirección y el modelo para ofrecer mayor transparencia reforzando la seguridad jurídica “El Inaga debe ser un instrumento útil, independientemente de la forma”, insiste. En lo único que coinciden con el dictamen elaborado por la Cámara de Cuentas de Aragón sobre la gestión del Inaga en 2022 y 2023, es que falta darle impulso a la actualización del sistema informático. En todo lo demás, asegura estar alineados con las recomendaciones de la cámara.

Con respecto al personal del Inaga, ha mostrado su respeto y comprensión por las presiones que deben estar viviendo estos profesionales, como ya las sufrieron durante la comisión de investigación de 2024.