Diversas entidades por el derecho a la vivienda se han concentrado este martes por la tarde en el solar de la calle Llull 355, en Barcelona, para protestar contra la “privatización de la vivienda protegida”. Este amplio espacio vacío acogerá próximamente una promoción que correrá a cargo de la constructora Corp, que será la misma que edificará otros dos edificios en el mismo barrio. Entre todas, sumarán más de 400 Viviendas de Protección Oficial (VPO), casi la mitad de las que actualmente el Ayuntamiento tiene adjudicadas o en proceso de adjudicación.

Corp, una constructora a la que la justicia ha anulado recientemente una promoción de pisos de lujo, salió vencedora de la licitación pocos meses antes de que el consistorio presentara otros dos concursos abiertos a operadores privados para construir 600 viviendas más. Todo ello, según las entidades concentradas, supone un “proceso privatizador en medio de una emergencia habitacional grave”. Consideran que el hecho de que las promociones se estén adjudicando a promotoras privadas “favorece los intereses de la patronal inmobiliaria, asegurándoles beneficios astronómicos”.

Este tipo de promociones dedicadas a vivienda protegida suponen la cesión del terreno y la finca gratis durante 30 años y cuentan con subvenciones y financiación públicas que cubren el 100% del coste de construcción, según estimaciones del propio Ayuntamiento. La administración también ha calculado que los beneficios que Corp puede sacar de un solar como el de Llull ronda el 11% anual. Con todo, las entidades convocantes -la XES, el Observatorio DESCA, la PAH, el Sindicat de Llogateres, la FAVB, Habicoop y organizaciones juveniles de UGT y CCOO- han calculado que los beneficios de estas constructoras pueden rondar los 600 millones.

“Son beneficios estables y crecientes, ya que los alquileres aumentarán de la mano del IPC, todo ello en base a fondos públicos”, apuntan desde la XES. Esta entidad se muestra de acuerdo en que la prioridad es construir vivienda pública y protegida, pero considera que es una “contradicción” que la misma se encargue a empresas privadas. “Si el Ayuntamiento no tiene capacidad para construir en suelo público, se debería encargar la gestión y la edificación a entidades sin ánimo de lucro”, apuntan desde la Federación de Cooperativas de Vivienda. “No tiene sentudi que estemos pensando en regular el uso social de la vivienda en suelo privado, pero se impulse la privatización en el suelo público”, remachan.

En esta línea, las entidades convocantes lamentan que las cooperativas de vivienda sólo han conseguido la adjudicación -todavía sin confirmar- de 200 VPO, lo que para los convocantes es un “agravio” y una “irresponsabilidad”, además de una vulneración del convenio ESAL, un pacto con el consistorio que establece que las cooperativas construirían y gestionarían 1.000 viviendas.

Que el peso de la balanza caiga del lado de las promotoras privadas, según alertan desde la PAH, “desplaza la función social de la vivienda”, lo cual es “especialmente grave” al tratarse de VPO, que están destinadas a “familias vulnerables sin más alternativa”. Lamentan que la administración esté cediendo el suelo público a empresas privadas que gestionarán estos pisos durante 99 años y recuerdan que cuando los operadores privados han sido las encargadas de VPO “los derechos de las inquilinas se han visto perjudicados”.

En esta línea, han recordado lo sucedido en hasta 34 promociones de vivienda protegida gestionadas por La Caixa, en las que los vecinos denunciaron falta de mantenimiento en los edificios, subidas de precio injustificadas, no renovación de contratos, expulsiones y cobro de cláusulas abusivas. Estos edificios fueron construidos por la Obra Social La Caixa entre 2002 y 2012 y por los que cobró más de 25 millones de euros en subvenciones.

Este caso dio paso a una campaña que vino a demostrar que el banco inició “prácticas especulativas feroces” en cuanto hubo recuperado la inversión inicial y los pisos pasaron a estar en una fase en la que la normativa le permitía vender o alquilar a precios “estipulados”, pero sin obligación alguna de tener las viviendas ocupadas.

“El resultado aumentó el patrimonio inmobiliario de La Caixa, que ha terminado desligándose de las consideraciones de accesibilidad y protección social con la que en su día se justificaron las ayudas con dinero público”, denunciaron en su momento desde el Sindicat de Llogateres, entidad que acompañó a las vecinas afectadas.

Es cierto que actualmente esta situación no se podría repetir ya que, desde 2019, todas las viviendas de promoción pública en Catalunya mantienen la protección de forma indefinida, pero las entidades convocantes alertan de que “los operadores privados todavía pueden encontrar maneras de maximizar beneficios”, y apuntan a posibles cláusulas abusivas o la desinversión en el mantenimiento.

En este sentido, ponen la vista en el Plan Estatal de Vivienda, que también se ha presentado este martes y que, entre otras cosas, pretende blindar la VPO para siempre. “El Gobierno dice que ni un euro de este plan va a ir a parar a la especulación, pero eso es mentira si se cede el suelo público a grandes corporaciones inmobiliarias que se dedican a las viviendas de lujo”, alertan desde el Sindicat de Llogateres.

Por ello, los organizadores de la concentración exigen al gobierno municipal que pare los concursos abiertos -a los cuales han anunciado que presentarán enmiendas- y que destine ese suelo a entidades sin ánimo de lucro en el marco del convenio ESAL. “Es un cambio de paradigma: hay que dejar de usar estos pisos como anzuelo para la iniciativa privada. La solución a la crisis pasa por desmercantilizar la vivienda”.

Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha entregará el próximo 23 de abril los Premios Cooperativos 2026 durante un acto que tendrá lugar en el Paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Ciudad Real.

Se entregarán premios en las categorías de Sostenibilidad Económica, Sostenibilidad Social, Sostenibilidad Medioambiental, Excelencia Cooperativa y Mérito Rural, dirigido a cooperativas ubicadas en municipios menores de 2.000 habitantes, informa la entidad.

Aunque el nombre de las cooperativas premiadas se desvelará a lo largo de la gala, la organización, como en ediciones anteriores, ha dado a conocer la concesión de los reconocimientos especiales.

Así, la Insignia de Oro de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha, máximo distintivo que otorga la organización por su trayectoria profesional a personas destacadas en el cooperativismo de la comunidad autónoma, recaerá en el Instituto de Desarrollo Regional (IDR) de la Universidad de Castilla-La Mancha, en reconocimiento a su trayectoria y apoyo al cooperativismo agroalimentario.

El Premio Especial Valores Solidarios se concederá a AFAS, Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad, por “su admirable labor, compromiso y dedicación en favor de la inclusión, el bienestar y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias”.

Con estas distinciones, Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha reconoce los méritos y valores de cooperativas y sociedades agrarias de transformación castellanomanchegas que hayan destacado en el último año por sus buenas prácticas en diferentes ámbitos

El evento, que alcanza su quinta edición, reunirá a más de 400 representantes de cooperativas agroalimentarias de la región, así como autoridades, patrocinadores y colaboradores.

La entrega de galardones está enmarcada en la celebración de la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar previamente. En ella se someterá a votación, entre otros asuntos, la Memoria de Gestión del Consejo Rector durante el año 2025, las Cuentas Anuales correspondientes al pasado ejercicio o el Plan de Actuación 2026 y adopción de los acuerdos necesarios para su ejecución.

Además se procederá a la elección de vocal en el Consejo Rector y de un interventor, en la Comisión de Intervención de Cuentas.

La nueva Ley Integral de Impulso de la Economía Social ya es una realidad, aprobada este jueves de manera definitiva por el Congreso de los Diputados, y que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. Entre las novedades más destacadas, la norma incluye medidas como nuevas ayudas fiscales a las cooperativas de viviendas en cesión de uso, más causas para descalificar a falsas cooperativas y más colectivos que pueden contratar las empresas de inserción, entre otras.

El Ministerio liderado por Yolanda Díaz, que ha impulsado la regulación, destacaba este jueves que la llamada “economía social” representa “un modelo económico alternativo que prioriza las personas por encima de los beneficios, promoviendo formas empresariales más justas, resistentes, horizontales y democráticas, y que permiten cohesionar el territorio combatiendo la despoblación rural y fomentando el arraigo”.

En concreto, la ley recoge las entidades que forman parte de la economía social, con la novedad de delimitar los centros especiales de empleo solo a aquellos de “iniciativa social”. Son “las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo de iniciativa social, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación, las empresas sociales” que se rijan por los principios establecidos para este tipo de economía.

No se trata de un “apartado menor” de la economía, ha recordado este jueves Yolanda Díaz, ya que supone el 11% del PIB, más de 127.000 empresas y entidades, de las que dependen más de 2,2 millones de empleos directos e indirectos, ha cifrado su Ministerio.

Así, la nueva legislación incluye cambios en cuatro leyes que integraban el ecosistema normativo de este sector: la Ley de Cooperativas, la de Ley para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, la Ley de la Economía Social y la Ley de Régimen Fiscal de las Cooperativas.

A continuación, sin que sea una enumeración exhaustiva, se recogen algunas de las novedades más relevantes de la ley, que ha destacado el Ministerio y otros colectivos de la economía social.

Ayudas fiscales a vivienda de cesión de uso

La ley favorece por primera vez las cooperativas de vivienda de cesión de uso, al considerarlas “especialmente protegidas”. Se trata de un modelo todavía poco conocido, pero que está empezando a crecer en algunas zonas. A diferencia de otras fórmulas cooperativas, esta no se disuelve cuando se construye la promoción ni se reparte la propiedad, sino que es la entidad quien la mantiene y transfiere el derecho de uso a los socios.

Esta nueva legislación introduce así las cooperativas de vivienda de cesión de uso como “como cooperativa especialmente protegida”, siempre que mantengan la propiedad de las viviendas, no repartan retornos y cumplan requisitos específicos. Este reconocimiento otorga a estas cooperativas el acceso a determinados beneficios fiscales.

Más foco para destapar falsas cooperativas

La ley refuerza las causas de descalificación administrativa para actuar frente a entidades que operan bajo apariencia cooperativa, pero que vulneran sus principios y valores. Es decir, las falsas cooperativas que en algunos sectores han hecho mucha mella y han requerido de una intensa actuación de la Inspección de Trabajo, como ocurrió con Servicarne.

Por ejemplo, detalla la descalificación “cuando la prestación del trabajo de las personas socias trabajadoras o socias de trabajo no se desarrolle de acuerdo con su estatuto jurídico, con participación efectiva en la gestión democrática y en el ámbito de organización y dirección de la cooperativa, así como cuando se encubra bajo la forma cooperativa finalidades propias de otras clases de sociedades o cuando se advierta la dependencia de otras entidades o personas”, entre otras causas.

Digitalización y planes de igualdad en cooperativas

La norma también incorpora novedades en el terreno de la digitalización de las cooperativas, para adaptar “al siglo XXI el funcionamiento interno” de estas organizaciones, destaca el Ministerio de Trabajo, a través de la regulación de las comunicaciones electrónicas, la participación telemática en asambleas y consejos rectores, y el refuerzo del derecho de información de las personas socias, entre otros puntos.

La ley incorpora también medidas de igualdad ajustadas a su singularidad, como “planes de igualdad cooperativos”. Por ejemplo, también contempla una nueva Comisión de Igualdad, impulsa la conciliación y establece un nuevo principio de “presencia equilibrada” de mujeres y hombres en los órganos de la sociedad, como su Consejo Rector y Asamblea General.

Nuevos colectivos de trabajadores de centros de inserción

Con un lenguaje “menos estigmatizante”, destacan en el Ministerio de Trabajo, el texto incluye una definición de empresa de inserción “más adecuada y coherente con sus fines, de forma que los nuevos ajustes introducidos en el funcionamiento interno de estas empresas permitirán garantizar su competitividad con la contratación indefinida en empresas ordinarias como meta laboral”. La ley además amplía los colectivos de personas que pueden ser empleadas por las empresas de inserción.

Así, podrán contratar “como trabajadoras en inserción a las personas desempleadas o en situación de mejora de empleo e inscritas en los servicios públicos de empleo expuestas a factores de vulnerabilidad y/o exclusión social” y, específicamente se incorporan colectivos a los ya existentes como personas desempleadas durante dos años o “un período superior a doce meses en caso de ser personas mayores de 45 años”, víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos, y personas inmigrantes, así como beneficiarias de protección internacional, cuando por sus características o circunstancias personales presenten especiales dificultades de integración en el mercado laboral, entre otras.

Más contratación pública social

“La ley eleva la contratación pública reservada, aumentando el porcentaje de contratos del sector público reservados para empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social”, destaca el Ministerio de Trabajo. Además, los pliegos deberán incorporar criterios y condiciones de ejecución que fomenten la contratación de personas en itinerarios de inserción y la subcontratación de empresas de inserción, indican en Trabajo.

La legislación cuenta con el respaldo de la mayor patronal del sector, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), que había pedido el apoyo para que saliera adelante en el Parlamento.

“La Economía Social constituye un punto de encuentro político, tal y como se ha reflejado en el compromiso manifestado por los distintos grupos parlamentarios a lo largo de la tramitación de este proyecto legislativo”, ha destacado la confederación presidida por Juan Antonio Pedreño.

La Ley Integral de Impulso de la Economía Social es una realidad. El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves de manera definitiva este nuevo marco legal que pretende aglutinar y modernizar tres leyes previas del conjunto de la llamada “economía social”, como las cooperativas y las empresas de inserción, impulsado por el Ministerio de Yolanda Díaz y que cuenta con un amplio respaldo del sector. El Congreso ha recibido de vuelta la norma del Senado y ha rechazado la mayor parte de las enmiendas incluidas por el PP.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha celebrado el trabajo de más de “un año y medio” para sacar esta legislación adelante, con las aportaciones del conjunto de diputados del Congreso y de los senadores de la Cámara Alta.

“Una pequeña reflexión: la economía social en España supone hoy, no un apartado menor de la economía en nuestro país. Es nada más y nada menos que el 11% del PIB, tiene que ver con la vida de muchísimas empresas”, ha destacado Díaz.

El Ministerio de Trabajo destaca que, como sector socialmente estratégico de nuestra actividad, “la Economía Social representa un modelo económico alternativo que prioriza las personas por encima de los beneficios, promoviendo formas empresariales más justas, resistentes, horizontales y democráticas, y que permiten cohesionar el territorio combatiendo la despoblación rural y fomentando el arraigo”.

Modernización de tres leyes previas

Esta Ley Integral supone una actualización del marco jurídico de la economía social en España, que aglutina y reforma tres leyes previas: la Ley de Cooperativas, la Ley de Empresas de Inserción y la Ley de Economía Social.

Además, incorpora una modificación de la Ley sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas para impulsar y proteger especialmente por primera vez el modelo de la vivienda cooperativa en cesión de uso, una de las medidas que ha destacado el Ministerio ante al actual problema de acceso y coste de la vivienda en España.

Entre sus novedades, la nueva ley impulsa “fórmulas innovadoras de la Economía Social”, destaca el Ministerio, “como la vivienda cooperativa en régimen de cesión de uso, las comunidades energéticas o el comercio justo”.

Otro de los avances más relevantes es el “refuerzo de las causas de descalificación administrativa” para actuar frente a las falsas cooperativas, entidades que operan bajo una apariencia de supuesta cooperativa,“ pero que vulneran sus principios y valores”, indican en Trabajo.

También se reforma la regulación de las Empresas de Inserción, las entidades que facilitan la participación en el mercado laboral de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entre las novedades, se modifica la definición de colectivos o personas expuestas a situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social, que pueden ser contratadas a través de estas empresas.

Yolanda Díaz ha destacado que, frente “al ruido” de la política en la actualidad, este jueves se ha celebrado “el valor democrático de las Cámaras, que sirvan para mejorar la vida de la gente”.

La legislación cuenta con el respaldo de la mayor patronal del sector, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), que había pedido el apoyo para que saliera adelante. La organización destaca que la economía social supone no solo el 11% del PIB, sino también “cerca de 130.000 empresas y entidades que generan 2,25 millones de empleos directos e indirectos”.

“La Economía Social constituye, además, un punto de encuentro político, tal y como se ha reflejado en el compromiso manifestado por los distintos grupos parlamentarios a lo largo de la tramitación de este proyecto legislativo”, ha destacado CEPES, presidida por Juan Antonio Pedreño.

Un acuerdo firmado entre Fundación Nexo y Microbank -el banco social del Grupo CaixaBank- permitirá que los emprendedores cuyos proyectos promuevan la economía social accedan a microcréditos de hasta 50.000 euros sin la necesidad de un aval.

Se trata de una línea de financiación concedida a proyectos sociales, del medio rural, transformativos y a emprendedores de colectivos vulnerabilizados, que no tienen fácil acceder a los créditos de la banca tradicional, según se ha explicado este martes en la octava edición del 'Café Trajineras', un evento impulsado por la Fundación Nexo en Toledo y que está dirigido a quienes quieran conocer recursos para emprender en Economía Social y desde el Tercer Sector.

El encuentro, que ha sido grabado para emitirse como uno de los capítulos del pódcast Radio Emprende Social, ha contado con la participación de la presidenta de la Fundación Nexo, Cristina Muñoz Izarra, la directora general de Microbank, Cristina González Viu, y la directora general de Autónomos y economía social de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Castilla–La Mancha, Ana Carmona. Además, ha estado presentado por el periodista de elDiario.es Castilla-La Mancha, Javier Muñoz de la Torre Granados.

La presidenta de Nexo ha explicado que el objetivo del acuerdo es pasar “de la idea a la realidad”. Después de explicar que hay un “porcentaje elevado” de jóvenes de entornos rurales que se plantean emprender, ha señalado que se suelen encontrar con dificultades para acceder a la financiación y que necesitan un acompañamiento para sacar su proyecto adelante. Es ahí donde entra en juego la fundación que preside Muñoz, que analiza los proyectos para convertir una idea en un proyecto “sólido y viable”. Solo entonces es cuando los pasan a Microbank para conseguir la finaciación.

“Cuando hablamos del rural, prácticamente todo es emprendimiento social, ya que son territorios vulnerables que necesitan retener todo ese talento”, ha añadido Muñoz, explicando que los programas de Nexo “hacen mucho hincapié en promover el emprendimiento, especialmente el femenino”.

La economía social supone el 12% del PIB regional

Por su parte, la directora general de Microbank, Cristina González, ha señalado la importancia de la Fundación Nexo en ese trabajo. “Cuando un proyecto llega a Microbank, ya se han planteado las preguntas incómodas que son necesarias hacerse sobre la propuesta, así que ya se puede analizar con unos criterios de riesgo”. Por último, González ha señalado que su centro de admisión de riesgos tiene unos criterios “totalmente distintos” a los que tienen el resto de bancos, porque se fijan en si el proyecto es viable y “no tanto en la situación económica” a corto plazo.

La directora general de Autónomos y economía social de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Castilla–La Mancha, Ana Carmona, ha destacado que el emprendimiento social “no es solo una forma de construir empleo, sino una forma de crear cohesión social”.

Carmona ha proporcionado algunos datos sobre el impacto que tiene la economía social en Castilla-La Mancha: actualmente, operan más de 4.000 entidades que aportan 12% PIB regional y generan más de 24.000 empleos directos.

“Cuando hablamos de empleo de emprendimiento social hablamos de nombres y de historias, hablamos de sueños, esperanzas y una determinada forma de salir adelante”, ha añadido.

La Fundación Nexo y Microbank -el banco social del Grupo CaixaBank- han firmado un convenio de colaboración mediante el cual la fundación colaborará para seleccionar proyectos de emprendimiento social que puedan recibir “inversión de impacto” por parte de la entidad bancaria. Son créditos concedidos a proyectos sociales, del medio rural, transformativos y a emprendedores de colectivos vulnerabilizados, que no tienen fácil acceder a los créditos de la banca tradicional, según informa la fundación en un comunicado.

Así lo anunciarán la presidenta de la Fundación Nexo, Cristina Muñoz Izarra, y la Directora General de Microbank, Cristina González Viu, este martes en una nueva edición del Café Trajineras, un evento dirigido a emprendedores/as y orientadores/as sociolaborales con el doble objetivo de dar a conocer recursos para emprender en Economía Social y desde el Tercer Sector e inspirar a los/as emprendedores/as con ejemplos de buenas prácticas de todo el país. En él se explicarán los detalles del convenio entre Nexo y Microbank y de la inversión de impacto, aquella que busca la transformación de los territorios hacia el buen vivir de todas las personas.

En dicho encuentro, Muñoz y González estarán acompañadas por la directora general de Autónomos y economía social de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Castilla–La Mancha y por el periodista de elDiario.es Castilla-La Mancha, Javier Muñoz de la Torre Granados, que será quien modere la mesa sobre inversión de impacto.

Red de técnicas y emprendedoras

Desde que se comenzó a celebrar en la primavera de 2025 ha habido ya siete ediciones en las que se ha consolidado una red de técnicas y emprendedoras que colaboran entre ellas en el intercambio de recursos e información. Con entrada gratuita, se celebrará este martes a las 10:30 horas en la sede toledana de la Fundación en la avenida Carlos III y se han convertido en todo un referente en el emprendimiento social bajo el paraguas del programa de NexoEmpleo ‘Trajineras’.

Las trajineras hace alusión a las familias arrieras que conectaban las poblaciones de la Mancha Alta llevando mercancías y ganado de un sitio a otro. El Café Trajineras del martes será retransmitido en directo a través del canal de YouTube de la Fundación Nexo y de sus redes sociales y servirá para presentar Radio Emprende Social, un programa de píldoras formativas sobre emprendimiento en economía social y solidaria con agenda de recursos, entrevistas y formación.

La Asociación Economía Social y Solidaria en Red (REAS Castilla-La Mancha) ha lanzado un podcast de tres episodios bajo el título ‘Esto si va contigo: otras formas de emprender’, en el que se conversa sobre emprendimiento social y cómo hacerlo de manera colectiva y con valores, a través de la Economía Social y Solidaria.

En esta serie, producida gracias a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, han participado la Fundación NEXO Empleo, la asociación Llanero Solidario, Fundación Kirira y la Cooperativa Agresta. En las conversaciones no solo se ha tratado sobre cómo sacar adelante un emprendimiento sino cómo el trabajo colectivo, los cuidados dentro del equipo y la constancia son claves para mantenerse a flote.

¿Y si emprendo? Empezando por lo colectivo

En el primer capítulo de esta serie se trata sobre qué pasos dieron aquellas personas que decidieron emprender, con qué dificultades se encontraron y qué aprendizajes les acompañan.

Paloma Olmedo, secretaria técnica de REAS y Pilar Durante Hernández, de Cooperativa Agresta, conversan sobre el emprendimiento colectivo.

En Castilla-La Mancha, el sector de la Economía Social representa ya más del 3% del PIB regional, genera más de 25.000 empleos directos e indirectos en más de un millar de entidades, entre cooperativas, asociaciones, fundaciones y sociedades laborales, en sectores muy diversos: desde servicios de proximidad y proyectos culturales, hasta iniciativas agroecológicas, energéticas o de inclusión social, que han demostrado una gran capacidad de resiliencia en tiempos de crisis.

En contraste con el emprendimiento convencional, en que muchas veces las decisiones dependen de una o pocas personas con capital, en la Economía Social se busca repartir la responsabilidad, construir vínculos y tomar decisiones colectivas.

Olmedo y Durante explican cómo nacieron sus proyectos, por qué decidieron hacerlo de manera colectiva y qué ventajas tiene hacerlo de esta manera.

Cómo lanzar tu proyecto paso a paso

En el segundo episodio, Cristina Izarra -del grupo Esenzias y Nexo Empleo- y Luis Enrique Espinoza -presidente de REAS Castilla-La Mancha- conversan sobre el proceso que vive cuando aparece una idea de proyecto. Destacan cómo se organizaron, qué apoyos fueron clave, cómo superaron los momentos difíciles y qué aprendieron por el camino.

Cada vez más personas deciden emprender en común y están demostrando que otra forma de trabajar —más humana y más justa— no solo es posible, sino necesaria. Y aunque el proceso no siempre es sencillo, existen redes que acompañan, como las que integran la Confederación de Economía Social de Castilla-La Mancha y servicios de emprendimiento local que apoyan desde la idea hasta la consolidación del proyecto.

No todo es dinero: cómo hacer que tu proyecto dure años

Gestionar recursos, mantener la motivación y encontrar un equilibrio entre lo económico y lo humano, es clave para que el proyecto siga creciendo cuando ya es una realidad.

En el  último capítulo se trata cómo financiarse sin perder los valores, y de cómo cuidar al equipo para que se mantenga vivo el proyecto.

Daniel Azaña, de la asociación Llanero Solidario y Estrella Giménez, de la Fundación Kirira, mantienen una conversación en la que comparten sus propias experiencias. Se concluye que sostener un proyecto de Economía Social es aprender a gestionar con inteligencia, coherencia y cuidado.

En lo económico, la clave está en diversificar y combinar distintas fuentes de financiación -públicas y privadas- para no depender de una sola y existen opciones de financiación ética y solidaria, como Fiare Banca Ética, Coop57 u Oikocredit, que conceden préstamos y microcréditos a proyectos con impacto social o ambiental.

En el plano organizativo, la sostenibilidad depende de los cuidados internos. Los equipos que duran son los que aprenden a escucharse, a repartirse las tareas de manera justa y a poner límites.

En definitiva, sostener un proyecto es un ejercicio continuo de equilibrio: entre ingresos y valores, entre crecimiento y descanso, entre hacer y cuidar. En Castilla-La Mancha, muchas entidades lo están logrando gracias a redes como REAS CLM, que promueven formación, acompañamiento y sinergias entre proyectos.

El compromiso del Gobierno de España con la economía social “se ha reforzado de manera clara y sostenida” en los últimos años, situando este modelo productivo como uno de los ejes estratégicos de la política pública, con la igualdad de género como principio transversal. Así lo defiende Aicha Belassir, directora general de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo y Economía Social (MITES).

Uno de los hitos más relevantes de este recorrido ha sido la incorporación expresa de la economía social en la denominación del propio Ministerio, a lo que se suma la reciente aprobación en el Congreso del Proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social. A ello se añade un compromiso presupuestario “sin precedentes”, articulado a través de convocatorias anuales de subvenciones y de instrumentos como el Plan Integral de Impulso a la Economía Social, financiado con fondos Next Generation en el marco del PERTE de la Economía Social y de los Cuidados.

“El apoyo público debe entenderse como una palanca que contribuye a poner en marcha y fortalecer proyectos con impacto, siempre desde una lógica de autonomía y sostenibilidad a medio y largo plazo”, subraya Belassir, quien destaca iniciativas como WeCoop Mujeres ESS, fruto de la colaboración público-privada. “Proyectos como WeCoop no solo dan visibilidad al liderazgo femenino, sino que generan herramientas, redes y oportunidades tangibles”, señala Belassir, como ejemplo de respaldo institucional a un modelo económico más inclusivo.

En ese sentido, la directora general de la Economía Social subraya que “sostener este tipo de proyectos es coherente con nuestro compromiso con una economía más democrática, más inclusiva y arraigada en el territorio”. Este tipo de proyectos, añade Belassir, “contribuyen a corregir desigualdades estructurales que históricamente han limitado la presencia de las mujeres en los espacios de decisión económica”.

Liderazgo femenino con impacto en el territorio

Al hilo, la directora general recuerda que la actualización de la Estrategia Española de Economía Social 2023-2027 refuerza de manera explícita el papel activo de las mujeres en este ámbito, con medidas orientadas a la reducción de las brechas de género, el acceso equitativo a la financiación y la promoción de su presencia en los órganos de decisión de las entidades.

Desde el MITES insisten en que la economía social y solidaria solo puede avanzar “si incorpora de forma real y visible la participación activa de las mujeres”. Según explica Belassir, el apoyo del Ministerio a través del Plan Integral de Impulso a la Economía Social está teniendo efectos claramente visibles en proyectos impulsados por mujeres. “Estamos viendo el nacimiento y la consolidación de iniciativas que amplían su impacto y que inciden directamente en la mejora de las condiciones de vida de otras mujeres, especialmente en ámbitos como el empleo, el emprendimiento colectivo o el acceso a redes”, señala.

WeCoop es uno de los ejemplos que, a su juicio, se enmarcan en esta visión, al haber permitido “fortalecer liderazgos femeninos y generar dinámicas de cooperación con impacto real en los territorios”.

Más allá de la financiación

El respaldo institucional a este tipo de proyectos se articula no solo a través de recursos económicos, sino también mediante un acompañamiento continuado. Desde el Ministerio se trabaja para reforzar la autonomía de las entidades, aumentar su visibilidad, fomentar redes entre proyectos y facilitar su consolidación y replicabilidad.

Este enfoque se apoya en la colaboración público-privada como elemento clave del ecosistema de la economía social. Para Belassir, estas alianzas aportan un valor añadido fundamental a cooperativas, pymes y proyectos de inclusión social, al permitir sumar capacidades, recursos y miradas diversas. “No se trata únicamente de financiar iniciativas, sino de acompañarlas y fortalecerlas como parte de una estrategia de país”, afirma.

El impulso a proyectos liderados por mujeres en la economía social también está teniendo efectos en ámbitos estratégicos como la innovación, la transformación digital y el desarrollo rural. Desde el Ministerio destacan que estas iniciativas demuestran que “la innovación no es solo tecnológica, sino también social y organizativa, al introducir nuevas formas de producir, cooperar y tomar decisiones desde una lógica orientada al bienestar colectivo”.

La directora general de la Economía Social remarca que muchas de ellas están liderando procesos de digitalización inclusiva, transición ecológica y nuevos modelos de cuidados desde una perspectiva de proximidad y arraigo territorial. “En el medio rural, además, contribuyen a fijar población y a generar empleo estable, especialmente femenino”, reforzando la cohesión social y territorial.

Retos pendientes y mirada a futuro

Desde su responsabilidad al frente de la Dirección General de la Economía Social y de la RSE, Belassir destaca el trabajo realizado en los últimos años para mejorar los procedimientos, reforzar la transparencia y garantizar la eficacia de las políticas públicas. Entre los avances, señala la actualización normativa, el refuerzo de la inversión pública, la recuperación de estadísticas y el desarrollo de herramientas de análisis y evaluación del impacto de la Estrategia Española de Economía Social.

Pese a los avances logrados, Belassir reconoce que persisten retos relevantes en el ámbito de la economía social. De todos ellos, destaca “el acceso estable a la financiación, la escalabilidad de los proyectos o la superación de barreras estructurales que afectan especialmente a las mujeres”. En este escenario, añade la directora general, la colaboración con la administración pública resulta clave, sobre todo en las fases iniciales, cuando “el apoyo institucional puede marcar la diferencia entre una buena idea y una iniciativa viable”.

El objetivo, en definitiva, es “acompañar en la génesis y las primeras etapas de desarrollo, creando así las condiciones necesarias para que, una vez consolidados estos proyectos, avancen hacia una mayor autonomía y una mayor sostenibilidad”. El modelo por el que apuesta el Ministerio busca ser “más dinámico y circular”, fomentando que los proyectos consolidados actúen como referentes y apoyo para nuevas iniciativas, fortaleciendo así el conjunto del ecosistema de la economía social.

Un mensaje a las mujeres emprendedoras

De cara al futuro inmediato, las prioridades pasan por consolidar estos avances, dotar a la economía social de mayor visibilidad, seguridad jurídica y reconocimiento institucional, así como reforzar su proyección como pilar estratégico del desarrollo económico y social, “posicionando a España como un referente europeo e internacional” en este ámbito.

Como integrante del grupo MujerES LíderES de la Economía Social y reconocida entre las 100 mujeres más influyentes en empresas sociales en Europa, Belassir lanza un mensaje de confianza y ambición colectiva: “Animo a las mujeres a creer en sus proyectos, apostar por la profesionalización, tejer redes y asumir espacios de responsabilidad”, concluye la directora general, subrayando que su participación activa es imprescindible para construir un modelo económico más inclusivo y orientado al interés general.

La asociación Economía Social y Solidaria en Red (REAS Castilla-La Mancha) celebra, con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ‘Emprender en colectivo: lo que sí funciona’.

Esta jornada, de enfoque ecofeminista, combina formación práctica, inspiración y networking, y está dirigida a personas interesadas en emprender colectivamente desde la Economía Social y Solidaria (ESS). También es accesible para aquellas personas pertenecientes a entidades que ya hayan emprendido y a cualquier otra persona afín a la ESS.

El evento, que comenzará a las 9:30 horas, se celebrará el próximo miércoles 18 de febrero en la sede de Llanero Solidario -calle carretera de Jaén, número 116- ubicada en Albacete. En sus cuatro horas de duración, participarán asociaciones y cooperativas como Aseircam, Dendros o el Centro Baobab.

El objetivo principal es aportar herramientas básicas de emprendimiento colectivo, mostrar referentes reales del territorio y favorecer el contacto directo entre agentes interesados.

Estructura de la Jornada

La Jornada empezará con una mesa de experiencias con proyectos de emprendimiento liderados por mujeres de la región. Entre ellas estará la presidenta de Aseircam, Mar González; Teresa González y Lucas de las Heras de la cooperativa Dendros; y del centro Baobab, Ana Isabel Conejero y Andrea Guerrero.

Posteriormente, se pasará al taller práctico en el que se combinará la exposición guiada, la reflexión grupal y la construcción colectiva de ideas. El objetivo es ofrecer a las personas asistentes una primera aproximación práctica al emprendimiento colectivo de la ESS, mediante dinámicas accesibles que les permitan identificar sus propias motivaciones, fortalezas, retos, necesidades. Y también, relacionarlas con los elementos básicos que conforman un proyecto colectivo viable.

Dinámica de la práctica

Los participantes trabajarán en grupos pequeños sobre un reto común, y contarán con fichas estructuradas que les permitan analizar qué quieren resolver, a quién se dirigirán, cómo se organizarían internamente y qué valores seguirán.

Para finalizar, tendrán que hacer una breve exposición por grupos para compartir conclusiones y poner en valor la diversidad de ideas.

La inscripción a esta formación se puede realizar haciendo click en este enlace.

Se ha publico recientemente las cifras de la situación del empleo en España, mediante la otra cara de la moneda, que es la tasa de desempleo. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 22,46 millones de personas están trabajando en España. La tasa de paro ha caído por debajo del 10% por primera vez desde 2008, y el número de personas desempleadas se sitúa por debajo de los 2,5 millones, su mejor registro en 18 años. Esta evolución también se refleja en Andalucía, aunque históricamente, la región mantiene una tasa de paro entre 4 y 5 puntos por encima de la media nacional.

Se habla de una situación de pleno empleo, término que procede de la teoría económica, y que no significa que la tasa de desempleo sea 0%. Se utiliza para describir situaciones en las que prácticamente toda la población activa tiene trabajo, aunque siempre exista un porcentaje de personas que buscan empleo y no lo encuentran de forma inmediata: jóvenes que acaban de terminar sus estudios, o trabajadores que encadenan contratos con breves periodos de transición. Además, el pleno empleo también se refleja en otros factores productivos: escasez de locales disponibles, necesidad de anticipar pedidos de materias primas, o llamamos a un fontanero y tarda dos semanas en aparecer por casa.

La tasa de paro más baja registrada en España fue del 7,93% en el segundo trimestre de 2007, mientras que en Andalucía se situó en el 11,95%

Desde una perspectiva histórica, podemos afirmar que estamos cerca del pleno empleo, aunque aún no lo hemos alcanzado. La tasa de paro más baja registrada en España fue del 7,93% en el segundo trimestre de 2007, mientras que en Andalucía se situó en el 11,95%, y estas son las cifras representativas del pleno empleo. Sin embargo, la comparación con Europa sigue siendo desfavorable: el desempleo español se mantiene cuatro puntos por encima de la media de la UE, actualmente en torno al 6%.

Y ahora viene la madre del cordero: ¿por qué existe ese diferencial con la UE? Sinceramente, las respuestas ya están muy manidas: baja productividad, mercados segmentados, la negociación no se adapta a las necesidades de las empresas… Todo eso es cierto, pero no podemos olvidarnos de varias cuestiones. Por un lado, el tamaño de las empresas. España cuenta con un tejido productivo dominado por pymes, lo que limita la movilidad interna y reduce las posibilidades de recolocación dentro de la propia empresa. Esto incrementa el riesgo de desempleo cuando se producen ajustes.

Por otro lado, es relevante analizar dónde se ha creado empleo. En los últimos años, el crecimiento se ha concentrado en industria, turismo, logística, agroalimentación, sanidad, tecnología y servicios profesionales, con un dinamismo notable también en sectores como la publicidad. Este patrón responde a la combinación de crecimiento económico, digitalización y mayor demanda de servicios.

España cuenta con un tejido productivo dominado por pymes, lo que limita la movilidad interna y reduce las posibilidades de recolocación dentro de la propia empresa

Si de nuevo nos comparamos con la UE, los datos muestran que España tiene una proporción mayor de jóvenes con estudios superiores, fruto de la expansión universitaria. Sin embargo, también presenta más abandono escolar temprano (14% frente al 10% alemán) y un mayor porcentaje de adultos con baja cualificación. Además, muchos países europeos cuentan con un sistema de formación profesional dual que facilita la inserción laboral y permite acceder más adelante a estudios superiores. La consecuencia es que la creación de empleos en sectores como el aeronáutico o la biotecnología no crean oportunidades accesibles para una parte de la población, debido a una estructura educativa polarizada.

A ello se suma la escasa movilidad laboral, condicionada tanto por factores económicos como culturales. Pensemos en una persona que vive en Andalucía y recibe una oferta en Madrid: no se trata solo del salario, sino del coste del alquiler, del nivel de vida o de las implicaciones familiares. Y la dificultad aumenta cuando la mudanza afecta a toda la familia o existen responsabilidades de cuidado. La movilidad laboral no es igual que mover un camión de una ciudad a otra; es mover vidas. Por eso, políticas públicas que fomenten la conciliación, la flexibilidad horaria o que faciliten el acceso a la vivienda de alquiler, podrían mejorar el ajuste entre oferta y demanda de trabajo.

Finalmente, está el arraigo familiar y cultural, que también limita la movilidad. No debe interpretarse como una crítica; al contrario, es un rasgo profundamente positivo de nuestra identidad social. Valoramos estar cerca de la familia, de los amigos y de nuestras tradiciones. Somos así. A un californiano le puede dar igual trabajar en Boston. A un trianero no le da igual trabajar en Berlín.

En un contexto electoral tras meses de anuncios sobre centros de datos y macroinversiones en Aragón, la economía social ha convocado a los principales partidos políticos para recordarles su existencia: la de un modelo productivo que no se deslocaliza. Con cerca de 23.000 empleos directos y un peso próximo al 10% del PIB regional, CEPES Aragón ha puesto sobre la mesa siete exigencias clave para la próxima legislatura y ha sometido a las formaciones a un “examen” sobre su compromiso real con una economía que sitúa a las personas por encima del capital.

Entre las principales demandas, la patronal de la economía social ha reclamado reforzar el Plan Aragonés de Impulso al sector y extenderlo con planes provinciales y locales; situar este modelo en el centro de la agenda legislativa; convertirlo en aliado estratégico frente al reto demográfico; apostar por el emprendimiento colectivo, especialmente en sectores emergentes y tecnológicos; impulsar su papel en las transiciones digital y verde; aplicar de forma efectiva la contratación pública responsable y garantizar la representación del sector en órganos como el Consejo Económico y Social de Aragón.

Durante el encuentro, al que han acudido PP, PSOE, CHA, Aragón Existe, IU-Movimiento Sumar y PAR, todas ellas han coincidido en reconocer el peso económico y social del sector, aunque con distintos énfasis. Las ausencias de Podemos y Vox han sido comentadas, en especial la de este último por su previsible peso en el futuro parlamento aragonés. Eva Fortea (PAR) ha calificado de “grave” que, con los resultados que pronostican las encuestas, no hubiera ningún representante, mientras que Fernando Ledesma (PP) ha apelado al voto “estratégico” para “poder gobernar sin rémoras de gente que odia los ODS o la Agenda 2030”.

Propuestas concretas

Aragón Existe ha puesto el foco en la fiscalidad. Beatriz Redón y Raúl Murillo han defendido un tratamiento tributario diferenciado para las empresas de economía social, al considerar que su finalidad no es el beneficio individual. Han planteado avanzar en impuestos propios de la comunidad y reclamar cambios en el impuesto de sociedades, además de mejoras en IVA y cotizaciones sociales. “No se puede disputar una empresa de economía social exactamente igual que una privada”, han dicho, subrayando su papel en el arraigo territorial, el empleo de calidad y el relevo generacional en el medio rural.

Desde el PSOE, Óscar Galeano ha reivindicado como principal aval la aprobación en la pasada legislatura de la Ley de Economía Social y el Plan de Impulso, pero ha criticado que en los últimos años “no se haya exprimido toda su potencialidad”. Ha cuestionado la “parálisis” del Consejo Aragonés de Economía Social, la ausencia de convocatorias de subvenciones y la falta de continuidad presupuestaria, además de advertir de que las rebajas fiscales del PP “detraen recursos” para políticas públicas que podrían destinarse a este sector. Para los socialistas, la apuesta por la economía social debe ser “transversal a toda la acción de gobierno”.

IU-Movimiento Sumar, con Jesús García Usón como portavoz, ha destacado el crecimiento del sector hasta casi 23.000 empleos directos y su aportación a la estabilidad laboral y la cohesión social. Ha defendido la necesidad de una dirección general específica de economía social, así como una apuesta clara por la contratación pública responsable y por fórmulas como las comunidades energéticas, la vivienda colaborativa y los proyectos vinculados a la transición ecológica. También ha denunciado la reducción presupuestaria del sector desde 2021 y la desaparición de algunas líneas de apoyo estructural.

Por parte del PP, Ledesma ha defendido que la economía social es un modelo “complementario” al de la empresa de capital y ha subrayado los incentivos fiscales incluidos en su programa electoral, especialmente en el IRPF para quienes inviertan en este tipo de entidades. Ha señalado que ya se trabaja en un nuevo Plan de Impulso a partir de 2026 y en la modificación de la ley de cooperativas, además de reivindicar la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública como principal palanca para reforzar el sector.

Del PAR, Fortea ha situado la economía social como “estratégica” para el desarrollo de Aragón y especialmente del medio rural. Ha defendido la simplificación administrativa, el acompañamiento técnico a los proyectos de emprendimiento colectivo y un refuerzo de los instrumentos financieros específicos. Fortea ha subrayado además su potencial en ámbitos como los cuidados, la inclusión laboral y la fijación de población en zonas despobladas.

Desde CHA, María del Carmen Bozal ha defendido la economía social como base de un modelo productivo “arraigado al territorio” frente a macroproyectos que, a su juicio, generan poco retorno social. Ha apostado por convertirla en aliada estructural de las administraciones, reforzar su presencia en sectores como los cuidados, el turismo sostenible, la transición ecológica y la innovación, e impulsar fórmulas como la vivienda colectiva para dar respuesta tanto a la emancipación juvenil como a la soledad no deseada.

Vivienda colaborativa

Tras la exposición de cada partido, los asistentes han podido trasladar sus cuestiones y dudas a los representantes políticos. Se han planteado preguntas sobre alternativas de acceso a la vivienda y sobre el desarrollo de la ley del tercer sector. En el turno de respuestas, Aragón Existe ha defendido la vivienda colaborativa como un modelo que ya se está impulsando desde algunos ayuntamientos gobernados por su formación. Redón ha dicho que se trata de una herramienta “nueva”, que genera resistencias administrativas, pero que permite avanzar en fórmulas de acceso vinculadas a la economía social y al arraigo territorial, y ha mostrado disposición a alcanzar acuerdos con cualquier fuerza política para desarrollarla.

Desde el PP, Fernando Ledesma ha explicado que la vivienda cooperativa en cesión de uso se está incorporando en la modificación de la Ley de Cooperativas y también en la futura Ley de Vivienda, y ha animado al sector a participar en las primeras fases de elaboración normativa para influir en los textos. El popular ha defendido además las políticas del actual Ejecutivo autonómico en materia de vivienda pública de alquiler, especialmente orientada a trabajadores en zonas turísticas tensionadas, como “una línea inédita hasta ahora en Aragón”.

IU-Movimiento Sumar ha recordado que la vivienda colaborativa ya fue planteada durante la tramitación de la ley, tanto en la fase gubernamental como parlamentaria, aunque algunas enmiendas no prosperaron. García Usón ha dicho que este modelo forma parte de su programa electoral y lo ha vinculado a una concepción más amplia de la economía social como herramienta para afrontar problemas estructurales, más allá del crecimiento del PIB.

Por parte del PSOE, Óscar Galeano ha defendido que “ninguna fórmula sobra” ante un problema de vivienda que ha calificado de estructural y de difícil resolución a corto plazo, y ha reclamado una mayor inversión pública y coordinación entre administraciones. Además, ha vuelto sobre la contratación pública responsable, señalando que Aragón cuenta con un marco jurídico suficiente, pero que falta desarrollo efectivo, presupuesto y formación técnica en las administraciones para aplicar cláusulas sociales de manera sistemática.

Las intervenciones han cerrado el debate con un consenso amplio sobre la necesidad de explorar vías alternativas de acceso a la vivienda y de reforzar el papel de la economía social en las políticas públicas, aunque con distintos énfasis en el ritmo, los instrumentos y el papel de cada administración en su despliegue.

El Consejo Regional de Economía Social ha dado inicio este lunes a los trabajos previos para el diseño y redacción de la que será la segunda Estrategia de Economía Social de Castilla-La Mancha y que tomará el testigo, a partir de 2027 a la actual hoja de ruta, pionera en la región, y que finaliza su vigencia al termino de este año.

Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha trasladado en nombre del Consejo Regional de Economía Social la “solidaridad y el cariño” de este órgano a las víctimas y las familias afectadas por el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, con motivo del cual el Pleno ha comenzado guardando un “respetuoso” minuto de silencio.

Un 95% de las medidas de la primera estrategia, en ejecución

El orden del día de la sesión ordinaria de hoy ha recogido no sólo el acuerdo para el inicio de los trabajos de redacción y diseño “de la que será la segunda Estrategia de Economía Social de Castilla-La Mancha”, sino también el balance de la actual, una hoja de ruta compartida con el sector y aprobada de manera pionera en la región en el año 2022, y que tiene vigencia aún a lo largo de todo este año.

“El 95 por ciento de las medidas recogidas en la misma ya se han iniciado y están en ejecución”, ha valorado la consejera, que ha señalado, además, que, dentro de la senda presupuestaria prevista, de doce millones de euros, a 30 de septiembre de 2025 “se han movilizado ya 9,9 millones de euros, habiendo dado cobertura a acciones que han beneficiado de manera directa a más de 11.300 personas del ámbito de la economía social en la región y a 744 entidades del sector”.

Además, otro de los puntos del orden del día ha servido para analizar la evolución del sector de la economía social en Castilla-La Mancha el pasado año, “con la incorporación de 68 nuevas entidades de diferentes ámbitos, en su mayoría nuevas cooperativas, y con la incorporación de 172 nuevos socios, lo que consolida el fortalecimiento de la economía social en la región”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado los Reconocimientos a la Iniciativa Social 2025, unos galardones que concede la Consejería de Bienestar Social y que alcanzan este año su décima edición con la distinción de 17 personas, entidades y colectivos por su compromiso ejemplar con la solidaridad, la inclusión y la cohesión social en la región. Entre ellos se encuentra la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) de Castilla-La Mancha.

Lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, destacando que estos reconocimientos “ponen rostro a lo mejor de nuestra sociedad: personas que, desde la cercanía, cambian vidas y construyen una Castilla-La Mancha más justa, más humana y más inclusiva”.

Desde su creación hace diez años, los Reconocimientos a la Iniciativa Social se han consolidado como uno de los principales instrumentos de refrendo público al Tercer Sector y a la acción social en Castilla-La Mancha. Estos premios “son como un espacio de homenaje público a quienes, desde la acción social, desde la solidaridad, la discapacidad, la cooperación, la infancia, la dependencia y el voluntariado hacen que cada día nuestra comunidad autónoma esté más cohesionada”, ha señalado García Torijano. “Desde que comenzaron hemos estado otorgando, año tras año, distintos reconocimientos, hasta los casi 200 a iniciativas transformadoras que reflejan los valores de nuestra tierra”.

En esta edición 2025, el jurado -conformado por personas expertas del ámbito social, educativo, comunitario y de la comunicación de Castilla-La Mancha- ha seleccionado dos reconocimientos por cada una de las siete categorías, además de tres menciones especiales, atendiendo a criterios de impacto social, trayectoria, innovación y compromiso con los valores de igualdad y justicia social.

García Torijano ha avanzado que la gala de entrega de los Reconocimientos a la Iniciativa Social 2025 tendrá lugar el próximo 28 de enero de 2026 en el Centro Cultural Don Íñigo López de Mendoza de Mondéjar (Guadalajara).

Reconocimientos a la Iniciativa Social 2025 por categorías

En el área de Acción Social, el Gobierno de Castilla-La Mancha reconoce a la Asociación Gitana Juventud de Ocaña, por más de dos décadas de trabajo educativo y social con jóvenes, generando espacios de participación, acompañamiento y desarrollo personal que favorecen la inclusión de la población gitana. Junto a ella, se distingue a Juan Antonio Mínguez, párroco que atesora una trayectoria marcada por la atención y el apoyo a personas en situación de vulnerabilidad desde un compromiso humano y social ejemplar.

En el ámbito de la Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, los reconocimientos recaen en Antonio Izquierdo García, general de brigada retirado y referente en la visibilización de la ELA, por su activismo incansable en defensa de las personas afectadas y sus familias; y en la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha, por el proyecto ‘Castilla-La Mancha sin techo’, que acerca las cumbres de la región a personas con movilidad reducida a través de rutas accesibles e inclusivas.

En la categoría de Voluntariado, se reconoce al Ayuntamiento de Puebla de Valles (Guadalajara), por su implicación en la organización de iniciativas solidarias que movilizan a toda la comunidad en apoyo a causas sociales, como la Carrera Rupestre, destinada a recaudar fondos para la investigación de enfermedades raras. Asimismo, se distingue al CEIP ‘San Lucas y María’ de Toledo, por su modelo de Comunidad de Aprendizaje, que integra a voluntariado y tejido social para garantizar una educación participativa, inclusiva y de calidad.

En el área de Discapacidad, los galardones se conceden a Pedro Solís García, creador audiovisual que ha sabido trasladar a la pantalla historias humanas vinculadas a la discapacidad, contribuyendo a la sensibilización social; y a Isolina Martínez Pérez, impulsora del Fórum de la Discapacidad de Cuenca, por su labor de cohesión del movimiento asociativo y su defensa de los derechos, la igualdad de oportunidades y la inclusión plena de las personas con discapacidad y sus familias.

En Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Ejecutivo autonómico reconoce a la Fundación Pulsar, por sus proyectos de cooperación en países en desarrollo centrados en la educación, la salud y el empoderamiento comunitario; y a Sergio Sánchez París, por una trayectoria marcada por el compromiso con los derechos de las personas con discapacidad en comunidades indígenas, así como por su relevante labor internacional en Costa Rica y México.

En la categoría de Promoción del Tercer Sector Social, se distingue a Mixer & Pack S.L., por su alianza con Cruz Roja y su compromiso sostenido con la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión; y a REAS Castilla-La Mancha, por fortalecer una red regional de entidades comprometidas con la economía social y solidaria, el trabajo digno y la sostenibilidad social y ambiental.

En el ámbito de Infancia y Familia, los reconocimientos recaen en Mariano Donate Delgado y David Chica Cuin, por su labor pedagógica y divulgativa en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes y por su ejemplar implicación como familia de acogida; y en la Mesa Regional de Participación Infantil y Adolescente de Castilla-La Mancha, un espacio pionero que da voz a la infancia y la adolescencia en la construcción de las políticas públicas que les afectan.

En el apartado de Menciones Especiales, el Gobierno regional reconoce a Adoración Mendoza Huertas, por toda una vida dedicada al voluntariado y por demostrar que nunca es tarde para transformar la realidad de otras personas; a la Policía Nacional, por sus Carreras Solidarias ‘Ruta 091’, una iniciativa que une deporte y compromiso social en distintas provincias; y a la Comunidad Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca de Hellín, por una trayectoria centenaria de servicio a la comunidad, centrada en la atención a personas enfermas, la educación de niños y jóvenes y el acompañamiento a quienes más lo necesitan, dejando una huella social profunda y duradera.

La consejera ha cerrado su intervención subrayando que “estos reconocimientos nos recuerdan que detrás de cada proyecto hay personas que creen en el poder de cambiar la realidad” y ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional de seguir impulsando políticas sociales ambiciosas, innovadoras y profundamente humanas, alineadas con los valores de igualdad, dignidad y cohesión social.

Hace unas fechas, el Pabellón de las Tres Culturas fue escenario de la “IV Edición de los Premios Andalucía Economía Social”, una cita que reconoce a los proyectos de la Economía Social comprometidos con la sostenibilidad y la justicia social en nuestra comunidad. GIVIT fue una de las galardonadas, una cooperativa granadina que está revolucionando el sector de las plataformas digitales de reparto. Su modelo rompe con las reglas del juego impuestas por gigantes como Glovo, Uber Eats o Deliveroo, repartiendo el valor generado por la tecnología de una forma distinta. La diferencia con respecto a las plataformas capitalistas de reparto son dos, la primera de ellas es cómo tratan a los trabajadores, y la segunda es el reparto del valor de los datos.

Empezaré contando quiénes son y qué hacen. GIVIT nació en 2019, en Granada, en uno de los momentos más difíciles para la economía: la pandemia. Lo que comenzó como una idea para ofrecer servicios de mensajería y reparto se ha convertido en la mayor cooperativa de su sector en Europa, con más de 800 socios. En 2024, la empresa alcanzó una facturación superior a 9 millones de euros, con más de 200.000 repartos mensuales y presencia en 15 provincias y más de 100 localidades. Entre sus clientes figuran grandes marcas como Burger King y Popeyes, lo que demuestra que la competitividad no está reñida con la ética empresarial.

Las plataformas digitales de reparto han estado en el centro del debate laboral en los últimos años. Antes de la entrada en vigor de la Ley Rider en 2021, la mayoría de repartidores eran considerados autónomos, lo que implicaba ausencia de un salario fijo, de vacaciones pagadas o cotización a la Seguridad Social. Además, ellos debían asumir los costes como combustible, mantenimiento y seguros, lo que generaba ingresos variables y jornadas de más de 10 horas para alcanzar el salario mínimo. La Ley Rider modificó estas condiciones, y ante esa situación Deliveroo abandonó España, Just Eat adoptó el modelo asalariado, Glovo resistió acumulando multas millonarias antes de empezar a contratar en 2024, y Uber Eats sigue utilizando autónomos parcialmente.

Givit, en cambio, desde su nacimiento, y sin necesidad de una ley, ofrece un marco legal seguro y digno para sus trabajadores. Todas las personas socias están dadas de alta en el régimen general de la Seguridad Social, con planes de carrera, formación continua y posibilidad de promoción interna, desde el primer día. El motivo es que esta empresa no se crea para que la persona que pone el capital gane dinero por encima de todo, sino que trae de “serie”, y como misión, generar empleo de calidad, de forma que el dinero es el medio y no el fin. Todo ello se traduce en una apuesta por la profesionalización, la sostenibilidad medioambiental y las condiciones laborales justas, demostrando que es posible competir sin precarizar.

Quien tiene muchos datos, tiene “petróleo”, y las grandes plataformas capitalistas, ya sea de música como Spotify, de relaciones como Facebook, de compras como Amazon, o de mensajería, monetizan estos datos, convirtiéndose en muchos casos en su principal fuente de ingresos

La segunda gran diferencia es la gestión de los datos obtenidos de las personas trabajadoras y clientes, por medio de la plataforma. Los datos son considerados el “petróleo” del siglo XXI. Cada vez que hacemos click en alguna página de internet, en un “me gusta” o “no me gusta”, damos una opinión… generamos unos datos que son la materia prima para crear una información con diversos usos. Entre ellos está la publicidad dirigida o segmentada, según nuestros patrones revelados, o nuestros datos demográficos como edad, ubicación o lo que nos interesa. También se puede utilizar para el establecimiento de precios o investigación de tendencias. Por tanto, quien tiene muchos datos, tiene “petróleo”, y las grandes plataformas capitalistas, ya sea de música como Spotify, de relaciones como Facebook, de compras como Amazon, o de mensajería, monetizan estos datos, convirtiéndose en muchos casos en su principal fuente de ingresos.

Pues bien, Givit no vende los datos, ni de sus clientes ni de sus trabajadores, y los utiliza dentro de la empresa para que los trabajadores tengan una información transparente que les sirva para mejorar su desempeño, y por supuesto no emplea tecnologías invasivas como el rastreo emocional. ¿Es rentable un modelo así? La respuesta es sí. A pesar de competir en desventaja frente a gigantes tecnológicos —por no vender datos y ofrecer mejores condiciones laborales—, GIVIT ha demostrado que otro modelo es posible: rentable, sostenible y justo. Su crecimiento y su capacidad para atraer grandes clientes son prueba de ello.

El caso de GIVIT plantea una reflexión importante: ¿es hora de impulsar más cooperativas en el sector digital? Este modelo no solo genera empleo de calidad, sino que también protege derechos fundamentales en un contexto donde la explotación laboral y la invasión de la privacidad se han normalizado. El fomento de cooperativas como GIVIT no es solo una cuestión ética, sino también una inversión rentable para la sociedad. Estas empresas demuestran que la tecnología puede estar al servicio de las personas y no al revés.

GIVIT no compite únicamente por ofrecer un servicio de reparto eficiente; compite por cambiar las reglas del juego. Su apuesta por la economía social, la transparencia y la dignidad laboral la convierte en un referente en un sector dominado por plataformas que priorizan el beneficio sobre todo lo demás. En un mundo donde los datos son el nuevo petróleo y la precariedad laboral parece inevitable, GIVIT demuestra que hay alternativas. Y quizá, el futuro del reparto digital pase por seguir su ejemplo.

La Región de Murcia es una tierra pionera en el desarrollo de un marco jurídico para que la economía social forme parte de las políticas públicas. Esa es la principal idea que ha querido transmitir este jueves Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucomur, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) y de la Organización Europea de la Economía Social, en el marco del 5º Simposio Técnico del Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria (UNFTSSE), que se celebra en Murcia hasta el próximo viernes.

“Este grupo de trabajo tiene la responsabilidad de visibilizar y proponer políticas públicas para el desarrollo de la economía social en el mundo”, ha explicado Pedreño a los medios de comunicación, rodeado de autoridades y expertos de primer nivel en el sector procedentes de todos los rincones del mundo. También conocido como Task Force en el contexto de las Naciones Unidas, el grupo de trabajo, sumado a organizaciones y observadores que también participan en debates como el de estos días, tiene la tarea de trasladar a los gobiernos las políticas que consideran adecuadas en materia de economía social.

Pedreño ha subrayado que el modelo consolidado de la economía social en la Región de Murcia y España es exportable a otros territorios del mundo. La economía social murciana, que ha descrito como un “crisol”, ha sumado en lo que va de año 130 nuevas empresas y más de 120 cooperativas. “Es lo que quiere conocer Naciones Unidas, para ver cómo se pueden trasladar estas políticas a otros territorios”, ha señalado.

La relevancia de la Región de Murcia en políticas de economía social

La economía social se describe como un modelo económico que pone a las personas y al interés colectivo por encima del lucro individual, basándose en principios de cooperación, solidaridad y gestión democrática. Engloba tanto a entidades privadas como cooperativas, mutualidades y otras sociedades laborales. La Región de Murcia es líder en la creación per cápita de cooperativas en España, con más de 2.500 empresas y entidades dedicadas a la economía social, que dan empleo a más de 100.000 personas, según ha explicado la consejera de Empleo, Marisa López Aragón.

Además, Murcia cuenta con seis pactos regionales sobre economía social, el mayor número de todo el país. Se trata de una amplia diferencia con respecto al resto de comunidades, que solo cuentan con dos, en el mejor de los casos. “Aquí se está trabajando seriamente y desde hace mucho tiempo en el desarrollo y el fomento de las políticas públicas para la economía social”, ha enfatizado Pedreño.

Seleccionada como Capital Española de la Economía Social en 2025, la Región de Murcia ha sido punto de encuentro y epicentro para diversas reuniones de trabajo y eventos relacionados con la economía social en lo que va de año. “El listón está muy alto para las siguientes ciudades que asuman esta iniciativa”, ha apostillado Jaime Iglesias, comisionado Especial para la Economía Social del Ministerio de Trabajo. Concretamente, en la reunión en Murcia, ha continuado, se trabajará en la redacción de un informe de seguimiento de la situación de la economía social en el mundo y de la Tercera Resolución de Naciones Unidas sobre economía social y solidaria, que verá la luz en 2026. Una iniciativa que, además, promovió por primera vez el Gobierno español en el año 2023.

La importancia del marco jurídico

El objetivo de la economía social y del grupo de trabajo de Naciones Unidas, según Pedreño, es avanzar “hacia una sociedad más democrática, más justa y participativa”. El presidente de Ucomur ha recalcado que los conocimientos globales en este campo son “muy recientes”, por lo que considera indispensable el ejemplo de España y de la Región de Murcia.

La clave, para él, es el marco jurídico. “Sin marco jurídico, difícilmente se puede desarrollar algo. En Europa se empezó a desarrollar en 2015”, ha detallado. Cuatro años antes, España ya había aprobado su primera Ley de Economía Social, que estableció por primera vez un marco jurídico común para las entidades del sector y sirvió de referencia para que otros países también desarrollasen su propia legislación. Con la presencia de diversos expertos de Naciones Unidas —de forma presencial y telemática— en este simposio en el Edificio Corporativo de Caixabank durante estos dos días, Murcia vuelve a colocarse en el mapa mundial de la economía social.

La Confederación de Empresas de Economía Social de Castilla-La Mancha ha celebrado este miércoles en el pabellón ferial de Ciudad Real el Día de la Economía Social de la región, un encuentro que ha reunido a más de 200 representantes y que ha servido para entregar los II Premios Empresariales de la Economía Social 2025.

Una cita concebida para poner en valor todos los modelos empresariales que están bajo el paraguas de la economía social y que ha reunido a numerosos representantes como la secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, y el alcalde de la capital provincial, Francisco Cañizares.

El presidente de la Confederación, Juan Miguel del Real, ha subrayado que esta conmemoración pretende poner en valor los distintos tipos de empresas que se engloban dentro de la llamada economía social, desde las cooperativas agroalimentarias, de crédito, de enseñanza o de transporte hasta las sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo y las entidades de economía solidaria.

Un conjunto diverso de fórmulas que, ha señalado, “nos une a unos valores y a una forma de hacer empresa diferente a los modelos convencionales”.

Del Real ha recordado que en Castilla-La Mancha existen 4.000 empresas que responden a estas fórmulas y un colectivo vinculado a 175.000 personas, lo que da al sector un peso “muy importante, ya no solo económico, sino social”.

En este sentido, ha defendido que estos modelos representan “empresas con alma” y ha explicado que la gala pretende precisamente mostrar “esa otra forma de hacer empresa” a través del reconocimiento a diez entidades que ejemplifican estos principios.

Los trabajadores, “en el centro”

Por su parte, la secretaria de Estado de Economía Social ha subrayado que estas entidades “han desarrollado un papel clave”, especialmente en momentos de crisis, porque “no destruyen empleo” y sitúan a las personas “en el centro”.

Ha destacado su carácter transversal y sostenible, su arraigo y su capacidad para integrar a las personas, y ha remarcado que desde el Gobierno de España se está impulsando el sector “de la mano de sus protagonistas”.

Ha detallado que la Estrategia Española de Economía Social cumple ya un porcentaje “elevadísimo” de sus objetivos, con más de 2.500 millones de euros movilizados a través del PERTE, y ha avanzado que la futura Ley Integral de Impulso de la Economía Social definirá con precisión qué es y qué no es economía social, incorporando elementos ligados a la digitalización y mecanismos para evitar intrusismos, a la vez que se refuerza el marco jurídico del sector.

De su lado, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha felicitado a las empresas premiadas y ha reconocido el impulso de Juan Miguel del Real al sector de la economía social en Castilla-La Mancha.

Franco ha señalado que las cooperativas y empresas de inserción desempeñan un papel clave en muchos municipios y ha avanzado que el Gobierno regional seguirá acompañando a los centros especiales de empleo en sus proyectos, ampliando hasta 29,5 millones de euros las líneas de apoyo “para dar cobertura a cerca de 5.000 personas con discapacidad en los 194 centros de empleo que existen en nuestra comunidad”.

Ha recordado que en la última convocatoria de ayudas dirigida a la economía social se han respaldado 151 proyectos cooperativos y sociedades laborales, además de incorporar nuevos socios, y ha destacado que la región ha registrado 58 nuevas cooperativas en 2025, un reflejo de que “el sector está muy fuerte”.

El alcalde de Ciudad Real ha valorado la celebración de un acto “tan importante” para un sector que considera “capital” para el tejido social y productivo de la región.

Asimismo, ha remarcado que cualquier servicio que llega al mercado debe aportar valor añadido y que en la economía social ese componente “es un elemento clave que todos reconocemos y agradecemos”.

Finalmente, el presidente de la Diputación de Ciudad Real ha subrayado que se trata de un sector “muy relevante” que agrupa figuras empresariales que han contribuido de forma decisiva al desarrollo de los territorios.

Ha destacado que muchas cooperativas, especialmente las agroalimentarias, son “las únicas empresas o las más importantes de muchos pueblos de la provincia”, generando cohesión y condiciones de igualdad en el medio rural.

Los galardonados en 2025

Durante la ceremonia se ha concedido la Distinción Especial de la Economía Social 2025, que este año ha recaído en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) con motivo de su 40 aniversario, con una mención especial a su rector, Julián Garde, por su labor al frente de la institución.

Además, se han entregado los diez premios que reconocen a cada una de las familias del sector: Quijote Séptimo Centenario Sociedad Cooperativa (transporte), Residencia Ilunion Vida Senior de La Solana (Grupo Social Once), Fundación Asla (centros especiales de empleo), Fundación Globalcaja (cooperativas de crédito), Fundación Nexo Empleo (economía alternativa y solidaria), Maestro Ávila y Santa Teresa de Almodóvar del Campo (cooperativas de enseñanza), Inserta Toledo SLU (empresas de inserción), Cooperativa Jesús del Perdón-Bodegas Yuntero de Manzanares (agroalimentarias), Losal TM Sociedad Cooperativa (trabajo asociado) y El Semanal de La Mancha (sociedades laborales).

Ciudad Real acoge la segunda edición de los Premios Empresariales de la Economía Social, donde diez empresas serán reconocidas por su compromiso, solidaridad, generación de riqueza y valor social.

El evento, organizado por la Confederación de Empresas de Economía Social de Castilla-La Mancha, se celebrará el próximo miércoles 26 de noviembre en el IFEDI de Ciudad Real, a las 11.00 horas. Más de 200 representantes de las distintas clases de cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social, sociedades laborales, empresas de economía solidaria y empresas del Grupo Social Once participarán en el encuentro.

El acto, que coincide con el Día de la Economía Social de Castilla-La Mancha, tiene como objetivo es destacar el modelo de gestión que sitúa a las personas en el centro de su actividad empresarial.

Entre las empresas premiadas se encuentran las cooperativas de transporte, Quijote Séptimo Centenario de Mota del Cuervo (Cuenca); Grupo Social ONCE, que recibirá el premio 'Residencia Ilunion Vida Senior' de La Solana (Ciudad Real); Fundación Asla de Albacete por los centros especiales de empleo; Fundación Globalcaja de Ciudad Real por las cooperativas de crédito; la Fundación Nexo Empleo de Toledo; el Centro Concertado de enseñanza Maestro Ávila y Santa Teresa de Almodóvar del Campo (Ciudad Real); Inserta Toledo; la cooperativa Jesús del Perdón, Bodegas Yuntero de Manzanares (Ciudad Real); 'Losal TM, Sociedad cooperativa de C-LM' de La Solana (Ciudad Real); y El semanal de La Mancha de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Además, en esta edición se cuenta con una Distinción Especial de la Economía Social 2025. En esta ocasión al Rector Magnífico de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde López-Brea, por su defensa de los principios y valores de la Economía Social.

En la época de la búsqueda de la rentabilidad inmediata y el máximo beneficio económico, una nueva forma de entender la economía va ganando peso en España. Este no es menor: en todo el país hay unas 24.000 cooperativas, con unos ocho millones de socios. Naciones Unidas ha declarado 2025 como el Año Internacional de las Cooperativas y elDiario.es, en colaboración con Bidafarma, ha celebrado este martes el coloquio 'El beneficio es para todos: el modelo cooperativo que une el éxito y el compromiso', con voces expertas del ámbito institucional, empresarial y asociativo.

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas, que se unen para satisfacer un conjunto de necesidades económicas, pero también sociales. “Es una empresa de personas, más que de capitales. Cada socio tiene voz y voto, independientemente de su aportación, lo que garantiza que puedan participar activamente en el proyecto y en la redistribución de la riqueza”, explicaba la directora general de Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresa del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Aicha Belassir.

Estas pueden ser de varios tipos, como se ha visto en los ejemplos que se han ido desgranando a lo largo del coloquio. Desde una gran distribuidora farmacéutica, como Bidafarma, con implantación nacional que permite llevar un medicamento al pueblo donde una empresa capitalista no lo haría, hasta un grupo de familias que se unen para construir viviendas y comunidad en cesión de uso. Pero todas tienen algo en común. “El fin social está por encima del capital. Prácticamente, todo lo que ganamos se reinvierte y no repartimos dividendos, sino servicios y facilidades para ser cada vez mejores y prestar un mejor servicio a la sociedad”, indicaba el presidente de Bidafarma, Antonio Mingorance.

¿Cómo puede extenderse este modelo? El presidente de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (Coceta) y de la Federación Andaluza de Empresas Cooperaitvas (Faecta), Luis Miguel Jurado, señalaba tres ejes de actuación. La educación, con la inclusión de estos contenidos desde primaria hasta postgrados; la prescripción en los dispositivos de emprendimiento, tanto públicos como privados; y a través de políticas públicas, con marcos jurídicos y fiscales adecuados. “Las cooperativas aportamos más de lo que recibimos”, indica Jurado.

Una de las dificultades que estos modelos tienen para dar a conocer sus beneficios fuera de las lógicas habituales es, precisamente, la dificultad para medir el retorno más allá de los macroindicadores habituales, como la productividad o el Producto Interior Bruto, y valorar su impacto social. En este sentido, tanto Jurado como Mingorance han coincidido en que desde el cooperativismo no siempre han sido capaces de “demostrar hacia afuera las bondades del modelo”, en términos de cohesión, conciliación, bienestar de los empleados o en materia medioambiental. “Nos dedicamos a hacer muchas cosas, pero tal vez deberíamos dedicar un poco de esfuerzo a contarlas”, bromeaban. Porque, como ha indicado Jurado, “donde hay cooperativas, hay cohesión social”.

Precisamente, impulsar el cooperativismo es una prioridad estratégica del Ministerio de Trabajo, que desde 2020 es también de Economía Social. Entre las líneas de actuación están la de visibilizar este modelo, con dos estrategias en este sentido, la última hasta 2027, o la creación de una secretaría de Estado específica; la renovación del marco normativo, con la ley de Cooperativas, la de Empresas de Inserción y la de Economía Social, que según ha desarrollado Belassir, “fue pionera en Europa”. Además, se realiza una convocatoria anual de subvenciones y se ha puesto en marcha un plan específico con fondos Next Generation.

Entre esas actuaciones, el Ministerio está “promoviendo la producción y actualización de datos estadísticos y desarrollando estudios técnicos” que permitan medir el retorno de estos mecanismos. En ese sentido, Belassir ha avanzado que “a finales de año o principios de 2026”, verá la luz la primera cuenta satélite de la economía social, junto al Instituto Nacional de Estadística, para que “ese impacto positivo en la sociedad tenga un reconocimiento tanto económico como político”.

Durante el coloquio, se ha abordado también la capacidad de estos modelos cooperativos para innovar en sectores emergentes, como la digitalización, la economía verde o los cuidados, pero también para ser competitivos en materia de desarrollo tecnológico. En Bidadarma, “el 50% de los almacenes tienen placas fotovoltaicas, hay un alto nivel de digitalización y se busca la eliminación absoluta del papel”, explicaba su presidente. No solo eso, como enumeraba Belassir, “la economía social lleva años a la vanguardia dando respuesta a sectores como la vivienda, las comunidades energéticas o las finanzas éticas”. Además, los ponentes han defendido la capacidad de las empresas cooperativas para garantizar empleo estable y anclar población en los territorios.

Por último, los participantes han dejado unos consejos para todo aquel que quiera emprender en el cooperativismo. “Primero, hay que tener claro el fin social: qué se quiere hacer y con quién”, ha indicado Mingorance, que ha recomendado tener “mucha paciencia y perseverancia para conseguir adeptos”, porque “no vale con tener la razón, tienes que lograr que te la den”. La directora general de Economía Social, por su parte, ha hecho hincapié en la necesidad de contar con un buen plan empresarial y formarse en emprendimiento colectivo. Y Jurado ha aconsejado cuidar y equilibrar las dos almas del modelo: la viabilidad económica y la parte social.

Riojaforum ha acogido este viernes la primera Feria de Economía Social y Solidaria (ESS) de La Rioja. Un encuentro organizado por REEAS Rioja y financiado por el Gobierno de La Rioja, que supone un paso más en el fomento de la ESS, con el objetivo de dar a conocer más ampliamente este sector, cuyo modelo empresarial favorece la participación ciudadana, la inserción laboral de personas vulnerables, el respeto al medio ambiente o la resiliencia frente a las crisis.

La directora general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón, ha destacado durante la apertura que el tejido de la economía social es “uno de los pilares de nuestro modelo de desarrollo sostenible”.

Desde que en 2022 el Parlamento de La Rioja aprobase por unanimidad La Ley 9/2022, de 20 de julio, sobre Economía Social y Solidaria de La Rioja, se ha fortalecido el compromiso de La Rioja con este sector, gracias a la reciente constitución del Consejo de Economía Social y Solidaria y a la creación de la Cátedra de Economía Social y Solidaria con la Universidad de La Rioja en 2024, así como al apoyo a la promoción del cooperativismo riojano y a los establecimientos en pequeños municipios.

En 2026, “el compromiso se renueva mediante la financiación de 30.000 euros a la Cátedra, impulsando la investigación, la formación y la promoción del emprendimiento en este ámbito”. En este contexto, hay que incluir la celebración de los primeros premios de la Cátedra, “que han reconocido la excelencia y la innovación de las empresas riojanas de economía social, visibilizando el dinamismo y la diversidad de un sector clave para la cohesión y el progreso de la región”, ha apuntado.

Asimismo, Simón ha incidido en la nueva partida destinada a la promoción del cooperativismo riojano -65.000 euros-, que “supone un avance significativo en el apoyo a la economía social y refuerza el compromiso del Gobierno de La Rioja con los modelos asociativos y colaborativos”. Esta dotación permitirá “potenciar proyectos y consolidar el tejido existente, promoviendo el acceso a la financiación, la mejora de estructuras, el asesoramiento y la difusión de los valores cooperativos en la región”. “Al incrementar los recursos destinados en este ámbito, se fomenta la generación de empleo estable, el impulso del emprendimiento colectivo y se fortalece el papel de la economía social como motor de desarrollo inclusivo y sostenible para todos los municipios riojanos, especialmente en las zonas rurales”, ha agregado.

En este sentido, se incrementa hasta 500.000 euros la partida destinada al proyecto de apoyo a establecimientos en poblaciones de menos de 300 habitantes, iniciado en 2025. “Supone un paso decisivo en favor de la economía social y el comercio rural en La Rioja. Este refuerzo presupuestario no solo consolida el compromiso del Gobierno con la vertebración territorial y la igualdad de oportunidades, sino que permitirá llegar a muchos más municipios y pequeños comerciantes de la región, ampliando el alcance y la eficacia de las ayudas”, ha explicado la directora general.

Con este incremento de capital, se prevé impulsar la revitalización económica de los pueblos, garantizar la sostenibilidad de los servicios comerciales básicos y sostener la actividad de profesionales que son auténticos motores sociales en territorios de baja densidad. El proyecto favorece así “la cohesión social, el mantenimiento del empleo y la calidad de vida en las localidades más pequeñas de La Rioja”, ha asegurado.

Una feria para 660 alumnos de diez centros escolares riojanos

En horario de mañana y tarde, la feria ha contadocon múltiples estands de distintas entidades del sector público, de la economía social y solidaria de la Rioja, así como entidades representativas del sector a nivel nacional. El programa también ha incluido conferencias, mesas redondas con expertos, talleres, degustaciones y actividades artísticas que aumentan el atractivo de la feria.

A lo largo de la jornada, han asistido unos 700 estudiantes de La Rioja, especialmente alumnos y alumnas de FP, que se han inscrito para participar en esta feria a través de una decena de centros escolares de la región: CIPFP Camino de Santiago, IES Virgen de Vico, IES Hermanos D’elhuyar, IES Valle del Oja, IES Comercio, Paula Montal, Colegio Menesiano, IES Duques de Nájera, CSC Sagrado Corazón-Jesuitas e IES Batalla de Clavijo. 

Riojaforum acoge este viernes ESSencial, la primera Feria de la Economía Social y Solidaria de La Rioja. La organización de este evento pionero ha sido encargada a REAS Rioja, como entidad representativa clave del sector en La Rioja. Financia El Gobierno de La Rioja, en su compromiso con el fomento de un modelo económico más justo y sostenible.

Un sector en auge y con respaldo institucional

La Economía Social y Solidaria (ESS) engloba a un amplio y diverso conjunto de entidades, incluyendo Cooperativas, Sociedades Laborales, Fundaciones, Asociaciones con actividad económica, Empresas de Inserción, Centros Especiales de Empleo de iniciativa social, Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) y otras figuras que priorizan a las personas y el fin social sobre el capital.

Esta feria es un paso más en el fortalecimiento de la ESS en La Rioja, un camino que se consolidó con la aprobación por unanimidad de la Ley 9/2022, de 20 de julio, sobre Economía Social y Solidaria de La Rioja. Recientemente, se han establecido hitos como la constitución del Consejo de Economía Social y Solidaria y la creación de una Cátedra de Economía Social y Solidaria en la Universidad de La Rioja.

Objetivos de ESSencial

El doble objetivo principal de la feria es:

Contenido de la Feria

ESSencial contará con la instalación de 28 stands de entidades del sector público, organizaciones de la ESS de La Rioja y entidades representativas a nivel nacional.

La programación incluirá: (Programación completa https://essencial.reasrioja.com/programa)

El acceso del público a la feria es libre y no es necesaria inscripción.