El próximo fin de semana la localidad albaceteña de Villatoya acogerá la Feria de la Economía Social y Solidaria, una iniciativa organizada por la Red de Economía Social y Solidaria de Castilla-La Mancha (REAS), que agrupa una veintena de entidades, en colaboración con la cooperativa DENDROS y el Ayuntamiento de Villatoya y la financiación del Programa del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La Feria, que se celebra en horario de 10h a 19h el sábado y de 10h a 14h el domingo, será un espacio de encuentro e intercambio entre entidades castellanomanchegas de la Economía Social y Solidaria pensado para tejer redes y dar visibilidad a la labor que hacen las asociaciones, cooperativas, empresas de inserción, etc. que han optado por este modelo de actividad económica que pone a las personas y al fin social por encima del beneficio.

El programa incluye diversas actividades, desde charlas breves para dar a conocer qué es la Economía Social y Solidaria y las oportunidades que ofrece el emprendimiento colectivo, hasta una mesa de experiencias, una ruta interpretada por el entorno del río Cabriel y almuerzos populares, entre otras propuestas.

Una de las actividades, la ruta ornitológica, requiere de inscripción previa debido a la existencia de plazas limitadas. La visita se puede reservar a través de esta página web.

Las entidades de la Economía Social todavía están a tiempo de participar ocupando uno de los stands del espacio expositivo, para visibilizar su actividad, informar de sus proyectos o vender sus productos. Para ello se debe contacta a través del correo info@dendros-coop.com o llamando por teléfono al 606858414.

¿Puede la Economía Social contribuir a generar empleo, combatir la exclusión y ofrecer nuevas oportunidades a las personas y los territorios? Con esta pregunta como punto de partida, Llanero Solidario impulsa 'Incluir desde lo social. La Economía Social como motor de inclusión y oportunidades', un ciclo de jornadas y encuentros que se celebrará entre octubre y noviembre en Albacete para visibilizar experiencias reales de inclusión sociolaboral y fomentar la colaboración entre entidades, administraciones, empresas y ciudadanía.

La iniciativa busca acercar la economía social a diferentes ámbitos profesionales y sociales, mostrando cómo los proyectos que sitúan a las personas en el centro pueden generar oportunidades de empleo, fortalecer las comunidades y contribuir al desarrollo del medio rural.

La programación combina jornadas técnicas, talleres prácticos, experiencias participativas y espacios de networking. Los encuentros abordarán cuestiones como el papel de los huertos en la inclusión social, la relación entre empleo y despoblación, los recursos para impulsar iniciativas de economía social, las alternativas de acceso a la vivienda y los prejuicios que todavía rodean a la pobreza y la exclusión.

Cinco encuentros para compartir experiencias y construir oportunidades

El calendario arrancará el 21 de octubre en Valdeganga, con '¡Menudo Pisto! El huerto como herramienta de inclusión social', una jornada vinculada a Germina Manchuela que permitirá conocer el potencial de la actividad hortícola como herramienta de aprendizaje, participación e inclusión sociolaboral.

Los días 27, 28 y 29 de octubre, Llanero Solidario celebrará sus Puertas Abiertas, con visitas a tres de sus proyectos: Ecohábitat, centrado en la formación en oficios; Germina, dedicado a la formación en agroecología en huerto urbano; y Coser y Avanzar, que trabaja la formación y la reutilización textil. Estas actividades permitirán conocer de cerca los proyectos y las oportunidades que generan.

El 4 de noviembre, la Diputación Provincial de Albacete acogerá las Jornadas Llaneras, bajo el título 'Trabajar la inclusión para frenar la despoblación desde la Economía Social'. Será la inauguración oficial e institucional de las jornadas que contarán con la presencia de Guadalupe Martín, viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José González Martínez , diputado provincial del Área Social en el equipo de gobierno de la Diputación de Albacete y María Llanos Navarro González, tercera Ttniente de alcalde y concejala de Calidad de Vida, Participación Real y Efectiva en el Ayuntamiento de Albacete.

La cita reunirá ponencias, experiencias de entidades y cooperativas sociales y un taller sobre la metodología de trabajo de Llanero Solidario y las segundas oportunidades.

La programación continuará el 11 de noviembre con 'Herramientas y recursos para impulsar la Economía Social', un taller práctico dirigido a personas emprendedoras, entidades y profesionales interesados en desarrollar iniciativas con impacto social.

El 19 de noviembre, la jornada 'Soluciones a la vivienda desde la Economía Social' abordará la relación entre vivienda e inclusión, el cooperativismo y la innovación social como vías para explorar nuevas respuestas a las necesidades habitacionales.

El ciclo concluirá el 26 de noviembre con 'Rompemitos. Networking desde la Economía Social', un encuentro participativo para cuestionar estereotipos sobre pobreza, ayudas, empleo e inclusión, compartir experiencias inspiradoras y favorecer nuevas conexiones entre profesionales y entidades.

La inclusión sociolaboral como motor de desarrollo

Con 'Incluir desde lo social', Llanero Solidario quiere mostrar que la inclusión sociolaboral no es una actividad aislada, sino una forma de generar economía desde el territorio, creando oportunidades para personas que encuentran mayores barreras de acceso al empleo.

El ciclo pretende también favorecer el intercambio de conocimientos, impulsar la cooperación entre organizaciones y acercar el modelo de la Economía Social a nuevos sectores profesionales, empresariales e institucionales.

Las actividades están dirigidas, según su temática, a profesionales de los servicios sociales y el empleo, entidades del Tercer Sector, administraciones públicas, cooperativas, empresas, personas emprendedoras, estudiantes y ciudadanía interesada.

La participación será gratuita, previa inscripción y sujeta a la disponibilidad de plazas. Llanero Solidario difundirá próximamente las convocatorias específicas de cada jornada, con información detallada sobre horarios, ubicaciones e inscripciones.

El fin de semana del 24 y 25 octubre la localidad de Villatoya (Albacete) acogerá la Feria de la Economía Social y Solidaria de Castilla-La Mancha, en horario de 10 a 19 horas el sábado y de 10 a 14 horas el domingo. 

La Feria está organizada por la Red de Economía Social y Solidaria de Castilla-La Mancha (REAS) en colaboración con la cooperativa DENDROS y el Ayuntamiento de Villatoya, con la financiación del Programa del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Será un espacio de encuentro e intercambio entre entidades castellanomanchegas de la Economía Social y Solidaria pensado para tejer redes y dar visibilidad a la labor que hacen las asociaciones, cooperativas, empresas de inserción, etc. que han optado por este modelo de actividad económica que pone a las personas y al fin social por encima del capital. 

Pero también será un espacio para dar a conocer a todas las personas qué es exactamente la economía social y qué oportunidades de empleabilidad ofrece emprender colectivamente. Todo ello a través de espacios expositivos para las entidades, así como de ponencias breves y otras actividades. 

Sumado a ello, habrá talleres para todos los públicos, una ruta interpretada por el entorno del río Cabriel y ricos almuerzos con productos locales. 

¿Cómo participar?

Las entidades de la Economía Social y Solidaria interesadas en participar con un stand expositivo, ofreciendo servicios y/o productos o la realización de algún taller o ponencia, se pueden poner en contacto con la organización a través del correo: info@dendros-coop.com

La Economía Social plantea entender la actividad económica con las personas y el bienestar colectivo como centro. Frente a otros modelos donde el foco se encuentra en la rentabilidad, las entidades de este ámbito buscan compatibilizar su actividad económica con principios como la cooperación, participación, igualdad, sostenibilidad o el compromiso con el territorio.

Un ejemplo es Dendros, una cooperativa de trabajo asociado dedicada a gestión y desarrollo de proyectos relacionados con la sostenibilidad, arrancó en 2013 con el objetivo de trabajar en comunidad, pero siempre teniendo en cuenta el principio de sostenibilidad y la dinamización social. Aunque comenzó con la agroecología como motor y punto de partida, en la actualidad también desarrollan proyectos de educación ambiental, desarrollo local, participación ciudadana y estudios de biodiversidad. Dendros forma parte de la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Castilla-La Mancha (REAS).

Teresa González, graduada en Ciencias Ambientales y una de sus cuatro socios, nos cuenta cómo incorporan los principios de sostenibilidad e igualdad de género en su forma de trabajar.

¿Qué tipo de proyectos estáis desarrollando actualmente?

Hacemos diversos proyectos relacionados con educación ambiental, desarrollo local, participación ciudadana y estudios de biodiversidad.

Por ejemplo, participamos en el proyecto de educación para la sostenibilidad Agenda 2030 escolar de Albacete, donde acompañamos a centros educativos a poner en marcha proyectos de sostenibilidad escolar. También gestionamos ayudas o subvenciones vinculadas a la Agenda 2030 en ayuntamientos de la provincia. Hacemos participación ciudadana y seguimientos de fauna.

Siempre dentro del ámbito de la sostenibilidad y del medio ambiente, sobre todo.

¿Cómo conseguís que la sostenibilidad esté presente en vuestros proyectos y también en vuestra forma de trabajar?

En Dendros nos resulta más difícil llevarlo a la manera de funcionar, porque en los proyectos sí que nos es más fácil, porque la sostenibilidad forma ya parte, es algo central dentro de esas áreas, pero como nuestra modalidad de trabajo es teletrabajo y eso implica que no tenemos un espacio físico, o sea una oficina física, e implica que nos tenemos que desplazar mucho, a la hora de nuestro funcionamiento es más difícil de implementar la sostenibilidad.

Sin embargo, a la hora de elegir qué productos o qué servicios contratamos, siempre intentamos que sean con empresas del territorio, de cercanía, en lo relativo a servicios de telefonía, o la banca, o la asesoría, todo está en el entorno rural en el que nos movemos, pero eso, en cuanto a qué decisiones tomamos. Pero luego hay en otros ámbitos a otro nivel de gestión que se nos escapa, por lo que te decía, porque nos desplazamos mucho en coche, porque como no tenemos que pagar suministros, no hay manera de controlarlo, porque es cada uno en su casa.

¿Y cómo incorporáis la perspectiva de género dentro de la cooperativa?

Lo principal es que intentemos que la plantilla esté equilibrada en cuestión de género. Intentamos que haya paridad o mayoría de mujeres. En este caso, somos dos socios y dos socias.

Hablaríamos de paridad, aunque no siempre ocurre que este sea el criterio definitivo, porque influyen más factores. A la hora de la constitución del consejo rector y en la representación de actos públicos, intentamos que haya representación femenina, principalmente. A la hora de pensar y de hacer nuestros proyectos, intentamos que el feminismo tenga el foco e intentamos que en los conceptos que trabajamos haya una revisión feminista, por lo menos como punto de partida para partir de ahí.

Desde vuestra experiencia trabajando con otras entidades y con el territorio, ¿hasta qué punto dirías que la sostenibilidad y la igualdad de género están ya integradas en la Economía Social, o dónde notáis que se ha avanzado más?

Yo creo que integrada del todo no está, porque creo que es un proceso y no es fácil de tenerlo integrado de manera estructural. Pienso que quizá los avances a la hora de tomar decisiones internas, lo que decíamos que en nuestro caso no teníamos, por tener esta modalidad de teletrabajo, quizá en otras entidades que sí que tienen espacio físico, pues sí que están implementando, están tomando medidas en el caso de la sostenibilidad por elegir empresas de cercanía que tengan en cuenta la sostenibilidad o que sean incluso comprar productos ecológicos y demás.

Y en lo que respecta a la igualdad de género, pues creo que igual que nosotras, tener en cuenta sobre todo la paridad o que haya una mayoría de mujeres en la plantilla. Y luego el tema de la conciliación familiar también creo que es algo en lo que se está avanzando, pero no sabría decirte si es algo que está tan integrado. Porque creo que una cosa es la teoría y la práctica creo que se complica un poco más.

Y desde Dendros ¿habéis encontrado iniciativas o formas de trabajar dentro de la Economía Social que os hayan resultado especialmente interesantes y que creáis que podrían servir de ejemplo para otras entidades?

En nuestro caso, sobre todo, lo más relevante creo que es los esfuerzos que hemos hecho para trabajar en la parte reproductiva de la cooperativa. Dedicar tiempo. Hemos recibido ayuda a través de una empresa especializada en facilitación de grupos y mediación.

En un proceso de varios años hemos estado trabajando con esta entidad, con una facilitadora para que nos ayude a ganar en herramientas, en mejorar la cohesión del grupo. Nos ha ayudado a tomar mejores decisiones, también con una proyección a medio y largo plazo que a veces cuesta un poco tener. Y eso creemos que nos ha dado bastante sostén para poder dar estructura a esta parte. Como esta parte que destaca nuestra empresa por ser una entidad de la economía social y por darle bastante valor a esto de poner la vida en el centro.

A pesar de los diferentes avances, ¿qué obstáculos os encontráis todavía para que estos principios se incorporen de manera real y no se queden únicamente en declaraciones o buenas intenciones?

Por un lado, hablando con mis compañeros, veíamos que quizá falta asesoría específica especializada en entidades de la economía social. Vemos que a veces nos quedamos un poco cojos y no sabemos o nos falta información sobre subvenciones o cómo proceder siendo una entidad de la economía social.

Y luego también vemos que nos enfrentamos bastante a la precariedad, a un nivel de precariedad más alto a la que se enfrenta el empleo público, la empresa privada. Entonces esto creo que dificulta bastante.

¿Ha influido en alguno de vuestros proyectos tener en cuenta estos principios de sostenibilidad y perspectiva de igualdad de género?

No tengo tan claro que sí que se haya extrapolado a los proyectos, sí que inevitablemente tiene consecuencias en los proyectos, pero no sé si decirte si ha cambiado significativamente el desarrollo de los proyectos. Creo que es más a nivel interno. Por ejemplo tener presente la conciliación familiar.

En general, aunque la conciliación familiar hablando de tanto atención a criaturas como conciliar la vida profesional con la vida personal, porque no todas las personas en la empresa tenemos hijos e hijas. Entonces, eso sí que inevitablemente influye en cómo se desarrollan los proyectos porque nos estamos cuidando más internamente. Entonces, se puede extrapolar a que los proyectos se pueden desarrollar mejor.

Al sentirnos mejor internamente en la empresa, quizá el servicio o la labor que hacemos en los proyectos pueda ser de más calidad.

¿Cuáles son vuestros retos y oportunidades a futuro?

Sí, pues los retos y oportunidades sobre todo serían quizá generar más sentimiento y pertenencia en cuanto al trabajo en red y a la cooperación. Porque yo creo que eso es uno de los pilares de la economía social, esta parte de comunidad y de crear red, y creo que eso podría ser lo que lleve impulso a este tipo de entidades.

La economía social no es un bloque homogéneo, sino un mosaico de familias muy distintas: cooperativas agroalimentarias, de enseñanza, de transporte, de trabajo asociado o de crédito, centros especiales de empleo, empresas de inserción, sociedades laborales o la propia red de economía solidaria. Coordinar esa diversidad, darle una voz común y prestarle servicios es la tarea de la Confederación de Asociaciones de Empresas de la Economía Social de Castilla-La Mancha, que hoy agrupa a diez entidades asociadas.

A todas ellas las une un mismo rasgo diferencial: la aspiración de aportar a la sociedad algo más que beneficio económico. Y en ese “algo más”, la sostenibilidad medioambiental y la igualdad de género no funcionan como añadidos de última hora, sino como dos dimensiones de un mismo modo de entender la actividad económica, uno que sitúa a las personas y al territorio por delante de la cuenta de resultados. Cómo se traduce esa declaración de principios en el día a día de un tejido formado, en buena parte, por entidades pequeñas y arraigadas al medio rural es una de las grandes claves del sector en la región.

Sobre ello conversamos con Pilar Calonge, técnica de la Confederación de Economía Social de Castilla-La Mancha.

¿Qué iniciativas están llevando a cabo las entidades de la Confederación para implantar medidas relacionadas con sostenibilidad e igualdad de género?

Partimos de la base de que la sostenibilidad ambiental y la igualdad están integradas en nuestra definición estatutaria de la propia Confederación y en nuestra hoja de ruta nuestras entidades asumen este compromiso explícito. Tienen que promover la igualdad de oportunidades y también la sostenibilidad socioambiental.

Por ponerte un ejemplo, el sector agroalimentario promueve sin duda la economía circular porque usan en sus instalaciones energías renovables, reutilizan residuos y buscan la eficiencia energética. Te podría decir también que la Red de Economía Alternativa y Solidaria, que opera en la agroecología y la gestión de residuos, o los centros especiales de empleo de iniciativa social y ASEIRCAM (Asociación de Empresas de Inserción de Castilla-La Mancha), que también generan empleo protegido para mujeres que están en riesgo de exclusión social en situación de vulnerabilidad o personas con algunas mujeres con algún tipo de discapacidad.

¿Por qué es tan importante contemplar y practicar estos dos valores?

Son uno de los principios y de los valores que nos diferencian del resto de estructuras. Somos economía social precisamente por esto, porque aportamos algo más a la sociedad. Aportamos un valor que no es tangible, no es económico, no tiene cifras y se refleja muy bien en la igualdad de género, que ya no es solo igualdad retributiva, sino en la participación de la mujer en la toma de decisiones, que también es uno de nuestros puntos estatutarios.

¿Es complicado integrar estas dos áreas dentro del día a día y de los proyectos de las familias que forman la Confederación? ¿Qué dificultades existen para lograr esos objetivos?

Sí es complicado porque gran parte de este tejido de la economía social en Castilla-La Mancha está formado por pequeñas entidades que no tienen recursos financieros o personal técnico suficiente para asumir por ellas mismos los costes de la transición ecológica, por ejemplo.

También existe un desconocimiento de la economía social que está extendido tanto en las ventanillas públicas de emprendimiento como en las gestorías privadas o asesorías. Y eso complica el acompañamiento, porque para nuestras entidades es difícil elaborar por sí mismas un plan de igualdad o una memoria de sustentabilidad porque son empresas pues pequeñas.

Por no hablar de la brecha digital, ya que la mayoría están ubicadas en zonas en riesgo de despoblación. También nos encontramos con un hándicap que es la competencia desleal porque hay empresas de capital que adoptan conceptos de sostenibilidad, pero solo lo hacen de puertas afuera, mientras que nosotros tenemos esos valores en nuestros estatutos y los tenemos que cumplir porque, de lo contrario, no seríamos economía social.

¿Cómo se pueden superar estas dificultades?

El apoyo de la administración es fundamental. Ya existe alguna convocatoria estable para algunas ayudas muy limitadas, pero debería haber un apoyo más continuado y más fuerte.

Otro punto que también hablamos mucho en las reuniones es hacer un acceso preferente en las licitaciones públicas, a través de cláusulas sociales y reservadas con las que financiar todas estas necesidades de profesionalización de estructuras.

¿Hay potencial para crear empleo en entidades que aplican estos criterios de sostenibilidad y de igualdad de género?

Este tema lo hablamos mucho en nuestras juntas directivas. Nosotros pensamos que las empresas de economía social contribuyen a fijar población porque las grandes empresas tienden a ubicarse en grandes ciudades, en entornos urbanos... Y, sin embargo, nuestras empresas de economía social permanecen en el territorio rural y además de generar riqueza pues contribuyen a la generación de empleo en puestos de trabajo para mujeres y para jóvenes en especial.

Sin ir más lejos, las cooperativas agroalimentarias están ubicadas en casi todos los pueblos en los municipios de castilla la mancha muchos de ellos no tendrían estos servicios muchos servicios como tiendas de cercanía, desde gasoil si no existieran las cooperativas agroalimentarias.

También hay que destacar la labor de los centros especiales de empleo o de las empresas de inserción, porque están profesionalizando la economía de los cuidados y crean puestos de trabajo que ocupan en su mayoría mujeres del medio rural.

¿Cómo te gustaría que evolucionase el sector de la economía social en Castilla-La Mancha en los próximos años?

Pensando a largo plazo como si fuera el sueño que todos tenemos cuando nos vamos a la cama, pensando cómo vería a la economía social, sería como referente, como una empresa con valores que genera un valor a la sociedad.

En este punto, me gustaría destacar que en la Confederación hemos creado un certificado que precisamente tiene este lema: valores que suman valor, y que pretende certificar a las empresas de economía social dándoles un sello que las identifique por su manera distinta de hacer las cosas, de pensar en la igualdad y en la sostenibilidad

Es un sello al que estamos dando difusión y que hemos lanzado en el mes de junio, pues queremos que nuestras empresas se certifiquen precisamente para llegar a esa visión de futuro, de ser empresas referentes en la economía social de Castilla-La Mancha.

En la economía social, la persona está en el centro. Y desde esa premisa, sostenibilidad medioambiental e igualdad de género dejan de ser dos objetivos separados para convertirse en dos caras de un mismo modo de entender la actividad económica: uno que se mide no solo por el beneficio, sino por la huella que deja en el territorio, en el entorno y en las personas más vulnerables. En Castilla-La Mancha, ese enfoque tiene ejemplos concretos sobre el terreno.

Uno de ellos es Llanero Solidario, una asociación nacida en Albacete hace una década para impulsar proyectos y empresas de inserción que mejoren la situación de las personas vulnerables, en la capital y en las zonas rurales de la provincia. Lo hace a través de actividades ligadas al desarrollo rural y la sostenibilidad -productos de celulosa reciclada, huertos recuperados con criterios agroecológicos, talleres de reutilización textil y, ahora, un proyecto de construcción-, siempre con un componente formativo para personas derivadas por los servicios sociales y con la igualdad de género como eje transversal, sumando mujeres a sectores tradicionalmente masculinos. En diez años, la fórmula suma 85 proyectos desarrollados y 1.642 personas participantes.

Sobre esa experiencia conversamos con Daniel Azaña, coordinador de proyectos de Llanero Solidario, que parte de una convicción tajante: hoy no se puede emprender ninguna actividad sin tener en cuenta su impacto ambiental. En esta entrevista repasa las dificultades del sector, las oportunidades que abre poner a la persona en el centro y cómo le gustaría ver a la economía social de la región dentro de cinco años.

¿Cómo trabajáis la sostenibilidad y la igualdad de género en vuestros proyectos?

Trabajamos ambas en todos. Y también porque entendemos que en el momento actual no se debe de pensar en economía sin pensar en sostenibilidad. O no se debe de emprender ningún tipo de actividad sin tener en cuenta el impacto medioambiental que va a tener.

¡Ya está bien de poner en marcha iniciativas que puedan dar mucho dinero, pero que están jodiendo el medio ambiente! Pues vamos a poner en marcha actividades que sigan dando dinero, pero que remen a favor del medio ambiente. Que sean neutras o que tengan impacto positivo. Y hay muchas posibilidades en ese sentido. Esa es nuestra filosofía.

Y entendemos que no puede estar separada de una visión empresarial. Es como si no contemplas la parte económica a la hora de empezar un negocio. Claro que la tienes que tener en cuenta, pero también la parte medioambiental.

En materia de sostenibilidad e igualdad de género, ¿cuáles son las dificultades que existen y en qué áreas se podría mejorar para seguir avanzando en estos aspectos dentro de la economía social?

Lo que hace falta es concienciación y asimilación de estas ideas por parte de la población en general. Creo que los ciudadanos aún no estamos educados suficientemente para elegir aquellas actividades, productos o servicios que van en favor del medio ambiente y, por lo tanto, en nuestro favor como ciudadanos. Entonces creo que en esa concienciación y sensibilización es en donde tenemos que ir mejorando.

El ser sostenible, el ser ecológico y todo eso tiene algo de elitista, a lo que solo pueden acceder determinadas personas con determinado poder adquisitivo. Entendemos que no debería de ser así. Que a través de la soberanía alimentaria y debemos permitir que las personas, independientemente de su rango económico, puedan acceder a todas las posibilidades del desarrollo sostenible.

En Llanero Solidario, cuando hacemos talleres y desarrollo de proyectos de sensibilización, casi siempre estamos trabajando en ese sentido. El año pasado estuvimos haciendo unos talleres de reutilización textil en institutos. Vamos a trabajar, que aprendan, que tengan conocimiento de qué impacto tiene el consumo de la ropa y qué alternativas tienen como chavales y chavalas para cambiar eso al comprar ropa.

Al final es conocimiento que le estamos aportando a la gente.

Cuándo hacéis estas charlas de sensibilización, ¿cómo reaccionan aquellos que os escuchan?

Sorprendentemente dicen: “¿Y esto por qué no nos lo había explicado nadie antes?” Somos muy conscientes de que estamos luchando contra un monstruo muy grande. Ellos reciben este pequeño mensaje habiendo tenido que convencer a sus profesores para que nos permitan dar el taller.

Pero, antes, han recibido cien anuncios de “compra esta ropa”, “mira qué guay eres porque llevas este collar, este peinado, este sombrero, estas gafas...”. Pero sin cuestionar para nada el impacto medioambiental, social y económico que eso tiene. O hacemos consumidores tontos o hacemos consumidores conscientes.

Al terminar una charla, un chaval de 15 o 16 años dice: “Es que igual tenemos que pensar cómo estamos comprando la ropa”. En dos horas de debate. Que con apenas dos horas de debate y de trabajo lleguen a cambiar de idea en ese sentido, hacia un consumo más consciente, es brutal.

Pasemos de los retos a las oportunidades: ¿qué oportunidades ves para la economía social que vaya en el sentido de la sostenibilidad y de la igualdad de género?

La economía social en su conjunto es la que está poniendo a la persona en el centro. Entonces, todos los ejemplos de economía social que de verdad pongan en marcha esa visión, sea una micro cooperativa de Almansa o una cooperativa agroalimentaria de Tomelloso que tiene a 1.100 socios. Si de verdad están poniendo a la persona en el medio, van a tener que tener un respeto medioambiental y de género porque la persona es una, me refiero que no caben dos, tres interpretaciones de qué es lo mejor para el ser humano y para la sociedad actual. No, no cabe.

Entonces, creo que sí, la visión y la aportación que la economía social puede hacer a estos retos es fundamental y es clave. No conozco los datos, pero no dudo que dentro de la economía social la consideración medioambiental y de género es mucho mayor que dentro de la economía generalista. Y ya te digo que no conozco los datos, pero la sensación que tengo de conocer a un tipo de empresas y a otro es radicalmente diferente.

Si nos situamos a cinco años vista, ¿cómo te gustaría ver al sector de la economía social en Castilla-La Mancha?

Pues más grande todavía. Creo que la economía social en Castilla-La Mancha ya es grande en cooperativas agroalimentarias. Pero creo que, por ejemplo, las empresas de inserción tienen un potencial de inclusión y de integración brutal.

Aparte de desarrollar actividades que, como te he dicho antes, vayan en el sentido del desarrollo sostenible, del desarrollo rural, de la igualdad de género. Entonces creo que dentro de cinco años lo que debe haber es, en vez de diez empresas de inserción que hay ahora mismo, que haya cincuenta. Que de verdad estén implantadas por todo el territorio.

Que no estemos, como está pasando ahora mismo, que la mayoría estamos aquí en Albacete y algunas en Toledo. Y eso debe de extenderse y llegar a otros sitios. Y creo que con llegar a eso ya tendríamos mucho avanzado.

La sostenibilidad medioambiental ha dejado de entender de sectores. Administraciones, empresas y entidades sociales comparten hoy la misma exigencia: adaptar su actividad a criterios más responsables, aprovechar mejor los recursos, reducir su impacto y, de paso, explorar las oportunidades que abre la economía verde. La economía social no es ajena a ese reto, y en Castilla-La Mancha lo afronta desde realidades muy dispares: entidades que llevan años incorporando prácticas sostenibles casi sin ponerles nombre y otras que topan con la falta de tiempo, de financiación o de referentes para dar el paso.

A ese diagnóstico se suma una idea que atraviesa buena parte del sector: sostenibilidad e igualdad de género no son caminos paralelos, sino dos dimensiones de un mismo proceso de transformación. Cuidar el entorno y poner a las personas en el centro forman parte, en la economía social, del mismo relato.

Para tomar el pulso al sector en la región —qué se hace ya, qué barreras persisten y qué recorrido queda por delante, también en materia de empleo— hablamos con Luis Enrique Espinoza, presidente de la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Castilla-La Mancha (REAS), entidad que se integra dentro de la Confederación Economía Social Castilla-La Mancha. Su diagnóstico parte de una certeza —el sector ya lleva la sostenibilidad y la igualdad en su ADN— y desemboca en un desafío: conseguir que el consumidor y las administraciones reconozcan y premien ese valor añadido, muchas veces intangible, que la economía social aporta a su entorno.

¿Cómo integran la sostenibilidad las entidades de la economía social de la región?

Las familias de la economía social son muy variadas, aunque estamos todas coordinadas en la Confederación Economía Social Castilla-La Mancha. Y, claro, hay algunas familias que tienen una vinculación estrechísima con la sostenibilidad ambiental. De tal manera que aquellas familias que tienen más relación por su actividad o porque manejan productos que tienen que ver con temas medioambientales, pues están más implicadas.

En el caso de REAS es muy evidente porque todas las entidades integradas comparten el principio de la sostenibilidad como uno de sus principios rectores, pero, en general, en varias familias de la economía social en Castilla-Mancha el tema está muy interiorizado.

Por ejemplo, en las cooperativas agroalimentarias sé que la sostenibilidad cada vez preocupa más. Primero porque su actividad tiene que ver con el medio ambiente y lo que producen cada vez tiene un nivel de calidad mayor, en la medida en que incorporan preocupaciones medioambientales.

Además, todas, todas las familias de la economía social en Castilla-Mancha nos hemos dotado de un distintivo promovido desde la Confederación que pretende diferenciar los productos y servicios que se generan en la economía social. Y ese distintivo tiene que tener algo detrás: una serie de elementos distintivos respecto de otras empresas de la economía. Con ese distintivo, lo que pretendemos es hacer ver que comprar o utilizar servicios de la economía social tiene un plus añadido, de ahí ese distintivo con el que nos queremos diferenciar.

Yo creo que cada vez más en la economía social se está apostando justamente por la igualdad de género y la sostenibilidad como elementos diferenciadores respecto de otros sectores u otras empresas de la economía

Y uno de los elementos diferenciadores es justamente la sostenibilidad ambiental, pero también los temas de igualdad de género, que es otro tema también que tenemos muy interiorizado e incorporado.

Yo creo que cada vez más en la economía social se está apostando justamente por la igualdad de género y la sostenibilidad como elementos diferenciadores respecto de otros sectores u otras empresas de la economía.

¿Qué ejemplos pondría de buenas prácticas que funcionan tanto en materia de sostenibilidad como de igualdad de género?

En el caso de la igualdad de género, aparte de que cada vez es mayor la presencia de mujeres en las empresas cooperativas, asociaciones, fundaciones de la economía social -hasta el punto de que, por ejemplo, en REAS es mayoritaria la presencia de mujeres-, cada vez más entidades de la economía social incorporan planes de igualdad justamente para que ese compromiso sea una realidad. No es solo porque sea obligatorio en función del número de trabajadores que trabajan en la entidad, sino que es un compromiso que está muy asumido y que tiene que ver, como digo, con una enorme presencia de las mujeres dentro de las entidades de la economía social.

Y luego en el caso de medio ambiente, pues te pongo un ejemplo concreto. Cada vez son más las cooperativas y entidades de economía social que apuestan por utilizar energía procedente de fuentes renovables. En buena medida porque también dentro de la economía social hay entidades que están orientadas a la generación de energía renovable. La más conocida es Som Energia, que es una cooperativa de consumidores que nació en Catalunya, pero que ya tiene ámbito estatal y que da servicio a todo tipo de consumidores, también a las empresas.

Cada vez es más frecuente que una cooperativa o una entidad de economía social utilice la energía procedente de una de estas entidades, de una de estas cooperativas, que utiliza 100% de energía renovable. Es una tendencia muy reciente, pero cada vez es más evidente.

Y, por supuesto, podríamos citar a otras que tienen que ver con la recogida selectiva de residuos, con el uso eficiente del agua, etc. En el caso de las cooperativas agroalimentarias, me consta que hay un compromiso muy claro con el tema del ahorro de agua y que cada vez se están incorporando, sobre todo en las cooperativas de segundo grado, las de transformación, se están incorporando mecanismos también de ahorro de agua en la producción.

¿Cómo aprecia el cliente estas cualidades, esta diferenciación que hacen las entidades que trabajan dentro de la economía social? ¿Se valoran ese plus que añadís?

Esa es nuestra asignatura pendiente. Nuestro empeño es justamente que se valore esa diferencia, ese plus que aporta la economía social. La economía social, en definitiva, es una economía que lo que pretende es primar a las personas, primar la preocupación por el entorno, la vinculación al territorio, que lo importante no es el beneficio económico. Que hay que tenerlo obviamente para sobrevivir, pero que no es sustancial porque hay un capitalista que se lucre del trabajo, sino que son los trabajadores los dueños de la empresa, de la cooperativa o de la entidad.

En definitiva, es una serie de valores que nos permiten decir que somos diferentes y que somos mejores, es decir que nuestra actividad no solamente es importante desde el punto de vista de los trabajadores, sino que también somos buenos, entre comillas, para nuestro entorno social y natural.

Entonces nuestra dificultad o lo que tenemos que conseguir es, por un lado, poner en números ese plus, ese valor añadido que tenemos, es decir, hacer ver que incorporar trabajadores en riesgo de exclusión a nuestras entidades, el que haya cada vez más mujeres, el que tengamos en cuenta los temas medioambientales o nuestro arraigo en el territorio rural, por ejemplo, eso es un plus que hay que contabilizar y hay que incorporar para hacer un balance también económico de lo que supone el que haya este sector de la economía en nuestra región o en nuestro país.

Y en esa línea de hacer ver a los consumidores está el distintivo que te comentaba que ha puesto en marcha la Confederación de Economía Social en Castilla-La Mancha. Un distintivo que haga ver también a las personas, a los consumidores de productos y de servicios que comprar o utilizar servicios de la economía social significa un valor añadido, ya que la economía social genera unos beneficios que son muchas veces intangibles, pero que están ahí. Ese es el trabajo que estamos haciendo ahora, que el consumidor sepa que este producto, este servicio, procede de la economía social y que tiene un valor añadido que merece la pena apostar por él.

Aparte de esa, ¿hay otras barreras para la economía social? Y en el lado opuesto, ¿qué oportunidades y retos en positivo tenéis por delante?

Dificultades hay más, no solamente que no se distinga o que no se valore lo que aporta la economía social desde el mercado. Pero para aplicar criterios de sostenibilidad o de igualdad de género hay más problemas. Por ejemplo, imagínate que una entidad pretende utilizar productos reciclados o de cercanía o cualquier tipo de mejora medioambiental que se te ocurra. Pues en muchas ocasiones ese producto o no está disponible o es difícil de acceder a él o tiene un precio que quizás sea un poquito más alto que el producto convencional.

Y luego también nos cuesta mucho encontrar ese tipo de productos medioambientalmente sostenibles dentro del ámbito de la propia economía social y eso es un hándicap porque uno de los objetivos que tenemos dentro de la economía social es consumir cada vez más dentro de la propia economía social. Y en muchas ocasiones no es fácil encontrar esos productos dentro de nuestras entidades.

También muchas veces hay que luchar contra las inercias. Esto que te comentaba antes del uso de la energía por fuentes renovables, pues también en ocasiones no se hace un poco por dejadez porque la inercia te lleva a utilizar lo que siempre has utilizado en lugar de apostar por estas formas nuevas de energías renovables que sabemos todos que es beneficioso para todos.

Hay más dificultades que tienen que ver con la accesibilidad, con el precio, con la disponibilidad del producto dentro de nuestro ámbito de la economía social, etc. Y en el caso de las mujeres pues también hay dificultades, porque aunque te decía antes que cada vez son más mujeres y que su presencia es muy importante dentro de la economía social, en muchas ocasiones cuando ellas se plantean emprender, la economía social no es la primera opción, ni la segunda ni la tercera. Esto es debido a que muy poquita gente tiene formación sobre lo que implica esto o que, en cursos de formación que se hacen para emprendedores pocas veces se habla de la economía social como una alternativa para el emprendimiento. Por eso, muchas mujeres que se plantean emprender no tienen como opción la economía social.

Además, hay entidades dentro de la Confederación Economía Social Castilla-La Mancha que están especializadas en el acompañamiento al emprendimiento justamente para hacer fácil que se pueda emprender, sobre todo en perfiles con más dificultades de inserción en el mercado laboral, como mujeres y jóvenes. Que sepan que van a tener acompañamiento así que deciden montar, por ejemplo, una cooperativa de trabajo social.

Y en cuanto a retos, se trata de ser capaces de utilizar servicios y productos cercanos, que sean ambientalmente sostenibles... Lo cual va a depender en muchas ocasiones de la accesibilidad y del precio. Entonces ahí tenemos que conseguir ambas cosas que sean sencillas.

Tenemos que conseguir también que se nos distinga, que justamente esa preocupación que tenemos por la igualdad de género o por la sostenibilidad tenga un reflejo en el mercado a la hora de que el consumidor prefiera nuestros productos y nuestros servicios

Tenemos que conseguir también que se nos distinga, que justamente esa preocupación que tenemos por la igualdad de género o por la sostenibilidad tenga un reflejo en el mercado a la hora de que el consumidor prefiera nuestros productos y nuestros servicios. Entonces ahí tenemos que hacer una labor de sensibilización, de distinguirnos, de hacer ver las ventajas que tiene nuestro sector. Confiamos en que poco a poco se vaya interiorizando.

¿Qué le pedirías a las administraciones para hacer frente a esos retos y dificultades que has enumerado?

Lo fundamental para las administraciones es que tengan en cuenta el sector de la economía social a la hora de contratar. Dentro de la contratación pública ya hay reservas de mercado orientadas sobre todo a empresas de inserción, con un porcentaje de los contratos que hace la administración que tiene que reservarse obligatoriamente a este tipo de entidades para facilitar la inserción laboral, sobre todo a personas con discapacidad. Pero hay que ampliar eso.

Tenemos que conseguir que en el ámbito de la contratación pública se tenga en cuenta ese valor añadido que tenemos en la economía social en cuanto a generación de empleo, en que el beneficio no es lo primero, en que tenemos una preocupación importante sobre el tema de la igualdad y del compromiso medioambiental, del arraigo al territorio, cuando se habla tanto de despoblación y de reto demográfico.

Muchas de nuestras entidades están instaladas en el medio rural, creando empleo. La administración tiene que entender que esa labor que hacemos y esa distinción que tenemos respecto a la economía convencional tiene que tener un reflejo a la hora de contratar. Ahí tiene que haber un porcentaje de contratación pública reservado o que dé puntos prioritarios a las empresas de la economía social frente a las empresas convencionales, justamente porque aportamos más valor a la sociedad.

Todos los años la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) realiza un proceso colectivo de evaluación y sensibilización, la denominada Auditoría Social, en el marco de los seis principios que definen la Carta de la Economía Solidaria y que constituyen la identidad de las entidades que forman parte de REAS: equidad, trabajo digno, sostenibilidad ecológica, cooperación, reparto justo de la riqueza y compromiso con el entorno.

Esta autoevaluación tiene un doble objetivo: mejorar las organizaciones y sensibilizar a otras entidades y empresas de la economía social. La campaña del año 2025 contó con un total de 731 empresas y entidades auditadas de distintos sectores de actividad.

Uno de los seis principios básicos de Economía Solidaria es el compromiso con la sostenibilidad ecológica, con la salud del planeta y con la sostenibilidad de la vida. Desde REAS se entiende el decrecimiento material como una obligación, teniendo en cuenta el largo proceso histórico de sobreexplotación del planeta. Por ello se persigue desarrollar modelos de producción, distribución y consumo responsables, conscientes y transformadores, asegurando la sostenibilidad ecológica en toda la cadena económica, priorizando los circuitos de cercanía y limitando el impacto ambiental de las actividades económicas mediante la reducción, reparación, recuperación, reutilización y reciclaje de los materiales y recursos que se producen o emplean.

Además, hay un compromiso con la justicia ambiental y social en las relaciones económicas y la promoción de la soberanía alimentaria como estrategia de transformación. Por último, se impulsan iniciativas que posibiliten una transición energética justa, con modelos cooperativos de producción, gestión y consumo de energías renovables.

La Auditoría Social permite evaluar la coherencia interna de las empresas y entidades que forman parte de REAS, medir el impacto de sus actividades sobre el medio ambiente y la existencia de sistemas, planes y medidas de gestión ambiental y midiendo las emisiones de CO2, el consumo de papel, las prácticas de reciclaje, movilidad, etc.

Así, los resultados de la Auditoría Social 2025 indican que la mayoría de las cooperativas y asociaciones que integran REAS destinan esfuerzos a mejorar sus prácticas de consumo. Más del 95% priorizan la adquisición de productos de proximidad y ecológicos.

En relación al gasto energético, un 72% cuenta con una política interna, de reducción del uso energético y un 76,47% han puesto en marcha acciones para evitar el consumo innecesario.

Algo menor es la puesta en marcha de procedimientos para el ahorro y eficiencia del consumo de agua. El 66% tienen prácticas en este sentido y un 44,48% han realizado inversiones para optimizar el consumo.

En relación al consumo de papel, el 82% de las entidades o bien no utiliza papel o lo hace reciclado y/o de explotación forestal sostenible.

En lo que se refiere al uso de energía renovable, un 54,33% contrata el servicio eléctrico con una proveedora de energía de fuentes 100% renovables y un 19,10% lo hace de manera parcial.

Un 74,28% de las entidades toma medidas para reducir y/o compensar la huella ecológica en la actividad económica. El 60,69% trabaja haciendo incidencia política y/o haciendo divulgación sobre la reducción del impacto ambiental hacia afuera de la organización. Un 54,77% indica que a nivel interno (personas trabajadoras y voluntarias) facilitan herramientas de sensibilización ambiental. Además un 35,84% dispone de una política, plan de acción o sistema de gestión ambiental.

Las prácticas ligadas a la gestión de residuos están presentes en un elevado porcentaje, siendo un 96,85% las que implementan alguna de las prácticas de separación, reciclaje, reutilización de materiales. Un 92,20% de las entidades implementan prácticas de separación de residuos para poder ser reciclados, un 76,88% priorizan el uso de materiales y envoltorios de bajo impacto y evitar generar residuos innecesarios.

Por otro lado, un 77,15% reutilizan y/o reparan aparatos y equipamientos y un 58,82% colaboran con entidades que trabajan por la economía circular para reaprovechar material o productos de los que no se hace uso.

Por último, las entidades que incorporan, ofrecen o facilitan alguna alternativa o ayuda en lo relacionado con el transporte hacia el centro de trabajo, incluidos el teletrabajo, compartir coche, aparcamiento para bicicletas… es del 60,16% y el 45,83% de las entidades facilitan un transporte ambientalmente sostenible a las trabajadoras que necesitan desplazarse por necesidades de los proyectos de la propia organización.

La Red de Economía Alternativa y Solidaria de Castilla-La Mancha (REAS), que agrupa a una veintena de entidades (cooperativas, asociaciones, fundaciones…), está elaborando un estudio diagnóstico sobre sostenibilidad medioambiental con perspectiva de género en la economía social de la región, analizando tanto las actuaciones que ya se están desarrollando como aquellas que las entidades querrían impulsar en el futuro.

El objetivo es identificar necesidades, barreras, oportunidades y tendencias, así como explorar el potencial de la sostenibilidad como ámbito generador de empleo dentro de la economía social.

La sostenibilidad medioambiental constituye hoy uno de los grandes retos transversales para las organizaciones, las administraciones públicas y el conjunto de la sociedad. La adaptación a nuevos criterios de sostenibilidad, la incorporación de prácticas responsables, la eficiencia en el uso de recursos, la reducción del impacto ambiental y la generación de oportunidades económicas asociadas a la economía verde son cuestiones que afectan de manera creciente a las entidades de la economía social.

En Castilla-La Mancha, las entidades de economía social desarrollan su actividad en contextos diversos, con trayectorias, recursos y capacidades diferentes. Muchas de ellas ya incorporan valores y prácticas alineadas con un modelo más sostenible, aunque no siempre desde una lógica sistematizada o visible. Otras encuentran barreras para avanzar, ya sea por falta de tiempo, estructura técnica, financiación, herramientas o referentes concretos. En ambos casos, existe una necesidad compartida: disponer de información útil y cercana que permita comprender mejor la situación del sector y orientar actuaciones futuras con mayor base y coherencia.

A ello se suma la necesidad de incorporar una perspectiva de género. La sostenibilidad y la igualdad no deben abordarse como ámbitos separados, sino como dimensiones complementarias de un mismo proceso de transformación. Integrar esta mirada permite enriquecer el análisis, mejorar la calidad de las propuestas y reforzar el sentido inclusivo de la economía social.

Además, el enfoque de género tiene una relevancia específica dentro de los criterios de valoración de la convocatoria, que reconocen expresamente la combinación de una acción vinculada a sostenibilidad y diagnóstico relacionado con igualdad de género.

Este estudio se complementa con una campaña de sensibilización y difusión destinada a visibilizar la relación entre economía social, sostenibilidad e igualdad, así como a trasladar al entorno sectorial y social los principales mensajes y resultados obtenidos.

Por último, se prevé la organización de encuentros territoriales de carácter provincial para compartir resultados, favorecer la reflexión conjunta y estimular la transferencia de aprendizajes. El proyecto en su conjunto está financiado desde la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta a través de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social.

“¿Qué estás trajinando?” es el nombre del curso para emprendimiento de jóvenes en los pueblos de Castilla-La Mancha que se celebrará en Mota del Cuervo (Cuenca) durante los días 24 y 25 de septiembre.

Codirigida la Universidad Castilla-La Mancha (UCLM) y Fundación Nexo, la formación nace con el objetivo de potenciar a aquellas personas jóvenes que quieran impulsar proyectos empresariales, sociales y comunitarios que generen nuevas oportunidades en el medio rural.

Durante las dos jornadas que dura, se compartirán herramientas, experiencias y modelos de emprendimiento vinculados a la economía social, la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo de los pueblos.

El programa reunirá a representantes de administraciones públicas, universidades, organizaciones juveniles, entidades sociales y proyectos empresariales surgidos en diferentes territorios rurales.

Programa de las dos jornadas

La primera jornada incluirá una conferencia inaugural sobre el acompañamiento al emprendimiento, una mesa redonda dedicada a la capacidad de las personas jóvenes para cumplir sus sueños y resolver los retos de sus comunidades y una sesión PechaKucha en la que se presentarán diferentes experiencias de emprendimiento joven.

Por la tarde se desarrollará un taller participativo para aprender a diseñar proyectos económico-comunitarios para el territorio. La jornada finalizará con el Demo Day de Trajineras, raíz rural, en el que jóvenes de los institutos de la comarca presentarán los prototipos y proyectos que han diseñado durante el programa, con la colaboración de la fundación ‘la Caixa’.

La segunda jornada abordará el papel de las personas jóvenes y las mujeres como agentes de innovación social y sostenibilidad, así como las oportunidades y dificultades de quienes deciden emprender y desarrollar su proyecto de vida en un pueblo. El curso finalizará con la presentación de la Red de Jóvenes por la Economía Social.

La actividad está dirigida a jóvenes, estudiantes, personas emprendedoras, profesionales, entidades sociales y todas aquellas personas interesadas en el emprendimiento, la economía social y el futuro del medio rural.

Las inscripciones ya están abiertas y son gratuitas para los estudiantes de la UCLM y del Programa Saramago. Para el resto de las asistentes, el coste será de 40 euros. No obstante, existe la posibilidad de ser becado si la preinscripción se realiza con fecha límite del 11 de septiembre en este enlace, siendo la fecha límite ordinaria el 17 de septiembre.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, junto con la Confederación de Asociaciones de Empresas de Economía Social de la región, está avanzando en la elaboración y diseño de la que será la segunda Estrategia de Economía Social de Castilla-La Mancha, cuyos trabajos se iniciaron el pasado mes de enero.

El próximo diciembre finaliza la vigencia de la actual estrategia y se trata de dar “continuidad a una hoja de ruta pionera en la región”, según la Consejería de Economía de la comunidad autónoma.

La segunda Estrategia Regional de Economía Social marcará las líneas de actuación para fortalecer y desarrollar este sector durante los próximos años.

Según el Ejecutivo castellanomanchego, esta iniciativa “refleja el firme compromiso” con la economía social como “un modelo empresarial capaz de combinar competitividad económica y creación de valor social”, contribuyendo de forma “decisiva” a la cohesión social, la generación de empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y el desarrollo sostenible de los territorios.

Adaptarse a “nuevos desafíos” sociales, económicos y ambientales

La nueva estrategia dará continuidad al trabajo desarrollado en los últimos años y permitirá adaptar las políticas públicas a los nuevos desafíos económicos, sociales y medioambientales.

El grupo de trabajo, constituido el pasado mes de junio, está integrado, junto con el Gobierno regional, por los agentes sociales, así como las principales entidades y organizaciones representativas del sector de la economía social. En su seno, se articula un amplio proceso participativo que permitirá recoger las aportaciones de cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social, asociaciones, fundaciones y demás agentes económicos y sociales de la región.

Durante su elaboración se analizará la situación actual de la economía social en Castilla-La Mancha, identificando fortalezas, oportunidades y retos que permitan diseñar medidas eficaces para impulsar su crecimiento y consolidación.

Entre las principales líneas de trabajo figuran el apoyo a la creación y mantenimiento del empleo, la modernización y digitalización de las entidades, el relevo generacional, la mejora de la competitividad, el acceso a la financiación, la formación y capacitación profesional, así como el fomento de la innovación y la sostenibilidad.

Además, la estrategia prestará especial atención a la visibilización de la economía social y a la difusión de sus valores, promoviendo un mayor conocimiento de un modelo empresarial que sitúa a las personas en el centro de la actividad económica y que contribuye de manera significativa al bienestar colectivo.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha celebrado este miércoles que Canarias haya sido elegida como Capital de la Economía Social en 2027, y ha defendido que la designación del Archipiélago ha sido por el trabajo realizado bajo su mandato.

El expresidente canario, a través de un vídeo, ha calificado de “magnífica” la noticia avanzada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y ha asegurado que hará que el año que viene “tengamos muchísimos actos en las dos sedes”, que serán Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

Torres señala que esta elección se fundamenta en el trabajo realizado en los últimos años, y en normas impulsadas durante el Pacto de las Flores, como la Ley de Economía Social de Canarias y la primera Ley de Cooperativas de Canarias, ambas elaboradas de la mano de las entidades representativas del sector y respaldadas por unanimidad en el Parlamento de Canarias en el año 2022.

Reconocimiento del PSOE de Canarias

El PSOE de Canarias, a través de la vicesecretaria portavoz de la formación, Elena Máñez, ha considerado que se trata de “una gran noticia” que el Archipiélago haya sido designado como Capital de la Economía Social en 2027, “un reconocimiento al trabajo desarrollado durante la pasada legislatura” por el Gobierno que presidía Ángel Víctor Torres.

Para Máñez, las dos normas impulsadas durante el Pacto de las Flores, “supusieron un antes y un después para la economía social en las Islas, porque nacieron del diálogo, respondieron a las necesidades reales del sector y dotaron por primera vez a Canarias de un marco normativo moderno para impulsar este modelo empresarial”, señaló.

La vicesecretaria portavoz, entonces consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Pacto de las Flores, defendió que la economía social representa “una forma diferente de entender el desarrollo económico”, frente al modelo que, a su juicio, impulsa el actual Gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular.

“Mientras unos apuestan por un modelo que concentra la riqueza, mantiene la precariedad laboral y perpetúa los bajos salarios, el PSOE Canarias defiende empresas que generan riqueza compartida y sitúan a las personas en el centro de su actividad”, afirmó.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado que Canarias será la Capital de la Economía Social en 2027 y que contará por primera vez con dos sedes: una en Las Palmas de Gran Canaria y otra en Santa Cruz de Tenerife.

Según ha informado Díaz en el Consejo de Fomento para la Economía Social, celebrado este miércoles en Madrid, Canarias tomará el testigo de la ciudad catalana de Mataró como capital de la economía social por su trayectoria amplia de este modelo económico.

Asimismo, la ministra ha explicado que la decisión se apoya en una trayectoria amplia de este modelo económico en las islas. “Desde las cooperativas, las sociedades agrarias y las cofradías de pescadores, que han sido esenciales históricamente para la vida económica canaria, la economía social se ha extendido con el tiempo a la educación, la industria, el transporte y los servicios en el territorio”.

Además, señala que en los últimos años, Canarias ha reforzado este impulso con instrumentos concretos como la Ley de Economía Social de Canarias, la Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias o el Libro Blanco de la Economía Social de Canarias entre otras, ha detallado Díaz.

Asimismo, la vicepresidenta segunda ha asegurado que Canarias conoce bien los desafíos que tiene por delante por su “insularidad, la crisis climática, la dificultad de acceso a la vivienda y su papel de frontera sur de Europa, con las necesidades de acogida e inclusión de quienes llegan”.

Esta capitalidad permitirá situar estos desafíos en el centro del debate, desde la experiencia y el buen hacer de las entidades canarias. “Será una oportunidad para compartir soluciones, reforzar alianzas y mostrar cómo la economía social puede ofrecer respuestas cercanas, sostenibles y duraderas a los retos del archipiélago”.

Desde el Ministerio de Trabajo aseguran que la decisión cuenta con el respaldo de las entidades representativas de la economía social canaria y española representadas en CEPES, “cuyo compromiso y trabajo es fundamental para seguir consolidando este ecosistema en las islas”.

Representantes de cooperativas agroalimentarias, sociedades laborales y centros especiales de empleo se han reunido en Campo de Criptana para reivindicar que la presencia femenina en la economía social no se quede en la base societaria. “La Economía Social avanza cuando avanza la participación de la mujer, no solo en el ámbito societario, sino en la toma de decisiones”, ha resumido el presidente de la patronal del sector en la región, Juan Miguel del Real.

Ha sido durante la jornada 'Voces que transforman. Mujeres en la Economía Social de Castilla-La Mancha', un espacio de encuentro y reflexión que ha puesto en valor el impacto del liderazgo femenino en la construcción de un modelo económico más sostenible, inclusivo y comprometido con el desarrollo territorial, organizado por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en colaboración con la Confederación de Empresas de Economía Social de Castilla-La Mancha.

Durante la bienvenida institucional, la consejera de Economía, Empresas y Empleo de la región, Patricia Franco, ha manifestado el fuerte compromiso del Gobierno regional con la Economía Social y ha defendido “la importancia de visibilizar el trabajo de las mujeres en la economía social, especialmente en las zonas rurales donde este sector tiene un fuerte arraigo y una función vertebradora del territorio”.

Juan Miguel del Real, presidente de la Confederación de Empresas de Economía Social de C-LM, ha destacado que la igualdad de género forma parte de la identidad de la economía social ya que “los principios que inspiran la economía social; la participación democrática, la igualdad de oportunidades, la apuesta por el desarrollo más sostenible y el arraigo territorial, son el motor del cambio hacia la igualdad real.” Además, ha añadido que “la Economía Social avanza cuando avanza la participación de la mujer, no solo en el ámbito societario, sino en la toma de decisiones. Ese es el camino que debemos seguir.”

Por otra parte, el alcalde de Campo de Criptana, Santiago Lázaro, ha agradecido la elección del municipio como sede de la jornada y la importancia de celebrar este encuentro en un lugar tan emblemático como el Múseo El Pósito Real, edificio del siglo XVI vinculado históricamente a la ayuda mutua.

Liderazgo femenino para transformar territorios

A continuación, se ha desarrollado la mesa 'Más allá del territorio: mujeres que lideran el cambio social' moderada por Ana Carmona, directora general de Autónomos, Trabajo y Economía Social. Esta mesa ha sido un espacio de reflexión en el que se ha abordado la contribución del liderazgo femenino al desarrollo de la economía social, la innovación y la transformación de los territorios.

Durante esta, Jerónima Bonafé, vicepresidenta de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, (CEPES) y presidenta de la Asociación de Mujeres de Coop. Agroalimentarias de España (AMCAE), ha puesto el foco en la necesidad de impulsar la presencia de mujeres en los órganos de decisión, fomentar el relevo generacional y garantizar la igualdad real de oportunidades en el medio rural.

El debate ha seguido hablando sobre inclusión real de la mano de Patricia Sanz, vicepresidenta Estatal del Grupo ONCE y presidenta de su Observatorio de Igualdad que ha manifestado la importancia de tener referentes ‘que visibilizan realidades profesionales y personales de mujeres‘ y Pepa Torres, directora de la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (FEACEM) que ha expresado “la importancia de luchar por una igualdad que favorezca la inclusión real y eliminar la doble discriminación a la que las mujeres con discapacidad muchas veces se enfrentan en el mercado laboral”.

Raquel Romero, coordinadora general de Laborpar, ha hecho hincapié en mostrar las sociedades laborales como un “espacio innovador e igualitario y una gran alternativa para el relevo generacional”, y Amaya Delgado, directora de COCETA, la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo, ha destacado que ‘con el impulso de las mujeres podemos transformar cómo se hacen las cosas en Economía Social, siendo imprescindible seguir los valores cooperativos’.

La jornada ha continuado con una segunda mesa dedicada a visibilizar el liderazgo femenino dentro de las distintas familias de la Economía Social y las oportunidades profesionales que ofrece este modelo empresarial. En esta han participado Lidia Ruiz, presidenta de la cooperativa de trabajo, Egalia Abogados; Inés Guillén, presidenta del Grupo de Jóvenes de Cooperativas Agro-alimentarias de España; Mar González, presidenta de Aseircam; Desireé Paseiro, responsable Jurídica y Socia de la cooperativa de transporte Quijote y Maite Piqueras, presidenta de la Cooperativa Bellomonte Servicios.

La mirada local ha estado representada por Julia Mercedes Leal, presidenta de la Cooperativa Nuestra Señora del Carmen de Campo de Criptana, y María José Pérez, presidenta de la Cooperativa Símbolo, quienes han compartido la experiencia y el compromiso de estas cooperativas vinícolas del municipio con el desarrollo económico y social del territorio.

Premios del concurso 'Descubre y Coopera'

La jornada han mostrado el talento joven a través de la proyección de los videos ganadores del I Concurso de Economía Social 'Descubre y coopera' de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en colaboración con la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Una iniciativa que busca despertar el interés de la juventud castellanomanchega por un modelo empresarial responsable, inclusivo y sostenible, capaz de generar empleo de calidad y contribuir al bienestar colectivo.

Los centros premiados fueron el IESO La Jara, de Belvís de la Jara (Toledo), y el IESO Parque Lineal, de Albacete, en la modalidad de Investigación Creativa para ESO y CFGM, así como el IESO Cañada de la Encina, de Iniesta (Cuenca), en la categoría de Campaña de Sensibilización para Bachillerato.

Distintivo Somos Economia Social 'Valores que suman valor'

Durante la jornada se presentó el nuevo Sello de la Economía Social de Castilla-La Mancha, un distintivo institucional dirigido a las empresas y entidades que desarrollan su actividad conforme a los principios y valores de este modelo empresarial. Bajo el lema 'Valores que suman valor', el sello permite identificar a aquellas organizaciones que apuestan por la gestión democrática, la reinversión en las personas y el territorio, el compromiso social y la sostenibilidad económica, social y ambiental. Más allá de ser un distintivo, “este sello refuerza la confianza y permite reconocer a las organizaciones que apuestan por un modelo empresarial comprometido con las personas y el territorio” ha señalado Juan Miguel del Real. Este identificador supone un paso significativo para fortalecer la identidad del sector y acercar a la sociedad un modelo empresarial que combina competitividad, compromiso social y creación de oportunidades para todas las personas.

El Centro Ágora de Albacete acoge el I Foro Regional de Innovación Social, en un encuentro que reunirá a empresas, administraciones públicas, entidades sociales y agentes estratégicos de Castilla-La Mancha para abordar los principales retos y oportunidades que marcarán el desarrollo de la comunidad autónoma.

El evento está organizado por el Social Innovation Cluster de Castilla-La Mancha y se celebra este miércoles 17 de junio, de 17 a 21 horas. “Las organizaciones que liderarán el futuro no serán únicamente las más competitivas, sino aquellas capaces de generar valor económico, social y territorial de forma sostenible”, señalan los impulsores de este foro.

Cuestiones clave para la competitividad empresarial

Durante la jornada está previsto analizar aquellas cuestiones que se consideran “clave” para la competitividad empresarial.

Entre ellas, las estrategias de impacto social y sostenibilidad corporativa (ESG y SROI), los nuevos modelos de colaboración y alianzas a través de clústeres y ecosistemas de innovación o la atracción y fidelización del talento joven en Castilla-La Mancha.

También se abordarán las oportunidades para generar impacto positivo y fortalecer el posicionamiento de las organizaciones en el territorio.

Además, el foro ofrecerá un espacio privilegiado para establecer contactos, compartir experiencias y explorar nuevas oportunidades de colaboración con representantes del ámbito empresarial, institucional y social de la región. “Consideramos que la presencia de su institución es clave para consolidar este ecosistema regional de colaboración público-privada”, señalan desde el Social Innovation Cluster de Castilla-La Mancha

Para asistir al evento, es imprescindible realizar la inscripción previa a través del un formulario al que se puede acceder a haciendo click en este enlace. El aforo es limitado y las plazas se asignan por orden de registro.

Al finalizar el acto, se ofrecerá un vino y networking institucional.

Esta semana podría marcar un antes y un después en el devenir cultural de Barcelona. Decenas de colectivos procedentes de los circuitos de base, entre ellos espacios del subsuelo y la contracultura, equipamientos municipales de gestión comunitaria y cooperativas y proyectos de la economía solidaria, se han reunido dos días en el Centre Cultural La Model. El objetivo de las ‘Jornades de Treball de Cultura de Base i Comunitària’ era elaborar propuestas que, más allá de garantizar la subsistencia de los proyectos culturales de base, impugnen un modelo de “ciudad sumida en la lógica neoliberal” que ha perdido decenas de espacios y puede perder aún más.

El encuentro parte de un diagnóstico claro presentado por Diego Salazar, socio fundador de la cooperativa Connectats e impulsor del proyecto Fes! Cultura. Así como está clara la existencia de un modelo cultural privado y otro modelo institucional, “no hay un reconocimiento político ni mediático de un tercer modelo que es la cultura de base y comunitaria”.

Sin embargo, la vida cultural de Barcelona no se puede explicar sin esta tercera pata en la que orbitan cientos de espacios y proyectos que no entienden la cultura como un producto que vende la empresa privada o como un servicio que ofrece la administración al ciudadano, sino como dinámicas cotidianas diseminadas por los barrios y de las que los habitantes son partícipes activos. “Es urgente cambiar el marco cultural de esta ciudad” porque “sin cultura de base no hay cultura de ciudad”, concluyó.

Un frente de luchas compartidas

A diferencia de otros momentos en los que la cultura de base se postulaba como un gremio con demandas concretas y particularidades muy sectoriales, e incluso como una plataforma desde la que resolver problemas concretos, en La Model flotaba la necesidad, diríase que hasta la urgencia, de conectarse con otras luchas de ciudad. Algunas intervenciones estuvieron protagonizadas por portavoces del movimiento Regularización Ya!, del colectivo No a l’Ampliació del Macba, de la Plataforma de Gestió Ciutadana (cuyas entidades gestionan 80 proyectos) y de Cultura Coop (con 120 cooperativas culturales en Catalunya).

Perfectamente hubiesen encajado más intervenciones de docentes, bibliotecarios y espacios okupados, pues, en palabras de Salazar, lo que se estaba impugnando era “un modelo de ciudad que no reconoce ni cuida las formas de cultura que producen las comunidades, sostienen la vida de los barrios y quedan fuera de las lógicas extractivistas del mercado”.

Las cifras presentadas fueron concluyentes. Los 112 millones destinados a la ampliación del MNAC, los 16 para la del Macba, los 70 para la construcción de una nueva sede del Liceu en el Port Vell o los 11 para el nuevo teatro y escuela de artes escénicas Génesis contrastan con los apenas 15 millones que destina el ayuntamiento al tejido cultural barcelonés.

La desproporción entre grandes inversiones y la paralela desatención a “artistas, colectivos y entidades de base que sostienen la cultura desde el territorio” revelan un modelo de ciudad “entregada al turismo, al negocio urbanístico y a la expulsión vecinal”, mientras “la cultura arraigada en los barrios se relega al ostracismo”, apuntó Salazar. Semolina Tomic, directora del Antic Teatre, calificó los patronatos y fundaciones que gestionan los grandes recintos culturales de la ciudad como “un entramado neoliberal muy heavy en favor de unos pocos”.

El encuentro de esta semana tiene su raíz en jornadas intermitentes que se han ido celebrando desde 2018. Pero, como remarcó Gerard Altaió, poeta y artista visual, esta vez la intención era ir más allá del diagnóstico de carencias y problemática para dibujar un nuevo escenario donde la cultura de base y comunitaria juegue un papel central en el entramado de la ciudad. Para ello, se organizaron siete mesas de trabajo desde las que profundizar en diferentes ámbitos y trazar unas primeras líneas de acción.

Las hubo sobre sostenibilidad económica y laboral, sobre la lucha para preservar los espacios, sobre burocracia administrativa, sobre reconocimiento institucional, sobre articulación interna y autoorganización, sobre alianzas con otras luchas ciudadanas y sobre cómo generar un relato que visibilice y legitime la aportación de la cultura de base y comunitaria a la sociedad.

Avalancha de propuestas

Propuestas no faltaron. La primera, reclamar una interlocución directa con el Ministerio de Trabajo, y no ya con el de Cultura, para asentar de una vez las especificidades laborales de los trabajadores del sector. La segunda, reclamar el censo de edificios de titularidad pública de Barcelona para, por un lado, saber quién los gestiona y si están ofreciendo algún tipo de retorno a la ciudad y, por otro, exigir la implantación de modelos de cogobernanza público-comunitaria.

También se habló de crear un observatorio que investigue cómo se reparten los presupuestos de cultura y a quién van. Y de aplicar prácticas reparadoras a los colectivos sistemáticamente excluidos que impliquen no solo cuotas preferenciales en puestos de trabajo, sino también destinar recursos específicos.

La avalancha de demandas y propuestas fue ordenada en una asamblea final dinamizada por la arquitecta Itziar González. Su elección no era caprichosa, pues preside el Observatori Ciutadà Contra la Corrupció. Lo primero que hizo fue asumir que todas las propuestas “serían integrales y no pensadas para satisfacer capillitas”. Y así fue. Tan integrales eran que muchas de ellas quedaron en simples esbozos de intenciones. No es fácil concretar tanto en tan pocas horas.

Aun así, y fruto de esa necesidad de plantear soluciones estructurales a problemas estructurales, apareció como una inesperada tabla de salvación articular una alianza sólida con la Xarxa d’Economia Solidària (XES). Un frente común de espacios de cultura de base y comunitaria, de cooperativas y asociaciones en la órbita de la economía social y solidaria ya serían palabras mayores. Como lo es el concepto de los derechos culturales. Como lo es el de bien común frente al del ánimo de lucro. Se habló incluso de reforzar el ya existente Laboratorio Jurídico impulsado por la XES con demandas específicas desde el flanco cultural.

Por escrito todo suena algo espeso y confuso, pero, en caso de concretarse, son medidas y estrategias que atacarían directamente a la línea de flotación del sistema cultural barcelonés tal y como se entiende desde hace décadas. Porque en La Model no se habló solo de recursos económicos, sino de política y, más concretamente, de “un pacto social contra el actual modelo de política cultural”.

No faltó quien subrayó que nada de esto será posible si la ciudadanía no defiende sus derechos culturales como los educativos y sanitarios. Y ahí hay un gran desafío. Tal vez por ello se incidió en la importancia de la cultura de base, sus espacios diversos y prácticas comunitarias, como un dique fundamental ante el auge de la extrema derecha. Tampoco faltó quien lamentó tanta utopía. A esto último, González solo respondió: “Todo es utopía hasta que deja de serlo”.

Ni el Ministro de Cultura ni el PSC

En el acto final, el de presentación de conclusiones, destacó y fue destacada la ausencia de varias autoridades convocadas, pues habían confirmado su asistencia. Ni el Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ni nadie del gabinete del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, acudieron a La Model. Semolina Tomic, de l’Antic Teatre, no se mordió la lengua. “Todo el PSC ha excusado su presencia”, informó, “pero yo quiero denunciar su ausencia. Su deber era estar aquí. Pagamos su sueldo con nuestro dinero”, recordó, mientras lamentaba el agravio comparativo que supone que, “cuando una empresa como Focus presenta la maqueta de su nuevo edificio allí están todas las autoridades”.

Para gran parte de los allí presentes, la ausencia de autoridades del Ayuntamiento es una forma de negar una realidad: la de la existencia de estos circuitos y espacios de cultura de base y comunitaria. “Y es una negación que dura ya cuarenta años”, recordó Tomic.

Tanto entre los ponentes de las jornadas como entre los asistentes destacó la diversidad de perfiles, reflejo de la diversidad ya existente no solo en la ciudad sino en muchos de los espacios de gestión comunitaria que nutren de vida y cultura el subsuelo barcelonés. La paridad de género estuvo más que superada y la presencia de identidades no binarias también era notable.

Además, llamó positivamente la atención la variedad de acentos catalanes: no solo de Sarrià o Sant Andreu, sino también gallegos y castellanos, latinoamericanos y balcánicos, prueba de que muchos de los espacios que garantizan que Barcelona no sea solo una ciudad macrofestivalera y disponga de actividad cultural durante todo el año están sostenidos por catalanes llegados de todos los rincones del planeta.

La única presencia no prevista el martes en La Model fue el muy violento chaparrón que cayó durante el acto de la clausura. No solo llovió agua; también, piedra. Más de uno lo interpretó como una metáfora climatológica de la que se avecina. Las elecciones municipales de mayo de 2027 son el horizonte cargado de nubarrones que tienen entre ceja y ceja los impulsores del encuentro.

Así lo debieron percibir los representantes de los tres únicos partidos políticos presentes en la sala: Barcelona En Comú, ERC y CUP. El objetivo de los espacios de cultura de base y comunitaria reunidos esta semana ya no es mendigar recursos para seguir existiendo desde la marginalidad económica y política, sino hacer temblar las estructuras que sostienen el entramado cultural de Barcelona.

Diversas entidades por el derecho a la vivienda se han concentrado este martes por la tarde en el solar de la calle Llull 355, en Barcelona, para protestar contra la “privatización de la vivienda protegida”. Este amplio espacio vacío acogerá próximamente una promoción que correrá a cargo de la constructora Corp, que será la misma que edificará otros dos edificios en el mismo barrio. Entre todas, sumarán más de 400 Viviendas de Protección Oficial (VPO), casi la mitad de las que actualmente el Ayuntamiento tiene adjudicadas o en proceso de adjudicación.

Corp, una constructora a la que la justicia ha anulado recientemente una promoción de pisos de lujo, salió vencedora de la licitación pocos meses antes de que el consistorio presentara otros dos concursos abiertos a operadores privados para construir 600 viviendas más. Todo ello, según las entidades concentradas, supone un “proceso privatizador en medio de una emergencia habitacional grave”. Consideran que el hecho de que las promociones se estén adjudicando a promotoras privadas “favorece los intereses de la patronal inmobiliaria, asegurándoles beneficios astronómicos”.

Este tipo de promociones dedicadas a vivienda protegida suponen la cesión del terreno y la finca gratis durante 30 años y cuentan con subvenciones y financiación públicas que cubren el 100% del coste de construcción, según estimaciones del propio Ayuntamiento. La administración también ha calculado que los beneficios que Corp puede sacar de un solar como el de Llull ronda el 11% anual. Con todo, las entidades convocantes -la XES, el Observatorio DESCA, la PAH, el Sindicat de Llogateres, la FAVB, Habicoop y organizaciones juveniles de UGT y CCOO- han calculado que los beneficios de estas constructoras pueden rondar los 600 millones.

“Son beneficios estables y crecientes, ya que los alquileres aumentarán de la mano del IPC, todo ello en base a fondos públicos”, apuntan desde la XES. Esta entidad se muestra de acuerdo en que la prioridad es construir vivienda pública y protegida, pero considera que es una “contradicción” que la misma se encargue a empresas privadas. “Si el Ayuntamiento no tiene capacidad para construir en suelo público, se debería encargar la gestión y la edificación a entidades sin ánimo de lucro”, apuntan desde la Federación de Cooperativas de Vivienda. “No tiene sentudi que estemos pensando en regular el uso social de la vivienda en suelo privado, pero se impulse la privatización en el suelo público”, remachan.

En esta línea, las entidades convocantes lamentan que las cooperativas de vivienda sólo han conseguido la adjudicación -todavía sin confirmar- de 200 VPO, lo que para los convocantes es un “agravio” y una “irresponsabilidad”, además de una vulneración del convenio ESAL, un pacto con el consistorio que establece que las cooperativas construirían y gestionarían 1.000 viviendas.

Que el peso de la balanza caiga del lado de las promotoras privadas, según alertan desde la PAH, “desplaza la función social de la vivienda”, lo cual es “especialmente grave” al tratarse de VPO, que están destinadas a “familias vulnerables sin más alternativa”. Lamentan que la administración esté cediendo el suelo público a empresas privadas que gestionarán estos pisos durante 99 años y recuerdan que cuando los operadores privados han sido las encargadas de VPO “los derechos de las inquilinas se han visto perjudicados”.

En esta línea, han recordado lo sucedido en hasta 34 promociones de vivienda protegida gestionadas por La Caixa, en las que los vecinos denunciaron falta de mantenimiento en los edificios, subidas de precio injustificadas, no renovación de contratos, expulsiones y cobro de cláusulas abusivas. Estos edificios fueron construidos por la Obra Social La Caixa entre 2002 y 2012 y por los que cobró más de 25 millones de euros en subvenciones.

Este caso dio paso a una campaña que vino a demostrar que el banco inició “prácticas especulativas feroces” en cuanto hubo recuperado la inversión inicial y los pisos pasaron a estar en una fase en la que la normativa le permitía vender o alquilar a precios “estipulados”, pero sin obligación alguna de tener las viviendas ocupadas.

“El resultado aumentó el patrimonio inmobiliario de La Caixa, que ha terminado desligándose de las consideraciones de accesibilidad y protección social con la que en su día se justificaron las ayudas con dinero público”, denunciaron en su momento desde el Sindicat de Llogateres, entidad que acompañó a las vecinas afectadas.

Es cierto que actualmente esta situación no se podría repetir ya que, desde 2019, todas las viviendas de promoción pública en Catalunya mantienen la protección de forma indefinida, pero las entidades convocantes alertan de que “los operadores privados todavía pueden encontrar maneras de maximizar beneficios”, y apuntan a posibles cláusulas abusivas o la desinversión en el mantenimiento.

En este sentido, ponen la vista en el Plan Estatal de Vivienda, que también se ha presentado este martes y que, entre otras cosas, pretende blindar la VPO para siempre. “El Gobierno dice que ni un euro de este plan va a ir a parar a la especulación, pero eso es mentira si se cede el suelo público a grandes corporaciones inmobiliarias que se dedican a las viviendas de lujo”, alertan desde el Sindicat de Llogateres.

Por ello, los organizadores de la concentración exigen al gobierno municipal que pare los concursos abiertos -a los cuales han anunciado que presentarán enmiendas- y que destine ese suelo a entidades sin ánimo de lucro en el marco del convenio ESAL. “Es un cambio de paradigma: hay que dejar de usar estos pisos como anzuelo para la iniciativa privada. La solución a la crisis pasa por desmercantilizar la vivienda”.

Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha entregará el próximo 23 de abril los Premios Cooperativos 2026 durante un acto que tendrá lugar en el Paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Ciudad Real.

Se entregarán premios en las categorías de Sostenibilidad Económica, Sostenibilidad Social, Sostenibilidad Medioambiental, Excelencia Cooperativa y Mérito Rural, dirigido a cooperativas ubicadas en municipios menores de 2.000 habitantes, informa la entidad.

Aunque el nombre de las cooperativas premiadas se desvelará a lo largo de la gala, la organización, como en ediciones anteriores, ha dado a conocer la concesión de los reconocimientos especiales.

Así, la Insignia de Oro de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha, máximo distintivo que otorga la organización por su trayectoria profesional a personas destacadas en el cooperativismo de la comunidad autónoma, recaerá en el Instituto de Desarrollo Regional (IDR) de la Universidad de Castilla-La Mancha, en reconocimiento a su trayectoria y apoyo al cooperativismo agroalimentario.

El Premio Especial Valores Solidarios se concederá a AFAS, Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad, por “su admirable labor, compromiso y dedicación en favor de la inclusión, el bienestar y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias”.

Con estas distinciones, Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha reconoce los méritos y valores de cooperativas y sociedades agrarias de transformación castellanomanchegas que hayan destacado en el último año por sus buenas prácticas en diferentes ámbitos

El evento, que alcanza su quinta edición, reunirá a más de 400 representantes de cooperativas agroalimentarias de la región, así como autoridades, patrocinadores y colaboradores.

La entrega de galardones está enmarcada en la celebración de la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar previamente. En ella se someterá a votación, entre otros asuntos, la Memoria de Gestión del Consejo Rector durante el año 2025, las Cuentas Anuales correspondientes al pasado ejercicio o el Plan de Actuación 2026 y adopción de los acuerdos necesarios para su ejecución.

Además se procederá a la elección de vocal en el Consejo Rector y de un interventor, en la Comisión de Intervención de Cuentas.

La nueva Ley Integral de Impulso de la Economía Social ya es una realidad, aprobada este jueves de manera definitiva por el Congreso de los Diputados, y que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. Entre las novedades más destacadas, la norma incluye medidas como nuevas ayudas fiscales a las cooperativas de viviendas en cesión de uso, más causas para descalificar a falsas cooperativas y más colectivos que pueden contratar las empresas de inserción, entre otras.

El Ministerio liderado por Yolanda Díaz, que ha impulsado la regulación, destacaba este jueves que la llamada “economía social” representa “un modelo económico alternativo que prioriza las personas por encima de los beneficios, promoviendo formas empresariales más justas, resistentes, horizontales y democráticas, y que permiten cohesionar el territorio combatiendo la despoblación rural y fomentando el arraigo”.

En concreto, la ley recoge las entidades que forman parte de la economía social, con la novedad de delimitar los centros especiales de empleo solo a aquellos de “iniciativa social”. Son “las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo de iniciativa social, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación, las empresas sociales” que se rijan por los principios establecidos para este tipo de economía.

No se trata de un “apartado menor” de la economía, ha recordado este jueves Yolanda Díaz, ya que supone el 11% del PIB, más de 127.000 empresas y entidades, de las que dependen más de 2,2 millones de empleos directos e indirectos, ha cifrado su Ministerio.

Así, la nueva legislación incluye cambios en cuatro leyes que integraban el ecosistema normativo de este sector: la Ley de Cooperativas, la de Ley para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, la Ley de la Economía Social y la Ley de Régimen Fiscal de las Cooperativas.

A continuación, sin que sea una enumeración exhaustiva, se recogen algunas de las novedades más relevantes de la ley, que ha destacado el Ministerio y otros colectivos de la economía social.

Ayudas fiscales a vivienda de cesión de uso

La ley favorece por primera vez las cooperativas de vivienda de cesión de uso, al considerarlas “especialmente protegidas”. Se trata de un modelo todavía poco conocido, pero que está empezando a crecer en algunas zonas. A diferencia de otras fórmulas cooperativas, esta no se disuelve cuando se construye la promoción ni se reparte la propiedad, sino que es la entidad quien la mantiene y transfiere el derecho de uso a los socios.

Esta nueva legislación introduce así las cooperativas de vivienda de cesión de uso como “como cooperativa especialmente protegida”, siempre que mantengan la propiedad de las viviendas, no repartan retornos y cumplan requisitos específicos. Este reconocimiento otorga a estas cooperativas el acceso a determinados beneficios fiscales.

Más foco para destapar falsas cooperativas

La ley refuerza las causas de descalificación administrativa para actuar frente a entidades que operan bajo apariencia cooperativa, pero que vulneran sus principios y valores. Es decir, las falsas cooperativas que en algunos sectores han hecho mucha mella y han requerido de una intensa actuación de la Inspección de Trabajo, como ocurrió con Servicarne.

Por ejemplo, detalla la descalificación “cuando la prestación del trabajo de las personas socias trabajadoras o socias de trabajo no se desarrolle de acuerdo con su estatuto jurídico, con participación efectiva en la gestión democrática y en el ámbito de organización y dirección de la cooperativa, así como cuando se encubra bajo la forma cooperativa finalidades propias de otras clases de sociedades o cuando se advierta la dependencia de otras entidades o personas”, entre otras causas.

Digitalización y planes de igualdad en cooperativas

La norma también incorpora novedades en el terreno de la digitalización de las cooperativas, para adaptar “al siglo XXI el funcionamiento interno” de estas organizaciones, destaca el Ministerio de Trabajo, a través de la regulación de las comunicaciones electrónicas, la participación telemática en asambleas y consejos rectores, y el refuerzo del derecho de información de las personas socias, entre otros puntos.

La ley incorpora también medidas de igualdad ajustadas a su singularidad, como “planes de igualdad cooperativos”. Por ejemplo, también contempla una nueva Comisión de Igualdad, impulsa la conciliación y establece un nuevo principio de “presencia equilibrada” de mujeres y hombres en los órganos de la sociedad, como su Consejo Rector y Asamblea General.

Nuevos colectivos de trabajadores de centros de inserción

Con un lenguaje “menos estigmatizante”, destacan en el Ministerio de Trabajo, el texto incluye una definición de empresa de inserción “más adecuada y coherente con sus fines, de forma que los nuevos ajustes introducidos en el funcionamiento interno de estas empresas permitirán garantizar su competitividad con la contratación indefinida en empresas ordinarias como meta laboral”. La ley además amplía los colectivos de personas que pueden ser empleadas por las empresas de inserción.

Así, podrán contratar “como trabajadoras en inserción a las personas desempleadas o en situación de mejora de empleo e inscritas en los servicios públicos de empleo expuestas a factores de vulnerabilidad y/o exclusión social” y, específicamente se incorporan colectivos a los ya existentes como personas desempleadas durante dos años o “un período superior a doce meses en caso de ser personas mayores de 45 años”, víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos, y personas inmigrantes, así como beneficiarias de protección internacional, cuando por sus características o circunstancias personales presenten especiales dificultades de integración en el mercado laboral, entre otras.

Más contratación pública social

“La ley eleva la contratación pública reservada, aumentando el porcentaje de contratos del sector público reservados para empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social”, destaca el Ministerio de Trabajo. Además, los pliegos deberán incorporar criterios y condiciones de ejecución que fomenten la contratación de personas en itinerarios de inserción y la subcontratación de empresas de inserción, indican en Trabajo.

La legislación cuenta con el respaldo de la mayor patronal del sector, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), que había pedido el apoyo para que saliera adelante en el Parlamento.

“La Economía Social constituye un punto de encuentro político, tal y como se ha reflejado en el compromiso manifestado por los distintos grupos parlamentarios a lo largo de la tramitación de este proyecto legislativo”, ha destacado la confederación presidida por Juan Antonio Pedreño.

La Ley Integral de Impulso de la Economía Social es una realidad. El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves de manera definitiva este nuevo marco legal que pretende aglutinar y modernizar tres leyes previas del conjunto de la llamada “economía social”, como las cooperativas y las empresas de inserción, impulsado por el Ministerio de Yolanda Díaz y que cuenta con un amplio respaldo del sector. El Congreso ha recibido de vuelta la norma del Senado y ha rechazado la mayor parte de las enmiendas incluidas por el PP.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha celebrado el trabajo de más de “un año y medio” para sacar esta legislación adelante, con las aportaciones del conjunto de diputados del Congreso y de los senadores de la Cámara Alta.

“Una pequeña reflexión: la economía social en España supone hoy, no un apartado menor de la economía en nuestro país. Es nada más y nada menos que el 11% del PIB, tiene que ver con la vida de muchísimas empresas”, ha destacado Díaz.

El Ministerio de Trabajo destaca que, como sector socialmente estratégico de nuestra actividad, “la Economía Social representa un modelo económico alternativo que prioriza las personas por encima de los beneficios, promoviendo formas empresariales más justas, resistentes, horizontales y democráticas, y que permiten cohesionar el territorio combatiendo la despoblación rural y fomentando el arraigo”.

Modernización de tres leyes previas

Esta Ley Integral supone una actualización del marco jurídico de la economía social en España, que aglutina y reforma tres leyes previas: la Ley de Cooperativas, la Ley de Empresas de Inserción y la Ley de Economía Social.

Además, incorpora una modificación de la Ley sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas para impulsar y proteger especialmente por primera vez el modelo de la vivienda cooperativa en cesión de uso, una de las medidas que ha destacado el Ministerio ante al actual problema de acceso y coste de la vivienda en España.

Entre sus novedades, la nueva ley impulsa “fórmulas innovadoras de la Economía Social”, destaca el Ministerio, “como la vivienda cooperativa en régimen de cesión de uso, las comunidades energéticas o el comercio justo”.

Otro de los avances más relevantes es el “refuerzo de las causas de descalificación administrativa” para actuar frente a las falsas cooperativas, entidades que operan bajo una apariencia de supuesta cooperativa,“ pero que vulneran sus principios y valores”, indican en Trabajo.

También se reforma la regulación de las Empresas de Inserción, las entidades que facilitan la participación en el mercado laboral de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entre las novedades, se modifica la definición de colectivos o personas expuestas a situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social, que pueden ser contratadas a través de estas empresas.

Yolanda Díaz ha destacado que, frente “al ruido” de la política en la actualidad, este jueves se ha celebrado “el valor democrático de las Cámaras, que sirvan para mejorar la vida de la gente”.

La legislación cuenta con el respaldo de la mayor patronal del sector, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), que había pedido el apoyo para que saliera adelante. La organización destaca que la economía social supone no solo el 11% del PIB, sino también “cerca de 130.000 empresas y entidades que generan 2,25 millones de empleos directos e indirectos”.

“La Economía Social constituye, además, un punto de encuentro político, tal y como se ha reflejado en el compromiso manifestado por los distintos grupos parlamentarios a lo largo de la tramitación de este proyecto legislativo”, ha destacado CEPES, presidida por Juan Antonio Pedreño.