El empresario Víctor de Aldama, condenado por el Tribunal Supremo a cuatro años y medio de cárcel en el caso Mascarillas –si bien el tribunal le libró de la entrada en prisión por colaborar con la Justicia– destacó este martes haber tenido que pagar impuestos por las comisiones millonarias que le reportó su negocio como comisionista durante lo peor de la pandemia.

En una entrevista en Telemadrid, Aldama confesó que con las operaciones recogidas en la causa ganó “los 3,7 millones de las mascarillas obviamente y luego a lo mejor dos millones más”. “Quiero decir, los seis millones que cuantifica el informa de la UCO”, explicó durante un programa en la televisión autonómica madrileña.

Preguntado por si se había quedado con “todo el dinero”, Aldama respondió: “No. Ha habido que pagar impuestos sobre esos 3,7 millones de euros, casi 1,8 millones, el resto obviamente me lo he quedado yo”. A renglón seguido, Aldama hacía mención al exministro José Luis Ábalos y al que fue la 'mano derecha' de este, Koldo García, ya que dijo que “de lo que se ha ganado del resto de dinero la mayoría ha ido a parar parar ellos, mucho más, aparte de lo que se iba para el partido”.

Con esas palabras Aldama insinuaba pagos al PSOE que no se han registrado en ninguna de las pesquisas en las que se construyó la causa de las mascarillas. Preguntado sobre su actividad actual, el empresario aseguró que las empresas que tiene “ahora mismo” están “paralizadas todas, porque están todas en cautelares”.

“Sobre todo mi negocio principal era el tema inmobiliario. Sigo con el tema inmobiliario, sigo haciendo otra serie de operaciones y sigo viendo oportunidades para hacer negocio”, concluyó, al ser preguntado por su trabajo.

Pese a la condena del Supremo por esas operaciones que le sitúan como el corruptor del caso, el empresario no tendrá que entrar en la cárcel después de que los jueces, teniendo en cuenta su confesión, hayan suspendido la ejecución de su condena a cambio de no volver a delinquir y hacer trabajos para la comunidad.

El empresario no solo no tendrá que entrar en prisión después de ser condenado por el Tribunal Supremo a más de cuatro años de cárcel sino que, además, no deberá afrontar la multa de 3,7 millones de euros que pedía en su escrito de acusación la Fiscalía Anticorrupción por haberse hecho, gracias a información privilegiada, con las adjudicaciones de mascarillas.

La sentencia del Tribunal Supremo que impone más de 24 años de cárcel a José Luis Ábalos no da por buenas todas las confesiones y acusaciones del empresario Víctor de Aldama. Los jueces rechazan que Carlos Moreno, alto cargo en Hacienda con María Jesús Montero, cobrara 25.000 euros de la trama a cambio de conseguir el aplazamiento de la deuda de una de sus empresas. El entonces jefe de gabinete de Montero derivó las reclamaciones del comisionista, pero la deuda siguió vigente y él no tenía ningún poder para influir sobre la situación de esa empresa. Además, recuerdan los jueces, no toda reunión en un despacho de un alto cargo implica un posible delito.

El foco judicial se puso sobre Carlos Moreno Medina en septiembre del año pasado cuando el juez Leopoldo Puente, de Tribunal Supremo, decidió partir el caso en dos e investigar aparte los amaños de obra y el papel de Santos Cerdán. Un auto en el que apuntó a Moreno y una reunión que habría mantenido con Víctor de Aldama que “tenía por objeto procurar el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas” del comisionista a cambio de 25.000 euros. La sospecha dio el salto a la política y el Partido Popular preguntó directamente por el tema a la entonces ministra de hacienda, María Jesús Montero, que fue contundente: “Jamás hizo nada parecido, nunca jamás. Pongo la mano en el fuego por Carlos Moreno”.

Las acusaciones, como tantas otras del caso durante esa fase final de la investigación en el Tribunal Supremo antes del juicio, venían de la confesión de Víctor de Aldama. La comparecencia de varias horas del empresario en la Audiencia Nacional con la que había conseguido su libertad después de mes y medio en prisión por el fraude masivo de IVA en el caso Hidrocarburos. Ese día, entre otras muchas afirmaciones, el empresario aseguró que pagó 25.000 euros a Moreno a través de Koldo García para que, previa consulta a la ministra, aplazara la deuda de una de sus empresas.

La sociedad que tenía la deuda problemática es Pilot Real Estate, que figura en la última versión actualizada de la lista de morosos de Hacienda con un déficit de 1,3 millones de euros. Según relató en fase de instrucción, Moreno accedió a hacer el favor con una salvedad que apuntaba todavía más arriba según Aldama: “Antes de hacer ningún movimiento él tiene que hablar con su jefa, que es la ministra Montero y que si ella autoriza hacen el movimiento. Se nos concede el aplazamiento”. Según esa primera versión, pocos meses después Koldo García le pidió “un detalle” con ese alto cargo, que se concretó en 25.000 euros para Moreno. “Quedamos a tomar un café y Koldo le entrega el sobre a Carlos Moreno”, zanjó entonces Aldama.

La afirmación de Aldama pasó el filtro de la fase de instrucción y llegó al juicio, donde Carlos Moreno compareció para dar su versión de los hechos: se limitó a derivar la petición de Aldama a otra persona y nunca recibió ninguna comisión. Conoció a Aldama a través de Koldo García por asuntos relativos al aeropuerto de Ciudad Real, a la compra de un edificio del Ministerio en Madrid y a la presentación de una aplicación israelí, pero nada relacionado con la deuda.

Víctor de Aldama, que compareció como imputado durante unas ocho horas ante la Sala de lo Penal, mantuvo su versión de los hechos e incluso amplió los detalles. “Yo me siento en tres ocasiones con la jefa de la Agencia Tributaria, con una orden clara de María Jesús Montero, trasladada por Carlos Moreno, en que se me tiene que ayudar con la deuda”. Y después de muchas gestiones, según Aldama, la deuda se aplazó y Koldo le pidió 25.000 euros para el alto cargo de Montero. “Citamos al señor Carlos Moreno en un bar que hay bajando del Ministerio de Hacienda a mano derecha, subiendo la callecita un poquito a mano derecha, un bar pequeño que hay ahí y le hago entrega de un sobre con dinero”, zanjó Aldama.

La Fiscalía Anticorrupción decidió no acusar por estos hechos, pero las acusaciones populares capitaneadas por el PP sí lo hicieron y el resultado ha sido un pasaje de la sentencia que rechaza las afirmaciones de Víctor de Aldama contra el departamento de María Jesús Montero. Carlos Moreno no tenía capacidad para aplazar esa deuda y no lo hizo: sigue vigente y tampoco hay pruebas de que se llevara un sobre con 25.000 euros a cambio. “No todo acto de aproximación para ser recibido en un despacho puede reputarse delictivo”, añade el Supremo.

Gestiones sin “fruto práctico”

Los jueces no dudan de que la reunión se celebró en junio de 2020 y tampoco de que Aldama pidió el aplazamiento de la deuda para Pilot Real State, una de las múltiples sociedades que administraba. El comisionista no tenía el aval necesario para conseguir la prórroga y estaba fallando en su objetivo de “intentar salvar la compañía”. Moreno, dice la sentencia, se limitó a trasladar la cuestión a otro alto cargo del Ministerio y el aplazamiento “no llegó a producirse”. Él, además, no tenía “competencias directas” sobre la cuestión.

“No ha quedado probado”, dice entonces el Supremo, nada de lo que dijo Aldama. “No tenemos ninguna constatación acreditativa, ni mediante prueba de carácter personal ni documental”, aseguran los jueces, de que Koldo pidiera 25.000 euros para Moreno y que ambos se lo dieran en un sobre en una cafetería. Además, y en contra de lo que dice Aldama, la deuda siguió viva y esa empresa sigue estando en la última versión actualizada de la lista de morosos. “Tales gestiones no tuvieron ningún fruto práctico, pues la citada mercantil figuró como morosa en la lista de diciembre de 2021”.

No todas las afirmaciones de Víctor de Aldama, por tanto, han sido validadas por el Tribunal Supremo, aunque los jueces lo mantengan en el territorio de los hechos sin probar y no acusen al empresario abiertamente de mentir. Las diligencias del Supremo y de la Audiencia Nacional han demostrado la habilidad de Víctor de Aldama para abrirse camino hasta todo tipo de despachos, y los jueces explican que eso no siempre es un delito para los que le recibían. “No es lo mismo conseguir una entrevista personal que una resolución”, dicen.

El Tribunal Supremo tira de archivo para ilustrar su argumento: el de la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. En 2008 la Sala de lo Penal, encabezada entonces por un recién llegado Manuel Marchena, recibió un aviso de un juzgado de Valdemoro: habían cazado a Casas hablando por teléfono con una abogada acusada de conspirar para matar a su propio marido. Una conversación en la que no hablaban del posible asesinato, sino del divorcio de la mujer, que años después fue efectivamente condenada. El Supremo rechazó imputar a María Emilia Casas porque esas conversaciones no constituían ningún delito: “No todo consejo emanado de una autoridad puede reputarse delictivo”, dijo el tribunal hace casi dos décadas.

El Supremo, con Marchena entre sus integrantes, recuerda estos argumentos para no considerar delictiva la reunión entre Carlos Moreno y Víctor de Aldama. “No todo acto de aproximación para ser recibido en su despacho por un funcionario público o autoridad puede reputarse delictivo. Solo aquel que compromete la imparcialidad, que menoscaba el deber de exclusividad o que provoca una interferencia entre los intereses privados y los de naturaleza pública, puede ser objeto de persecución penal”, recuerda el Tribunal Supremo para enterrar esta acusación con la que Víctor de Aldama quiso implicar en el caso a María Jesús Montero como conocedora de las gestiones.

Cuando se acumulan unos cuantos trienios en este oficio, una acaba tocando muchos palos. Uno de los más interesantes fue colaborar en un trabajo titulado Llums i taquígrafs, una exhaustiva investigación y, al mismo tiempo, una recopilación que aspiraba a convertirse en un atlas de la corrupción a través de los casos más destacados de Catalunya, la Comunitat Valenciana y Balears.

El objetivo era cartografiar, en cuatro volúmenes, todas las causas en una especie de caja negra de la corrupción, pero también del fraude y la impunidad. Para ello partimos de un principio acuñado por el periodista Xavier Vinader y que sigue plenamente vigente: “El combate contra la corrupción es fundamentalmente un combate ético, político y sociocultural”.

Han pasado diez años desde la publicación de aquel trabajo y semanas como esta demuestran que aún queda mucho por hacer.

Mostraré rápidamente mis cartas para que quede clara mi opinión: me escandaliza que un secretario de Organización del PSOE, ministro y portavoz del partido en la moción de censura que desalojó al PP del Gobierno por diversos motivos, entre ellos la corrupción, haya actuado como lo hizo.

Sorprende que su partido siga escudándose en que se trató de un “comportamiento individual”, puesto que, sin los resortes del Gobierno y el poder que ostentaba en el PSOE, le habría sido imposible actuar como presuntamente lo hizo. Y resulta directamente indignante (o debería serlo) que se sostenga que nadie, absolutamente nadie, sospechó nada ni tuvo conocimiento de los hechos.

También escandaliza que un corruptor, por mucho que haya colaborado con la justicia, no tenga que devolver, como mínimo, los 3,7 millones de euros obtenidos en concepto de comisión por la venta de mascarillas al Ministerio de Transportes. Y que parte del ecosistema político y mediático de la derecha haya convertido a ese corruptor en un héroe que se pasea por los platós con una vanidad ofensiva.

Así que ambas cosas son indignantes: lo de Ábalos y lo de Aldama. Pero mientras el segundo es un empresario corrupto, pretendidamente espabilado aunque de comportamiento deleznable, de los que siempre ha habido y probablemente siempre habrá, el primero debía ser un garante del servicio público, la integridad y la honradez. Más aún después de la moción de censura contra la corrupción que facilitó su llegada al Gobierno.

En estos días, en los que se ha vuelto a homenajear a la añorada Montserrat Roig con motivo del 80 aniversario de su nacimiento, conviene recordar también que la escritora defendía que la democracia se aprende en casa. “Ser demócrata no es una actitud política; es una actitud ante la vida”, decía.

Ser demócrata implica, entre otras cosas, denunciar y condenar toda corrupción, sin excepciones. De hecho, lo más fácil es criticar la de aquellos que ideológicamente nos resultan más lejanos. La de los cercanos nos incomoda y nos duele. Pero no por ello deja de ser corrupción.

En el caso que nos ocupa, el de Ábalos, Koldo y Aldama, la sentencia del Supremo es tan dura con el exdirigente del PSOE y su escudero, Koldo García, como benevolente (y difícil de comprender) con un delator que sigue lanzando acusaciones falsas contra ministros y exministros.

La cifra de 24 años de cárcel que ha recibido Ábalos, por sí sola, es llamativa. Se explica por la pluralidad de delitos (hasta seis: organización criminal, tráfico de influencias, malversación y tres de cohecho) a los que ha sido sentenciado.

El cumplimiento efectivo serán 16 años y medio. A los que creen que todavía es poco, recuerden que pasar una sola noche en la cárcel ya tiene efectos en cualquier persona, sea cual sea su apellido y su patrimonio. En el caso del exministro, incluso podría haber sido peor: el propio Supremo fija la horquilla de penas de cada delito en su mitad inferior (para incrementarlas, tendría que haberlo justificado).

El encaje de bolillos que el Supremo ha realizado en relación con Aldama, por más inédito y sorprendente que resulte (y que el propio corruptor ya ha utilizado para animar a otros implicados en causas que afectan al PSOE a colaborar con la justicia), no surge de la nada.

Lejos de cargar las tintas contra el Gobierno, como el Supremo ha hecho en alguna ocasión olvidando que su función no es ejercer de oposición al Ejecutivo, el Alto Tribunal justifica su decisión respecto a Aldama. El razonamiento tiene un punto de voluntarismo —lo primero que hizo el corruptor fue acudir a un plató de televisión en lugar de guardar silencio y prepararse para cumplir el año de trabajos en beneficio de la comunidad impuesto por la sentencia—, pero no puede calificarse de arbitrario puesto que la sentencia lo justifica.

Por un lado, el Supremo alude al “fracaso de los controles internos” que, en plena pandemia, permitió los amaños y sobornos en los contratos de mascarillas. Por otro, señala un camino para “incentivar y fomentar” la colaboración con la justicia en los casos de corrupción.

Ojalá esta doctrina se aplique con el mismo criterio a todos y no beneficie únicamente a una misma parte. Los primeros interesados en que sea así deberían ser los jueces. En sus salas, como en nuestras cocinas, también nos jugamos la democracia.

José Luis Ábalos, el político, el ministro, el secretario de organización del PSOE: condenado a 24 años de prisión. Koldo García, su asesor: condenado a 19 años y 8 meses de prisión. Víctor de Aldama, el empresario corruptor: el gran triunfo de la sentencia del caso mascarillas. Sí, ha sido condenado a cuatro años de cárcel, pero el Tribunal Supremo le suspende la condena y no tendrá que devolver la gran parte de la mordida que ahora, se ha demostrado judicialmente, se llevó. 

Todo esto forma parte de un plan que él lleva preparando desde que saliera de prisión en noviembre de 2024. ¿Por qué ha sido tan beneficioso para él tirar de la manta? ¿Qué ha aportado a la investigación? De todo esto y de la lectura política que para el Gobierno supone la condena a Ábalos hablamos con el director adjunto de elDiario.es, José Manuel Romero. 

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Casi tres años de sobornos. Puntual como un reloj. 10.000 euros, otros 10.000 y otros 10.000 más… Así, mes a mes, entre octubre de 2019 y junio de 2022. Era también el ojeador de empresas interesadas en obtener favores de la Administración a cambio de una comisión que repartía con Ábalos y Koldo. Era el arquitecto de la trama. El que ponía en contacto a los corruptores con los corruptos del Ministerio de Transportes. El que distribuía el dinero. El que firmó un contrato de alquiler ficticio sobre un piso en el Paseo de la Castellana para camuflar los sobornos. El que, tras ser imputado en el llamado caso mascarillas, decidió colaborar con la Justicia. El que poco o nada aportó con su confesión porque cuando decidió cantar la Traviata los investigadores ya tenían todas las pruebas incriminatorias. 

Y aun así Víctor Aldama no irá a prisión. Ni un solo día. Este lunes salió del Tribunal Supremo sin esposas y con una condena -cuatro años y medio de cárcel- que le libra de ir al trullo a cambio de trabajos en beneficio de la comunidad, un informe semestral de actividades y la promesa de no volver a delinquir. Eso es todo, amigos.

El empresario corrupto confeso y ahora condenado no tendrá que devolver siquiera los 3,7 millones de euros de comisión que se endosó con la venta de unas mascarillas que colocó al Ministerio de Transportes y de los cuales, según ha acreditado el tribunal, entregó a sus colegas de la trama, Ábalos y Koldo, apenas 450.000 euros. 

Por muy razonada que esté la sentencia dictada y justificada la suspensión de la pena -ninguno de los delitos por los que ha sido condenado supera individualmente los dos años de prisión-, no hay quien pueda digerir sin vómito de por medio, una decisión que hace muy difícil creer en la justicia. Un diagnóstico que, por otra parte, se repite con regularidad en la demoscopia y que no responde a un problema de imagen, ni a una crisis de comunicación, sino que es imputable al proceder de algunos jueces. No todos, claro. Pero sí los que deciden en los tribunales superiores, los que integran las salas que resuelven los casos políticos, los que llegan donde están por un reparto de cuotas, los que deben su posición a los partidos que les propusieron para el cargo, los que aspiran a un ascenso cuando cambie el signo del gobierno y los que pueden hacer, hacen y seguirán haciendo.

Con un Alberto Núñez Feijóo que no despega en las encuestas, que no cuenta con aliados en el Parlamento para una moción de censura, que no convence ni a los suyos y que pierde puntos en valoración ciudadana en cada encuesta, la oposición la ejercen hoy media docena de jueces muy significados. La sentencia condenatoria al ex fiscal general del Estado sin pruebas fue el primer aviso a Pedro Sánchez. La de este lunes del Tribunal Supremo es el segundo recado: los que quieran delatar, que delaten, con pruebas o sin ellas, pero cuanto antes. Y la retirada del pasaporte a Begoña Gómez ha sido el tercer recado al presidente del Gobierno: o te marchas, o tu familia acabará en la cárcel. 

Las indicaciones no pueden ser más elocuentes, pero que no lo llamen justicia porque más bien parece un cambalache, ya que los beneficios para quien siendo delincuente decide pactar con la justicia no deberían acabar nunca en una exoneración encubierta para quien fue el cerebro de una trama corrupta. Y esto, claro, mientras quienes fueron víctimas de sus mangancias, que son los contribuyentes, cargan con la factura de la fiesta que se corrieron los delincuentes, al margen de cuáles fueran sus apellidos o la protección que se les preste desde una derecha política, mediática y judicial dispuesta a convertir a Aldama en un faro moral… y en algo más. Nos está quedando un país precioso, pero da mucho miedo.

Ni en el peor de los escenarios posibles. Las defensas del exministro José Luis Ábalos y de su asistente Koldo García no imaginaban una sentencia tan contundente como la que ha dictado la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra sus clientes. Los magistrados dan por probado que hubo ilegalidades en la adjudicación de hasta 13 millones de euros en contratos de suministros de mascarillas y cree que Ábalos y Koldo, junto a Aldama, formaban una “organización criminal” con “vocación de permanencia”. Tras una lectura acelerada del texto, de más de 220 páginas, una primera reflexión les lleva a hablar de una resolución “política” que adolece de falta de motivación. Y tienen intención de recurrir. ¿Pero dónde?

Ábalos se aferró a su acta de diputado hasta el tiempo de descuento —poco antes de la celebración del juicio oral— y eso arrastró a su 'escudero' a sentarse en un banquillo que es, por así decirlo, finalista. No hay capacidad de recurrir ante una instancia judicial superior. En un universo paralelo, el exministro habría escuchado al primero de sus abogados, José Aníbal Álvarez, y el asunto habría caído en manos de la Audiencia Nacional, lo que con toda seguridad habría dilatado la instrucción por años y él gozaría de una libertad provisional aderezada con firmas quincenales en los juzgados y retirada del pasaporte.

Además, habría podido recurrir una eventual sentencia condenatoria en la Audiencia Nacional ante la Sala de Apelación del propio tribunal especial y, con posterioridad, ante el Supremo. Pero, ahora, se enfrentan a un horizonte que, cuando menos, les obligará a cumplir condenas que se acerquen a esa regla no escrita de llegar hasta el triple de la pena más grave. Como les ha caído cinco años a cada uno por organización criminal (a Ábalos 5 años y seis meses), lo esperable es que como máximo cumplan en torno a tres lustros entre rejas. En el escenario más favorable, podrían ser 13 años y cuatro meses en el caso del exministro.

Y ante esa situación, según ha podido conocer elDiario.es, las defensas ya trabajan en armar una estrategia legal que permita una revisión de la resolución que fue adoptada por unanimidad por hasta siete magistrados del Alto Tribunal. El primer paso que deben dar es presentar un incidente de nulidad ante el propio tribunal que les ha condenado. Para esto tienen 20 días desde que se les comunicó la sentencia y en ese incidente deben plasmar cualquier vulneración de derechos fundamentales. Este hito procesal, en general, no sirve para nada, pero cierra por completo la vía de la jurisdicción ordinaria y, por tanto, abre la puerta a poder acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional (TC).

Según las fuentes jurídicas consultadas, será ante ese tribunal presidido por el magistrado Cándido Conde-Pumpido donde Ábalos y Koldo García se jugarán su futuro. Y eso a pesar de que en declaraciones a TVE el hijo del exministro, Víctor Ábalos —que hace las veces de portavoz de su padre—, indicó este lunes que para él la baza es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Con todo, el incidente de nulidad será un 'sparring' óptimo para desengrasar los argumentos que ambas defensas han ido utilizando para pedir nulidades a lo largo de la instrucción: imposibilidad de acceso a los dispositivos incautados, vulneración del derecho a ser juzgado por el juez predeterminado por la ley —entienden que el asunto debió ser ventilado en la Audiencia Nacional— o la incontinencia de la causa —porque sostienen que se juzgan los mismos hechos en dos juzgados distintos—, entre otros motivos. Se hará hincapié, además, en que varios testigos clave decidieron no declarar porque podía afectarles en la causa de la Audiencia Nacional, en la que sí están imputados.

Con ese mismo 'menú', irremediablemente, las defensas acudirán al tribunal de garantías constitucionales. Y asomarán de nuevo otro detalle: entienden que el Supremo debió elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se aclarara qué juzgado concreto era el que debía haber abierto juicio oral contra ambos y contra el comisionista Víctor de Aldama.

En general, señalan que las vulneraciones de derechos fundamentales son “muy claras” y las harán valer ante los magistrados del Constitucional. Consideran que la sentencia, ponencia del magistrado Andrés Martínez Arrieta, ha sido redactada “con pluma muy rápida” y de forma “muy poco meditada”, algo que entienden que no es propio de este alto tribunal.

“Excesivamente dura”

Las fuentes consultadas opinan que se está ante una sentencia que califican de “excesivamente dura”, de “absolutamente política” y de una “mala calidad técnica increíble”. Ponen como ejemplo que la resolución —dicen— no entra a valorar la prueba de descargo planteada por las defensas en asuntos como el del chalé de La Alcaidesa (Cádiz). Sostienen que el exministro realizó pagos por el alquiler del chalé pero, sin embargo, no fueron tenidos en cuenta y se mantuvo la tesis de que fue una dádiva por empujar a favor de que una empresa denominada Villafuel consiguiera una licencia de hidrocarburos.

Indican que, sorpresivamente, el tribunal introduce “nueva doctrina” en el caso del tráfico de influencias porque da por probado el delito cuando no existe, a su juicio, una constatación de presión directa, tal y como requiere el tipo penal. Y lamentan que tampoco se han tenido en cuenta testimonios relacionados con Ineco y Tragsatec que sostenían que Jésica Rodríguez sí cumplió con su trabajo en esas empresas públicas donde fue 'enchufada' y para las que, según ella misma, nunca llegó a trabajar de forma efectiva a pesar de cobrar un salario mensual.

Con estos argumentos llegarán ante el Constitucional, donde esperan lograr el amparo porque, en general, desconfían de la vía posterior, que es la del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. “Sólo se acepta un asunto de cada 100.000”, lamentan, para apostillar que, en cambio, y a pesar de que las admisiones en el Constitucional también se venden caras, hay más probabilidades de que prospere el recurso y sea estudiado.

Más allá del recorrido que le quede a la condena impuesta por el Supremo, tanto Ábalos como Koldo García deben pasar aún por otros procedimientos abiertos que permanecen latentes en la Audiencia Nacional: el asunto de las mascarillas pero enfocado en otros contratos y en otros protagonistas como la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera; y el caso de los amaños de obra pública, en el que consta como investigado también otro ex secretario de Organización socialista, Santos Cerdán.

Todo fue mal para José Luis Ábalos y Koldo García en el juicio en el Tribunal Supremo y todo ha ido mal en la sentencia. El rastro de los pagos mensuales recibidos, los empleos conseguidos para la novia del exministro y el disfrute de viviendas en vacaciones describían una red corrupta favorecida por el poder de Ábalos y activada por las necesidades de Víctor Aldama. Frente a tal panorama, eligió presentarse en el juicio como alguien que en realidad no contaba con mucho poder: “Como ministro, yo estaba en el impulso [de la acción política]. Yo no estaba en la gestión de nada”. Ningún tribunal iba a creer palabras como estas del que había sido el titular del ministerio con más presupuesto del Gobierno.

El Tribunal Supremo le condenó a 24 años de prisión, y a 19 a su hombre de confianza, Koldo García. Los magistrados superaron todas las expectativas que podían tener Aldama, su abogado y el Partido Popular. No le envió a prisión al dejar en suspenso la pena de cuatro años y medio, le colmó de elogios e incluso no le ordenó devolver la comisión de 3,7 millones de euros obtenida por la venta de mascarillas al Ministerio de Ábalos. Aldama se aprovechó de su relación privilegiada con Ábalos y Koldo y pagó comisiones por ella, pero no recibe un castigo que le suponga devolver todo el dinero ganado en esa transacción, ya que los magistrados piensan que “dada la situación de la pandemia y la necesidad notoria de mascarillas, era obvia su urgencia y que la licitación sería inminente”.

Es decir, el tribunal acredita que Aldama recibió el encargo de comprar las mascarillas gracias al dinero que pasaba de forma regular a Ábalos y Koldo, y de ahí viene una de las penas por cohecho, pero no considera que el beneficio millonario que obtuvo el comisionista sea ilícito.

Cuando fue detenido en octubre de 2024 junto a otras trece personas por un presunto fraude en el pago del IVA por hidrocarburos valorado inicialmente en 182 millones, Aldama sabía que tenía que empezar a largar. No sobre ese caso, del que no le interesaba contar nada, sino por lo que entonces se llamaba el caso Koldo, donde había una pieza de caza mayor, que no era otra que Ábalos. Pasó unas semanas en prisión hasta que fue puesto en libertad provisional porque la Fiscalía Anticorrupción estaba muy interesada en su testimonio.

A partir de ese momento, se convirtió en un ariete mediático contra el Gobierno de Pedro Sánchez, alardeando de que contaba con pruebas que demostrarían la financiación ilegal del PSOE, aunque con frecuencia soltaba una cantidad similar de invenciones o denuncias sin pruebas documentales detrás. Se convirtió en estrella del programa de Iker Jiménez en Cuatro y acudió a otros programas con el mismo mensaje. Él iba a acabar con el Gobierno. “Este no es un Gobierno democrático. Es una mafia corrupta desde arriba, desde la cúpula, hasta abajo”, dijo en una de esas apariciones. “El Topuria de los chivatos”, según definición de El Mundo durante el juicio.

Aldama cumplió con lo que esperaban de él las acusaciones populares dirigidas por el Partido Popular en el juicio: “Si yo era el jefe de la trama, el señor presidente del Gobierno estaba en el escalafón uno; el señor Ábalos, en el dos; Koldo, en el tres; y yo, en el cuatro”. No presentó, al igual que en la instrucción, ninguna prueba que señalara directamente a Sánchez. Pretendía responder al testimonio del teniente coronel Antonio Balas, de la UCO, que le había definido como “el jefe de la trama”. Balas destacó “el dominio que tiene Aldama sobre estas personas” (por Ábalos y Koldo). La clase de dominio que te concede ser el que reparte los sobornos.

Aldama pasó a dominar el mercado audiovisual de la derecha. Era el activo perfecto para acabar con Sánchez. Las menciones a su posible participación en el fraude multimillonario de hidrocarburos desaparecieron. No cabe duda de que daba espectáculo. Durante el juicio, presentó un informe en el Supremo para intentar demostrar que su vida estaba en peligro. Se arriesgaba a sufrir “secuestro, extorsión, agresión física, atentado, espionaje”, entre otras amenazas.

La sentencia dedica cuatro páginas a explicar los beneficios concedidos a Aldama. Recuerda que las instituciones europeas y los tribunales han pedido que se proteja a los denunciantes de casos de corrupción. Habitualmente, suelen ser personas que tienen conocimiento de hechos delictivos gracias a su trabajo en una empresa privada o en la Administración. No ocurre con tanta frecuencia que se trate de la persona que decide qué delitos deben cometerse y que ha establecido un sistema de pagos y regalos para sobornar a un ministro y a su principal colaborador.

El Supremo destaca que Aldama “no se ha limitado a confesar los hechos objeto de acusación, amoldando su testimonio al resultado de las pruebas conocidas”, sino que ha aportado documentos que han servido para fundamentar la condena a Ábalos y Koldo. “Las actitudes procesales de colaboración deben ser premiadas para conseguir la depuración de estas conductas de corrupción”, dice la sentencia citando al fiscal.

“¿Sale a cuenta ser corruptor en España?”, se preguntó la diputada socialista Montse Mínguez tras conocer la sentencia. Óscar Puente tuvo una actividad intensa en Twitter con sus mensajes y los retuiteos de otros. En varias ocasiones, con la idea de que el Supremo ha concedido un trato de favor al comisionista para animar a otros a que hagan lo mismo contra el Gobierno. “Es una sentencia tremendamente aleccionadora”, escribió con ironía.

El PSOE tuvo el lunes más interés en hablar de Aldama que de Ábalos. Fuentes de Moncloa se limitaron a decir que condenan unos comportamientos que han atentado contra los principios de “transparencia, mérito e integridad”. Fue un mensaje sucinto y genérico. Nadie pareció pensar que debían pedir perdón por el hecho de que Sánchez puso a Ábalos al frente del partido y luego le nombró ministro de Transportes. Con los argumentos de la sentencia sobre la mesa, se trata todavía de una tarea pendiente y quizá Sánchez diga algo al respecto en su comparecencia del miércoles en el Congreso. O quizá se limite a cargar contra el PP.

Quien no tiene motivos para lamentar nada es Aldama, que ha conseguido su objetivo después de pasar por el banquillo de los acusados en el Tribunal Supremo. Sus objetivos finales apuntan muy alto. En marzo de este año, grabó un vídeo para acompañar a la decisión de entregar un sobre que supuestamente probaría la corrupción del PSOE. Aprovechó la oportunidad para hacer una petición al PP y a Vox: “La derecha se tiene que juntar. España se va a la mierda y yo solo no puedo”. Por lo que se vio en el juicio y en la forma en que el PP recibió su testimonio y se alegró el lunes de que no acabe en prisión, es evidente que no está solo.

El empresario Víctor de Aldama ha recibido un premio mucho mayor del que esperaba por su confesión. El Tribunal Supremo ha decidido imponerle cuatro años y medio de prisión por su papel en la trama corrupta construida en torno al exministro José Luis Ábalos, con el anuncio de que no tendrá que entrar en prisión a cambio de no volver a delinquir en un lustro y de hacer un año de trabajos para la comunidad. Mucho menos de lo que pidió para él Anticorrupción y menos, incluso, de la condena impuesta a José Luis Peñas, el exconcejal del PP en Majadahonda cuya confesión y grabaciones destaparon la trama Gürtel de corrupción.

La Sala de lo Penal ha hecho pública la sentencia con la que condena a los tres integrantes de la trama corrupta que anidó en el Ministerio de Transportes durante la pandemia de coronavirus. El exministro José Luis Ábalos se lleva 24 años y 3 meses de cárcel como máximo líder del grupo y receptor de dádivas y dinero mientras que su “omnipresente” asesor Koldo García es condenado a 19 años y 8 meses de presidio por urdir y supervisar los amaños y cohechos. Los dos acumulan un rosario de hechos probados que van desde el amaño en la adjudicación de 13 millones de euros para la compra de mascarillas hasta el pago de un alquiler para una mujer vinculada al ministro.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, dejó claro al final del juicio lo que quería para el tercer acusado, Víctor de Aldama: bastante menos de los siete años de prisión que había pedido. Y la Sala de lo Penal ha recogido el guante y le ha impuesto cuatro años y medio de cárcel por el delito de organización criminal y los cuatro de cohecho que le imponen. Una condena que ni siquiera tendrá que cumplir con unas condiciones más que asumibles. Y queda eximido, además, de pagar la multa de 3,7 millones que pedía la Fiscalía.

Los jueces aplican una atenuante muy cualificada de confesión para llegar hasta esa cifra, rebajando la condena de algún delito hasta en dos grados, y después suspender su ejecución. “Víctor de Aldama no se ha limitado a confesar los hechos”, destaca el Supremo. “Ha prestado una cooperación plena y continua (...) facilitando información veraz y relevante”. Incluso, añade la sentencia, el empresario “ha propiciado y favorecido otras investigaciones y procedimientos”.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo cita numerosa jurisprudencia para explicar cómo se calcula el beneficio de una colaboración de este tipo y una sentencia destaca por encima del resto: la número 507/2020 dictada el 14 de octubre de ese primer año de pandemia, mientras Ábalos, Koldo y Aldama tomaban el Ministerio de Transportes al asalto. La sentencia de la trama Gürtel que condenó al PP por lucrarse de la corrupción, que propició un cambio de Gobierno y que también se cimentó sobre una confesión. La de José Luis Peñas.

El Supremo no compara directamente el caso de Peñas con el de Aldama, más allá de citas jurisprudenciales genéricas sobre el valor de una confesión. Sí reproduce párrafos con los que la sentencia de la Gürtel rechazó que la declaración de Francisco Correa pudiera ser considerada una auténtica confesión. Una comparación de ambas tampoco permite equiparar su valor, aunque finalmente Aldama haya sido condenado a cuatro años y medio, tres meses menos de cárcel que Peñas en su momento.

Las grabaciones de la Gürtel

Víctor de Aldama llevaba mes y medio en prisión provisional cuando pidió turno en la Audiencia Nacional para declarar. Para entonces ya estaba acusado de encabezar un fraude millonario en empresas del sector de los hidrocarburos, pero también de liderar un entramado de corrupción política, entonces conocido solo como “caso Delorme”. El empresario admitió su participación en el entramado ligado a Transportes y se libró de la prisión provisional que pesaba sobre él en la causa de hidrocarburos.

Tanto el Supremo como Anticorrupción otorgan máxima relevancia a su colaboración, sobre todo para poder condenar a José Luis Ábalos, aunque para cuando confesó ya existía multitud de diligencias, entre otras cosas informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que desgranaban el funcionamiento del entramado. En el caso Gürtel, cuya sentencia más relevante es citada varias veces por el Supremo, la colaboración de un imputado fue la que permitió abrir la investigación.

José Luis Peñas había sido concejal del PP en su feudo madrileño de Majadahonda y en agosto de 2008 presentó unas grabaciones y una confesión. El material que demostraba que un empresario llamado Francisco Correa se había hecho con el control de la contratación pública en Majadahonda a través de un grupo de concejales corruptos entre los que estaba el propio Peñas, que reconoció haber cobrado dinero de la trama y haber incluso viajado a su costa.

Lo dijo la Audiencia Nacional y lo repitió después el Tribunal Supremo de varias formas distintas. De no ser por esas grabaciones, la Justicia no habría descubierto la profundidad con que la Gürtel hundía sus raíces allí donde gobernaba el PP. De esos audios y esa primera confesión salieron 12 piezas separadas y casi un centenar de condenados entre políticos y empresarios que no pudieron, por más que lo intentaron, anular las cintas que habían grabado a los corruptos en acción. Las escuchas ilegales a algunos imputados en prisión reforzaron el papel de estas pruebas aportadas por Peñas como gran puntal del caso cuando todavía no había caso.

Peñas se sentó en el banquillo con sus antiguos colaboradores en 2017, en el juicio bautizado como 'Época I' acusado de más delitos que Aldama, pero también con números menos abultados en cuanto al botín y la magnitud de los amaños. Fue finalmente condenado a cuatro años y nueve meses de prisión por un delito de organización criminal, otro de cohecho, dos de malversación, dos de falsedad documental y otro más de prevaricación. Llevó al Supremo su reclamación para tener una condena más baja y recibió la negativa de la Sala de lo Penal, que dos años después sí reconoció su papel “valiente” y apoyó el indulto parcial que le fue finalmente concedido en octubre de 2024. Un mes antes de que Aldama saliera de la cárcel.

Las dos condenas casi idénticas de Víctor de Aldama y José Luis Peñas vienen, por tanto, de lugares muy distintos y tienen futuros igual de diferentes. Peñas nunca entró en prisión provisional y la Audiencia Nacional suspendió la ejecución de su condena hasta que su condena de inhabilitación fue indultada, además de pagar una multa. Aldama tiene por delante una causa por fraude masivo en un entramado de hidrocarburos, además de otra en las diligencias originales del 'caso Koldo', ambas en la Audiencia Nacional.

La sentencia condenatoria del Supremo en el caso Ábalos destaca el “convencimiento [del Tribunal] de que la aportación realizada” por el empresario corrupto Víctor Aldama, jefe de la trama y penado con cuatro años y medio de cárcel, “al descubrimiento de los delitos merece la aplicación del artículo 82 del Código Penal”, por el que se suspende la ejecución de su castigo de prisión a cambio de que cumpla un año de servicios a la comunidad. Sin embargo, la supuesta aportación realizada por Aldama –su confesión voluntaria ante la Audiencia Nacional para salir de la cárcel por un grave caso de fraude fiscal y la posterior entrega de documentación al Supremo– apenas supuso novedades respecto a los delitos que la Guardia Civil había descubierto ya y tenía acreditados a través de numerosas pruebas tras más de dos años de investigación del caso.

Aldama hizo su confesión en noviembre de 2024, nueve meses después de que le detuvieran y el juez le imputara por las irregularidades descubiertas en la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes en abril de 2020, durante lo peor de la pandemia. La supuesta aportación de Aldama al esclarecimiento de los delitos se produjo además un mes después de que ingresara en prisión por otra causa penal, un fraude fiscal multimillonario relacionado con el negocio de la venta de hidrocarburos. Para quedar en libertad en el caso Hidrocarburos, Aldama se dispuso a colaborar con la Justicia en el caso Mascarillas y confesó al juez que había entregado 250.000 euros a José Luis Ábalos y 100.000 euros más a su asesor Koldo García a cambio de que le adjudicasen un contrato multimillonario de mascarillas con el que ganó 3,7 millones de euros.

En la misma declaración sostuvo que había pagado al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, 25.000 euros por el amaño de obras públicas en el norte de España. Y que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, pidió conocerlo. Unos días más tarde, entregó en el Tribunal Supremo documentación que supuestamente acreditaba el amaño de obras en el Ministerio de Transportes a cambio del pago de comisiones ilegales, para lo que entregó un listado del presupuesto del departamento que no demostraba nada, y un papel manuscrito, supuestamente del asesor Koldo García, con datos sobre seis obras amañadas que Transportes cuestionó porque la mayoría no pertenecía al tiempo de Ábalos en el Ministerio.

Junto a ello, Aldama intentó desacreditar al ministro Ángel Víctor Torres, al asegurar y aportar documentación del alquiler de un piso para el uso de Ábalos y el propio Torres en compañía de prostitutas. Torres acreditó por su parte que en las horas del alquiler del piso él se encontraba en Canarias o volando a Madrid. Aldama también denunció el pago a Carlos Moreno, ex jefe de gabinete de la exministra de Hacienda María Jesús Montero, de 25.000 euros a cambio de conseguir el aplazamiento tributario de una deuda. El exjefe de gabinete declaró que nunca cobró nada del empresario corrupto. La sentencia sostiene que jamás se produjo ese aplazamiento.

El Supremo señala en la sentencia que Víctor de Aldama “decidió colaborar en la investigación, proporcionando datos fácticos relevantes a la misma, que han permitido su estudio y confirmación por la instrucción judicial”. El Tribunal defiende que Aldama “ha aportado a la causa documentación sobre viajes, ingresos económicos a los otros acusados y contratos de arrendamientos de inmuebles referenciados en los anteriores hechos, que han sido objeto de análisis y pericia para corroborar sus manifestaciones, reconociendo su participación en los hechos y afirmando las de los otros acusados”.

Nada salvo su autoinculpación

Víctor Aldama llegó a declarar en el juicio que “el número uno” de la trama era Pedro Sánchez, una denuncia sin pruebas que el fiscal jefe Anticorrupción consideró un “simple desahogo de Aldama”. Durante la investigación judicial, Aldama denunció en medios afines al PP –radios, televisiones y periódicos– todo tipo de corruptelas de ministros del Gobierno de Pedro Sánchez o de la esposa del presidente, que los tribunales archivaron por tratarse de bulos fácilmente contrastables. Además, Aldama aportó documentación del amaño de obras en el Ministerio de Transportes que ahora investiga la Audiencia Nacional en una causa donde figuran como imputados Ábalos, Koldo García, y el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

La sentencia del Supremo considera probada la existencia de delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas al Ministerio de Transportes a través de Puertos del Estado y Adif; en la remuneración mensual de 10.000 euros para 'gastos fijos' de Ábalos y su asesor Koldo García; en la contratación de dos mujeres, conocidas del exministro, en empresas públicas; en el pago del apartamiento durante dos años a una de ellas; en el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción también con opción de compra para el disfrute del ministro a cambio de gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.

Pero de todos estos delitos que el Supremo considera probados en su sentencia del caso Ábalos, Aldama no aportó nada relevante que la Guardia Civil no hubiera descubierto ya mucho antes, salvo su autoinculpación. Un mes y medio antes de la confesión del empresario corrupto, la UCO remitió al juez un informe de más de 200 páginas donde daba cuenta de las pruebas encontradas durante la investigación sobre todas estas cuestiones y algunas otras. El trabajo era fruto de “las intervenciones telefónicas, y el estudio documental y análisis de los dispositivos electrónicos intervenidos durante las actuaciones llevadas a cabo los días 20 de febrero de 2024, 3 y 4 de marzo de 2024”.

Lo que sigue resume solo algunas de las numerosas pruebas que la Guardia Civil había reunido sobre los delitos investigados:

Aldama, jefe de la organización criminal. “Como jefe de la organización criminal, Aldama sostiene una estructura financiera y societaria, tanto nacional como internacional que ha ido mutando con el paso del tiempo. Mantiene bajo sus directrices al resto de socios detenidos con él a quienes emplea para múltiples tareas, siendo las más relevantes a los efectos de este, la gestión, localización y entregas de dinero en efectivo a Koldo García de manera directa, o a través de su hermano Joseba García, así como la materialización de las oportunidades de negocio conseguidas por la organización criminal”.

Otras contraprestaciones a Ábalos y los pagos a Koldo García: 10.000 euros al mes. Koldo García habría percibido contraprestaciones económicas, que esta Unidad ya adelantaba en el atestado de fecha 22 de febrero de 2024, donde se reflejaban indicios de pagos en metálico, dimanantes de Aldama, de manera mensual, y por valor de 10.000 euros, a una persona apodada 'K' y que se lograba identificar con Koldo. Estos pagos tendrían como principal razón de ser, mantener el acceso de Aldama tanto a Koldo como a José Luis Ábalos en beneficio propio y de terceros directamente relacionados con el propio Aldama. De este modo, los pagos de efectivo, fueron acompañados de otras contraprestaciones también a Ábalos“. ”En el lapso temporal en el que Ábalos y Koldo permanecen en el Ministerio, se localiza la primera retribución que Aldama habría pagado a Koldo ya en octubre de 2019. Posteriormente, se han obtenido evidencias de que en febrero de 2022 Aldama consideraba estas retribuciones como periódicas y por valor de 10.000 euros. A la luz de estas evidencias, se apreciaría la posible existencia de una relación causa-efecto entre las labores realizadas por Aldama en el seno del Ministerio, buscando favorecer a personas de su interés, y la recurrencia de pagos en efectivo a Koldo. Se aprecia, por tanto, que la dinámica habitual sería realizar pagos fijos y mensuales, en unión de otros extraordinarios“.

El contrato de las mascarillas que enriqueció a Víctor Aldama. “La selección de la empresa Soluciones de Gestión como adjudicataria de los contratos habría partido de Aldama y algún alto cargo del Ministerio de Transportes, con la permanente mediación de Koldo García. En este sentido, se ha localizado una conversación entre Aldama y un tercero donde, inmediatamente después de que Soluciones de Gestión resultara adjudicataria de los contratos de material sanitario objeto de investigación, y en un contexto marcado por la relación estrecha entre Aldama y Koldo-Ábalos, el primero solicitaba dinero en metálico para ”seguir alimentando la máquina (...) Aldama tenía la información proveniente de la Administración, como él mismo reconoce, sobre la necesidad de realizar una contratación con carácter de urgencia, y de ella se valió para proveer de material sanitario a través de Soluciones de Gestión a varios entes dependientes del Ministerio de Transportes, al igual que a otras administraciones. Este conocimiento privilegiado de la información, y el consecuente aseguramiento de la contratación, le reportó un beneficio económico de unos 6,6 millones de euros“.

Regalo/soborno con el chalé de La Alcaidesa. “Koldo habría sido encargado de realizar la selección del inmueble con los criterios recibidos de parte de Ábalos, y conviene detenerse en el siguiente anuncio de los cuatro que le envía, ya que es el que finalmente resulta adquirido por Aldama y empleado por Ábalos”. “Aldama, durante el mes de marzo, vuelve a encomendar a Corvillo que contacte con una nueva persona de nombre Claudio, vinculado a Villafuel. Es conocido por esta instrucción que Claudio Rivas se encontraría vinculado presuntamente, al igual que Aldama, a una organización criminal dedicada al fraude en el sector de los hidrocarburos”. “Hay que retrotraerse nuevamente a diciembre de 2020. Entre los días 24 y 28 de ese mes, mientras se resolvía la selección del chalet, se gestó una entrevista ante el Director de Gabinete del Ministerio de Industria a la que acudirían Claudio Rivas, Carmen Pano y tres personas más. Esta entrevista, que finalmente tendría lugar el 14 de enero de 2021, fue promovida y orquestada por Aldama, quien les puso en manos de Koldo para que fueran recibidos por el referido Director de Gabinete (...) La importancia de este mensaje radica en que el día 1 de junio de Have Got Time abona la parte restante del dinero necesario para adquirir la casa de La Alcaidesa. De acuerdo con la escritura de compraventa de este inmueble, esta sociedad ubicada en la esfera de control de Aldama, abonó 526.500 euros. Esta empresa compradora, Have Got Time, es titulada por Leonor María González Pano, hija de Carmen Pano, quien conviene recordar que fue una de las personas que fue introducida por Aldama, a través de Koldo, al Director del Gabinete del Ministro de Industria para poder obtener la condición de operadora para Villafuel”.

El enchufe de la pareja sentimental de Ábalos y el alquiler de un apartamento. “Se han analizado las conversaciones adyacentes de Koldo y Aldama en esos días, y se ha podido identificar y contextualizar tanto a Jésica como a Alberto. El referido Alberto resulta ser Luis Alberto Escolano Martín, a la sazón también detenido en las presentes diligencias previas como presunto testaferro de Aldama. Jésica se correspondería con Jésica Rodríguez, quien mantendría una relación particular con Ábalos. Koldo recibe el día 23 de febrero de 2021 recibe un pantallazo de Ábalos de una conversación mantenida con Jésica, en la que ella le recuerda que su contrato laboral expira en unos días. Koldo, conocedor de la circunstancia le responde que ”hay que pasar a otro sitio y luego vuelve, lleva 18 meses“ y Ábalos le contesta: ”Díselo“, todo ello en referencia al contrato que tenía en vigor Jésica como auxiliar administrativa para Ineco, empresa de ingeniería dependiente del Ministerio de Transportes (...) Jésica se encontraba residiendo en una vivienda sita en la Plaza de España nº18, Edificio Torre de Madrid apartamento 11-03, por lo que se toma nuevamente en consideración la reclamación que reenvía Koldo a Aldama para que un tal Alberto abone un alquiler. La persona que envía originalmente ese mensaje a Koldo fue Jésica, buscando que Escolano abonara el alquiler del inmueble de Plaza de España, 18. Pero lo que resulta verdaderamente esclarecedor, es que Koldo le remita a Aldama la reclamación efectuada por Jésica del pago del alquiler, evidenciando que sería este último el responsable de afrontar el pago del mismo”.

Víctor de Aldama no solo se libra de entrar en prisión. También se queda con la mayor parte del botín.

Los hechos probados de la sentencia del Supremo dan por cierto que Aldama cobró 3,7 millones de euros de comisión en la venta de unas mascarillas que colocó al Ministerio de Transportes. En total, entre ese y otros contratos de mascarillas durante la pandemia, se llevó 6,6 millones de euros. 

De todo ese dinero, Aldama apenas entregó una propina a sus compinches, José Luis Ábalos y Koldo García: 430.298 euros en total, entre el alquiler del piso para la novia de Ábalos, unos meses de chalet en Marbella para el ministro y los sobres de 10.000 euros al mes que recogió Koldo durante casi tres años. 

Ábalos se pudrirá en prisión. Le han caído 24 años de cárcel. Por ponerlo en contexto: es más que la sentencia a los violadores de la Manada (15 años) y algo menos que la del corrupto Luis Bárcenas (29 años) o el golpista Tejero (30 años).

Con Koldo tampoco ha habido piedad: le caen 19,5 años de cárcel.

¿Y Aldama? Formalmente son 4 años y medio. Pero el Supremo suspende su entrada en prisión por su “colaboración con la Justicia”. En cuanto al dinero, según establece la sentencia, solo tendrá que pagar un tercio de los 430.298 que repartió con Ábalos y Koldo (los otros dos tercios los pagarán el exministro y su asesor). Poco más de 143.000 euros. 

La cuenta es fácil: Aldama cobró 3,7 millones de euros por las mascarillas. Entre el cohecho a sus socios y la multita del Supremo, se quedará con 3,1 millones de euros. Es increíble, pero es así.

Es inédito que un corrupto de esta dimensión acabe pillado, sentenciado, pero que se quede con el botín. Es enorme el contraste entre la durísima condena contra Ábalos y Koldo y la impunidad para su corruptor. 

Es inédito, porque esta colaboración de la Justicia fue a posteriori. Ya les habían pillado. La confesión de Aldama solo llegó cuando la investigación judicial ya estaba en marcha y la mayor parte de las pruebas contra Koldo y Ábalos ya estaban en manos de la UCO, como confirmó el propio teniente coronel Antonio Balas durante el juicio. Aldama confesó para salir de prisión –en otra causa, además, la de hidrocarburos– y cuando ya no tenía escapatoria.

Es inédito, porque está acreditado que Aldama miente: que buena parte de las cosas que ha dicho en su “colaboración con la Justicia” –como esas cuentas en República Dominicana que se supone tiene Begoña Gómez– son una pura ficción. Incluso esta sentencia del Supremo no da plena credibilidad a sus palabras. Aldama dice que pagó dos millones de euros a Ábalos y otro medio millón a Koldo por el pelotazo de las mascarillas, pero la sentencia no lo asume como cierto.

Y es inédito porque no hay precedentes en el Supremo de un premio así por colaborar con la Justicia en un caso de corrupción. Especialmente en estas circunstancias: cuando el delito ya estaba bajo investigación. 

En el caso Gürtel sí hubo una persona que colaboró con la justicia de forma contraria a sus intereses y desde el primer momento: José Luis Peñas. Conocimos ese gravísimo caso de corrupción gracias a sus grabaciones de Francisco Correa, unas pruebas que entregó a la Justicia cuando aún no había ninguna investigación en marcha.

A pesar de esa colaboración, Peñas fue condenado a una pena incluso mayor que la de Aldama: 4 años y 9 meses de cárcel. No entró en prisión y fue después indultado por el Gobierno. 

En ese mismo caso de corrupción, la persona más parecida a Aldama era otra: el propio Francisco Correa. Él también intentó llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción a cambio de su confesión cuando la causa estaba ya en marcha. Con menos éxito.

Para lograr ese acuerdo, Correa entregó un documento por escrito a la Fiscalía, una confesión que desvelamos en elDiario.es. Allí aseguraba que el origen de su fortuna eran las comisiones del 3% por la obra pública del Gobierno de Aznar y se ofrecía a tirar de la manta. La Fiscalía despreció esa oferta y no quiso pactar ninguna rebaja de condena para él.

Eran otros tiempos, al parecer.

El empresario Víctor de Aldama no solo no tendrá que entrar en prisión después de ser condenado por el Tribunal Supremo a más de cuatro años de cárcel sino que, además, no deberá afrontar la multa de 3,7 millones de euros que pedía en su escrito de acusación la Fiscalía Anticorrupción por haberse hecho, gracias a información privilegiada, con las adjudicaciones de mascarillas.

De hecho, el comisionista, que logró una rebaja sustancial de la pena gracias a su colaboración en el esclarecimiento de los hechos, no debe abonar responsabilidad civil alguna, y el Alto Tribunal sólo le condena solidariamente al decomiso de las ganancias provenientes del delito de cohecho por un importe total de 430.298 euros. También hará frente a dos multas que juntas llegan a los 72.000 euros por los delitos de organización criminal y cohecho.

Aldama ha sido condenado finalmente por esos dos delitos pero no por el de aprovechamiento de información privilegiada, que es en el que el Ministerio Público y las acusaciones solicitaban esa multa equivalente a la cuantía de la comisión. Los magistrados indican que en realidad “dada la situación de la pandemia y la necesidad notoria de mascarillas, era obvia su urgencia y que la licitación sería inminente”.

No obstante, la resolución indica que en ese contexto de pandemia “los tres acusados, de mutuo acuerdo, ante la necesidad de compra de material sanitario, en coordinada actuación, utilizaron su ascendencia para que la empresa Soluciones de Gestión, mercantil vinculada a Víctor de Aldama, resultara adjudicataria de dos contratos de suministro de mascarillas licitados por dos entes dependientes del propio Ministerio: Puertos del Estado y ADIF”. “De Aldama se lucraba, a través de las comisiones concertadas con Soluciones de Gestión, y con cargo a las mismas, de ese importe, pactaron que una parte la entregaría Víctor de Aldama a los otros dos acusados”, recuerda la sentencia.

Según el relato de hechos, la primera compra se concretó el 20 de marzo por medio de una orden ministerial firmada por Ábalos y publicada al día siguiente en la que se disponía la adquisición de 8.000.000 de mascarillas si bien con la finalidad de ser adjudicada a Soluciones de Gestión. Cuatro días antes de la publicación de la orden ministerial, Soluciones de Gestión firmó con la sociedad Comercial Cueto 92 SL un acuerdo de prestación de servicios y colaboración para la contratación y suministro de mascarillas. El 21 de marzo de 2020, la presidencia de Puertos del Estado adjudicó el contrato a la empresa de la trama por un importe de 20.000.000 de euros (2,5 euros por mascarilla).

Días después, relata la sentencia, se concretó una segunda compra centralizada de 5 millones de mascarillas a través del ente empresarial público, dependiente del Ministerio, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Esa empresa pública acordó la compra por valor de 12,5 millones de euros.

Los magistrados cifran la comisión de Aldama por la compra de Puertos del Estado y Adif en 3,7 millones de euros. Utilizó para el cobro dos sociedades, MTM 180 y Deluxe Fortune. Advierte de que esa cifra no es la global que pudo obtener el comisionista por todas sus operaciones de mascarillas porque si se incluye lo que se llevó por el suministro al Ministerio del Interior (que no es objeto de acusación), así como el negocio con el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de Illes Balears (que se investigan en la Audiencia Nacional) los beneficios llegan a los 6,6 millones de euros.

El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad condenar a 24 años y tres meses de cárcel al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por el conocido como 'caso Mascarillas' de corrupción. El tribunal también impone 19 años y 8 meses de prisión a su antiguo asesor, Koldo García, y cuatro años y medio a Víctor de Aldama. El empresario, que según el Ministerio Público obtuvo un beneficio con la venta de mascarillas de 3,7 millones de euros, no tendrá que entrar en la cárcel después de que los jueces, teniendo en cuenta su confesión, hayan suspendido la ejecución de su condena a cambio de no volver a delinquir y hacer trabajos para la comunidad.

La durísima sentencia del Tribunal Supremo contra el exministro de Transportes y exnúmero dos del PSOE, José Luis Ábalos, dedica cuatro páginas a justificar las razones que han llevado a la sala a suspender la aplicación de la condena de cuatro años y medio de prisión impuesta a Víctor Aldama, quién fue, según la investigación de la Guardia Civil, jefe de la organización criminal y nexo corruptor. Aldama deberá pagar junto a Ábalos y Koldo las cantidades (431.000 euros) que supuestamente desembolsó para sobornar a quienes le iban a facilitar un negocio multimillonario en el ministerio de Transportes.

La supuesta colaboración de Aldama en el esclarecimiento de los hechos, por su confesión y la aportación de diversa documentación, es el motivo de este trato de favor del Supremo a la persona que corrompió a Ábalos y que logró contratos multimillonarios de distintas administraciones públicas, con los que ganó más de seis millones de euros. El Supremo acuerda la suspensión de la aplicación de la pena “en el convencimiento de que la aportación realizada al descubrimiento de los delitos merece la aplicación del artículo 82 del Código Penal”. El Supremo recuerda que la suspensión de penas “constituye un instrumento decisivo de ajuste de la respuesta penal a las necesidades concretas de prevención especial cuando se trata de penas de corta duración (…) La cuantía de las penas individuales impuestas por cada delito, al no superar ninguna los dos años de prisión, abre la vía a la suspensión extraordinaria”.

Y cita la jurisprudencia de este mismo órgano para señalar “la necesidad de evitar en ciertos casos el cumplimiento de penas cortas privativas de libertad por aquellos condenados que presenten un pronóstico favorable de no cometer delitos en el futuro, dado que en tales supuestos no solo la ejecución de una pena de tan breve duración impediría alcanzar resultados positivos en materia de resocialización readaptación social del penado, sino que ni siquiera estaría justificada dada su falta de necesidad desde un punto de vista preventivo”.

El Supremo da por sentado el “pronóstico favorable a Aldama de no cometer delitos en el futuro, aunque durante la instrucción de este caso, el empresario corrupto se ha paseado por los medios de comunicación denunciando múltiples corruptelas del Gobierno que se acreditaron falsas y basadas en bulos groseros”. Durante el juicio oral repitió en algunos casos esta conducta que el fiscal jefe Anticorrupción calificó de simple “desahogo”. Sin embargo, el tribunal sentenciador insiste en que no identifica en este caso “razones relacionadas con la trayectoria criminal del acusado u óbices legales que impidan conceder la suspensión extraordinaria”.

Afirma que no es “un perdón judicial”

La sentencia intenta explicar por qué la suspensión de la pena no es “un perdón judicial”. “Cabe precisar que la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad no es, ni mucho menos, un mecanismo vacío de todo contenido retributivo, como si se tratara de una suerte de perdón judicial. La suspensión es una fórmula de ejecución de la pena fijada en la sentencia con efectos extintivos de la responsabilidad criminal equivalentes al cumplimiento específico. El instituto de la suspensión se acompaña de un marco de condiciones que hacen patente, por un lado, que la suspensión no supone, ni mucho menos, que desaparezca la desaprobación por el delito cometido y, por otro, busquen asegurar o, al menos, promover que el delincuente ajuste su vida a los mandatos normativos que permiten la convivencia social en paz y libertad (…) no reducen la gravedad de los delitos cometidos contra los intereses generales ni disculpan, por tanto, de la obligación de establecer un riguroso marco suspensivo de ejecución de las penas impuestas que responda a los fines que justifican la propia suspensión”.

El Supremo impone a Aldama un año de servicios para la comunidad con lo que parecen cumplir con la condición que la ley impone a las suspensiones de ejecución de penas. “Esta prestación”, explica, “adquiere, atendido el marco de producción y la naturaleza de los delitos cometidos, una significativa carga simbólica de reparación”. Y añade: “En efecto, Víctor de Aldama ha realizado conductas de corrupción a autoridades y funcionarios públicos lesionando, de esta manera, bienes jurídicos colectivos de máxima relevancia constitucional. Su no ingreso en prisión por aplicación de fórmulas de atenuación con el fundamento legal expuesto, no disculpa, sin embargo, que, como razón de merecimiento de la suspensión de las penas privativas de libertad, desarrolle prestaciones al servicio de fines públicos que, de manera simbólica, reparen el mal causado a la sociedad española”.

El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad condenar a 24 años y tres meses de cárcel al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por el conocido como 'caso Mascarillas' de corrupción. El tribunal también impone 19 años y 8 meses de prisión a su antiguo asesor, Koldo García, y cuatro años y medio a Víctor de Aldama. El empresario, que según el Ministerio Público obtuvo un beneficio con la venta de mascarillas de 3,7 millones de euros, no tendrá que entrar en la cárcel después de que los jueces, teniendo en cuenta su confesión, hayan suspendido la ejecución de su condena a cambio de no volver a delinquir y hacer trabajos para la comunidad.

La sentencia del Tribunal Supremo considera probados casi todos los aspectos de la acusación que ejerció la Fiscalía Anticorrupción sobre esta trama corrupta que anidó en el Ministerio de Transportes, sobre todo durante la pandemia. Los tres, dice el Supremo, vieron una “oportunidad” en que Ábalos fuera ministro y constituyeron una “organización” para “obtener un común beneficio económico”.

Hubo ilegalidades en la adjudicación de hasta 13 millones de euros en contratos de suministros de mascarillas salidos de Puertos del Estado y ADIF a Soluciones de Gestión, una empresa vinculada a Aldama, quien se lucró con comisiones que a su vez entregó a los otros dos acusados. La sentencia afirma que Aldama canalizó las comisiones percibidas a través de dos sociedades por un importe de 6,6 millones de euros; y que Ábalos y su exasesor le pidieron 2 millones y 500.000 euros, respectivamente, que el comisionista incluyó en sus previsiones de gastos.

También considera probado que Ábalos recibió diversas dádivas a cambio: 10.000 euros al mes por gastos además de la contratación de dos mujeres de su entorno en empresas públicas y el pago de un piso a una de ellas. Finalmente consideran delictivo el alquiler de un piso a cambio de “gestiones relacionadas” con la emisión de una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa y la concesión de una licencia de hidrocarburos.

Al empresario Víctor de Aldama los siete magistrados de la Sala de lo Penal le imponen cuatro años y medio, por lo que reducen la petición que solicitaba la Fiscalía en su escrito de acusación siguiendo así el camino que les marcó tanto el PP como el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que consideraban que, dada su colaboración con el esclarecimiento de los hechos, era merecedor de ampliar la reducción de la pena.

Los jueces de la Sala de lo Penal atribuyen delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación al exministro de Transportes. En su caso la condena supera los 24 años de cárcel pero el cumplimiento efectivo entre rejas, explica el Tribunal Supremo en su resolución, no podrá pasar de los 15 años y 8 meses. Koldo García, de la misma manera, pasará un máximo de 15 años en la cárcel aunque su condena sea de casi dos décadas.

Jessica Rodríguez, “un plan de actuación” de Ábalos

Sobre la contratación de Jessica Rodríguez, la sentencia da por probado que Ábalos, “aprovechándose de la privilegiada situación por su condición de ministro concibió y desarrolló un plan de actuación, consistente en desplegar toda su influencia para que ella fuera contratada por alguna empresa pública integrada en la estructura del Ministerio o que prestara sus servicios a alguna de estas con la finalidad de que percibiera un sueldo sin que tuviera que desempeñar, como contraprestación, ninguna actividad laboral”. 

En esta ocasión, Ábalos se ayudó de Koldo García “como solía”, según recoge el fallo. En primer lugar, García le habría encontrado el trabajo y después se habría encargado de “eludiera o sorteara” los controles y no tuviera que acudir a su puesto. 

La sentencia deja claro que Koldo García implicó en los hechos a Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif entonces, pero que ella es “no juzgada en esta causa”. “Se decidió que la empresa contratante sería la sociedad estatal de Ingeniería y Consultoría (INECO)”, dependiente de Adif. Cuando acabó el contrato con Ineco, Koldo García volvió a recurrir a Pardo de Vera para que fuera contratada en otra empresa pública, Tragsa. 

Hay otra persona que participó en la corruptela y que no es juzgada en el Supremo, según se encarga de señalar el tribunal. En este caso se refiere a Joseba García, hermano de Koldo, al el grupo utilizó para que Jessica Rodríguez pudiera decir que trabajaba directamente a las órdenes de este en Ineco.

Jessica Rodríguez recibió 34.450 euros brutos como salario y ADIF nunca mostró “reserva alguna o se mostrará disconformidad con relación al desarrollo del contrato”. A los tres días de acabar el contrato con Ineco, Jessica Rodríguez fue contratada en Tragsa. Para ello, Pardo de Vera dio instrucciones a otro cargo del Ministerio que tampoco fue juzgado en el Supremo. 

Cuando los responsables de Tragsa pidieron explicaciones por la falta de asistencia al trabajo de Jessica Rodríguez fue el ministro en persona quien indicó a Pardo de Vera que su amiga no fuera molestada, como así ocurrió, según relata el fallo. De Tragsa, Rodríguez cobró 9.500,4 euros netos. 

La sentencia se detiene en explicar que el Ministerio de Transportes hizo pública una nota de prensa para “tranquilizar” a los acreedores de Air Europa en plena pandemia y que eso ocurrió por las gestiones de Víctor de Aldama, que cobraba más de 12.000 euros al mes de la compañía. La nota se redactó e hizo pública “con la colaboración de Koldo García y el conocimiento y asentimiento de José Luis Ábalos”.

Ábalos disfrutó nueve días de un chalet en Marbella con su familia “en pago a las gestiones realizadas en relacion con el rescate de Air Europa”, añade el fallo.

El chalet de La Alcaidesa, cohecho pero no tráfico de influencias

La sentencia absuelve a los acusados del delito de tráfico de influencias por las gestiones realizadas para que Villafuel, una empresa de Claudio Rivas, obtuviera una licencia de hidrocarburos. En el trámite habrían participado Carmen Pano –quien asegura que llevó dinero en efectivo a Ferraz– y su hija Leonor, antigua novia de Aldama, así como el empresario juzgado.

El Supremo se refiere aquí al tráfico de influencias, en una jurisprudencia de máxima actualidad por casos como el de José Luis Rodríguez Zapatero. Explica que no trataron de influir a los funcionarios que debían conceder la licencia porque Koldo García consiguió una reunión en Industria y el trámite debía hacerse ante Energía. 

Sin embargo, los jueces consideran acreditado que Ábalos disfrutó durante nueve meses del chalet en La Línea de la Concepción como pago a sus gestiones para que Villafuel obtuviera la licencia y, en consecuencia, es condenado por cohecho activo. 

Todo comenzó cuando parecía que se iba a conceder la licencia pero al fracasar, Rivas cortó la luz y el agua del chalet. Ábalos ordenó que le robaran el suministro a los vecinos para asegurar el agua y la luz hasta que se repusiera. José Luis Aldama, que estaba en el centro de la gestión con Ábalos, es condenado por cohecho activo. 

El origen de la trama, según la sentencia

La sentencia del Tribunal Supremo hace una breve introducción de la trayectoria de los acusados. De Koldo García dice que llegó a conductor de Ábalos porque así se lo recomendó el entonces secretario de Política Territorial del PSOE, el navarro Santos Cerdán. “Más allá de un vínculo puramente profesional, Koldo García ofrecería también a José Luis Ábalos un compromiso militante y una plena disponibilidad a sus necesidades como nuevo secretario de Organización del partido”, cuenta el fallo. 

El Supremo no llega tan lejos como el primer instructor del caso Cerdán, Leopoldo Puente, que instauró la tesis de que la decisión de colocar a Koldo García al lado de Ábalos fue un plan reconstituido por Santos Cerdán para articular la trama de corrupción, pero avisa que existe una “organizción criminal” en la que participan terceros que no han sido juzgados en el Supremo.

Enseguida se fraguó una relación de confianza entre Koldo García y Ábalos y este le nombró uno de los cinco asesores de confianza que podía contratar y además le situó en el consejo rector de Puertos delEstado y después en el de Renfe. “Convertido más en asistente que en asesor, desempeñó para José Luis Ábalos un buen número de tareas de muy diversa índole, tanto profesionales como personales”, recogen el fallo. 

“Fue la mano derecha de José Luis Ábalos durante su mandato al frente del ministerio, hasta el punto de que, tanto en el propio MITMA como en el seno de otras administraciones públicas se sobreentendía que Koldo Garcia era el fiel transmisor de sus decisiones. También, Koldo García manejó las distintas fuentes de dinero en efectivo de José Luis Ábalos que, en ocasiones, se confundían con las propias”, añade el fallo. 

El fallo dice que tras los dos viajes a México en los que participó Aldama dentro de la delegación española encabezada por el ministro de Transportes, “pronto vieron los acusados la oportunidad de obtener un común beneficio económico”. 

“Con tal ánimo de enriquecimiento –prosigue–, los tres convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba José Luis Ábalos en el Gobierno de España, y también en el Partido Socialista, este podría favorecer , a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería Víctor de Aldama, así como facilitar a este el acceso preferente a la Administración para la realización de las gestiones que precisara para sí mismo o para las referidas empresas”.

La condena que pedía la Fiscalía

El juicio quedó visto para sentencia el pasado 6 de mayo tras 14 jornadas y después de que pasaran por el plenario decenas de testigos. Ábalos y su mano derecha se enfrentaban a una petición por parte de la Fiscalía de 24 y 19 años y medio de cárcel, respectivamente.

La Fiscalía y la acusación popular que lideraba el PP defendieron que los acusados aprovecharon la pandemia para enriquecerse ilícitamente gracias a contratos adjudicados por entidades dependientes del Ministerio a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión. La tesis era que Ábalos y Koldo García facilitaron información previa y privilegiada a Aldama, lo que permitió adjudicarse contratos de mascarillas de Puertos del Estado y Adif por valor de 36,7 millones de euros.

Luzón sostuvo en el juicio que para esas adjudicaciones irregulares fue determinante el pago recurrente por parte de Aldama de una suerte de sueldo mensual de 10.000 euros en efectivo que abonó a Koldo García para que lo repartiera con su jefe. La Fiscalía considera que esos pagos mensuales que se habrían mantenido entre octubre de 2019 y julio de 2022 fueron el “núcleo” del delito de cohecho que atribuye a los tres investigados. Tanto el exministro como su asesor negaron en el plenario haber recibido ese tipo de pago por parte de Aldama.

Una nueva filtración de datos personales ha expuesto en Internet información de contacto y la dirección de varias personas investigadas en diferentes casos de corrupción. Entre los afectados están la antigua militante socialista Leire Díez, el ex secretario general del PSOE Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y los empresarios Víctor Aldama y Juan Carlos Cueto.

La información publicada incluye números de teléfono, correos electrónicos y números de DNI. En dos de los casos la publicación incluye también la dirección de domicilios particulares. Tal y como ha avanzado Público y ha podido contrastar elDiario.es, parte de los datos filtrados son verídicos.

Este tipo de ciberataques se denomina doxeo y consiste en la exposición de información privada de la víctima. Es habitual entre ciberdelincuentes, como método para romper su anonimato y dejarlos expuestos al acoso de otros usuarios o a la localización policial. En los últimos años, se ha popularizado su uso también contra políticos y miembros de la esfera pública como el presidente Pedro Sánchez o miembros de su Gobierno.

No obstante, al contrario que cuando se lanza contra personas que intentan ocultar su identidad —como los ciberdelincuentes—, su empleo contra figuras reconocidas no requiere demasiados conocimientos técnicos. Al contrario, los datos filtrados suelen provenir de bases de datos robadas a empresas y expuestos ya en ciberataques previos.

Esa característica no exime de responsabilidad a los autores. En julio de 2025, la Policía detuvo a dos hombres acusados de estar detrás de la campaña de doxeos que a principios de verano afectaron a Sánchez, ministros como Fernando Grande-Marlaska, Óscar Puente, Luis Planas o Diana Morant, y políticos de todos los partidos excepto Vox. En octubre, fueron detenidos dos menores de edad tras otra serie de filtraciones. Los cuatro individuos fueron acusados de delitos de terrorismo y/o contra altas autoridades del Estado.

En esta ocasión, la filtración no alcanza a miembros del Gobierno. El autor avisa de que “es una muestra de lo que se viene” y amenaza con publicar información de las fuerzas del estado, “altos cargos de la UCO” y otros organismos como el CNI. También pide la liberación de ciberdelincuentes condenados, como el joven Alcasec.

La lista de objetivos del grupo liderado por Leire Díez y amparado por Santos Cerdán era larga. Jueces, fiscales y guardias civiles que, de alguna manera, habían agraviado en algún momento al PSOE, al Gobierno o a los colaboradores de la trama y sobre los que los imputados buscaban trapos sucios. Uno de los nombres sobre el que más información buscaron es el de Alejandro Luzón, el fiscal jefe de Anticorrupción, al que querían “apartar de su puesto”, según algunos testigos. Para ello recurrieron sin éxito a dos fiscales con un historial de polémicas que quisieron usar como grieta: José Grinda e Ignacio Stampa. El primero era odiado por buena parte de los compañeros de viaje de Leire Díez y el segundo estaba famosamente enfrentado con la Fiscalía General del Estado.

Las referencias a esta actividad de la trama son abundantes a lo largo y ancho del sumario del caso y permiten ver las razones por las que Alejandro Luzón se había convertido, en palabras de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en un “objetivo”. La principal era el supuesto pacto entre Anticorrupción y Víctor de Aldama que había permitido su excarcelación en noviembre de 2024 tras un mes y medio en Soto del Real. El empresario había confesado su participación en el caso Koldo de corrupción y fue sacado de la cárcel por la trama de hidrocarburos en la que también estaba envuelto.

Esa maniobra, a tenor de los mensajes incautados por la UCO, era el principal motor para intentar obtener información comprometedora de Luzón. Pero para entonces la relevancia de su figura había trascendido con creces a la salida de prisión de Aldama, al menos para las personas que integraban el grupo de Leire Díez. Era el fiscal que impulsaba las diligencias, acusaciones y juicios contra José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Y otros integrantes y satélites del grupo también le tenían la matrícula cogida desde hacía años por impulsar causas contra Javier Pérez Dolset (Zed), Nervis Villalobos, Sandro Rosell o Gaspar Zarrías (ERE). Luzón, dijo Leire Díez a un guardia civil, era además “afín al PP” y sería, según sus vaticinios, fiscal general con Alberto Núñez Feijóo.

Alejandro Luzón Cánovas empezó su carrera como fiscal ejerciendo en Toledo, en 1989. Lo hizo mientras su padre, José María Luzón, ejercía como fiscal en el Tribunal Supremo e impulsaba, entre otras medidas, la condena del exministro del Interior José Barrionuevo y su alto cargo Rafael Vera por el terrorismo de estado de los GAL. Luzón hijo fue nombrado fiscal jefe Anticorrupción en 2017, el último año de Mariano Rajoy en la Moncloa, después del escándalo de Manuel Moix, y tomó posesión amadrinado por Consuelo Madrigal. El nombramiento fue incluso celebrado por los fiscales progresistas y se entendió como el fracaso del PP en su intento por controlar, a través de Moix, el departamento más delicado del Ministerio Público.

Para cuando fue puesto al frente de Anticorrupción, Luzón ya se había trazado un perfil de doble cara. Incisivo al denunciar el “pillaje” de los consejeros de Caja Madrid que habían gastado 12 millones con las 'tarjetas black', pero sin querer escalar al Banco de España y la CNMV el juicio fallido por la ruinosa salida a bolsa de Bankia. O impulsando las acusaciones en causas de corrupción como Gürtel o Púnica y firmando los decretos de archivo de las investigaciones abiertas al rey emérito.

En lo relativo a Leire Díez y su grupo, además de las escaramuzas particulares de cada uno de sus miembros con Anticorrupción, el foco estaba puesto en su actuación en el caso Koldo, facilitando la salida de prisión de Víctor de Aldama, reclamando rebajas de condena para el empresario y propiciando la entrada de José Luis Ábalos y Santos Cerdán. “Leire y Dolset estaban interesados en apartar de su cargo al fiscal jefe Anticorrupción, ya que habría desobedecido órdenes de su inmediato superior al proponer la puesta en libertad de Víctor de Aldama”, resumió como testigo el empresario extremeño Joaquín Parra ante la Guardia Civil. Una declaración que desliza otro aspecto fundamental del perfil actual de Luzón: su alejamiento progresivo e irremediable con la Fiscalía General durante los últimos años.

El juego era doble. Leire Díez hizo creer al abogado de José Manuel Villarejo, el centro de las cloacas del caso Tándem, que la Fiscalía Anticorrupción pactaría con ellos, cuando en realidad pretendían tumbar a su líder y varios de sus fiscales. Y después puso en marcha su mayor habilidad: encontrar a gente cercana al objetivo con alguna grieta por la que pasar. Pusieron el foco en dos fiscales vinculados con Anticorrupción y con una polémica que explotar: José Grinda e Ignacio Stampa.

El pasado del fiscal Grinda

José Grinda superó la oposición para ser fiscal en 1993, poco después de Luzón, en una promoción en la que tuvo como compañeros a investigadores como Susana Gisbert, Pedro Horrach o Pilar Rodríguez. Ejerció en Gipuzkoa y Barcelona antes de entrar en Anticorrupción en 2005 y su nombre empezó a estar asociado a causas de gran relevancia pública. En 2010 un cable de WikiLeaks desveló que Grinda había vinculado a la mafia rusa con el Kremlin dos años antes. Estuvo al frente de la operación Emperador, impulsó el caso del 3% de corrupción en Cataluña, el caso contra la familia Pujol y propició la entrada en prisión del exministro venezolano Nervis Villalobos por blanqueo, entre otros muchos hitos.

Grinda también tenía un pasado. En 2009 había sido imputado por un juzgado de la localidad jienense de Alcalá la Real acusado de enviar vídeos sexuales a una menor de 15 años de edad. La denuncia había sido presentada por la madre de la chica después de que su hermano encontrara las conversaciones en su ordenador. La causa se archivó en 2013 cuando el juzgado, con el apoyo de la Fiscalía, entendió que Grinda no sabía que la joven con la que mantenía conversaciones sexuales era ampliamente menor de edad. La madre de la afectada no se había personado en el caso y las diligencias, con la retirada de la Fiscalía, se archivaron. El sobreseimiento libre y definitivo del caso, a petición de Grinda, llegó en 2017.

El asunto nunca se hizo público en aquellos años, pero revivió en 2019 cuando la joven, ya entonces mayor de edad, volvió a los tribunales para tener acceso a todo el contenido de la causa. Grinda se opuso y ya entonces pidió “ser protegido frente a usos torticeros y desviados de la información”, aludiendo a “posibles fines espurios dirigidos a destruir su reputación personal y profesional”. El Tribunal Constitucional dio la razón a la joven en 2022 y se reactivó entonces el proceso judicial pero por la vía civil, para reclamar una indemnización. Para entonces el asunto ya había trascendido aunque sin demasiada fuerza. Grinda, por ejemplo, consiguió que el Tribunal Supremo condenara a las hijas del polémico abogado fallecido Ignacio Peláez por llamarle “pederasta reincidente” en un programa de televisión.

Grinda era, según la UCO y la documentación interna, uno de los grandes objetivos de Leire Díez y sus colaboradores y no por si vinculación por causas que afecten al Gobierno. “Fiscales, sobre todo Grinda”, habían escrito ellos mismos en la lista de nombres. “A mí me hace mucha falta arrear a Grinda”, escribió Leire Díez en un mensaje de 2024. Las fechas en las que el grupo había decidido “empezar por Grinda”. El contacto se produjo en febrero de 2025 cuando, según la UCO y el propio Grinda, el periodista Pere Rusiñol –a quien el juez no considera como parte del entramado– le trasladó el ofrecimiento: un destino jugoso en el extranjero y la retirada de la demanda civil de la joven de Jaén a cambio de que Grinda les trasladase trapos sucios de su superior Alejandro Luzón y propiciase el cierre de multitud de causas judiciales delicadas.

En otro punto del sumario se recogen las anotaciones de Leire Díez sobre cómo pensaban hacer que la joven retirase la demanda, aunque no consta que se llegase a ejecutar: darle 300.000 euros, mucho más de lo que hipotéticamente podía pedir en esa demanda civil. El ofrecimiento, según las conversaciones y la testifical de la propia joven, no se llegó a producir ni fue trasladado como tal a Grinda.

El sumario revela lo que había pasado en los años anteriores con respecto a ese asunto que el grupo de Leire Díez había detectado como punto de entrada para negociar con Grinda. Su talón de Aquiles. La propia joven declaró ante la Guardia Civil como testigo y explicó que ya en 2021, cuando ya había acudido al Constitucional para tener toda la documentación de su caso, fue contactada por dos personas: Yohir Akerman y otro hombre llamado “Vytenis”. No dijeron de parte de quién venían, pero tenían documentación de su caso y se ofrecieron a llevárselo como abogados. De hecho, según la propia joven, costearon su defensa pagando a un abogado de Jaén de cara al juicio civil contra Grinda.

Ella no supo explicar a la Guardia Civil por qué lo hicieron ni de dónde habían sacado los papeles. Pero sí reveló que poco antes del juicio civil contra Grinda a mediados de 2025 estos dos hombres le presentaron a Leire Díez en Madrid. En otro punto distinto del sumario, los indicios sobre quién urdió esa visita apuntan al venezolano Nervis Vilallobos. “Hemos conseguido que la chica de Jaén se desplace a Madrid única y exclusivamente para verse contigo”, dijo Villalobos a Díez, sin reconocer si esos dos hombres que asesoraban a la joven y pagaban su abogado trabajaban bajo sus órdenes. También le indicó el hotel donde iban a reunirse y hablaron varias veces por mensaje de cómo se había desarrollado el viaje y de la opción de ponerle un abogado.

La propia joven completó el relato en su testifical ante la Guardia Civil. Una vez en Madrid Leire Díez le dijo que estaba “interesada” en su caso y en ayudarla contra Grinda. “Que intentaría ir a por él para que saliera a la luz el caso”. Al día siguiente, añadió, visitó la sede del PSOE en la calle Ferraz y mantuvo un encuentro con Santos Cerdán “donde hablaron exclusivamente del procedimiento judicial contra Grinda”. Era octubre de 2024 y las conversaciones reflejan un gran intercambio de mensajes en los meses siguientes entre Leire Díez y la joven.

Para cuando el periodista trasladó al fiscal Grinda el ofrecimiento de librarle de ese juicio faltaban menos de dos meses para la vista en un juzgado de Majadahonda y Leire Díez, por mediación de Nervis Villalobos –uno de los grandes detractores de Grinda– llevaba ya meses hablando con la joven. Y dos hombres, cuya vinculación con el exmandatario venezolano no han quedado claras todavía, habían incluso pagado su defensa.

El fiscal José Grinda recibió la propuesta del grupo y, tras declinar el ofrecimiento, le comunicó la situación a sus superiores, pocos meses antes de poner rumbo a Bolivia en un nuevo destino. Hubo un segundo intento de contacto con el grupo, esta vez a través del expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, al que habían llegado a través de Santos Cerdán, pero el sumario no refleja si se llegó a celebrar. Sí refleja lo que Díez y sus colaboradores querían decirle: “Ya has trasladado a terceras personas que tienes documentación de Luzón”.

La segunda vía: el fiscal Stampa

Los distintos sumarios judiciales que han indagado en la actividad de Leire Díez desvelan que encontró un segundo fiscal al que acceder para intentar llegar hasta los supuestos secretos de Luzón: Ignacio Stampa. Uno de los primeros responsables de la investigación contra Villarejo en Anticorrupción que denuncia, incluso a través de un libro, que fue purgado de ese departamento y apartado del caso por una represalia ejecutada por Dolores Delgado y su entonces mano derecha, Álvaro García Ortiz.

En su caso, la oferta llegó en un encuentro a finales de abril de 2025, después de las comunicaciones con Grinda. Fue entonces cuando Leire Díez afirmó que ella era “la persona que ha puesto el PSOE” para sacar a relucir todas las irregularidades judiciales de múltiples causas. Y siguiendo con el doble juego, le pidieron información comprometida de Luzón, del juez Manuel García-Castellón, pero también del propio Grinda: “Pretendían sacarme información o algún comentario que le desprestigiara”. A cambio le ofrecieron recuperar su puesto en la Fiscalía, algo que parecía sencillo de prometer, pero difícil de ejecutar: en ese momento el fiscal general era Álvaro García Ortiz, considerado por Stampa como su mayor rival.

Stampa también acudió a sus superiores en la Fiscalía de Madrid y ambos asuntos acabaron en un juzgado de la Plaza de Castilla a la espera de saber si ahora es el juez Santiago Pedraz, en la Audiencia Nacional, quien acumula todas las diligencias. Con Grinda destinado temporalmente a miles de kilómetros en Bolivia, Anticorrupción ha pedido a Pedraz que entre de lleno en su parte del caso y ponga en marcha varias diligencias: llamar a declarar a la joven que le denunció para que aclare su trato con la trama y, en paralelo, que los juzgados remitan la documentación del juicio que Leire Díez ofreció suspender a cambio de que le ayudara a tumbar a Alejandro Luzón.

La empresaria Carmen Pano y su antiguo chófer declararon hace una semana como testigos ante la Guardia Civil en la investigación sobre las maniobras de Leire Díez contra jueces, fiscales y policías. Unas testificales en las que ambos insistieron en que se les ofreció un soborno a cambio de no volver a decir que llevaron dinero en efectivo a la sede del PSOE en la calle Ferraz, algo que ya han afirmado en varias ocasiones. Pero ante la UCO, el pasado mes de mayo, añadieron cuáles eran sus condiciones: cobrar unos 2.500 euros al mes y que se pagara la boda de su hija. La letrada Leticia de la Hoz, su supuesta interlocutora en estas reuniones, ha negado en un escrito estas acusaciones de Pano y su chófer.

Carmen Pano, madre de la expareja de Víctor de Aldama, está imputada en una de las múltiples causas de fraude de hidrocarburos abiertas en la Audiencia Nacional. El pasado 27 de mayo fue llamada a declarar por la Unidad Central Operativa para explicar lo que ya había afirmado ante los medios, ante un notario y ante varios tribunales: que fue llevada por su chófer a la calle Ferraz para entregar 90.000 euros en efectivo, un dinero supuestamente relacionado con las licencias del caso Villafuel. En este caso la UCO quería saber si había recibido algún incentivo desde el entorno del entramado de Leire Díez, dedicada supuestamente a desactivar frentes judiciales del PSOE, para dejar de decir eso.

El sumario del caso, que ha podido examinar elDiario.es, refleja que Pano ha empezado por reconocer que ella y su chófer trasladaron a un medio de comunicación este hecho, y que incluso fueron a un notario por recomendación de los periodistas. La abogada Leticia de la Hoz, detalló ante la Guardia Civil, contactó con ellos después de las publicaciones para trasladarles “una propuesta” sobre “las entregas de dinero en Ferraz”. La propuesta, según el testimonio de Pano, venía de “gente del partido, gente del PSOE”.

El objetivo, les dijo entonces la letrada -algo que De la Hoz niega- era “salvar el culo a Ábalos y Koldo”, entonces imputados y pendientes de juicio y ellos debían “echarles una mano”. Fue entonces cuando Pano puso precio a su silencio: “Lo que necesitaba era pagar su casa y la boda de su hija porque no tenía ingresos”, dice su declaración. Unos 25.000 euros para la “boda de Leonor”, su hija, y luego entre 2.500 y 2.800 euros más al mes. Su chófer pidió 25.000 euros para comprarse un coche.

Los dos testigos y amigos, que coinciden en la misma versión aunque difieren a la hora de decir quién filtró la información a la prensa, aseguran que mantuvieron hasta cuatro reuniones con la abogada para fijar este acuerdo. Según Pano un día la abogada llamó con el manos libres a una persona desconocida que “aceptó las pretensiones económicas”. “Lo que querían era que Carmen Pano cambiara su declaración respecto de la entrega de dinero en efectivo en la calle Ferraz”.

La versión de estos dos testigos choca con lo afirmado en las últimas horas por la propia abogada Leticia de la Hoz, que ayer aportó audios y conversaciones a la UCO para negar estas acusaciones. Según ella, su contacto con Pano giró en torno a la venta de una empresa de hidrocarburos que rechazó por tener problemas fiscales. En un momento dado, la empresaria le exigió además una comisión de 10.000 euros por esa venta rechazada y terminó incluso filtrando detalles a la prensa. No existió un soborno, dice De la Hoz, sino un enfrentamiento entre ambas relacionado con una empresa y las licencias de hidrocarburos.

El dinero que supuestamente entregó Pano en Ferraz, según su declaración, estaba relacionado con Claudio Rivas, otro empresario del sector de los hidrocarburos también imputado en la Audiencia Nacional. La Guardia Civil no le preguntó por estos presuntos sobornos y se limitó a explicar que conocía a la letrada De la Hoz por asuntos profesionales. También negó que alguien le ofreciera beneficios a cambio de modificar sus declaraciones judiciales: “No, nunca nadie me ha ofrecido eso”.

El empresario y conseguidor Víctor de Aldama tenía este jueves su enésima cita como investigado en la Audiencia Nacional, pero esta era la primera después del juicio celebrado en el Supremo. Esta vez venía para responder acerca de un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relativo a la venta de material sanitario en pandemia al gobierno balear que presidía en 2020 Francina Armengol. Pero tras más de una hora de declaración, y más allá de una mención de refilón al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero del que ha dicho que también usaba teléfonos desechables, se ha limitado a comentar que no se habló de comisiones en esas operaciones con Baleares, al contrario de lo que sí sostiene con las operaciones con el gobierno canario de Ángel Víctor Torres -en instrucción ha mantenido que Koldo García le pidió 50.000 euros para Torres-.

En este sentido, y según las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es que han estado presentes en la declaración, Aldama ha vuelto a transitar el mismo camino que en declaraciones anteriores y ha indicado que los 10.000 euros mensuales que abonaba al asesor ministerial Koldo García y que eran a repartir entre él y el exministro José Luis Ábalos los abonaba por todo lo que pudiera pedirles a ambos. Al hilo, ha comentado que quien conectó con Armengol fue el propio Koldo García.

El comisionista, tertuliano ocasional del programa Horizonte, no ha desaprovechado la ocasión para, en sede judicial, sumarse al viento mediático generado por la imputación del expresidente Zapatero. Al ser preguntado por los teléfonos desechables que facilitaba a la trama el comandante Rubén Villalba, las conocidas en el sumario como 'café' o 'cafeteras', ha indicado que sí se los proporcionaba y que acababan en manos de Koldo García, Víctor Ábalos o el exministro. Y en ese momento ha indicado que también era receptor de ese tipo de móviles el expresidente Zapatero.

En este punto se da una contradicción entre las fuentes consultadas, mientras unos sostienen que Aldama ha dicho que los teléfonos que pudiera usar Zapatero sí provenían de Villalba, otros no han entendido así la respuesta y aseguran que el empresario, a la pregunta de quién más usaba este tipo de teléfono desechable, ha indicado que el expresidente, sin especificar que vinieran también de ese comandante de la Guardia Civil.

Otra fuente presente ha subrayado que esa mención que ha hecho era una mera sospecha del comisionista, y que la unidad del agente solo daba ese tipo de teléfono a colaboradores, entre los que pudiera estar Aldama o Koldo García. Y es que parte del interrogatorio, por iniciativa del fiscal, ha girado sobre la figura de ese guardia civil. Aldama ha incidido en que en su excel de gastos, Villalba era 'RV2000' y que la relación entre ambos venía de su colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, más en concreto con la UCE2. Además, ha aprovechado, según las fuentes, para desligar a ese agente del asunto de las mascarillas.

Otro giro inesperado para Aldama ha ocurrido cuando ha tomado la palabra el abogado del Estado personado en la causa porque ha puesto el foco en el flujo del dinero del comisionista y le ha preguntado por sus sociedades, como Deluxe Fortune. Este extremo ha soliviantado al imputado.

El avispero patrio, tan poblado de corrupciones varias en sus entrañas, se ha revuelto por completo con la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por varios graves delitos que se derivarían del primero de los que se le atribuyen: tráfico de influencias. El juez instructor lo sitúa nada menos que como líder de una estructura “jerarquizada” de esa práctica delictiva. Nunca ha ocultado Zapatero su trabajo de consultoría, por el que cobra -dijo- a precio de mercado, como tantos otros por cierto, pero ha rechazado, con vehemencia, toda práctica ilegal. De nuevo este martes tras el revuelo de su imputación.

Se mezclan tantos ingredientes -teñidos algunos de sospecha de trama contra el expresidente- que lo sensato sería esperar pruebas pero no es algo que se pueda permitir este país con la permanente y tan explícita intentona golpista contra el gobierno del PSOE. Desde oposiciones varias, bastante pringadas. Y con la evidencia clara de movimientos cuanto menos extraños en todo el proceso de esa lucha permanente por hacerse con el poder. Ahora bien, lo terrible para un Estado de Derecho es ver lo poco que la ciudadanía progresista confía en la justicia española. Estamos muy quemados y con razón.

Una denuncia previa contra Zapatero partió de la organización ultra Manos Limpias,. Se basaba en declaraciones del ya famoso Víctor Aldama en el programa de periodismo ficción del ultra Iker Jiménez, en Cuatro, cadena de Mediaset con Telecinco. Sin embargo, la causa se inicia a instancias de la fiscalía anticorrupción que dirige Francisco Luzón por una búsqueda internacional de fondos ilícitos de Venezuela. El juez José Luis Calama la toma este mes de febrero pasado. Feijóo aludió a lo que iba a ocurrir cuando estaba bajo secreto del sumario. Cuca Gamarra y Ayuso también evidenciaron saber lo que venía. La novia de González Amador, ya desde enero, fue diciendo que a Zapatero no le auguraba un gran futuro, y que venian curvas. Ha habido filtraciones y con ellas siempre se busca un impacto político. Todo son datos para intentar cuadrar qué está ocurriendo.

El caso de Manos Limpias, aunque no sea el origen de la causa judicial, es interesante para saber más sobre el funcionamiento de la justicia y, sobre todo, explicar su descrédito en sectores de la sociedad. Manos Limpias se dedicaba a extorsionar y estafar empresas y fue condenada, junto a Ausbanc, en sentencia de la Audiencia Nacional, sus líderes sentenciados a hasta 8 años de prisión que nunca cumplirían. El Tribunal Supremo decidió revocar esa sentencia y absolverlos porque, aunque consideró probados los hechos, estimó que no suponían delito porque no había intimidación o violencia y eran entidades con los recursos suficientes para defenderse de esas prácticas. Fue el 15 de marzo de 2024 y justo un mes después el juez Peinado inició el proceso contra Begoña Gómez a instancias de Manos Limpias. Se ha hablado varias veces de limitar las acusaciones particulares de clara intencionalidad política pero no se ha hecho. Incluso hay quien lo ve como un límite a la libertad de expresión. ¿En esas condiciones puede seguir presentando demandas? Lo que habría de limitarse al máximo es cuanto tiene apariencia de lawfare o de su búsqueda para que no contamine más a toda la justicia.

La Asociación de jueces Francisco de Vitoria, la segunda en número de afiliados, ya ha protestado este martes por los ataques que a su juicio se están dando a la magistratura por la imputación de Zapatero. Y es que hay mucha gente, que, a la vista de lo que ocurre, se queja de los desequilibrios que observa. Lo del fiscal general García Ortiz fue demasiado revelador para pensar que se trata de un caso aislado. Fue un escándalo. Y de todos aquellos polvos, estos lodos.

De confirmarse la culpabilidad de Zapatero sería muy grave, pero habría de producirse con todo tipo de garantías policiales y procesales, de esas que suelen gozar los líderes de la derecha imputados o solo testigos de las causas en las que son protagonistas. De momento las personas fiables que han leído el auto completo hablan de un texto muy contundente, destacan el uso de términos categóricos pendientes de probarse, o muchas conclusiones basadas en lo que otros hablan de Zapatero. Un asunto muy serio en apariencia, sin embargo, no tan grave, quizás, como las actividades del expresidente Aznar que no han merecido ni el más leve reproche judicial. Las Azores, el 11M, las víctimas, nada. Ni las del Yak42 siquiera. Y es que las negligencias -de ser negligencias- con resultados trágicos también deberían tenerse en cuenta. No se ha investigado el origen de la cuantísima fortuna de los Aznar Botella. Y tampoco se han pedido responsabilidades por su soflama golpista: “el que pueda hacer que haga”. Eso que ha venido demostrando la enorme “responsabilidad laboral” de los que vienen haciendo tanto, tanto, porque pueden y les dejan.

Rajoy es un expresidente realmente mimado por la justicia porque sobre él hay pruebas hasta de conversaciones grabadas que le aluden, y en el juicio de la Kitchen, terrible como corrupción de Estado, solo participa como testigo. Su ministro de Hacienda que lograba de su gobierno leyes a la carta para sus clientes, también representa presuntamente una corrupción de muy altos vuelos.

Si dudamos especialmente de que sean ciertas las acusaciones contra Zapatero es porque molesta mucho a la derecha de este país, y es una evidencia absoluta. No solo les ganó las elecciones del 2004, acabó con ETA y dictó leyes progresistas, muy progresistas de hecho, sino que ha seguido defendiendo los valores de la socialdemocracia sin pasarse al bando acomodaticio. De alguna manera, el PP se ha visto afectado por ese presidente. Y encima Zapatero apoya a Sánchez a quien tampoco pueden ver. Nos cuesta creer que no haya malas artes bajo su imputación, pero, hay que insistir que son las pruebas ciertas y los procesos limpios los que lo determinan.  ¿Confiamos en ello? No siempre lo parecen. Cerca de un año lleva ya la UCO sin presentar el informe del novio de Ayuso y ya vemos lo suelta de lengua que anda ella. Entre otros muchos casos.

Se desborda la algarabía en la derecha por la imputación de Zapatero. Se piden dimisiones, comparecencias, moción de censura, elecciones, cuando ni siquiera ha declarado el imputado que lo hará en un par de semanas. Otro dato para pensar que nada de esto es una casualidad.

Voces muy solventes y creíbles afirman que el auto del juez está fundamentado y es contundente. Ojalá Zapatero pueda explicar las cuestiones que se le plantean. Y que otros que andan de rositas se enfrenten a sus responsabilidades. Mientras todo eso no suceda nos cuesta creer sin ver. Es la definición de la fe y poco tiene que ver con la justicia.

El PSOE ha solicitado la necesaria “licencia” a la sala sentenciadora del Tribunal Supremo que juzgó el caso Mascarillas para presentar una querella contra el comisionista Víctor Aldama, supuesto jefe de la trama corrupta que mantiene en prisión al exministro José Luis Ábalos y a su asesor, Koldo García. Los servicios jurídicos del PSOE recuerdan en el escrito que han registrado ante el Supremo que ya solicitaron la misma licencia al magistrado Leopoldo Puente durante la investigación del caso tras conocer las declaraciones de Aldama en esa fase.

El instructor no concedió la licencia y respondió que solo podrían iniciar ese trámite una vez concluido el juicio. Ahora, el PSOE vuelve a solicitar permiso para querellarse tras considerar que “han resultado evidentes las falsedades manifestadas por Víctor Gonzalo de Aldama”. “Lejos de rectificar sus falsedades, injuriosas y calumniosas, contra este Partido Socialista Obrero Español, y algunos de sus representantes, las ratificó y amplificó, realizando gravísimas acusaciones, que aún realizadas en su derecho de defensa, no dejan de ser absolutamente reprochables de la forma más contundente, mediante la correspondiente querella por delitos de injurias y calumnias, en defensa de nuestro honor, cuando, a mayor abundamiento, todo ello ha sido manifestado sin aportar una sola prueba que las sustente ante ese Tribunal, más que su testimonio, después de que haya pasado más de año y medio desde iniciar su campaña difamadora”, señala el PSOE en su escrito.

Aldama aseguró ante los siete magistrados de la Sala de lo Penal que el jefe de la trama corrupta de la que él mismo formaba parte era Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, según interpretó de las conversaciones que mantuvo con Koldo García. También confesó Aldama que trabajó como intermediario en el cobro de mordidas a cambio del amaño de obras y que el dinero recaudado iba en parte a financiar ilegalmente al PSOE.

Los servicios jurídicos de este partido sostiene que esas declaraciones y otras parecidas “han atentado gravemente contra el honor de importantes miembros del Gobierno y del partido, así como directamente del PSOE, siendo claramente perjudicado”. El PSOE sostiene que lo manifestado por Aldama en fase de instrucción y durante el juicio celebrado en el Supremo “es absolutamente falso; algo que, en cierta manera, ha venido a reconocer el mismo investigado, al parecer en sus propias declaraciones señalando que carece de prueba alguna de ello, y por tanto, sin virtualidad alguna en su defensa dentro del citado procedimiento, y por tanto, respondiendo a otros intereses espurios y al margen del procedimiento”.

El escrito recuerda que el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal “contemplan expresamente que los delitos de injurias y calumnias que se pudieran cometer en el seno de un procedimiento puedan ser perseguidos previa licencia del órgano judicial en el que se han producido”, motivo por el que piden al Supremo “la preceptiva licencia para la interposición de querella por estos hechos”, para lo que entregan al tribunal una copia de las declaraciones efectuadas por Aldama el 16 de diciembre de 2024 en fase de instrucción y el 29 de abril de 2026 en la vista oral del juicio.

La Fiscalía Anticorrupción pidió siete años de cárcel para Aldama aunque consideró “posible” rebajar esa pena, como pedía el abogado del PP que dirigía la acusación popular, apreciando una atenuante muy cualificada en su confesión del delito y en la supuesta colaboración “esencial” con la Justicia para aclarar los hechos.