La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo' que deje al borde del banquillo de los acusados a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y a Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, mientras que ha apostado por que se archive la causa para diferentes excargos del Ministerio de Transportes que se encuentran imputados. En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal pide que sean seguidos lo trámites de cara a un eventual juicio también respecto del exasesor de Ábalos que da nombre a la causa, Koldo García, y del empresario Víctor de Aldama, ambos ya condenados por el Tribunal Supremo a penas de cárcel por el 'caso mascarillas'.

Anticorrupción interesa lo mismo para otros investigados como Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil; Joseba García, hermano de Koldo; Patricia Uriz, expareja del exasesor ministerial; los empresarios Ignacio Díaz, Javier Serrano, César Moreno, Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche, y el excargo de Adif Ignacio Zaldívar. También incluye en la lista a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama y a la que se adjudicaron en pandemia desde Transportes --Puertos del Estado y Adif-- y los gobiernos autonómicos de Canarias y Balares varios contratos de mascarillas investigados.

El Ministerio Público se centra en las presuntas irregularidades en la compra de material sanitario y en la contratación de la exnovia de Ábalos en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, atribuyendo presuntos delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y contra la Hacienda Pública. Por otro lado, el fiscal interesa el sobreseimiento de las actuaciones que se siguen contra excargos de Adif y personas vinculadas a otros acusados, como Aldama y Koldo. Y es que la Fiscalía señala que, por un lado, “determinados hechos y conductas no son perseguibles” y, por otro, a “determinadas personas investigadas no se les imputa delito alguno”.

“En el primer grupo, están los hechos relativos a la negociación y adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas a Soluciones de Gestión, y posible blanqueo de capitales asociado a los rendimientos obtenidos de estas operaciones”, señala. En el segundo, aparece el ex alto cargo de Adif Michaux Miranda, la que fuera secretaria de Aldama, Piedad Losada, o Alberto Escolano, quien firmó el contrato de arrendamiento en el céntrico piso de Madrid para la expareja de Ábalos, entre otros.

Pide también el archivo para Jesús Manuel Gómez, subsecretario de Transportes cuando lo dirigía Ábalos; Álvaro Sánchez Manzanares, ex secretario general de Puertos del Estado, Daniel Sierra, que fue apoderado de Soluciones de Gestión; José Luis Rodríguez, vinculado a Juan Carlos Cueto; Israel Pilar Ortiz, vinculado a Koldo y Aldama; Rogelio Pujalte, que recibió una transferencia de Soluciones de Gestión; Patricia Ramos, expareja de Aldama; María Auxiliadora Luque, relacionada con el exasesor, y Andoni García, hermano de Koldo.

Cabe recordar que el Supremo ya juzgó de forma parcial el 'caso mascarillas' por la condición de diputado aforado de Ábalos cuando fue procesado. El tribunal condenó al exministro a 24 años de prisión e impuso 19 años a Koldo y cuatro a Aldama, al que libró de pisar la cárcel por colaborar con la justicia durante la investigación.

Las mentiras de Víctor de Aldama siguen impunes. El empresario, corrupto confeso y condenado a cuatro años de cárcel, sigue libre por decisión unánime de los siete magistrados que le juzgaron en el Tribunal Supremo. Todas las acusaciones sin pruebas que disparó contra otros durante su testimonio de defensa en el juicio del caso mascarillas quedan sin castigo. Quienes se consideran gravemente dañados en su honor por las supuestas patrañas de Aldama son el PSOE, al que acusó de financiación ilegal por el cobro de comisiones ilegales de empresas adjudicatarias de contratos amañados; el constructor Manuel Contreras (de la empresa AZVI); Carlos Moreno, el jefe de gabinete de la que fue ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al que implicó en una mordida de 25.000 euros; y la compañía Renfe.

El PSOE pidió durante el juicio autorización al tribunal para querellarse contra Aldama, pero los magistrados denegaron el permiso argumentando que aún no había concluido el juicio. Renfe y Contreras también solicitaron lo mismo y el Supremo contestó con más negativas. Tanto Renfe como el empresario de AZVI recurrieron esta decisión. Pero los seis magistrados del Tribunal Supremo, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, se lo ha denegado en un auto firmado por la semana pasada.

Las mentiras de Aldama, muchas de las cuales formaron parte de lo que la Fiscalía Anticorrupción consideró “colaboración con la justicia” para sacarle primero de la cárcel cuando estaba preso por otro caso de corrupción y pedir la reducción de pena después durante el juicio celebrado en el Supremo, siguen blindadas frente a una posible acción penal de quienes fueron los principales perjudicados.

Aldama confesó ante el instructor del caso en el Supremo que pagó hasta cinco millones de euros en comisiones por la adjudicación de obras públicas que se repartieron entre el entonces ministro José Luis Ábalos, su asesor, Koldo García, y el PSOE. Cuando conoció esta declaración, el PSOE pidió permiso al magistrado Leopoldo Puente para interponer una querella por injurias y calumnias contra Víctor de Aldama. Pero el instructor denegó la autorización argumentando que si se abriera un proceso paralelo por injurias y calumnias mientras se desarrolla la investigación generaría inaceptables disfunciones procesales.

Durante el juicio, el comisionista Aldama acusó a Contreras (AZVI) por el pago de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos y también relató un intento de amaño de contratos por parte de Renfe. Ninguna de esas acusaciones se ha demostrado cierta.

Contreras y Renfe pidieron permiso para querellarse al Supremo, lugar donde se produjeron los supuestos testimonios delictivos de Aldama. Pero este tribunal bloquea esas iniciativas pues sostiene que entre el derecho de defensa de Aldama y el derecho al honor de los perjudicados por las supuestas calumnias del comisionista, prevalece el primero. Siempre y cuando, matiza el Supremo, las acusaciones de Aldama no resulten manifiestamente falsas y que las haya hecho para apuntalar su defensa, como los magistrados entienden que ha ocurrido en este caso.

El juicio del caso Mascarillas, donde Aldama desplegó todo un catálogo de acusaciones contra numerosas personas y empresas, acabó con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, condenado a 24 años de cárcel. Aldama fue la persona que lo corrompió, pero el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, y los siete magistrados que juzgaron el caso apreciaron en la colaboración del empresario con la justicia un motivo suficiente para rebajarle la pena y evitarle el cumplimiento de los cuatro años de cárcel. Otro de los condenados, Koldo García, asesor de Ábalos, denunció en el turno de última palabra las supuestas maniobras de Aldama de falsa colaboración con la Justicia: “Me ha metido a mí y al señor Ábalos en la cárcel a base de mentiras, porque el único que tiene sociedades fuera de España, viviendo a costa de todos los españoles, es él”.

Las acusaciones durante el juicio

Parte de esa colaboración con la justicia consistió en acusar a otros de graves delitos, entre ellos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que dijo era el número 1 de la trama de corrupción que se estaba juzgando. Atento a las palabras de Aldama, y su supuesta colaboración con la Justicia, el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, pasó por alto este pasaje de su confesión al considerar que se trataba de un “desahogo” del empresario.

Aldama, imputado en otra causa por fraude multimillonario y blanqueo de capitales en el negocio de hidrocarburos, sigue en libertad difundiendo mentiras contra el Gobierno de Pedro Sánchez en medios de sesgo conservador.

Una de esas mentiras llegará por fin a juicio.

En enero de 2026, apenas unos meses antes del juicio, Aldama se paseaba por los platós para acusar al Ejecutivo socialista de todo tipo de corruptelas. En un programa de Telemadrid sostuvo que el ministro Félix Bolaños intentó sobornarle en octubre de 2024 ofreciéndole una gran suma de dinero a cambio de su silencio, se supone que sobre los negocios que mantenía con el exministro Ábalos. La versión de Aldama es que no accedió al soborno y que por eso le encarcelaron. Salió en libertad solo un mes después tras comprometerse a colaborar con la justicia, admitir los delitos cometidos y aportar pruebas contra dirigentes del Gobierno socialista.

Aquella versión de Aldama sobre el intento de soborno, asumida por los periodistas que le rodeaban sin expresar una sola duda, fue evolucionando con el paso del tiempo. Aldama atribuyó ese intento de soborno a lo que le había contado otra persona, Ramón Bermejo, quien se presentó como portavoz del empresario en noviembre de 2024, meses después de las supuestas maniobras de Bolaños para comprar el silencio del corruptor.

El supuesto portavoz intentó acreditar que la acusación de Aldama era cierta aportando una decena de llamadas al PSOE o al ministerio de Justicia en las que, según sus interlocutores, habló de diversos temas sin relación con el empresario corrupto.

El ministro Bolaños denunció a Aldama: “No conozco ni he hablado nunca, ni tengo ni he tenido relación personal alguna con el demandado ni con su responsable de comunicación que, según manifiesta el señor Aldama, se llama Ramón Bermejo. Mi relación personal es total y absolutamente inexistente, nunca he mantenido una conversación ni telefónica ni de ningún otro tipo con el señor Aldama ni con el señor Bermejo, ni vinculada a las declaraciones del demandado, ni relacionada con ningún otro asunto. Es más, ni siquiera tengo sus números de teléfono”. Desde que se presentó la denuncia hasta hoy, Aldama no ha sido capaz de presentar una prueba sólida de aquello que afirmó con rotundidad en Telemadrid.

La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid celebró el pasado miércoles una audiencia previa para ofrecer a las partes la posibilidad de alcanzar un acuerdo y poner fin al litigio. Como no hubo acuerdo, el comisionista se sentará en el banquillo el próximo 17 de febrero. La primera vez que las mentiras de Aldama contra el Gobierno de Sánchez serán juzgadas. 

El empresario Víctor de Aldama irá finalmente a juicio tras la demanda civil por difamación presentada contra él por el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños. La plaza 8 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid ha celebrado este miércoles la audiencia previa, una fase del procedimiento que tiene lugar antes de la vista oral y en la que, entre otras cuestiones, se ofrece a las partes la posibilidad de alcanzar un acuerdo y poner fin al litigio. No ha habido acuerdo, así que el comisionista se sentará en el banquillo el próximo 17 de febrero, según confirman fuentes jurídicas a elDiario.es. 

Aldama, que fue condenado por corrupción en el caso Ábalos y al que el Tribunal Supremo suspendió la entrada en prisión por su supuesta colaboración con la Justicia, acusó a Bolaños en un programa de Telemadrid de haber intentado comprar su silencio a cambio de dinero. El pasado mayo, Bolaños lo demandó por vulnerar su derecho al honor y reclamó que se condenaran “las falsedades” que a su juicio estaba difundiendo ante la prensa y en sus redes sociales “sin ninguna prueba ni fundamento, con un evidente fin espurio”. También solicitaba ser indemnizado con 70.000 euros por daños y perjuicios.

“Me ha contactado a través de mi jefe de comunicación, Ramón Bermejo, para ofrecerle mucho dinero para que yo me callara”, dijo Aldama en ese programa. Los periodistas que le rodeaban no cuestionaron aquella afirmación, remarcaron su gravedad y el presentador intentó confirmar si había sido directamente el ministro Bolaños quién había llamado a Bermejo para ofrecerle dinero. Aldama contestó: “Sí”.

El citado juzgado admitió la demanda y emplazó al empresario a presentar alegaciones y a la Fiscalía a pronunciarse sobre si la demanda debía seguir tramitándose, como finalmente ha ocurrido. En su escrito de respuesta, la defensa de Aldama se escudó en el periodista Ramón Bermejo, quien empezó a ejercer como su portavoz cuando este abandonó la prisión tras pactar con la Fiscalía Anticorrupción una colaboración con la Justicia.

Según Aldama, Bermejo llamó entre marzo y julio de 2024 a distintos números de teléfono de la sede socialista de Ferraz y de varios departamentos del Gobierno en el Palacio de la Moncloa, y que fue entonces cuando le ofrecieron dinero a cambio del silencio del empresario corrupto. Aldama aportó varias facturas que, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas, reflejan llamadas efectuadas por Bermejo a las centralitas del Congreso de los Diputados y del PSOE. Son llamadas breves, de 26 segundos; 1 minuto y 13 segundos; 1 minuto y 41 segundos; o 2 minutos y 10 segundos de duración, según estas fuentes. 

En ese periodo nadie sabía que el comisionista, que entonces seguía en libertad aunque imputado en el caso mascarillas, podría tener intención de tirar de la manta. Aldama entró en prisión en octubre de 2024 por su implicación en un caso de fraude millonario en el sector de los hidrocarburos y fue ahí cuando inició su colaboración con la Justicia.

En ese escrito la defensa del empresario asegura también que en esas llamadas, según lo trasladado por Bermejo, participaron “personas mandatadas por Bolaños” como su ex jefe de gabinete Rafael Oñate y otras personas del departamento ministerial. Oñate dejó de ser jefe de gabinete de Bolaños en noviembre de 2023, meses antes de las supuestas conversaciones. En ese momento, Aldama era un empresario desconocido para el gran público del que todavía no había trascendido su papel en la causa de las mascarillas, un caso que la Fiscalía Anticorrupción investigaba entonces de manera reservada.

La Agencia Tributaria, en servicio de auxilio judicial, ha presentado un nuevo informe ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga un fraude en el IVA del sector de los hidrocarburos y en el que se instrumentalizó a la operadora Villafuel. Si bien la causa ya cuenta con informes que profundizan en cómo se perfeccionaba ese delito, en este nuevo documento el funcionario de Hacienda ofrece un dato relevante: el 11 por ciento de lo defraudado se canalizaba “desde las sociedades interpuestas a través de presuntos contratos de asesoramiento”.

Este dato cobra relevancia al hacer un cálculo rápido: si el dinero presuntamente defraudado por la presunta trama que lideraban el empresario Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas ascendía a 181 millones entre los años 2022 y 2024, ese once por ciento ascendería a 20 millones. Esa cantidad se habría transformado en esos contratos de asesoramiento 'fake' que se formalizaban fundamentalmente como comisiones de venta.

Estos contratos, indica el informe, se formalizaban especialmente con entidades ubicadas en Portugal, y algunas de esas mercantiles reintroducían estos fondos a través de inversiones en España. El objetivo era “deslocalizar los ingresos y dificultar o impedir el seguimiento de los fondos defraudados”. Y añade que también se detectaron salidas de fondos hacia China. Y resalta el inspector de Hacienda que todas esas salidas de fondos “podrían ser indiciarias de un presunto vaciamiento patrimonial de las sociedades involucradas en la trama a los efectos de dificultar el cobro y recuperación de las cantidades defraudadas”.

Según explica el informe, al que ha tenido acceso elDiario.es y que ya está en la mesa del juez instructor, “existe un claro patrón” cuando se analizan las operativas realizadas en las siete sociedades interpuestas por la trama para hacer desaparecer el IVA. El 21 por ciento de esas cuotas defraudadas y no ingresadas al erario público se repartía de esta manera: el 11 por ciento en ese “asesoramiento” y el otro 10 por ciento se dedicaba a “rebajar el precio de venta ofertado a sus clientes finales”. Este segundo movimiento permitía manejar precios de venta muy reducidos, “lo que supuso una ventaja competitiva en el mercado de hidrocarburos”.

La reintroducción de fondos

El informe explica que los beneficios obtenidos con las actividades de la trama fueron, en una parte relevante, desviados por las sociedades interpuestas a cuentas bancarias y que algunas de ellas estaban situadas en el extranjero. Añade que, con posterioridad, “dichos fondos fueron parcialmente retornados a España en forma de inversiones inmobiliarias, societarias y de gastos de consumo privado, ”cuyos beneficiarios han sido los principales responsables de la trama descrita (Víctor de Aldama y Claudio Rivas)“. Para la Agencia Tributaria estas conductas ”pueden ser constitutivas de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales“.

Precisamente, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que fue conocido a finales de septiembre, cifraba en 78,3 millones de euros los fondos transferidos desde cuentas bancarias españolas hasta otras de empresas portuguesas por la empresa Villafuel, operadora que se ubica en el centro de la trama de hidrocarburos.

Hacienda señala ahora, por otro lado, que Villafuel como las siete sociedades interpuestas “se han nombrado como administradores a personas con claro perfil de testaferros, ocultándose a los verdaderos responsables que estaban al frente de la gestión y dirección de las mercantiles”. Añade que las entidades interpuestas sólo tienen a Villafuel como proveedor de productos petrolíferos y presentan unos rasgos comunes: “sus administradores y socios tienen perfil de testaferros; apenas disponen de una estructura empresarial o profesional; su vida operativa es muy breve; carecen de capital y fondos propios relevantes; y tienen una misma red comercial y cartera de clientes que se van sucediendo”.

Y añade que la clave para hacer viable la estructura defraudatoria era apropiarse de la cuota de IVA para rebajar precios y expulsar del mercado a otros operadores que cumplen con la normativa tributaria.

La defensa del empresario Claudio Rivas, conocido por haber sido socio de Víctor de Aldama, ha presentado un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que pide el archivo para él en el 'caso Gaslow', un asunto en el que el juez Santiago Pedraz investigó un fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos y en el que ese empresario leonés consta como procesado. Como argumento principal, su letrado señala que tras el primer año de instrucción la investigación no se prorrogó cuando debía y, por tanto, todo lo instruido desde el 22 de marzo de 2022 debe apartarse de la causa, incluido todo lo que llevó a imputar a su defendido. Además, suma a este hecho que a Rivas se le ocultó esta investigación durante años y, por lo tanto, le generó indefensión.

La representación legal de Rivas ha desplegado en los últimos dos meses una estrategia de defensa en las dos causas en las que está imputado que contrasta con la seguida hasta ahora –ha cambiado de letrado recientemente–. En el caso Villafuel, donde consta como presunto colíder junto a Aldama de una trama dedicada al fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos, ha solicitado una declaración voluntaria (que tendrá lugar el 3 de noviembre) y ha pedido una serie de diligencias encaminadas a aclarar que estaba apartado de la propiedad de esa operadora y, por tanto, de su control. Mientras, en el caso Gaslow, mucho más avanzado ya porque ha sido dictado un auto de procesamiento, la defensa se ha decantado por un recurso de apelación en el que ataca los cimientos mismos de la causa al entender que se debe expurgar todo lo instruido después de marzo de 2022.

La base de esta pretensión es que el juez Santiago Pedraz acordó dos veces la incoación de diligencias (una el 21 de marzo de 2021 y otra el 25 de ese mismo mes) y que luego tuvo en cuenta esa segunda fecha para las sucesivas prórrogas de la investigación. “Una causa se incoa una sola vez”, recuerda el letrado para luego añadir que “el defecto es estructural, atañe al mismo suelo del proceso” y que, por tanto, el 22 de marzo de 2022 “se produjo la muerte del plazo sin prórroga enlazada”. Usa un símil para ilustrar a la Sala: “Un puente no se sostiene por noventa y nueve arcos si el primero jamás tocó la orilla”.

Por eso, entiende que la incorporación de Claudio Rivas a la causa, que tuvo lugar en 2025, “se produjo fenecido el plazo de investigación y tras años de instrucción desarrollada a sus espaldas, sin posibilidad alguna de conocimiento ni contradicción, lo que la hace constitucionalmente inválida”. En este sentido, indica que “no tuvo posibilidad jurídica alguna, ni cauce material, de conocer que esos indicios se dirigían contra su persona ni de reaccionar frente a ellos”.

“Fuera del plazo legal”

Para la defensa se ha lesionado su derecho a la defensa porque la citación para declarar en la causa se hizo “fuera del plazo legal de investigación” y eso que su nombre aparecía ya incluso en la querella de Fiscalía que daba origen a la causa en 2021, cuando se le vinculaba a la venta de participaciones de una de las mercantiles investigadas: Keep it Save. Además, indican que también se fueron acumulando indicios contra él a lo largo de 2022 sin tener noticias de la causa. “La unidad policial UCO ya afirmaba ante el juez la propiedad de Claudio Rivas de las dos sociedades nucleares -investigadas-, su conexión con la compra de Gaslow, y ya recogía testimonios que le llamaban jefe”, añade.

Por eso, no entiende la defensa que no le citaran o le dieran traslado de la causa y, en cambio, sí “se continuó con la instrucción a sus espaldas como prohíbe el canon”. “El vicio aquí denunciado no es la validez del material reunido en 2021 sino la ocultación al investigado, durante años, de la imputación que de él resultaba”, añade, para luego lamentar que de los tres presuntos cabecillas de esa trama es el único que “atravesó toda la instrucción sin acto ni garantía alguna”.

Por eso, entiende que se ha producido una vulneración de sus derechos a la defensa, a la contradicción, a la igualdad de armas y a un proceso con todas las garantías“ y solicita la ”invalidez radical“ de su imputación.

La denuncia de fallos en la instrucción de esta causa concreta por parte de Claudio Rivas se suma al hecho de que otra de las investigadas durante el procedimiento, la empresaria Carmen Pano -que sostiene haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz-, finalmente no fuera imputada a pesar de los indicios recabados.

Corría el año 2020 cuando un empresario que se hacía llamar 'Maverik' en la aplicación de mensajería Threema mantenía una conversación de confianza y confidencia con su interlocutora 'RR2AES4W' en relación al mal trago que le tocaba pasar al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que se enfrentaba a una reprobación en el Congreso de los Diputados. Ella se interesaba por cómo estaba “el jefe”, y Maverik le respondía a RR2AES4W: “Tiene más votos a favor que en contra, pero la puta oposición está tirando a matar”.

Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Maverik era el empresario Víctor de Aldama. RR2AES4W era la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Por entonces se refería a Abalos, secretario de Organización del PSOE, como “el jefe”. El PP era la “puta oposición”. Ahora, seis años después, en un escenario completamente distinto, con una condena por corrupción a sus espaldas y con la pátina que le da el haber contribuido a la sentencia que ha acabado con Ábalos en la prisión de Soto del Real, Aldama pide el voto para aquella oposición y califica al Gobierno de Pedro Sánchez de “mafia”.

Esa conversación tuvo lugar después de la visita fallida de Delcy Rodríguez a España en enero de 2020. Aldama le transmitía a Delcy Rodríguez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Ábalos habían tenido una conversación con “palabras muy duras” al respecto. Y en ese contexto, en uno de los anexos del informe entregado por la UCO en la causa que se siguió en el Tribunal Supremo, es donde el empresario se quejaba de que el PP estaba “tirando a matar” contra Ábalos con el entonces conocido como 'Delcygate'. Unos días más tarde, el 19 de febrero, se votaba la reprobación del ministro, que no salió adelante gracias a la bancada progresista.

A ese episodio se suma otro que también trascendió durante la instrucción del conocido como caso Mascarillas: Aldama sostenía en un audio que la UCO no incluyó en otro informe que la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no había tenido ningún tipo de participación en el rescate de Air Europa. “Quieren vincular la operación de Air Europa con Begoña, nada es verdad”, decía en ese mensaje de voz que recogió El País.

Pero los años en los que Aldama llevó puesta esa 'chaqueta' socialista acabaron cuando estalló el caso Mascarillas y, más aún, cuando meses más tarde fue detenido y enviado a prisión preventiva por su participación en un fraude millonario en el sector de los hidrocarburos. Ahí decidió empezar a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción. El PP arropó y aplaudió ese movimiento, sus revelaciones lograron la condena de todo un ministro y acabó siendo encumbrado por la derecha mediática en programas como Horizonte de Iker Jiménez.

Tan es así que el empresario ha participado en manifestaciones contra el Gobierno de Pedro Sánchez, como la convocada en mayo por Sociedad Civil Española: “He venido por apoyar a España y al pueblo”. Este giro del empresario choca con la actitud de aquel Aldama que en 2019 se arrimó al asesor ministerial Koldo García para ganarse al ministro José Luis Ábalos y que asistió incluso a un mitin en el que se presentó la candidatura de Pepu Hernández al Ayuntamiento de Madrid.

Víctor de Aldama, el empresario condenado en el caso Mascarillas por ser el “nexo corruptor” de la trama, ha irrumpido este miércoles en la precampaña electoral gracias a un vídeo que ha compartido en sus redes sociales en el que pide el voto para los partidos de la derecha: “Sois una panda de mafiosos y espero que no robéis las elecciones, soy de derechas sí, y a quien hay que votar en este país en estas elecciones es a la derecha y no a la izquierda mafiosa de Pedro Sánchez”.

Este vídeo ha sido publicado en su perfil de X para criticar al ministro Óscar Puente después de que el titular de Transportes se hiciera eco del último informe de la UCO de la Guardia Civil. En ese atestado, que ya tiene sobre la mesa el magistrado que le investiga por un fraude del IVA millonario en el sector de los hidrocarburos, se pone en entredicho la versión mantenida por Aldama de que su vehículo blindado -un Audio A8- fue tiroteado. Esta tesis alimentó en 2024 la idea de que el comisionista sufría presiones para que no colaborara con la investigación del caso Mascarillas.

“El ídolo de la derecha. De profesión inventor. La UCO concluye que Aldama se inventó un tiroteo a su coche para perjudicar a Sánchez”, reza el mensaje compartido por Puente sobre ese informe de la UCO, y al que ha respondido Aldama.

Aldama señala que es una pena que mucha gente de izquierdas se haya quedado sin nadie a quien votar porque los dirigentes del PSOE “han destrozado el partido”. Y le pide a Puente que “aprenda a leer”, porque lo que dice, a su juicio, el informe de la UCO es que por distintas llamadas, esos impactos en el cristal de su vehículo pueden tener otra interpretación. “Cuando me encuentro los impactos en la ventanilla llamo a personas de mi confianza, a mi hermano (escolta) y a un ex guardia civil, y me dicen qué puede ser”, indica.

Al hilo, ha aprovechado para explicar que decidió entonces no pedir protección a la Policía porque “todo lo maneja Marlaska” -por el ministro del Interior socialista Fernando Grande-Marlaska-. “No me fio un pelo de vosotros. A día de hoy sigo amenazado por vuestra culpa, porque sois una panda de mafiosos”, añade.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha cuestionado la veracidad del supuesto tiroteo contra el vehículo utilizado por el empresario Víctor de Aldama, que él mismo atribuyó a un intento de robo o a un golpe con un punzón.

Según un informe al que ha tenido acceso EFE, el análisis de las comunicaciones y conversaciones mantenidas por el Aldama con personas de su entorno permitió conocer que el Audi A8 sufrió daños en la ventanilla del conductor producidos, bien por un objeto contundente – punzón o martillo punzón –, o por disparos realizados con arma de fuego de pequeño calibre.

El empresario informó a su aseguradora de que le habían “intentado robar” en su coche pero que no habían conseguido romper el cristal. También explicó que lo había intentado romper con “un punzón” y que no había puesto denuncia al considerarlo “absurdo”.

“No hemos puesto denuncia porque no lo hemos visto, ha sido de madrugada y poner denuncia es ridículo porque es perder tres horas”, defendió Aldama ante la aseguradora.

El 28 de septiembre, Aldama se encontró pasadas las 7:00 horas de la mañana la ventanilla de su vehículo dañada y, tras sacar varias fotografías incluidas en el informe, se las envió a su protavoz, Ramón Bermejo, asegurándole que podían tener ya la historia que necesitaban, aunque aclaraba que no sabía si era un intento de robo o disparos.

También le envío las fotografías a su hermano detallando que podría tratarse de un intento de robo o de disparos, y le reenvió unos mensajes que, según él, procedían de “Un especial de los GAR” concluyendo que, “a priori” los impactos se trataban de “dos golpes con objeto contundente”.

Su hermano, funcionario de la Policía Nacional, le dijo: “Si te quieren amenazar, me parece mucha casualidad que justo lo hagan en la calle la primera vez que lo aparcas. Entiendo que, si alguien quiere amenazar a otro, lo sigue. Y teniendo en cuenta que tú dejas el coche siempre en el garaje, pues lo tendrían previsto en todo caso cuando lo dejes en el garaje”.

Ese incidente, recuerdan, trascendió días después, el 1 de octubre, al ser publicado por distintos medios de comunicación y también mencionado en un informe aportado por la defensa del empresario y en el que se afirmaba, según citan, que “entre los hechos documentados que elevan el nivel de amenaza se encuentran el tiroteo de su vehículo (Audi, valor unos 150.000 euros) con tres disparos mientras se encontraba apartado en la vía pública”.

La UCO concluye que, en relación con los daños sufridos por el vehículo y el análisis de las conversaciones mantenidas por Aldama con distintas personas de su entorno, se desprende que los intervinientes consideraron que dichos daños podrían haber sido ocasionados mediante un objeto punzante. 

La Agencia Tributaria, principal perjudicada en el caso en el que está imputado Víctor de Aldama por un fraude millonario del IVA en el sector de los hidrocarburos, no quiere que el empresario y comisionista sea quien venda sus propios vehículos de alta gama para el juzgado que le investiga. Fue en agosto cuando Aldama se dirigió al juez Santiago Pedraz para explicarle que quién mejor que él para vender en el mercado sus coches, incluido un flamante Ferrari F12 de coleccionista. Aldama no se fía de que tengan buena salida en una subasta oficial y prefería encargarse personalmente.

Sin embargo, el escrito de Hacienda al que ha tenido acceso elDiario.es indica que debe oponerse a ese ofrecimiento porque la representación legal del comisionista ha hecho una proposición “genérica y sin corroboración objetiva”: “Se plantea una venta en mercado como posibilidad más ventajosa, pero esta petición no viene acompañada de una oferta de compra concreta de los vehículos por importe superior u otros datos que permitan justificar la conveniencia de acceder a lo solicitado como medida alternativa a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA)”.

Frente a ese ofrecimiento carente de detalle, la Agencia Tributaria explica que el Ministerio de Justicia sí ha explicado que hará una subasta electrónica a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Y añade que la defensa de Aldama no debe olvidar que al ser una subasta pública en ella puede participar cualquier persona que cumpla los requisitos y que el precio de salida no tiene por qué ser el de venta ya que depende de las pujas que se hagan.

Fue a finales de agosto cuando la ORGA informó de que procedía a organizar esa subasta pública de varios de los vehículos de Aldama porque el mantenimiento de los mismos cuesta dinero al erario público y pueden llegar a perder valor al estar aparcados durante tanto tiempo en los depósitos judiciales. El objetivo es que esa venta sirva para hacer frente a las posibles multas e indemnizaciones futuras, se busca obtener de ellos el mayor valor posible.

Tras pedir un peritaje a la tasadora Tinsa, la ORGA informó a Pedraz de que el precio de subasta del Ferrari sería de 241.613 euros. El modelo en cuestión está matriculado en 2013 y lleva sin pasar la ITV desde 2024. Además, indicaba que a ese vehículo se unían para la subasta tres todoterreno de la marca Land Rover que sumarían un valor de tasación total de 200.000 euros.

En mayo de 2025, la defensa de Aldama pidió expresamente al juez Pedraz que no autorizara esas subastas de sus vehículos al entender que con esa medida se vulneraba su presunción de inocencia. Solicitó, además, que se acordara mantener los vehículos a resguardo y en “buen estado de conservación”. Luego, en agosto de 2026 fue cuando pidió encargarse él de la venta al entender que lograría un mejor precio.

Cabe recordar que en esta causa, que gira en torno a la instrumentalización que supuestamente hicieron Aldama y su socio Claudio Rivas de la operadora Villafuel, se investiga una trama que liderarían ambos y a la que se le atribuye un fraude del IVA de 231,7 millones de euros. Varios de los Land Rover que entrarían en esa subasta eran utilizados no solo por Aldama sino también por su socio y por la esposa de este, Stella Duarte, según consta en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La empresaria que sostiene haber entregado 90.000 euros en la sede madrileña del PSOE, Carmen Pano, aparece, y mucho, en el sumario de una causa en la que se investigó un fraude millonario en el IVA de los hidrocarburos. Sin embargo, con la investigación ya terminada, esta empresaria vinculada al comisionista Víctor de Aldama —tan vinculada que llegó a ser una suerte de 'suegra' para él, ya que mantuvo una relación con su hija— no figura entre los que sí se sentarán en el banquillo de los acusados. Pano se libra del caso Gaslow.

En la ristra de causas relacionadas con fraudes de IVA en ese sector concreto de los hidrocarburos que se investigan en la Audiencia Nacional, el caso de la operadora Gaslow es algo así como la 'madre' que alumbró un segundo fraude de mayores dimensiones: el de la operadora Villafuel, una causa en la que se investiga como cabecilla de una organización criminal a Aldama.

Si bien la investigación de Villafuel sigue abierta, en el caso de Gaslow el asunto ya está en fase intermedia y está pendiente de juicio. En el sumario de esa causa, al que ha tenido acceso elDiario.es, Pano se ubica como un testaferro que pudo ser útil para el blanqueo de capitales. La trama instrumentalizó las operadoras Gaslow Abastecimientos y Nascor Energías con el objetivo de utilizar el impago del IVA para tener un margen comercial que les permitía bajar los precios por debajo de los ofertados por el mercado. Con esto, conseguían aumentar sus ventas y, por tanto, sus ingresos. Este fraude se cometía interponiendo sociedades fantasma entre las operadoras y las comercializadoras de carburantes. Y esto enmarañaba el asunto para dificultar que se pudiera seguir el rastro del fraude.

Una de esas sociedades fantasma era Keep it Save SL. En mayo de 2024, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil emitió un atestado en el que detallaba la trazabilidad de todos los fondos de esa empresa investigada. Y destacaba que Pano controlaba tres sociedades que tendrían “un marcado carácter instrumental” porque recibieron transferencias millonarias procedentes de esa empresa pantalla. Las tres empresas administradas por Pano eran Sociedad Comercio Justo y Solidario S. XXI SL, Ornus Import SL y Nerium Logistia SL. En ellas recibió transferencias por importe de 2,8 millones de euros, si bien de esa cantidad corresponde al periodo investigado la cifra de 2,04 millones.

De las pesquisas del Instituto Armado se pudo conocer, además, que las tres empresas estaban radicadas en un piso de Las Rozas (Madrid) en el que estaba empadronada Carmen Pano. Y tirando del hilo, la Guardia Civil descubrió que dos de las mercantiles de Pano (Nerium Logistia y Ornus Import) fueron adquiridas por ella misma en julio de 2020 a otra sociedad, Sky CBN Management, que había sido constituida por ella misma y por su hija (Leonor González Pano) dos meses antes.

La UCO, tras recordar en ese informe que Pano tiene “antecedentes por estafa”, se fija en que sus sociedades tenían un capital social de 3.000 euros aproximadamente, y que eso es “algo recurrente en las sociedades instrumentales, pues son capitales mínimos”. Añade, además, que es un dato llamativo “si se compara con el importante volumen de ingresos que reciben en los periodos cercanos a su adquisición”.

A esto se suma que el objeto social de esas empresas de Pano parece no tener vinculación alguna con la actividad que desarrolla Keep it Save como suministradora dentro del sector de los hidrocarburos, “por lo que las relaciones comerciales declaradas pudieran tener carácter ficticio”. Y destaca la UCO como elemento característico de los ingresos recibidos por esas tres mercantiles que la totalidad de ellos “se efectúan por importes redondos”. Esto es un hecho llamativo “pues la actividad comercial que se desarrolle en cualquier sector no utiliza, como norma general, cantidades redondas y suele ser, por tanto, un indicio de operaciones compatibles con el blanqueo de capitales”, aclara.

Las retiradas de efectivo

Tras fijarse en las cantidades que Pano recibió en sus tres empresas desde una de las sociedades pantalla, la UCO se centra en ver qué hizo la empresaria con el dinero, y detectó que Pano realizó más de 120 retiradas de efectivo de las cuentas de sus tres mercantiles: sacó un total de 2,25 millones de euros del cajero entre 2020 y 2021. Siempre sacaba el dinero el día que recibía la transferencia de la empresa vinculada a la trama o en días inmediatamente posteriores. A esto, suma que transfirió otros 146.000 euros en diferentes operaciones para la adquisición de un vehículo.

La UCO explica, por otro lado, que en 2021 Pano habría incluido en esas operativas presuntamente delictivas a su hija, Leonor. Esto ocurrió al integrarla como administradora de otra mercantil, Have Got Time SL, mercantil que está siendo investigada en el caso Villafuel, y que tuvo un papel protagónico en el juicio contra el exministro José Luis Ábalos. Esa sociedad fue la que se usó para la compra de un chalé en La Alcaidesa (Cádiz) que se habría puesto a disposición del político como pago por su intervención (nada exitosa) para que la operadora Villafuel obtuviera una licencia en el sector de los hidrocarburos.

El sumario del caso Gaslow cuenta con otro documento clave: el informe elaborado en enero de 2023 por Hacienda, en concreto por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). En él, se destaca que Carmen Pano al tiempo de los hechos investigados “carecía de rentas de trabajo, no declaraba el IRPF y no tenía actividad económica”. Sumaba, asimismo, que en 2020 era titular de cuatro cuentas bancarias y todas ellas tenían “saldo negativo”.

Entre los documentos obrantes en la causa que se refieren a Pano, se explica que sus empresas pudieron ser usadas para perfeccionar el delito de blanqueo de capitales dado que la organización criminal investigada las incluyó en “la estructura societaria dispuesta e implementada” para lavar el dinero procedente del fraude del IVA. Y de hecho, en el auto por el que el magistrado Santiago Pedraz procesaba a una quincena de investigados, sus tres mercantiles constan como responsables civiles en caso de condena. Sin embargo, Pano no figura entre los procesados.

Fuentes jurídicas conocedoras del caso señalan a elDiario.es que llama la atención que esas mercantiles sí consten en el auto de procesamiento, pero que, en cambio, la administradora de las mismas no aparezca, cuando, según la investigación, ella era la que llevaba a cabo las retiradas en efectivo procedentes de una de las principales empresas de la trama: Keep it Save.

Carmen Pano sí consta como investigada, en cambio, en el caso Villafuel. En su última declaración ante el juez Santiago Pedraz, que data de enero de 2026, la empresaria volvió a insistir en que los 90.000 euros que dice que llevó a la sede del PSOE provenían de Claudio Rivas, dueño de la compañía de hidrocarburos Villafuel y socio en ese negocio de Aldama. Además, afirmó que Víctor de Aldama le comentó que había recibido un sobre que el presunto conseguidor del 'caso Koldo' vincula con finanzas bajo sospecha del PSOE.

El empresario Víctor de Aldama tiene una oportunidad de oro para vender el edificio que posee en Málaga y quitarse una deuda de 3,5 millones, que fue lo que le costó comprar en su día el solar. Pero tiene un problema, esa propiedad, al igual que el resto de su patrimonio, está en manos de la Audiencia Nacional, en concreto en manos del magistrado Santiago Pedraz, que le investiga en el caso Villafuel por ser uno de los presuntos cabecillas de una trama que perpetró un fraude millonario en el IVA del sector de los hidrocarburos.

Para salvar ese obstáculo, la representación legal del comisionista ha pedido al juez que le permita enajenar, esta vez sí, ese inmueble para sufragar el importe del préstamo. Y advierte de que en caso de que no le permitan vender, hay riesgo cierto de 'okupación'. Aldama ya intentó sin éxito en 2025 poder vender esa propiedad que está a nombre de Logística Comercial Montelimar, mercantil de la que es administrador único.

El escrito de la defensa de Aldama, al que ha tenido acceso elDiario.es, señala que para poder construir ese edificio en Málaga, el comisionista firmó en agosto de 2023 un contrato de préstamo con la mercantil Invercenter USA inc. para así poder disponer de fondos para adquirir ese terreno. Adquisición a la que se había comprometido con otra de sus mercantiles, la portuguesa Atmosferaudaz Unipessoal Lda.

El objetivo de Aldama era poder sacar adelante ese proyecto inmobiliario con esas dos sociedades en UTE: Logística Comercial Montelimar y Atmosferaudaz.

Las empresas portuguesas

Según la investigación patrimonial llevada a cabo en el marco de este caso concreto, Aldama habría utilizado empresas como la mercantil Lógistica Comercial Montelimar para retornar los fondos de origen delictivo que pudo sacar previamente a Portugal. De hecho, otro informe que consta en el caso realizado por la Agencia Tributaria expone que tiene registrados dos movimientos de entrada de capital desde una cuenta portuguesa desconocida por valor de 3,5 millones de euros. Hacienda recalcaba que, a juzgar por las declaraciones tributarias de esa mercantil, su volumen de facturación no justificaba esos cobros. A los 12 días de haber recibido tal cantidad de dinero, compró por 3,52 millones ese solar en Málaga.

A pesar de estas sospechas, Aldama vuelve a la carga y explica que necesita vender ese inmueble porque la fecha prevista para la devolución de los 3,5 millones del préstamo era el 29 de febero de 2024. Lamenta que ese plazo no ha podido cumplirlo a consecuencia de la investigación abierta contra él y las medidas cautelares adoptadas contra su patrimonio.

Aldama adjunta a ese escrito tanto el contrato de compradel solar como el firmado con los posibles compradores del edificio. Defiende que en el primero “se evidencia el origen de los fondos con los que se llevó a cabo dicha operación inmobiliaria, que se encuentra completamente desvinculado de lo que conforma el objeto del presente procedimiento”.

Advierte, por otro lado, que existe “riesgo cierto de ocupación del edificio” porque ya en mayo de 2025 se tuvo que denunciar ante la policía que un grupo de personas “realizaron actuaciones tendentes a la ocupación del inmueble”. Recuerda que al respecto se incoaron diligencias en un juzgado malagueño por posibles delitos de daños y usurpación.

En este sentido, conisdera que el hecho de que haya un procedimiento abierto no impide que hechos aprecidos puedan volver a tener lugar, y considera que “la eventual ocupación causaría daños irreparables a la propiedad” e impediría la venta del edificio y la posterior devolución del préstamo.

Esta petición llega después de que en septiembre el comisionista pidiera ser él quien llevara a cabo la venta de su Ferrari F12, que también le fue incautado por el caso Villafuel, al entender que la cifra 241.000 euros por la que iba a ser subastado se quedaba corta.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cifra en 78,3 millones de euros los fondos transferidos desde cuentas bancarias españolas hasta otras de empresas portuguesas por la empresa Villafuel, en el centro de la trama de hidrocarburos por la que está siendo investigado en la Audiencia Nacional el condenado por corrupción Víctor de Aldama.

Los investigadores señalan que de esos más de 78 millones de euros, un total de 8,8 millones fueron a parar a tres empresas del comisionista Aldama. En el mismo atestado, la UCO solicita al juez Santiago Pedraz que ordene bloquear las cuentas bancarias implicadas en la trama.

La Guardia Civil explica en su atestado, adelantado por la cadena Ser y al que ha tenido acceso elDiario.es, que Villafuel SL [la empresa de Claudio Rivas], valiéndose de su condición de operador al por mayor de productos petrolíferos, suscribió un contrato de servicios logístico con Exolum Corporation, que actualmente como depósito fiscal, y empezo a adquirir a otros operadores productos petrolíferos, “simulando su transmisión a siete empresas que actuaron bajo su control y de manera interpuesta entre los verdaderos intermediarios y estaciones de servicio.

La red articuló dos vías para el fraude. Por una parte, “perfeccionando” el fraude a la Hacienda Pública y, por otra, habilitando un sistema para el blanqueo de capitales, esto es, el desvío del dinero procedente del delito anterior. De esta forma, la Guardia Civil llegó hasta las sociedades en Portugal. La investigación sitúa el fraude de los hidrocarburos a Hacienda, a través de la madeja de empresas, en más de 180 millones de euros.

En el atestado, la UCO solicita al juez nuevas diligencias “para determinar el destino dado a fondos retornados a España, ordenes europeas de investigación a las autoridades de Portual para que aporten información complementaria y comisiones rogatorias internacionales orientadas a la investigacion de fondos transformados en criptomonedas”.

El empresario Juan Carlos Cueto, imputado en el caso Mascarillas y al que Anticorrupción ubicaba en un inicio como la persona que estaba detrás de la empresa a la que se adjudicaron los contratos investigados -Soluciones de Gestión-, ha declarado este viernes ante la Audiencia Nacional de manera voluntaria. Ante el juez Ismael Moreno ha explicado que en ningún momento fue consciente de que por esas adjudicaciones se abonaran comisiones ilegales y que sólo atendió a una posibilidad de negocio que se le ofreció en plena pandemia. Íñigo Rotaeche, quien fuera administrador de Soluciones de Gestión, ha mantenido idéntica línea de defensa en unas declaraciones que, para las fuentes consultadas presentes en la comparecencia, estaba coordinada.

Durante la declaración de Cueto, la Fiscalía se ha interesado por un dato que aparece en los hechos probados de la sentencia del caso Mascarillas por la que se condenó al exministro José Luis Ábalos: que hubo un acuerdo de prestación de servicios y colaboración para el suministro de mascarillas entre Soluciones y Grupo Cueto el 16 de marzo de 2020, cinco días antes de que se firmara la orden ministerial por la que Ábalos aprobaba que Puertos del Estado realizaría esa compra de 8 millones de mascarillas.

Las fuentes consultadas indican que Cueto, este viernes, ha sostenido que la fecha de ese contrato de colaboración fue un error de José Ángel Escorial, otro de los investigados por estar vinculado a Soluciones de Gestión. Ha apostillado que en realidad debía haber aparecido la fecha del 19 de marzo, que es cuando él supo tras reunirse con Víctor de Aldama en la calle, a los pies del Ministerio de Transportes, que se preparaba esa compra.

De hecho, la defensa de Cueto, dirigida por el abogado Alfonso Trallero, ha adelantado que prepara un informe pericial con el que busca “fijar la fecha de inicio de comunicaciones entre los distintos socios que se encargaron de suministrar las mascarillas al Ministerio de Transportes”.

En su declaración como investigado de febrero de 2024, cuando estalló el caso, Cueto sostuvo ante el juez del caso que trató de ayudar a los españoles con su actuación y no aprovecharse de la venta de material sanitario porque en ese momento el país atravesaba lo más duro de la pandemia de coronavirus. Además, sostuvo que existía un informe elaborado por la consultora KPMG en 2021 que concluía que los precios de venta de mascarillas fueron acordes al mercado y que el margen de beneficio era reducido.

El Ministerio Público situaba en un inicio a Cueto como la “persona que realmente controla la sociedad Soluciones de Gestión, integrada en el grupo Cueto” aunque esta figurase como propiedad de otro de los investigados, el empresario vasco Íñigo Rotaeche. Cueto, según Fiscalía, se habría embolsado 9,6 millones de euros.

Este viernes, el fiscal Luis Pastor le ha vuelto a preguntar por la conexión entre el Grupo Cueto y Soluciones de Gestión. Cueto se ha puesto de perfil: compartían misma sede porque se trataba de un 'coworking', ha defendido.

Por su parte, Rotaeche ha defendido este viernes ante el juez, en una comparecencia que se ha extendido más de una hora, la legalidad de los contratos firmados para la adquisición de mascarillas y ha negado que se pagaran comisiones ilegales a la trama para la adjudicación de los mismos. Cabe recordar que al inicio de la causa se acogió a su derecho a no declarar alegando que desconocía los hechos por los que estaba imputado.

El caso Mascarillas ya fue juzgado por el Tribunal Supremo pero solo para el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y comisionista Víctor de Aldama. La sentencia condenó a Ábalos a 24 años de prisión mientras que el comisionista, que en noviembre de 2024 apostó por colaborar con la Justicia, fue condenado pero evitó la cárcel.

El pasado 6 de septiembre el periódico El Mundo publicó que el comisionista Víctor de Aldama -condenado por el Supremo en el caso Mascarillas- declaró ante un juez de la Audiencia Nacional que al menos 300.000 euros procedentes del gobierno venezolano fueron derivados a sus propias cuentas en España. Añadió que él sacó en metálico esa cantidad y que se la entregó en mano a Koldo García, el asistente del exministro José Luis Ábalos.

Según publicaba ese medio, este flujo formaba parte de una operativa mayor que buscaba traspasar cantidades millonarias al PSOE y a la Internacional Socialista para financiarlas de manera irregular, y añadía que en ese 'plan' encajaba el sobre que entregó Aldama a la Audiencia Nacional antes del verano y que contendría cupos de PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela.

Lo cierto es que el juez Ismael Moreno investiga en una pieza secreta los pagos en metálico del partido de Gobierno. Una pieza que fue desgajada del caso Koldo después de que el magistrado del Supremo Leopoldo Puente intuyera que el trasiego de tiques de gastos en la formación pudo servir para blanquear dinero a los investigados Koldo García y Ábalos.

La revelación ante el juez de Aldama, la enésima 'colaboración' del comisionista, ha obtenido en esta ocasión respuesta de quien aparece como el gran señalado de la información: Koldo García. En un audio, desde la cárcel madrileña de Soto del Real, donde cumple la condena de 19 años y medio de prisión impuesta por el Supremo, quien fuera la mano derecha de Ábalos pone pie en pared y acusa al empresario de mentir.

“Desmiento la noticia sobre mi persona diciendo que he cogido dinero para el PSOE o para la Internacional Socialista y que me lo ha dado el señor Aldama. Es totalmente falso y no hay prueba. Pero como lo dice Aldama y todo lo que dice va a misa, pues adelante. Pero no, es mentira. Voy a intentar decir la verdad porque cuando un medio dice que Aldama ha sacado o estafado 28 millones a los españoles a través de Portugal, eso no lo publica nadie, esos medios imparciales”.

Quien fuera asesor ministerial en el Ministerio de Transportes durante la pandemia anuncia en ese audio, además, que se abrirá una cuenta personal en redes sociales, emulando a Ábalos, porque entiende que es “la única solución para desmentir todas las falsedades que se vierten” sobre su persona: “Ahí contaré mi verdad”.

Precisamente, sobre la credibilidad que se le da a las aseveraciones de Aldama sobre la financiación del PSOE en determinados medios de comunicación, ha hablado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “Se le da mucha más credibilidad a una persona que es un delincuente que a una organización política”.

En una entrevista concedida al programa 'Mañaneros 360' de TVE, el presidente ha comentado que su formación ha realizado “un ejercicio de striptease” presentando todas las facturas y recibos desde 2014 a 2017, incluyendo donaciones, y ha recalcado que “no hay financiación irregular del Partido Socialista”. “No la hay. Y bueno, yo no sé si nos imputarán o no nos imputarán, pero yo le puedo garantizar que no hay financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español”, ha enfatizado.

Al hilo, ha explicado que se están viendo “cosas sorprendentes” en las investigaciones, por lo que si finalmente acaba siendo imputada la formación irán a defender “su inocencia y las cosas bien hechas”. Aldama, según El Mundo, habría declarado ante la Audiencia Nacional que existió un contrato ficticio de 15 millones de euros vinculado a la supuesta financiación irregular del PSOE. Ese contrato estaría ya en manos de la Fiscalía Anticorrupción.

La demanda civil por difamación presentada por el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, contra el empresario Víctor de Aldama afronta sus últimos trámites antes de llegar a juicio salvo que se produzca un improbable acuerdo entre ambos. Según una resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es, la plaza 8 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid celebrará el próximo 4 de noviembre la audiencia previa, una fase del procedimiento que tiene lugar antes de la vista oral y en la que, entre otras cuestiones, se ofrece a las partes la posibilidad de alcanzar un acuerdo y poner fin al litigio.

Aldama, que fue condenado por corrupción en el caso Ábalos y al que el Tribunal Supremo suspendió la entrada en prisión por su supuesta colaboración con la Justicia, acusó a Bolaños en un programa de Telemadrid de haber intentado comprar su silencio a cambio de dinero. El pasado mayo, Bolaños lo demandó por vulnerar su derecho al honor y reclamó que se condenaran “las falsedades” que a su juicio estaba difundiendo ante la prensa y en sus redes sociales “sin ninguna prueba ni fundamento, con un evidente fin espurio”. También solicitaba ser indemnizado con 70.000 euros por daños y perjuicios.

El artículo 414.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no establece que Bolaños y Aldama tengan que acudir personalmente a este trámite, en el que podrán estar representados por sus abogados o procuradores.

Las afirmaciones de Aldama

“Me ha contactado a través de mi jefe de comunicación, Ramón Bermejo, para ofrecerle mucho dinero para que yo me callara”, dijo Aldama en ese programa. Los periodistas que le rodeaban no cuestionaron aquella afirmación, remarcaron su gravedad y el presentador intentó confirmar si había sido directamente el ministro Bolaños quién había llamado a Bermejo para ofrecerle dinero. Aldama contestó: “Sí”.

El citado juzgado admitió la demanda y emplazó al empresario a presentar alegaciones y a la Fiscalía a pronunciarse sobre si la demanda debía seguir tramitándose, como finalmente ha ocurrido. En su escrito de respuesta, la defensa de Aldama se escudaba en el periodista Ramón Bermejo, quien empezó a ejercer como su portavoz cuando este abandonó la prisión tras pactar con la Fiscalía Anticorrupción una colaboración con la Justicia.

Sin embargo, ese mismo escrito puso de manifiesto la falsedad de la argumentación de Aldama, dado que ninguna de las llamadas presentadas en el juzgado correspondientes al teléfono de su portavoz tienen al ministro como interlocutor.

Según Aldama, Bermejo llamó entre marzo y julio de 2024 a distintos números de teléfono de la sede socialista de Ferraz y de varios departamentos del Gobierno en el Palacio de la Moncloa, y que fue entonces cuando le ofrecieron dinero a cambio del silencio del empresario corrupto.

En ese periodo nadie sabía que el comisionista, que entonces seguía en libertad aunque imputado en el caso mascarillas, podría tener intención de tirar de la manta. Aldama entró en prisión en octubre de 2024 por su implicación en un caso de fraude millonario en el sector de los hidrocarburos y fue ahí cuando inició su colaboración con la Justicia.

En ese escrito la defensa del empresario asegura también que en esas llamadas, según lo trasladado por Bermejo, participaron “personas mandatadas por Bolaños” como su ex jefe de gabinete Rafael Oñate y otras personas del departamento ministerial. Oñate dejó de ser jefe de gabinete de Bolaños en noviembre de 2023, meses antes de las supuestas conversaciones.

En ese momento, Aldama era un empresario desconocido para el gran público del que todavía no había trascendido su papel en la causa de las mascarillas, un caso que la Fiscalía Anticorrupción investigaba entonces de manera reservada.

A falta de un pacto de última hora, que parece poco probable, la audiencia del próximo 4 de noviembre servirá para que las partes propongan la prueba de cara al juicio. La magistrada deberá decidir si acepta o no esa prueba antes de señalar la fecha de la vista oral.

La Fiscalía Europea ha informado a la Audiencia Nacional de que su delegación portuguesa le ha remitido una investigación abierta por blanqueo de capitales en la que tendría un papel protagónico el empresario y comisionista Víctor de Aldama y que estaría vinculada con el fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos que investiga el magistrado Santiago Pedraz.

En un decreto, adelantado por El País y al que ha tenido acceso elDiario.es, la Fiscalía Europea explica que las pesquisas en el país luso arrancaron gracias a la información facilitada por diversas entidades bancarias, que detectaron “grandes transferencias bancarias hacia cuentas portuguesas desde cuentas bancarias españolas”. Las autoridades portuguesas constataron que entre 2022 y 2024, “aproximadamente 27,9 millones de euros entraron en el sistema bancario portugués”, en cuentas pertenecientes a sociedades portuguesas, transferidos desde cuentas en España.

Quien estaba detrás de esas cuentas eran sociedades relacionadas con el sector de los hidrocarburos. Coinciden con las mercantiles que según la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil eran usadas por la trama española liderada por Aldama y por su socio Claudio Rivas para mover el dinero defraudado. Así, en la investigación portuguesa que recoge ahora la delegación española de la Fiscalía Europea se menciona a Canary Islands, Salamanca Fuel, Casmar Hidrocarburos y Obaoil 3000.

Los fiscales indican que esas empresas radicadas en España y vinculadas con la organización criminal “estaban utilizando empresas pantalla portuguesas para realizar supuestos pagos por suministros” pero sin las correspondientes declaraciones de IVA. Esto permitía que las ganancias ilícitas generadas fueran devueltas a cuentas en España.

Según ha podido constatar Portugal, de esos 27,9 millones de euros, al menos 9 millones han regresado a cuentas bancarias en España, alrededor de 3 millones han sido enviados al Reino Unido a brókeres de criptomonedas y otros 3 millones han sido dispersados a cuentas abiertas en diversas jurisdicciones: Polonia, Francia, Bélgica, Lituania, Italia, Alemania y Uruguay, entre otros. Y destaca que en Portugal permanecieron 13 millones de euros, de los cuales aproximadamente 11,8 millones fueron incautados.

Tras analizar una a una las empresas pantallas portuguesas utilizadas presuntamente por la trama, los fiscales concluyen que existía “un circuito de fondos que comienza en España”, que pasa por hasta dos empresas lusas y que luego es de nuevo transferido de vuelta a España, “lo que genera la evidente sospecha de que se trata de meras maniobras de circulación de fondos con fines de lavado de capitales”.

“Empresas fachada”

Entre las sociedades portuguesas, los fiscales destacan el caso de Atmosferaudaz, de la que dice que posee cuatro cuentas bancarias que pueden ser gestionadas por Víctor de Aldama y que entre enero de 2022 y noviembre de 2023 recibieron un importe total de crédito de 7,4 millones de euros de ñas sociedades Salamanca Fuel Center, Casmar Hidrocarburos SL, Trasportes la Ribersa Carmar SL y Canay islands Fuel Company. Esa sociedad lusa de Aldama movió de nuevo dinero a España a empresas del propio comisionista, como MTM180 Capital.

No obstante, la delegación lusa de la Fiscalía Europea considera que “las personas jurídicas y físicas investigadas no obtuvieron, en Portugal, las ventajas financieras ilegítimas (...), es decir, no se ha cometido fraude fiscal en Portugal”. Pero en cambio, indica que tras el análisis de los flujos financieros y la actividad de las empresas portuguesas utilizadas en el esquema de blanqueo de capitales, se concluye que se está ante un grupo de empresas españolas del comercio de combustibles “que utilizaron empresas fachada portuguesas para realizar supuestos pagos por suministros, sin la debida declaración del IVA y con el objetivo de permitir la devolución de las ganancias ilegítimas generadas a cuentas en España”.

La delegación lusa de la Fiscalía Europea acordó transferir el caso a la delegación española que, ahora, acuerda abrir un procedimiento para verificar si el caso es de su competencia o no. Precisamente, Aldama fue puesto en libertad en 2024, cuando permanecía en prisión provisional por ese fraude del IVA, gracias a que decidió colaborar en otra causa, la del caso Mascarillas, por la que ya fue juzgado y condenado por el Supremo si bien se libró de una condena que conllevara su entrada en prisión.

Cuando en 2024 estalló el caso de fraude en el IVA en el sector de los hidrocarburos que afecta al empresario y comisionista Víctor de Aldama, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, acordó su detención y su prisión provisional. Pero hizo algo más: se hizo con los bienes de los principales investigados de la trama. Entre otros activos, la Audiencia Nacional se quedó con el Ferrari F12 de Aldama.

El caso es que ese vehículo, y otros de los que desde entonces se hizo cargo la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) -institución dependiente del Ministerio de Justicia-, deben llevar un mantenimiento porque, de lo contrario, pierden valor en el mercado. Dado que el objetivo es que sirva para hacer frente a las posibles multas e indemnizaciones futuras, se busca obtener de ellos el mayor valor posible. Por eso, el Estado por regla general, trata de convertir en 'dinero' esos bienes para evitar tener que estás gastando fondos del erario público en mecánicos para que no se devalúen.

Tras pedir un peritaje a la tasadora Tinsa, la ORGA ha informado a la Audiencia Nacional de que su precio de subasta sería de 241.613 euros. El modelo en cuestión está matriculado en 2013 y lleva sin pasar la ITV desde 2024.

La ORGA le indica al juez que, si en 10 días no dice lo contrario, esa subasta electrónica se celebrará en el Portal de Subastas de la Agencia Estatal. Explica, además, que el precio mínimo de adjudicación no podrá ser inferior al 50 por ciento de su valor a efectos de subasta, lo que indica que ese Ferrari podría llegar a ser comprado por 120.000 euros. Se trataría, a juzgar por el precio de ese modelo en el mercado de segunda mano, de una ganga. A ese Ferrari se unen para la subasta tres todo terreno de la marca Land Rover que sumarían un valor de tasación total de 200.000 euros.

En mayo de 2025, la defensa de Aldama pidió expresamente al juez Pedraz que no autorizara esas subastas de sus vehículos al entender que con esa medida se vulneraba su presunción de inocencia. Solicitó, además, que se acordara mantener los vehículos a resguardo y en “buen estado de conservación”.

La ORGA, ese mismo año, había solicitado estas subastas dado que los vehículos “son efectos que, aun sin sufrir deterioro material, se deprecian sustancialmente por el paso del tiempo y el desuso” y dado que su depósito conlleva gastos. Insistió así en que lo conveniente era vender o subastar nueve de ellos, entre los que se encontraba un Jaguar, el Ferrari y varios Land Rover.

En esta causa se investiga tanto a Aldama como a su socio Claudio Rivas como presuntos cabecillas de una trama a la que se le atribuye un fraude del IVA de 231,7 millones de euros.

La Agencia Tributaria mantiene abiertas 35 investigaciones vinculadas a posibles fraudes en las declaraciones del IVA en el sector de hidrocarburos, una rama sobre la que el fisco ha endurecido el control tras detectar un “auge” en estos ilícitos. El caso más sonado y reciente es el presuntamente liderado por el empresario, comisionista y corrupto confeso Víctor de Aldama, quien habría desempeñado un papel clave a la hora de defraudar 180 millones de euros a la Hacienda pública, una causa aún pendiente de juicio.

Esa treintena de actuaciones se encuentran en distintas instancias y fases, según fuentes de la Agencia Tributaria, organismo que ha colocado como uno de sus “objetivos prioritarios” la erradicación de este fenómeno “dado el enorme perjuicio que estaba causando, tanto a la sociedad como a la Hacienda Pública”.

Solo por poner un ejemplo, más allá de casos mediáticos: de los diez mayores morosos de la lista que publica anualmente el fisco, cinco son compañías vinculadas a este fraude, que deben cerca de 900 millones de euros a la Agencia Tributaria. Son Bio Zenite Energy (232,9 millones), Metaway Combustibles (195,6 millones), Vertix Petroleum (194,7 millones), Marillion SLU (151,1 millones) y Biomar Oil (119,1 millones). Pero son decenas de sociedades y la deuda global se sitúa cerca de los 1.500 millones (de un total de 15.400 millones).

Entre ellas, también, Villafuel SL, la compañía que da nombre a la trama que involucra no solo a Víctor de Aldama –condenado a cuatro años y medio de cárcel por el caso Mascarillas, pero eximido por el Supremo de ingresar en prisión–, sino también a Carmen Pano, la empresaria que dijo haber llevado 90.000 euros en billetes a la sede del PSOE en Ferraz. En su momento, Pano aseguró que ese efectivo era de Claudio Rivas, dueño de la compañía en cuestión.

Rivas tiene dos causas más abiertas en la Audiencia Nacional: el caso Gaslow, por el presunto fraude de 148 millones de euros en el pago del IVA de hidrocarburos, entre 2018 y 2021; y el que involucra a otra sociedad (SKT Oil), por un quebranto de más de 70 millones entre 2016 y 2018.

Empresas que desaparecían sin pagar el IVA

Pese a que los tentáculos de la trama hidrocarburos se han mezclado con la política española a través del caso Koldo, y ya resulta difícil saber dónde empieza uno y acaba otro, el mecanismo por el que se llevaba a cabo este presunto fraude era relativamente sencillo. Los presuntos defraudadores creaban empresas pantalla que compraban el combustible, lo vendían cobrando el IVA a sus clientes y, después, desaparecían antes de que Hacienda pudiera reclamar el impuesto. Eso le permitía vender el combustible a precios más baratos y ganaban cuota de sus competidores.

A la vista de que el problema del fraude de hidrocarburos no dejaba de engordar, suponiendo un quebranto cada vez mayor para la Hacienda pública, el Gobierno decidió reforzar los controles para ser un operador mayorista del sector. Hasta 2023, las empresas solo debían acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera ante el registro gestionado por el Ministerio de Industria, siendo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quien publicaba, posteriormente, un listado de aquellas compañías al por mayor en ejercicio.

En aquel año, el Ministerio para la Transición Ecológica sustituyó a Industria en esas funciones y, al mismo tiempo, la Agencia Tributaria puso en marcha el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (Redef), dado que “las actuaciones de control represivas (y a posteriori) no eran suficientes para atajar el fraude en el sector”, reconocen desde el fisco.

A través del Redef, que entró en marcha también en 2023, el Gobierno estableció que los titulares de los depósitos fiscales de los hidrocarburos se convertían en responsables subsidiarios en el caso de una deuda con Hacienda, siempre y cuando permitieran su extracción (es decir, la retirada del combustible) por parte de operadores no autorizados en el registro. La primera versión de este listado incluyó inicialmente a numerosas compañías que ya estaban involucradas en fraudes al IVA, explican desde la Agencia Tributaria, por lo que se tuvo que depurar el listado hasta entrado 2024, “de manera que el fraude al IVA en el sector se redujo de manera muy notoria”.

Además, con la reforma fiscal de 2024, Hacienda puso en marcha la llamada ‘solución italiana’, que obliga a los operadores a garantizar el pago del IVA –bien con avales o a través de un adelanto– antes de la salida del depósito y no meses después, una exigencia que solo se puede salvar en el caso de que sean reconocidos como ‘confiables’. Precisamente, para evitar que las empresas desaparezcan sin pagar los impuestos correspondientes. Este sistema empezó a funcionar el pasado 1 de febrero y fuentes del fisco apuntan que los resultados “están siendo muy positivos”, ya que garantizan una detección temprana del fraude, en el caso de que suceda.

Los formularios que tienen que rellenar estas operadoras se encuentran en pleno proceso de renovación. El Ministerio de Transición Ecológica publicó el pasado mes de junio una consulta para la actualización de los formularios que han de rellenar estas operadoras, con el objetivo de recoger las nuevas categorías de combustibles y, también, para facilitar la lucha contra el fraude.

El Cabildo de Lanzarote, gobernado por Coalición Canaria y el Partido Popular, ha acordado contratar al abogado José Antonio Choclán para presentar una querella ante el Tribunal Supremo contra la expresidenta insular y diputada en el Congreso Dolores Corujo (PSOE). La corporación ha contratado los servicios del Bufete Choclán por 14.500 euros, más 1.015 euros de IGIC, al límite del importe máximo establecido por la ley para los contratos menores.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, anunció en Radio Lanzarote la querella contra Corujo después de que se conociera que la Fiscalía del Tribunal Supremo había archivado otra denuncia presentada por CC contra la socialista. Esta denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Arrecife por David Monte, director insular de Presidencia del Cabildo y abogado del senador nacionalista Pedro Sanginés. La denuncia fue remitida a los fiscales del alto tribunal, ya que Corujo está aforada ante el Supremo al ser diputada en el Congreso.

Los hechos que denunció Monte se remontan a 2020, cuando Corujo estaba al frente del Cabildo tras diez años de gobierno de Sanginés. El director insular trasladó al Ministerio Público unas supuestas irregularidades en la incorporación del exconsejero Juan Manuel Sosa al grupo de gobierno socialista. Según él, el objetivo habría sido garantizar la legislatura del PSOE y evitar una moción de censura de CC y el PP.

Tres letrados y ''numerosos procedimientos''

Para justificar la contratación del despacho madrileño, el Cabildo argumenta que su Asesoría Jurídica cuenta con tres letrados y un ''número de procedimientos'' desde 2012 de ''numerosos procedimientos''. Aunque el documento no aclara la cifra exacta, el Cabildo mantiene que ''la cantidad de procedimientos y la diversidad de materias hace imposible que desde la Asesoría Jurídica se tramiten todos y cada uno de ellos''. En esta línea, añaden que la especialización de las letradas no incluye el Derecho Penal.

José Antonio Choclán ya ha representado a otros políticos de Canarias. Entre ellos está incluso el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo (CC), que lo contrató para que lo defendiera en el caso Grúas, o la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. Choclán también ha defendido a importantes empresarios de las islas, como el lanzaroteño Juan Francisco Rosa o Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas.

El abogado penalista defendió a Víctor de Aldama en el caso Ábalos, que se saldó con cuatro años y medio de prisión para él, 24 para el exministro de Transportes José Luis Ábalos y 19 y medio para el exasesor Koldo García. Choclán también ha sido contratado por otros concoidos nombres como Julio Iglesias, Cristiano Ronaldo, Cristina Cifuentes o Corinna Larsen.

Una ''persecución judicial''

En una nota de prensa, Dolores Corujo ha valorado que la contratación de Choclán ''no es más que un intento a la desesperada de Oswaldo Betancort'' de mantener viva una ''persecución judicial contra ella''. Además, rechaza que se utilicen fondos públicos ''con el único fin de inhabilitarla''.

Corujo ha recordado que la Fiscalía ha negado de manera tajante la existencia de indicios penales en la denuncia de David Monte, y recuerda que este fue contratado como director insular ''con un sueldo de más de 5.000 euros al mes''. ''Ahora, cuando se demuestra que las acusaciones contra mí carecían de cualquier fundamento, Oswaldo Betancort paga 15.500 euros a Choclán tan solo por la presentación de una querella contra mí, en una huida hacia adelante que tan solo pretende mantener viva una denuncia que carece de todo fundamento'', reprocha la socialista.

''Poco le importa el dinero público cuando dilapida más de cinco mil euros al mes en pagar al abogado CC en el Cabildo y contrata a Choclán, que tan solo por presentar la denuncia cobrará 15.500 euros'', asevera Corujo.

Con una torpeza que empieza a ser marca de la casa (para desgracia de Núñez Feijóo), la portavoz del PP, Ester Muñoz, dejó meridianamente claro a las pocas horas de conocerse la sentencia que condenaba al hermano del presidente del Gobierno cuál era el objetivo real de todo aquel proceso: provocar la caída del gobierno. Muñoz dijo que la condena de David Sánchez representaba “un día histórico que haría caer a cualquier Gobierno”. Imposible dejarlo más claro.

Miguel Tellado, otro a quien se le entiende todo, escribió en las redes sociales “El hermano de Sánchez ha sido condenado, como ”su“ fiscal general, como ”su“ primer número dos, Ábalos, como quien custodió sus avales, Koldo”. La constatación de la existencia de una operación más o menos coordinada para tumbar al gobierno ya no en boca de un ministro o de un dirigente del PSOE, ni de un tertuliano progubernamental. El mismísimo número dos del PP explicándolo abiertamente a quien quiera oír y entender. Nada que esconder.

Fiscal general, contigo empezó todo

En el ordenamiento jurídico español, como en el de tantos países, el Tribunal Supremo sienta jurisprudencia, es decir define la línea que han de seguir las instancias judiciales inferiores. Parecería que este precepto, más allá de su contenido estrictamente jurídico, también es válido para entender lo que está pasando. El proceso contra el fiscal general por revelación de secretos y su condena, sobre todo su condena y los argumentos en los que ésta se basó (discutidos por débiles, indiciarios y sesgados), mostraron al resto de instancias judiciales cuál era el margen de interpretación que podían tomarse a la hora de enjuiciar aquellos supuestos delitos que afectaban al gobierno y a su entorno.

Ese margen que se daba a todos y cada uno de los jueces era extraordinariamente amplio. Y no sólo a los jueces, también a los cuerpos que actúan como policía judicial, acostumbrados ya a formular hipótesis y juicios de valor y de legalidad que acostumbran a ser tenidos como verdades por parte de los instructores; y a los que se permitió registrar nada más y nada menos que el despacho oficial del fiscal general del Estado, además de vaciar el contenido de su teléfono móvil (que García Ortiz había borrado previamente, una acción que molestó tanto a sus juzgadores que acabó figurando en la sentencia como un indicio de su culpabilidad).

El proceso contra el fiscal general debe entenderse como el ejemplo de todos los demás también en su desarrollo, y no sólo por su arranque (una acusación por parte de una asociación ultraderechista basada en recortes de periódicos). El proceso contra García Ortiz derivó en una acción de intimidación al gobierno, no tanto por parte del poder judicial como por los medios. La idea era que, si el fiscal dimitía, el proceso decaía. Que se rinda y no le va a pasar nada, parecía la consigna, propagada por algún opinador bienintencionado próximo al PSOE. Con su obstinación, el fiscal general estaba poniendo en riesgo a la institución, lo más“sensato” era que dimitiese, por el propio bien de la Fiscalía.

La “obstinación” de García Ortiz en permanecer en el cargo y presentarse ante el tribunal como fiscal general en ejercicio tenía todo el sentido si se consideraba inocente. Era él quien devolvía la pregunta ¿Hasta dónde se estaba dispuesto a llegar frente al respeto a los derechos y la vida personal de los afectados y frente al propio respeto a las instituciones judiciales, su imparcialidad y su función en un Estado de Derecho? La respuesta derivada de la sentencia de la sala segunda del Supremo fue contundente: estamos dispuestos a llegar hasta donde haga falta. Un mensaje claro para todo el mundo, no sólo para los acusados, sino para los futuros acusados. Y para todos los jueces que tuvieran entre manos asuntos que afectan directa o indirectamente al gobierno. Barra libre.

El problema es que los jueces son, en este sentido, como los militares. Una vez se han convencido de salir de los cuarteles, es muy difícil convencerlos de que vuelvan a entrar en ellos.

Justicia de opinión

El término “opinocracia” define un mundo en el que la opinión se convierte en el centro del debate público, condicionándolo todo. Es algo claramente aplicable a nuestro mundo, atravesado por diversas crisis que han acabado por diluir la antigua frontera entre lo que se consideraba información y lo que era simplemente opinión. La información se basa en hechos reales contrastados, acontecimientos que realmente han ocurrido y a los cuales se puede volver para comprobar la veracidad de lo que se dice sobre ellos. La opinión no requiere de un apoyo en la realidad. No es comprobable ni verificable. Vale lo que vale quien la propaga, nada más.

En las últimas décadas el combate entre información y opinión ha ido cayendo del lado de esta última. La opinión ha ido invadiendo espacios en los que hasta hace relativamente poco tiempo le estaba vedado el acceso. El periodismo (o lo que queda de él) es hoy un terreno en el que es hasta cierto punto imposible separar lo que es información de lo que es opinión, sobre todo en aquellos medios rendidos a la ideología y al beneficio a cualquier precio. Las redes sociales ya nacieron como el imperio de la opinión.

Algunos espacios se mantenían (y se mantienen, a duras penas) exentos de la ofensiva de la opinión y resistían atados al palo de los hechos. La justicia era uno de ellos. Pero lo que vemos ahora son sentencias en las que, sin aviso previo, se cuelan opiniones, hipótesis, digresiones aparentemente inocentes, caídas aquí y allá, que en algunos casos sirven para apuntalar veredictos, sobre todo cuando éstos no encuentran suficiente sustento en los hechos probados. O incluso cuando hechos probados, o testimonios aportados en la causa, contradicen las conclusiones de la sentencia.

Más allá de los casos que afectan al Gobierno, esta deriva resulta particularmente preocupante en un paisaje judicial sobre el que desde hace años caen críticas que señalan que lo que está en peligro no es la independencia de los jueces, sino su imparcialidad y la consecuente exigencia de dejar de lado sus propias posiciones personales e ideológicas y actuar sin más criterio que el sometimiento a la ley.

Quiéreme como la justicia quiere a Aldama

Lo que estamos viviendo no es una operación concertada al milímetro, con un mando supremo y unos intereses inequívocos a los que se pliegan todas las acciones. Ese tipo de conspiraciones no van con el carácter nacional. Por debajo de la consigna, del toque de corneta, del “café” como el de hace noventa años, que recordaba el gran Juliana, hay vendettas personales, espabilados, zancadillas que se aprovechan que el Pisuerga pasa por allá y el que puede hacer pues ya que estamos, hace.

Si todo formara parte de un único plan maléfico no se cometerían según que errores. Pero la maraña de favores, actores secundarios, intereses y demás completa un cuadro barroco, atestado de tramas y personajes que a veces desvían la atención de lo que debería ser el núcleo del tema: tumbar al gobierno, si puede ser por la vía más rápida posible.

Sólo así se entienden algunas tramas secundarias de la obra, cuyo desenlace no ayuda en el objetivo final, sino que más bien lo perjudica, pero que tienen su razón de ser. Es el caso de la condena a Aldama en el caso “mascarillas” que condenó a Ábalos y a Koldo García aveinticuatro y diecinueve años de prisión, respectivamente. En la vista oral (ante los magistrados de la omnipresente sala segunda del Supremo), el comandante de la UCO (otros omnipresentes) declaró que las informaciones suministradas por Aldama no habían sido de gran ayuda a la investigación.

Pero es que Aldama no se ha librado de la cárcel (y ha mantenido las ganancias de sus negocios) por su contribución al proceso penal. No son sus declaraciones ante el juez de instrucción lo que le ha salvado, sino más bien sus apariciones en tertulias y programas televisivos, en los que ejerce de azote de la corrupción gubernamental y defensor de la democracia y de la Constitución, que en su autorizada opinión exigen la caída del gobierno. Sería ese papel de Cid reencarnado (“España se va a la mierda y yo solo no puedo”) el que le ha valido a Aldama el cariño maternal de la justicia. Ese al que ahora aspira también Julito, el amigo de ZP.

La precuela

Precisamente la aparición estelar de Julito, camino a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional, cuerpo enjuto, mirada huidiza, nos proporciona una de esas imágenes que, sin más aderezo, lo explican todo. No por el protagonista, sino por quien lo acompaña, paso firme, ademanes profesionales, mirada de quien está acostumbrada a tener la sartén (y la cacharrería entera) por el mango. Su abogada, Maria Dolores Márquez de Prado, que conecta la actual operación con otra, la que se desplegó hace exactamente treinta años (de 1993 a 1996, casualidades de la vida) con idéntico objetivo: tumbar al gobierno socialista de entonces.

La reaparición de Márquez de Prado sitúa la actual coyuntura donde le corresponde. Como una secuela, algo que ya habíamos vivido. Cambian los actores (no todos, como se ve), cambian los diálogos y hasta el decorado (tampoco tanto), pero el guion es el mismo. Una y otra vez.

Caza mayor

Si el objetivo final de la operación es la caída del Gobierno y todo lo que ha pasado no lo ha conseguido, lo único que les queda a los que pueden hacer y hacen es apuntar al corazón del Ejecutivo. El fiscal general era una pieza importante, pero no letal, como se comprobó. Ábalos ya estaba de salida, así que no funcionó. Zapatero hace más daño, pero tampoco ha sido el tiro de gracia.

La derivada mafiosa de todo esto es el acorralamiento a la familia del presidente. Su hermano ha sido condenado por ser el hermano de quien es, en un proceso rocambolesco cogido por los pelos. Estaría bien que la UCO pidiera el volcado del móvil del presidente del tribunal para ver las conversaciones de los últimos meses. No sufran, no va a pasar, pues la UCO no actúa si no es en el marco de un proceso judicial y bajo la estricta dirección de un juez instructor, que aquí no existen. Circulen, circulen.

El caso de la mujer del presidente es el ejemplo más evidente de esta estrategia de presión, y a la vez es un factor que puede acabar dando muy malas noticias al PP en unas futuras elecciones, principalmente por la manera burda con la que el juez instructor ha ido llevando el caso hasta hoy. Aunque Peinado puede parecer un lobo solitario, el hecho que lo hayan dejado llegar hasta aquí, con la aquiescencia de la audiencia provincial (sin mencionar a los jaleadores mediáticos), hace de este un caso que va más allá de la acción aislada de un instructor con ganas de notoriedad y de salvar a España.

Begoña Gómez va a tener que enfrentarse a un juicio con jurado popular… a no ser que su marido dimita. Este es el mensaje, limpio y claro. El mismo que se enviaba en el caso de García Ortiz. Estamos dispuestos a lo que sea. Ríndete o acabamos contigo. Si esto no surte efecto, si Sánchez no se va para salvar a su mujer, ya sólo les queda una pieza que abatir: el presidente. Y visto lo visto, no les va a temblar la toga ni sus arraigadas convicciones constitucionales.

Charcos

Todo esto, evidentemente, tiene sus riesgos. Un juicio con jurado popular a la mujer del presidente puede activar al espacio progresista, que vería en ese acto un trasunto de los procesos inquisitoriales. El riesgo, además, es aún mayor por lo de las sentencias y los cuarteles. Siempre puede haber alguna sentencia o alguna instrucción que se pase de acelerón, por convicción o porque se aspira a una medalla. Peinado lo ha hecho varias veces, lo que ha contribuido a generar en el espacio de la izquierda la imagen de una justicia politizada y escorada claramente a la derecha.

Más allá de estas salidas de autopista de unos magistrados convencidos de que están salvando a España con cada auto y providencia, la operación corre peligro por la torpeza que ha demostrado el equipo dirigente del PP, que no ha dejado de meterse en cada uno de los charcos que se va encontrando en su camino. La ley de nietos, el concebido no nacido, el pacto con Francia, el acercamiento a Junts. No pasará, pero Feijóo podría acabar yendo a Waterloo. Históricamente, el PP ha sido una máquina electoral impecable, pura ingeniería alemana (mejor, americana desde 1989). Pero en las últimas elecciones mostró un perfil terriblemente torpe, hasta el punto de que podemos decir que si Feijóo no ocupa la Moncloa desde 2023 no es porque no quisiera (como declaró) sino porque cometió tal cantidad de errores no forzados en la última semana de campaña, que dilapidó toda su ventaja. A una semana de las elecciones, Feijóo tenía la mayoría, pero entonces encadenó error tras error, alguno mítico como el de renunciar a asistir al debate de TVE con la excusa de que es un medio entregado al gobierno, para luego decir que en realidad no fue porque le dolía la espalda.

Dime de qué me acusas y te diré qué pretendes

Donald Trump acaba de decir que en 2020 hubo injerencias extranjeras en las elecciones presidenciales y que por eso no ganó. Por eso, y porque hubo funcionarios que intencionadamente manipularon los votos para evitar su victoria. Trump ha acusado abiertamente a China de interferir en las elecciones en las que perdió la reelección frente a Biden. Sin pruebas, sin aportar ningún documento que lo avale, e ignorando olímpicamente todos los documentos que precisamente prueban lo contrario.

Trump también soslaya las pruebas que demuestran que efectivamente hubo injerencia extranjera en las elecciones anteriores, las de 2016, las que precisamente él ganó. La famosa vía rusa, de la cual se habría beneficiado para convertirse en presidente. De eso no hizo ninguna mención Trump en su intervención a la nación. Viene siendo habitual en el repertorio trumpista acusar a tus rivales de hacer eso que aparentemente has hecho tú. Forma parte de la estrategia de la confusión desplegada por la derecha populista, y no sólo en Estados Unidos.

En España, las derechas hace tiempo que acusan a Pedro Sánchez de querer implantar un régimen autoritario. Se le ha acusado de torpedear la división de poderes cada vez que critica una actuación judicial o de querer silenciar al Parlamento para imponer un sistema a la turca (o a la venezolana). La apelación a que el “sanchismo” representa un peligro para la democracia española se ha convertido en un mantra de la derecha, junto con la defensa de la Transición que Sánchez (y antes Zapatero) se habría cargado con su ley de memoria democrática.

Ante esto, como en tantas otras ocasiones, es interesante recorrer a las declaraciones del expresidente Aznar, que acostumbra a actuar como vocero de las intenciones de la derecha (“el que pueda hacer…”). En una entrevista en ABC (2 de noviembre 2025) definió las próximas elecciones como “cuasi constituyentes” y en un almuerzo informativo (1 julio) remachó que “no nos jugamos un cambio de Gobierno, sino un cambio de sistema”. Para evitarlo, según Aznar, hace falta una “mayoría nacional” que vaya de izquierda a derecha. Una llamada a salvar a España de la anti-España. Con 210 diputados es posible emprender reformas de la constitución (artículo 167). Tal vez tenga razón Aznar, tal vez sí estemos ante unas elecciones constituyentes y un intento de cambio de régimen, pero por parte de la derecha. Una derecha que siempre ha considerado que el poder en este país le pertenece por derecho y los otros no son más que usurpadores.