El empresario Juan Carlos Cueto, imputado en el caso Mascarillas y al que Anticorrupción ubicaba en un inicio como la persona que estaba detrás de la empresa a la que se adjudicaron los contratos investigados -Soluciones de Gestión-, ha declarado este viernes ante la Audiencia Nacional de manera voluntaria. Ante el juez Ismael Moreno ha explicado que en ningún momento fue consciente de que por esas adjudicaciones se abonaran comisiones ilegales y que sólo atendió a una posibilidad de negocio que se le ofreció en plena pandemia. Íñigo Rotaeche, quien fuera administrador de Soluciones de Gestión, ha mantenido idéntica línea de defensa en unas declaraciones que, para las fuentes consultadas presentes en la comparecencia, estaba coordinada.

Durante la declaración de Cueto, la Fiscalía se ha interesado por un dato que aparece en los hechos probados de la sentencia del caso Mascarillas por la que se condenó al exministro José Luis Ábalos: que hubo un acuerdo de prestación de servicios y colaboración para el suministro de mascarillas entre Soluciones y Grupo Cueto el 16 de marzo de 2020, cinco días antes de que se firmara la orden ministerial por la que Ábalos aprobaba que Puertos del Estado realizaría esa compra de 8 millones de mascarillas.

Las fuentes consultadas indican que Cueto, este viernes, ha sostenido que la fecha de ese contrato de colaboración fue un error de José Ángel Escorial, otro de los investigados por estar vinculado a Soluciones de Gestión. Ha apostillado que en realidad debía haber aparecido la fecha del 19 de marzo, que es cuando él supo tras reunirse con Víctor de Aldama en la calle, a los pies del Ministerio de Transportes, que se preparaba esa compra.

De hecho, la defensa de Cueto, dirigida por el abogado Alfonso Trallero, ha adelantado que prepara un informe pericial con el que busca “fijar la fecha de inicio de comunicaciones entre los distintos socios que se encargaron de suministrar las mascarillas al Ministerio de Transportes”.

En su declaración como investigado de febrero de 2024, cuando estalló el caso, Cueto sostuvo ante el juez del caso que trató de ayudar a los españoles con su actuación y no aprovecharse de la venta de material sanitario porque en ese momento el país atravesaba lo más duro de la pandemia de coronavirus. Además, sostuvo que existía un informe elaborado por la consultora KPMG en 2021 que concluía que los precios de venta de mascarillas fueron acordes al mercado y que el margen de beneficio era reducido.

El Ministerio Público situaba en un inicio a Cueto como la “persona que realmente controla la sociedad Soluciones de Gestión, integrada en el grupo Cueto” aunque esta figurase como propiedad de otro de los investigados, el empresario vasco Íñigo Rotaeche. Cueto, según Fiscalía, se habría embolsado 9,6 millones de euros.

Este viernes, el fiscal Luis Pastor le ha vuelto a preguntar por la conexión entre el Grupo Cueto y Soluciones de Gestión. Cueto se ha puesto de perfil: compartían misma sede porque se trataba de un 'coworking', ha defendido.

Por su parte, Rotaeche ha defendido este viernes ante el juez, en una comparecencia que se ha extendido más de una hora, la legalidad de los contratos firmados para la adquisición de mascarillas y ha negado que se pagaran comisiones ilegales a la trama para la adjudicación de los mismos. Cabe recordar que al inicio de la causa se acogió a su derecho a no declarar alegando que desconocía los hechos por los que estaba imputado.

El caso Mascarillas ya fue juzgado por el Tribunal Supremo pero solo para el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y comisionista Víctor de Aldama. La sentencia condenó a Ábalos a 24 años de prisión mientras que el comisionista, que en noviembre de 2024 apostó por colaborar con la Justicia, fue condenado pero evitó la cárcel.

El pasado 6 de septiembre el periódico El Mundo publicó que el comisionista Víctor de Aldama -condenado por el Supremo en el caso Mascarillas- declaró ante un juez de la Audiencia Nacional que al menos 300.000 euros procedentes del gobierno venezolano fueron derivados a sus propias cuentas en España. Añadió que él sacó en metálico esa cantidad y que se la entregó en mano a Koldo García, el asistente del exministro José Luis Ábalos.

Según publicaba ese medio, este flujo formaba parte de una operativa mayor que buscaba traspasar cantidades millonarias al PSOE y a la Internacional Socialista para financiarlas de manera irregular, y añadía que en ese 'plan' encajaba el sobre que entregó Aldama a la Audiencia Nacional antes del verano y que contendría cupos de PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela.

Lo cierto es que el juez Ismael Moreno investiga en una pieza secreta los pagos en metálico del partido de Gobierno. Una pieza que fue desgajada del caso Koldo después de que el magistrado del Supremo Leopoldo Puente intuyera que el trasiego de tiques de gastos en la formación pudo servir para blanquear dinero a los investigados Koldo García y Ábalos.

La revelación ante el juez de Aldama, la enésima 'colaboración' del comisionista, ha obtenido en esta ocasión respuesta de quien aparece como el gran señalado de la información: Koldo García. En un audio, desde la cárcel madrileña de Soto del Real, donde cumple la condena de 19 años y medio de prisión impuesta por el Supremo, quien fuera la mano derecha de Ábalos pone pie en pared y acusa al empresario de mentir.

“Desmiento la noticia sobre mi persona diciendo que he cogido dinero para el PSOE o para la Internacional Socialista y que me lo ha dado el señor Aldama. Es totalmente falso y no hay prueba. Pero como lo dice Aldama y todo lo que dice va a misa, pues adelante. Pero no, es mentira. Voy a intentar decir la verdad porque cuando un medio dice que Aldama ha sacado o estafado 28 millones a los españoles a través de Portugal, eso no lo publica nadie, esos medios imparciales”.

Quien fuera asesor ministerial en el Ministerio de Transportes durante la pandemia anuncia en ese audio, además, que se abrirá una cuenta personal en redes sociales, emulando a Ábalos, porque entiende que es “la única solución para desmentir todas las falsedades que se vierten” sobre su persona: “Ahí contaré mi verdad”.

Precisamente, sobre la credibilidad que se le da a las aseveraciones de Aldama sobre la financiación del PSOE en determinados medios de comunicación, ha hablado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “Se le da mucha más credibilidad a una persona que es un delincuente que a una organización política”.

En una entrevista concedida al programa 'Mañaneros 360' de TVE, el presidente ha comentado que su formación ha realizado “un ejercicio de striptease” presentando todas las facturas y recibos desde 2014 a 2017, incluyendo donaciones, y ha recalcado que “no hay financiación irregular del Partido Socialista”. “No la hay. Y bueno, yo no sé si nos imputarán o no nos imputarán, pero yo le puedo garantizar que no hay financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español”, ha enfatizado.

Al hilo, ha explicado que se están viendo “cosas sorprendentes” en las investigaciones, por lo que si finalmente acaba siendo imputada la formación irán a defender “su inocencia y las cosas bien hechas”. Aldama, según El Mundo, habría declarado ante la Audiencia Nacional que existió un contrato ficticio de 15 millones de euros vinculado a la supuesta financiación irregular del PSOE. Ese contrato estaría ya en manos de la Fiscalía Anticorrupción.

La demanda civil por difamación presentada por el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, contra el empresario Víctor de Aldama afronta sus últimos trámites antes de llegar a juicio salvo que se produzca un improbable acuerdo entre ambos. Según una resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es, la plaza 8 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid celebrará el próximo 4 de noviembre la audiencia previa, una fase del procedimiento que tiene lugar antes de la vista oral y en la que, entre otras cuestiones, se ofrece a las partes la posibilidad de alcanzar un acuerdo y poner fin al litigio.

Aldama, que fue condenado por corrupción en el caso Ábalos y al que el Tribunal Supremo suspendió la entrada en prisión por su supuesta colaboración con la Justicia, acusó a Bolaños en un programa de Telemadrid de haber intentado comprar su silencio a cambio de dinero. El pasado mayo, Bolaños lo demandó por vulnerar su derecho al honor y reclamó que se condenaran “las falsedades” que a su juicio estaba difundiendo ante la prensa y en sus redes sociales “sin ninguna prueba ni fundamento, con un evidente fin espurio”. También solicitaba ser indemnizado con 70.000 euros por daños y perjuicios.

El artículo 414.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no establece que Bolaños y Aldama tengan que acudir personalmente a este trámite, en el que podrán estar representados por sus abogados o procuradores.

Las afirmaciones de Aldama

“Me ha contactado a través de mi jefe de comunicación, Ramón Bermejo, para ofrecerle mucho dinero para que yo me callara”, dijo Aldama en ese programa. Los periodistas que le rodeaban no cuestionaron aquella afirmación, remarcaron su gravedad y el presentador intentó confirmar si había sido directamente el ministro Bolaños quién había llamado a Bermejo para ofrecerle dinero. Aldama contestó: “Sí”.

El citado juzgado admitió la demanda y emplazó al empresario a presentar alegaciones y a la Fiscalía a pronunciarse sobre si la demanda debía seguir tramitándose, como finalmente ha ocurrido. En su escrito de respuesta, la defensa de Aldama se escudaba en el periodista Ramón Bermejo, quien empezó a ejercer como su portavoz cuando este abandonó la prisión tras pactar con la Fiscalía Anticorrupción una colaboración con la Justicia.

Sin embargo, ese mismo escrito puso de manifiesto la falsedad de la argumentación de Aldama, dado que ninguna de las llamadas presentadas en el juzgado correspondientes al teléfono de su portavoz tienen al ministro como interlocutor.

Según Aldama, Bermejo llamó entre marzo y julio de 2024 a distintos números de teléfono de la sede socialista de Ferraz y de varios departamentos del Gobierno en el Palacio de la Moncloa, y que fue entonces cuando le ofrecieron dinero a cambio del silencio del empresario corrupto.

En ese periodo nadie sabía que el comisionista, que entonces seguía en libertad aunque imputado en el caso mascarillas, podría tener intención de tirar de la manta. Aldama entró en prisión en octubre de 2024 por su implicación en un caso de fraude millonario en el sector de los hidrocarburos y fue ahí cuando inició su colaboración con la Justicia.

En ese escrito la defensa del empresario asegura también que en esas llamadas, según lo trasladado por Bermejo, participaron “personas mandatadas por Bolaños” como su ex jefe de gabinete Rafael Oñate y otras personas del departamento ministerial. Oñate dejó de ser jefe de gabinete de Bolaños en noviembre de 2023, meses antes de las supuestas conversaciones.

En ese momento, Aldama era un empresario desconocido para el gran público del que todavía no había trascendido su papel en la causa de las mascarillas, un caso que la Fiscalía Anticorrupción investigaba entonces de manera reservada.

A falta de un pacto de última hora, que parece poco probable, la audiencia del próximo 4 de noviembre servirá para que las partes propongan la prueba de cara al juicio. La magistrada deberá decidir si acepta o no esa prueba antes de señalar la fecha de la vista oral.

La Fiscalía Europea ha informado a la Audiencia Nacional de que su delegación portuguesa le ha remitido una investigación abierta por blanqueo de capitales en la que tendría un papel protagónico el empresario y comisionista Víctor de Aldama y que estaría vinculada con el fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos que investiga el magistrado Santiago Pedraz.

En un decreto, adelantado por El País y al que ha tenido acceso elDiario.es, la Fiscalía Europea explica que las pesquisas en el país luso arrancaron gracias a la información facilitada por diversas entidades bancarias, que detectaron “grandes transferencias bancarias hacia cuentas portuguesas desde cuentas bancarias españolas”. Las autoridades portuguesas constataron que entre 2022 y 2024, “aproximadamente 27,9 millones de euros entraron en el sistema bancario portugués”, en cuentas pertenecientes a sociedades portuguesas, transferidos desde cuentas en España.

Quien estaba detrás de esas cuentas eran sociedades relacionadas con el sector de los hidrocarburos. Coinciden con las mercantiles que según la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil eran usadas por la trama española liderada por Aldama y por su socio Claudio Rivas para mover el dinero defraudado. Así, en la investigación portuguesa que recoge ahora la delegación española de la Fiscalía Europea se menciona a Canary Islands, Salamanca Fuel, Casmar Hidrocarburos y Obaoil 3000.

Los fiscales indican que esas empresas radicadas en España y vinculadas con la organización criminal “estaban utilizando empresas pantalla portuguesas para realizar supuestos pagos por suministros” pero sin las correspondientes declaraciones de IVA. Esto permitía que las ganancias ilícitas generadas fueran devueltas a cuentas en España.

Según ha podido constatar Portugal, de esos 27,9 millones de euros, al menos 9 millones han regresado a cuentas bancarias en España, alrededor de 3 millones han sido enviados al Reino Unido a brókeres de criptomonedas y otros 3 millones han sido dispersados a cuentas abiertas en diversas jurisdicciones: Polonia, Francia, Bélgica, Lituania, Italia, Alemania y Uruguay, entre otros. Y destaca que en Portugal permanecieron 13 millones de euros, de los cuales aproximadamente 11,8 millones fueron incautados.

Tras analizar una a una las empresas pantallas portuguesas utilizadas presuntamente por la trama, los fiscales concluyen que existía “un circuito de fondos que comienza en España”, que pasa por hasta dos empresas lusas y que luego es de nuevo transferido de vuelta a España, “lo que genera la evidente sospecha de que se trata de meras maniobras de circulación de fondos con fines de lavado de capitales”.

“Empresas fachada”

Entre las sociedades portuguesas, los fiscales destacan el caso de Atmosferaudaz, de la que dice que posee cuatro cuentas bancarias que pueden ser gestionadas por Víctor de Aldama y que entre enero de 2022 y noviembre de 2023 recibieron un importe total de crédito de 7,4 millones de euros de ñas sociedades Salamanca Fuel Center, Casmar Hidrocarburos SL, Trasportes la Ribersa Carmar SL y Canay islands Fuel Company. Esa sociedad lusa de Aldama movió de nuevo dinero a España a empresas del propio comisionista, como MTM180 Capital.

No obstante, la delegación lusa de la Fiscalía Europea considera que “las personas jurídicas y físicas investigadas no obtuvieron, en Portugal, las ventajas financieras ilegítimas (...), es decir, no se ha cometido fraude fiscal en Portugal”. Pero en cambio, indica que tras el análisis de los flujos financieros y la actividad de las empresas portuguesas utilizadas en el esquema de blanqueo de capitales, se concluye que se está ante un grupo de empresas españolas del comercio de combustibles “que utilizaron empresas fachada portuguesas para realizar supuestos pagos por suministros, sin la debida declaración del IVA y con el objetivo de permitir la devolución de las ganancias ilegítimas generadas a cuentas en España”.

La delegación lusa de la Fiscalía Europea acordó transferir el caso a la delegación española que, ahora, acuerda abrir un procedimiento para verificar si el caso es de su competencia o no. Precisamente, Aldama fue puesto en libertad en 2024, cuando permanecía en prisión provisional por ese fraude del IVA, gracias a que decidió colaborar en otra causa, la del caso Mascarillas, por la que ya fue juzgado y condenado por el Supremo si bien se libró de una condena que conllevara su entrada en prisión.

Cuando en 2024 estalló el caso de fraude en el IVA en el sector de los hidrocarburos que afecta al empresario y comisionista Víctor de Aldama, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, acordó su detención y su prisión provisional. Pero hizo algo más: se hizo con los bienes de los principales investigados de la trama. Entre otros activos, la Audiencia Nacional se quedó con el Ferrari F12 de Aldama.

El caso es que ese vehículo, y otros de los que desde entonces se hizo cargo la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) -institución dependiente del Ministerio de Justicia-, deben llevar un mantenimiento porque, de lo contrario, pierden valor en el mercado. Dado que el objetivo es que sirva para hacer frente a las posibles multas e indemnizaciones futuras, se busca obtener de ellos el mayor valor posible. Por eso, el Estado por regla general, trata de convertir en 'dinero' esos bienes para evitar tener que estás gastando fondos del erario público en mecánicos para que no se devalúen.

Tras pedir un peritaje a la tasadora Tinsa, la ORGA ha informado a la Audiencia Nacional de que su precio de subasta sería de 241.613 euros. El modelo en cuestión está matriculado en 2013 y lleva sin pasar la ITV desde 2024.

La ORGA le indica al juez que, si en 10 días no dice lo contrario, esa subasta electrónica se celebrará en el Portal de Subastas de la Agencia Estatal. Explica, además, que el precio mínimo de adjudicación no podrá ser inferior al 50 por ciento de su valor a efectos de subasta, lo que indica que ese Ferrari podría llegar a ser comprado por 120.000 euros. Se trataría, a juzgar por el precio de ese modelo en el mercado de segunda mano, de una ganga. A ese Ferrari se unen para la subasta tres todo terreno de la marca Land Rover que sumarían un valor de tasación total de 200.000 euros.

En mayo de 2025, la defensa de Aldama pidió expresamente al juez Pedraz que no autorizara esas subastas de sus vehículos al entender que con esa medida se vulneraba su presunción de inocencia. Solicitó, además, que se acordara mantener los vehículos a resguardo y en “buen estado de conservación”.

La ORGA, ese mismo año, había solicitado estas subastas dado que los vehículos “son efectos que, aun sin sufrir deterioro material, se deprecian sustancialmente por el paso del tiempo y el desuso” y dado que su depósito conlleva gastos. Insistió así en que lo conveniente era vender o subastar nueve de ellos, entre los que se encontraba un Jaguar, el Ferrari y varios Land Rover.

En esta causa se investiga tanto a Aldama como a su socio Claudio Rivas como presuntos cabecillas de una trama a la que se le atribuye un fraude del IVA de 231,7 millones de euros.

La Agencia Tributaria mantiene abiertas 35 investigaciones vinculadas a posibles fraudes en las declaraciones del IVA en el sector de hidrocarburos, una rama sobre la que el fisco ha endurecido el control tras detectar un “auge” en estos ilícitos. El caso más sonado y reciente es el presuntamente liderado por el empresario, comisionista y corrupto confeso Víctor de Aldama, quien habría desempeñado un papel clave a la hora de defraudar 180 millones de euros a la Hacienda pública, una causa aún pendiente de juicio.

Esa treintena de actuaciones se encuentran en distintas instancias y fases, según fuentes de la Agencia Tributaria, organismo que ha colocado como uno de sus “objetivos prioritarios” la erradicación de este fenómeno “dado el enorme perjuicio que estaba causando, tanto a la sociedad como a la Hacienda Pública”.

Solo por poner un ejemplo, más allá de casos mediáticos: de los diez mayores morosos de la lista que publica anualmente el fisco, cinco son compañías vinculadas a este fraude, que deben cerca de 900 millones de euros a la Agencia Tributaria. Son Bio Zenite Energy (232,9 millones), Metaway Combustibles (195,6 millones), Vertix Petroleum (194,7 millones), Marillion SLU (151,1 millones) y Biomar Oil (119,1 millones). Pero son decenas de sociedades y la deuda global se sitúa cerca de los 1.500 millones (de un total de 15.400 millones).

Entre ellas, también, Villafuel SL, la compañía que da nombre a la trama que involucra no solo a Víctor de Aldama –condenado a cuatro años y medio de cárcel por el caso Mascarillas, pero eximido por el Supremo de ingresar en prisión–, sino también a Carmen Pano, la empresaria que dijo haber llevado 90.000 euros en billetes a la sede del PSOE en Ferraz. En su momento, Pano aseguró que ese efectivo era de Claudio Rivas, dueño de la compañía en cuestión.

Rivas tiene dos causas más abiertas en la Audiencia Nacional: el caso Gaslow, por el presunto fraude de 148 millones de euros en el pago del IVA de hidrocarburos, entre 2018 y 2021; y el que involucra a otra sociedad (SKT Oil), por un quebranto de más de 70 millones entre 2016 y 2018.

Empresas que desaparecían sin pagar el IVA

Pese a que los tentáculos de la trama hidrocarburos se han mezclado con la política española a través del caso Koldo, y ya resulta difícil saber dónde empieza uno y acaba otro, el mecanismo por el que se llevaba a cabo este presunto fraude era relativamente sencillo. Los presuntos defraudadores creaban empresas pantalla que compraban el combustible, lo vendían cobrando el IVA a sus clientes y, después, desaparecían antes de que Hacienda pudiera reclamar el impuesto. Eso le permitía vender el combustible a precios más baratos y ganaban cuota de sus competidores.

A la vista de que el problema del fraude de hidrocarburos no dejaba de engordar, suponiendo un quebranto cada vez mayor para la Hacienda pública, el Gobierno decidió reforzar los controles para ser un operador mayorista del sector. Hasta 2023, las empresas solo debían acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera ante el registro gestionado por el Ministerio de Industria, siendo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quien publicaba, posteriormente, un listado de aquellas compañías al por mayor en ejercicio.

En aquel año, el Ministerio para la Transición Ecológica sustituyó a Industria en esas funciones y, al mismo tiempo, la Agencia Tributaria puso en marcha el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (Redef), dado que “las actuaciones de control represivas (y a posteriori) no eran suficientes para atajar el fraude en el sector”, reconocen desde el fisco.

A través del Redef, que entró en marcha también en 2023, el Gobierno estableció que los titulares de los depósitos fiscales de los hidrocarburos se convertían en responsables subsidiarios en el caso de una deuda con Hacienda, siempre y cuando permitieran su extracción (es decir, la retirada del combustible) por parte de operadores no autorizados en el registro. La primera versión de este listado incluyó inicialmente a numerosas compañías que ya estaban involucradas en fraudes al IVA, explican desde la Agencia Tributaria, por lo que se tuvo que depurar el listado hasta entrado 2024, “de manera que el fraude al IVA en el sector se redujo de manera muy notoria”.

Además, con la reforma fiscal de 2024, Hacienda puso en marcha la llamada ‘solución italiana’, que obliga a los operadores a garantizar el pago del IVA –bien con avales o a través de un adelanto– antes de la salida del depósito y no meses después, una exigencia que solo se puede salvar en el caso de que sean reconocidos como ‘confiables’. Precisamente, para evitar que las empresas desaparezcan sin pagar los impuestos correspondientes. Este sistema empezó a funcionar el pasado 1 de febrero y fuentes del fisco apuntan que los resultados “están siendo muy positivos”, ya que garantizan una detección temprana del fraude, en el caso de que suceda.

Los formularios que tienen que rellenar estas operadoras se encuentran en pleno proceso de renovación. El Ministerio de Transición Ecológica publicó el pasado mes de junio una consulta para la actualización de los formularios que han de rellenar estas operadoras, con el objetivo de recoger las nuevas categorías de combustibles y, también, para facilitar la lucha contra el fraude.

El Cabildo de Lanzarote, gobernado por Coalición Canaria y el Partido Popular, ha acordado contratar al abogado José Antonio Choclán para presentar una querella ante el Tribunal Supremo contra la expresidenta insular y diputada en el Congreso Dolores Corujo (PSOE). La corporación ha contratado los servicios del Bufete Choclán por 14.500 euros, más 1.015 euros de IGIC, al límite del importe máximo establecido por la ley para los contratos menores.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, anunció en Radio Lanzarote la querella contra Corujo después de que se conociera que la Fiscalía del Tribunal Supremo había archivado otra denuncia presentada por CC contra la socialista. Esta denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Arrecife por David Monte, director insular de Presidencia del Cabildo y abogado del senador nacionalista Pedro Sanginés. La denuncia fue remitida a los fiscales del alto tribunal, ya que Corujo está aforada ante el Supremo al ser diputada en el Congreso.

Los hechos que denunció Monte se remontan a 2020, cuando Corujo estaba al frente del Cabildo tras diez años de gobierno de Sanginés. El director insular trasladó al Ministerio Público unas supuestas irregularidades en la incorporación del exconsejero Juan Manuel Sosa al grupo de gobierno socialista. Según él, el objetivo habría sido garantizar la legislatura del PSOE y evitar una moción de censura de CC y el PP.

Tres letrados y ''numerosos procedimientos''

Para justificar la contratación del despacho madrileño, el Cabildo argumenta que su Asesoría Jurídica cuenta con tres letrados y un ''número de procedimientos'' desde 2012 de ''numerosos procedimientos''. Aunque el documento no aclara la cifra exacta, el Cabildo mantiene que ''la cantidad de procedimientos y la diversidad de materias hace imposible que desde la Asesoría Jurídica se tramiten todos y cada uno de ellos''. En esta línea, añaden que la especialización de las letradas no incluye el Derecho Penal.

José Antonio Choclán ya ha representado a otros políticos de Canarias. Entre ellos está incluso el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo (CC), que lo contrató para que lo defendiera en el caso Grúas, o la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. Choclán también ha defendido a importantes empresarios de las islas, como el lanzaroteño Juan Francisco Rosa o Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas.

El abogado penalista defendió a Víctor de Aldama en el caso Ábalos, que se saldó con cuatro años y medio de prisión para él, 24 para el exministro de Transportes José Luis Ábalos y 19 y medio para el exasesor Koldo García. Choclán también ha sido contratado por otros concoidos nombres como Julio Iglesias, Cristiano Ronaldo, Cristina Cifuentes o Corinna Larsen.

Una ''persecución judicial''

En una nota de prensa, Dolores Corujo ha valorado que la contratación de Choclán ''no es más que un intento a la desesperada de Oswaldo Betancort'' de mantener viva una ''persecución judicial contra ella''. Además, rechaza que se utilicen fondos públicos ''con el único fin de inhabilitarla''.

Corujo ha recordado que la Fiscalía ha negado de manera tajante la existencia de indicios penales en la denuncia de David Monte, y recuerda que este fue contratado como director insular ''con un sueldo de más de 5.000 euros al mes''. ''Ahora, cuando se demuestra que las acusaciones contra mí carecían de cualquier fundamento, Oswaldo Betancort paga 15.500 euros a Choclán tan solo por la presentación de una querella contra mí, en una huida hacia adelante que tan solo pretende mantener viva una denuncia que carece de todo fundamento'', reprocha la socialista.

''Poco le importa el dinero público cuando dilapida más de cinco mil euros al mes en pagar al abogado CC en el Cabildo y contrata a Choclán, que tan solo por presentar la denuncia cobrará 15.500 euros'', asevera Corujo.

Con una torpeza que empieza a ser marca de la casa (para desgracia de Núñez Feijóo), la portavoz del PP, Ester Muñoz, dejó meridianamente claro a las pocas horas de conocerse la sentencia que condenaba al hermano del presidente del Gobierno cuál era el objetivo real de todo aquel proceso: provocar la caída del gobierno. Muñoz dijo que la condena de David Sánchez representaba “un día histórico que haría caer a cualquier Gobierno”. Imposible dejarlo más claro.

Miguel Tellado, otro a quien se le entiende todo, escribió en las redes sociales “El hermano de Sánchez ha sido condenado, como ”su“ fiscal general, como ”su“ primer número dos, Ábalos, como quien custodió sus avales, Koldo”. La constatación de la existencia de una operación más o menos coordinada para tumbar al gobierno ya no en boca de un ministro o de un dirigente del PSOE, ni de un tertuliano progubernamental. El mismísimo número dos del PP explicándolo abiertamente a quien quiera oír y entender. Nada que esconder.

Fiscal general, contigo empezó todo

En el ordenamiento jurídico español, como en el de tantos países, el Tribunal Supremo sienta jurisprudencia, es decir define la línea que han de seguir las instancias judiciales inferiores. Parecería que este precepto, más allá de su contenido estrictamente jurídico, también es válido para entender lo que está pasando. El proceso contra el fiscal general por revelación de secretos y su condena, sobre todo su condena y los argumentos en los que ésta se basó (discutidos por débiles, indiciarios y sesgados), mostraron al resto de instancias judiciales cuál era el margen de interpretación que podían tomarse a la hora de enjuiciar aquellos supuestos delitos que afectaban al gobierno y a su entorno.

Ese margen que se daba a todos y cada uno de los jueces era extraordinariamente amplio. Y no sólo a los jueces, también a los cuerpos que actúan como policía judicial, acostumbrados ya a formular hipótesis y juicios de valor y de legalidad que acostumbran a ser tenidos como verdades por parte de los instructores; y a los que se permitió registrar nada más y nada menos que el despacho oficial del fiscal general del Estado, además de vaciar el contenido de su teléfono móvil (que García Ortiz había borrado previamente, una acción que molestó tanto a sus juzgadores que acabó figurando en la sentencia como un indicio de su culpabilidad).

El proceso contra el fiscal general debe entenderse como el ejemplo de todos los demás también en su desarrollo, y no sólo por su arranque (una acusación por parte de una asociación ultraderechista basada en recortes de periódicos). El proceso contra García Ortiz derivó en una acción de intimidación al gobierno, no tanto por parte del poder judicial como por los medios. La idea era que, si el fiscal dimitía, el proceso decaía. Que se rinda y no le va a pasar nada, parecía la consigna, propagada por algún opinador bienintencionado próximo al PSOE. Con su obstinación, el fiscal general estaba poniendo en riesgo a la institución, lo más“sensato” era que dimitiese, por el propio bien de la Fiscalía.

La “obstinación” de García Ortiz en permanecer en el cargo y presentarse ante el tribunal como fiscal general en ejercicio tenía todo el sentido si se consideraba inocente. Era él quien devolvía la pregunta ¿Hasta dónde se estaba dispuesto a llegar frente al respeto a los derechos y la vida personal de los afectados y frente al propio respeto a las instituciones judiciales, su imparcialidad y su función en un Estado de Derecho? La respuesta derivada de la sentencia de la sala segunda del Supremo fue contundente: estamos dispuestos a llegar hasta donde haga falta. Un mensaje claro para todo el mundo, no sólo para los acusados, sino para los futuros acusados. Y para todos los jueces que tuvieran entre manos asuntos que afectan directa o indirectamente al gobierno. Barra libre.

El problema es que los jueces son, en este sentido, como los militares. Una vez se han convencido de salir de los cuarteles, es muy difícil convencerlos de que vuelvan a entrar en ellos.

Justicia de opinión

El término “opinocracia” define un mundo en el que la opinión se convierte en el centro del debate público, condicionándolo todo. Es algo claramente aplicable a nuestro mundo, atravesado por diversas crisis que han acabado por diluir la antigua frontera entre lo que se consideraba información y lo que era simplemente opinión. La información se basa en hechos reales contrastados, acontecimientos que realmente han ocurrido y a los cuales se puede volver para comprobar la veracidad de lo que se dice sobre ellos. La opinión no requiere de un apoyo en la realidad. No es comprobable ni verificable. Vale lo que vale quien la propaga, nada más.

En las últimas décadas el combate entre información y opinión ha ido cayendo del lado de esta última. La opinión ha ido invadiendo espacios en los que hasta hace relativamente poco tiempo le estaba vedado el acceso. El periodismo (o lo que queda de él) es hoy un terreno en el que es hasta cierto punto imposible separar lo que es información de lo que es opinión, sobre todo en aquellos medios rendidos a la ideología y al beneficio a cualquier precio. Las redes sociales ya nacieron como el imperio de la opinión.

Algunos espacios se mantenían (y se mantienen, a duras penas) exentos de la ofensiva de la opinión y resistían atados al palo de los hechos. La justicia era uno de ellos. Pero lo que vemos ahora son sentencias en las que, sin aviso previo, se cuelan opiniones, hipótesis, digresiones aparentemente inocentes, caídas aquí y allá, que en algunos casos sirven para apuntalar veredictos, sobre todo cuando éstos no encuentran suficiente sustento en los hechos probados. O incluso cuando hechos probados, o testimonios aportados en la causa, contradicen las conclusiones de la sentencia.

Más allá de los casos que afectan al Gobierno, esta deriva resulta particularmente preocupante en un paisaje judicial sobre el que desde hace años caen críticas que señalan que lo que está en peligro no es la independencia de los jueces, sino su imparcialidad y la consecuente exigencia de dejar de lado sus propias posiciones personales e ideológicas y actuar sin más criterio que el sometimiento a la ley.

Quiéreme como la justicia quiere a Aldama

Lo que estamos viviendo no es una operación concertada al milímetro, con un mando supremo y unos intereses inequívocos a los que se pliegan todas las acciones. Ese tipo de conspiraciones no van con el carácter nacional. Por debajo de la consigna, del toque de corneta, del “café” como el de hace noventa años, que recordaba el gran Juliana, hay vendettas personales, espabilados, zancadillas que se aprovechan que el Pisuerga pasa por allá y el que puede hacer pues ya que estamos, hace.

Si todo formara parte de un único plan maléfico no se cometerían según que errores. Pero la maraña de favores, actores secundarios, intereses y demás completa un cuadro barroco, atestado de tramas y personajes que a veces desvían la atención de lo que debería ser el núcleo del tema: tumbar al gobierno, si puede ser por la vía más rápida posible.

Sólo así se entienden algunas tramas secundarias de la obra, cuyo desenlace no ayuda en el objetivo final, sino que más bien lo perjudica, pero que tienen su razón de ser. Es el caso de la condena a Aldama en el caso “mascarillas” que condenó a Ábalos y a Koldo García aveinticuatro y diecinueve años de prisión, respectivamente. En la vista oral (ante los magistrados de la omnipresente sala segunda del Supremo), el comandante de la UCO (otros omnipresentes) declaró que las informaciones suministradas por Aldama no habían sido de gran ayuda a la investigación.

Pero es que Aldama no se ha librado de la cárcel (y ha mantenido las ganancias de sus negocios) por su contribución al proceso penal. No son sus declaraciones ante el juez de instrucción lo que le ha salvado, sino más bien sus apariciones en tertulias y programas televisivos, en los que ejerce de azote de la corrupción gubernamental y defensor de la democracia y de la Constitución, que en su autorizada opinión exigen la caída del gobierno. Sería ese papel de Cid reencarnado (“España se va a la mierda y yo solo no puedo”) el que le ha valido a Aldama el cariño maternal de la justicia. Ese al que ahora aspira también Julito, el amigo de ZP.

La precuela

Precisamente la aparición estelar de Julito, camino a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional, cuerpo enjuto, mirada huidiza, nos proporciona una de esas imágenes que, sin más aderezo, lo explican todo. No por el protagonista, sino por quien lo acompaña, paso firme, ademanes profesionales, mirada de quien está acostumbrada a tener la sartén (y la cacharrería entera) por el mango. Su abogada, Maria Dolores Márquez de Prado, que conecta la actual operación con otra, la que se desplegó hace exactamente treinta años (de 1993 a 1996, casualidades de la vida) con idéntico objetivo: tumbar al gobierno socialista de entonces.

La reaparición de Márquez de Prado sitúa la actual coyuntura donde le corresponde. Como una secuela, algo que ya habíamos vivido. Cambian los actores (no todos, como se ve), cambian los diálogos y hasta el decorado (tampoco tanto), pero el guion es el mismo. Una y otra vez.

Caza mayor

Si el objetivo final de la operación es la caída del Gobierno y todo lo que ha pasado no lo ha conseguido, lo único que les queda a los que pueden hacer y hacen es apuntar al corazón del Ejecutivo. El fiscal general era una pieza importante, pero no letal, como se comprobó. Ábalos ya estaba de salida, así que no funcionó. Zapatero hace más daño, pero tampoco ha sido el tiro de gracia.

La derivada mafiosa de todo esto es el acorralamiento a la familia del presidente. Su hermano ha sido condenado por ser el hermano de quien es, en un proceso rocambolesco cogido por los pelos. Estaría bien que la UCO pidiera el volcado del móvil del presidente del tribunal para ver las conversaciones de los últimos meses. No sufran, no va a pasar, pues la UCO no actúa si no es en el marco de un proceso judicial y bajo la estricta dirección de un juez instructor, que aquí no existen. Circulen, circulen.

El caso de la mujer del presidente es el ejemplo más evidente de esta estrategia de presión, y a la vez es un factor que puede acabar dando muy malas noticias al PP en unas futuras elecciones, principalmente por la manera burda con la que el juez instructor ha ido llevando el caso hasta hoy. Aunque Peinado puede parecer un lobo solitario, el hecho que lo hayan dejado llegar hasta aquí, con la aquiescencia de la audiencia provincial (sin mencionar a los jaleadores mediáticos), hace de este un caso que va más allá de la acción aislada de un instructor con ganas de notoriedad y de salvar a España.

Begoña Gómez va a tener que enfrentarse a un juicio con jurado popular… a no ser que su marido dimita. Este es el mensaje, limpio y claro. El mismo que se enviaba en el caso de García Ortiz. Estamos dispuestos a lo que sea. Ríndete o acabamos contigo. Si esto no surte efecto, si Sánchez no se va para salvar a su mujer, ya sólo les queda una pieza que abatir: el presidente. Y visto lo visto, no les va a temblar la toga ni sus arraigadas convicciones constitucionales.

Charcos

Todo esto, evidentemente, tiene sus riesgos. Un juicio con jurado popular a la mujer del presidente puede activar al espacio progresista, que vería en ese acto un trasunto de los procesos inquisitoriales. El riesgo, además, es aún mayor por lo de las sentencias y los cuarteles. Siempre puede haber alguna sentencia o alguna instrucción que se pase de acelerón, por convicción o porque se aspira a una medalla. Peinado lo ha hecho varias veces, lo que ha contribuido a generar en el espacio de la izquierda la imagen de una justicia politizada y escorada claramente a la derecha.

Más allá de estas salidas de autopista de unos magistrados convencidos de que están salvando a España con cada auto y providencia, la operación corre peligro por la torpeza que ha demostrado el equipo dirigente del PP, que no ha dejado de meterse en cada uno de los charcos que se va encontrando en su camino. La ley de nietos, el concebido no nacido, el pacto con Francia, el acercamiento a Junts. No pasará, pero Feijóo podría acabar yendo a Waterloo. Históricamente, el PP ha sido una máquina electoral impecable, pura ingeniería alemana (mejor, americana desde 1989). Pero en las últimas elecciones mostró un perfil terriblemente torpe, hasta el punto de que podemos decir que si Feijóo no ocupa la Moncloa desde 2023 no es porque no quisiera (como declaró) sino porque cometió tal cantidad de errores no forzados en la última semana de campaña, que dilapidó toda su ventaja. A una semana de las elecciones, Feijóo tenía la mayoría, pero entonces encadenó error tras error, alguno mítico como el de renunciar a asistir al debate de TVE con la excusa de que es un medio entregado al gobierno, para luego decir que en realidad no fue porque le dolía la espalda.

Dime de qué me acusas y te diré qué pretendes

Donald Trump acaba de decir que en 2020 hubo injerencias extranjeras en las elecciones presidenciales y que por eso no ganó. Por eso, y porque hubo funcionarios que intencionadamente manipularon los votos para evitar su victoria. Trump ha acusado abiertamente a China de interferir en las elecciones en las que perdió la reelección frente a Biden. Sin pruebas, sin aportar ningún documento que lo avale, e ignorando olímpicamente todos los documentos que precisamente prueban lo contrario.

Trump también soslaya las pruebas que demuestran que efectivamente hubo injerencia extranjera en las elecciones anteriores, las de 2016, las que precisamente él ganó. La famosa vía rusa, de la cual se habría beneficiado para convertirse en presidente. De eso no hizo ninguna mención Trump en su intervención a la nación. Viene siendo habitual en el repertorio trumpista acusar a tus rivales de hacer eso que aparentemente has hecho tú. Forma parte de la estrategia de la confusión desplegada por la derecha populista, y no sólo en Estados Unidos.

En España, las derechas hace tiempo que acusan a Pedro Sánchez de querer implantar un régimen autoritario. Se le ha acusado de torpedear la división de poderes cada vez que critica una actuación judicial o de querer silenciar al Parlamento para imponer un sistema a la turca (o a la venezolana). La apelación a que el “sanchismo” representa un peligro para la democracia española se ha convertido en un mantra de la derecha, junto con la defensa de la Transición que Sánchez (y antes Zapatero) se habría cargado con su ley de memoria democrática.

Ante esto, como en tantas otras ocasiones, es interesante recorrer a las declaraciones del expresidente Aznar, que acostumbra a actuar como vocero de las intenciones de la derecha (“el que pueda hacer…”). En una entrevista en ABC (2 de noviembre 2025) definió las próximas elecciones como “cuasi constituyentes” y en un almuerzo informativo (1 julio) remachó que “no nos jugamos un cambio de Gobierno, sino un cambio de sistema”. Para evitarlo, según Aznar, hace falta una “mayoría nacional” que vaya de izquierda a derecha. Una llamada a salvar a España de la anti-España. Con 210 diputados es posible emprender reformas de la constitución (artículo 167). Tal vez tenga razón Aznar, tal vez sí estemos ante unas elecciones constituyentes y un intento de cambio de régimen, pero por parte de la derecha. Una derecha que siempre ha considerado que el poder en este país le pertenece por derecho y los otros no son más que usurpadores.

Víctor de Aldama, empresario condenado por corrupción en el caso Ábalos y al que el Tribunal Supremo le suspendió la entrada en prisión por su supuesta colaboración con la justicia, ha enviado un escrito al juzgado para contestar a la demanda por difamación que le presentó Félix Bolaños, ministro de Justicia y Presidencia. El escrito, adelantado por el diario ABC, incorpora nuevos bulos y se escuda en una persona, Ramón Bermejo, que actuó de jefe de Comunicación de Aldama cuando este abandonó la prisión tras pactar con la Fiscalía Anticorrupción una colaboración con la justicia. Aldama admitió sus delitos y denunció entonces distintas corruptelas de varios dirigentes socialistas, algunas de ellas confirmadas y condenadas por el Supremo, y otras, directamente falsas. Esas mentiras para desacreditar a dirigentes socialistas siguen impunes.

El empresario corrupto acusó a Bolaños en un programa de Telemadrid de haber intentado comprar su silencio a cambio de dinero. “Me ha contactado a través de mi jefe de comunicación, Ramón Bermejo, para ofrecerle mucho dinero para que yo me callara”, declaró. Los periodistas que le rodeaban no cuestionaron aquel bulo, remarcaron su gravedad y el presentador intentó confirmar si había sido directamente el ministro Bolaños quién había llamado a Ramón Bermejo para ofrecerle dinero. Aldama contestó: “Si”. Luego ha ido matizando esa declaración que ya se ha demostrado falsa porque las llamadas que ha presentado Aldama en el juzgado correspondiente al teléfono de su portavoz, Ramón Bermejo, nunca son con el ministro.

En el escrito de respuesta a la demanda, Aldama precisa que Bermejo llamó entre marzo y julio de 2024 a distintos números de teléfono de la sede socialista de Ferraz y de varios departamentos del Gobierno en el Palacio de la Moncloa, y que fue entonces cuando le ofrecieron dinero a cambio del silencio del empresario corrupto. Lo explica así: “Se suceden una serie de llamadas con distintas localizaciones de las que es interlocutor el señor Ramón Bermejo y de las que resultan en última instancia sugerirle o proponerle una cantidad de dinero destinada al señor de Aldama a los efectos de evitar que el mismo pudiera aportar judicialmente información o documentación sensible que afectaba a Altos Cargos del Estado, a sabiendas de que disponían de ella”.

Pero en el periodo de estas llamadas al que se refiere Aldama nadie sabía que el comisionista corrupto, que entonces seguía en libertad aunque imputado en el caso Mascarillas, podría tener intención de tirar de la manta.

“En el desarrollo de tales llamadas participaron”, continúa el escrito de respuesta a la demanda, “por lo que se trasladó al señor de Aldama por parte de don Ramón Bermejo, personas mandatadas por Bolaños, Rafael Oñate Molina, exdirector del Gabinete del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y otras personas del departamento ministerial”.

Rafael Oñate dejó de ser jefe de gabinete de Bolaños en noviembre de 2023 mientras el escrito de Aldama habla de unas supuestas conversaciones de primavera y verano de 2024. El nuevo bulo evita aclarar si Ramón Bermejo precisó a Aldama la fecha de esas llamadas y su contenido. Difícilmente pudo hablar en 2023 con Oñate de un soborno a cambio del silencio de Aldama cuando el empresario ni siquiera había sido detenido por la primera de las causas de corrupción en las que estaba involucrado.

Bermejo, según fuentes conocedoras de esas comunicaciones, llamó a distintos departamentos del Gobierno en el verano y otoño de 2023 interesándose por la celebración de la Copa América de Vela. En sus llamadas al ministerio de Presidencia, insistentes y la mayoría sin resultados, le llegaron a indicar que sus demandas o preocupaciones sobre la Copa América de Vela debería tratarlas en otra ventanilla, la del ministerio de Educación y Deportes.

El abogado de Aldama aclara ahora que Ramón Bermejo actúa como representante o director de comunicación del empresario desde “aproximadamente marzo de 2024, momento a partir del cual se le empieza a identificar como interlocutor, gestionando su relación, entre otros, con los medios de comunicación”. En realidad, Bermejo se presenta ante los periodistas como portavoz de Aldama en noviembre de 2024 cuando el empresario acababa de salir de la cárcel, donde permaneció durante un mes en prisión provisional por el caso Hidrocarburos. La fecha de marzo de 2024 que cita ahora en el escrito, sin ninguna prueba que acredite su veracidad, intenta evitar que no se desmorone completamente el primer bulo de Aldama sobre el ofrecimiento de dinero a cambio de silencio. Las llamadas del soborno tienen que ser antes de que Bermejo apareciese por primera vez como jefe de comunicación de Aldama cuando éste ya había tirado de la manta.

El Gobierno le acusa de mentir

Aldama también involucra a dos trabajadores del grupo parlamentario socialista y a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, por supuestas comunicaciones con Ramón Bermejo. Fuentes socialistas desmienten también que el contenido de esas llamadas fuese un intento de soborno por parte de dirigentes del PSOE para evitar que Aldama tirase de la manta. Narbona ha aclarado que Bermejo se comunicó con ellos para ofrecerse a trabajar para el partido en 2023.

Fuentes del Ministerio de la Presidencia y Justicia acusaron ayer a Aldama de volver a mentir en el escrito de respuesta a la demanda por difamación que le presentó Félix Bolaños:

- “Las afirmaciones de Aldama son radicalmente falsas: el ministro Bolaños no ha contactado nunca con Aldama ni con Bermejo y jamás ha enviado 'un emisario' para que contactase con ellos”.

- “Un ejemplo: afirma que las llamadas se produjeron en marzo y julio de 2024, pero en ese momento: ni el señor Oñate era director de Gabinete del ministro Bolaños (cesó en noviembre de 2023) ni el señor Bermejo era el asesor de comunicación del señor Aldama [lo contrató en noviembre de 2024]”.

- “El ministro Bolaños no ha tenido el menor contacto, directo o indirecto, con el sr. Aldama ni para este ni para ningún otro asunto. Algo que el propio Aldama afirmó públicamente en noviembre de 2024 al decir que ”es duro ver que gente como el señor López o Bolaños, que no me conocen de nada hablan de mí de oídas“.

Los romanos colocaron la balanza en el cielo. De una manera un tanto forzada, instalaron la constelación de Libra en la eclíptica, que los antiguos habían concebido exclusivamente como un zodíaco, una senda de animales. Hoy, Libra sigue siendo la única constelación zodiacal que representa un objeto inanimado, colocada a machamartillo en el largo camino del sol. Podríamos decir que la balanza rinde honor a la ecuanimidad y equilibrio de la justicia, al orden derivado de dar a cada uno lo suyo. Pero otras veces, y más en días aciagos como los que vivimos, es tentador recordar que para los antiguos la constelación de Libra no existía; sus dos estrellas principales, hoy convertidas en platos de una balanza, fueron durante siglos las colosales pinzas del escorpión que reptaba en la constelación vecina.

En el asunto contra Zapatero, la balanza de la justicia ha recuperado por unos días su antiguo ser y se ha convertido en una gigantesca pinza que se cierne sobre el expresidente. La reciente iniciativa, conjunta o conscientemente paralela, de su antiguo socio y de los responsables de Plus Ultra pretenden sitiarle el camino de salida y condicionar su estrategia de defensa, ya puesta sobre el tapete, en un ejercicio de tacticismo que, sin embargo, tiene poco que ver con el derecho.

Estamos asistiendo a un verdadero cambio de paradigma procesal que la reciente sentencia del Tribunal Supremo contra Koldo y Ábalos puso crudamente ante nuestros ojos: ante un delito de corrupción, el Estado, sin medios eficaces de control, debe confiar en el testimonio “de aquellos directos implicados que reconozcan dicha participación ante las autoridades competentes, colaborando en la averiguación de los hechos e identificando a otros posibles responsables”. El procedimiento, así, se desnaturaliza; ¿para qué necesitamos jueces si tenemos delatores? Convirtiendo a los delincuentes en agentes de la justicia, en recordadas palabras de Beccaria, “el tribunal hace ver la propia incertidumbre y la debilidad de la ley, que implora el socorro de quien la ofende”. En esta deriva, la prueba del delito no la buscaremos ya en documentos o en periciales, ni en las resultas del análisis objetivo del cuerpo del delito; la prueba reina será la confesión, como en el antiguo proceso inquisitorial, al cual nos vamos acercando a marchas forzadas. Las declaraciones de los coimputados, antaño despreciables, recobran vigor en la última jurisprudencia. ¿Que en el expediente de la concesión de ayudas no hay rastro de irregularidad? Ya, pero ¡han confesado!

Convertido el investigador en un moderno Bernardo Gui, la confesión solo se valorará en lo que tenga de delación, en lo que pueda apuntar a otros responsables. Esta justicia nunca premiará el chivatazo de una inocencia ni el reconocimiento de que los hechos son conformes a la ley. Por el contrario, gestionará la verdad a través de una negociación extramuros del juzgado: las delaciones no suelen ser espontáneas sino el fruto de conversaciones (al margen del proceso, que no del juez) donde acusación y defensa van hilando un relato, valorando su carácter premiable.

En esta negociación las partes implicadas no están en igualdad de condiciones, sino que sufren un sesgo que habla mucho de nosotros mismos. Y es que entendida la corrupción como la contaminación de la política por el soborno, la justicia ha interpretado que, en esta ósmosis, el desvalor de la conducta se localiza básicamente en los políticos corruptos, a quienes los jueces tratan, de siempre, mucho peor que a los empresarios corruptores. Esta opción de política criminal tiene, por cierto, unos claros efectos criminógenos: “¿por qué no voy a sobornar al alcalde?”, pensará el empresario, “si me pillan, ya me acogeré a la doctrina Aldama”.

Este juego de conversiones impone una grave presión al imputado, condicionando su línea de defensa por puro pánico, con el riesgo siempre presente de que diga algo incierto; recuerden el caso de Carlos Moreno, de quien Aldama dijo falsamente haberle entregado dinero en soborno. El Supremo lo descartó, pero no protegió a Moreno de la falacia. En fin, la desconfianza entre las partes determina, muchas veces, que al término de la negociación la defensa se vea comprometida a presentar en el juzgado, aun antes de que su cliente declare, un escrito adelantando lo que dirá. Y sucede que, en ocasiones, la defensa fuerza tanto el texto para satisfacer a la acusación, que llegado ante el juez el acusado lo matiza con reticencias y evasivas, para desconcierto de todos.

En este complejo escenario es en el cual deberíamos valorar las pinzas de escorpión que ambos ‘Julio Martínez’ han presentado ante el juez, que responderían a una negociación en la cual ambas partes, acusación y defensas, habrían querido alcanzar los mejores réditos en sus objetivos.

De antemano, cabría advertir una diferencia de origen con el caso de Víctor de Aldama, quien va camino de poner nombre a una rama del derecho procesal penal. Y es que estos epígonos del egregio no reconocen en sus escritos, al menos formalmente, haber cometido delito alguno, con lo que su pretendida confesión se queda corta y no alcanza ningún puerto, más allá de señalar con el dedo hacia el objetivo buscado. Ninguno de los escritos refiere que Zapatero haya realizado labores de tráfico de influencias para que la ayuda fuera concedida a la aerolínea; por un lado, su antiguo socio ha comparecido ante el juez y, según parece, no ha aportado más datos que los muy vagos ofrecidos en el escrito presentado la víspera.

Por su parte, los responsables de Plus Ultra sostienen que no saben exactamente lo que hizo Zapatero para ellos, de la misma forma que Bismarck ignoraba cómo se hacían las salchichas, con lo que tampoco aportan datos que apunten a un delito. Sí reconocen que lo contrataron para no pedir “a puerta fría” las ayudas que necesitaba la empresa, y es posible que así lo hicieran, lo que no habla muy bien de nuestras estructuras de gestión pública. En todo caso, aunque contrataran a Análisis Relevante para “calentar la puerta”, esto no es delito; es feo, políticamente deplorable, pero estaría dentro de la ley que ampara los bastidores de los ‘lobbies’. Es lícito contratar a alguien para que te presente, que te ayude a pedir una subvención, que esté encima de tu expediente e incluso que haga llamadas en tu nombre para que lo resuelvan rápido.

Nada de esto es un delito de tráfico de influencias, que exige que la decisión sea el resultado de una prevalencia jerárquica o personal. Y entiendo, en fin, que el reconocimiento expreso de que las facturas giradas tenían “conceptos” inciertos, ¡qué desastre!, lo habrán hecho siendo conscientes de que poner un concepto incierto en una factura no la convierte en falsa, si la relación jurídica existía en realidad.

Insistiré en lo políticamente deplorable. Que los responsables de una empresa asuman que han pagado a un expresidente del gobierno el uno por ciento de las ayudas públicas recibidas, y que han colmado de imaginación el texto de unas facturas, constituye un baldón irrecuperable. Que sea delito es, si me apuran, lo de menos. Por añadidura, ver a socios y empresarios desmentir a todo un expresidente, para ver quién se escaquea más, nos llena de desconcierto. Tengan en cuenta que, a diferencia de lo que sucedía en el clásico proceso sumarial, en el actual procedimiento el investigado está presente en la causa desde el primer momento, lo que garantiza su defensa, es cierto, pero con una serie de servidumbres; entre otras, que el investigado ha de adelantar a la fase previa su estrategia de defensa cuando todavía no están todas las pruebas encima de la mesa. No se les escapa a ustedes los riesgos que ello implica.

Por todo ello, y concluyendo, las pinzas con las que se pretende ahora cerrar la retirada a la defensa de Zapatero parecen enmarcadas en una estrategia dirigida a conseguir un mejor trato procesal, a esquivar medidas cautelares y a esperar, en su caso, el beneficio de una atenuante; pero no tienen nada que ver con la confesión de un delito que pudiera venir a demoler el descargo del expresidente y, de paso, cauterizar los recelos respecto al origen espurio de los indicios llegados desde Estados Unidos.

Sin embargo, aun con todas las cautelas y con independencia del efecto que estos escritos y confesiones veladas puedan tener en el desarrollo del proceso, lo cierto es que el escorpión ha hecho su trabajo. La balanza de la justicia va cerrando su tenaza sobre una opinión pública desolada y perpleja, que sigue sin entender qué gestiones ha hecho Zapatero o en qué negocios se metió, pero que, fueran los que fuesen y aunque no sean delictivos, desde luego no parecen propios de lo que esperaba de él.

Marcos Benavent (1970), autodenominado 'yonqui del dinero', se despidió el pasado viernes de los periodistas encargados de la información de tribunales tras haber recogido el “papelito” de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia que le notificaba la firmeza de la condena a casi ocho años de prisión como autor de los delitos de blanqueo y falsedad. “Mucho ánimo”, nos dijo Benavent a los pocos informadores que nos arremolinamos a la entrada de la Ciudad de la Justicia. Casi que sería al revés, pensé yo. El 'yonqui del dinero' encara —con estoicismo— una etapa terrible para cualquier ser humano y se dispone a elegir el centro penitenciario en el que cumplirá la primera condena dictada en un fallo firme en el marco del 'caso Taula'. Una “temporadita” entre rejas, según afirmó. “¿Qué opinas de Víctor de Aldama?”, le pregunté sabiendo que desde que el otrora empresario favorito del exministro José Luis Ábalos se había librado de su estancia en la penitenciaría, el 'yonqui del dinero' habría meditado mucho sobre el citado personaje, nuevo icono de las derechas españolas. “Él sabrá, supongo que a lo mejor pactaría con el fiscal”, contestó Benavent.

El empresario Víctor de Aldama y el expolítico Marcos Benavent son la noche y el día de los arrepentidos del bipartidismo corrupto español y de las estrategias de defensa. Benavent pilló el ciclo de hegemonía del PP valenciano y ejerció como una suerte de recaudador de mordidas ante el empresariado autóctono, siempre dispuesto a rellenar el cazo del partido que controlaba la obra pública y el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Situado políticamente a la vera de Alfonso Rus, grabó al menos una decena de horas de inoportunas y comprometedoras conversaciones con sus correligionarios del PP. A lo largo de la instrucción del 'caso Taula' (la pieza principal aún sigue abierta más de una década después del inicio de las diligencias) nos fuimos enterando de detalles para muy cafeteros de la actuación de Marcos Benavent. Empezó grabando con un Nokia (cómodo terminal telefónico que retrataría toda una época en una escena de cualquier serie o película). Nunca nadie del PP provincial de Valencia pilló al simpático personaje grabando (seguramente a nadie se le pasó por la cabeza que su interlocutor cometiera tamaña temeridad, a tenor del tema principal de la conversación: el saqueo al erario). ¿Por qué lo hizo? Quizá como un seguro ante eventuales deudas o navajazos internos. Vaya usted a saber.

Lo cierto es que los audios se quedaron en un ordenador en casa de su exsuegro, el empresario Mariano López, otro personaje digno de cualquier buena trama a la valenciana. Tras un traumático divorcio de su hija con Benavent, el exsuegro puso las grabaciones en manos de la única diputada provincial que le daba caña a Rus: Rosa Pérez Garijo, de Esquerra Unida del País Valencià. Lo hizo, según ha reconocido varias veces, por venganza pura y dura.

Sin la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Pérez Garijo, el PP de la provincia de Valencia podría haber seguido a lo suyo otra década tranquilamente. Los últimos días en el poder en la Diputación de Valencia de Alfonso Rus y sus asociados figuran narrados en una excelente obra de teatro sin estrenar (supervisada por el 'yonqui del dinero'), de cuyo manuscrito inédito informó en detalle elDiario.es. Un monólogo de no ficción —ojalá algún día se estrene— que relata cómo el PP de Rus sabía perfectamente que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil les seguía la pista.

Benavent, gerente de la empresa pública de la Diputación, puso tierra de por medio y se largó a viajar por el mundo. La aventura del protagonista por Japón, Ecuador y Holanda se pudo reconstruir gracias a la novela —por decir algo— que escribió una exnovia del 'yonqui del dinero', también a modo de vendetta. En fin, que al final Marcos Benavent volvió a España, le dio a su abogado Ramir Blasco todos los papeles que escondía de su etapa en la política y empezó a colaborar con la UCO y con Anticorrupción, llevándose por delante a medio PP de la provincia de Valencia (al menos a los cargos que más grabó, porque alguno que otro con el que tenía cierta amistad no aparece en las 10 horas de audios).

La primera vez que compareció en la Ciudad de la Justicia emergió como un antiguo pícaro jubilado de la política y renacido en el cuerpo de un místico arrepentido y se bautizó él mismo ante las cámaras como el 'yonqui del dinero', el mote que le ha acompañado desde entonces en términos mediáticos. Benavent conectó enseguida con la genealogía de personajes del imaginario colectivo de la corrupción valenciana, formada por tipos inolvidables como Alvarito Pérez El Bigotes o aquellos fulanos del PP de Rita Barberá que se fundieron el presupuesto público de la depuradora de València en prostitutas, a las que disfrazaban en la facturación en A como traductoras rumanas sin ser ellos precisamente apasionados lectores de la literatura centroeuropea.

Todo aquello, cómo no, tenía mucho de mascletà fallera. Sin embargo, detrás de los fuegos artificiales pasaban cosas importantes que solo muchos años después se han podido acreditar. Entre los papeles que guardaba Benavent y que pasaron a manos de la UCO había un documento que le había dado un empresario sirio. Unos apuntes sobre empresas mercantiles con los que Imad Al Naddaf se topó en una vivienda que había alquilado en València y cuyo inquilino anterior era nada más y nada menos que Eduardo Zaplana (el tránsito de papeles fue objeto de un abundante debate en el juicio en el que Zaplana se sentó en el banquillo de los acusados y que acabó en una severa condena).

El periodista Quico Arabí, gran conocedor de estos cenagales y mejor persona, siempre usa la metáfora del alcantarillado de la corrupción: en lo subterráneo todo está conectado, bajas a una cloaca en el barrio de l'Eixample y sales en Campanar sin haber frenado en semáforo alguno. La UCO registró el despacho del abogado de Benavent (más que un registro fue una fiesta de pijamas) e intervino las cajas con los papeles del antiguo gerente de la empresa pública Imelsa, que incluían un regalito en forma de papeles comprometedores para Eduardo Zaplana (y también para el campista Juan Cotino, enemigo íntimo en la política autonómica y socio en sonados pelotazos). La UCO se puso a investigar en secreto y, al final de la película, Zaplana fue condenado a 10 años de prisión en primera instancia (en una sentencia pendiente del recurso ante el Tribunal Supremo).

La metáfora de Arabí es plenamente correcta y está contrastada con la pura realidad. Del 'caso Taula' nació el 'caso Erial', con Eduardo Zaplana de protagonista principal; pero asimismo el 'caso Azud', que implicaba de lleno a nuevos personajes de la etapa de Rita Barberá (no solo del PP, también de la oposición del PSPV-PSOE) y tenía como actor estelar al abogado José María Corbín, cuñado de la alcaldesa.

Sabor a árbol envenenado

En fin, cuento todo este rollo porque las causas que afectaban a Zaplana, al clan Cotino y a unos cuantos empresarios importantes de la ciudad eran frutos de un árbol llamado 'caso Taula', con sus 10 horitas de audios como principal prueba. Algunos empezaron a saborear la teoría del árbol envenenado (lean esta estupenda columna de Ignacio Escolar sobre su aplicación a los últimos procedimientos judiciales). Si el recorrido por el apestoso subsuelo, linterna en mano, de los picoletos de la UCO y del fiscal Pablo Ponce dependía en origen de las grabaciones del 'yonqui del dinero', una salida limpia para una cantidad nada desdeñable de imputados en varias causas pasaba por cargarse dicha prueba.

Poca broma: a Eduardo Zaplana, gracias por arte de birlibirloque al 'caso Taula', le trincaron un espléndido botín en Andorra a nombre de testaferros, sin que el expresident de la Generalitat Valenciana, nacido en Cartagena y criado en Benidorm, tuviera a mano un avi Florenci al que recurrir en defensa de su honorabilidad como su homólogo catalán.

Toda la estrategia de colaboración de Benavent con Anticorrupción se vino abajo en 2021, cuando el Ministerio Público le pidió ocho años de prisión de cara al primer juicio del 'caso Taula' por la pieza separada J del procedimiento. Sin comerlo ni beberlo, el 'yonqui del dinero' se deshizo de su abogado inicial, contrató a uno de los penalistas más conocidos de València y se desdijo de todo lo que había declarado ante la UCO y el juez instructor.

Dicha táctica, con más pena que gloria, salió a la superficie en el juicio del 'caso Erial', en el que Benavent declaró a petición de la defensa de Zaplana, al igual que el excomisario José Manuel Villarejo. Recuerdo una escena genial, acaecida el 9 de mayo de 2024, que también presenciaron mis queridos colegas Quico Arabí y Laura Ballester. Yo, que entonces era felizmente fumador, apuraba siempre el tiempo antes de entrar a las largas vistas del juicio y llegué tarde aquel día. Afortunadamente, el tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia llegó aún más tarde y, cuando se abrió la puerta del ascensor, allí estaban los dos testigos a la entrada de la Sala Tirant de la Ciudad de la Justicia: Benavent y Villarejo, ambos quejándose al unísono del tratamiento mediático recibido.

Aproveché para dialogar con Villarejo sobre uno de los primeros jefes que tuvo en la Policía, el comisario de la Brigada Político Social Roberto Conesa, del que habíamos publicado en exclusiva su expediente inédito, con motivo del 25 aniversario de su fallecimiento (el extenso periodo que impone la normativa para poder acceder a la documentación del archivo del Ministerio del Interior). Inopinadamente, la policía política española afloró bastante en el juicio. El abogado que ejercía la defensa de Zaplana, el exfiscal anticorrupción Daniel Campos, pintó a la UCO prácticamente como una suerte de heredera de la Brigada Político Social franquista.

José Manuel Villarejo explicó ante el tribunal una película sobre una supuesta maniobra del CNI contra Zaplana. Por su parte, el primer abogado de Benavent avaló de plano el registro de su despacho, en el que los investigadores hallaron la prueba contra Zaplana. Y el 'yonqui del dinero' interpretó su nuevo papel de arrepentido de haberse arrepentido y acusó a su exletrado rojo de haberlo teledirigido contra el PP (dijo que Ramir Blasco era tan extremadamente de izquierdas que veraneaba en Corea del Norte, lo cual era cierto por otro lado). La verdad es que, como se pueden imaginar, fue un juicio agónico pero divertidísimo.

A quien fuera que se le ocurriera lo del árbol envenenado, la cosa le salió más bien mal (espero que no desembolsara demasiado dinero). En el 'caso Taula', la nueva estrategia de defensa de Benavent se centró en tratar de anular las grabaciones. Sin embargo, todas las secciones de la Audiencia de Valencia que han dictado sentencia en juicios de piezas separadas de la causa han avalado los audios. Tanto en el plano técnico y pericial como en el jurídico. Incluso la sentencia que absolvió a Marcos Benavent en una de las piezas reconoció que los audios eran plenamente válidos. El consenso ha sido total y el Tribunal Supremo avaló el pasado 26 de junio la validez de las grabaciones sonoras. Tampoco sirvió de nada que el 'yonqui del dinero' alegara que declaró ante la UCO “muy fumado” de marihuana.

“Buen verano a todos”

La sentencia del alto tribunal destinó al 'yonqui del dinero' a la prisión, tras “11 años de espera”, según destacó Benavent en su última aparición pública. A la pregunta de si se arrepentía de haber dejado de colaborar con la Fiscalía Anticorrupción, respondió: “He colaborado todo lo que he podido”. Sin embargo, las cosas no funcionan exactamente así —sobre todo si dejas de colaborar a medio camino— y la casuística de Aldama lo confirma.

Marcos Benavent, eso sí, no ha perdido el optimismo y el buen humor que le han caracterizado casi siempre: “Hay que ser positivos en la vida”, manifestó este pasado viernes después de que la sección quinta de la Audiencia de Valencia le notificara que su condena ya era firme y emplazara al reo a escoger cárcel.

Tras despedirse amigablemente de los periodistas que le hemos seguido la pista desde hace ya unos cuantos años, nos dijo: “Buenas vacaciones, buen verano a todos, que vaya bien”. Quizá el 'yonqui del dinero' explique algún día quién lo lió para tratar de tumbar la causa. Desde luego, a Marcos Benavent la cuenta le ha salido más cara que a Víctor de Aldama.

Un juzgado madrileño ha admitido a trámite la demanda del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, contra Víctor de Aldama por decir en televisión que le intentó sobornar. Bolaños presentó una demanda de protección del derecho al honor en mayo en la que afirmaba que “no conoce ni ha hablado nunca” con Aldama y pedía que se condenen “las falsedades que este está profiriendo ante la prensa y en sus redes sociales sin ninguna prueba ni fundamento, con un evidente fin espurio”.

La resolución del juzgado, fechada en junio de 2026, da un plazo de veinte días hábiles para que Aldama responda a las acusaciones. Este lunes se cumple el plazo. Asimismo, se ordena la intervención del Ministerio Fiscal debido a la naturaleza de los derechos fundamentales que se pretenden tutelar.

Víctor de Aldama aseguró, sin aportar pruebas, que Bolaños contactó con su director de comunicación para ofrecerle dinero “por su silencio”. Bolaños le reclama ahora, según la demanda a la que ha tenido acceso elDiario.es, que se abstenga de realizar afirmaciones de igual tenor o en el mismo sentido, “ya sea en medios de comunicación (televisivos, impresos o digitales), en plataformas digitales (webs y/o redes sociales) o por cualquier otra vía”. También que se condene al demandado a la publicación del encabezamiento y fallo de la sentencia recaída en el presente procedimiento en sus redes sociales, particularmente en su cuenta de la red social X (antes, Twitter) y que se le condene a pagar 70.000 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios, más los intereses que legalmente se devenguen.

El ministro recuerda en su escrito que el empresario corrupto “es conocido públicamente por ser, según el diario La Razón, protagonista en muchos de los grandes casos de corrupción de la actualidad en España” y que “se encuentra en el ojo público por su presunta participación, entre otras, en la denominada 'trama de los hidrocarburos', investigada por la Audiencia Nacional, por la que estuvo ingresado en prisión provisional entre el 10 de octubre y el 21 de noviembre de 2024”. Y reclama que se condenen “las falsedades que este está profiriendo ante la prensa y en sus redes sociales sin ninguna prueba ni fundamento, con un evidente fin espurio, tratando de involucrar” a Bolaños “en asuntos con los que no guarda relación alguna”.

En su suplico al Tribunal de Instancia, Bolaños sostiene que “no conoce ni ha hablado nunca, ni tiene ni ha tenido relación personal alguna con el demandado ni con su responsable de comunicación que, según manifiesta el Sr. Aldama, se llama D. Ramón Bermejo”. E Insiste en que “su relación personal es total y absolutamente inexistente”, que “nunca ha mantenido una conversación ni telefónica ni de ningún otro tipo con el Sr. de Aldama ni con el Sr. Bermejo, ni vinculada a las declaraciones del demandado que pasaremos a referir, ni relacionada con ningún otro asunto. Es más, ni siquiera tiene sus números de teléfono”.

El 16 de julio se celebrará en los juzgados madrileños un acto de conciliación entre las representaciones legales de la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el empresario condenado por el caso Mascarillas Víctor de Aldama. Es un acto procedimenal necesario y previo a la presentación de una querella por injurias. La presidenta acude a los tribunales españoles de la mano del despacho del exjuez Baltasar Garzón por las manifestaciones vertidas por Aldama en dos programas de televisión los días 4 y 5 de febrero en los que sostuvo que había recibido de ella un sobre con el logotipo o sello de la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Ese sobre, que ya está en manos de la Audiencia Nacional contendría documentación relacionada con actividades que podrían ser delictivas.

El escrito, adelantado por El Mundo y al que ha tenido acceso elDiario.es, señala que “es inveraz, falsa o no ajustada a la realidad la afirmación consistente en la imputación de un hecho a Delcy Eloína Rodríguez consistente en que esta entregó al aquí requerido el sobre”. Por eso, en el acto de conciliación solicita que el empresario “reconozca que no son ciertos los hechos por él afirmados en los medios de comunicación Telemadrid y Cuatro” y que, por tanto, “se retracte de la falsedad de dicho hecho consistente en la persona que le entregó el sobre”.

Advierte asimismo de que Delcy Rodríguez “se reserva la vía penal y civil” para solicitar una indemnización derivada del daño relacionado “con la imputación de hechos falsos o inveraces” y adelanta que esa solicitud se hará efectiva en el caso de que este acto de conciliación no sea satisfactorio para ella.

Fue el pasado 16 de marzo cuando trascendió que el empresario y comisionista Víctor de Aldama, investigado en varios sumarios, habría entregado en la Audiencia Nacional el supuesto sobre de la petrolera estatal venezolana PDVSA que él vincula con finanzas bajo sospecha del PSOE, según adelantaba El País y confirmó en fuentes jurídicas a elDiario.es.

De Aldama prestó declaración en ese momento -iba acompañado de su letrado José Antonio Choclán- para dar cuenta de lo que incluían esos papeles que presentaba, si bien no trascendió ningún detalle de esa comparecencia. La misma tuvo lugar en el marco de la pieza secreta en la que se investigan los pagos en metálico en el seno del PSOE para averiguar si el mecanismo empleado por la formación pudiera haber sido usado para blanquear dinero de las presuntas mordidas que cobraban -siempre presuntamente- Koldo García y José Luis Ábalos.

La existencia de ese sobre salió a colación en una declaración judicial del pasado enero en el marco del millonario fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos por el que está siendo investigado. El fiscal del caso, Luis Pastor, le preguntó por el contenido de ese sobre. “Bueno, si no les importa, eso algo que creo que tenemos que negociar directamente o que tenemos que hablar directamente con ustedes porque es algo que estamos hablando de la financiación ilegal del partido. Es algo que no hemos hablado hasta ahora”, respondió Aldama. Tras un breve intercambio de preguntas, el empresario aseguró que el contenido de ese sobre era relativo al negocio de hidrocarburos y “con la financiación ilegal del PSOE” y de la Internacional Socialista que en la actualidad preside Pedro Sánchez. También afirmó que ese sobre se lo había entregado la actual presidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reveló en uno de sus informes que Aldama dejó en custodia a uno de sus hombres de confianza, Luis Alberto Escolano, “documentación sensible” relativa a PDVSA. Los investigadores señalaban que en la fotografía reenviada por parte de Escolano a Aldama se aprecia en la parte inferior del sobre el sellado de la recepción del mismo. “Este sellado, correspondiente a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, indica la recepción del sobre por parte de Víctor de Aldama el día 4 de febrero de 2020”, recogía ese atestado.

Era 21 de noviembre de 2024. El empresario Víctor de Aldama acababa de 'tirar de la manta' y había implicado en el cobro de mordidas en el caso Mascarillas tanto al exministro José Luis Ábalos como a su asesor ministerial Koldo García. Los pormenores de la declaración cundieron por el 'zulo' —así se suele llamar de manera coloquial a la sala de prensa en la que trabajan una veintena de periodistas en la Audiencia Nacional—. Y con esos detalles, se hizo una primera llamada a una de las fuentes del caso. Lo que dijo entonces ya era revelador: “Siempre supe que Aldama era el eslabón más débil”.

Dos años después, el tiempo y una sentencia puede que hayan echado por tierra esa reflexión. Quizá no era el más débil y sí el más avispado: tras su declaración fue puesto en libertad —había sido detenido por otra causa, un fraude millonario al IVA en el sector de los hidrocarburos— y hoy, a juzgar por algunos programas televisivos a los que acude, es presentado casi como un prócer de la nación, el 'campeón' contra la corrupción.

Si uno se da una vuelta por su cuenta de Instagram pareciera que a Aldama le quiere hasta el papa León XIV. Durante la visita del pontífice a España, el empresario colgó una foto de un rosario que había sido bendecido por Prevost. “Un regalo muy especial recibido de manos del Santo Padre”, colgó en el post. Su figura ha cogido tal vuelo que le paran para hacerse 'selfies' por la calle, le escoltan los 'chicos' de Dani Desokupa y hasta le aclaman en manifestaciones como la del pasado 23 de mayo, apoyada por el PP y Vox contra “el Gobierno corrupto”. Allí, ya con el juicio finalizado y pendiente de sentencia, clamaba ante un reportero: “El pueblo es el que gana al final”. Buena parte de la sociedad ya ha encontrado a su vellocino de oro. Pero, ¿quién es realmente Víctor de Aldama?

Los inicios en la informática

Personas de su entorno, consultadas por elDiario.es, indican que el empresario, que se crio en Móstoles —es hijo de un peluquero de caballeros con un toque especial— arrancó haciendo sus pinitos en la informática. Pronto cayó en que con el ladrillo podía ganarse la vida bien y se enganchó a un buen 'mentor' que le llevó de la mano. “No tiene estudios universitarios o, para decirlo de otro modo, tiene la misma carrera que Begoña Gómez”, dicen quienes le conocen desde hace décadas. Consideran que tampoco era el más avezado del mundillo inmobiliario y argumentan que de 20 negocios le salía uno. Eso sí, “siempre se supo subir al carro”.

Para algunos de los consultados, el empresario se tiene en una alta estima, suele priorizarse sobre los demás y siempre le ha gustado vivir rodeado de lujos. Otros, más cercanos, le califican como “un padrazo” al que le pierden los coches y el deporte —llegó a ser presidente del Zamora CF—. Es visceral, apuntan, pero “una persona normal e íntegra”. ¿Que fuera calificado por la UCO como el nexo corruptor de la organización criminal por la que ha sido condenado a más de cuatro años de cárcel? “Nada más alejado de la realidad”, dicen, argumentando que cuando conoció a Koldo y a Ábalos ya era rico. Le buscaron ellos a él, explican, por su capacidad de contacto. También destacan que Aldama “se batió el cobre” durante años en América Latina afrontando proyectos de envergadura en países como México y Colombia. Ahí se hizo con una buena agenda de políticos relacionados con el ladrillo.

Ahora, con una sentencia a sus espaldas, no ha tenido que entrar en prisión. Todo gracias a que los magistrados del Tribunal Supremo premiaron de forma ejemplarizante su colaboración con la justicia —le libraron incluso de pagar una multa de 3,7 millones al absolverle del delito de uso de información privilegiada—. Quienes vivieron el momento en el que se le comunicó la decisión en el Alto Tribunal explican que hubo lágrimas y abrazos. El ponente de la sentencia, Andrés Martínez Arrieta, había logrado tejer una unanimidad que ponía el foco en una corrupción sistémica con la que había que acabar. El tanto se lo apuntó el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, padre de esa idea.

“Un compromiso moral”

Aldama y sus allegados salieron del trago pensando que le había echado “muchos cojones”, que “se había plantado ante el sistema y había salido vivo”. Y por eso, ahora entiende que ha adquirido “un compromiso moral” con la eliminación de la corrupción en el país. Sí, todo un corruptor 'pasándose el juego' en poco más de un año y gracias a una instrucción en el Supremo que tenía tintes de 'blitzkrieg' por aquello de la velocidad, la sorpresa y la fuerza masiva. “Le ha cogido el gusto a eso de ser conciencia, es el nuevo Pepito Grillo”, dicen.

En la faceta empresarial, a juzgar por lo que dicen hombres de negocios prestigiados consultados por este periódico, tampoco le pasan factura ni la condena ni las causas en las que continúa siendo investigado. Que se haya aprovechado de una pandemia mundial para poner el cazo (6,6 millones en comisiones) y hacerse con adjudicaciones públicas gracias al pago de mordidas mensuales que rondaban los 10.000 euros no es óbice para que tenga tirón entre el empresariado español.

“Tiene un grandísimo mérito, es una persona que se ha equivocado en su vida pero se ha arrepentido”, indican para añadir que, ante amenazas de muerte —se ha hablado de tres tiros en su coche blindado y de una extraña visita en la cárcel— ha sido “valiente”. “Todo el mundo se puede equivocar, me da más asco ZP haciendo campaña en Andalucía, ese sí es un delincuente”, indica el empresario, vinculado antaño con el partido Ciudadanos, para luego añadir que “si arrepentirse no sirviera de nada, San Pablo nunca habría llegado a santo”.

Otro de los cercanos a Aldama va más allá en eso de los negocios y habla de que ya hay importantes directivos del Real Madrid que le tienen en “gran estima” y que están a la expectativa de entablar negocios con él. “Tiene muy buenos quereres, una gran respuesta social, se hizo 70 fotos en Jerez en la feria”.

Aldama ha sabido construir su personaje desde que en 2024 quedara en libertad provisional: cercanía con determinados medios y pseudomedios y pastelitos para los periodistas a la entrada del juicio. La baza en su travesía por los juzgados era ganarse, por un lado, a la Fiscalía —su abogado ayudó mucho con eso— y, por otro, a esa parte de la sociedad que no comulga con el presidente del Gobierno y que, a ojos de determinados políticos, se cuentan por votos. Por eso, utiliza el enfrentamiento directo en redes con políticos socialistas de la talla del ministro Óscar Puente.

La rueda sigue. Dado que está siendo investigado en más casos, debe alimentar su colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. “¿Qué tienes contra Sánchez?”, le preguntó el periodista Antonio Naranjo en su programa de Telemadrid hace escasos días. Aldama, contemporizando, le indicó que a eso no le podía contestar, pero pronto se sabría. A Iker Jiménez, presentador de Horizonte, en Cuatro, le echó un caramelo mejor que el que le soltó a Naranjo: “Ahora tras la sentencia, me da pie a contar más. Lo que he entregado es un aperitivo. Tengo mucho, contundente e importante”. Aldama, el antisistema, aspira a hacer caer un Gobierno y, por eso, a juzgar por estas declaraciones, sostiene una estrategia de colaboración a cuentagotas con la justicia.

Por delante, le queda afrontar la causa de los amaños de obra pública y la causa del fraude en el sector de los hidrocarburos. Pero la sentencia del Supremo ya apuntaba a que su colaboración con la justicia había propiciado y favorecido el esclarecimiento de más procedimientos en curso, por lo que está por ver si sigue teniendo 'crédito' positivo en Fiscalía de cara a eventuales nuevas condenas.

Las causas pendientes

En el asunto de la obra pública, su aportación ayudó en mayor o menor medida a que el juez del Supremo Leopoldo Puente arrancara con unas pesquisas que resultaron en la imputación no solo de Ábalos y Koldo García sino también de quien era el número tres del PSOE Santos Cerdán. El político navarro acabó entrando en prisión provisional unos meses dado su papel protagónico en la trama que buscaba hacerse con mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública. Aldama entregó una nota en la que aparecían comentarios escritos por Koldo García y que tenían relación con determinadas adjudicaciones. Esa causa reside ahora en la Audiencia Nacional dado que Ábalos dejó de ser aforado.

Aldama también consta en el juzgado de Santiago Pedraz como uno de los cabecillas, junto a su socio Claudio Rivas, de una trama que buscaba defraudar el IVA en el sector de los hidrocarburos. Según describen los atestados de la UCO consultados por este diario, la operativa de esta trama era tan sencilla como efectiva. Lograron una licencia de operadora mayorista para la mercantil Villafuel y con ella adquirieron a otros operadores como Exolum distintos productos petrolíferos para, ficticiamente, simular su transmisión a siete empresas interpuestas, suministradoras o subcuentas que actuaban bajo el control de la organización criminal y servían para ocultar la transmisión directa y real del hidrocarburo a los verdaderos destinatarios finales.

El impuesto del IVA, que debían asumir esas interpuestas, nunca era abonado al Estado y así consiguieron defraudar una cuota de 182,5 millones de euros desde septiembre de 2022. Esas mismas empresas interpuestas habrían sido usadas como “canales de blanqueo” para mover lo defraudado a terceros países “para alejarlo, ocultarlo y dificultar su trazabilidad”.

Además, según un informe reciente de la Agencia Tributaria presentado en la rama del caso de las Mascarillas que reside en la Audiencia Nacional, Aldama habría defraudado a Hacienda una cuota de 2,4 millones de euros. La cuota exigible al conseguidor es, en realidad, de 1,6 millones de euros, cantidad que se obtiene de deducir las cantidades ingresadas en concepto de Impuesto de Sociedades en 2020 por sus mercantiles Deluxe Fortune SL y MTM 180 Capital SL. La cantidad sobrepasa ampliamente la frontera que separa la falta administrativa del delito penal, por lo que indefectiblemente el empresario se enfrentará a un delito contra la Hacienda Pública.

Aldama sube un 'tiktok' bailando en la feria, se sienta en su casa a hacer directos para sus fans, se emociona, llora ante su público. Muchas de sus aseveraciones contra Pedro Sánchez o contra ministros como Ángel Víctor Torres nunca han sido probadas y han sido calificadas como simples bulos. Durante los 14 días de juicio llevó prendida de la solapa de su americana una cruz. Su amiga, una anticuaria, se la prestó para que le protegiera en su periplo judicial. Y, a juzgar por el resultado, de momento el amuleto 'le ha servido'. Está por ver si esa cruz tiene tirón también en el resto de causas a las que se enfrenta. Solo le falta un 'reality'.

Se lee en la sentencia del caso Ábalos, Koldo, Aldama que “el Estado de derecho debe premiar” la información del imputado que, con ella, contribuya a dotar de eficacia a la represión de conductas cometidas en el seno de organizaciones criminales, difícilmente penetrables sin una colaboración desde dentro. Con este modo de razonar, la Sala Segunda incurre en un error conceptual, porque la previsión legal del premio a la delación —al histórico “testigo de la corona”— no expresa deber alguno y menos de rango constitucional, sino justamente todo lo contrario. En efecto, pues tal clase de tratos son una cesión del Estado de derecho, de corte meramente utilitario, que choca con la lógica garantista del ius puniendi y del proceso acusatorio y contradictorio. Lo primero, al introducir una anómala diferenciación de la pena por tipos de imputado. Lo segundo, por desplazar lo nuclear de la decisión a un sujeto y a un espacio no jurisdiccionales, en un marco de discrecionalidad prácticamente incontrolable. Por eso, si algo hay en esta clase de supuestos, es una franca quiebra de la línea de principios sustantivos y procesales que, en rigor, debería prevalecer de forma incondicionada en la persecución de los delitos. Así, la ratio del instituto es cruda y exclusivamente pragmática. A ello se debe que, en Italia, con su entrada en la escena, suscitara muchas perplejidades e intervenciones, en algunos casos, de gran calidad teórico-crítica.

Con todo, hay que reconocer que, en ocasiones, la problemática figura, aplicada con seriedad, podría producir, como ha sido también el caso de Italia, efectos de enorme relevancia positiva. Baste recordar el maxiproceso de Palermo, con cientos de enjuiciados y 346 condenas, posible, esencialmente, a partir de la información facilitada por Tommaso Buscetta. Del que dijo Giovanni Falcone: antes teníamos una idea superficial de la mafia, Buscetta nos dio una clave de lectura del fenómeno, un método, que determinó un cambio esencial de estrategia y una nueva eficacia en la respuesta represiva.

Por cierto —y voy a otro aspecto del asunto— diré que juntar en el mismo texto a Tommaso Buscetta y a Aldama, como exponentes de la figura del delator, obliga a aclarar que expresan dos modalidades de esta que no podían ser más opuestas: de muy respetable seriedad, la del primero, que, además, hubo de asumir altísimos riesgos; y de absolutamente todo lo contrario, la del segundo. Una suerte de correveidile caracterizado por la precaria calidad de sus aportaciones, de escasa o ninguna novedad sustancial, francamente tardías, e incidentes en lo ya conocido. Producidas, además, en una causa con sorprendentes y no sé si explicables efectos reflejos en otra. En un contexto de llamativa frivolidad, afirmaciones trufadas de graves falsedades, insinuaciones e insidias, vertidas en sede procesal y en los más diversos medios. Que, por cierto, a juzgar por lo que (no) se dice en la sentencia, parece que nunca hubieran existido. Todo con una organización criminal de andar por casa como referente y, no obstante, con un beneficio en la penalidad más bien propio del indulto. Al fin, con efectos económicos que, ha señalado agudamente Ignacio Escolar, de estar asociados al IRPF, la declaración “le habría salido a devolver”; por un importe relevante y, además, puede decirse, blanqueado.

Estas consideraciones me llevan a concluir que el problemático instituto, que, por sus inquietantes peculiaridades, exige una aplicación cuidadosa, medida y muy precisamente argumentada, presidida por el rigor no solo jurídico, ha sido aquí gestionado con una ligereza —generosísimamente premial— poco digna de esta y de cualquier causa.

Este julio que ya arranca se antoja un mes moralmente complicado. Se multiplican los dilemas. El viejo orden internacional multilateral acude al rescate de una Venezuela sacudida por dos terremotos; como si esta vez la desgracia hubiera querido asegurar el daño. El nuevo orden sigue naciendo a misilazos y dronazos en el golfo Pérsico al ritmo del precio del petróleo, tan rentable para la endeudada USA del emperador naranja. Así son las cosas ahora y así eran antes. Con el agredido o con el agresor, con el imperio o la colonia; el eterno dilema. 

Las desgracias se socializan y los beneficios se privatizan, pero ahora, además, te las cobran dos veces porque, hasta cuando pierden, tienen que ganar. Al negocio del petróleo y la guerra sumen ahora el negocio de las reconstrucciones. El paraíso perdido de los emprendedores. 

Ya que hablamos de emprendedores. Víctor de Aldama ha pasado de delator a empresario de éxito a la caza de oportunidades y de corruptor a referente moral sin hacer el esfuerzo de arrepentirse, sin tomarse el trabajo de haber reparado el daño y sin haber cumplido con el deber de no mentir a la justicia, pues lo importante es cazar a la presa por cualquier medio necesario. El código penal ya no es lo que era. No se trata de un conjunto de reglas estrictas que haya que seguir; conforma, más bien, unas “líneas generales” y a modo orientativo, que decía el Capitán Barbosa del código de los piratas. 

Delinque, delata y disfruta lo robado si nos sirve para cobrarnos la pieza. Es tendencia en el nuevo y mejorado derecho penal del Siglo XXI que practica nuestro Tribunal Supremo; siempre a la vanguardia tras establecer que los delitos, ahora, los puede cometer alguien o alguien de su entorno. Pero no se inquieten. Cuando gobierne quien tiene que gobernar, todo volverá a estar bien y nuestros derechos estarán garantizados; habrá que tener órdenes para los registros, hechos que juzgar y pruebas que acreditar. Podremos entonces concentrar todos nuestros esfuerzos en bajarle los impuestos a nuestro emprendedor favorito, para que no continúe siendo otra víctima de este insoportable infierno fiscal que es España. Contra el corrupto o con el corruptor: otro eterno dilema que tanto explica la historia de España.

Perdóneme por hablar de estos detalles porque, al parecer, quienes hablamos de estos detalles lo hacemos porque estamos ayudando a crear una cortina de humo a un poder que no quiere rendir cuentas por la condena a Ábalos y Koldo. Que no digo que no lo pretendan, pero yo no tengo que rendir cuentas por la condena de nadie, hablo de lo que me da la gana, mi criterio es tan bueno como el suyo y, además, soy poco de cortinas y más de contraventanas. Tan justa me parece la condena a los corruptos como injusto me parece el alivio al corruptor y me atrevo a decirlo, aunque me arriesgue a que aparezca la Inquisición Española de los Monty Python.

La política española ha entrado en un bucle surrealista donde parece que casi todos los líderes y portavoces han decidido que su trabajo consiste en decirle a Pedro Sánchez lo que tiene que hacer y luego quejarse amargamente de que no lo haga. Es la zona de confort perfecta. Hemos llegado hasta aquí por culpa de Pedro Sánchez y si no salimos de aquí es también por culpa de Pedro Sánchez. Pase lo que pase, siempre será culpa suya. Por eso se le puede pedir a la vez que se vaya, que pida una cuestión de confianza y que convoque elecciones sin que nadie pregunte siquiera en qué orden. 

Feijóo espera que los socios de gobierno le hagan un “Pablo Casado” y le entreguen la cabeza del presidente en una bandeja como se la entregaron sus barones. Pero ni los socios están por mancharse las manos ni Pedro es Pablo; si Núñez Feijóo quiere su cabeza, va a tener que ir a buscarla. Ahí se atasca todo y vuelta a empezar. Con quien resiste o quien espera, ustedes sabrán. No vamos a tener días suficientes en julio para atender tanta disyuntiva.

La contratación pública de mascarillas en España se guio por la ley de la selva durante los meses más mortales de la pandemia. Las administraciones públicas gastaron 2.000 millones de euros en material sanitario cuando los controles habían saltado por los aires. El decreto que impuso el Estado de Alarma en el país permitió comprar de emergencia a cualquiera y sin concurso cuando fallecían cientos de personas al día. No había concurrencia de ofertas, se contrataba a dedo, sin límite de precios ni acreditación de solvencia o experiencia en el sector. Todo valía en pandemia para sobrevivir a un virus que mató en España a más de 150.000 personas entre 2020 y 2023. Decenas de empresarios, algunos ni eso, se enriquecieron como nunca a cuenta de la compra de mascarillas en China y su venta a administraciones públicas españolas que buscaban a ciegas un material vital en esos momentos.

La Fiscalía Anticorrupción alertó por escrito sobre este 'antisistema', perfecto para alimentar la corrupción: “La Administración Pública puede adjudicar un contrato directamente a una empresa preseleccionada, en lugar de utilizar un procedimiento competitivo normal. Esta excepción [de la contratación de emergencia] tiene como fin que los compradores públicos adquieran suministros y servicios de primera necesidad en el plazo más breve posible (…) Este tipo de adquisiciones de emergencia son una herramienta de contratación que por sus características inherentes resultan vulnerables ante ciertas prácticas ilícitas”.

La pandemia dejó en España cientos de casos de empresarios o comisionistas que lograron, por la emergencia, un enriquecimiento obsceno pero legal. Como Víctor de Aldama, el nexo corruptor del Ministerio de Transportes que tras sobornar con dinero y regalos al ministro José Luis Ábalos y a su principal asesor, Koldo García, logró el primer gran negocio millonario de su vida con la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia.  

Soluciones de Gestión fue la empresa recomendada por Aldama, que para entonces ya pagaba el apartamento donde vivía la pareja sentimental del ministro Ábalos. Logró vender 20 millones de mascarillas por más de 50 millones de euros al Ministerio de Transportes, al Ministerio del Interior y a las comunidades de Canarias y Baleares. De ese dinero público, 15 millones de euros se quedaron en los bolsillos del dueño de Soluciones de Gestión (nueve millones) y de Víctor de Aldama (seis).

Antes del juicio en el Supremo del caso mascarillas, la Fiscalía Anticorrupción avisó de que no había nada anómalo en ese procedimiento: “La contratación pública efectuada en los contratos objeto de la denuncia no presenta irregularidades significativas, sin que se hayan detectado fallos como la falta de solvencia del adjudicatario en el cumplimiento de los requisitos exigibles en cualquier proceso de adjudicación de contratos públicos por emergencia y COVID-19”.

Durante el juicio, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, pidió que Aldama devolviera al menos los 3,7 millones de euros que había ganado por el material vendido al Ministerio de Transportes previo soborno a sus dirigentes. “Por el delito de aprovechamiento de información privilegiada, multa de 3.713.981 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de dos meses en caso de impago, y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por tiempo de un año”, escribió.

Los siete magistrados del Supremo que juzgaron el caso decidieron por unanimidad que Aldama no cumpliera los 4,5 años de cárcel de la condena y, además, le perdonaron la multa de los 3,7 millones de euros ganados. La sentencia considera poco relevante la información privilegiada con la que Aldama hizo negocio en el Ministerio donde tenía comprado a su principal responsable. “La relevancia de la información sobre la futura licitación, además de ser de muy escasa entidad dada la situación de la pandemia, el Estado de Alarma y normativa circundante, sucede que resultaba accesoria para la obtención del beneficio económico, que, como finalidad, establece el artículo 442 del Código Penal; pues la existencia de otros licitadores, como hemos descrito, en virtud de las influencias descritas, no eran ponderadas”, señala la sentencia.

Los magistrados creen y así lo defienden en el fallo que “no ha mediado prueba sobre que el suministro de mascarillas se haya pactado en condiciones perjudiciales para la Administración, ni que el precio fuera excesivo”. El empresario corrupto Víctor de Aldama vendió las mascarillas a 2,5 euros por unidad, lo que según el Supremo es prueba de que no se puso un precio excesivo y el suministro no se pactó en condiciones perjudiciales para la Administración.

El hermano de Isabel Díaz Ayuso, de nombre Tomás, se alió con un amigo de su pueblo que tenía una empresa de ropa infantil, Priviet, para suministrar a la Comunidad de Madrid hasta 250.000 mascarillas a seis euros la unidad, casi el triple que los precios ofrecidos por Aldama. El material era muy parecido, comprado en China a dos euros en las mismas primeras semanas de la pandemia en España.

La importancia que los magistrados del Supremo dieron al precio fijado por Aldama fue, sin embargo, irrelevante para la Fiscalía Anticorrupción cuando decidió archivar la investigación al hermano de Díaz Ayuso porque, según dijo un alto cargo de esa institución, “la avaricia no es delito”. Aquel expediente se cerró con una excusa administrativa: “Aunque Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha tenido una relación comercial con Priviet por la que ha percibido una comisión, para que esta mercantil estuviera incursa en la prohibición de contratar aquel tendría que ser su administrador o accionista de más del 10% y, además, darse el conflicto de intereses con el órgano de contratación, que no es la presidenta de la Comunidad ni su Consejo de Gobierno”.

Los correos electrónicos de la oferta de Tomás Díaz Ayuso iban a nombre del dueño de la empresa de ropa infantil, Priviet, y, por tanto, los funcionarios de la Comunidad de Madrid no podían saber que detrás de esa propuesta estaba el hermano de la presidenta, argumentaron los fiscales.

El Supremo destacó en su sentencia que 2,5 euros por unidad era un precio que se situaba por debajo de la media del precio medio pagado en España en marzo de 2020 (3,38 euros) y en abril (3,65 euros). De los 37 contratos que formalizó la Comunidad de Madrid en aquellas fechas, el de las mascarillas del hermano de Ayuso fue el cuarto más caro. 

El delito fiscal después del beneficio empresarial

La rapiña en la pandemia añadió una variante derivada de la avaricia. Algunos de los que se enriquecieron a cuenta de la compraventa de mascarillas durante la emergencia intentaron después engañar a Hacienda para que su beneficio fuera aún mayor. Es el caso de Alberto Luceño, quien junto a Luis Medina logró a dedo un contrato millonario para vender material sanitario chino al Ayuntamiento de Madrid a uno de los precios más caros en aquel momento (seis euros por mascarilla).

La Audiencia Provincial absolvió a ambos del delito de estafa agravada al considerar que no había quedado probado que engañaran a los responsables municipales ocultando que iban a cobrar una comisión de seis millones por la operación. Sin embargo, Luceño fue condenado por fraude a Hacienda a casi tres años de cárcel y 3,5 millones de multa.

Algo parecido le ocurrió al novio de Isabel Díaz Ayuso, comisionista en una compraventa de mascarillas entre dos empresas privadas. Ganó dos millones de euros (el 4,5% de la operación) pero engañó a Hacienda con facturas falsas para ahorrarse el pago de 155.000 euros en impuestos, según determinó la Agencia Tributaria. Ahora se enfrenta a una petición de la Fiscalía de tres años y nueve meses de cárcel por dos delitos fiscales.

La conjunción de poder político, dinero y captura de los controles produce monstruos. La corrupción rara vez es el resultado de la actuación aislada de una persona. Los grandes casos de corrupción pública muestran la existencia de una estructura relacional en la que convergen diversos actores y factores que permiten transformar una decisión ilegítima o arbitraria en una actuación aparentemente legal. Para comprender mejor este fenómeno resulta útil representarlo como una pirámide, en cuya cúspide se sitúan los actores que intervienen directamente en la operación corrupta mientras que la base estaría formada por las condiciones y culturas institucionales que hacen posible su desarrollo y permanencia.

La parte visible de la corrupción estaría, pues, formada por tres vértices. El primero lo constituye el político corrupto, quien dispone de la capacidad de decisión pública. Puede adjudicar contratos, otorgar subvenciones, conceder licencias, impulsar modificaciones urbanísticas o influir en nombramientos. Su aportación al sistema corrupto es el ejercicio desviado y torticero del poder que le ha sido confiado.

El segundo vértice es el corruptor, normalmente una empresa o grupo económico que persigue obtener ventajas ilegítimas respecto de sus competidores burlando las leyes del mercado que obligan a la concurrencia pública. Aporta los recursos económicos necesarios para alimentar la relación corrupta mediante sobornos, comisiones, financiación irregular al partido del político decisor, favores futuros como las puertas giratorias, o beneficios indirectos. En ocasiones intervienen intermediarios, comisionistas conocedores de las debilidades del político corruptible que se ofrecen a la empresa corruptora a cambio de una parte de los beneficios.

El tercer vértice, frecuentemente olvidado en el debate público y, lo que es más grave, en los procedimientos judiciales cuando se destapan los casos, es el funcionario que gestiona o el técnico responsable de los trámites administrativos que proporcionan apariencia de legalidad a los amaños. Es quien redacta pliegos orientados a adjudicar el contrato al corruptor, emite informes favorables de conveniencia, omite objeciones jurídicas, justifica la fragmentación de contratos o las urgencias propiciadas por ausencia intencionada de planificación, certifica ejecuciones deficientes, sobrecostes inaceptables o niega perjuicios a la administración por enriquecimientos ilícitos. Su intervención resulta decisiva porque convierte una decisión arbitraria y fraudulenta en un procedimiento aparentemente ajustado a Derecho. “No encontrarán nada, el expediente está perfecto” suelen repetir los decisores corruptos cuando se les investiga. Zaplana privatizó fraudulentamente unas ITV con unos pliegos administrativos amañados que recibieron el informe favorable de los servicios jurídicos, juzgado y condenado en primera instancia hace tres años, la sentencia definitiva sigue durmiendo en la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

La interacción de estos tres actores produce una combinación perversa y peligrosa para el buen funcionamiento de las administraciones públicas: poder político, dinero y apariencia de legalidad. Cuando estos elementos convergen sobre una misma decisión pública, la corrupción pierde su condición de conducta individual y se transforma en un fenómeno organizativo, por eso decimos que España sufre de corrupción estructural.

Sin embargo, esta explicación sigue siendo insuficiente. Mi experiencia acumulada y el estudio de centenares de casos demuestra que estos tres actores no podrían actuar de manera sostenida sin una base institucional que lo permitiera. Por ello la imagen del triángulo termina evolucionando hacia la de una pirámide.

La base de esa pirámide está constituida por la debilidad institucional y la mala calidad de nuestra democracia carente de una estrategia estatal de prevención y lucha contra la corrupción e inmersa en una cultura de enriquecimiento desvergonzado donde comisiones millonarias por contratos adjudicados sin concurrencia quedan blanqueadas como negocios lícitos. Recuerden aquella frase de “yo he venido a la política a hacerme rico”. Después de ella hubo premio: mayorías absolutas durante veinte años. Cuando las organizaciones públicas están lideradas por personajes sin escrúpulos que impiden la existencia de sistemas de integridad eficaces y sólidos que las alineen con el interés general, los riesgos de corrupción aumentan exponencialmente. La ausencia de procedimientos claros, la discrecionalidad abusiva, la falta de planificación intencionada y la insuficiente profesionalización de las estructuras administrativas creadas a medida de este tipo de personajes, generan ecosistemas propicios para una cultura del pelotazo que pasa por la captura de los órganos que toman las decisiones públicas y de sus controles.

Un segundo elemento fundamental es la opacidad. Allí donde la información no es accesible, donde los expedientes son difíciles de consultar, donde los grupos de interés se mueven libremente entre bastidores o donde los procesos de tomas de decisión permanecen ocultos, la corrupción encuentra su terreno fértil. La transparencia no elimina por sí sola la corrupción, pero sí la dificulta enormemente.

La tercera pieza de la base es la captura o ausencia de controles efectivos. Los sistemas democráticos descansan sobre una compleja red de controles internos y externos creados precisamente como contrapesos para dificultar los desvíos de poder: intervención, auditorías, tribunales de cuentas, agencias antifraude, fiscalías especializadas, órganos de transparencia, inspecciones y control parlamentario. Cuando estos órganos son debilitados, carecen de medios suficientes o son colonizados políticamente, dejan de actuar como barreras frente a la corrupción y pueden convertirse en simples elementos decorativos del sistema o incluso en colaboradores necesarios.

La sentencia del caso Ábalos de la que tanto se está hablando deja prácticamente intactos dos de los vértices del triángulo. El corruptor, además, se ha quedado impunemente con la mayor parte del botín millonario de sus fechorías y no entrará en la cárcel que es lo que realmente temen estos delincuentes. A los responsables de los controles administrativos que debían haber impedido que sus entidades públicas sufrieran los fraudes, ni se les ha molestado.

A todo ello se suma la falta de rendición de cuentas. La corrupción prospera cuando las decisiones públicas no tienen consecuencias para quienes las adoptan. La inexistencia de responsabilidades políticas, disciplinarias, contables o penales genera un mensaje de impunidad que favorece la repetición de conductas indebidas. Si esa ausencia de consecuencias punitivas procede de los mismos tribunales, la combinación explosiva está servida. El caso Naseiro, que en mi opinión fue la madre de todas las corrupciones, terminó con un archivo por el Tribunal Supremo a principios de los años noventa del siglo pasado al anular la batería de indicios y pruebas acumuladas por el magistrado instructor y que eran mucho más contundentes que las que hoy han llevado al procesamiento del expresidente Rodríguez Zapatero. Deseado o no, aquel mensaje desde tan altas instancias de que unas grandes empresas constructoras pagasen comisiones a un partido político por obras adjudicadas sin consecuencias punitivas, abrió la barra libre donde ha bebido buena parte del sistema político actual, especialmente los dos grandes partidos que se vienen alternado en el poder desde hace cuarenta años y que durante tan largo periodo se han desentendido de las recomendaciones que en materia de prevención y lucha contra la corrupción emitían organismos como la OCDE, GRECO o el mismísimo FMI. En 2022, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) destapaba que las cinco grandes constructoras (algunas ya estuvieron involucradas en el citado caso Naseiro) se repartían los grandes contratos de obras y servicios. El expediente finalizó con sanciones que sumadas alcanzaban poco más de 200 millones de euros, cantidad irrisoria si se compara con los beneficios millonarios de unos contratos que burlaron los precios de mercado durante un cuarto de siglo. Previamente, en 2013, el Tribunal de Cuentas Europeo emitió un informe en el que, comparando los costes de construcción de 1000 metros cuadrados de autopista en similares condiciones, en España costaba el doble que en Alemania.

La politización de los órganos de control constituye otro factor especialmente relevante. Cuando las instituciones llamadas a supervisar la legalidad dependen de quienes deben ser controlados, se produce un fenómeno de captura institucional que vacía de contenido los mecanismos de control y vigilancia democrática. Numerosos informes de GRECO, de la OCDE y de otros organismos internacionales han insistido en la necesidad de garantizar la independencia real de estos órganos para prevenir la corrupción.

Finalmente, la insuficiente protección de los denunciantes de corrupción constituye una de las mayores debilidades de los sistemas de integridad. En muchos casos, las primeras señales de corrupción son conocidas por empleados públicos o trabajadores que observan cómo se producen las irregularidades desde dentro de la organización. Si estas personas no cuentan con canales seguros y garantías efectivas frente a represalias, la información permanece oculta y la corrupción continúa enraizando sus tentáculos. Nadie se ha preocupado de que España cumpla íntegramente la Directiva (UE) 2019/1937 conocida como “Whistleblowers” promulgada por el parlamento europeo para proteger a las personas que informan o denuncian la corrupción, hasta los sindicatos se han desentendido cuando esta Directiva es un instrumento de protección para los trabajadores contra las represalias que sufren de los corruptos. Siete años después de su promulgación hay territorios que no cuentan con la autoridad territorial de protección impidiendo que la autoridad estatal, ya de por sí con escasos recursos, pueda actuar en esos territorios. Asimismo, se han nombrado autoridades en algún territorio con estrechos vínculos con condenados por corrupción sin que salte ninguna alarma, todo ello muy propio de un ecosistema social enfermo.

La representación piramidal permite comprender que la corrupción no es únicamente un problema moral de individuos concretos. En el fondo es un problema de diseño institucional y de mal gobierno en línea con el análisis clarividente de Daren Acemoglu y James A. Robinson en su ensayo 'Por qué fracasan los países'. Los corruptos aparecen en todas las sociedades, lo que diferencia a unas de otras es la capacidad de sus instituciones para detectarlos, investigarlos, sancionarlos y apartarlos del ámbito público. Por ello, las políticas modernas de integridad pública han desplazado progresivamente el foco desde la mera persecución penal hacia la prevención. El objetivo ya no consiste únicamente en castigar a quienes participan en el triángulo corrupto, sino en reforzar la base institucional para impedir que ese triángulo pueda llegar a formarse.

En última instancia, la mejor política anticorrupción no es la que produce más condenas, o que estas sean muy altas, sino la que consigue que el político corrupto, el empresario corruptor y el funcionario colaborador nunca lleguen a encontrarse bajo el amparo de una estructura institucional débil. Cuando la transparencia funciona, los controles son independientes y cuentan con medios, existe rendición de cuentas, las decisiones políticas se toman desde la integridad y los denunciantes están protegidos, la pirámide se derrumba antes de que la corrupción pueda consolidarse.

El Tribunal Supremo ha convertido a José Luis Ábalos en el ministro con la condena de cárcel más alta de la historia de España. La sentencia dibuja un sistema de corrupción gestionado por Koldo García y alimentado por Víctor de Aldama para beneficiarse del titular de una de las carteras más abultadas y laberínticas del Consejo de Ministros. De pagar un piso para su pareja en pleno centro de Madrid hasta sufragar unas vacaciones, la trama se ajustó a las necesidades del político para usar su nombre como una ganzúa para abrir la puerta de cualquier despacho. Los magistrados hacen en este fallo el alegato contra la corrupción que no hicieron en ninguna de las sentencias del caso Gürtel para sentenciar un entramado que todavía tiene varios juicios por delante.

José Luis Ábalos (Torrent, 1959) se curtió durante 25 años en la política valenciana antes de desembarcar en Madrid como diputado del Congreso en 2009. Con los años se convirtió en uno de los grandes apoyos de Pedro Sánchez dentro del PSOE: cuando se presentó a las primarias de 2014, cuando fue defenestrado y cuando volvió a ganar. El ascenso de Sánchez en el partido y en el Gobierno convirtió a Ábalos en uno de los hombres con más poder de la calle Ferraz y también con más obras públicas a su disposición. Secretario de Organización del PSOE y ministro, primero de Fomento y después de Transportes.

La cartera de Fomento, hoy conocida como Transportes y Movilidad Sostenible, no es la que más dinero maneja en los Presupuestos Generales del Estado, pero sí tiene unas particularidades que convierten ese Ministerio en objeto de deseo para los aspirantes a corruptos y corruptores. Empresas públicas del calibre de Renfe o ADIF, direcciones generales como la de Carreteras y una lista de adjudicaciones de obras públicas por todo el país tan larga como infraestructuras tiene el Estado. Un potencial botín que aumentó durante la pandemia mientras la intensidad de los controles bajaba en aras de la velocidad: la compra de material sanitario se gestionó, al menos en un principio, a través de empresas dependientes de este Ministerio.

El Tribunal Supremo declara probado en las primeras páginas de su sentencia lo que los cronistas políticos llevan relatando desde el estallido del caso. Que Koldo García llegó a la vida de José Luis Ábalos a través de Santos Cerdán durante las primarias que encumbraron a Pedro Sánchez por segunda vez. El hombre para todo del socialismo navarro pasó a estar al servicio del nuevo ministro y Secretario de Organización en una labor que el Supremo define como “omnipresente”. Conductor y asesor de manera oficial, gestor de corruptelas de manera oficiosa y consejero en Puertos del Estado y Renfe. Víctor de Aldama llegó hasta Ábalos a través de su hermano Rubén, escolta del ministro y en contacto constante, por tanto, con Koldo García, su sombra oficial. Sus muchos y muy variados intereses empresariales tenían una oportunidad de oro.

Aldama, hoy arrepentido colaborador de la Justicia y de la Fiscalía, se pegó entonces al ministro para medrar. Según la sentencia, tanto Koldo García como José Luis Ábalos fueron receptivos. El empresario se convirtió en el encargado de captar “empresas o particulares” para darles trato de favor a cambio de “la correspondiente prestación económica”. Para Víctor de Aldama, según demuestra la sentencia, tener contento y atendido a José Luis Ábalos era una inversión de futuro. Desde octubre de 2019 hasta junio de 2022 entregó 10.000 euros al mes a Koldo o a su hermano para satisfacer, entre otras cosas, “gastos fijos” de Ábalos.

Pisos, vacaciones y enchufes

Los pagos de Víctor de Aldama para agasajar al grupo dejaron de ser a fondo perdido cuando llegó la pandemia. La crisis sanitaria se convirtió en una oportunidad de negocio para el empresario cuando la máxima prioridad del Estado fue conseguir mascarillas, el gran escudo para combatir la propagación del coronavirus en espacios públicos. Y los astros se alinearon para el gran corruptor del caso: la gestión millonaria de las compras quedó en manos del Ministerio de Ábalos con los controles de legalidad bajo mínimos para conseguir el material sanitario cuanto antes mientras cientos de personas morían cada día. Las empresas de la trama firmaron un acuerdo para suministrar ocho millones de mascarillas a Puertos del Estado, la empresa encargada de la gestión, días antes de que la orden ministerial fuera publicada.

Si la necesidad era dinero, Víctor de Aldama lo ponía. Si la necesidad eran unas vacaciones, el empresario aportaba una casa. La sentencia declara probado que José Luis Ábalos presionó al secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, para que sacase una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa que tranquilizase a los acreedores. Lo hizo a petición de Aldama, que por entonces cobraba unos 12.000 euros al mes por asesorar a la aerolínea. A cambio de un comunicado, la trama alquiló una casa en Marbella de la que Ábalos disfrutó en agosto de 2020.

A veces no era necesario ni que la gestión llegase a buen puerto. Víctor de Aldama también tenía intereses en el sector de los hidrocarburos y se propuso conseguir una licencia para una de sus empresas, Villafuel. Ni siquiera se dirigieron al Ministerio adecuado. A cambio, según el Supremo, Víctor de Aldama gestionó la compra de una casa en La Línea de la Concepción que se pondría a disposición de Ábalos a través de un contrato de alquiler con opción a compra. Ábalos pagó solo dos meses de renta y los empresarios del sector de los hidrocarburos rompieron el contrato cuando la administración negó la licencia a Villafuel.

La trama, según la describe el Tribunal Supremo, se levantó sobre la simbiosis entre Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García, y a veces el peaje para tener poder en el Ministerio no era agasajar directamente al político o al asesor sino a su entorno. Una de las vías fue dar casa y trabajo a Jessica Rodríguez, quien fuera pareja del político, antes incluso de que llegara la pandemia y el gran botín de las mascarillas. La trama pagó un apartamento para ella en la Plaza de España de Madrid entre marzo de 2019 y septiembre de 2021. Se encargaban hasta de las incidencias con los electrodomésticos.

No todo eran contratos y comisiones. El Supremo también aborda cómo Ábalos y su asesor hacían y deshacían en Transportes para sus necesidades personales, enchufando a dos personas en varias empresas públicas. Una de ellas fue Rodríguez, que llegó a cobrar más de 43.000 euros de Tragsatec e Ineco sin ir a trabajar. O Claudia Montes, que pidió ayuda a Ábalos para encontrar trabajo y se encontró un trabajo en Logirail. Los enchufes eran ineludibles y si alguna tenía algún problema allí estaba Koldo García para mover un currículum o hacer una llamada. Un directivo de Logirail, recuerda el Supremo, fue cesado de su puesto sin explicación cuando expedientó a Montes por no acudir a trabajar.

24 años de cárcel y dos causas por delante

Todas estas corruptelas, las grandes y las medianas, se amontonan en nueve delitos distintos y se traducen en 24 años y 3 meses de prisión para Ábalos, la condena más alta para un ministro en la historia de la democracia, aunque su cumplimiento máximo será de 15 años y 8 meses de presidio, descontando el tiempo que ya ha pasado en prisión provisional. Por los mismos delitos, su mano derecha Koldo García es condenado a poco menos de 20 años de prisión. Y Víctor de Aldama, el hombre que levantó el entramado y atendió cada necesidad del exministro para mantener su cuota de poder, ha sido condenado a cuatro años y medio pero solo tendrá que hacer un año de servicios para la comunidad, sin tener que volver a la cárcel donde apenas pasó un mes a lo largo de 2024.

La sentencia ensalza la confesión de Aldama en los puntos en los que ha sido determinante para condenar a Ábalos y pasa de puntillas sobre las acusaciones que lanzó y que no han tenido más prueba que su palabra. Por ejemplo, su intento tan fallido como explícito de involucrar en la trama a María Jesús Montero o de señalar a Pedro Sánchez como el líder del entramado y mezclarlo todo con una posible financiación ilegal del PSOE. Todo el caso, se deduce de la sentencia, tenía que ver con Ábalos y sus necesidades, y todo lo que Koldo García y Víctor de Aldama querían sacar de él.

El entorno de Ábalos ya ha anunciado que llevará esta sentencia ante el Tribunal Constitucional y hasta instancias europeas si es necesario, entre denuncias de falta de pruebas y de un exceso punitivo por parte del Supremo, sobre todo en comparación con un Víctor de Aldama que evitará la prisión gracias a una confesión que solo llegó después de pasar un mes en Soto del Real. Pero el horizonte del caso no está en Estrasburgo. Sigue en la plaza Villa de París de Madrid, aunque en otro edificio, en la Audiencia Nacional.

El foco se pone ahora sobre dos diligencias que siguen bajo investigación en ese tribunal central. Las dos con Ábalos en la nómina de imputados, pero mucho más allá del neopreno de corrupción que describe el Tribunal Supremo en su sentencia. Obras públicas, más contratos de mascarillas y la sombra de Santos Cerdán, su sustituto en la sala de máquinas del PSOE, como nueva figura de poder en el entramado. Y todo bajo la amenaza de que las palabras de Víctor de Aldama, tanto las que tienen pruebas detrás como las que llegan subidas a un globo sonda televisivo, son consideradas en su mayoría una prueba de cargo.