El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha solicitado al Tribunal Supremo que le remita una copia de las declaraciones que el empresario Víctor de Aldama y el exasesor Koldo García prestaron en el juicio sobre el ‘caso mascarillas’ que quedó visto para sentencia esta semana para incorporarlo a la causa que tiene abierta en ese tribunal especial, según una providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. 

El magistrado accede así a la pretensión del fiscal del caso, Luis Pastor Motta, que consideró que sus testimonios en esa vista oral pueden “aportar datos que hasta ahora no eran conocidos” y pidió incluirlos en el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional.

Según el representante del Ministerio Público, ambos hicieron “manifestaciones que guardan relación” con esa investigación. En concreto, con la pieza que se centra en los presuntos amaños de de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes y con la que indaga en “posibles pagos en metálico de determinadas cantidades” por parte del PSOE. 

El empresario, que lleva año y medio de supuesta colaboración con la Justicia, alentó sin pruebas la sospecha sobre la financiación irregular de los socialistas al vincular sus tratos corruptos con el exministro José Luis Ábalos y Koldo García con presuntos pagos al partido.

De hecho, el comisionista explicó que, en un inicio, la mecánica puesta en marcha tenía como objetivo alimentar las cuentas de la formación y que él actuaba como una suerte de recaudador del dinero de las constructoras dado que el entonces asesor le pidió que hiciera de “nexo” con ellas, entre las que citó a Levantina, Latania y Azvi.

Por otro lado, el exasesor trató de convencer al tribunal de que el dinero en efectivo que manejaba procedía de las liquidaciones de gastos del PSOE y no de las presuntas dádivas a cambio de favores. Así, afirmó que el partido le pagó liquidaciones de gastos en metálico y que en ocasiones le abonaron los mismos en billetes de 500 euros. Además, por primera vez reconoció que denominaba a ese tipo de billete 'chistorra', tal y como recogen los informes de la UCO.

El exgerente del PSOE Mariano Moreno, que también declaró en el juicio, fue tajante al señalar que desde la formación “nunca” se abonaron gastos con billetes de 500, 200 o 100 euros.

El juicio celebrado en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama quedó este miércoles visto para sentencia. Tras 14 jornadas, las declaraciones de decenas de testigos y casi veinte horas de interrogatorios a los tres acusados, su futuro queda ahora en manos de los siete magistrados del Tribunal Supremo que tendrán que pronunciarse sobre si cometieron los graves delitos que les atribuyen las acusaciones. 

El que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE y su mano derecha se enfrentan a una petición por parte de la Fiscalía de 24 y 19 años y medio de cárcel, respectivamente. Para el empresario, la petición del fiscal es más de tres veces inferior a la de Ábalos, el exministro que sucumbió supuestamente a sus sobornos —“era quien mandaba y pagaba”, según la Guardia Civil— y le favoreció en contratos públicos.

El fiscal ha aplicado a Aldama la atenuante de confesión de culpa, pero ha mantenido que es “posible” solicitar una atenuante mayor, la muy cualificada que reclama el PP, y que podría implicar que el empresario no entrara en prisión después de que intentara escalar la trama hacia el PSOE y Sánchez con acusaciones sin pruebas. 

elDiario.es detalla a continuación los asuntos que han centrado el juicio: 

Los contratos de mascarillas

La Fiscalía y la acusación popular que lidera el PP han defendido que los acusados aprovecharon la pandemia para enriquecerse ilícitamente gracias a contratos adjudicados a empresas dependientes del Ministerio. En la crisis del coronavirus se autorizó la contratación de productos sanitarios mediante un procedimiento de emergencia sin concurrencia de ofertas, sin límite de precios y sin acreditación de solvencia o de experiencia en el sector. Pero su tesis es que Ábalos y Koldo García facilitaron información previa y privilegiada a Aldama, lo que permitió a la trama adjudicarse contratos de mascarillas de Puertos del Estado y Adif por valor de 36,7 millones de euros. Pese a ello, este asunto no fue ni mucho menos central en sus interrogatorios. 

Antiguos altos cargos de Transportes y de esas empresas confirmaron el acceso constante del empresario a la zona restringida del Ministerio, si bien ninguno declaró haber recibido presiones para contratar con la empresa vinculada al comisionista. El que fuera secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, sí señaló que fue el empresario el que le dijo que el pedido debía ser de ocho y no de cuatro millones de mascarillas, que es uno de los elementos que, según la Fiscalía, muestran el grado de influencia de Aldama. Además, el entonces subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez García, achacó esa modificación a Koldo García. La defensa del exministro atribuyó al comisionista haber incluido un criterio “malicioso” a ese cambio que se debió, a su juicio, a una “una decisión política, legítima y normal”. 

Las acusaciones defienden que Ábalos y Koldo García recibieron mordidas por estos contratos, pero ese extremo no fue confirmado por el empresario. Aldama admitió que su proximidad al ministro le sirvió para saber que se iban a adjudicar estos contratos y moverse para buscar socios con los que hacerse con el material, pero dijo que no entregó a Ábalos y Koldo García una parte concreta de los 3,7 millones de euros que se embolsó. “Yo no tengo un concepto de pagar comisiones por las mascarillas”, explicó el empresario, quien definió como “un todo” las prebendas que supuestamente pagó a Ábalos y su escudero. 

El pago recurrente de 10.000 euros

Cuando se produjeron los contratos de mascarillas, Aldama aseguró que llevaba más de un año pagando supuestamente un sueldo en efectivo de 10.000 euros al mes a Koldo García, quien lo repartía con su jefe, según su relato. La Fiscalía considera que esos pagos mensuales que se habrían mantenido entre octubre de 2019 y julio de 2022 son el “núcleo” del delito de cohecho que atribuye a los tres investigados. Según Aldama, esa cantidad eran los “gastos fijos” de Ábalos. Y se refirió a ese montante como “algo insignificante”, un “regalo” que iba aparte del resto de mordidas que supuestamente habría pagado a ambos y que elevó a “entre 3,5 y 4 millones de euros”. 

Respecto a los 10.000 euros mensuales, la Fiscalía otorga total relevancia a la declaración de una empleada de un socio de Aldama que confirmó que entregó 20.000 dólares a Joseba García, hermano del exasesor, en Punta Cana. Este confirmó que recogió los sobres, pero mantuvo que lo hizo por encargo del empresario y que desconocía el contenido porque estaban cerrados. También aseguró que había viajado al país caribeño por amor, en una explicación calificada de “torpe” por el fiscal. 

La abogada de Koldo García, recordó, sin embargo, que Joseba García viajó a Santo Domingo, no a Punta Cana, lo que evidencia que el objetivo no era recoger dinero. La letrada también explicó que Koldo García se hacía cargo de gastos de Ábalos porque el ministro estaba casado y tenía una relación extramatrimonial, no porque hiciera de custodio del dinero que les proporcionaba Aldama. 

Tanto Ábalos como Koldo García negaron el cobro de mordidas. En el caso del exministro, la investigación ha acreditado que manejó en cinco años hasta 95.000 euros sin rastro bancario. Una cantidad que el exdirigente socialista opuso a los millones de euros a los que aludió Aldama. “El gran caso de corrupción de las mascarillas. Me han encontrado 95.000 euros. No ha habido forma de encontrarme más”, sostuvo a preguntas del fiscal, que en su informe sacó a relucir el audio en el que el propio Koldo García le reprochaba haberse gastado 470.000 euros en dos años.

Además, las pesquisas revelaron un “incremento patrimonial notable” y no justificado en Koldo García y su entorno familiar directo. Cuando fue detenido, los agentes encontraron en su casa 24.000 euros en efectivo. Ante el tribunal, el exasesor dijo que todo era legal. Aseguró que parte procedía de las liquidaciones de gastos del PSOE, que a veces le hacía reembolsos en billetes de 500, a los que él y su entorno se referían como “chistorras”. El exgerente del PSOE negó que se abonaran gastos con billetes de 500, 200 o 100 euros. 

Los inmuebles de Madrid

La Fiscalía también ha puesto el foco en varias operativas inmobiliarias a favor del exministro. Por un lado, sostiene que Aldama asumió el pago de 2.700 euros al mes de un apartamento de lujo en la Plaza de España de Madrid para su expareja Jésica Rodríguez. Y que desembolsó, a través de un testaferro, más de 82.000 euros entre marzo de 2019 y septiembre de 2021. Paralelamente, sostiene que Ábalos y Aldama simularon un contrato de alquiler con opción a compra de un piso en el Paseo de la Castellana por un precio de venta muy inferior al de mercado. A su juicio, era un negocio irreal que encubría una “fiducia de garantía” para asegurar que el exministro cobraría las comisiones pactadas. 

Ante el tribunal, Ábalos defendió que fue Luis Alberto Escolano, un socio de Aldama, quien abonó el piso de Jésica Rodríguez dado que quería tener un piso de empresa para alojar a gente y hacer reuniones. Defendió que ellos solo buscaban algo temporal porque su intención era trasladarse al inmueble del Paseo de la Castellana. Respecto a este último, mantuvo que el contrato no era ficticio y que Aldama le “estafó” porque el inmueble estaba alquilado y no llegó a tener ni las llaves. 

El fiscal, sin embargo, considera que ese apartamento es la otra gran “dádiva” del procedimiento. “Es un pago en claro beneficio de Ábalos y Koldo García era cooperador necesario. No era para reuniones de negocios. No hay una mínima evidencia documental de ello”, rebatió el representante de Anticorrupción. 

El chalé de Cádiz y la licencia de hidrocarburos

La Fiscalía sostiene que Koldo García intermedió ante el jefe de gabinete de la ministra de Industria para que la empresa Villafuel, controlada por Claudio Rivas —socio de Aldama—, lograse una licencia de operador mayorista de hidrocarburos. Como recompensa por estas gestiones supuestamente impulsadas con el conocimiento de Ábalos, los empresarios compraron a través de sociedades interpuestas un chalé en Cádiz que había sido elegido por el exministro y que firmaron después un contrato de alquiler para cederle la propiedad. 

La realidad es que el Ministerio de Industria no tenía las competencias legales para otorgar autorizaciones sobre hidrocarburos. El expediente dependía realmente del Ministerio para la Transición Ecológica, que denegó la licencia en diciembre de 2021 al considerar que no se acreditaba la capacidad financiera. Villafuel logró obtener el título casi un año después, en septiembre de 2022, tras subsanar los requisitos técnicos y cuando Koldo García ya había sido apartado del proceso y Ábalos llevaba más de un año fuera del Gobierno.

Según Aldama, los empresarios dejaron de pagar la casa cuando constataron que la licencia no llegaba, mientras que el empresario que la financió, Claudio Rivas, optó por guardar silencio ante el tribunal. Ábalos, por su parte, explicó que su intención era alquilar algo en la costa y, si le encajaba y le venía bien, comprar. Además, mantuvo que pagó una mensualidad y dos meses de fianza. Pero “cambiaron las circunstancias” —fue cesado y se separó de mujer—, no se hizo pago del resto de las cantidades y lo desahuciaron.

El rescate de Air Europa y la nota de prensa

Anticorrupción acusa a Ábalos de haber intervenido, a petición de Aldama, para favorecer a Air Europa durante las negociaciones de su rescate a través de la publicación de un argumentario enviado a varios periodistas para tranquilizar a sus acreedores. Su tesis es que en agradecimiento por estas gestiones, el comisionista sufragó en agosto de 2020 el alquiler de un chalé en Marbella para Ábalos y su familia. Y que, para ello, entregó 8.000 euros en efectivo a la esposa de Koldo García para hacer frente al pago. 

Según Javier Hidalgo, exCEO de Globalia, lo que necesitaban en realidad era el documento oficial que la SEPI acabó publicando un mes después de ese argumentario, el 9 de septiembre de 2020, y donde se hablaba ya de un rescate público. “Esa comunicación formal es la que yo mando a los acreedores”, explicó el empresario, que negó haber pagado mordidas al exministro. Aldama aseguró que, aunque la intención de Koldo García era que él sufragara esas vacaciones, él se negó porque ya les daba mucho dinero por otros conceptos. Ábalos, por su parte, mantuvo que los gastos de ese chalé fueron abonados a escote por él y por otros familiares que se alojaron allí. 

El nepotismo en el Ministerio de Transportes

La Fiscalía sostiene que Ábalos se sirvió de su posición para que, a través de la presión ejercida por Koldo García, se contratara de manera arbitraria a Jésica Rodríguez en las públicas Ineco y Tragsatec. Anticorrupción destaca que la mujer percibió unos 44.000 euros públicos sin llegar a desempeñar ninguna tarea. Es un patrón de presunto favoritismo y presiones que, según las acusaciones, también se empleó para lograr la contratación de Claudia Montes, otra mujer de su entorno, en la empresa pública Logirail. 

Sobre esas contrataciones, Ábalos aseguró que él solo le envió el currículum a Koldo García, pero que no pidió que las contrataran en empresas públicas. Y sugirió que Jésica Rodríguez fue coaccionada por Aldama cuando declaró que cobró sin ir a trabajar. Claudia Montes sostuvo que sí trabajó, pero superiores suyos declararon ante los magistrados que estuvo a punto de ser despedida porque faltaba al trabajo. 

Una decena de testigos vinculados a las diferentes empresas públicas afectadas por esos enchufes han corroborado que en la contratación de ambas hubo singularidades y que en ambos casos hubo llamadas y avisos para que no se las molestara. Un ex alto cargo de Logirail declaró que cuando denunció ante sus superiores que Claudia Montes no iba a trabajar recibió amenazas de Koldo García, mientras que la responsable de Jésica Rodríguez en Tragsatec dijo que cuando elevó una queja similar, sus superiores le recomendaron que “la dejara en paz”. 

El exministro José Luis Ábalos ha optado por ejercer su derecho a la última palabra ante los siete magistrados que decidirán sobre los graves delitos que le atribuyen las acusaciones. Durante alrededor de media hora, el que fuera también secretario de Organización del PSOE ha lanzado un alegato en el que ha cargado contra el juez instructor que le sentó en el banquillo, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que firman los atestados que le incriminan y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien solicita para él 24 años de cárcel. “Mis respuestas le daban igual”, ha dicho en referencia al interrogatorio al que le sometió el pasado lunes. 

El exministro se ha mostrado también como víctima de una “causa general” que ya estaba “predeterminada” y de los “juicios paralelos” que han surgido para “intoxicar” y “viciar” procesos judiciales como este que ha enjuiciado el Tribunal Supremo. “Es imposible defenderse”, ha afirmado. Ábalos también ha respondido al fiscal jefe Anticorrupción, que por la mañana aludió a la “desolación” que le produce que las empresas públicas estén “colonizadas, casi parasitadas por el poder político”. “Dos contratos de plazas temporales a los que no se les permite consolidar… ¿Eso es colonizar el sector público?”, ha dicho Ábalos en relación con las dos mujeres vinculadas a él que fueron contratadas en empresas públicas que dependían del Ministerio de Transportes.

El exministro también ha tenido palabras para Víctor de Aldama, el empresario que presuntamente le corrompió y que se ha visto beneficiado de una contundente rebaja en la petición de penas contra él debido a su supuesta colaboración con la Justicia. Ábalos ha sostenido que ve bien que el empresario se haya “arrepentido”, pero ha lamentado los “daños colaterales” que ha conllevado su confesión. “No le he hecho mal a este señor. Le doy vueltas a la cabeza en la celda sobre qué mal le he podido hacer para que me haga tanto daño”, ha reflexionado ante los magistrados.

Y ha explicado que entiende que cuando entró en prisión el empresario, la vía que le quedó fue la de aprovechar “el marco político y la polarización excesiva” para, en ese clima, encontrar una “gran ventaja” de politizarar el asunto y apuntar contra el Gobierno. “Con el tiempo, algunas de esas personas no aparecen imputadas, a excepción de Santos Cerdán. El resto no aparece”, ha puntualizado.

Ante el tribunal, Ábalos ha defendido que hacía uso de esta última palabra porque se juega “la poca vida” que le queda y ha enfatizado que no quería hablar de sentimientos para no ser acusado de “victimismo”. Después, ha apuntado que en el proceso se le ha “anulado su derecho a la defensa” cuando tuvo que declarar sin abogado en instrucción. En esa declaración, ha recordado, se le invitó por parte del instructor Leopoldo Puente a colaborar con una confesión, y ha lamentado que “al juntarse la hipótesis de culpabilidad con la posibilidad de confesión, se estaba ante un proceso inquisitorial”.

El exasesor Koldo García también ha hecho uso de su derecho a la última palabra. Ha acusado al abogado del PP —que lidera la acusación popular— de ofrecerle “colaborar, mintiendo y engañando a todos los españoles” para “no entrar en la cárcel”. “A mí también me ofreció el abogado del Partido Popular que colaborara, claro, mintiendo y engañando a todos los españoles. Yo estoy en la cárcel, lo he perdido absolutamente todo y he dicho que no voy a mentir”, ha asegurado Koldo García.

Previamente, el abogado de Ábalos, Marino Turiel, ha defendido que los contratos de mascarillas que han sido objeto de investigación fueron legales, los ha calificado de “impecables”, y ha incidido en que los presuntos pagos mensuales de 10.000 euros de Aldama al ministro y a su asesor no han sido probados. “No hay rastro en las actuaciones de las entregas de dinero”, ha explicado, para acto seguido mostrar su sorpresa por la “hipersensibilidad” de las acusaciones a la hora de solicitar “rebajas de penas sustanciales” para el comisionista por colaboraciones que no lo merecen.

Asimismo, ha defendido ante los magistrados del Tribunal Supremo que, desde el inicio, el proceso “ha tenido una connotación política” porque las contrataciones en pandemia para la compra de material sanitario eran “un tema cerrado que no admitía discusiones jurídicas” hasta que “de forma sorpresiva prospera la denuncia del PP de Madrid” que se transforma en una querella de la Fiscalía Anticorrupción.

Ha apuntado que, una vez abierta la investigación, comenzó “un sonido de fondo en relación a Koldo García” al que se le da el papel de “adlátere de Ábalos” y empieza el “runrún de la eventual participación del ministro” que viene impulsada por una auditoría del Ministerio dirigido por Óscar Puente que sirve de “catalizador” del proceso.

Además, ha incidido como ya hiciera a lo largo del plenario en que la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil “parece bastante prospectiva” y ha lamentado que se les ha privado de poder acceder a los dispositivos que han servido de apoyo para los informes policiales que han servido como esqueleto para armar la acusación contra el exministro. Busca así poner el foco en que se ha dado una irregularidad en ese punto porque el propio Supremo indicó en un auto que sí debían tener acceso a esas evidencias.

Y, a su juicio, no se les ha dado acceso a esas evidencias porque de se intenta “ocultar” para que no sea evidente que se vulneró la inmunidad parlamentaria de Ábalos porque fue objeto de investigación antes de ser suspendido por el Congreso de los Diputados.

Además, ha afeado que la Fiscalía haya hablado de situaciones de colonización de la Administración por una organización criminal cuando sólo se habla de “dos contratos controvertidos” en lo que asegura que no hubo irregularidad y que fueron “impecables”. “Es una especie de maldición genérica: el ministro corrupto urbi et orbe que se convierte en un ser indeseable”, ha apostillado. 

Turiel se ha esforzado por tumbar una a una las presuntas dádivas que habría recibido de Aldama más allá de esos 10.000 euros, y se ha fijado en la figura de Jésica Rodríguez, la expareja del ministro, para aseverar que era “un gancho del señor Aldama”. “Existe una relación mercantilizada, ha dicho, indicando que el alquiler de Plaza España era del interés del empresario y por eso se ”oculta“ tras su socio Alberto Escolano.

La abogada de Koldo García carga contra la UCO

La sesión de la tarde la ha inaugurado Leticia de la Hoz, la abogada de Koldo García, quien desplegó un extenso informe en el que también puso en entredicho los informes de la UCO que incriminan a su cliente. La letrada aseguró que los investigadores de la unidad de élite de la Guardia Civil se apoyaran en “valoraciones” para armar la acusación contra su cliente con frases como “hizo lo más grande” y mantuvo que no existen indicios de que el exasesor recibiera mensualmente la cantidad de 10.000 euros del empresario Víctor de Aldama.

La abogada negó que su cliente formara parte de la supuesta organización criminal y añadió que, como mucho, “pasó de refilón” por la misma. Así, indicó que quien sí tenía un grupo criminal era Aldama, a quien acusó de haber ido “adaptando su relato al de la UCO”. Además, la letrada recordó que su cliente todavía no ha recuperado todos los dispositivos que le fueron incautados cuando fue detenido en febrero de 2024. A su juicio, eso les ha privado de elementos de defensa porque no ha podido contrastar si están contextualizados los mensajes que aparecen en los informes de la Guardia Civil y que le incriminan. “Venimos a este juicio como cordero al matadero”, aseveró.

Por otro lado, De la Hoz afirmó que sería un “fraude de ley” que se aplicara a Aldama la atenuante muy cualificada por su colaboración con la Justicia, tal y como ha reclamado la acusación popular que lidera el PP y ha respaldado el fiscal jefe Anticorrupción. En caso de ser estimada por los magistrados, esa atenuante podría permitir al empresario eludir la prisión.

La letrada afirmó que el empresario que se embolsó más de tres millones de euros por los contratos de mascarillas bajo sospecha “tiene ánimo espurio” y destacó las “contradicciones en sus manifestaciones”. “No contribuye al fin de la organización porque la organización ya no existe cuando colabora con la Justicia. No arroja luz sobre los integrantes. Se exige que haya abandonado la causas delictivas, pero sigue con ello”, sentenció.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, encargado de impulsar la causa sobre las presuntas irregularidades en el Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos, ha expuesto este miércoles su informe final ante el tribunal que juzga desde el pasado abril al que fuera ministro y secretario de Organización del PSOE, a su antiguo asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama. En su exposición, el representante del Ministerio Público ha defendido que es “posible” rebajar aún más la pena al comisionista —tal y como ha hecho la acusación popular que lidera el PP— si bien no ha explicado por qué no lo reclamó este lunes cuando expuso sus conclusiones ante los magistrados. 

Aldama enfrenta una petición de pena máxima por parte del fiscal de siete años de cárcel, más de tres veces menos que Ábalos (24 años), el exministro que sucumbió supuestamente a sus sobornos —“era quién mandaba y pagaba”, según la Guardia Civil— y le favoreció en contratos públicos. El fiscal ha aplicado a Aldama la atenuante de confesión de culpa, pero ha mantenido que es “posible” solicitar una atenuante mayor, la muy cualificada que reclama el PP, y que podría implicar que el empresario no entrara en prisión.

En este sentido, el fiscal Luzón ha defendido que la declaración de Aldama sí ha sido “determinante y decisiva” para “avanzar en muchos aspectos de la investigación” lo que, a su juicio, hace “admisible apreciar la atenuante privilegiada”. Ha mantenido que la declaración del empresario se ve “plenamente corroborada” en todo lo que la Fiscalía considera probado, si bien ha dejado caer que no otorga credibilidad a todas sus afirmaciones y que hay elementos que “no se han tenido en cuenta”.

Esencialmente, cuando Aldama apuntó a Pedro Sánchez. “No se trata de establecer un número uno, dos o tres. No era número uno el presidente del Gobierno como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama”, ha afirmado el fiscal. Aun así, el representante del Ministerio Público ha defendido que “recompensar a quien sale del entorno criminal y lo denuncia” es esencial para combatir la corrupción y que no se imponga la “ley del silencio”.

“Demoledora” prueba de cargo

En paralelo, el fiscal Luzón ha defendido que hay una prueba de cargo “abundantísima, demoledora” contra los investigados, ha destacado el “enorme valor” de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que les incriminan y ha calificado de “inconsistentes” e incluso “patéticas” las explicaciones dadas por el entorno del exministro y su asistente para justificar los ingresos bajo sospecha. Como ejemplo se ha referido a la “tediosa explicación” de la reclamación por el coche defectuoso que justificaría reuniones periódicas durante más de un año entre Joseba García —hermano de Koldo— y Aldama.

El representante de Anticorrupción se ha referido ampliamente al pago de 10.000 euros al mes que el empresario pagó supuestamente entre octubre de 2019 y julio de 2022 a Koldo García, quien lo repartía con su jefe, según su relato. Esa dádiva es, a su juicio, el “núcleo” del delito de cohecho que atribuye a los tres investigados.

El fiscal ha enfatizado que esas entregas quedan acreditadas con el testimonio de una de las trabajadoras de una empresa vinculada a Aldama en República Dominicana que confirmó que entregó 20.000 dólares a Joseba García, hermano del exasesor, en República Dominicana. Luzón ha calificado esa declaración de “veraz y determinante” y de “torpes” las excusas de Joseba García para justificar sus viajes a ese país para recepcionar efectivo.

A esto, ha sumado que esas cantidades se vinculan con el incremento patrimonial tanto de Koldo García como de Ábalos y con “la palmaria confusión patrimonial” de ambos. Sobre el asesor ha señalado que del análisis de sus cuentas y bienes se ha comprobado una “afluencia oculta de ingresos” y ha puesto el foco en el flujo y traspaso de dinero entre Koldo García y su hermano, que ejercía de “testaferro”.

Además, ha tirado por tierra el esfuerzo de la defensa del asesor por tratar de justificar que ese incremento patrimonial son “sobres del PSOE” por liquidaciones de gastos a través de “confusos papeles rellenados por Koldo, huérfanos de detalle y que nada demuestran”. Para Luzón, esas compensaciones de gastos tendrían un efecto “neutro” en el patrimonio de ambos salvo que “se apropiara de indemnizaciones de terceros” o falseara tiques.

“Nada explica el incremento patrimonial de Koldo García”, ha puntualizado para añadir que “encaja en la lógica de los pagos” que el cobro subrepticio de cantidades por parte del asesor de manos de Aldama acabaran también en manos del ministro: “No tiene sentido que Aldama pague solo al subordinado del ministro y que no tengan por destino a quien tiene el dominio del hecho y de las decisiones de las que se va a beneficiar. Es impensable”.

Y ha abundado en ese trasiego de efectivo entre Ábalos y Koldo García al indicar que existía una doble contabilidad y que constan 94.800 euros que el ministro no compensó a Koldo García. Sobre esa cantidad sobre la que Ábalos ironizó que era todo lo que le habían encontrado en diez años, el fiscal ha mantenido que el ministro no precisaba de sus cuentas para tener dinero disponible. Y ha sacado a relucir el audio en el que el propio Koldo García le reprochó haberse gastado 470.000 euros en dos años.

Así, ha resuelto que “los incrementos de efectivo de Ábalos abonan [la tesis de] la fuente oculta de ingresos” y, en definitiva, para Luzón ni el exministro ni su asesor han podido responder a esa pregunta que se hacían “las vecinas del 17”: “De dónde saca para tanto como destaca”.

El piso y el enchufe de la expareja

La otra gran “dádiva”, según el fiscal Luzón, fue el pago de 2.700 euros al mes de un apartamento de lujo en la Plaza de España de Madrid para Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos. Aldama desembolsó, a través de un testaferro, más de 82.000 euros entre marzo de 2019 y septiembre de 2021, de acuerdo a las conclusiones del representante de Anticorrupción. “Es un pago en claro beneficio de Ábalos y Koldo García era cooperador necesario. No era para reuniones de negocios. No hay una mínima evidencia documental de ello”, ha aseverado el fiscal, que también ha rebatido en este punto las explicaciones dadas por Ábalos.

Respecto a la colocación de esta mujer en dos empresas públicas en las que cobró sin trabajar, el representante de Anticorrupción ha mantenido que está “plenamente acreditado que Koldo García por cuenta de Ábalos ejerció una presión moral eficiente” sobre la entonces presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera para que fuera contratada. En este punto, el fiscal ha cargado contra la “corte servil” de funcionarios y empleados públicos que, a su juicio, protegieron a Jésica Rodríguez.

En contraposición, ha ensalzado a la “empleada íntegra” de Tragsatec que denunció internamente que la joven no iba a trabajar. El fiscal ha aseverado que le produce “desolación” que las empresas públicas estén “colonizadas, casi parasitadas por el poder político”. Y ha defendido que estas compañías estatales “no pueden ser espacio para la colocación discrecional”. “No pueden ser el refugio, el aparcamiento de políticos o el sustento de familiares, amigos o amigas, entre las que se incluyen la eufemísticamente llamadas sobrinas”, ha aseverado.

Contratos de mascarillas

El fiscal ha defendido que los acusados aprovecharon la pandemia para enriquecerse ilícitamente gracias a contratos de mascarillas adjudicados a empresas dependientes del Ministerio. Así, ha destacado que si bien no hubo ni prevaricación ni malversación en esos contratos sí ha puntualizado que el procedimiento “se ajustó” a los intereses de Aldama y sus socios. Así, ha defendido que tanto el exministro como su asesor tuvieron “un papel decisivo” en esos contratos .

En este sentido, ha destacado que los testimonios escuchados durante el juicio dan cuenta “de la distorsión y el exceso de atribuciones” del asistente en todo el proceso de compra, y ha alabado el trabajo de las auditoras del Ministerio de Transportes de Óscar Puente. En cuanto al papel de Ábalos, ha señalado que ejerció “control” en esa gestión, y que esto queda demostrado en dos episodios. Por un lado, cuando modifica la orden para que se adquieran ocho y no cuatro millones de mascarillas “para maximizar el beneficio de Aldama con la operación”. Y, por otro, cuando ante el retraso en la entrega del material por parte de la empresa de la trama decidió seguir adelante.

En la parte final de su informe, que se ha alargado durante casi dos horas, el fiscal Luzón ha defendido que los acusados “se enfrentan a penas graves porque graves son las conductas que se les imputan”. Y ha lanzado una crítica a las “actuaciones” de los “poderes públicos” que “normalizan o minimizan las conductas de corrupción o descalifican a quienes tiene la responsabilidad de perseguirlas”. Ha asegurado que la “corrupción organizada desde un Ministerio” disminuye la confianza de los ciudadanos en “las instituciones democráticas que estos delincuentes pervierten”. “La corrupción carcome nuestro sistema y solo una reacción contundente puede frenarla”, ha sentenciado.

Los interrogatorios del caso Ábalos han terminado. Esta semana queda visto para sentencia. Víctor de Aldama no solo ha confesado sus delitos, también está acusando a otras personas de delitos que no están siendo juzgados. Como es un acusado, y no un testigo, puede mentir. Puede inventarse lo que quiera. A esa rareza, a esa extraña criatura, la abogada de Koldo García la ha denominado: ornitorrinco procesal.

Koldo y Ábalos intentan defenderse desde la inocencia, desde la ingenuidad. Y Aldama, el ornitorrinco, desde la acusación. Esta última estrategia ya ha empezado a tener premio. Esta semana, hemos conocido las peticiones de cárcel que hace la fiscalía para este caso. 24 años de cárcel para Ábalos. 19 años para Koldo. Y siete para Aldama… Pero es que el PP, que es denunciante en este caso, pide para Aldama una pena que le salvaría de entrar en la cárcel. Lo analizamos con la periodista de elDiario.es que ha seguido el juicio, Elena Herrera. 

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La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que ejerce como una de las acusaciones en el caso Mascarillas que se está juzgando en el Tribunal Supremo, ha solicitado a los magistrados que rechacen la modificación del escrito de acusaciones realizada por otra de las partes, la que representa al PP, que ayer pidió rebajar la condena al empresario Víctor de Aldama de siete a cinco años y dos meses por su “colaboración” con la Justicia. Lo hizo, además, sin que se pidiera por ninguno de los delitos por los que se le juzga más de dos años de cárcel, lo que podría evitar que Aldama entrara en prisión.

En un escrito de no conformidad con las conclusiones formuladas por la Acusación Popular Unificada, ejercida por el representante del PP, ADADE considera que se rebajan las penas solicitadas para Aldama “de forma muy notable respecto de las solicitadas en el escrito de acusación provisional, de forma que ninguna de las penas solicitadas se aproxima a los dos años de prisión”.

“Esta acusación quiere hacer constar que el citado escrito no puede ser admitido por la Sala a la que tenemos el honor de dirigirnos como si recogiera las conclusiones de todas y cada una de las acusaciones populares. Desde luego no son las de esta parte las presentadas por la acusación del Partido Popular”, remarcan desde la citada asociación.

En el texto también consideran que “la unificación de todas las acusaciones populares impuestas por la Sala no puede llegar al punto, sin violar nuestro concreto derecho a la tutela judicial efectiva, de que la acusación a quien se ha encargado que unifique todas las acusaciones populares –que en este caso se da la circunstancia de que es la del Partido Popular– presente como conclusiones definitivas de todas las acusaciones populares las que solo corresponden a las del Partido Popular (o, si acaso, a las de aquellas otras con las que haya consultado y recibido conformidad)”.

Para ADADE, “es inadmisible que, en trance de presentar el escrito de conclusiones una parte a la que se la ha encomendado por la Sala centralizar o unificar la actuación de todas ellas, lo haya hecho ignorando las opiniones de las demás, así como presentar el escrito de conclusiones como si fuera el de todas las acusaciones populares”. Por eso señala que “al margen de que la Sala advierta a la acusación popular del Partido Popular de lo impropio de ese comportamiento, debe rechazar ese escrito y proveer una solución a aquellas acusaciones populares para que no vean violado su derecho a la tutela judicial efectiva” recogida en la Constitución “antes de continuar en el juicio oral con los alegatos de acusaciones y defensas”.

“Procede, por tanto, que se tenga por no presentado el citado escrito de conclusiones definitivas en la forma como lo ha sido y se nos dé término para formular nuestro propio escrito de conclusiones definitivas. Subsidiariamente, si no lo admitiera la Sala, deberá obligar a la representación de la acusación del Partido Popular a trasladar a la Sala el escrito de conclusiones definitivas de nuestra acusación popular en nombre de ADADE”, concluye.

“En todo caso”, agrega, “deberá advertirse al abogado de la acusación popular del Partido Popular que deje en todo momento clara y reiterada constancia en su intervención oral de que no actúa en modo alguno en nombre de las acusaciones que no hayan dado su conformidad al escrito de conclusiones y desde luego nunca en nombre de la acusación popular de ADADE”.

El empresario comisionista Víctor Aldama fue durante al menos tres años (2018-2021) el jefe de una trama corrupta instalada en el Ministerio de Transportes que se enriqueció gracias a los favores de José Luis Ábalos, quién se dejó sobornar a cambio de facilitar negocios muy lucrativos. Así lo contó en el Supremo hace solo unos días el jefe de la UCO que investigó los hechos.

Aldama, corrupto confeso, decidió colaborar con la Justicia en noviembre de 2024, nueve meses después de que fuera imputado por el mayor caso de corrupción que golpeó al primer Gobierno de Pedro Sánchez donde Ábalos era una figura clave. El empresario confesó su culpa y acusó a numerosos dirigentes socialistas de distintos amaños corruptos. Así pudo salir de la cárcel, donde estaba preso por otro caso de corrupción vinculado a un fraude fiscal multimillonario en el negocio de hidrocarburos.

La extraña excarcelación de Aldama fue impulsada por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, sin la bendición de sus superiores.

Año y medio después, el supuesto jefe de la trama corrupta llega al final del juicio en el Tribunal Supremo enfrentado a una petición de pena máxima (siete años de cárcel) más de tres veces inferior a la que soporta Ábalos (24 años), el exministro que sucumbió supuestamente a los sobornos de Aldama —“era quién mandaba y pagaba”— y le favoreció en diversos contratos públicos.

En noviembre pasado, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular unificada, en manos del PP, presentaron sus escritos con petición de penas para los tres procesados. Ambas partes aplicaron a Aldama la atenuante de confesión de culpa. “Concurre en Víctor Aldama la circunstancia atenuante analógica 7ª en relación con la atenuante de confesión, 4ª del artículo 21 del Código Penal (apartado IX de la conclusión Primera)”, escribió Luzón.

Han pasado seis meses, y Aldama ha convencido a la acusación popular unificada —dirigida por el PP e integrada por la derecha y ultraderecha judicial (Manos Limpias, Vox, HazteOír) más una asociación de abogados progresistas (Adade)— para pedir ahora una atenuante muy cualificada que rebaja en dos grados la pena de manera que Aldama pueda evitar la cárcel. Luzón, según escribieron ayer distintos medios, era partidario de una medida similar a favor de Aldama, pero la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, defendió en una conversación estrictamente jurídica que no cabía aplicar esa medida ante el comportamiento del empresario corrupto.

La jurisprudencia señala que para aplicar la atenuante muy cualificada —que permite reducir la pena en uno o dos grados— es necesario que la colaboración con la Justicia sea excepcional y eficaz, que las pruebas que aporte permitan el esclarecimiento de los hechos y que ayude a procesar a otros participantes en el delito con una declaración veraz y completa, sin añadir falsedades que desvirtúen esa colaboración y perjudiquen a otros sin fundamento.

No parece que seis meses después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera siete años de cárcel para Aldama aplicándole la atenuante de la confesión de culpa, existan hechos nuevos que permitan modificar el escrito de acusación para rebajar aún más la petición de penas.

Aldama incumple la mayoría de los requisitos de la atenuante muy cualificada por colaboración con la Justicia. Lleva año y medio esparciendo bulos, conjeturas sin base y acusaciones sin pruebas ante distintos tribunales, cadenas de televisión y emisoras de radio.

Pedro Sánchez, un jefe de la trama que agradecía a Aldama cosas que no habían ocurrido

El empresario comisionista declaró ante los siete magistrados que le juzgan en el Tribunal Supremo que el jefe de la trama corrupta en la que él había participado era Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Todas las pruebas que aportó para sostener esa teoría están llenas de grietas.

Contó Aldama al tribunal que tras la foto que se hizo con Sánchez a principios de 2019 durante la presentación de Pepu Hernández como candidato socialista a la alcaldía de Madrid, el presidente del Gobierno le dijo: “Muchas gracias. Sé todo lo que estás haciendo”. Para entonces, lo que estaba haciendo Aldama a favor del PSOE era nada, según le recordó el fiscal anticorrupción en el juicio: “¿Pero usted todavía no había hecho nada, no?”, preguntó Luzón.

Aldama detalló que, a partir de 2020, Koldo García, asesor del ministro Ábalos durante el trienio del pillaje, le propuso que intermediara con empresas constructoras para el cobro de mordidas por el amaño de obras públicas y le dijo que con ese dinero se financiaba el PSOE. Pero no hay ni un solo indicio de financiación ilegal del PSOE a través del amaño de obras, según las investigaciones abiertas en varios órganos judiciales Tampoco existe prueba en el sumario que demuestre que Koldo García le hizo ese encargo.

El empresario apoyó todas sus conjeturas sobre Sánchez en el hecho de que el presidente del Gobierno estaba al tanto de los negocios ilegales porque Koldo García se lo contaba por teléfono. Pero el único número de teléfono del ahora presidente del Gobierno que halló la UCO en todas las agendas de los dispositivos móviles incautados a Koldo García correspondía al que dejó de utilizar Pedro Sánchez en julio de 2017. Las conversaciones que supuestamente escuchó Aldama se produjeron dos años después.

Mordidas en decenas de obras públicas que nunca pudo adjudicar Ábalos

En su primera confesión para colaborar con la Justicia, Aldama presentó unas fotocopias del anexo de inversiones de los presupuestos generales del Estado correspondiente a decenas de obras —subrayadas en distintos colores— que supuestamente se iban a amañar a cambio de mordidas. Muchas de las obras subrayadas no se licitaron siendo Ábalos ministro, y otras muchas ni siquiera se habían sacado a concurso cuando Aldama presentó los papeles. Leopoldo Puente, el juez instructor, advirtió en una de sus resoluciones que las acusaciones del empresario no estaban “mínimamente acreditadas”.

Aldama también presentó un manuscrito, obra de Koldo García, con seis nombres de lugares y de empresas supuestamente favorecidas por contratos de obras. El ministerio que dirige Óscar Puente investigó esos trabajos: uno de ellos aún no se había licitado; otro se adjudicó cuando Ábalos ya no era ministro; tres contratos se dieron a la oferta más baja y el restante fue a la propuesta técnica mejor puntuada.

El apartamento con señoritas que nunca usó el ministro Ángel Víctor Torres

Aldama declaró ante el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, que alquiló un apartamento en la calle de Atocha de Madrid en noviembre de 2018 para uso y disfrute de Ábalos, García y el ministro Ángel Víctor Torres: “Ese piso lo pago yo y lo busco yo para encuentros con señoritas que nada que tienen que ver con una reunión empresarial”. El instructor pidió pruebas y Aldama entregó el recibo del apartamento donde figuraba el periodo alquilado: del viernes 9 de noviembre de 2018 a las 16.00 hasta el sábado 10 de noviembre de 2018 a las 11.00. Pero Ángel Víctor Torres estuvo todo ese viernes 9 de noviembre en las Islas Canarias: presentó en Tenerife una enmienda a la totalidad contra los Presupuestos del Gobierno canario, y se desplazó a las 20.00 a Gran Canaria. Al día siguiente voló a Madrid, donde aterrizó a las 10.30 para viajar hasta Fuenlabrada donde asistió a un acto del PSOE después de las 11 de la mañana, cuando el piso de la calle Atocha ya no estaba alquilado.

Cuentas (falsas) en República Dominicana de Begoña Gómez, y media docena de ministros

Aldama reveló en la cadena Cope que había “visto pantallazos” de una cuenta bancaria en República Dominicana a nombre de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, con seis millones de dólares. La acusación del empresario se extendía a media docena de ministros de Pedro Sánchez y hasta al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que también guardaban sus fortunas opacas en aquel país. “Existe una denuncia de un particular en Fiscalía con sello de entrada y con fecha del 13 de enero. Yo tengo copia de esa denuncia y del listado de cuentas. Este particular lo tiene muy bien atado. He visto la trazabilidad de las cuentas. Es algo que me parece que hay que investigar y que me parece gravísimo”, denunció Aldama en uno de los medios que recogía su basura de vez en cuando.

A esas horas, la Fiscalía Anticorrupción de Alejandro Luzón ya había investigado y archivado la denuncia de las fortunas ocultas de dirigentes socialistas en República Dominicana por su “nula credibilidad”: “Los documentos aportados no corresponden con los de ninguna entidad bancaria, pues la información recogida no tiene como soporte documentos de los bancos a los que se refiere, son documentos confeccionados por un tercero que siguen un mismo patrón o forma de elaboración pese a tratarse de entidades distintas, todos en castellano y sin ningún signo distintivo de la marca o nombre de la entidad bancaria”, señaló Luzón en el decreto de archivo. El mismo fiscal anticorrupción que ahora coquetea con la idea de rebajar aún más la pena a Aldama, ya supo hace más de un año que algunas de las acusaciones que lanzaba el empresario corrupto en los medios de comunicación eran falsas.

Rescate de Plus Ultra: “10 millones que cobró Zapatero en Panamá, que también son de Sánchez”

Hace solo ocho meses, poco antes de que la Fiscalía Anticorrupción pidiese siete años de cárcel para Aldama aplicándole la atenuante de la confesión y la colaboración con la Justicia, el empresario corrupto disparó contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y contra el presidente Pedro Sánchez a cuenta del denominado rescate de Plus Ultra —un préstamo de 50 millones de euros para evitar la quiebra de la empresa en plena pandemia—. Aldama aseguró que esa operación se había aprobado en el Consejo de Ministros gracias a la presión de Zapatero.

La prueba de Aldama para una acusación tan grave era el asesor de Ábalos: “Koldo me le encuentro un día muy alegre y me dice, ya estará contento el imbécil este que va a percibir sus 10 millones de euros en Panamá. Plus Ultra, según Koldo, hace una trasferencia de 10 millones a Panamá para las comisiones del señor Zapatero que, entiendo que por la insistencia de Sánchez a Ábalos, también son de Sánchez”, declaró Aldama en el programa Horizonte de Iker Jiménez.

La conjetura de Aldama era poco menos que increíble e ilógica: los dueños de Plus Ultra habrían pagado 10 millones de euros en mordidas a cambio de lograr un préstamo de 50 millones que tenían que devolver.

La imposible obstrucción a la Justicia del ministro que nunca habló con Aldama

En noviembre de 2024, Aldama reconocía en una entrevista tras salir de prisión que no conocía de nada al ministro de Justicia, Félix Bolaños: “Es duro ver que hay gente como el señor Bolaños o el señor Óscar López que no les había mencionado en ningún momento y que no me conocen de nada, que hablan de mí de oídas o porque esta gente siempre que habla de alguien, habla sin informarse. No es la primera vez que cometen errores hablando y luego se demuestra que es mentira o que lo que dicen no es tal cual”.

Solo 14 meses después, Aldama acudió a un programa de Telemadrid para denunciar un intento de soborno del ministro que, según dijo tras salir de la cárcel, no le conocía de nada y del que nunca antes había hablado: “El señor Bolaños contactó con mi director de comunicación, el señor Bermejo, y me ofreció mucho dinero, yo no voy a decir cuánto, para que me callara, dinero para mí. Por eso, como no accedemos, me montan todo el lío para meterme en la cárcel”. ¿Eso fue antes de entrar en prisión [en octubre de 2024]?, le preguntaron. “Sí”, contestó.

El ministro Bolaños presentó el pasado viernes una querella por difamación contra el intermediario y comisionista corrupto: “No conozco a Aldama ni a su director de comunicación. Es todo falso”.

El fraude electoral de 2023, un “amaño de papeletas” que solo vio Aldama

“Hay que ver cómo se financian los partidos políticos y alguna otra cosa que tenga que ver con Indra [la empresa que gestiona el recuento en los procesos electorales en España]”. Aldama sugirió en otra entrevista que durante las elecciones generales de 2023, que ganó el PP aunque no pudo formar gobierno, hubo un “amaño de papeletas u otra serie de cosas, como también hablaban ellos en las generales con las famosas urnas que llegaban a Ifema. Hay empleados de Indra que podrían salir a hablar de esto que estoy diciendo ahora”. No hay una sola prueba o indicio de lo que sugirió el empresario sobre un fraude electoral en España.

En sus mentes habita el rencor de forma obsesiva. Se alimentan de odio y resentimiento. Atribuyen a otros sus propias actitudes aviesas. Y se dedican a difamar a quienes les sitúan frente al espejo de su propia cochambre. Y aun así siempre hay alguien dispuesto a convertir al último libelista en personaje viral de consumo rápido o profesional de prestigio. Ya todo vale. Lo que cuenta es el ruido, el impacto fácil y la excitación del momento.

Pongamos que hablamos de Aldama, del empresario corrupto al que no pocos medios de comunicación presentan como un ser de luz, y al que el ministro Félix Bolaños acaba de presentar una demanda por vulnerar su derecho al honor tras acusarle de ofrecerle dinero a cambio de su silencio. Tras la del titular de Justicia, una vez acabado el juicio de las mascarillas en el Supremo, el PSOE presentará la suya propia porque, cuando en diciembre de 2024, registró el escrito, el Alto Tribunal lo desestimó al considerar que no era el momento procesal oportuno. 

Pero pongamos también que hablamos de esa especie periodística que hace de altavoz habitual de delincuentes habituales, políticos resentidos y testigos sobrevenidos o imaginarios del último supuesto escándalo. Sí, pongamos que hablamos de quienes han hecho del derecho a la difamación y el infundio su forma de chapotear en este proceloso mundo de la información. 

De quienes no comprueban, no analizan, no contrastan y descargan sus frustraciones con la escritura. De quienes decían atesorar con responsabilidad y mucho celo hasta cuatro cositas que obligarían a dimitir al mismísimo presidente del Gobierno. Y, pasados los meses, ni una, ni dos, ni tres ni cuatro… Ahí sigue “el perro”. Dimisiones, relevos , vicepresidentes que nunca lo fueron, candidatos imaginarios, superministerios inventados, nombramientos que jamás se produjeron y hasta bombas radiactivas hasta el momento no detonadas.

Si los bulos existen es porque hay buleros que los difunden y gente dispuesta a comprar la mercancía averiada del primero que se presenta como experto acreditado y no aprobaría ni el primer examen de ética periodística. La mentira sale muy barata porque ha sido normalizada por empresarios, políticos, periodistas y hasta jueces que se alimentan del odio y lo practican contra cualquiera que tenga una mínima exposición pública y sea susceptible de ser vilipendiado ante un micrófono o un folio. Cuando una magistrada no reconoce como delito que alguien relacione a la mujer del presidente del Gobierno con el tráfico de drogas en Marruecos en un programa de televisión es que el grado de putrefacción del país alcanza cotas insoportables. 

La calumnia no debería salir gratis, aunque quienes la esparzan se presenten como víctimas perpetuas de una conspiración y traten de descargar su frustración en diarios de adolescentes escritos para reivindicarse y ajustar cuentas. La demanda de Félix Bolaños contra Aldama es el camino para poner fin a tanta indignidad, tanta patraña y tanto desahogado que debiera repasar minuciosamente su trayectoria antes de descargar su ira sobre cabeza ajena. 

Siempre nos quedará el tiempo y algunos jueces, que acaban poniendo a cada uno en su sitio, como ha ocurrido con la sentencia de un juzgado de León que condena a seis meses de cárcel a dos activistas de extrema derecha por vincular al secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, con la supuesta trama de corrupción del Caso Mediador. El juez impone una pena de cárcel y una indemnización de 2.000 euros más intereses contra Alberto Royuela Fernández y Juan Martínez Grasa -del canal de YouTube Expediente Royuela- por ser “autores responsables de un delito de calumnias con publicidad y un delito de injurias”. Eso sí han tenido que pasar tres años del episodio y desde que algunos otros buleros habituales hicieran gran alarde tipográfico con las inventadas de los hoy condenados sobre su supuesta participación en cenas “rodeados de prostitutas y cocaína”.

Odia al pecado, pero compadece al pecador. Con un matiz: solo cuando ese pecador sea un instrumento útil para atizar al Gobierno de Pedro Sánchez (la caridad cristiana no aplica para nadie más).

El juicio de las mascarillas ha desnudado la hipocresía del PP frente a la corrupción. Es intolerable, si se trata de Ábalos y de Koldo. Es perdonable, si hablamos de Víctor de Aldama: el empresario corrupto que cobró millones gracias al ministro y su asesor. Solo por los contratos de mascarillas que están siendo juzgados se llevó 5,5 millones de euros.

Como adelanté en mi carta del sábado, el PP ha decidido rebajar su petición de pena para Aldama al mínimo posible. El partido que preside Alberto Núñez Feijóo está presente en este juicio como acusación popular y ha decidido compadecerse del “jefe real” –así lo llama la UCO– de esta trama de corrupción.

El PP solicita para Aldama una rebaja de dos grados en su condena; a su juicio, ni uno solo de los delitos que cometió merece más de un año y dos meses de cárcel. Si esta rebaja se aplicara, Víctor de Aldama podría librarse de entrar en prisión.

El motivo de la generosidad del PP está a la vista de todos. Nadie lo oculta. Según el PP, Aldama debería seguir en libertad por su “colaboración con la justicia”, por su “confesión muy cualificada”. En la práctica, es la recompensa por esas mentiras groseras que soltó durante su declaración de hace unos días. Entre otras, acusar a Pedro Sánchez de ser el “número 1” de esta organización criminal, o asegurar que recaudó dinero para el PSOE. Afirmaciones para las que solo aporta su palabra, y nada más. 

Es una relación simbiótica. Las mentiras de Aldama son gasolina para la campaña de la derecha contra el Gobierno. Y esas acusaciones sin pruebas tienen una recompensa para Aldama. 

Es también un incentivo perverso. No se premia la verdad, se premia la utilidad política de la acusación. Es tan poco fiable la “confesión” que se obtiene al recompensar esta delación sin pruebas como las que conseguía la Inquisición.

Las peticiones de condena son muy relevantes en un proceso penal. La decisión última corresponde al tribunal, pero los jueces no pueden sentenciar a penas mayores que las que pidan las propias acusaciones. Y en este juicio, las acusaciones presentes solo son dos: la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, que coordina el PP y donde están otras seis organizaciones más (las habituales en estos casos, como Manos Limpias, Hazte Oír o Vox).

A Víctor de Aldama la jugada le ha salido regular. El plan de su abogado era que la Fiscalía Anticorrupción también rebajara la petición de cárcel. Esa parece que era también la intención del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. De haberlo logrado, Aldama se habría ido a la cama con la seguridad de que su condena sería mínima.

Este lunes, varios medios cercanos a la derecha publicaron que el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón había planteado esa rebaja a su superior jerárquica, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. Pero que ésta se había negado y le habría obligado a mantener la pena de siete años que solicitó en su escrito de acusación. En su exposición final, durante el juicio, Luzón ha mantenido la petición de pena de siete años.

Alejandro Luzón ya había tomado antes otras dos decisiones polémicas y muy favorables para Aldama. 

La primera fue el 21 de noviembre de 2024: cuando le puso en libertad tras una declaración donde acusó a medio Gobierno de corrupción. Aldama estaba en prisión preventiva por otro caso, el fraude de los hidrocarburos, pero Anticorrupción le liberó por lo que contó en el caso mascarillas. Fue un cambalache muy poco habitual: que confieses en un caso y te liberen en otro. Y en aquella ocasión, Luzón ocultó esta decisión al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Su superior jerárquico se enteró de la noticia por la prensa.

El segundo favor a Aldama fue el 19 de noviembre de 2025. La Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón consideró esa confesión de Aldama como un atenuante y le rebajó de forma considerable la petición de pena. Siete años para el corruptor, frente a los 19 años para Koldo, o los 24 años para Ábalos. Luzón tampoco consultó esa generosa rebaja con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Tomó la decisión aprovechando el vacío de poder que había en ese momento en la Fiscalía. Justo al día siguiente, el 20 de noviembre, se confirmó la condena del Supremo contra García Ortiz. 

El tercer favor a Aldama –otra rebaja de pena tras el juicio que fuentes jurídicas daban por hecho– finalmente no ha podido ser. Pero no todo está perdido para este empresario corrupto. Depende ahora de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. En su mano está aplicar esa petición de pena que ha planteado el PP para que la corrupción quede impune y Aldama no entre en prisión.

Sería un escándalo. Otro más.

La acusación popular que dirige el PP ha modificado sus conclusiones y ha pedido rebajar aún más la pena para el empresario Víctor de Aldama. Ha solicitado que se aplique una atenuante muy cualificada de confesión tras su declaración ante el Tribunal Supremo, en la que lanzó graves acusaciones sin pruebas sobre una supuesta financiación ilegal del PSOE y fue incluso más allá al tratar de implicar directamente al presidente del Gobierno. 

En total, su petición ha pasado de siete años a cinco años y dos meses. La clave, no obstante, es que la pena solicitada por ninguno de los delitos supera los dos años, por lo que no implicaría su entrada en prisión. El letrado del PP, Alberto Durán, ha explicado que en su decisión pesa la colaboración ofrecida por el comisionista, ya que, a su juicio, “ha facilitado el descubrimiento de otras actuaciones delictivas relacionadas con obra pública”. Para el exministro José Luis Ábalos y su antiguo asesor, Koldo García, la acusación popular mantiene su petición de 30 años de cárcel.

Por otro lado, la Fiscalía mantiene la petición de siete años de cárcel para el empresario al que le aplica una atenuante de confesión. Al abordar este asunto con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ésta le manifestó que consideraba que no había elementos para rebajar aún más la pena, explican a elDiario.es fuentes fiscales. Finalmente, el fiscal Luzón ha mantenido su petición de pena inicial, tal y como ha explicado ante los magistrados que deberán dictar sentencia. También ha mantenido las peticiones de 24 años de cárcel para Ábalos y de 19 años y medio de prisión para el exasesor Koldo García.

El artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) establece que “los miembros del Ministerio Fiscal pondrán en conocimiento del Fiscal General del Estado los hechos relativos a su misión que por su importancia o trascendencia deba conocer”. Además, el artículo 27 de esa misma norma establece que los fiscales pueden exigir la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala en caso de discrepancia con la “orden o instrucción” recibida del fiscal general. 

Fuentes fiscales han señalado a elDiario.es que la decisión de mantener la calificación inicial se ha adoptado de forma unitaria en el seno del Ministerio Fiscal y que no ha existido una orden por parte de Peramato en el sentido de mantener las calificaciones previas de los delitos.

En su escrito de calificación —presentado el pasado noviembre—, Luzón valoraba la “información relevante” aportada por Aldama, a quien su confesión le sirvió para salir de la cárcel, donde había entrado por su implicación en otro caso, un millonario fraude con hidrocarburos. 

En ese informe, el fiscal aludía a los “pantallazos” que aportó y en los que figuraba un listado de obras de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes donde aparece una relación de contratos que estarían “pre-adjudicados” a determinadas empresas que “habrían adquirido el compromiso de pago de comisiones si resultaban adjudicatarias”, así como unas notas manuscritas que atribuyó a Koldo García y donde se reflejaban hasta seis contratos supuestamente amañados. 

Ábalos carga contra la UCO y Aldama

Las partes detallaron sus conclusiones tras escuchar al principal investigado, el exministro Ábalos. El que fuera secretario de Organización del PSOE se sentó este lunes ante los siete magistrados del Tribunal Supremo que deben decidir si es inocente o culpable con el convencimiento de que su caso está juzgado desde hace tiempo y que el veredicto será una “condena clara”.

Así lo afirmó él mismo en un extenso interrogatorio en el que cargó contra el “sesgo permanente” de los informes de la Guardia Civil que le incriminan y en el que pasó algunos apuros al tratar de justificar los movimientos de sus cuentas bancarias y los miles de euros en gastos de índole personal que abonó quien fuera su mano derecha, Koldo García, al que los investigadores atribuyen el rol de “custodio y gestor” de su dinero. 

La investigación ha acreditado que Ábalos manejó en cinco años hasta 95.000 euros sin rastro bancario. Una cantidad que el exdirigente socialista opuso a los “entre 3,5 y 4 millones de euros” en comisiones que Aldama afirmó que había pagado al exministro y a quien fuera su mano derecha. “El gran caso de corrupción de las mascarillas. Me han encontrado 95.000 euros. No ha habido forma de encontrarme más”, sostuvo a preguntas del fiscal.

Las pesquisas también han arrojado otras llamativas revelaciones, como el hecho de que entre 2018 y 2023 “desaparecieran” las retiradas en efectivo de sus cuentas al tiempo que se registraba “un aumento significativo de los ingresos en metálico”. Es un “patrón” que cambió a partir de 2024, con el estallido del caso y la detención de Koldo García. 

Ante el tribunal, Ábalos ha explicado que la gente cada vez tiene “menos efectivo” y que son habituales los abonos con tarjeta. Además, ha justificado que, en su posición de ministro, apenas necesitaba dinero líquido. “Me recogían en casa, me llevaban al ministerio, el café no me costaba nada. El almuerzo, o ibas invitado o invitabas tú a cargo del ministerio. No pagaba yo”, ha detallado. 

Asimismo, ha cuestionado que la UCO le imputara como dinero de origen desconocido el montante que le pagaba Koldo García por el alquiler de un piso de su propiedad en el centro de Madrid. En este sentido, ha insistido en que la Guardia Civil le imputa como ingresos en efectivo 14.940 euros en 2020, si bien 7.600 euros corresponden al citado alquiler y otros 4.000 euros a un alquiler vacacional de una casa que tenía en usufructo abonados por Joseba García, el hermano de quien era su mano derecha en Transportes.

El cuestionamiento de los informes que le incriminan fue una constante en su declaración. A respuestas de su abogado, Marino Turiel, incidió en la “intencionalidad” de esos atestados. Aseguró, en este punto, que el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, reconoció que no había consultado si los contratos bajo sospecha de su expareja en empresas públicas eran ajustados a derecho. O recordó el error de la UCO al atribuirle la compra de un inmueble por 2,1 millones en Colombia cuando costó 751 euros.

En paralelo, Ábalos trató de atacar la credibilidad de Aldama tras su declaración de la semana pasada. A preguntas de la Fiscalía, Ábalos sugirió que el empresario manipuló una supuesta carta remitida en julio de 2019 con el sello del Ministerio de Transportes al entonces presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, donde se situaba al comisionista como “enlace”. 

Según Ábalos, Aldama robó “papel oficial” y una “carpeta de protocolo” del Ministerio de Transportes para “adornar la farsa” y dar “solemnidad” a esa misiva, que el empresario ha esgrimido como una suerte de “credencial” para entablar conversaciones con Venezuela en representación del Gobierno de España. En este sentido, Ábalos sostuvo que cualquier correspondencia del ministro no va sellada: “lleva la firma y listo”. Y que, en este caso, no va firmada por él. Además, sobre el contenido, rebatió que “un ministro no puede encargar a un particular ninguna representación con delegaciones tan extensas”. 

Por último y sobre si, como dice la acusación, actuaba formando un binomio con su asesor, enfatizó que ambos tenían “vida propia” con sensibilidades y trayectorias “muy distintas” a pesar de que se les presenta en la causa como “un duo”. Pero recordó que Koldo García siempre estuvo “muy afanado en estar encima” y que si algo tienen en común es la “lealtad”. “Veo que algunos se han decepcionado porque no nos hayamos matado o traicionado”, sentenció.

El exministro José Luis Ábalos declara este lunes en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo y en el que se expone a una condena de hasta treinta años de cárcel. En el primer tramo de su comparecencia, el que fuera secretario de Organización del PSOE, ha cargado contra el empresario Víctor de Aldama, al que ha acusado de moverse en la “impostura permanente”. Asimismo, ha sostenido que tiene la creencia de que su expareja Jésica Rodríguez fue coaccionada cuando declaró en este mismo órgano que cobró un sueldo de dos empresas públicas sin ir a trabajar y de que el comisionista ha “arreglado algo” con ella. 

A su vez, ha lamentado que su condena está “clara” porque el caso, muy mediatizado, está “juzgado desde hace tiempo” a pesar de que la Guardia Civil ha podido localizar únicamente 95.000 euros sin rastro bancario en cinco años. “El gran caso de corrupción de las mascarillas. Me han encontrado 95.000 euros. No ha habido forma de encontrarme más”, ha sostenido a preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Aun así, ha tratado de atacar la credibilidad de Aldama, que trasladó a sede judicial las acusaciones sin pruebas sobre la financiación ilegal del PSOE que llevaba meses lanzando en los medios de comunicación y aseguró que les había pagado “entre 3,5 y 4 millones de euros” en comisiones al exministro y a su asesor Koldo García. A preguntas de la Fiscalía, Ábalos ha sugerido que Aldama manipuló una supuesta carta remitida en julio de 2019 con el sello del Ministerio de Transportes al entonces presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, donde se situaba al empresario como “enlace”. 

Según Ábalos, Aldama robó “papel oficial” y una “carpeta de protocolo” del Ministerio de Transportes para “adornar la farsa” y dar “solemnidad” a esa misiva, que el empresario ha esgrimido como una suerte de “credencial” para entablar conversaciones con Venezuela en representación del Gobierno de España. En este sentido, Ábalos ha sostenido que cualquier correspondencia del ministro no va sellada: “lleva la firma y listo”. Y que, en este caso, no va firmada por él. Además, sobre el contenido, ha rebatido que “un ministro no puede encargar a un particular ninguna representación con delegaciones tan extensas”. 

Por otro lado, Ábalos ha rebajado el papel de Aldama en el viaje a México de diciembre de 2018 que Anticorrupción considera que es uno de los episodios que apuntan al grado de influencia del empresario sobre el exministro y su asesor. Así, ha explicado que el empresario “no organizó el viaje” y participó únicamente en una visita protocolaria al Senado que gestionó un amigo suyo que era senador y en una reunión en el Estado de Oaxaca. “En lo demás no estuvo”, ha sostenido.

Además, ha dicho que ese viaje tuvo como objetivo completar una visita que había realizado el presidente del Gobierno para restablecer relaciones con el nuevo presidente de México, “que tenía actitud reacia a los intereses españoles”; y el proyecto de un nuevo aeropuerto que gestionaba la empresa pública Ineco. 

Respecto a su expareja Jésica Rodríguez, Ábalos ha afirmado que fue coaccionada para declarar en su comparecencia ante el tribunal que nunca trabajó para Ineco y Tragsatec a pesar de haber sido contratada. “Dijo que no iba a trabajar sin que nadie le preguntara eso, y que había elegido el apartamento [que supuestamente le pagó la trama]. Lo dijo motu proprio y dijo que no conocía a Aldama cuando yo la conocí por él”, ha explicado. “Ella no dice eso si no se le ha coaccionado”, ha añadido.

Además, tras afirmar que se ha convertido en “carne de meme” por esa relación, ha enfatizado que nadie se autoinculpa de algo “si previamente no le han dicho que no le va a pasar nada”. Ha recordado que ella se preocupó de fichar todos los días en esas empresas y por eso no puede entender que ahora diga que no trabajó si no es porque tras una campaña de desgaste contra ella fue coaccionada. “Les aseguro que no hay motivo ninguno para decir que no conoce a Aldama, salvo que haya algún asunto que hayan arreglado”, ha subrayado.

Los inmuebles que acorralan al exministro

A preguntas del fiscal, Ábalos también ha tratado de debilitar los indicios que apuntan a que se benefició directa o indirectamente de tres inmuebles a cambio de su intercesión en contratos y que tienen como denominador común la presencia de Aldama.

Sobre el pago del alquiler del apartamento de lujo de Jésica Rodríguez, el exdirigente socialista ha defendido que fue Luis Alberto Escolano, un socio del comisionista, quien lo abonó dado que quería tener un piso de empresa para alojar a gente y hacer reuniones. Los mensajes intervenidos a los investigados evidencian que fue ese empresario quien pagó ese alquiler, si bien la Fiscalía considera que se trata de un soborno de Aldama para conseguir un trato preferente del ministro.

Ábalos también ha sido preguntado por el contrato de arrendamiento con opción a compra de un piso en el Paseo de la Castellana de Madrid, una de las principales arterias de la capital, por un precio de venta de 750.000 euros que firmó con Aldama. El exministro ha defendido que fue una “estafa”, que nunca le dieron las llaves y que fue “engañado” porque el inmueble estaba tenía inquilinos y nunca lo pudo ocupar.

El fiscal le ha preguntado si ese contrato encubría una fiducia de garantía de un crédito por el cobro de comisiones ilegales, tal y como ha sostenido Aldama y han aceptado como cierto las acusaciones. “Lo de la fiducia me parece de necesidad desesperada de colaborar con la Justicia (...). Que se me digan qué comisiones y qué acciones permitieron liberar esta fantasiosa fiducia…”, ha respondido Ábalos. “Hay otro procedimiento en el que está investigado en el cobro de comisiones ilegales”, ha contestado el fiscal. Y Ábalos le ha reprochado entonces que estos hechos no deberían ir en este procedimiento. “Todo conectado, sí”, ha tratado de zanjar el representante de la Fiscalía Anticorrupción.

Respecto al disfrute de un chalet en Cádiz en 2021 comprado por otro socio de Aldama, el fiscal ha evidenciado la contradicción de por qué encargó a Koldo García que buscara chalets en compraventa si su pretensión era únicamente alquilar una vivienda. Ábalos ha explicado que su intención era alquilar y, si le encajaba y le venía bien, comprar. Además, ha mantenido que pagó una mensualidad y dos meses de fianza. Pero “cambiaron las circunstancias” —fue cesado y se separó de mujer—, no se hizo pago del resto de las cantidades debidas y se produjo un desahucio.

Los contratos de mascarillas

En cuanto a su papel en la adquisición de mascarillas por parte de Puertos del Estado y Adif en plena pandemia con Soluciones de Gestión, la empresa de la trama, el exministro ha señalado ante el Tribunal Supremo que cuando surgió la necesidad de adquirir material sanitario en marzo de 2020 él lo transmitió a su equipo y que lo habló con Koldo García, su asesor.

Así, ha negado que lo hablara directamente con el empresario Víctor de Aldama. Si bien ha matizado que dado que siempre estaba en el Ministerio es probable “que supiera de esa necesidad” o que escuchara su conversación con su asesor. Además, ha enfatizado que en ese momento “se necesitaba ayuda de todo el mundo” y que no conoció ninguna oferta de Soluciones de Gestión, la empresa de la trama, con anterioridad a la orden que firmó para la adquisición de mascarillas. De hecho, entendía por lo que le aseguró su asesor que había varias ofertas presentadas y que la elegida se ajustaba a la condición impuesta de pago a la entrega del material.

Por otro lado, ha indicado que se pasó de aprobar la compra de cuatro a ocho millones de mascarillas a Soluciones de Gestión con Puertos del Estado porque era la idea que él tenía desde el inicio y no por imposición de Aldama, y ha recordado que él siempre tuvo en mente comprar no solo para 15 días, que era lo que se extendía el Estado de Alarma, sino para más. Y por eso cambió la orden de cuatro a ocho, habida cuenta que cuando firmó la primera no fue consciente de que sólo se preveía para quince días.

Petición de hasta 30 años de cárcel

Ábalos, que fue secretario de Organización del PSOE, comparece como principal acusado después de que Koldo García rechazara haber cobrado 10.000 euros mensuales de Víctor de Aldama y afirmara que pagó mensualidades del alquiler de Jésica Rodríguez porque ella amenazó a Ábalos con contar a la prensa su relación extramatrimonial. También reconoce que en ocasiones actuaba sin conocimiento del ministro.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Además, reclama el pago de una multa de 3,8 millones de euros.

Las acusaciones populares que encabeza el PP reclaman, por su parte, 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario piden la misma pena que el fiscal.

Están siendo semanas aciagas para el buen nombre de la justicia en España. Al atrabiliario auto de apertura de juicio oral del juez Peinado siguió la elocuente conferencia del juez de Violencia sobre la Mujer David Yehiel Maman Benchimolen en el Colegio de Abogados de Madrid, donde parece que algunas de sus señorías se sienten muy cómodas y dejan fluir su verbo. Ahora, con los juicios simultáneos sobre el caso mascarillas -en el Supremo- y el caso Kitchen -en la Audiencia Nacional- estamos asistiendo a unas representaciones de las que habría que esperar que saliera un fortalecimiento de ese poder del Estado, pero por el modo que están teniendo el presidente y la presidenta, respectivamente, de esos tribunales, yo no me haría muchas ilusiones. De entrada, habría que remitirse a cómo fueron las instrucciones de ambas causas. La de las mascarillas, en el Supremo, donde se sienta un exministro y ex secretario de Organización del PSOE, fue rapidísima, vamos a pensar que porque el alto tribunal español está mucho más descargado de tarea que otros. Tiene otra cualidad muy destacada, que es la presencia en el banquillo de un empresario corruptor, Víctor de Aldama, que, por lo que dice la Fiscalía Anticorrupción, ha colaborado con la investigación se supone que aportando unas pruebas que está costando convertir en solventes. Gracias a esa presunta colaboración, el fiscal jefe de ese departamento, Anticorrupción le ha otorgado grandes beneficios: de entrada, la libertad de la que no gozan los demás acusados, y eso a pesar de que es el principal encartado en otra trama, la de los hidrocarburos, por la cual le birló al Estado casi 200 millones de euros en IVA. Pero, ya ven, mientras los demás están en prisión por riesgo de fuga o de destrucción de pruebas, De Aldama está libre y tan campante repartiendo acusaciones, siempre en la misma dirección, que es una de la calle Ferraz, y las mismas cabezas, altos cargos del PSOE, empezando por el presidente del Gobierno y algunos de sus ministros. Mientras dispare por ahí no habrá presidente de tribunal que lo llame al orden o a que se ciña al procedimiento, ni fiscal que pida para él la pena que le corresponde como el gran corruptor que es de esa trama de las mascarillas. 

Lo de Ángel Víctor Torres

Víctor de Aldama ha decidido liberar al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de la pesada losa acusatoria que colocó sobre él al señalarlo como receptor de comisiones corruptas, ora en forma de mordidas de hasta 50.000 euros, ora como beneficiario de los favores de unas señoras con las que habría compartido meublé en la calle de Atocha. A pesar de no haber presentado ni una sola prueba durante todo el tiempo durante el cual duró esa chaflamejada, este corrupto ha gozado no solo del respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, sino también de todos los medios de la derecha española, que han relatado con todo lujo de detalles unos hechos que jamás ocurrieron. Y no solo eso, se permitieron incluso anunciar su publicación con semanas de antelación dando por buena la palabra de este impresentable que estos días, ante el Tribunal Supremo, se ha permitido decir que Pedro Sánchez es el cabecilla de la trama sin que ese asunto esté en la causa que se está enjuiciando y sin que el presidente del tribunal, el que estuvo tan diligente contra los testigos incómodos en el juicio contra el ex fiscal general del Estado, lo haya interrumpido para reconducirlo. Espero que Ángel Víctor Torres ejerza (si no lo ha hecho ya) acciones contra Víctor de Aldama, y que la justicia y la fiscalía que tenemos no vuelvan a protegerlo como han hecho con él tan vergonzosamente.

Lo del juez Ruz

Lo ocurrido con la otra instrucción, la del caso Kitchen, ha sido muy comentado por diversos medios informativos y tertulias radiofónicas y televisivas. Un juez muy agradecido al PP, y con motivos, García Castellón, blindó a la cúpula de ese partido para que el escándalo de la policía corrupta no le afectara. No voy a contar lo que está tan trillado. Pero sí algo que está pasando desapercibido: lo que pasó con el juez Pablo Ruz, que estaba al frente de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional cuando se empezó a investigar lo que todavía se llamaba caso Bárcenas. Según ha declarado ante el tribunal el inspector jefe de la UDEF Manuel Morocho, ahí empezaron las presiones de la superioridad policial, alentada desde el Ministerio del Interior en manos del PP. Ni a Morocho ni al juez Ruz los dejaron trabajar para profundizar en el espionaje ilegal que se promovió para intentar evitar que los papeles y las grabaciones que tenía el extesorero del PP pudieran incorporarse a la causa que llevaba aquel juzgado, el que pudo concluir con éxito la operación Gürtel, por la que fue condenado el PP como responsable a título lucrativo, mira tú qué cosas. Al juez Ruz lo acabaron desplazando de la Audiencia Nacional, donde se encontraba como sustituto, para mandarlo de nuevo a su juzgado de Móstoles. Para acojonarlo le soplaron al oído que su padre iba a tener problemas con Hacienda, y el hombre entendió el recado. El siguiente recado se lo dieron al juez García Castellón, que por entonces se encontraba disfrutando de un relajado destino en el extranjero gracias a la generosidad del Consejo General del Poder Judicial, ese que el PP tuvo engrilletado tantos años. Le dijeron que tenía que volver a su plaza de la Audiencia Nacional, donde, ¡oh sorpresa!, le cayó la pieza separada llamada caso Kitchen, que es el que instruyó y el que estos días se repasa (de aquella manera) en un tribunal de la Audiencia Provincial.

Perdonen que hable de mi libro

Tengo motivos de sobra para decir que la justicia en España es un cachondeo, como diría aquel famoso alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, al que condenaron por semejante atrevimiento. La única condena penal que tengo en mi historial fue fruto de una trama muy bien orquestada para intentar acabar con un periodista de provincias incómodo con el poder político, entonces en manos, cómo no, del Partido Popular. José Manuel Soria se querelló contra mí precisamente por un Top Secret en el que contamos cómo fue el caso La Favorita, por el que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cuando él era alcalde, hizo un pase con el empresario Santiago Santana Cazorla, para que este comprara una vieja fábrica tabaquera (La Favorita, del famoso y asesinado Eufemiano Fuentes) por un precio y el ayuntamiento se lo comprara a él por siete millones más. La operación coincidió con un viaje a Suiza del concejal de Hacienda y con una cuenta en ese paraíso fiscal a nombre de la empresa que hacía la operación. La querella se tramitó por injurias y calumnias y una jueza paracaidista, puesta en aquel juzgado de lo Penal para condenarme, me condenó. Mi recurso cayó en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas, y un tal Salvador Alba Mesa, actuando de ponente, ratificó la sentencia añadiéndole de su cosecha unos cuantos versos dedicados. Ya por entonces el juez Alba tenía ambiciones personales de altas miras, y una de ellas, mira tú qué cosas, era conseguir una plaza en la Audiencia Nacional, sin despreciar en absoluto que lo hicieran vocal del Consejo General del Poder Judicial, al que también optó. Y para eso, el querellante, mi querellante, José Manuel Soria, era una pieza trascendental. Como lo fue, por ejemplo, para que el Consejo General del Poder Judicial nombrara presidente al actual presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda, justo cuando, en su calidad de presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, presidía un juicio por corrupción contra el portavoz de Economía del PP canario, Jorge Rodríguez, en un caso destapado por Canarias Ahora. Rodríguez es casualmente ahora el abogado de Salvador Alba Mesa en la causa que se sigue contra mí en la Audiencia Provincial de Madrid, ante la que me tendré que sentar en cuestión de meses para responder a la petición de 22 años de cárcel formulada por ese mismo juez delincuente y su señora esposa, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo Establier. Me acusan de revelación de secretos por contar las aventuras y desventuras de este exjuez corrupto, además de endosar dos delitos más: odio y acoso. He llegado hasta la apertura de juicio oral sin que Alba y su abogado hayan presentado el menor indicio de prueba contra mí después de que él fuera condenado por maniobrar a favor de José Manuel Soria, una vez más, perjudicando a la que en 2015 fue adversaria del ministro de los papeles de Panamá a las elecciones generales, Victoria Rosell, mi pareja. Todavía estoy esperando un comunicado de condena de la Asociación profesional de la Magistratura, la APM, de la que Alba llegó a ser presidente para las Islas Canarias. Un comunicado como el que emitieron cuando miembros del Gobierno y miles de personas criticamos el auto del juez Peinado. Pero ya se sabe, tenemos una justicia a la que le cuesta sacudirse las rémoras del pasado y que está mayoritariamente ejecutando la orden de que el que pueda hacer, que haga.

“Queremos que se querelle el señor Bolaños contra nosotros porque es la manera en la que judicialmente podremos aportar lo que he dicho y lo que ayer he contrastado y lo que vuelvo a contrastar: que este señor se puso en contacto para silenciarme y para sobornarme de alguna manera pagándome una cantidad muy alta, que no voy a decir tampoco la cifra para no seguir hablando”. Quien así habla es Víctor de Aldama, el delincuente confeso y cerebro de la trama Ábalos-Koldo en un programa de televisión el pasado 5 de febrero. 

No era la primera ni sería la última vez que quien hoy se sienta en el banquillo de los acusados en el Tribunal Supremo por el caso mascarillas y tiene otra causa pendiente en la Audiencia Nacional por el fraude de los hidrocarburos acusaba al ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia de un intento de soborno. El deseo del empresario corrupto se ha hecho finalmente realidad y Bolaños presentó el pasado viernes ante la sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid una demanda de protección del derecho al honor contra Aldama. No lo hizo antes a la espera de que Aldama declarase ante el Supremo por si volvía a acusarle y, en ese caso, tenía que ampliar o modificar la demanda, que tenía redactada desde hace semanas.

“El derecho al honor es, esencialmente, un derecho fundamental de la dignidad humana y consistente en no ser escarnecido o humillado ante uno mismo o ante los demás, reconocido como derecho fundamental, entre otros, por nuestra Constitución, y cuya negación o desconocimiento se produce, fundamentalmente, a través de cualquier expresión proferida o cualidad atribuida respecto de determinada persona que, de modo inexcusable, lo haga desmerecer en su propia estimación o del público aprecio”, según Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril de 1989.

El artículo 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982 de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen establece además que tendrá la consideración de intromisión ilegítima en el derecho al honor “la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”. 

Bolaños reclama a Aldama, según la demanda a la que ha tenido acceso elDiario.es, que se abstenga de realizar afirmaciones de igual tenor o en el mismo sentido, “ya sea en medios de comunicación (televisivos, impresos o digitales), en plataformas digitales (webs y/o redes sociales) o por cualquier otra vía”. También que se condene al demandado a la publicación del encabezamiento y fallo de la sentencia recaída en el presente procedimiento en sus redes sociales, particularmente en su cuenta de la red social X (antes, Twitter) y que se le condene a pagar 70.000 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios, más los intereses que legalmente se devenguen. 

El ministro recuerda en su escrito que el empresario corrupto “es conocido públicamente por ser, según el diario La Razón, protagonista en muchos de los grandes casos de corrupción de la actualidad en España” y que “se encuentra en el ojo público por su presunta participación, entre otras, en la denominada 'trama de los hidrocarburos', investigada por la Audiencia Nacional, por la que estuvo ingresado en prisión provisional entre el 10 de octubre y el 21 de noviembre de 2024”. Y reclama que se condenen “las falsedades que este está profiriendo ante la prensa y en sus redes sociales sin ninguna prueba ni fundamento, con un evidente fin espurio, tratando de involucrar” a Bolaños “en asuntos con los que no guarda relación alguna”. A pesar de su locuacidad en los diferentes programas de televisión por los que Aldama se pasea con frecuencia, en su declaración judicial ante el Tribunal Supremo el 29 de abril de 2026 Aldama no hizo referencia alguna a las supuestas actuaciones llevadas a cabo por Bolaños para “comprar su silencio”. 

En su suplico al Tribunal de Instancia, Bolaños sostiene que “no conoce ni ha hablado nunca, ni tiene ni ha tenido relación personal alguna con el demandado ni con su responsable de comunicación que, según manifiesta el Sr. Aldama, se llama D. Ramón Bermejo”. E Insiste en que “su relación personal es total y absolutamente inexistente”, que “nunca ha mantenido una conversación ni telefónica ni de ningún otro tipo con el Sr. de Aldama ni con el Sr. Bermejo, ni vinculada a las declaraciones del demandado que pasaremos a referir, ni relacionada con ningún otro asunto. Es más, ni siquiera tiene sus números de teléfono”.

Aldama difundió en la red social X que el ministro había asistido a una fiesta de cumpleaños del entonces Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en la que también estuvo el empresario y que tal fiesta se celebró en un restaurante de su propiedad en diciembre de 2019. En este sentido, subraya el escrito del ministro, “la única evidencia” que ha aportado el Sr. de Aldama para sostener públicamente que el demandante le conocía es una fotografía que, según manifiesta, habría sido tomada en ese restaurante. Fotografía en la que, por cierto, ni siquiera aparece Aldama. 

“Tan ridículo como imposible”

“Sostener que dos personas se conocen simplemente por haber coincidido en una fiesta multitudinaria organizada por un tercero —fiesta a la que, por cierto, asistieron decenas de invitados— es un argumento tan pobre que no merece mayor consideración. En primer lugar, porque resulta público y notorio que quienes desempeñan funciones públicas asisten diariamente a actos, reuniones, mítines y celebraciones en las que coinciden con decenas o centenares de personas y se toman fotografías con un buen número de ellas. La coincidencia en estos eventos no puede presuponer, como es lógico, ningún tipo de relación personal ni profesional con los asistentes. Tanto es así que ni siquiera puede descartarse que ambos hayan coincidido en algún otro acto público masivo, sin que ello implique interacción alguna entre ellos. Defender lo contrario sería asumir que uno mantiene vínculos con cada persona con la que comparte un espacio público, lo que es, sencillamente, tan ridículo como imposible. En segundo lugar, porque asistir a una comida o a una celebración de cumpleaños en un restaurante no implica conocer quién es el propietario del establecimiento. Pretender otra cosa revela desconocimiento tan inexcusable como inverosímil de la lógica con la que se desarrollan la vida cotidiana y la actividad pública”, prosigue el escrito de demanda.

En el texto Bolaños recuerda, además, que el propio Aldama reconoció, antes de acusarle en varios programas de televisión y en sus redes sociales de intento de soborno, “no conocer de nada” al ministro. Lo hizo, en concreto, en una entrevista radiofónica en el programa Herrera en Cope el 27 de noviembre de 2024: “Es duro ver que gente como el Sr. López, el Sr. Bolaños, que no les he nombrado en ningún momento y que no me conocen de nada, creo que además hablan de mí por oídas o hablan de mí porque esta gente siempre que habla de alguien habla sin informarse”. Una contradicción que, en la demanda, se considera “tan evidente que no deja lugar a dudas acerca de la falsedad de todo su relato y dinamita por completo la ya exigua credibilidad” del demandado.

Durante su declaración ante el Supremo el miércoles pasado, el cabecilla de la organización criminal del caso mascarillas apuntó contra el presidente del Gobierno y varios de sus ministros, sin mencionar esta vez a Bolaños, que dado el impacto en la opinión pública de la acusación “está viendo injustamente mermada su reputación personal por culpa de las mentiras de Aldama, que ha aprovechado la atención mediática que recibe para difundir las falsedades que estima oportunas sin el menor sustento probatorio”.

José Luis Ábalos se enfrenta a la que quizá sea la jornada clave en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra él, contra su exasesor Koldo García y contra el empresario Víctor de Aldama. Este lunes tiene lugar su declaración como acusado, todo un exministro y ex secretario de Organización del PSOE. Y, aunque según reza la Ley de Enjuiciamiento Criminal los encausados tienen derecho a mentir en el interrogatorio, Ábalos pretende realizar una comparecencia sólida para profundizar e insistir en lo que ya comenzó a hacer en la última sesión del juicio Koldo García, desacreditar la versión ofrecida por el comisionista.

Pero las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es explican que no solo entrará a combatir argumentos incluidos en los escritos de acusación, sino que irá más allá y expondrá, en la medida de lo posible y cuando pueda colocar el mensaje, que el conocido como 'caso Mascarillas' es en realidad un montaje orquestado por el PP desde el principio.

Así, Ábalos tratará de explicar que todo nace de una investigación tangencial en otra causa relativa a un fraude de hidrocarburos en el que un investigador de la UCO (que acabó trabajando para Seguridad de una consejería del gobierno de Isabel Díaz Ayuso) se interesó por la figura de Koldo García, un asesor que realizaba movimientos extraños. Y que esas suspicacias fueron transformadas en una denuncia del PP de Madrid ante la Fiscalía Anticorrupción que nació como represalia o venganza por la investigación abierta (y luego cerrada) al hermano de la presidenta madrileña.

Con todo, estas fuentes opinan que, a estas alturas, poner sobre la mesa la carta de una operación política del PP no es suficiente para librarse de una eventual condena de 24 años de cárcel, por mucho que la Kitchen esté de actualidad. Saben que el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, no se aparta de su guion establecido en el escrito de acusación y por eso la defensa de Ábalos, explican, ha trabajado en nutrir de argumentos al exministro para enfrentarse a un (presumiblemente) duro interrogatorio del Ministerio Público. Porque sí, Ábalos, como ya hiciera Koldo García, quiere enfrentarse al interrogatorio de Luzón.

De hecho, el del fiscal será el interrogatorio principal y en él el exministro tratará de dejar algunas cosas claras, como por ejemplo los desfases dinerarios. Así, Ábalos explicará que, si bien es cierto que había flujo de dinero entre él y su hombre de confianza, siempre hubo por su parte una voluntad de resarcimiento y retorno. Además, tratará de dar respuesta lógica al desfase de dinero no justificado por rastro bancario que la Unidad Central Operativa (UCO) cifra en más de 95.000 euros.

Así pues, el dinero tendrá relevancia, como ya ocurriera en la declaración de Koldo García que indicó que para quitarle líos de la cabeza a su ministro (al que dijo que estará “eternamente agradecido”) él se encargaba de muchas cosas: pensiones alimenticias, pagos vacacionales, llevarle las cuentas de los tiques a liquidar por el partido...

En este sentido, cabe recordar que una de las piezas fundamentales para que el puzzle de la acusación cuadre es probar que el binomio Koldo-Ábalos cobró desde octubre de 2019 cantidades mensuales de 10.000 euros de manos de Aldama. En su declaración, el comisionista se ratificó. Y el fiscal considera claves un par de viajes del hermano de Koldo, Joseba García, a República Dominicana en los que recogió sobres con 10.000 dólares (hecho que se apoya en una de las testigos que trabajaba para empresas vinculadas a Aldama). Frente a esto, Koldo negó tajantemente ese extremo, y por ende se espera que el exministro siga la misma senda.

“Hace lo más grande”

Pero más allá del tema monetario, Ábalos y su defensa tratarán de atacar el papel que atribuyó el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas al exministro en la estructura de la presunta organización criminal. Para Balas, el ministro tenía una función “instrumental” para el jefe real de la trama, Aldama, y le asignó un rol fundamental porque, y dijo textualmente, “hace lo más grande” y por eso “cobra lo que cobra”.

La defensa tratará de desactivar a Balas partiendo de los dos contratos estrella que se investigan desde el inicio: las adjudicaciones a la empresa Soluciones de Gestión de las compras de hasta 13 millones de mascarillas a través de dos empresas públicas dependientes de Transportes, esto es Puertos del Estado y Adif. El abogado del exministro, Marino Turiel, se empleará a fondo para que cale la idea de que esa contratación no fue decidida por Ábalos habida cuenta que el Ministerio se desvinculó de las mismas dejándolas en manos de las dos empresas públicas.

Otro punto clave que incluye el escrito de acusación de Luzón es la decisión que se adoptó el 21 de marzo de 2020 de pasar de una orden de compra de cuatro millones de mascarillas a otra de ocho millones, y en tan solo 38 minutos. Aldama señaló que esa decisión fue impuesta por él dado que era lo pactado con anterioridad, y un testigo indicó que el propio ministro dijo que era lo que había. Por su parte, Koldo García le quitó relevancia al asunto explicando que si le hubieran puesto delante de las narices 16 millones de mascarillas hubiera dicho que adelante porque en ese momento de crisis se trataba de adquirir material sanitario en un mercado que, según testigos que han pasado por el plenario, o estaba “roto” o no existía.

Con estos mimbres, Ábalos, según las fuentes, tirará por el camino de en medio y sostendrá que la decisión inicial de adquirir solo cuatro millones partió de una programación realizada por un alto funcionario, que quien eligió esa cifra lo hizo por prudencia y de manera unilateral y que el comisionista trastoca la realidad cuando dice que era lo pactado de inicio, y para ello es probable que contrapongan su declaración del pasado miércoles con la que hizo en instrucción.

Por otro lado, Ábalos también se deberá esforzar en desmentir lo que sostuvo el comisionista con relación al chalé de La Alcaidesa, que según la investigación pudo ser una dádiva de una trama de hidrocarburos a cambio de que el ministro les ayudara a obtener una licencia de operadora para la mercantil Villafuel. Aldama explicó que ese chalé que adquirió la mercantil Have Got Time (vinculada a un socio suyo) fue entregado a Ábalos bajo la fórmula de un alquiler con opción a compra para revestir la operación de una aparente legalidad, y que por eso mismo el ministro abonó fianza y algún mes de renta. Para la defensa del exministro esa fórmula carece de sentido porque si vas a regalar algo a alguien no le cobras un alquiler y no inicias un proceso de desahucio con posterioridad.

Villa Parra y el melón de Jésica Rodríguez

Otro punto clave a desmontar por el letrado del exministro es su presunto papel en el mandato de elaborar una nota de prensa para que el Ministerio de Transportes se posicionara a favor del rescate público de Air Europa. Para ello, Ábalos se apoyará en la declaración en calidad de testigo del que fuera secretario de Estado en 2020, Pedro Saura, que indicó que la iniciativa de redactar y difundir una suerte de nota de prensa a determinados periodistas en agosto de ese año fue suya. Y que él la lideró.

Sobre la presunta dádiva recibida por Ábalos, unas vacaciones pagadas en un chalé denominado Villa Parra, Koldo García señaló en su declaración que si bien coincidió en el tiempo, en realidad no tenía que ver ese alquiler vacacional con Air Europa, y que el wasap en el que le indicaba al ministro que le salía gratis por las molestias ocasionadas se refería en realidad a que él costearía parte de las vacaciones para resarcir desperfectos en el piso de La Latina de Ábalos.

No obstante, el melón quizá más desagradable para el exministro será el asunto Jésica Rodríguez, la joven odontóloga con la que estuvo saliendo un tiempo y a la que se le pagó un alquiler de lujo en Plaza de España. Según la investigación, quien se hizo cargo de esa renta mensual fue Alberto Escolano, socio y 'mano derecha' de Aldama. Si bien, antes de que la propiedad decidiera echar a la joven del piso en 2022, Koldo García también se hizo cargo de algunas mensualidades.

Frente a esta realidad, Ábalos sostendrá que nunca supo que Aldama pudiera estar moviendo los hilos para que Escolano pagara ese piso a su pareja, y que supuso que esa ubicación era eventual hasta que se pudieran hacer con algo más estable (presumiblemente un piso en el Paseo de la Castellana que también ha sido objeto de investigación). Pero se irá más allá, y es probable que el letrado del ministro ponga sobre la mesa que existía una relación mercantil entre Aldama y Jésica Rodríguez, lo que justificaría que, a pesar de que la joven cortó con el ministro, el entorno del empresario, es decir Escolano, siguió pagando el alquiler durante meses.

En cuanto al hecho de que Koldo pagara también varios meses, él mismo lo encuadró en una decisión personalísima ante las amenazas de Jésica Rodríguez de sacar a la luz la relación extramatrimonial que tuvo con Ábalos si no se atendía convenientemente sus necesidades.

Silencio sobre la financiación del PSOE

Y es que esa será otra de las grandes bazas que blandirá la defensa de Ábalos: que Koldo García era un ente con vida propia que por su naturaleza estaba dispuesto a mover hilos para cualquiera que se lo pidiera y todo sin que tuviera que ser necesariamente conocido por su 'jefe' el ministro. El propio asesor declaró que tomaba decisiones o realizaba gestiones sin conocimiento de Ábalos, y la defensa se apoyará en eso para alejar al ministro de determinadas acciones. Aunque las fuentes jurídicas señalan que no se hurgará en esa herida máxime después de la declaración “leal” que realizó el pasado jueves Koldo: El ministro no sabía todo lo que hacía su asesor, pero eso no quiere decir que lo que hiciera fuera irregular o delictivo.

Sobre lo que no se prevé que el ex secretario de Organización del PSOE hable durante su interrogatorio es sobre la acusación realizada por Aldama de que tanto él como Koldo García le utilizaron como “nexo” entre la formación socialista y constructores para canalizar hacia el partido mordidas a cambio de obra pública. Koldo García negó la mayor señalando que el PSOE “no recibe dinero de nadie”, pero Aldama indicó que entregó a ambos entre 3,5 y 4 millones de euros, a veces en tandas de hasta 250.000 euros y siempre en efectivo.

Las fuentes consultadas prevén que el fiscal no saque ese tema, como tampoco se lo sacó a Koldo García, dado que hay una pieza secreta en la Audiencia Nacional en la que se investigan las cuentas del PSOE. Además, el ministro no va a responder ni a las preguntas de la acusación popular (dirigida por el PP) ni a la defensa de Aldama. Por eso, solo estaría en la mano del letrado de Ábalos preguntar por esas supuestas cantidades recaudadas en 'B' para el PSOE. Y eso, dicen, no va a ocurrir.

Dos juicios se celebran de forma simultánea. Afectan a dos gobiernos distintos, al actual de Pedro Sánchez y al anterior de Mariano Rajoy. El segundo, el de la Operación Kitchen, ha ofrecido una imagen tremenda del pasado. El juez Pablo Ruz y el policía Manuel Morocho abandonan el despacho del primero para tener una conversación. Temen que haya micrófonos ocultos en la Audiencia Nacional. “En ocasiones salíamos a la oficina judicial, fuera de su despacho, y me planteaba alguna cuestión crítica para la investigación”, explicó el inspector jefe en su declaración en el juicio de Kitchen.

Morocho, el principal investigador de la Gürtel, sospechaba que habían puesto micrófonos tanto en su despacho como en su vehículo policial para vigilar sus pasos. Ruz prefería no utilizar el ordenador de su despacho y trabajaba con un portátil. Ese era el nivel de la corrupción policial existente en los años de Rajoy. A eso hay que unir las presiones que recibió, el boicot sufrido cuando vio que los mandos ofrecían puestos a miembros de su equipo mejor remunerados para que le abandonaran y hasta ofertas a él mismo para destinos en el extranjero con mayor sueldo. Morocho no se rindió. Es lo que se espera de un policía valiente. 

En la declaración de Morocho, la presidenta del tribunal parecía estar más interesada en cortar su testimonio que en dejar que se explicara. “Estoy observando desde que empezó el interrogatorio que usted se extiende más allá de lo que le pregunta el Ministerio Fiscal. Le ruego que se limite en la respuesta a lo que le pregunte”, le dijo la jueza Teresa Palacios. Volvió a hacerlo después. La investigación de la Gürtel no se está juzgando en la Audiencia Nacional, pero Morocho se estaba refiriendo a la conducta de varios mandos policiales que están ahora mismo en el banquillo de los acusados. Lo que contaba era muy relevante para el objeto del juicio. Demostraba que esos acusados ya estaban aprovechando su influencia años atrás para interferir en investigaciones judiciales con el fin de favorecer al Partido Popular y al Gobierno de Rajoy.

Todo eso no le interesaba a Palacios. Ni siquiera quería escucharlo.

En el juicio del caso Ábalos en el Tribunal Supremo, el presidente del tribunal ha pedido a las partes que se atengan al objeto del procedimiento en algunos momentos. No muchos. Sin embargo, permitió al acusado Víctor Aldama en su interrogatorio que se explayara sobre acusaciones que no tienen nada que ver con los asuntos que han llevado al banquillo a José Luis Ábalos y Koldo García, además de Aldama. El empresario denunció que había hecho de intermediario en el pago de comisiones abonadas por constructoras a Ábalos y Koldo. Llegó a afirmar que Pedro Sánchez “estaba en el escalafón uno” de la trama y él en el cuatro sin aportar ninguna prueba sobre la supuesta implicación del presidente del Gobierno. El magistrado Andrés Martínez Arrieta no creyó conveniente decir nada. 

Arrieta tampoco intervino cuando el fiscal Alejandro Luzón hizo numerosas preguntas a Aldama sobre el rescate de Air Europa, que no es algo que se esté enjuiciando en esta vista. Eso es llamativo porque Aldama negó que hubiera alguna ilegalidad en todo ese proceso. “Es un rescate completamente legal”, dijo. La prensa de derechas y el Partido Popular llevan años insinuando que se cometieron delitos en la concesión de los créditos que salvaron a la compañía de la bancarrota durante la pandemia. Otros gobiernos europeos concedieron préstamos mucho mayores a sus principales líneas aéreas en 2020.

En el juicio, no se ha convocado a ningún testigo que haya aportado hechos que puedan hacer pensar que hubo delitos en el rescate de Air Europa. A pesar de eso, el fiscal tuvo barra libre para hacer sus preguntas, que generaron los correspondientes titulares en los medios.

Como escribí esta semana, Aldama se presentó en el Supremo con ganas de dar espectáculo y vaya si lo consiguió. Estuvo en la línea que se espera de alguien que ha sido agasajado en el programa de Iker Jiménez. En el mismo día en que tenía que declarar, se supo que había presentado un informe con el que solicitó que se le devuelva por razones de seguridad personal un coche embargado. Según su petición, se arriesga a ser secuestrado o asesinado por estar colaborando con la justicia. Sostiene que haber aportado “pruebas comprometedoras para figuras de primer nivel político le convierte en un objetivo de alta prioridad para múltiples actores con capacidad y motivación para ejercer presión, intimidación o eliminación física”. Y luego se fue al Supremo a decir que Sánchez es el líder de la trama, así que cada uno puede unir los puntos y sacar conclusiones.

Aldama no aportó ninguna prueba específica sobre sus acusaciones más allá de lo que ya contó en la fase de instrucción. Sobre esa intervención de Sánchez, no tenía nada. Contó lo que Koldo García le contó a él, algo que el asesor del ministro negó al día siguiente. No pudo presentar pruebas de esos sobornos, porque, como apuntó, no se entregan recibís cuando das dinero a una trama delictiva.

Algunos medios decidieron que era un testimonio decisivo. “Aldama inunda el Supremo de detalles demoledores sobre sobornos 'protegidos' por Sánchez y financiación ilegal del PSOE”, tituló El Mundo. Parece mentira que el Supremo quedara inundado con tan poca lluvia. Un titular de El Español destacó que Aldama era “el mejor testigo de cargo”. En El Mundo, subieron la apuesta: “Aldama desnuda a Sánchez”. Otro artículo afirmó que se había demostrado que no era un “gran farsante”, como decía el Gobierno. Se ve que algunos quieren proteger a sus fuentes. 

Todo esto no quiere decir que el Gobierno vaya a salir indemne del juicio del Tribunal Supremo. Más bien al contrario. Koldo dio unas explicaciones sobre los ingresos legales que recibió esos años que no fueron nada convincentes. Y es mucho dinero el que tiene que justificar. Según la UCO, Koldo, su mujer y su hermano ingresaron 387.000 euros en sus cuentas entre 2020 y 2022 para los que no hay explicación teniendo en cuenta sus ingresos habituales.

Su abogada le preguntó por qué tenía tanto dinero en efectivo en casa, en algunos casos hasta 12.000 o 14.000 euros, según su testimonio. Koldo respondió que procedía de los reembolsos que abonaba el PSOE por gastos adelantados cuando Ábalos era secretario de Organización del partido. Dijo que en campañas electorales hay que pagar muchos viajes, hoteles y alquileres de recintos. Eso dio lugar a un titular que perjudica al PSOE, porque Koldo dijo que a veces figuraban billetes de 500 euros en el sobre, “uno o dos al mes”, algo que el gerente del partido había negado en el juicio. En cualquier caso, esas cantidades no justifican los ingresos extra que Koldo y su familia tuvieron en ese tiempo. Por ahí, no se va a salvar. Tampoco Ábalos, que declara el lunes, cuando le pregunten por el piso que Aldama pagaba para su pareja de entonces, Jésica Rodríguez –88.000 euros en total por el alquiler– o la casa que puso a su disposición. 

El juicio del Supremo es un caso de presunta corrupción económica que afecta políticamente al actual Gobierno, porque fue Sánchez quien colocó a Ábalos en el Ministerio de Transportes y en la secretaría de Organización del PSOE. El juicio de Kitchen en la Audiencia Nacional implica a un Gobierno anterior y al Partido Popular. Como pasó con la Gürtel, el PP ya se ha desmarcado con su estrategia habitual de afirmar que todo ocurrió con la anterior dirección del partido y no hay más que hablar. Como si les hablaran de algo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial.

Cualquier violación de la ley es censurable, pero el escándalo de Kitchen refleja una degradación especialmente dramática del funcionamiento de las instituciones en una democracia. El PP de Rajoy utilizó a la cúpula policial para atacar a sus rivales políticos e intentar encubrir los delitos de la Gürtel. Años después en las comisiones de investigación del Congreso, los diputados del PP continuaban insinuando que la investigación de la UDEF estaba contaminada por ser un montaje del Ministerio de Interior del Gobierno de Zapatero, lo que llamaban el “comando Rubalcaba”. 

El testimonio de Morocho demuestra todo lo que tuvo que superar un policía honesto para hacer su trabajo. Por mucho que le moleste a la jueza Teresa Palacios, no debemos olvidarlo.

Lo personal es político. El título del ensayo de Carol Hanisch que fue lema de los movimientos de liberación de la mujer en Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX arrojó una de las muchas lecciones vigentes de la escuela de pensamiento feminista: que los problemas en apariencia individuales, también lo son en realidad estructurales y sistémicos y, por tanto, comunitarios y políticos. Aquella segunda ola del denominado feminismo radical vinculaba directamente esa tesis a situaciones como la violencia machista, el trabajo doméstico o el control sobre sus cuerpos, pero hoy resulta igualmente válida para otros ámbitos. Por ejemplo, para el de la ofensiva ultra que esta semana le tocó vivir en sus propias carnes a Begoña Gómez, la pareja de Pedro Sánchez.

Ya sea acusado sin pruebas de financiar a su partido ilegalmente, ya reciba un ultimátum de un socio parlamentario o ya afronte otra campaña electoral trascendental, no habrá otra cosa de cuantas le pasen como presidente del Gobierno que tenga más impacto, en lo personal y en lo político, que el acoso sufrido por su pareja a manos del agitador de extrema derecha, Vito Quiles. Porque si Sánchez “ni se despeina” con la “inventada” de Aldama, ni titubea con el trance que afronta Montero en Andalucía, ni tampoco entra en pánico con las andanadas de Junts o el PNV, sí que se resiente cuando la artillería pesada se dirige a su entorno familiar más estrecho, algo que se ha convertido en santo y seña de la estrategia de oposición al Ejecutivo.

Explican en La Moncloa que su caída del cartel de un acto sobre inteligencia artificial el jueves se debió a una descoordinación de equipos, pero tampoco acudió al Congreso a votar la reforma de la Constitución para blindar el derecho al aborto que él mismo había impulsado. Así que Sánchez, por una u otra razón, no tuvo ningún tipo de agenda el día después de que su esposa tuviera que acudir a la policía a denunciar “una agresión” en un restaurante de Madrid.

Aunque el precedente de los dos días de reflexión que se tomó tras la imputación de su pareja decretada por el juez Peinado hizo levantar alguna ceja en el PSOE, en la Moncloa aseguran que esta vez la sangre no estuvo ni cerca de llegar al río a pesar de “la gravedad” de los hechos y de la “profunda preocupación” del presidente. Sí admiten, en cambio, que, tras ser informados de lo ocurrido, tanto a Sánchez como a su equipo más cercano se les pudo apreciar afectados por la sensación de vulnerabilidad en su propio núcleo familiar y también de impunidad de quien decide acosar a la pareja de un jefe de Gobierno en su intimidad. Según las mismas fuentes, el dispositivo de seguridad de Begoña Gómez estaba compuesto por dos agentes porque “hasta ahora había sido suficiente así”. Aunque, visto lo visto, se contempla revisar ese protocolo para reforzarlo de aquí en adelante.

Sobre Vito Quiles, que acumula ya una trayectoria de años de acoso a periodistas, comunicadores y políticos exclusivamente de izquierdas, Sánchez apenas deslizó un mensaje el viernes. “Cuanto más zafios sean sus insultos y mayores sus amenazas, más determinado estará el PSOE para seguir adelante”. Lo dijo en el primer mitin de campaña oficial en Andalucía, donde podría decirse que, en gran medida, él también es candidato. Porque la cabeza de lista de los socialistas es una de las pocas personas que quedan en el cada vez más exiguo núcleo de estrecha confianza del presidente. Ministra de Hacienda desde que él puso un pie en La Moncloa, y su número 2 en el Gobierno y en el partido, María Jesús Montero afronta en las urnas un duro examen cuyo resultado será indefectiblemente el del conjunto del Ejecutivo. Y las perspectivas no pueden ser menos halagüeñas.

La Comunidad Autónoma que fue fortín del PSOE durante 37 años ininterrumpidos, es desde 2019 un territorio inexpugnable en el que ahora la derecha aspira a revalidar su mayoría absoluta. Los atisbos de luz, muy tenues, son apenas dos para la izquierda. La siempre trascendente gestión de las expectativas, tan bajas esta vez que casi con cualquier resultado honroso bastaría para darse los muebles por salvados, y la posibilidad de que Juanma Moreno pinche.

El planteamiento en el PSOE es pragmático: en el actual contexto, que el presidente andaluz empeorara resultados y necesitara a Vox ya sería algo parecido a una alegría política. “Estamos convencidos de que no llegará a la mayoría absoluta y la pregunta ahí es qué hará Moreno Bonilla. ¿Pactar con Vox y asumir sus condiciones, como en Extremadura y Aragón? Veremos qué pasa porque, si él es coherente con la construcción de su personaje y no hace como Guardiola, igual hablamos de una repetición electoral en la que se vuelven a repartir las cartas”, plantean en las filas socialistas.

En cualquier caso, Pedro Sánchez se hace cargo de la misión imposible a la que envió a su vicepresidenta. Un encargo que, en realidad, tuvo más que ver con la necesidad de reconstruir un partido que fue hegemónico durante cuatro décadas y que quedó hecho trizas tras el batacazo electoral de Susana Díaz y las posteriores reyertas orgánicas. Y por eso el presidente ha mandado a sus ministros a arropar en tromba a María Jesús Montero en una campaña electoral con todo en contra.

Lo que nadie contempla, sea cual sea el nivel del descalabro, es que la sentencia que dicten las urnas andaluzas el 17 de mayo vaya a tener impacto alguno en los planes del presidente para la legislatura, que proyecta, como mínimo, hasta la primavera de 2027. Unos planes que también mantiene completamente al margen de las andanzas de José Luis Ábalos, Koldo García o Víctor Aldama relatadas estas semanas ante el Tribunal Supremo y sonrojantes para cualquier socialista.

Algunas de ellas incluyen acusaciones tan graves como la de financiación ilegal del Partido Socialista, que lanzó el empresario investigado por corrupción sin aportar prueba alguna de los supuestos envíos de dinero en efectivo. “Igual resulta raro decir esto, pero tenemos la sensación de que nos ha ido bien en este juicio. Aldama no ha aportado ni una sola prueba y eso lo único que quiere decir es lo que llevamos diciendo mucho tiempo: que se lo inventa todo. Estamos muy seguros de que en el Partido Socialista no hay ni ha habido financiación ilegal”, señalan en Moncloa, donde aunque admiten que aún queda por pasar el trago de la declaración de Ábalos de este lunes, se muestran convencidos de que la causa confirmará que la corrupción era un comportamiento “circunscrito” a un grupo de personas, y no sistémica. “Ni el partido, ni el Gobierno, ni el presidente tienen nada que ver en eso”.

Tampoco fue mucho más amable la semana para el Gobierno en el Congreso. Cayó, como se esperaba, el decreto impulsado por Sumar para la prórroga de los alquileres. Lo que no se esperaba, por inhabitual, es que cayera de propina un rapapolvo del PNV, uno de los socios más estables desde que Sánchez es presidente. “Usted sabrá cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral, si quiere compañía o no, presidente”, le dijo en el Pleno la portavoz vasca, Maribel Vaquero.

El conato de incendio lo intentó sofocar in situ el propio Sánchez. “Por supuesto que quiero compañía. Y además, buena compañía, como la del Partido Nacionalista Vasco”, respondió. Antes, el jefe de gabinete del presidente y Aitor Esteban se habían puesto en contacto para reparar el cortocircuito de dos socios de gobierno vasco entre los que saltaron las chispas con la crisis de meme: una burla en redes sociales de los socialistas vascos al presidente del PNV vía inteligencia artificial y en plena tensión negociadora sobre el uso del euskera en las oposiciones para empleo público. Un capítulo que en La Moncloa relegan a la categoría de anécdota y que dan por reconducido.

Esta próxima semana seguirán, en paralelo, el juicio del 'caso mascarillas' y la campaña electoral andaluza. Seguirán también los caseros subiéndoles los precios a sus inquilinos sin el límite del 2% que establecía el decreto y, con toda probabilidad, seguirá Vito Quiles campando a sus anchas en el Congreso de los Diputados como si fuera periodista, con acreditación y licencia para hostigar por encargo a determinadas personas. Y ya lo dijo Hanish: “No hay soluciones personales. Solo hay acción colectiva para una solución colectiva”.

Lo primero que sorprendió al empresario fue ver al entonces ministro José Luis Ábalos fumando en su despacho, en el umbral del balcón. “Id empezando que luego iré yo”, le dijo desde allí. La reunión era para explicar al equipo del Ministerio de Transportes su punto de vista sobre una nueva regulación que afectaba a su sector. Empezó a charlar con varios asesores de Ábalos, entre ellos, el jefe de gabinete del ministro, Ricardo Mar, que lideraba la conversación. Hasta que llegó Koldo García, poco después, y lo primero que hizo al entrar en la sala fue dar una colleja a Ricardo Mar. Entre risas del jefe de ambos, el ministro.

La semana pasada, Ricardo Mar declaró ante el Supremo como testigo, en el juicio de las mascarillas. “Tenía la impresión de que todo lo que decía Koldo era palabra del ministro”, aseguró. Viendo las confianzas que Koldo se tomaba y que Ábalos permitía, no extraña esa impresión.

Volvamos al empresario, que prefiere mantener su anonimato y es quien me cuenta lo que ese día ocurrió. Al rato de hablar con Ábalos, el ministro le derivó a que lo viera con Koldo, que “el tema era muy técnico” para él. Y poco después fue Koldo, ya sin nadie delante, quien le sugirió que mejor lo hablara con un tal Víctor de Aldama. 

Fuera del ministerio, en su despacho en la calle Alfonso XII de Madrid, frente al parque del Retiro, Aldama le pidió dinero a este empresario para ayudarle con esa regulación; que le pagara por un contrato de asesoría. El empresario se negó.

Así funcionaba el Ministerio de Transportes en la era Ábalos. Y viendo este modus operandi, es difícil determinar quién es el 1, el 2 y el 3 en esta presunta organización criminal que hoy se sienta en el banquillo, ante el Tribunal Supremo.

La trama tenía dos jefes, según los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El “jefe instrumental” era Ábalos, que ostentaba el poder institucional. Pero el “jefe real” –quien tenía a sueldo al propio ministro– era Aldama. Como resumió Antonio Balas, teniente coronel de la UCO: “El que paga manda”.

Aunque la mejor manera de conocer la jerarquía suele ser otra: quien cobra manda. El verdadero jefe de cualquier trama criminal siempre se lleva la mayor parte del botín. Y aquí los números son aún más claros. Solo con el pelotazo de las mascarillas, Víctor de Aldama cobró 5,5 millones de euros en 2020. Una cantidad enorme en comparación con esos 10.000 euros al mes que presuntamente pagaba a Koldo, o ese piso alquilado para la novia del ministro, o el resto de las prebendas que ha acreditado la investigación judicial. 

Los informes de la UCO tampoco han encontrado cifras millonarias en el patrimonio del ministro ni en el de su asesor. En las cuentas de Koldo, apenas 138.000 euros en ingresos en efectivo sin justificar. Hay también tres pisos en Benidorm que, según su abogada defensora, están hipotecados al 80% y costaron 600.000 euros. Dinero negro hubo, eso parece seguro; Koldo García pasó esos años como asesor del ministro sin sacar efectivo del cajero ni una sola vez. 

En el caso de Ábalos, la UCO detectó 95.000 euros en ingresos sin justificar. Un dinero que utilizó para pagar la pensión alimenticia tras uno de sus divorcios, para comprar joyas o flores a una de sus parejas o para costear el salario de la empleada del hogar. No parece que Ábalos hoy tenga mucho dinero y, si lo tiene, no parece que pueda acceder a él; perdió a su anterior abogado porque no le podía pagar. 

Es probable que buena parte del botín no se haya encontrado. O que ya no exista: que se gastara en la desordenada vida personal del exministro. Pero, con las cifras que hay sobre la mesa, la parte de Koldo y Ábalos fue una propina, al lado de los negocios del “jefe real” de este caso de corrupción.

Este juicio ni siquiera es el único al que se enfrenta Víctor de Aldama. Tampoco el caso de corrupción donde más dinero ganó. Junto con varios de sus socios, está también imputado por el fraude de los hidrocarburos, y ahí la UCO habla de 184 millones de euros defraudados al fisco a través de medio centenar de empresas. Es dinero suficiente como para pagar 10.000 euros al mes a Koldo García y a sus futuros herederos durante los próximos 184 siglos.

Víctor de Aldama lleva mintiendo desde que fue puesto en libertad, en noviembre de 2024. Se ha paseado impunemente por los platós de televisión, donde cada día airea acusaciones que nunca termina de probar. Hay varias evidencias de mentiras groseras, como esas cuentas en República Dominicana que atribuyó a Begoña Gómez. Esto sale de unas denuncias fabricadas por el entorno de un ultraderechista y un juez corrupto que está en prisión, y que cada tanto airean cientos de falsas cuentas en paraísos fiscales por los que ya han sido imputados penalmente. 

Ante el Supremo, este miércoles, Víctor de Aldama volvió a mentir con impunidad.

Aldama declaró que Pedro Sánchez le felicitó efusivamente cuando se encontraron en la presentación de la candidatura de Pepu Hernández y se hizo una foto con él. “Muchas gracias por todo, sé perfectamente lo que estás haciendo y simplemente quiero darte las gracias”, dice Aldama que el presidente del Gobierno le dijo. Es una frase que la derecha ha presentado como la pistola humeante de la complicidad del presidente del Gobierno con este caso de corrupción. 

Hay solo un problema: las fechas no coinciden. Ese acto de Sánchez con Pepu Hernández fue el 3 de febrero de 2019. Y las corruptelas de Koldo, Ábalos y Aldama, según la investigación judicial, empezaron en otoño de 2019; más de medio año después. Es poco creíble que Sánchez supiera “perfectamente” lo que estaba haciendo Aldama, salvo que exista el Ministerio del Tiempo.

Aldama también declaró haber recaudado dinero para el PSOE, que Koldo después blanqueaba mediante donaciones, al estilo de lo que hacía el PP con la Gürtel. “Entre 2019 y 2020, yo he entregado más de 1,8 millones”, confesó Aldama. “Si miran las cuentas del partido y hay un pico importante de donaciones en esa época se podrá ver de dónde viene el dinero”.

En el Tribunal de Cuentas figuran esos datos. Y las cifras de donativos de esos dos años no alcanzan ni de lejos los 1,8 millones que denuncia Aldama.

A través de donaciones, el PSOE ingresó 275.616 euros en 2019 y 837.506 euros en 2020. Ese año, el de la pandemia, la cifra fue inusualmente alta; lo habitual es que no superen los 300.000 euros anuales. Fuentes del PSOE explican que ese pico se debe a una colecta entre sus militantes para recaudar dinero para investigar el coronavirus que tuvo bastante tirón. Completaron lo recaudado con fondos propios, y ese mismo año –como publicó la prensa en su momento– donaron un millón de euros al Instituto Carlos III. Hay escritura pública de esa donación.

Aldama también denunció que Pedro Sánchez era “el número 1” de esta trama de corrupción. Fue un titular que el PP agradeció. No hay una sola evidencia en el sumario que apunte en esta dirección. Pero mentir como imputado en el Supremo no solo es gratis. En el caso de Aldama, es posible que tenga premio. 

Está claro quién se llevó la parte más grande del pastel. A la hora de pagar las consecuencias, el reparto será justo al revés. La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y solo 7 años para Aldama. 

Ábalos y Koldo están ya encarcelados, en prisión preventiva. Aldama sigue en libertad. Salió de la cárcel en noviembre de 2024, tras un extraño acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción que en su momento te conté. Estaba en prisión preventiva por riesgo de fuga, por el caso de los hidrocarburos, y fue puesto en libertad tras declarar en el caso de las mascarillas: después de acusar a medio gobierno de corrupción, unas denuncias que no ha logrado acreditar.

Esa supuesta colaboración con la Justicia en la práctica nunca llegó: Aldama sigue sin aportar pruebas ni tampoco ha aclarado nada del fraude de los hidrocarburos, por el que estaba encarcelado. Pero aquella famosa declaración no solo le sirvió para salir de la cárcel: también le ha permitido afrontar este primer juicio con una petición de pena inferior a la de los otros dos acusados. 

La defensa de Aldama, el abogado José Antonio Choclán, confía incluso en rebajar aún más esa pena de 7 años: que la Fiscalía Anticorrupción le aplique un atenuante mayor y pida solo 2 años en las conclusiones del juicio, lo que le permitiría seguir en libertad. Sin antecedentes penales, con dos años de condena no se suele entrar en prisión.

Hay muchas dudas de que este súper atenuante quepa siquiera en nuestra legislación. Para bonificarse de una rebaja así, Aldama tendría que haber colaborado con la Justicia antes de que fuera siquiera imputado y esto es algo que no pasó. Pero cosas más raras se han visto en la Justicia española en los últimos años.

Víctor de Aldama cuenta con otro aliado en este juicio: la acusación popular, donde está personada el PP. Fuentes jurídicas aseguran que el partido de Feijóo también está valorando rebajar su petición de pena contra Aldama a solo dos años, y que así no entre en prisión. 

Sería la recompensa adecuada por el circo de su última declaración. Y este juicio tendría un resumen: impunidad para el corruptor.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este viernes que ya ha presentado tres demandas contra Víctor de Aldama en relación con las acusaciones vertidas en el marco del caso Mascarillas y ha lamentado que formaciones políticas, en especial el PP, hayan “amplificado falsedades y difamaciones” sin pruebas.

Preguntado por los periodistas durante su participación en la manifestación por el Día del Trabajador en Las Palmas de Gran Canaria sobre la posibilidad de denunciar al empresario Víctor de Aldama, Torres ha afirmado que ya lo ha hecho “en tres ocasiones”: una primera iniciativa judicial presentada en 2024, una segunda que no pudo formalizarse por encontrarse la anterior en fase de instrucción, y una tercera que “está haciendo su recorrido desde hace bastante tiempo”.

El ministro ha subrayado que lo más grave no es que “alguien diga cualquier cosa sin pruebas”, sino que esas afirmaciones sean respaldadas y difundidas por “organizaciones políticas y otros foros”, algo que, a su juicio, “al final no se repara”.

En este sentido, ha señalado directamente al PP y ha afirmado que trasladó esta crítica a sus dirigentes en el Congreso de los Diputados.

En relación con las declaraciones de Koldo García sobre las llamadas “chistorras”, término con el que la UCO de la Guardia Civil asegura que el exasesor se refería a los billetes de 500 euros, Torres ha reiterado que el PSOE ha negado cualquier financiación ilegal y ha manifestado la intención del partido de personarse ante acusaciones que considera falsas.

El ministro ha recalcado que el proceso judicial se encuentra en sus “últimos días y horas” y que será la sentencia la que determine los hechos.

“Que la justicia llegue hasta el final”, ha insistido.

Asimismo, ha subrayado la diferencia entre testigos y acusados dentro del proceso judicial.

“Los testigos están obligados a decir la verdad”, ha señalado, en referencia a empresarios que han declarado no conocerle ni haberse reunido nunca con él, pese a afirmaciones previas en sentido contrario.

También ha citado la declaración de la presidenta del Tribunal de Cuentas, quien aseguró como testigo que los contratos firmados por Canarias y Baleares durante la pandemia no presentan irregularidades.

“Los acusados pueden decir la verdad o no”, en función de su estrategia de defensa, ha añadido el ministro, antes de reiterar su confianza en que el proceso judicial permita esclarecer lo ocurrido.

“Que la verdad reluzca y que todos sepamos qué fue lo que realmente pasó”, ha concluido. 

Debe de ser complicado tener a Koldo García como cliente en un juicio. El antiguo asesor de José Luis Ábalos ofreció un atisbo en su declaración del personaje impulsivo y no muy inteligente que el ministro aceptó como su hombre de confianza en el Ministerio. Pero, aunque la confusión acompañó a varias de sus afirmaciones, lo que quedó a salvo fue la amistad.

Se había especulado en los últimos meses con que las estrategias de defensa de ambos estaban condenadas a chocar y a que las discrepancias quedarían de manifiesto en el juicio. Antes de ingresar en prisión, Koldo había dado una larga entrevista a OK Diario, presumiblemente no de forma gratuita, que fue exprimida y troceada para ofrecer esa sensación. Imposible. Solo hay amor entre ellos: “Yo estaré toda la vida, toda, agradecido al señor Ábalos”, dijo en el juicio.

El acusado negó las acusaciones realizadas por Víctor Aldama el día anterior. Negó haber recibido 10.000 euros al mes del empresario que se pegó como una lapa al Ministerio y que se ganó la confianza de Koldo. Negó que hablara con frecuencia con Pedro Sánchez o tener su número de móvil y que pusiera las llamadas en el altavoz para que todos las escucharan. Negó haberle buscado un empleo a Jésica Rodríguez, la pareja de Ábalos, porque solo le pasó su currículum a Adif. Al estar arriesgándose a recibir una larga condena de prisión, eso no resulta extraño. Es relevante en la medida en que Aldama no había presentado más pruebas en su declaración que la afirmación de que todo se lo había contado Koldo.

Su comparecencia tuvo momentos algo violentos con nuevas insinuaciones sobre la novia de Ábalos. En primer lugar, dijo que la conoció a través de Aldama, cosa que el empresario había negado. Acusó a Jésica de haber intentado chantajear al ministro: “Esta señorita presionó bastante con que había que dar solución a sus problemas, porque si no, la opinión pública tendría conocimiento de ciertas realidades”. No concretó más. Dijo que utilizó sus fondos y los de su hermano para pagar el piso de lujo en que ella vivía. Era mucho dinero –que la UCO valoró en total en 88.000 euros– para el nivel de sus ingresos mensuales. Aldama sostuvo que fue un amigo suyo quien abonó ese alquiler porque él se lo pidió.

Koldo García desmintió haber participado en un sistema de comisiones con el objetivo de financiar ilegalmente al PSOE, como había denunciado Aldama. Pero sí dijo otra cosa que el gerente del partido había negado, y es que en ocasiones recibía algunos billetes de 500 euros al hacer liquidaciones o anticipos de gastos en el tiempo de Ábalos como secretario de Organización. “Uno o dos billetes al mes”, recordó.

Ahí fue cuando confirmó que llamaba “chistorras” a los billetes de 500, como aparece en el informe de la UCO. Pero resulta que en otros momentos por chistorras se refería a las chistorras de Navarra. O que les cambiaba esos billetes a los guardias civiles que conocía, como si los agentes fueran por la vida con ese montante de dinero. A veces todo era un poco confuso con Koldo.

Su abogada, Leticia de la Hoz, intervino durante la declaración del fiscal para pedir que se dejara a su cliente que terminara de responder las preguntas. Su argumento fue que “se pone nervioso” y que “no está acostumbrado a hablar en público”. Resulta que el tipo con mucho carácter que no se cortaba a la hora de dar órdenes a gritos por teléfono se podía poner nervioso.

Fuera por ese despiste o porque le salió una veta de humor sarcástico, Koldo ofreció una de las frases del juicio al dirigirse al fiscal: “Creo, y esto me va a suponer un disgusto, que usted no está buscando mi inocencia”. Es muy poco probable que sea así si tenemos en cuenta que la fiscalía pide 19 años de prisión para él.

Esa intervención de la abogada provocó un insólito momento de furia por parte del fiscal Alejandro Luzón. “No me ha ocurrido en 35 años de ejercicio profesional que una letrada, que un letrado, me interrumpa a mitad de una pregunta”, bramó. Se le veía realmente cabreado y siguió: “Llevo todo el juicio soportándolo”. No es raro que un defensor interrumpa si cree que la acusación está presionando a su cliente o no le deja completar las respuestas. A veces, es sólo un truco para dar un respiro al acusado. Al final, es el presidente del tribunal quien toma la decisión sobre cualquier conflicto.

En relación con el asunto que es el motivo de este juicio, Koldo sostuvo que no hubo ninguna irregularidad, mucho menos ilegalidad, en la compra de ocho millones de mascarillas en la pandemia por el Ministerio. En ese punto, afirmó desconocer elementos esenciales de la compra a pesar de su relación con Aldama. A saber, no sabía que Aldama estaba relacionado con la empresa Soluciones de Gestión que recibió la adjudicación de urgencia para adquirir el material sanitario en China –“ni me lo imaginaba”– y tampoco sabía que el empresario había ingresado millones por esa compra: “Pensé que estaba allí para ayudarme porque me vio totalmente agobiado”.

Fue un ejemplo de que convertir a Koldo García en el hombre para todo del Ministerio fue un error flagrante de Ábalos, un político con experiencia, pero también demasiado desconfiado.

Ábalos podrá decir cuando preste declaración el lunes que él solo pidió a sus subalternos que consiguieran ese material como fuera sin importarle cómo, pero Koldo tenía que saber quiénes iban a hacer las gestiones en un mercado tan difícil como el de China en esos momentos. Él mismo dijo que en esa época hubo “200.000 estafas”. Razón de más para estar más atento.

“Lo que quedó claro es que no se pagó un duro sin recibir antes el material”, dijo. Claro, porque, según el testimonio de Aldama, él se ocupó de buscar un “financiador” que adelantara el dinero. Es un hecho tan importante como para pensar que era imposible que Koldo no supiera que Aldama se había ocupado de buscar el dinero y que intentara aprovecharse del negocio, como así ocurrió.