La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado no incoar un procedimiento sancionador y archivar las actuaciones seguidas contra Repsol, Moeve –antigua Cepsa– y BP por las denuncias presentadas por las asociaciones de operadores independientes por posibles prácticas anticompetitivas mediante descuentos conjuntos en 2022, en plena crisis energética por Ucrania, al considerar que no hay indicios de infracción.

En concreto, el regulador investigaba las denuncias presentadas por dos asociaciones del sector –AESAE (Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas) y ACIH (Asociación de Comercializadores Independientes de Hidrocarburos)–, que acusaron a las tres grandes petroleras de haber abusado de su posición de dominio colectiva y realizado prácticas colusorias para aumentar sus cuotas de mercado en el contexto de las subidas de precios de los carburantes por la invasión rusa de Ucrania.

Las prácticas denunciadas eran, por un lado, incrementar los precios de venta mayorista a las gasolineras independientes (low cost) –las que les compran el carburante– y, por el otro, aplicar descuentos a sus clientes en la venta minorista mediante tarjetas de fidelización y pago.

Sin indicios de posición de domicio colectiva

No obstante, tras la investigación, el organismo presidido por Cani Fernández no ha hallado indicios de la existencia de intercambios de información ni concertación entre Repsol, Moeve y BP. Asimismo, considera que no hay indicios de la existencia de una posición de domino colectiva entre dichas compañías.

En lo que respecta al intercambio de información, la CNMC indicó que BP y la entonces Cepsa supieron de las políticas de descuentos que Repsol pensaba adoptar a través de los medios de comunicación e información pública. Además, añadió que ambas compañías se vieron negativamente afectadas por una pérdida de clientes, parte de ellos captados por Repsol.

Por otro lado, el regulador subrayó que Repsol tenía una capacidad de refino en 2022 muy superior a la de sus rivales y unas mayores cuotas de mercado, “no actuando junto con BP y Cepsa como una única entidad colectiva desde el punto de vista económico”.

La CNMC recordó que, en un procedimiento sancionador distinto finalizado el pasado mes de enero, sí sancionó a Repsol con 20,5 millones de euros por haber abusado de su posición de dominio en el mercado mayorista de distribución de combustibles de automoción a estaciones de servicio.

En este caso, consideró responsable a la empresa de un estrechamiento de márgenes consistente en aplicar, entre otras conductas, políticas de retención de volumen y de incremento de precios de venta del Gasóleo A (GOA) a sus rivales (gasolineras independientes) en dicho mercado, mientras que, en el mercado minorista de venta de combustibles de automoción en estaciones de servicio, realizó una campaña de descuentos en el precio del GOA a clientes profesionales que superaba las prestaciones que estaba obligada a aplicar en virtud de las medidas aprobadas en su día por el Gobierno.

Por su parte, Repsol rechazó “de forma tajante” la sanción de 20,5 millones de euros a diversas de sus filiales del área de venta de carburantes y la prohibición de participar en contratos públicos impuesta por la CNMC, al considerar que se apoyaba “en un relato parcial y descontextualizado, con errores de método y de derecho, que ignora el contexto excepcional de 2022”, marcado por la crisis tras la invasión de Ucrania por Rusia.

Además, la energética afirmó que recurriría ante la jurisdicción contencioso-administrativa la multa para hacer “valer todos estos argumentos en su impugnación”.

Hasta hace poco, las gasolineras de Repsol –empresa petrolera con mayor número de estaciones de servicio en España– ofrecían tres tipos de combustibles: gasolina, diésel y GLP. En 2023, sumó una cuarta variedad: los carburantes ‘100% renovable’, disponible en 2026 en 1.500 puntos de venta en todo el país. En su página web, la compañía explica que se trata de un combustible que se fabrica sin usar una sola gota de petróleo. Está hecho a base de “aceites vegetales usados y otras materias primas como son los restos agrícolas o forestales”, lo que permite “cero emisiones netas en uso”.

Para sorpresa de muchos conductores, este combustible que Repsol desliga de su producción fósil se ha encarecido también con la guerra que Estados Unidos e Israel han desatado en Oriente Medio. Los precios han subido igual o más que la gasolina y el diésel tradicional, dependientes de un petróleo que, por la parálisis del estrecho de Ormuz –por donde circula el 20% del crudo consumido en todo el mundo– ha superado los 100 dólares el barril, un precio crítico para la economía global, según economistas e internacionalistas.

Es decir, lejos de desacoplarse del mercado fósil, la evolución de este combustible “renovable” ha sido prácticamente paralela en los carteles de precios de todas las gasolineras. Según datos difundidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en los primeros 15 días de marzo, antes de la rebaja del IVA por parte del Gobierno, la gasolina 95 subió de 1,498 a 1,769 euros por litro (+27 céntimos), mientras que la gasolina ‘renovable’ pasó de 1,702 a 1,938 euros (+23,6 céntimos). En el caso del diésel, la opción en teoría renovable trepó más de 40 céntimos: de 1,642 a 2,049 euros.

Como era de esperar, esta incongruencia generó malestar en muchos conductores, entre ellos Adolfo Díaz Bautista, profesor de Derecho Romano de la Universidad de Murcia. En sus redes sociales, preguntó por qué “si el diésel renovable es de origen vegetal y no procede del petróleo ha subido a casi 2 euros por litro a partir de la guerra de Irán”. Cuando la consulta se viralizó –tuvo más de 400.000 visualizaciones en la red social X–, Repsol contestó a través de su cuenta oficial: “A pesar de que el Diesel Nexa origen 100% renovable se produce a partir de materias primas orgánicas, su precio, como el del resto de combustibles, está ligado a los mercados energéticos internacionales”.

Greenwashing industrial

Otra gasolinera que en España ofrece estos combustibles es Moeve (exCepsa). La empresa explica que lo obtiene mediante procesos de hidrotratamiento de aceites y grasas, que se trata “de la solución energética inmediata para la descarbonización” y que está ayudando a reducir las emisiones en “sectores difíciles de electrificar”, como el transporte terrestre, marítimo y la maquinaria agrícola.

Para Ismael Morales, responsable de Política Climática en Fundación Renovables, “el diésel 100% renovable no existe, es realismo mágico que solo ellos creen para marcar un relato en la población que no es real”. Su análisis es que la problemática va mucho más allá de esta paradoja, de precios acoplados sin ninguna justificación.

La lupa, dice, hay que ponerla en el “retardismo climático” y en el “greenwashing industrial”, un posicionamiento que le está sirviendo al sistema automovilístico “para no reconvertir su cartera a vehículos eléctricos, principalmente porque se han quedado fuera de la carrera respecto a las nuevas marcas procedentes de China”.

Por un lado, tener un diésel ‘100% renovable’ implica mantener los vehículos con motor de combustión, por lo que la contaminación y la emisión de partículas no se elimina. “Es decir, la calidad del aire sería igual de mala que actualmente, algo que mejora ampliamente con los motores eléctricos”, explica este experto. El segundo punto sí es el precio, “que siempre va a ser más elevado que la electricidad, porque la cadena de valor del subproducto para generar ese biodiésel va a ser muy dependiente de los combustibles fósiles para su transporte, procesado y distribución”.

“De fondo, no tenemos veracidad de que se trata de un combustible 100% renovable al no haber auditorías constantes y externas. Estamos ante una tapadera para continuar extrayendo y quemando gas o petróleo. A día de hoy, apostar por esos combustibles en el transporte por carretera y no por la electricidad, es un error gravísimo a nivel climático que no podemos permitirnos”.

Emisiones, dependencia externa y fraudes

Francisco del Pozo Campos, ingeniero industrial especializado en mecánica y responsable de gas fósil en Greenpeace, aclara que los biocombustibles emiten una cantidad similar de CO₂ al de los carburantes fósiles en el momento de la combustión. Se suelen considerar “erróneamente neutros en carbono” ya que estas sustancias liberan el CO₂ que ya habían absorbido en el ciclo de vida de la planta de la que proceden.

“Realmente no son neutros en carbono, dado que tiene emisiones ligadas al cultivo o residuos del que proceden, incluido emisiones ligadas a los fertilizantes y tractores necesarios para el cultivo, los medios de selección y cribado de los residuos, el transporte hasta la planta de refinado, el proceso de refinado y distribución posterior hasta las gasolineras. Para algunos cultivos, estudios científicos han señalado que en realidad los agrocombustibles emiten más CO₂ si se tiene en cuenta la cadena completa de producción y la deforestación”, explica.

Coincide Marcos Raufast, responsable de Aviación en la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes). Señala que en “condiciones óptimas”, con materia prima local, estos biocombustibles pueden llegar a reducir hasta el 70% de su huella de carbono en su ciclo de vida.

Bosco Serrano Valverde, responsable de combustibles sostenibles para aviación y sector marítimo de la organización Transport & Environment (T&E), detalla que el 80% del biocombustible que consume España, a base de palma y soja, se importa. Brasil e Indonesia son los principales mercados. “Es muy importante diferenciar el origen de la materia prima que se utiliza para producirlos. Actualmente, la producción de combustible de origen biológico está en auge. Pero estos biocombustibles, producidos a partir de residuos o cultivos, cuentan con un preocupante potencial de fraude, escasez de materia prima y dependencia del exterior”, aclara Ecodes en su informe El futuro verde de la aviación en España.

Lo que ocurre, explica Raufast, es que ante “la alta demanda de estas materias primas”, se han empezado a detectar falsificaciones en los envíos –aceite de palma virgen como usado– y cambios en los usos de las tierras de los países productores, deforestando bosques antiguos y liberando grandes sumideros de carbono, “incrementando el cambio climático y reduciendo la biodiversidad”.

Competencia por el territorio, el agua y los alimentos

Los biocombustibles de primera generación proceden de cultivos alimentarios como el maíz y la caña de azúcar, mientras que los de segunda generación –los que se venden en las gasolineras españolas– se obtienen de vegetación no comestible y residuos agrícolas.

Greenpeace considera que ambos carburantes son una “solución dañina para el clima” por materias primas que casi siempre proceden de la agricultura intensiva, con un impacto perjudicial en los territorios. “Restan espacio y agua para el cultivo de comida, lo que encarece los alimentos”, subraya Del Pozo. Esta competencia representa un riesgo extra para una seguridad alimentaria que, producto de la guerra, empieza a estar en jaque por la escasez de fertilizantes y el aumento de todos los costes asociados a las cosechas.

Según un estudio de 2023 encargado por T&E, Europa destina a cultivos para biocombustibles una superficie de tierra equivalente al tamaño de Irlanda. Esa tierra podría servir para alimentar a 120 millones de personas o podría absorber el doble de CO₂ si se devolviera a la naturaleza. Los autores de esta investigación concluyen que se necesitaría solo el 2,5% de estas tierras para generar la misma cantidad de energía con paneles solares.

El Congo es un ejemplo del impacto de los biocombustibles en el territorio. En los últimos años, varias petroleras europeas se instalaron para cultivar ricino, una planta no alimentaria (crece en tierras degradadas) que sirve como materia prima para estos carburantes. Sin embargo, ante la necesidad de escalar la producción, estas empresas están invirtiendo en cultivos comestibles, como girasol y soja, perjudicando la seguridad alimentaria local.

“Actualmente, destinamos vastas extensiones de tierra a cultivos que luego quemamos con nuestros coches. Es un despilfarro escandaloso. Estas tierras podrían alimentar a millones de personas o, si se devolvieran a la naturaleza, constituirían sumideros de carbono ricos en biodiversidad. Los biocombustibles derivados de cultivos son probablemente la mayor tontería que se haya promovido jamás en nombre del clima”, resume, Maik Marahrens, director de biocombustibles de T&E.

Durante la segunda jornada del VI Foro Económico elDiario.es expertos y expertas del sector energético se han reunido en la mesa redonda ‘El despliegue renovable y el impulso de los gases verdes’, moderada por Raúl Rejón, jefe de la sección de Sociedad de elDiario.es.

El encuentro arrancó poniendo sobre la mesa la oportunidad histórica que suponen las energías renovables y los gases verdes para la humanidad y el clima y se abrió la puerta a debatir sobre los desafíos que es necesario enfrentar para que esta oportunidad.

En ese sentido, Miguel Rodrigo, Director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), destacó la evolución vivida por las renovables en los últimos 20 años y cómo han pasado a suponer el 57% del mix energético del país y hacerse evidente que iban a ser las fuentes más competitivas en materia de generación eléctrica. “La oportunidad está clarísima y eso implica desafíos para adaptar el escenario energético, que es muy complejo. La mejor prueba de ello es que la CNMC está regulando los accesos flexibles, el Ministerio está regulando los accesos de centros de datos e hidrógeno, entre otras cosas para que se adapten a la realidad del sistema energético y liberen capacidad; y Red Eléctrica está regulando el agregador inteligente”. 

En la misma línea se pronunciaba Raquel Paule, Directora General de la Fundación Renovables, quien apuntaba que el principal desafío son las redes. “Ahora mismo, el cuello de botella se presenta sobre todo en los nudos. Según el último informe de la CNMC, el 84% de los nudos tenían un colapso, pero en permisos de acceso. Es decir, el colapso es administrativo, no es un colapso energético. Creo que es ahí donde hay que empezar a trabajar: lo primero en las conexiones flexibles, que eso es vital; y lo segundo es discernir cuántos de estos permisos de acceso llevan proyectos detrás y qué tipo de proyectos llevan para ver qué aportan al país y cuáles son puramente especulaciones”.

Óscar Barrero, Socio responsable de Energía en PwC España, puso el acento en la posición privilegiada que nuestro país tiene en la apuesta de Europa por una transición energética pensada no solo para cumplir con sus objetivos ambientales, sino también para asegurar su soberanía estratégica y su competitividad a largo plazo y señaló que el principal riesgo que se corre es el de no entender que esto es una transición en la que vamos a seguir conviviendo con la dependencia de recursos de terceros. “Tenemos que seguir asegurando una diversificación de fuentes, unas infraestructuras que nos permitan garantizar el suministro de lo que hoy es nuestras fuentes principales de suministro, a la vez que aceleramos en esa sustitución progresiva con fuentes renovables autónomas”.

En el caso de los gases verdes (principalmente hidrógeno y biometano), Adrien Souchet, Director de Biometano de Moeve, destacó el cambio de paradigma en las cadenas de suministro. Estas han pasado de priorizar la eficiencia en costes de la molécula a enfocarse en tener un sistema resiliente y autónomo en el aprovisionamiento. Tras destacar la posición ventajosa de España en la producción de estos gases verdes, sí que subrayó que “la resiliencia no puede ir en contra de la competitividad final. La energía es la base de la economía y necesitamos una energía barata para poder permitir a España seguir creciendo”. Además, subrayó que los nuevos vectores energéticos conllevan el desarrollo de nuevas cadenas de valor en la que cada eslabón (producción, transporte, almacenamiento y uso final de estos combustibles) tiene que funcionar de manera coordinada. 

Hacia la soberanía energética 

“Si nos vamos al mes de febrero, ya como punto mensual, el precio del pool en España fue de 16€ megavatio hora que es seis veces más barato que en Francia y que en Alemania y 10 veces más barato que en Europa”. Los datos los proporcionaba Miguel Rodrigo para ejemplificar cómo las renovables están funcionando ya como un escudo y poner en valor, frente a la vulnerabilidad de un modelo energético basado en el consumo de combustibles “el poder que podemos llegar a tener de desvincularnos en un grado bastante alto de estas fluctuaciones con un recurso nacional. Y yo creo que no nos lo acabamos de creer”. 

Óscar Barrero indicaba, por su parte, que “si nos fijamos en los acuerdos de compra de renovables, los PPAs, aproximadamente la mitad de los PPAs que se firman en Europa son en España, que tiene los mejores precios de PPAs en energía solar y uno de los mejores precios de PPAs de energía eólica en Europa”.  

En ese mismo abaratamiento quiso incidir Raquel Paule, pero para resaltar la importancia de avanzar en el despliegue de un almacenamiento que permita aplanar la curva de demanda y estabilizar el precio diario que tiene cada una de las horas de la energía. Además, destacó la necesidad de electrificar la demanda. “Hemos vivido un proceso de descarbonización en el lado de la oferta, pero el incremento de la demanda apenas se ha movido un 3-4%. Urge empezar a electrificar, sobre todo la movilidad, que tiene una dependencia energética cercana al 100%”.

En el camino hacia esa soberanía, los gases también jugarán un rol fundamental. “Se producen localmente, por lo cual al fin y al cabo lo que hacen es reducir nuestras importaciones de estas moléculas que normalmente importamos de otros países”, explicaba Adrian Souchet. ¿Datos? En el caso de, por ejemplo, el biometano, habló de “un potencial de 163 TWh y para poner esto en el contexto del consumo de gas natural de España, eso es más o menos el 40-50% del gas natural que a día de hoy se importa de otros países”.

Repsol entró en 2026 con la suerte de cara. Tras cuatro años de trayectoria anodina, casi decadente, con la acción bailando entre 12 y 15 euros, acorde con una compañía instalada en un negocio de bajos márgenes y en tránsito desde el contaminante petróleo a las energías limpias, resulta que ahora la petrolera española es el valor estrella de la Bolsa, con una revalorización del 50% en apenas dos meses y medio, mientras el Ibex 35 cae más de un 2%.

¿Cuál ha sido el catalizador del cambio en Repsol? No se debe a un cambio de gestión, al descubrimiento de enormes reservas de gas o petróleo; no. El origen está en un factor exógeno, inesperado e imprevisible: Donald Trump. El perfil de Repsol parece otro desde que el presidente de Estados Unidos encarcelara a Nicolás Maduro y tomara el control de Venezuela el 3 de enero. En su discurso de justificación de la “invasión”, la palabra que más pronunció fue petróleo, poniendo el mismo gesto de quien cata un Vega Sicilia. Después, el 28 de febrero, Trump y su amigo Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, se lanzaron contra Irán, que ha respondido “secuestrando” el Estrecho de Ormuz. Resultado, el precio del petróleo se dispara y se instala por encima de los 100 dólares el barril.

Repsol presentó el pasado 10 de marzo su plan estratégico, en el que hace un ejercicio de prudencia y contención, propia de la sobriedad de su presidente (Antonio Brufau) y de su CEO (Josu Jon Imaz) y de que la favorable coyuntura puede ser efímera. Sus previsiones para los próximos tres años (2026-2028) están construidas sobre un precio medio del petróleo de 65 dólares el barril en ese periodo, que es cuatro dólares más bajo que el año pasado y un margen de refino en 6,5 dólares barril, frente a los 7,9 de 2025. Repsol prevé llegar a una producción neta de entre 580.000 y 600.000 barriles equivalentes de petróleo al día en 2028, lo que supone un aumento de entre el 6% y el 10% con respecto al año pasado.

La compañía no tiene exposición alguna a Oriente Medio, aunque lo que sucede allí es determinante en los precios de sus productos, como se está viendo con nitidez. La actividad más cercana a la zona de conflicto la desarrolla en Argelia y Libia, cuyo peso actual no alcanza al 10% de la producción. El país más relevante para Repsol es Estados Unidos, donde explota campos hasta en Alaska, con una producción que va a alcanzar el 40% del total de la compañía. Si se suma Venezuela, la producción en los territorios controlados por Estados Unidos supera más del 50%, ya que el país caribeño aportó el año pasado un 13% de los barriles totales. En las perspectivas de crecimiento anunciadas por la compañía no se están proyectando una mayor aportación de Venezuela, “donde las nuevas licencias emitidas por las autoridades estadounidenses permiten retomar operaciones de petróleo y gas”, señala la compañía, que cree que puede duplicar la producción en este país en un año y triplicarla en tres.

El plan estratégico contempla otro impacto de Donald Trump, aunque está más soterrado. El mandatario americano es claramente pro-petróleo y muy crítico con la agenda verde y las renovables. Repsol tenía previsto alcanzar en 2027 una capacidad de 9 GW en energías renovables, ese objetivo ha quedado pospuesto un año y la compañía asegura que va a ser más selectiva y disciplinada en los nuevos proyectos, lo que suena a patada adelante. Actualmente tiene instalaciones que producen 5,9 GW concentrados en España y Estados Unidos.

Repsol era una petrolera pura y dura que se ha ido transformando para ir incrementando el peso de las energías de origen renovable. Es un proceso complejo, que requiere grandes inversiones, y en el que ha llegado a sufrir una demanda de Iberdrola, en la que le acusaba de publicidad engañosa por presentarse como empresa sostenible. Esta acusación ha quedado en nada, seguramente porque si prosperaba acarrearía demandas similares a todo el sector energético. Al tiempo, Repsol ha visto como el impulso dado a Moeve (la antigua Cepsa) por el nuevo CEO le mermaba su liderazgo.

La competencia entre Repsol y Moeve es clave para el mercado español y portugués, dado el peso agregado de ambas compañías. La primera nació de los monopolios del Estado y la segunda fue promovida por el desaparecido Banco Central y nació en 1929 con la concesión de la explotación de tierras negras en torno al Lago Maracaibo; de nuevo Venezuela. Ambas empresas cuentan con las mayores redes de combustible. Repsol tiene 3.800 gasolineras y Moeve, tras la adquisición de Bellenoil y la fusión con Galp, va a superar las 3.300. En momentos de estrés en los precios de la gasolina y el diésel, como sucede ahora, es muy importante que los que suman alrededor del 40% de la cuota de mercado compitan en precio.

La llegada de Donald Trump a los mandos de la mayor potencia del mundo está removiendo todo. Su belicismo aupó a Indra (ahora atrapada en su éxito), que fue la empresa que más subió en Bolsa en 2025, y empuja a Repsol. Es duro ver cómo cotizan al alza las desgracias provocadas por el mandatario que se cree merecedor del Nobel de la Paz. Se equivoca si piensa que no le van a afectar. El colapso de Oriente Medio ya está exportando inflación, la misma que ayudó a Trump a llegar a la Casa Blanca en 2024 y al socialdemócrata Zohran Mamdani a la alcaldía de Nueva York en 2025. El trumpismo recibirá el golpe en las elecciones de medio mandato de este noviembre. Se entiende la prudencia de Repsol.

La energética Moeve (antes Cepsa) ha aprobado una inversión inicial de más de 1.000 millones de euros para poner en marcha su Valle Andaluz del Hidrógeno Verde. El megaproyecto cuenta con la participación de dos socios minoritarios, el gigante de las renovables de Abu Dabi Masdar y Enalter, participada por Enagás Renovable, según han adelantado Financial Times y Expansión y han confirmado a la agencia Efe fuentes de la compañía.

Esta primera fase, bautizada como Proyecto Onuba, supone una inversión de 1.000 millones de euros y estará localizada en La Rábida, la instalación industrial que Moeve tiene en la localidad onubense de Palos de la Frontera. Allí se construirá un electrolizador de 300 megavatios, junto con una nueva generación solar y eólica.

Moeve tendrá un 51% de la primera fase, mientras Masdar, el grupo de renovables de Abu Dabi, y Enalter, en la que participa también Pontegadea, la sociedad de inversión del fundador de Inditex, Amancio Ortega, se repartirán el resto, según la información publicada en los periódicos especializados. Para Masdar se trata del primer gran proyecto de hidrógeno en Europa.

En diciembre de 2022, Moeve, aun bajo la denominación de Cepsa, anunció que invertiría 5.000 millones de euros en su Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, en los parques energéticos de San Roque (Cádiz) y Palos de la Frontera (Huelva), para liderar la producción de ese tipo de combustible en Europa.

La firma avanzó entonces que el proyecto, que es la iniciativa más ambiciosa del sector en España y una de las más importantes a nivel europeo, generaría 10.000 puestos de trabajo, mil de ellos directos, además de dinamizar la actividad de 400 pymes y autónomos.

Hace casi un año, el Gobierno adjudicó de manera definitiva un total de 1.214 millones de euros de fondos NextGenEU en ayudas a la creación de grandes valles o clústeres de hidrógeno renovable, de los cuales 303 millones de euros correspondieron al Proyecto Onuba.

Esta nueva infraestructura suministrará hidrógeno verde tanto a las propias instalaciones industriales de la compañía como a terceros, contribuyendo de manera significativa a la descarbonización de la industria y del transporte pesado terrestre, marítimo y aéreo.

De hecho, hace una semana el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico adjudicó 928 megavatios (MW) de acceso a la red eléctrica a grandes proyectos industriales, asociados a una inversión de 3.105 millones de euros, en el primer concurso de acceso de demanda en determinados nudos de la red de transporte. Entre estos proyectos seleccionados figuraban más de 257 MW para Moeve en los nudos onubenses.

Esta decisión de Moeve se produce en un momento en el que la apuesta por el hidrógeno verde parecía estar cayendo en una ralentización en toda Europa, antes las incertidumbres respecto a su competitividad más en el corto-medio plazo.

No obstante, en el caso de España, la apuesta del Gobierno para hacer del hidrógeno verde una de las palancas de la política energética, clave para la descarbonización de la industria, transporte pesado y otros sectores productivos, es firme.

Para garantizar una transición justa hacia un nuevo mundo laboral dependiente de la IA, el acceso, la formación, y la transparencia van a ser vitales, así como el rediseño (y no el parcheado) del sistema educativo actual. Son algunas de las conclusiones obtenidas en la tercera mesa de expertos de las III Jornadas de Inteligencia Artificial y Tecnología de elDiario.es.

El 58% de las grandes empresas españolas y el 21,1% de las pymes ya utilizan IA, según un informe de UGT. “En el momento actual en el que nos encontramos no hay prácticamente ninguna empresa que no tenga claro que debe incorporarla en alguno de sus procesos”, ha señalado Idoia Salazar, fundadora y presidenta del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial (OdiseIA), en el encuentro.

El reto ahora, ha profundizado Rocío Millán, directora de Servicio Corporativo del Grupo Adecco, empresa de consultoría y gestión de recursos humanos, es el de conseguir que este nuevo escenario favorezca a que los empleados de las empresas puedan mejorar la calidad sustancial de sus trabajos.

“Estamos viviendo un momento histórico a una velocidad que la humanidad no había visto hasta ahora. Esto no lo podemos hacer, por tanto, solo los organismos públicos o las empresas privadas. Yo creo que tenemos que colaborar todos. A nivel nacional, pero también a nivel internacional”, ha señalado David Villaseca, director de Estrategia Digital y Tecnológica de la compañía energética Moeve (antes CEPSA).

Los perfiles en los que se están fijando las empresas

“Si pensáramos en un joven al cual esta transición le genera temores, ¿qué empleos tienen más futuro?”, ha preguntado Laura Olías, redactora de Economía de elDiario.es y moderadora de la mesa.

“A día de hoy lo que es sin duda fundamental es que los jóvenes, aparte de su formación técnica o funcional sí tengan una alfabetización o un nivel de uso de IA alto. No te quitará el trabajo la IA, sino la persona que sepa usarla. Que elijan la carrera profesional que ellos consideren, pero que tengan claro que la IA va a ser ya una norma”, ha apuntado Millán.

Desde Moeve han explicado que están combinando internamente formaciones masivas pero que también están acompañando en oportunidades verticalizadas, ayudando a generar carreras cada vez más ricas. “Además, estamos atrayendo distintos tipos de perfiles híbridos. Cuando el conocimiento de un experto técnico se combina con esas inteligencias artificiales, acaban creándose perfiles muy potentes”, ha señalado Villaseca.

Y están aprovechando esta nueva tecnología, aseguran, para acelerar la transición energética al lograr con ella optimizar sus activos (como sus parques energéticos) y desarrollar otros nuevos. “También nos está ayudando a tener un impacto positivo en toda la sociedad, porque estamos creando talento, capacidades y nuevos empleos”, ha expresado Villaseca.

No estamos preparados a nivel social

Por su parte, Salazar (OdiseIA) ha reconocido que a nivel social no estamos preparados a la hora de adoptar esta tecnología: “Tenemos pocos conocimientos previos de ventajas e inconvenientes y sobre hasta dónde deberíamos confiar en estos modelos de inteligencia artificial”.

Esto, ha remarcado, también ha pasado (y pasa) con Internet. Ante la pregunta “¿qué es Internet?” poca gente sabe dar una respuesta. Es decir: usamos la tecnología sin comprenderla. “Es importante que se haga un esfuerzo institucional y educativo por explicar todo esto, hasta el punto de que lo entienda un niño de 5 años”.

No dejar nadie atrás y asumir límites

¿Cómo se puede abordar esta transición sin dejar de lado a las personas mayores empleadas? “Es un reto más pedagógico que de edad. El acceso y el aprendizaje es lo que va a garantizar que no se quede nadie atrás. Todo lo demás va a venir rodado”, ha asegurado Millán.

Desde Red.es han contado que están formando a colectivos de personas mayores, del ámbito de la discapacidad, y/o vulnerables. “Llevamos ya más de 120.000 personas que han recibido estos cursos”, aseguraba Antonio Saravia, director adjunto de Economía Digital y responsable de los programas de Talento de Red.es del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

“Por otro lado, si no proporcionamos a los científicos los medios adecuados, se irán a otro sitio. Queremos garantizar que se queden”. En Red.es tienen un programa orientado a esto. “Trabajamos con el CSIC, con el CNIO, el CNIC etc. Estos investigadores están creando grupos de trabajo centrados en IA”, ha abundado.

Por último, con el programa UPRO, están formando a más de 80.000 profesionales del ámbito de las profesiones colegiadas de todos los sectores.

En cuanto a límites, han destacado que es importante incorporar la ética desde el propio diseño. “Para seguir fomentando la confianza en el propio mercado esto es prácticamente un deber. Tenemos que prever aquellos riesgos que pueden afectar directamente a nuestros derechos fundamentales”, ha asegurado Salazar.

Otro de los límites incontestables debe de ser el de poner al ser humano al final del proceso en la toma de decisiones importantes. Las regulaciones como las de la UE, han apuntado, están siendo útiles y necesarias para prevenir casos de alto riesgo.

La interconexión entre España y Portugal es una realidad cotidiana, de un calado muy superior a cualquier otro vecino. En 2024, los portugueses compraron en España el 33% de los productos que importaron, lo que equivale a todo lo adquirido en la suma de potencias como Alemania, Francia, Países Bajos, Italia y China. Si se miran las exportaciones, España es el destino del 25% de sus ventas, tanto como el agregado de Alemania y Francia. Por tanto, la frontera entre los dos países ibéricos es prácticamente inexistente desde muchos puntos de vista y, sin duda, desde el económico.

Cuando se entra a ver qué productos protagonizan el comercio exterior de las empresas portuguesas, resulta que más del 31% de lo que venden y un 28% de lo que compran fuera son productos químicos y energéticos. La porosidad de la raya con Portugal en esta industria tiene que ver con la fusión que acaban de anunciar la española Moeve (antigua Cepsa) y la portuguesa Galp de sus negocios de refino y de gasolineras. Moeve tiene dos complejos petroquímicos en España, en San Roque (Cádiz) y en Palos de la Frontera (Huelva), mientras que Galp cuenta con una instalación en Sines (en la costa, a 160 km al sur de Lisboa). Además, sumarán 3.500 gasolineras repartidas por los dos países.

La conexión y solapamiento de mercados facilita entenderse y obtener sinergias en la integración, pero lo determinante es la necesidad de ambas compañías de ganar escala en un negocio en plena transformación desde los hidrocarburos a la generación de energía con fuentes alternativas e infinitas (sol, agua, aire, etc.). Moeve y Galp tienen que invertir miles de millones en su transformación. Este proceso implica el achatarramiento de buena parte de los activos productivos actuales (refinerías) y la construcción de otras factorías de energía. Al tiempo, tendrán que reconvertir las actuales gasolineras en electrolineras, hidrolineras y centros de movilidad. Esta mudanza es costosa y muy compleja, puesto que se tiene que realizar sin parar. Es como cambiar la rueda a un coche con el vehículo en marcha.

La actitud valiente de Moeve y Galp en los últimos años, con decisiones difíciles y aparentemente contradictorias, es el preludio de esta fusión. En 2021, Galp cerró la otra refinería que tenía en Matosinhos, al norte de Oporto. Primero fue un cierre temporal atribuido a la caída de demanda y con los almacenes a rebosar, consecuencia de la reducción de la movilidad durante la pandemia. En 2023, el cierre se convirtió en definitivo y empezó el desmantelamiento de las instalaciones, proceso que aún no ha terminado. El plan es levantar en esos terrenos una “ciudad de la innovación”, centrada en energías renovables y nuevas tecnologías.

Al tiempo, Moeve acordó a finales de 2023 la compra de las gasolineras de bajo coste Ballenoil, lo que supuso una inversión de alrededor de 300 millones de euros en una red de 220 gasolineras. Esta operación la realizaba a la vez que diseñaba un cambio de nombre y de imagen que supone abandonar de su marca dos palabras que la han definido durante casi un siglo: España y Petróleo. ¿Es contradictorio? Es pragmatismo. Las empresas de gasolineras low-cost están aumentando su participación en el mercado y Moeve no solo no quiere perder ese mercado, sino que quiere duplicar. A finales de junio pasado, el 44% de las 12.685 gasolineras que había en España eran de empresas independientes, no tenían a un petrolero detrás.

Moeve tiene planes ambiciosos, que suponen inversiones de más de 3.000 millones, en sus instalaciones en La Rábida, Palos de la Frontera (Huelva), donde quiere crear el Valle Andaluz del Hidrógeno, unas obras que tenían que haber comenzado ya. La Planta Onuba tendrá una capacidad inicial de 400 megavatios (MW) y se espera que llegue a 1 gigavatio (GW) en 2028.

Es muy posible que las tres refinerías que suman Moeve y Galp sean irreconocibles en una década. Que el perfil industrial que hoy muestren sea parte de la arqueología industrial del mundo. Ya ha pasado con otras industrias recientemente. En qué han quedado los Altos Hornos de Vizcaya y Sagunto: en nada. La cuestión es saber adaptarse a los tiempos y contar con el capital suficiente para hacer la reconversión sin perder capacidad de producción energética y empleo.

Por tanto, el movimiento de Moeve y Galp no es más que el inicio de un gran baile que va a afectar a diferentes sectores europeos. Cuanto antes suene la música, menos oportunidades se pierden. Hace un mes, Repsol y la francesa Total Energies anunciaron la integración de sus negocios de explotación de petróleo y gas en el Mar del Norte, en Reino Unido, donde suman una capacidad de producción de 250.000 barriles equivalentes de petróleo al día.

Recientemente se publicaba el ranking de las 100 mayores empresas del mundo por capitalización bursátil, lo que refleja su capacidad de levantar dinero en el mercado para financiar su crecimiento. España solo tenía dos empresas (Inditex y Banco Santander), pero es que Europa solo colocaba una entre las 25 primeras, el fabricante de microchips holandés ASML.

El dominio de Estados Unidos es brutal y Europa solo podrá competir a escala global si se comporta de verdad como un mercado único y se facilita la integración de compañías por sectores. La fusión Moeve-Galp seguro que ha sido más fácil porque los gobiernos de España y Portugal pintan poco. En Moeve manda Mubadala (fondo soberano de Abu Dabi) y en Galp, la familia portuguesa Amorim, uno de los grandes patrimonios lusos, si bien su segundo accionista es el Estado luso con un 8,2%. La realidad aprieta y es urgente pasar de las musas al teatro.

Las empresas no pueden funcionar de espaldas a la realidad social. Es una de las frases que sintetizan el propósito de la jornada sobre reputación, sostenibilidad y licencia social organizada por la fundación empresarial Corporate Excellence y Moeve (antes Cepsa), empresa que el año pasado anunció su transformación “para ser un referente de la transición energética en Europa”.

En la jornada también han participado las empresas Enagás, Renault, Sacyr y DKV, así como el secretario general de Energía en la Junta de Andalucía, Manuel Larrasa; el presidente de Red Española de Desarrollo Rural, Mario Rodríguez, la Fundación Cotec y ECODES. Todos han hablado sobre cómo están intentando ganar esa licencia social —es decir, el contrato social que la empresa tiene con las distintas partes involucradas en una comunidad (empleados, sindicatos, comunidades), lo que se conoce como stakeholders, para lograr apoyos a su negocio.

“Las empresas hasta ahora estaban acostumbradas a mirar hacia adentro, pero ahora tienen que hacerlo hacia afuera. En el siglo XXI el contexto lo es todo”, ha expresado Jofre Bosch, cocreador del gabinete de incidencia pública beBartlet, junto al politólogo Nacho Corredor. 

Para Juan Llobell, Director de Corporate Affairs de Moeve, “la reputación es el activo más importante que tienes. Si la gente se vuelve en contra, no hay proyecto que funcione. Estamos en una etapa convulsa, de desconfianza hacia las instituciones y hacia ciertos agentes, y sabemos que la licencia social se puede perder fácilmente”.

Lo secunda Pedro Alonso, director de Comunicación Sacyr: “Cada vez la opinión pública tiene mayor poder. Tener la confianza de las personas a las que impactas cada vez es más imprescindible”.

Desde Moeve defienden la escucha de la sociedad. “La economía de la atención hace que estemos distraídos y que por tanto seamos más vulnerables a totalitarismos que pueden aprovecharse de la situación. Si las empresas no aportamos confianza al sistema, podemos cargarnos al sistema. Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Necesitamos sociedades sanas para desarrollar nuestros proyectos”, ha comentado Enrique Rodríguez, director de comunicación externa y Reputación de Moeve. 

Por su parte, desde la Fundación Cotec han señalado que ahora “el objetivo debería ser que las innovaciones no solo sean socialmente aceptables, sino socialmente deseables”, y también han puesto un ejemplo práctico: “Con la idea de impulsar la economía circular en entornos rurales hicimos una convocatoria abierta en la que tenían que ser las propias comunidades y consorcios locales los que identificasen su reto y diseñasen su propuesta para solucionarlo”. De esta forma, han explicado, gestionaron 162 propuestas de casi 50 provincias y eligieron tres demostradores de economía circular, a los que han estado acompañando.  

Desde ECODES, fundación de ecología y desarrollo, han recordado que, pese a que ahora estamos inmersos en una transición hacia un modelo de economía descarbonizada y se podría presuponer que ésta se hará de forma “perfectamente ecológica y justa”, no tiene por qué: “Puedes descarbonizar la economía generando un gran impacto ambiental y de una forma totalmente desigual”, advierte . Por tanto, hay que partir de esto para que se generen espacios de potencial confianza“, advierte Mario Rodríguez, directivo de la fundación.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentó este jueves un informe en el que cuantifica que “los errores legislativos” le han costado al Estado 1.000 millones de euros de media al año en la última década, y que todavía tiene pendientes por indemnizar y devolver algo más de 12.000 millones en los próximos años. En total, son 21.530 millones por sentencias judiciales en contra de la Administración a los que tenemos que hacer frente todos los contribuyentes por el momento, porque la Autoridad fiscal advierte de que están por llegar más fallos similares de los tribunales.

Algo más de la mitad de esa cantidad, exactamente 12.165 millones —de nuevo según la AIReF—, proviene de sentencias relacionadas con el sector energético, como la indemnización por la clausura del almacén del gas Castor, por el “canon hidráulico”, por la financiación del bono social eléctrico o por el impuesto especial a los hidrocarburos. Unos pagos por errores legislativos que benefician directa o indirectamente a las petroleras, gasistas y eléctricas que operan en nuestro país.

Este destacado peso del sector energético en las sentencias contra el Estado desde 2014 no es una casualidad. Es consecuencia y una nueva demostración del poder de uno de los grupos de presión (lobbies) más importantes en España y en el conjunto de la Unión Europea (UE). Un sector que tiene a su disposición un pequeño batallón de altos funcionarios en excedencia, a los que, por ejemplo, desplegó para intentar tumbar el conocido como “tope al gas” —o “excepción ibérica”— que desarrolló el Gobierno en 2022 para aliviar la crisis de inflación, según se explica en esta información.

El siguiente sector empresarial protagonista de las indemnizaciones judiciales por errores legislativos es el de las telecos, con una sentencia a favor del conjunto de los operadores y otra en concreto de Telefónica, según se puede observar en el gráfico de este tema. Estas sentencias suman en total cerca de 3.000 millones, una cuarta parte que lo 'ganado' por las energéticas. Otro par de fallos de los tribunales, por 2.376 millones, tienen que ver con el impuesto de Sociedades, el que grava el beneficio de todas las empresas.

Entre los errores legislativos y malas prácticas que han sido recurridos y que tienen sentencias en contra, la Autoridad fiscal resalta “el uso inadecuado” de los reales decreto-leyes, como hizo el Gobierno del PP en el caso Castor o en la reforma del impuesto de Sociedades; la “extralimitación normativa”, como en el canon hidráulico, que ha costado a los contribuyentes 1.737 millones; o la “omisión de advertencias de la UE de incumplimientos de la normativa europea”.

Además, la AIReF recuerda que existen ahora mismo litigios en marcha que pueden resultar a favor o en contra del Estado, que podrían agravar el déficit (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado) de los próximos ejercicios. “Las acciones legales contra el Estado constituyen un riesgo fiscal relevante”, lamenta la Autoridad fiscal.

“Recientemente, se han dictado varias sentencias desfavorables para las Administraciones Públicas para las que se prevé una elevada cuantía, cuyo efecto se extenderá previsiblemente al ejercicio 2024 y a los años siguientes. Además, persisten riesgos judiciales pendientes debido a los numerosos procesos en curso, que podrían agravar el déficit de los próximos años, incluidos los arbitrajes internacionales en materia de energía, los contenciosos en el sector del transporte y las cuestiones fiscales aún por resolver en tribunales nacionales e internacionales”, incide.

Impuesto sobre hidrocarburos: el denominado “céntimo sanitario”

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 27 de febrero de 2014 declaró que el IVMDH, aplicado entre enero de 2002 y diciembre de 2012, era contrario al derecho de la Unión Europea. Este tributo, conocido como “céntimo sanitario”, tenía como objetivo principal recaudar fondos para financiar la sanidad pública.

Como resultado de esta sentencia, en 2014 se registró un mayor déficit de 1.671 millones de euros, asumido por la Administración central.

264 millones a Endesa

La sentencia de la Audiencia Nacional de 12 de febrero de 2020 (ROJ 1045/2020) estimó parcialmente el recurso presentado por Endesa relativo a la aplicación indebida de un sistema de minoración de la retribución de la energía eléctrica vendida mediante contratos bilaterales físicos, establecido por la Orden ITC/3315/2007.

El importe fue de 264 millones por la responsabilidad patrimonial de la Administración por daños y perjuicios. 

Caso Castor

Indemnización por la clausura del almacén de gas CASTOR En diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional declaró nulo el Real Decreto-ley que establecía una indemnización urgente por importe de 1.350 millones a la empresa promotora del almacén de gas Castor, por su clausura en 2013. Esta indemnización, financiada por Enagás con préstamos de CaixaBank, Bankia y Banco Santander, debía repercutirse en la factura del gas durante 30 años.

Este Tribunal consideró que no había concurrido una situación de extraordinaria y urgente necesidad que justificara el uso de un Real Decreto-ley en lugar de utilizar una ley ordinaria para el pago de la indemnización, vulnerando el artículo 86.1 de la Constitución. Como consecuencia, los bancos reclamaron al Estado la devolución de los 1.350 millones adelantados. Finalmente, la Sentencia del Tribunal Supremo 3324/2020, de 27 de octubre, reconoció a los bancos el derecho a cobrar esa cantidad, obligando al Estado a asumir su responsabilidad patrimonial.

Canon hidráulico

La Sentencia del Tribunal Supremo 513/2021, de 15 de abril, declaró nula una parte del Real Decreto 198/2015 que regula el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias, por ser contraria al ordenamiento jurídico español. El importe asociado a este fallo ascendió a 1.737 millones de euros y se registró en 2021.

Bono social eléctrico

El error legislativo en el caso de las comercializadoras que habían financiado el bono social eléctrico fue chocar con la Directiva 2009/72/CE. El Tribunal reconoció el derecho de las empresas a ser indemnizadas por las cantidades abonadas más intereses, descontando cualquier importe repercutido al consumidor final.

Sin embargo, surgieron dudas sobre si las comercializadoras del mercado libre habían trasladado estos costes a los consumidores, mientras que las comercializadoras reguladas, cuyos ingresos están regulados, quedaron fuera de duda.

En el segundo y tercer trimestre de 2024, el Tribunal Supremo se fue pronunciando a favor de las comercializadoras del mercado libre, confirmando su derecho a ser indemnizadas, al no resultar probada la repercusión de los costes al consumidor final. En cuanto al impacto derivado de estas sentencias, se imputó un importe de 366 millones en el año 2022. La cuenta de la Administración General del Estado 2023 recoge una provisión de 276 millones por las indemnizaciones que corresponderían a la indemnización para las comercializadoras del mercado libre. Por tanto, el importe total podría ascender a los 642 millones.

Impuesto especial de hidrocarburos

La sentencia del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 2024 declaró ilegal el tramo autonómico del Impuesto de Hidrocarburos correspondiente al periodo de 2013 a 2018. El fallo concluyó que el impuesto era contrario al Derecho de la Unión Europea.

Falta por determinar la cuantía económica derivada de esta sentencia y el momento en que se reflejará en el déficit en contabilidad nacional. En 2023, el Gobierno estimó un efecto de hasta 6.500 millones por esta sentencia, cifra que se corresponde con el total de la recaudación que tuvieron las comunidades autónomas, que establecieron ese tipo autonómico, en todos los años en que estuvo vigente.

El Congreso rechaza el impuesto extraordinario a las energéticas

Además de las victorias judiciales, el sector energético se ha visto beneficiado recientemente por algunas votaciones parlamentarias mientras consigue beneficios récord, en plena crisis de precios, y recibe ayudas y subvenciones milmillonarias para la transición 'verde'.

En enero de este 2025, los socios del Gobierno de coalición EAJ PNV y Junts confirmaron en el Congreso de los Diputados su rechazo a la prórroga al impuesto “temporal” a las energéticas. Las derechas nacionalistas se unieron al PP, Vox y UPN en contra de la prórroga del gravamen a los beneficios de Repsol, Cepsa o Naturgy, lo que significa que las ‘arcas públicas’ dejarán de ingresar cerca de 1.000 millones. 

Junts también pactó con el PP la suspensión del impuesto del 7% a la generación de electricidad, aunque el Gobierno ha conseguido salvarlo. Este tributo está diseñado para pagar la deuda milmillonaria pendiente con las empresas eléctricas desde hace años, el famoso déficit de tarifa, que actualmente es de alrededor de 7.000 millones.

El sector de las gasolineras de bajo coste bate récords. Los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reflejan que en 2024, las estaciones de servicio independientes siguieron ganando cuota de mercado a las abanderadas, hasta representar más del 45% de la red nacional, frente al 43% que acaparan las instalaciones de Repsol, Moeve (la antigua Cepsa) y BP, los tres operadores con capacidad de refino en España.

La CNMC incluye en las operadoras “independientes” a Ballenoil, líder de las ‘low cost’ que Moeve (la antigua Cepsa) absorbió en 2024, pero la tendencia es clara. Los nombres propios de este boom son empresas como esta, Plenergy (antes Plenoil, adquirida hace un año por los fondos Tensile Capital y Portobello) o la jiennense Petroprix, a la que recientemente Financial Times situaba entre las diez compañías europeas con mayor crecimiento de la última década. 

Y si hay un lugar que ejemplifica este auge de las gasolineras ‘low-cost’ ese es Leganés, cuarta ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid y la 32 con mayor población de toda España. Este municipio del sur de la capital de España fue señalado por la CNMC hace ya once años, en 2014, por prohibir la apertura de nuevas estaciones de servicio. Varias sentencias judiciales después, su red se ha prácticamente triplicado gracias a la expansión de las 'low cost' en un lapso de poco más de cinco años.

Según el Geoportal de gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático, Leganés (194.084 habitantes) cuenta en la actualidad en su término municipal con una red de 29 estaciones de servicio, de las que 10 pertenecen a cadenas de bajo coste. Esta cifra contrasta con la decena escasa de gasolineras que tenía hace una década, cuando la CNMC publicó ese informe. 

De acuerdo con los datos del ministerio, Leganés tiene en la actualidad tantas estaciones de servicio como las que existen en la vecina Alcorcón (173.625 habitantes) y más que Fuenlabrada, que tiene una población prácticamente idéntica (190.790 habitantes) y cuenta con 25 gasolineras.

En la también limítrofe Getafe (189.906 habitantes) hay 28 gasolineras; en la cercana Móstoles, la segunda ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid (tiene 214.006 habitantes), hay 18 estaciones de servicio. Y en Alcalá de Henares (200.702 habitantes), hay 25, de acuerdo con los datos del Geoportal de Transición Ecológica.

No siempre fue así. Hace ya once años, en marzo de 2014, la CNMC, que entonces acababa de echar a andar, publicó ese inusual informe (por específico) de su departamento de Promoción de la Competencia que elevaba a Leganés a la categoría de lo que no debe hacerse si se quiere impulsar la competencia. El documento dejaba claro que algo extraño pasaba en la ciudad pepinera, que entonces solo tenía una decena de gasolineras, todas bajo las marcas de Repsol, Cepsa y BP.

No existían estaciones independientes, “un hecho llamativo, no observado ni en otros municipios estudiados ni en los colindantes, en particular teniendo en cuenta que el municipio cuenta con 8 polígonos industriales y con 4 grandes centros comerciales”, como destacó entonces la CNMC. 

El organismo advirtió de la “menor presión competitiva sobre las estaciones de servicio allí instaladas” y reclamó al municipio que eliminase por “desproporcionada y contraria a la competencia” una moratoria a la instalación de nuevas gasolineras aprobada en julio de 2013, meses después de que el Gobierno central (del PP, como el alcalde de entonces) aprobase un Real-Decreto Ley para tratar de agilizar la apertura de nuevas estaciones de servicio y reducir el poder de mercado de las grandes del sector.

Cuando se aprobó esa moratoria el alcalde de Leganés era el popular Jesús Gómez, conocido en el pueblo por no haberlo pisado apenas antes de que su partido le incluyera en las listas para las municipales de 2007, y que se encargó durante años de escribir los discursos a la que fuera presidenta madrileña, Esperanza Aguirre.

Tales eran las trabas que ponía al sector el consistorio (en ese momento con el PP y antes, con el PSOE) que en 2017 un juzgado leganense llegó a admitir a trámite una denuncia por prevaricación presentada por Ballenoil y Petroprix contra el Ayuntamiento en la que la patronal de las gasolineras independientes, AESAE, cifraba en 87 millones de euros el perjuicio para los vecinos del municipio. 

En noviembre de 2017, un análisis de El Confidencial mostraba que Leganés, con su decena escasa de gasolineras, contaba con 0,48 estaciones de servicio por cada 10.000 habitantes, el índice más bajo de toda la Comunidad de Madrid.

Un tapón que solo logró desatascarse a través de los juzgados. Por la vía de lo contencioso-administrativo, Ballenoil logró en 2019, después de nueve años de pleitos, que el Tribunal Supremo obligase al Ayuntamiento a concederle la licencia que le había denegado en 2010, cuando el municipio estaba gobernado por el socialista Rafael Gómez Montoya. Entonces, esta empresa contaba con un centro de lavado en uno de los polígonos industriales de la localidad y quiso instalar sus primeros surtidores allí para completar su servicio en el municipio. Tenía todos los informes favorables, pero algo se torció a última hora.

Tras esa sentencia del Supremo, Ballenoil logró abrir su primera gasolinera en Leganés en octubre de 2019. Hoy la actual filial de Moeve cuenta con cuatro estaciones de servicio allí, más que Plenergy (que tiene tres y abrió la primera en el municipio en octubre de 2022) o Petroprix, que abrió la primera en esa ciudad en 2019 y actualmente tiene dos. No obstante, estas cadenas siguen todavía lejos de Repsol (seis) o la propietaria de Ballenoil desde el año pasado, la antigua Cepsa, que tiene cuatro. 

Ballenoil no se conformó con esa sentencia del Supremo. El 1 de junio de 2020, en plena pandemia y ya instalada en la ciudad, presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento por los perjuicios que le provocó la denegación de la licencia de esa gasolinera. Su reclamación fue rechazada por el Consistorio por silencio administrativo y la empresa acudió a la justicia ordinaria, que en primera instancia la desestimó en 2022 a través del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 14 de Madrid.

Pero en febrero de 2023 la hoy filial de Moeve logró que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) reconociera su derecho a recibir del Ayuntamiento una indemnización de 1.852.645,51 euros: 278.056,46 euros por el alquiler de la parcela que había arrendado para instalar esa gasolinera y otros 1.574.589,05 euros en concepto de lucro cesante.

“Absolutamente indignante”

La sentencia se apoyó en ese informe de la CNMC, según los jueces, “harto significativo de las circunstancias concurrentes de cierre de mercado de distribución de carburantes en el municipio” durante esos años. El TSJM hizo suyos los argumentos de Ballenoil, que consideraba “absolutamente indignante” la conducta del consistorio, que no ha atendido a elDiario.es.

En su reclamación contra el Ayuntamiento, Ballenoil expuso cómo “tuvo que sufrir el cierre de mercado impuesto por el Excmo. Ayuntamiento de Leganés en favor de un puñado de gasolineras de los grandes operadores, con diversas artimañas”, y “no pudo obtener la licencia de actividad a la que tenía derecho sino hasta ocho años después del momento en el que se le debería haber concedido”.

El expediente, expuso, adoleció de “numerosas irregularidades”, que incluyeron “la desaparición de informes favorables y presiones políticas acreditadas y la dilación injustificada de una licencia que debió estar otorgada en el año 2012, ante la existencia ya en dicho momento de los correspondientes informes favorables necesarios”.

Varias denuncias y sentencias después, Leganés ha dejado de ser una anomalía para llenar el depósito y muestra cómo ha cambiado el sector en una dinámica que se aceleró tras las subidas récord de precios que se registraron en 2022 por el inicio de la invasión de Ucrania. En 2023, con Ballenoil todavía como compañía independiente, las tres grandes se vieron superadas por primera vez en número de gasolineras por las estaciones de servicio que no tienen un contrato de suministro al por mayor en exclusiva con un operador.

Moeve, la antigua Cepsa, se apuntó un beneficio neto de 92 millones de euros en 2024, frente a las pérdidas de 233 millones que se anotó en 2023 por el deterioro de los inventarios y el impacto del impuesto extraordinario al sector, tras un 2022 en el que pulverizó su récord de ganancias tras el estallido de la guerra en Ucrania. 

El grupo controlado por el emirato de Abu Dhabi ha anunciado este martes un beneficio neto operativo (Ebitda) ajustado (CCS, excluyendo el efecto de los extraordinarios y de los inventarios) de 1.852 millones en 2024, un 32% más, “debido a la mejora de resultados del negocio de Energía durante el ejercicio”. El beneficio neto CCS ajustado fue de 444 millones, un 60% más que en 2023.

El pasado ejercicio, la segunda petrolera del mercado español disparó las inversiones (orgánicas e inorgánicas) un 77%, hasta 1.293 millones, duplicando las consideradas “sostenibles”, que alcanzaron un 43% del total, cuando en 2023 representaron el 29%.

Aquí se incluyen, entre otras, las inversiones destinadas a biocombustibles, hidrógeno verde, energías renovables, movilidad eléctrica impulsada por energías limpias, actividades químicas alineadas con la Taxonomía de la UE, betunes y asfaltos modificados.

En un comunicado, el consejero delegado de Cepsa, Maarten Wetselaar, ha calificado 2024 de “histórico” para lograr su estrategia, Positive Motion, cuyo objetivo es lograr que la mayor parte del Ebitda provenga de actividades “sostenibles” para finales de esta década. El holandés ha afirmado que “una vez estabilizado el panorama fiscal en España, permitiendo respaldar inversiones en transición energética”, afrontan 2025 “con ilusión”. 

“Estamos trabajando para iniciar la construcción de la primera fase de los 2 GW del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, a espera de que se materialicen los incentivos y se resuelvan aspectos reglamentarios. Emprender el mayor proyecto europeo de hidrógeno verde convertirá a Moeve en uno de los primeros en aprovechar el enorme potencial de estos combustibles sostenibles en el sur de España, acelerando la descarbonización y fomentando la competitividad y la seguridad energética de Europa”. 

La energética, que el año pasado cerró la compra de la cadena de carburante de bajo coste Ballenoil, llegó a amenazar con “dar prioridad” a inversiones en hidrógeno en otros países si no decaía el impuesto extraordinario al sector que se puso en marcha con la crisis energética, como finalmente ocurrió.

La compañía presentó en octubre su nueva marca “como reflejo de su profunda transformación y de su compromiso para liderar la energía y movilidad sostenibles”.

En consonancia con este objetivo, Moeve se ha desprendido del 70% de sus activos de Exploración y Producción con respecto a 2022, tras la venta de sus activos en Colombia y Perú este año, y ha vendido su filial de gas natural licuado Gasib. Está implantando su nueva marca en la red de 1.800 estaciones de servicio que tiene en España y Portugal, a un ritmo de 600 establecimientos al año.

En el ámbito de los biocombustibles, Moeve y sus socios han iniciado la construcción de una planta de biocombustibles de segunda generación en Huelva, que producirá de forma flexible 500.000 toneladas anuales de combustible sostenible de aviación (SAF) y diésel renovable (HVO). Formará parte del mayor complejo de biocombustibles 2G del sur de Europa, con una capacidad total de producción de 1 millón de toneladas anuales.

En cuanto al Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, la compañía ha finalizado la ingeniería básica y logrado acuerdos preliminares para el suministro de electrolizadores y de la energía renovable necesarios para la producción de esa molécula, que contribuirá a descarbonizar sus actividades de refino y química y se empleará para producir combustibles sintéticos y biocombustibles 2G ayudando a la descarbonización del transporte que es difícil de electrificar.

El grupo cifra su contribución fiscal en 2024 en 5.241 millones, de los que el 83% se pagaron en España. La cifra incluye un pago de 243 millones por el impuesto extraordinario a las energéticas.

En 2024, Moeve aumentó su posición de liquidez un 40%, hasta 6.115 millones, cubriendo los vencimientos de deuda hasta finales de 2029 y proporcionando solidez para ejecutar su estrategia de transformación.

La deuda neta se situó en 2.369 millones, con un ligero incremento del 3% en un año y una importante reducción del apalancamiento del 24%, lo que se traduce en un ratio de deuda neta/EBITDA de 1,4x a finales de 2024.Moeve culminó con éxito la mayor emisión de bonos de su historia, por importe de 750 millones.

Moeve se ha adherido a First Movers Coalition (FMC), una iniciativa liderada por el Foro Económico Mundial y John Kerry, ex enviado especial de Estados Unidos para el Clima, que representa un reconocimiento al compromiso de la compañía acelerar la transición hacia las cero emisiones netas para 2050.

El consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, ha firmado la adhesión durante la primera jornada de Davos junto con Borge Brende, presidente y consejero delegado del Foro Económico Mundial, lo que hace de la energética una de las primeras empresas de su sector a nivel mundial, y la primera de su sector en España, en unirse a la coalición.

En un comunicado, la compañía destacó que esta adhesión reconoce “su firme compromiso de acelerar el desarrollo y despliegue de tecnologías innovadoras bajas en carbono, clave para alcanzar las cero emisiones netas para 2050”.

Wetselaar afirmó que formar parte de esta coalición es “un paso más” en el camino de transformación del grupo “para liderar en esta década la producción de moléculas verdes en Europa y ofrecer las soluciones energéticas necesarias para descarbonizar sectores contaminantes”.

“Estamos encantados de unirnos a esta iniciativa que resulta un emblema de la colaboración mundial, tan necesaria para acelerar la transición energética en todo el mundo y así lograr un futuro con cero emisiones netas”, dijo.

Por su parte, Brende destacó que Moeve se suma a la FMC como el miembro 102 y se convierte en la tercera empresa que se une en España -tras Iberdrola y Egui-.

“Junto con su compromiso en el sector del transporte marítimo, que servirá para reforzar la demanda de la FMC de alcanzar soluciones con cero emisiones en el transporte marítimo, Moeve aporta experiencia y conocimientos importantes desde su liderazgo en la transición energética y en el incremento de soluciones emergentes como el hidrógeno verde y los combustibles sostenibles, que serán fundamentales para la misión de la FMC de descarbonizar los sectores industriales que emiten grandes cantidades de carbono”, añadió al respecto.

La iniciativa FMC, puesta en marcha durante la COP26, pone el foco en sectores que emiten grandes cantidades de carbono, como la aviación, el transporte marítimo, el transporte por carretera y el acero, para cuya descarbonización, las tecnologías de vanguardia, como los gases y combustibles renovables, son esenciales.

La coalición representa la demanda del sector privado de avanzar en el desarrollo de tecnologías emergentes y su objetivo es fomentar la demanda y la oferta de soluciones con cero emisiones en estos sectores para 2030.

Estrategia 'Positive Motion'

Como parte de su adhesión, Moeve se ha fijado el objetivo de que para 2030 al menos el 5% de su flota de transporte marítimo de alta mar funcione con combustibles de emisiones cero. Un paso que está en consonancia con su estrategia 2030 'Positive Motion' para convertirse en un referente de la transición energética mediante la producción de moléculas verdes (hidrógeno renovable y biocombustibles 2G) para reducir las emisiones de sectores como el marítimo y la aviación.

A lo largo de esta década, la compañía reducirá las emisiones de CO2 de alcance 1 y 2 en un 55 % y el índice de intensidad de carbono de los productos energéticos vendidos entre un 15 y un 20 % con respecto a 2019, con el objetivo de lograr emisiones netas cero para 2050.

Además, como parte de su estrategia, más del 60% de las inversiones de Moeve se dedicarán a actividades sostenibles con el objetivo de que estas generen más de la mitad de su Ebitda.

Cepsa, la petrolera controlada por el emirato de Abu Dhabi, ha anunciado este miércoles que abandona la marca que ha utilizado desde su creación hace 95 años para convertirse en Moeve e ilustrar así su giro renovable.

La empresa fue fundada como Compañía Española de Petróleos SA en septiembre de 1929 como primera corporación privada del entonces emergente mercado español de los hidrocarburos. Más de 35.000 días después, se convierte en Moeve “como consecuencia del avance de su transformación, derivada de la estrategia Positive Motion, que está implementando desde hace dos años para convertirse en el referente de la energía y la movilidad sostenibles”.

“Me ilusiona comunicar el cambio de una gran marca, Cepsa, que ha estado con nosotros más de 90 años, para decirle al mundo que nos estamos transformando en otro tipo de organización, Moeve, en la que la mayor parte de sus beneficios provengan de actividades sostenibles a final de esta década”, ha indicado en un comunicado el consejero delegado de Moeve, el holandés Maarten Wetselaar.

“Ante estos avances y los que daremos en el futuro, presentamos una nueva marca que refleja nuestro firme compromiso para ser un referente de la transición energética en Europa, en especial en el campo del hidrógeno verde, los biocombustibles 2G y la movilidad eléctrica ultrarrápida”, ha dicho el primer ejecutivo de la compañía, que la semana pasada condicionó el futuro de su inversión de 3.000 millones de euros en el denominado Valle Andaluz del Hidrógeno a la supresión o modificación del impuesto extraordinario a las energéticas, que el Gobierno da prácticamente por perdido ante la falta de apoyos parlamentarios.

Según Cepsa, este cambio también responde a su objetivo de acelerar su descarbonización y la de sus clientes, mediante una inversión de hasta 8000 millones de euros, “de los que más del 60% se destinará a negocios sostenibles, como la producción de hidrógeno verde, biocombustibles de segunda generación (2G) y productos químicos sostenibles, así como la recarga eléctrica ultrarrápida”.

Desde el lanzamiento de su estrategia Positive Motion en marzo de 2022, la compañía ha avanzado en un gran número de proyectos y ha desarrollado un ecosistema de alianzas con más de 60 compañías de varios sectores para impulsar las distintas cadenas de valor y la implementación de estos proyectos.

La compañía está desarrollando el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, el mayor proyecto presentado hasta la fecha en Europa, que en 2030 espera contar con una capacidad de 2000 MW. Además, ha impulsado la creación del primer corredor marítimo entre los puertos de Algeciras y Huelva con el puerto de Róterdam para unir el sur y el norte de Europa y está trabajando en el desarrollo de nuevas plantas de metanol y amoniaco verdes junto con sus socios.

Asimismo, desarrolla el que será el mayor complejo de biocombustibles 2G del sur de Europa, en Palos de la Frontera (Huelva), con una capacidad anual de producción de un millón de toneladas de combustible sostenible para la aviación -SAF- y diésel renovable -HVO-.

Actualmente, Moeve ya comercializa estos combustibles sostenibles en siete de los principales aeropuertos españoles y en más de 60 puertos. También desarrolla con otros socios cerca de 30 plantas de biometano en España y proyectos para valorizar residuos para la producción de este biogás, sustituto del gas natural.

La red de estaciones de servicio de Moeve ya cuenta con más de 160 puntos de carga ultrarrápida operativos y espera terminar el año con 400 construidos, para el desarrollo de “una de las mayores redes de recarga eléctrica ultrarrápida en el conjunto de España y Portugal”. En paralelo, está llevando a cabo “una ambiciosa transformación de los puntos de contacto con los clientes, ampliando su oferta de alternativas energéticas, así como nuevos servicios de restauración, recogida de paquetes y tienda”.

La compañía ya produce y comercializa LAB (base para la fabricación de detergentes biodegradables) y fenol a partir de materias primas y fuentes de energía renovables. Además, está construyendo en Huelva una planta de alcohol isopropílico (IPA), base para la fabricación de geles hidroalcohólicos, que será la primera instalación de este tipo en España que utilice hidrógeno verde y que sea capaz de sustituir materias primas de origen fósil por materias sostenibles.

Este año ha anunciado la venta de sus activos de exploración y producción en Colombia y Perú, después de la desinversión realizada en Abu Dabi en 2023, lo que supone la venta de cerca del 70% de sus activos de producción de petróleo respecto a 2022. En agosto anunció la venta de su filial de butano, propano y autogás (Gasib).

La nueva marca, desarrollada con la colaboración de la agencia Landor, refleja movimiento, optimismo y evolución a través de diferentes colores, texturas y dimensiones, con un diseño pensado para el mundo digital. La nueva marca se implantará de forma progresiva en todas sus estaciones de servicio, en un proceso que arrancará en noviembre, a un ritmo de unas 600 estaciones al año, hasta llegar a las más de 1800 que la compañía tiene en España y Portugal. Moeve lanzará en los próximos días una nueva campaña de  publicidad a nivel global.