Durante décadas, el yen ha sido un amortiguador esencial de la arquitectura financiero mundial. La estrategia monetaria de tipos próximos a cero instaurada por el Banco de Japón (BoJ) para catapultar el consumo en una sociedad increíblemente ahorradora y sacar al conocido como el enfermo económico internacional de la UVI, por deflación endémica, ha acabado convirtiendo a la divisa nipona en uno de los avales inversores preferido de bancos, aseguradoras, fondos de inversión y hedge funds. Todo ellos, interesados en adquirir activos más rentables que las ratios de inflación media en el resto del mundo.

Pero este cuadro de mando comenzó a resquebrajarse al acelerarse la inflación japonesa, desde finales de 2024. Con los primeros vestigios de escalada de precios, el BoJ lleva un largo año en el que ha sustituido paulatinamente su política ultra-laxa por una más restrictiva que ha llevado el precio del dinero hasta el 1%, tras el repunte de un cuarto de punto en la reunión de junio de la autoridad monetaria japonesa. Parece una subida modesta. Incluso envidiable para la mayoría de las economías del planeta, industrializadas, emergentes o en desarrollo.

Sin embargo, esta maniobra alcista ha propiciado que las rentabilidades de la deuda soberana hayan convertido al mercado de divisas en el epicentro de los riesgos internacionales. Porque la paulatina depreciación del yen amenazaba con instaurar una carrera competitiva en los valores de las monedas que empezaba a recordar a la crisis asiática de 1997, centrada en los tigres asiáticos y con Corea del Sur --ahora también con convulsiones bursátiles--, a la cabeza de los quebraderos financieros, y atenazaban ya los flujos de capital transnacionales y domésticos.

Los bruscos repuntes del yen el pasado viernes y sábado, que llevaron a la moneda japonesa a situarse en la franja media de las 157 unidades por dólar un día frente a las más de 163 en las que se venía cotizando tras semanas de caídas, habían desatado las especulaciones de una intervención conjunta.

La sombra de otro credit crunch, en un mercado con préstamos privados por doquier, asaltaban los cuarteles generales de los principales bancos centrales. La ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, afirmó este lunes que el archipiélago y Estados Unidos intervinieron de forma conjunta en el mercado de divisas para frenar el declive del yen, que se encontraba en mínimos de casi 40 años antes de la primera acción de este tipo desde 1998.

En otro movimiento de keynesianismo --en este caso monetario-- que solían poner de los nervios a los neoliberales de tiempos no tan lejanos. De hecho, en el más importante desde la acción conjunta que sostuvo al euro en 2000, en plena cumbre extraordinaria del FMI en Praga. Y la más reciente desde 2011, cuando se instauraron los programas de compra de deuda corporativa y soberana para frenar la desaparición de la divisa europea. Estímulos que volvieron durante la Gran Pandemia con el reto de alumbrar un ciclo de negocios, el post-Covid, que aún persiste.

Estos movimientos sólo irrumpen cuando las autoridades juzgan que existe un peligro sobre los mercados de capitales capaz de desencadenar un tsunami financiero. Como parece. Si se tiene en cuenta el relato de advertencia del secretario del Tesoro americano, Scott Bessent al afirmar que la Fed y su departamento volverán a intervenir “si fuera necesario” y la confirmación de la ministra japonesa de Finanzas, Satsuki Katayama, en la misma dirección que rompe con décadas de discreción en materia cambiaria y lanza un mensaje inequívoco a los mercados. EEUU y Japón están dispuestos a “elevar considerablemente el coste” de cualquier ataque especulativo contra el yen. Las autoridades económicas cogen las riendas de la narrativa política, mientras los bancos centrales actúan en el supuesto libre mercado.

Tensiones en el sistema financiero internacional

El consenso del mercado, en cualquier caso, se acuerda de los Plaza Accord a la hora de explicar este nuevo escudo monetario entre Washington y Tokio. Ocurrió en 1985 y se denomina así por haber sido forjado en el Hotel Plaza de Nueva York entre EEUU, Japón, Alemania, Francia y Reino Unido para debilitar un dólar excesivamente fuerte y corregir los desequilibrios comerciales que su poder ocasionaba a la economía global.

Aquel acuerdo modificó durante años las expectativas sobre el mercado de divisas e inauguró un prolongado ciclo de depreciación del yen que acabaría teniendo profundas consecuencias para la economía japonesa.

Cuatro décadas después, las circunstancias son distintas. Nadie plantea un pacto multilateral, ni una reordenación del sistema monetario internacional.

Sin embargo, el impulso que inspiró la actuación vuelve a ser el mismo. Cuando las autoridades perciben que un comportamiento extremo de una divisa del G-10, foro que alberga amenaza la estabilidad financiera, la coordinación internacional sustituye temporalmente a la supuesta mano invisible que rige en los mercados. Entonces, en 1985 el riesgo era los desequilibrios comerciales. Ahora, en 2026, el verdadero temor emerge de un yen excesivamente débil que alimenta la inflación importada en Japón, encarece la energía y los alimentos, deteriora el poder adquisitivo de los hogares y obliga al BoJ a endurecer antes de tiempo su política monetaria.

Además, apunta a una cadena de acontecimientos peligrosos, con ventas masivas de deuda estadounidense por parte de Tokio, desmantelamiento acelerado del carry trade --o uso del yen como moneda de cambio para ganar rentabilidades en el mercado cambiario--, y nuevas perturbaciones en los rendimientos de los bonos soberanos, que ya soportan excesos de déficits fiscales, elevados costes financieros y el enorme esfuerzo inversor asociado a la IA.

Este es el quid de la cuestión que atemoriza a la Casa Blanca, cuya ayuda no se dirige en exclusiva a un aliado estratégico con tentaciones MAGA a la japonesa. Bessent y Kevin Warsh tratan ahora de proteger sus propios activos de deuda sobernana. Especialmente expuestos a los inversores japoneses que continúan siendo los mayores tenedores extranjeros de deuda federal. Cualquier venta significativa de bonos del Tesoro americano para avalar compras de yenes tiene impactos inmediatos sobre las rentabilidades de la deuda norteamericana. En un momento en que el bono a 30 años se mueve en máximos desde el credit crunch de 2008 y el coste de financiación del Estado americano se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de la Administración Trump.

Neil Irwin, analista de Axios Macro, sostiene que éste es precisamente el mensaje oculto tras la intervención. A su juicio, “los mercados han interpretado el episodio como una acción destinada a estabilizar el tipo de cambio, cuando en realidad refleja una inquietud mucho más profunda sobre la acumulación de tensiones en el sistema financiero internacional”. La participación del Tesoro americano permitiría a Japón sostener su moneda sin provocar nuevas presiones sobre los bonos de EEUU, explica.

La clave técnica de esa estrategia se encuentra en un instrumento prácticamente desconocido para el gran público: la Foreign and International Monetary Authorities Repo Facility (FIMA) de la Reserva Federal. Creada durante las turbulencias provocadas por la pandemia de 2020, esta herramienta monetaria permite a los bancos centrales extranjeros obtener liquidez en dólares utilizando sus bonos del Tesoro estadounidense como garantía, sin necesidad de venderlos en el mercado.

Para Shusuke Yamada, estratega de divisas de Bank of America, este mecanismo representa una auténtica ampliación del arsenal de política financiera disponible para ambos gobiernos. “Ya no se trata únicamente de comprar yenes, sino de convencer al mercado de que las autoridades disponen de recursos suficientes para sostener esa estrategia durante más tiempo y con menor coste”, asegura. Es decir, que el verdadero cambio “no reside en la intervención puntual, sino en el compromiso político que implica la participación directa de Washington”.

En su opinión, “si el dólar volviera rápidamente a situarse en torno a los 160 yenes, quedaría cuestionada la credibilidad del Ministerio de Finanzas japonés y la del Tesoro estadounidense. La divisa nipona inició 2026 en los 152 yenes por dólar. Pero la persistencia de tipos elevados por parte de la Fed, la cautela del Banco de Japón y las dudas sobre la política fiscal del Gobierno de Sanae Takaichi llevaron la cotización hasta superar los 160 yenes y rozar incluso los 163-164 yenes por dólar la semana pasada, unos niveles inéditos desde mediados de los años ochenta y considerados una auténtica línea roja por las autoridades japonesas.

Es lo que justifica el compromiso de Bessent de volver a intervenir “sin dudarlo” y la respuesta de Katayama de que no se trata de una operación puntual, sino de una auténtica estrategia de disuasión.

La dimensión geopolítica entra en escena

La entente cordiale entre EEUU y Japón posee una segunda capa de complejidad. El apoyo de la Administración Trump se produce en un instante delicado para el Gobierno de Sanae Takaichi, presionado por el aumento del coste de la vida, la pérdida de respaldo social y las dudas que suscitan sus ambiciosos planes fiscales. Un yen más fuerte reduce la factura energética, contiene la inflación importada y proporciona un valioso balón de oxígeno político a Tokio.

Sin embargo, no parece que ese respaldo vaya a ser gratuito. Que la Casa Blanca presente de un modo notorio esta operación reservada a las aparentemente prudentes autoridades monetarias deja a los observadores internacionales con la certeza de que Washington intentará obtener contrapartidas en materias sensibles como la defensa, capitales estratégicos, comercio o algún tipo de maniobras orquestales en la oscuridad contra China.

“Las alianzas de EEUU nunca son gratuitas”, precisa Sheila A. Smith, investigadora del Council on Foreign Relations (CFR). Cuando Washington invierte capital político o financiero para respaldar a un aliado, normalmente espera una mayor convergencia en sus prioridades estratégicas, avisa. En el caso de Japón, “esa expectativa puede traducirse en mayores compromisos con los gastos en defensa, una coordinación más estrecha frente a China y un apoyo más visible a la estrategia estadounidense en el Indo-Pacífico”.

En línea con Christopher Johnstone, ex director para Asia del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y socio de The Asia Group, para quien este reforzamiento de lazos bilaterales “son cada vez más inseparables” con la versión Trump 2.0. A su juicio, cualquier gesto extraordinario por parte del actual inquilino del Despacho Oval genera un elenco de contrapartidas a pedir en el terreno de la defensa, la seguridad tecnológica o la política hacia China.

Aunque también supone una reinterpretación de guion en los mercados globales. Porque si el yen se estabiliza y los tipos continúan subiendo, parte de ese ahorro podría regresar al mercado doméstico, reduciendo la demanda de bonos estadounidenses y europeos y elevando el coste de financiación internacional. “Japón está entrando en una nueva era crediticia y sus decisiones tendrán repercusiones mucho más allá de sus fronteras”, anticipa Tim Adams, CEO del Institute of International Finance (IIF), lo que obligará a las bolsas a “adaptarse a un mundo en el que el ahorro japonés deje de actuar como una fuente casi ilimitada de financiación para el resto de las potencias industrializadas”.

Harumi Taguchi, economista de S&P Global Market Intelligence, cree que el éxito o el fracaso de la intervención será determinante en las siguientes reuniones del comité ejecutivo del BoJ. Muy en especial, la de septiembre. “En caso de que las compras de yenes sostengan la moneda, el BoJ probablemente podrá aplazar otra subida de tipos”; en cambio, la depreciación reaparece, “aumentará la presión para endurecer la política monetaria antes de lo previsto”. Para Taguchi, “el mercado de divisas ha dejado de ser una consecuencia de la política monetaria; ahora se ha convertido en uno de sus principales condicionantes”.

El próximo 18 de mayo empezará a estar disponible el pago por Bizum en tiendas físicas en España. Tal y como ha confirmado la entidad financiera, con esta nueva funcionalidad los usuarios podrán realizar transacciones a comercios sin necesidad de efectivo o de tarjetas bancarias. Lo que comenzó como un método de pago de pequeñas operaciones entre amigos ha ido implementándose en otros ámbitos de la vida económica de la población, como el pago del IBI o del impuesto de vehículos. Ahora, también podrá utilizarse en compras físicas, solo será necesario que el teléfono tenga la función de NFC activada.

La plataforma ha adelantado que esta función no llegará a todos los usuarios a la vez. Tendrá una implementación progresiva a lo largo de los primeros meses, debido a que ni todas las entidades bancarias ni todos los comercios estarán preparados para aceptar este tipo de pago. Por el momento, los primeros bancos que lanzarán este servicio serán CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter. Para finales de 2026, se espera que el sistema esté integrado en el resto de entidades españolas. Por tanto, aunque la fecha de inicio sea el 18 de mayo, no todos los clientes podrán usarlo al mismo tiempo. Respecto a los comercios, la mayoría no tendrá que cambiar de datáfono, bastará con que actualicen el dispositivo para que pueda procesar el sistema de Bizum Pay.

Como funcionará el sistema de pago con Bizum en comercios

Los pagos con Bizum serán de la misma naturaleza que las transacciones que ya se pueden hacer desde esta entidad, enviando de forma inmediata el dinero de una cuenta a otra. Los comercios sí que deberán pagar una pequeña comisión, de forma similar a la que deben abonar por recibir pagos a través de tarjetas bancarias. Como ventaja, podrán disponer del dinero recibido justo después de recibir la transacción, en lugar de tener que esperar hasta las 72 horas en las que puede demorarse el abono de dinero por los sistemas electrónicos tradicionales.

También significará que ni los bancos ni los establecimientos deberán depender tanto como hasta ahora de las pasarelas de pago electrónico más habituales en nuestro país, como Visa y MasterCard. De esta forma, la banca española va a poder desprenderse de forma parcial de su dependencia con estos intermediarios.

Los usuarios podrán pagar con Bizum a través de la aplicación de su banco, o desde la aplicación Bizum Pay, una cartera digital ideada para estas transacciones. El sistema funcionará con tecnología NFC (Near Field Communication, que significa comunicación de campo cercano), un sistema de comunicación inalámbrica de corto alcance entre dispositivos, la misma tecnología empleada para los pagos con tarjeta desde el teléfono.

De hecho, pagar con Bizum funcionará de forma similar a este método de pago, tan solo habrá que aproximar el dispositivo móvil al datáfono del establecimiento. A los pocos segundos, la operación se habrá efectuado, sin necesidad de introducir el código PIN ni utilizar dinero en efectivo o tarjetas. Para que las transacciones puedan efectuarse, deberá estar el NFC activado, una función que en dispositivos iPhone está activada por defecto, y que en Android debe habilitarse desde el menú de ajustes.

Expansión a Europa

Creado en España en el año 2016, Bizum cuenta con unos 30 millones de usuarios en nuestro país y ha llegado a 26 entidades bancarias, el 96% de la cuota de mercado nacional: está disponible en BBVA, CaixaBank, Santander, Sabadell, Bankia, Kutxabank, Caja Rural, Unicaja, Ibercaja, Cajamar, Abanca, Bankinter, Liberbank, Laboral Kutxa, EVO, Eurocaja Rural, Caja de Ingenieros, Mediolanum, Cajalmendralejo, Cajasur, Deutsche Bank, Imagin Bank, Openbank y Oficina Directa.

También, desde el año 2024, funciona en Andorra, Portugal e Italia. Se espera que las transacciones sean posibles en el resto del continente gracias a la iniciativa EuroPA, impulsada por Bizum y otras compañías europeas que ofertan servicios similares, como SIBS-MB WAY y Vipps MobilePay. De implementarse este sistema paneuropeo, se espera que el alcance sea masivo. En principio, podría abarcar por el momento a trece países europeos y dar servicio a más de 130 millones de ciudadanos de todo el continente, lo que supondría dar cobertura a aproximadamente el 62% de la población total de la Unión Europea y Noruega.

No se descarta que otros países se unan al proyecto, que cuenta con la participación de España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia, junto con las jurisdicciones de Andorra y Luxemburgo. De implantarse, ciudadanos españoles podrían recibir dinero de forma inmediata desde, por ejemplo, Alemania.

Desde este jueves, 9 de octubre de 2025, han entrado en vigor cambios importantes en la normativa que regula las transferencias bancarias en la zona euro. La actualización busca reforzar la seguridad de los pagos electrónicos y reducir el riesgo de errores o fraudes, aplicándose tanto a transferencias ordinarias como a transferencias inmediatas. Los usuarios deberán familiarizarse con nuevas funciones de verificación del beneficiario, que permiten confirmar que los fondos se envían a la persona o entidad correcta antes de completar la operación.

Estas modificaciones forman parte de un esfuerzo por unificar los procedimientos en todos los países de la zona SEPA y garantizar que los pagos electrónicos sean más seguros y transparentes. Además, los proveedores de servicios de pago deberán ofrecer estas funciones sin coste adicional para los usuarios, asegurando que la rapidez y eficiencia de las transferencias no se vean comprometidas. La medida busca reforzar la confianza de los clientes en el sistema financiero y proporciona un mayor control sobre sus operaciones, explica el Banco de España.

¿En qué consisten las transferencias inmediatas?

Las transferencias inmediatas son operaciones que permiten enviar dinero de una cuenta a otra en cuestión de segundos, disponibles todos los días del año y a cualquier hora. Este tipo de transferencia difiere de las ordinarias, que pueden tardar horas o incluso días hábiles en procesarse. La nueva normativa no altera la rapidez de estas operaciones, pero añade un mecanismo de verificación del beneficiario. Antes de completar la transferencia, el sistema cotejará el nombre proporcionado por el remitente con el titular de la cuenta. 

El procedimiento de verificación puede arrojar tres resultados: coincidencia total, coincidencia parcial o ausencia de coincidencia. En los casos de coincidencia parcial o de ausencia de coincidencia, el sistema emitirá una alerta, y el remitente decidirá si continúa con la operación bajo su responsabilidad. Esta medida proporciona mayor control y transparencia, asegurando que los fondos lleguen al destinatario correcto sin afectar la disponibilidad inmediata de los mismos.

Las responsabilidades de los bancos en relación con las transferencias inmediatas

Con la entrada en vigor de la nueva normativa sobre transferencias inmediatas, los bancos deben garantizar que los usuarios puedan realizar estos pagos a través de cualquier canal disponible para transferencias ordinarias. Esto incluye la banca en línea, los cajeros automáticos, las oficinas físicas y los servicios telefónicos, asegurando así que la rapidez de las operaciones no implique limitaciones en el acceso.

Además, las entidades están obligadas a mantener el coste de estas transferencias igual o incluso inferior al de las operaciones tradicionales, de manera que los usuarios puedan disponer de un servicio rápido sin que esto implique un gasto adicional. Los clientes también podrán establecer límites de importe por operación o por día, con la posibilidad de modificarlos en cualquier momento, aplicando los cambios de forma inmediata y sin demoras.

Por último, los bancos deben ofrecer un servicio de verificación del beneficiario, que permite confirmar que el nombre del destinatario coincide con el titular de la cuenta a la que se envían los fondos. Este mecanismo refuerza la seguridad de las transferencias y reduce el riesgo de errores o fraudes, proporcionando al usuario información clara antes de autorizar cualquier pago.