La Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 7 años y medio de prisión impuesta por la Audiencia Nacional a la abogada de presos de ETA Arantza Zulueta por un delito de integración en organización terrorista y otro de depósito de armas y explosivos con finalidad terrorista. Asimismo, ha ratificado la pena de 4 años de cárcel por el primero de los delitos a Jon Enparantza, considerado también miembro del frente jurídico de ETA. Mientras, el Supremo estima parcialmente los recursos de los otros dos condenados en la causa, Naia Zuriarrain e Iker Sarriegui, al considerar que su responsabilidad era de menor gravedad, ya que consistía en gestión y responsabilidad subordinada, o de comunicación, en la estructura investigada, sin que se haya constatado conexión fáctica con actividades violentas. De ese modo, rebaja la condena por delito de integración en organización terrorista a Zuriarrain de 3 años y 6 meses de prisión a 2 años, y a Sarriegui, de 3 años a 1 año y 6 meses.

Salvo esa reducción de pena a dos de los recurrentes, el Supremo ratifica la sentencia de la Audiencia Nacional, que estableció que los acusados, al margen de la defensa jurídica de miembros de ETA, mantenían la vinculación de los presos con la dirección de la organización terrorista y les transmitían directrices de esta. El periodo de actividad que ha sido juzgado es el comprendido entre 2005 y abril de 2010, cuando se produjo la detención de los acusados y el registro de dos despachos de abogados en los que operaban en Bilbao y Gipuzkoa. A los cuatro se les aplicó en la sentencia ahora confirmada la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Por su parte, el alto tribunal desestima íntegramente el recurso de Zulueta y Enparantza que, entre otros extremos, también pedían que, en caso de condena, se les aplicase la reducción de pena que permite el artículo 579 bis.4 del Código Penal cuando el hecho sea objetivamente de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido.

En el caso de Zulueta, el Supremo recuerda que la Audiencia Nacional ha fijado como hecho acreditado que poseía los archivos informáticos precisos para acceder o facilitar que otros pudieran entrar en la posesión de unos depósitos de armas y explosivos de ETA, localizándose los archivos en un pendrive oculto detrás de un cuadro de su despacho profesional, conteniendo croquis y documentación de tres zulos en el sur de Francia.

Añade que “no se trataba de un acopio inocuo o marginal, pues los documentos detallaban que los tres zulos contenían precursores explosivos, fusiles de asalto, cargadores, munición, cordón detonante y dinero. Y, cumplimentada la comisión rogatoria, la policía francesa localizó efectivamente los zulos e intervino, entre otros efectos, 92 kg de clorato sódico, azufre, cordón detonante, un Kalashnikov y un G3/Cetme, munición y dinero, hallándose las armas en perfecto estado de uso y funcionamiento”.

Con esos elementos, para el alto tribunal, es imposible predicar la “menor gravedad objetiva” por el medio empleado, pues el hecho delictivo de su integración en la organización terrorista se proyecta sobre armas de guerra, munición y precursores explosivos, esto es, instrumentos típicamente ordenados a la ejecución de atentados, como lo son también las colaboraciones tendentes de la fijación de objetivos que se detallan en los hechos probados, concretamente la información sobre vehículos oficiales, la elaboración de un informe sobre la seguridad de la Audiencia Nacional o, incluso, funciones en la creación y dirección de una extensa red de información para la definición de futuros objetivos.

“En suma, por los medios (armas/explosivos) y por la función (custodia/aseguramiento del acceso a los instrumentos para la comisión de atentados o suministro de información que facilitara la ejecución de otros), la conducta queda fuera del perímetro del artículo 579 bis 4 del Código Penal”, subraya la Sala.

Y respecto de Jon María Enparantza, el Supremo explica que el relato y la prueba de la sentencia recurrida describen una intervención que rebasa con mucho el plano de mera militancia periférica o de “apoyo ideológico”, en particular la remisión de correos para obtener por coacción recursos económicos destinados a facilitar la subsistencia de la organización y la ejecución de atentados, llegando a recibir algunos de los pagos derivados de esta extorsión. Asimismo, señala que en la documentación intervenida se reflejan remisiones de información operativa a la dirección de ETA para su aparato de información, con selección de diversas personas como posibles objetivos y proponiendo medios de ataque que aseguraran una mayor eficacia, llegando a ofrecer detalles para asesinar a una persona concreta. Por ello, considera que su contribución es de entidad incompatible con la rebaja de la pena que solicita.

La sentencia desestima el resto de las alegaciones de los acusados. Así, no aprecia ninguna irregularidad en la actuación del Centro Nacional de Inteligencia, y en la investigación de inteligencia que realizó, verificándose la cobertura judicial de la misma y su sujeción a los principios de necesidad y proporcionalidad. También rechaza los argumentos contra las entradas y registros practicados en abril de 2010 en despachos profesionales de los acusados en Bilbao y Gipuzkoa, actuación que estima que respondió claramente a sospechas fundadas de responsabilidad en los investigados, y que se realizó con todas las cautelas precisas.

Tampoco admite el Supremo que la sentencia de la Audiencia Nacional vulnerara el principio ‘non bis in ídem’ (no ser juzgado dos veces por los mismos hechos) por haber sido condenados con anterioridad, en 2019, por integración en organización terrorista vinculado igualmente al entramado jurídico-carcelario de ETA, por un periodo temporal posterior al sentenciado ahora. Explican los magistrados que se trata de dos condenas por actuación en dos periodos distintos de tiempo por el mismo sujeto y con la misma inserción orgánica, mediando entre los dos periodos una detención e ingreso en prisión.

También descarta que pueda declararse la nulidad de las pruebas por las denuncias de torturas y tratos inhumanos o degradantes por parte de la Guardia Civil tras su detención realizadas por Naia Zuriarrain, ya que no hay corroboraciones objetivas suficientes.

Las detenciones de la causa conocida como sumario 13/13, se produjeron por orden del entonces juez de la Audiencia Nacional y actual Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en Bizkaia y Gipuzkoa en el año 2010. Fueron detenidos antiguos presos y abogados de personas acusadas de pertenecer a ETA.

Las biografías de los banqueros, cuando existen, acostumbran a ser autorizadas. Su poder elimina la opción de que se escriban sin su plácet. La del presidente del Sabadell, Josep Oliu, no es una excepción. La autora es Raquel Lander y el título es El banquero estratega (La Esfera de los libros, 2014). En todo caso la presentación es muy acertada porque la misma intuición táctica que guió a Oliu para convertir una entidad menor fundada por el tejido industrial de la zona en uno de los principales bancos de España es la que le ha servido ahora para acertar en la estrategia y lograr zafarse, de nuevo, de la opa del BBVA. 

Quienes le han seguido a lo largo de su trayectoria confirman que el presidente del Sabadell es de los que no se dejan llevar por impulsos. El periodista Josep Maria Ureta le definió hace tiempo como alguien que intuye lo que quiere y que no improvisa cómo obtenerlo. No improvisó el traslado de la sede del banco a Alicante durante el procés ni tampoco su regreso a Catalunya cuando ya estaba en marcha la operación capitaneada por Carlos Torres.

Oliu dice que no habla de política, pero tampoco improvisó cuando en junio del 2014 propuso crear “una especie de Podemos de derechas”, lo que acabaría siendo el difunto Ciudadanos. Eran los tiempos en los que se quejaba de que PP y PSOE no eran “en absoluto representantes de los intereses empresariales”. Una década después, todo el espectro político, de derecha a izquierda, independentistas incluidos, patronales y sindicatos, han remado a favor de sus intereses. 

El que fuera presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Alan Greenspan explicaba que los bancos no solo controlan el dinero, sino también las ideas. Y durante estos 17 meses, un tiempo que no solo a sus accionistas se les ha hecho largo, quien ha fijado el marco ha sido el Sabadell, pese a los esfuerzos del BBVA por convencer a agentes sociales catalanes, periodistas y accionistas de los beneficios de su OPA. Por no hablar de las bondadosas campañas de publicidad con las que tanto BBVA como el Sabadell han regado a muchos medios de comunicación.

Nadie sabe quién filtró, el 30 de abril del 2024 y a la cadena británica Sky News, las intenciones del BBVA. Ambas entidades niegan estar detrás de esa información. Lo que sí es conocido es qué pasó después: impactó en la campaña de las elecciones catalanas y consiguió una unanimidad política inédita. Nada ha logrado poner tan de acuerdo a Illa y Puigdemont, ERC y Comuns. Todos rechazaron de plano desde el primer día la OPA. Lo mismo que patronales y sindicatos, en un frente igual de insólito por poco habitual.  

El Gobierno, alineado con Illa, mostró también su rechazo desde el principio, con el tono siempre prudente del ministro Carlos Cuerpo y con la vehemencia más frecuente de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Mientras, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha intentado pasar de puntillas, y eso que el tema ha salido cada vez que ha estado en reuniones con empresarios catalanes, esas de las que muchos, tras escucharle, cada vez salen más desconcertados. “Me gusta la competencia bancaria”, afirmó en las jornadas del Cercle d’Economia de este año, en las que el tema era solo el monotema: la OPA. 

Feijóo hizo otra cosa: cargar contra la consulta pública que el Gobierno se sacó de la nada para alegría del Sabadell y todos los que rechazaban la operación del BBVA. El líder del PP la tildó de “frívola” y algo de razón tenía, puesto que el único objetivo era que todos los que estaban en contra de la OPA, “ciudadanos, asociaciones y organizaciones”, dijesen que estaban en contra para así reforzar la posición del Gobierno. Y fue lo que pasó aunque en Bruselas no haya gustado que el Ejecutivo español haya puesto tantas trabas para interferir en la operación.

La OPA ha conseguido imágenes inéditas como las del presidente del BBVA y el del Sabadell de gira por algunas televisiones y radios. Torres asegurando tajante que no subirían la oferta (lo hicieron el 22 de septiembre) y Oliu apelando al corazón del tejido empresarial catalán y al de esos pequeños accionistas que además son clientes suyos.

“Presi, presi”, le corearon los empleados que le esperaban este viernes a la entrada de la sede del Sabadell en Sant Cugat. Oliu celebró su triunfo con ellos pero también con el president Illa. Acudió al Palau de la Generalitat tras reconocer que estaba “aliviado” por un resultado que no esperaba que fuese tan “contundente”. 

El Sabadell resiste aunque la pregunta es hasta cuándo. Es probable que el estratega Oliu esté ya pensando en un nuevo plan para intentar blindar un banco que, tras vender su filial británica en agosto, es más pequeño que cuando el BBVA lanzó una OPA que se ha demostrado tan hostil como parecía.