Fernando Cerimedo se encuentra en el centro de una investigación judicial en Bolivia por intento de femicidio y enriquecimiento ilícito. Desde la cárcel, el extaxista devenido en consultor de la ultraderecha latinoamericana —entre sus clientes están el presidente argentino, Javier Milei, y el boliviano, Rodrigo Paz— aseguró que ganaba un millón de dólares al año, tras rectificar una declaración inicial en la que afirmó que recibía esa cantidad al mes, pero que no tenía ninguna actividad en el país andino que le reportara dinero. Esa cifra, lejos de disipar dudas, ha puesto más bajo la lupa sus negocios.

La expareja de Cerimedo, Nadia Beller, lo acusa de haber contratado sicarios para asesinarla, y además lo vincula a una red de contrabando de combustible y oro en connivencia con las altas esferas del poder en Bolivia. El hoy exdueño del portal La Derecha Diario y exsocio de Javier Negre acumula antecedentes de operaciones de desinformación y asesoría en campañas electorales en varios países de América Latina, en estrecha vinculación con el trumpismo.

Cerimedo recibió el 10 de febrero en Mar-a-Lago, el complejo turístico de Florida propiedad de Donald Trump, el premio al “consultor político hispano del año” de manos de Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro ---el expresidente brasileño condenado por intento de golpe—. El argentino agradeció entonces a Brad Parscale, jefe de campaña del mandatario republicano en 2020, la “lucha en América Latina contra el socialismo”.

El hoy detenido en La Paz no es solo un consultor digital: es el nodo latinoamericano de una red de big data dedicada a radiografiar las emociones del electorado. La operación no termina en las urnas, una vez que sus asesorados llegan al poder, la fábrica de datos muta en un engrasado mecanismo de lobby corporativo, diseñado para encauzar contratos estatales a las empresas vinculadas al entramado. De ahí el rol que ha tenido en Brasil, Argentina, Chile, Honduras y finalmente Bolivia.

Los caminos conducen a La Paz

Beller, abogada, declarará bajo el sistema de protección de testigos en los próximos días y se espera que diga que Cerimedo y la esposa del presidente boliviano Rodrigo Paz, María Elena Bibi Urquidi, urdieron una trama de contrabando de combustible. En declaraciones previas a medios de comunicación, aseguró tener pruebas. Entre las anotaciones que se encontraron en el teléfono móvil de Cerimedo figura la de “negocios” con combustibles.

Según publicó el diario argentino Página12, la investigación plantea que Cerimedo estuvo a cargo de la gestión de dos millones de litros de gasolina que desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivia (YPFB) se sacaban del flujo de la compañía y se vendían en el mercado negro, muy activo ante el alza de los precios. La maniobra le reportaba dos millones de pesos diarios, equivalentes a unos 145.000 euros, según esta información.

¿Por qué Beller no denunció esto antes de ser víctima de un ataque, teniendo esa información? Su abogado, Jerjes Justiniano, justifica a elDiario.es que su cliente no puede ser señalada por cómplice, ya que no colaboró ni antes ni durante la comisión de los delitos que señala. “Nadia ha denunciado hechos de los que ha tenido conocimiento después de la comisión del delito. En Bolivia, la obligación de denunciar está reservada para funcionarios públicos y médicos; a ellos les cae la responsabilidad penal”, esgrime.

El letrado agrega: “Cerimedo manejaba fuertes sumas de dinero en su propio domicilio; producto de ello se realizaron los allanamientos. Eso dio lugar al proceso iniciado por enriquecimiento ilícito y la imputación de la segunda orden de 180 días de prisión preventiva para Cerimedo (la primera fue por la tentativa de femicidio)”.

En las viviendas allanadas se encontraron 100.000 dólares y constancias de transferencias de otros 400.000 dólares al exterior, según fuentes de la fiscalía de La Paz. Margarita Arce, abogada de Cerimedo, aseguró que su cliente introdujo legalmente en el país 200.000 dólares de su propio bolsillo y que no mantenía negocios ni contratos en suelo boliviano.

Se prevé igualmente que Beller involucre a Cerimedo en el intento de salida de 189 kilos de oro con destino a Dubái, operación en la que fue detenido el joven Adrián Lema Roca, que, según ella, es muy cercano a Catalina Paz, hija del mandatario de Bolivia.

La abogada Beller contará también, previsiblemente, que su expareja está vinculada con una maniobra en el departamento de Beni, que facilitó el aterrizaje y despegue de aviones, supuestamente, con drogas

El presidente Paz admitió que el consultor argentino trabajó en su campaña electoral en 2025, pero negó que fuera asesor de su gobierno y que estuviera vinculado a su familia. “Jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a mi familia”, dijo.

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, enfrentado al jefe del Ejecutivo, presentó el martes una denuncia penal contra Urquidi y Cerimedo por supuesto “tráfico de influencias” con motivo del audio no verificado en el que presuntamente ambos hablan de cambiar a algunos ministros y a un exjefe policial.

Se prevé que Beller cuente también que su expareja está vinculada con una maniobra en el departamento de Beni, que facilitó el aterrizaje y despegue de aviones, supuestamente, con drogas. Según ella, Cerimedo lograba que las aeronaves fueran liberadas a cambio de que se les pusiera un transpondedor para localizar los vuelos. Por esa acusación, Cerimedo está siendo investigado en otro proceso judicial por presunto tráfico de sustancias controladas y encubrimiento al narcotráfico.

En la causa sobre intento de femicidio surgió un nuevo elemento esta semana que tendrá que investigar la Justicia. Aldo Silva Peña, alias “Juancho”, sicario colombiano prófugo tras el atentado contra Beller, difundió un video en el que admitió un apoyo logístico al ataque, dijo que solo debían “darle un susto” porque “el objetivo no era matar a esa señora” y que el verdadero blanco “era una personalidad gaucha, argentina” que no identificó por su nombre.

Según la Policía boliviana, “Juancho” y “Don Fiti”, habrían participado directamente de la tentativa de feminicidio. El abogado de Beller afirmó que se trata de un elemento para desviar la investigación. “Es distractivo pretender victimizar a Cerimedo, queriendo dar a entender que el objetivo del atentado era él, cuando nunca fue citado para concurrir a ese lugar. La investigación ha sido eficiente en dar con el ciudadano colombiano, hay vínculos fácticos como la moto, el arma, los trajes de los dos repartidores de delivery y ahora este ciudadano aparece tratando de desviar la investigación”.

Un millón al mes o al año

La rutina de la cárcel boliviana de Palmasola se vio alterada el jueves pasado por la llegada de una comisión encabezada por el fiscal anticorrupción Miguel Cardozo. Frente a una lista de 219 preguntas, Cerimedo eligió la evasiva sistemática y dijo, en 159 ocasiones: “No tiene que ver con el caso”. Sí afirmó que facturaba un millón de dólares al mes, pero posteriormente corrigió la declaración y afirmó que el cobro era por año. Juró no tener actividad alguna en Bolivia, sostuvo que el presidente Paz no le solicitaba asesoramiento ni le daba instrucciones y denunció que su detención equivalía a un golpe de Estado.

Beller difundió fotos que dinamitaron ese relato de visita ocasional al país: una de Cerimedo sentado junto al presidente Paz en Miami ante la mirada del secretario de Estado, Marco Rubio; el consultor posando en el ascensor de la sede de Gobierno, viajando en el avión presidencial o instalado en el despacho del mandatario boliviano. Incluso tenía una oficina contigua a la del presidente, según su expareja.

La corrupción en el mileísmo

Beller, según su abogado, revelará la información que tiene sobre Cerimedo y la corrupción en Argentina cuando la cite algún fiscal o juez de Buenos Aires. Algo que aún no ha sucedido.

La abogada aseguró en declaraciones a la prensa que el consultor de Milei le habló “muchas veces de la corrupción” del Gobierno ultraderechista argentino. Y afirmó que la exesposa de Cerimedo, Natalia Basil, fue quien filtró en 2025 los audios en los que Diego Spanguolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), revelaba supuestos sobornos a Karina Milei, hermana del mandatario argentino. Cerimedo hablaba a Beller abiertamente de un “3% para Karina” en la compra de medicamentos para el área sensible de discapacidad y le aseguró que Basil trabajaba para la CIA.

Los cruces entre Argentina y Bolivia llevan el nombre de Cerimedo. Según publicó el medio La Política Online, Vicente Federico Quintanal, un empresario cercano al estratega y Karina Milei, gestionaba la compra de un terreno de 30 hectáreas sobre una vía fluvial para desarrollar un puerto multipropósito en Puerto General San Martín, localidad de la provincia argentina de Santa Fe. El proyecto quedó truncado con la detención de Cerimedo. El terreno que buscaba adquirir Vicente Federico Quintanal —supuesto testaferro de Cerimedo, según esa información— está en manos de capitales bolivianos.

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, ha anunciado este sábado la imposición del estado de excepción en Bolivia “para liberar las carreteras del país”, tras siete semanas de protestas y bloqueos de carreteras de sectores campesinos y afines al exmandatario Evo Morales, que exigen su renuncia.

Paz ha informado la medida con un mensaje en sus redes sociales y otro televisado, horas después de firmar un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) para “pacificar” el país, que ha sido rechazado por los otros dos sectores en conflicto: los sindicatos campesinos de La Paz y los seguidores de Morales (2006-2019).

“He dispuesto la aplicación del Estado de Excepción para liberar las carreteras del país. Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares”, ha escrito el gobernante en sus redes sociales.

Según información difundida por la Presidencia boliviana, la medida no supone la suspensión de derechos, pero sí “quedan prohibidos los bloqueos de vías y el uso de armas, explosivos y elementos violentos”.

También ha dispuesto el “apoyo temporal” de las Fuerzas Armadas a la Policía para “proteger rutas estratégicas, infraestructura esencial y garantizar el abastecimiento”.

En un mensaje televisado, Paz ha defendido que cuando comenzaron las protestas, decidió “dialogar antes de confrontar”, en un intento por diferenciar a los sectores con demandas “legítimas” de aquellos que buscaron “transformar una protesta social en una estrategia” de “ruptura democrática constitucional”.

“Lo que hoy enfrenta Bolivia es una estrategia organizada de desestabilización contra la democracia y un gobierno constituido y debemos llamarla por su nombre: un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo”, ha dicho.

Ha reiterado su acusación de que detrás de esto hay “estructuras políticas organizadas” que supuestamente operan desde el Chapare o Trópico de Cochabamba, el bastión sindical y político de Evo Morales en el centro del país.

El mandatario ha lamentado que este “intento de desestabilización ha causado dolor, muerte y sufrimiento” y generado “perdidas económicas incalculables”, por lo que, después de agotar “todas las instancias de diálogo” y lograr acuerdos “con quienes tenían demandas legítimas”, ha decidido declarar el estado de excepción.

La COB y la Federación de Campesinos de La Paz lideraron desde el 6 de mayo los bloqueos de carreteras para exigir la renuncia de Paz, sumando luego el respaldo de sectores afines al expresidente Morales.

La Central Obrera dispuso el viernes levantar sus medidas de presión tras firmar un acuerdo con Paz, pero los campesinos y los afines a Morales rechazaron ese acercamiento y anunciaron que mantendrán sus bloqueos hasta lograr la renuncia de Paz.

El conflicto ha ocasionado desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y ha dejado al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, además de pérdidas económicas estimadas en 3.000 millones de dólares.

“Quien está faltando al rigor y al protocolo, si me permite, señora Belarra, es usted. No sé si conoce el protocolo del Es-Alert, me imagino que se lo habrá leído, ¿no?. Pues es imposible porque no existe, no existe protocolo del Es-Alert”. El presidente del Gobierno valenciano en funciones, Carlos Mazón, trató de dejar en mal lugar de esta forma a la diputada de Podemos, Ione Belarra, durante su comparecencia de este lunes en la comisión de investigación del Congreso sobre la dana.

Sin embargo, es completamente falso. El protocolo de utilización se aprobó el 5 de diciembre de 2022, consta de 10 páginas y tal y como informó elDiario.es, está en poder de la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la catástrofe que dejó 229 fallecidos en la provincia de Valencia. En concreto, la providencia de la magistrada del pasado 28 de mayo dice literalmente: “Dada cuenta del protocolo sobre el sistema de alerta a la población de la red de alerta nacional (Es-Alert), recibido por correo electrónico del Juzgado, únase, y dése traslado a las partes y al Ministerio Fiscal”. Se trata de un documento del Ministerio de Interior que asigna a cada Centro de Coordinación de Emergencias autonómico la responsabilidad del “envío inmediato” de la alerta automática a los móviles si urge “proteger” a la población.

Mazón afirma que el documento no existe porque es provisional y porque no se había incorporado al Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones de la Generalitat. Sin embargo, de la provisionalidad a la inexistencia va un abismo. La prueba es que durante el Gobierno anterior del Pacte del Botànic se hicieron dos ensayos del Es-Alert (uno en l'Eliana y otro en la comarca de la Vega Baja) precisamente aplicando lo que establece ese protocolo.

Además, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha reconocido en un informe remitido a la jueza de la dana que el Ministerio del Interior impartió a sus técnicos hasta ocho cursos sobre el sistema Es-Alert de aviso automático a los móviles de la población en caso de peligro de catástrofe.

Entre otras cosas, el documento indica que “la competencia para introducir alertas en el sistema es de carácter territorial”. Mientras que el envío corresponde a los centros de emergencias de las comunidades autónomas, a la dirección general de Protección Civil del Ministerio del Interior le corresponde asegurar su “correcto funcionamiento” y su “disponibilidad continua”.

También establece que el objeto del sistema “es enviar alertas relevantes a la población que se encuentre en zonas afectadas, o que se prevea que pueden verse afectadas, por situaciones de emergencia o catástrofe”, es decir, se puede enviar de forma preventiva antes de que se dé la situación de emergencia, como sucedió con el aviso rojo del pasado 28 de septiembre, o cuando se esté produciendo con el objetivo de dar instrucciones de autoprotección a la población.

El sistema, según este protocolo, “se basa en el principio de necesidad de actuar por parte de la población, de acuerdo con el cual se enviarán alertas relevantes cuando sus destinatarios deban tomar medidas activas de protección” y añade: “Las alertas susceptibles de ser emitidas a través de este sistema deberán enmarcarse en una emergencia declarada o en curso de declaración en un nivel de operatividad 1, 2 o 3 de acuerdo con los parámetros establecidos en el Plan Estatal General de Emergencias (Plegem). Excepcionalmente, el sistema podrá usarse para emitir alertas cuya urgencia y criticidad aconseje una rápida difusión entre la ciudadanía, al considerar que esta difusión puede reducir el impacto previsible de la emergencia, aun cuando no conlleve la activación de un plan de protección civil”. 

Rodrigo Paz Pereira, el presidente que Bolivia eligió en la segunda vuelta de este domingo, no es boliviano de nacimiento. Nació en Santiago de Compostela (Galicia), en 1967, durante uno de los exilios políticos de su padre, el expresidente de Bolivia Jaime Paz Zamora (1989-1993), histórico líder de izquierda que fue perseguido por las dictaduras militares de los años 60 y 70, con uno de cuyos líderes acabaría pactando para gobernar el país andino. El militar Hugo Banzer Suárez (1926-2002), mandatario de facto entre 1971 y 1978 y otrora verdugo de los compañeros de lucha de Paz Zamora, lo apoyó para que presidiera Bolivia pese a resultar tercero en las elecciones presidenciales de 1989.

De su infancia y juventud errante se acordó Paz Pereira en su primer discurso tras la publicación de los resultados que lo dieron por ganador la noche del domingo. El economista evocó con nostalgia los años en que vivió en casi todos los países de Sudamérica, mientras sus padres, Jaime Paz y Carmen Pereira, escapaban de la persecución de las dictaduras. De vuelta en Bolivia, finalizó su educación secundaria para luego titularse en Economía y Relaciones Internacionales, además de completar un máster en Gestión Política en la American University de Estados Unidos. Se casó con María Elena Urquidi, con la que tiene cuatro hijos. Afincado en la región de su familia paterna, comenzó su vida política en 2002, convirtiéndose en diputado por Tarija hasta 2010. Desde ese año hasta 2015 fue presidente del Concejo Municipal de esa misma ciudad y, a partir de 2015, su alcalde. Al finalizar ese periodo fue elegido senador de la Asamblea Plurinacional de Bolivia. Y en 2025 se lanzó a la presidencia sin generar en principio demasiadas expectativas.

Con la sigla del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y un programa de centroderecha, se apresta a jurar a la presidencia boliviana el 8 de noviembre, tras vencer en la segunda vuelta con más del 54% de votación. Pero, si bien Paz Pereira se impuso en seis de los nueve departamentos de Bolivia, perdió en tres, uno de ellos Tarija, el departamento del que es representante y de cuya ciudad capital fue alcalde. Su contrincante, el conservador de derecha Jorge Tuto Quiroga de la Alianza Libre, le ganó en su propio feudo.

Otra paradoja es que el político de 58 años asumirá la presidencia de Bolivia pese a no haber sido favorito ni en la primera ni en la segunda vuelta. En las elecciones del 17 de agosto fue primero aun cuando en las encuestas previas figuraba entre el tercer y quinto lugar. Y en la segunda vuelta del 19 de octubre salió victorioso a pesar de que los sondeos lo daban por perdedor.

Su candidato a la vicepresidencia, el expolicía y abogado Edmand Lara, quien se sumó a la fórmula a última hora, después de que el acompañante inicialmente elegido por Paz, el empresario Sebastián Careaga, se alejara del PDC para unirse a la Alianza Unidad, de Samuel Doria Medina. Popular en redes sociales por videos de TikTok en los que denunciaba hechos de corrupción en la Policía boliviana, Lara fue un actor decisivo en la recta final de la campaña para la primera vuelta, sacando provecho de su condición de outsider de la política tradicional y cautivando a sectores más populares.

Más allá de la adhesión circunstancial de sectores populares al proyecto político liderado por Paz, su programa económico y político se inscribe en un paradigma más bien liberal

Aunque ha tomado distancia de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), que retuvieron el poder en Bolivia por casi 20 años de la mano de Evo Morales y el aún presidente Luis Arce, Paz Pereira acabó favoreciéndose de bolsones electorales tradicionalmente identificados con ese partido de izquierda. Hay consenso entre los analistas políticos en sentido de que los votantes leales al masismo fueron determinantes para darle la victoria al PDC. Si en la primera vuelta ganaron con el 32%, en la segunda alcanzaron el 54,6%, creciendo en un porcentaje similar al del voto nulo que instruyó Morales a sus militantes para las elecciones del 17 de agosto, pero no así para la de este 19 de octubre. El propio dirigente cocalero, inhabilitado para buscar la presidencia en 2025, se atribuyó el triunfo de Paz-Lara en una conferencia posterior a la difusión de los resultados.

‘Capitalismo’ que mira a EEUU

Más allá de la adhesión circunstancial de sectores populares al proyecto político liderado por Paz, su programa económico y político se inscribe en un paradigma más bien liberal, asociado a la centroderecha. No en vano, el equipo técnico del PDC sumó en las últimas semanas a Gabriel Espinoza y José Luis Lupo, dos economistas que fueron parte del entorno cercano de Doria Medina, el candidato que abanderó el programa de derecha en las elecciones del 17 de agosto. Mientras Espinoza fue jefe del equipo económico de la Alianza Unidad, Lupo, de amplia trayectoria en organismos internacionales (BID, CAF), fue candidato a la presidencia del binomio que acabó tercero en la primera vuelta.

Con el eslogan “capitalismo para todos”, el plan de gobierno del PDC lleva por nombre “Agenda 50/50: Política al servicio de la gente”. Con esa denominación ofrece, en términos generales, que el Estado central administre solo el 50% del presupuesto general del país, mientras que el restante 50 estaría en manos de los gobiernos subnacionales (departamentos y municipios) y las universidades.

Otro de sus planteamientos centrales en materia económica es el congelamiento de las actividades de las empresas públicas deficitarias y la reasignación de recursos ahorrados hacia gobiernos subnacionales. Sin embargo, no precisa cuáles serían las empresas a ser congeladas. Durante la campaña, Paz insistió que esa definición dependerá de las auditorías que se ejecuten en las reparticiones estatales.

Entre sus tareas más urgentes asoma la promesa de importar mayores volúmenes de combustibles procedentes de EEUU y de otras naciones a fin de normalizar el abastecimiento de gasolina y diésel, que desde hace un año es irregular y ha reducido la capacidad productiva del sector privado.

El acercamiento a EEUU es un gesto que rompe abiertamente con el patrón de los gobiernos de Morales y Arce. “Sabemos los bolivianos que la ideología no da de comer. Lo que da de comer es el derecho al trabajo, lo que da de comer es la propiedad privada, la certidumbre”, afirmó Paz en su primer discurso tras la segunda vuelta, en el que también se mostró abierto a reconducir las relaciones con Washington y recordó su compromiso para facilitar la importación de combustibles. “Bolivia vuelve a recuperar paso a paso su escenario internacional”, anunció, al tiempo de cuestionar que, durante los años del MAS, el país perdió “geopolítica y geoeconómicamente”.

El guiño a EEUU tuvo una respuesta casi inmediata de la administración de Donald Trump. El secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, felicitó al “presidente electo Rodrigo Paz”, saludó que su llegada al poder “inaugura una oportunidad transformativa para ambas naciones” y ofreció “poner fin a la migración ilegal, mejorar el acceso al mercado para la inversión bilateral y combatir las organizaciones transnacionales para fortalecer la seguridad regional”

El padre de Rodrigo Paz Pereira fue presidente de Bolivia entre 1989 y 1993 y su madre, natural de Santiago de Compostela, enfermera en Bruselas (Bélgica). Se conocieron en la capital belga en los años 60, cuando Jaime Paz Zamora estudiaba en la Universidad de Lovaina y sufrió un grave accidente de automóvil. Carmen Pereira Carballo trabajaba en el hospital en el que ingresó Paz Zamora. En 1967, y también en Santiago de Compostela, nació el primero de sus dos hijos, Rodrigo, que este domingo ganó las elecciones presidenciales en Bolivia al frente del Partido Demócrata Cristiano, de derecha moderada. Paz Pereira es además sobrino político de Xosé Manuel Beiras, histórico dirigente de la izquierda nacionalista gallega.

Carmen Pereira es hermana de Aurichu Pereira, pintora fallecida en 2023 a los 83 años y durante cuatro décadas pareja de Beiras. Ambas son hijas de Xesús Pereira Vilariño, maestro galleguista represaliado por el franquismo y preceptor del niño Beiras en los años oscuros de la posguerra. Pereira Vilariño había constituido la Prefectoría San José para educar al margen del nacional catolicismo oficial y en base a pedagogías progresistas.

El padre de Paz Pereira fue fundador y líder del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, un partido socialdemócrata creado en 1971 y afiliado a la Internacional Socialista. Gobernó el país entre 1989 y 1993 tras un pacto de investidura con su antiguo rival y pereseguidor, el derechista Hugo Banzer, dictador del país entre 1971 y 1978 y presidente elegido por sufragio universal entre 1997 y 2001.

El compostelano Rodrigo Paz Pereira ganó este domingo la segunda vuelta de las presidenciales bolivianas y se impuso a otro conservador, Jorge Tuto Quiroga, con el 54,61% de los votos. Su victoria pone fin a 20 años de gobiernos del Movimiento al Socialismo.

Bolivia eligió este domingo al senador de centroderecha Rodrigo Paz Pereira (Santiago de Compostela, 1967) como su próximo presidente para el periodo 2025-2030, tras una segunda vuelta en la que se impuso al expresidente Jorge Tuto Quiroga, aspirante de la derecha más conservadora, por casi 10 puntos porcentuales.

En un inédito balotaje para la democracia boliviana, el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) alcanzó el 54,6% de los votos válidos frente al 45,4 del aspirante de la Alianza Libre, según el conteo al más del 97% del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Al mandatario electo, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), le espera una nación en estado crítico, que cierra casi 20 años de hegemonía de la izquierda con una economía golpeada por la recesión, el desabastecimiento de combustibles y la escasez de dólares. Lo acompañará como su vicepresidente el expolicía y abogado Edmand Lara (Cochabamba, 1985), quien celebró la victoria del PDC desde Santa Cruz de la Sierra, la capital oriental más boyante del país.

Desde la ciudad occidental de La Paz, capital política del país, Paz Pereira ofreció su primer discurso como presidente electo pasadas las 22.15 de este domingo, agradeciendo a sus votantes y prometiendo un gobierno de unidad a partir del 8 de noviembre, día en el que jurará a la primera magistratura boliviana.

“Dios, la familia y la patria son la base de nuestro compromiso con Bolivia”, dijo al inicio de su alocución, a manera de hacer explícita su adhesión a los valores tradicionales que reivindica su programa de gobierno, sintetizado en el eslogan “capitalismo para todos”.

El aún senador por el departamento sureño de Tarija, fronterizo con Argentina, procuró tomar distancia de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), comandados por Evo Morales y el mandatario en funciones Luis Arce, a quienes responsabilizó del estado crítico de la economía. En su cuestionamiento, lamentó la excesiva ideologización de la administración estatal, que, a su entender, fue una marca de las gestiones del partido de izquierda.

“Sabemos los bolivianos que la ideología no da de comer. Lo que da de comer es el derecho al trabajo, lo que da de comer es la propiedad privada, la certidumbre”, afirmó en una intervención en la que también se mostró abierto a reconducir las relaciones con EEUU. “Bolivia vuelve a recuperar paso a paso su escenario internacional”, anunció, al tiempo de cuestionar que, durante los años del MAS, “perdimos geopolítica y geoeconómicamente”.

El guiño a EEUU tuvo respuesta de la administración de Donald Trump. En un mensaje compartido por la Embajada estadounidense en Bolivia, el secretario de Estado del país del norte, Marco Rubio, felicitó al “presidente electo Rodrigo Paz”, saludó que su llegada al poder “inaugura una oportunidad transformativa para ambas naciones” y ofreció “poner fin a la migración ilegal, mejorar el acceso al mercado para la inversión bilateral y combatir las organizaciones transnacionales para fortalecer la seguridad regional”.

Otro mandatario que se apuró en felicitar a Paz fue el presidente argentino Javier Milei, principal aliado de Trump en Sudamérica.

Paz tuvo palabras de agradecimiento para el binomio rival, integrado por Tuto Quiroga y el empresario Juan Pablo Velasco, quienes, minutos antes de la aparición pública del vencedor, lo felicitaron, aunque con algunos bemoles. Ante la insistencia de sus militantes, el presidenciable de Libre prometió esperar los resultados finales del TSE, que deberían conocerse este miércoles 22.

La molestia de los seguidores de Quiroga desató protestas aisladas en algunas ciudades de Bolivia, como Cochabamba y Oruro.

El poder del ‘voto popular’

El binomio Paz-Lara volvió a ganarle a las encuestadoras, que en la última semana lo daban como perdedor del balotaje. Al igual que en la primera vuelta del 17 de agosto, los estudios de opinión difundidos por las más grandes redes televisivas del país subestimaron su desempeño electoral.

Para el investigador político Óscar Gracia, jefe de la carrera de Relaciones Internacionales y de Negocios de la Universidad Privada Boliviana, la victoria del PDC es resultado de una estrategia política más integral que la de Libre. Mientras la campaña de Quiroga se focalizó en capturar el voto de la clase media urbana, la de Paz apostó por salir a la caza de las clases populares de las ciudades y de los electores del mundo rural, dos estamentos tradicionalmente leales al MAS.

“Además, ha podido captar a un sector reducido de clases medias urbanas ideológicamente de izquierda, lo que se explica por la mala performance del candidato vicepresidencial de Tuto, especialmente a raíz del escándalo alrededor del racismo”, dice Gracia, en alusión a unos tuits de 2010 atribuidos a Velasco en los que llamaba a matar a los “collas” (pobladores del occidente de Bolivia) y sobre los que no ofreció un desmentido contundente.

Libre solo ganó en tres de los nueve departamentos de Bolivia: Santa Cruz, Beni y Tarija. En cambio, fue derrotado en seis, casi todos ellos del occidente del país: La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Pando.

En un análisis más extensivo, el triunfo de la derecha en Bolivia, advierte Gracia, se inscribe en la irrupción de un sistema multipartidista moderado, que rompe con el modelo monopartidista gracias al cual el MAS gobernó durante casi dos décadas el país. Aunque es el partido con más representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, con 70 de 175 escaños en su poder, el PDC deberá negociar el apoyo de la Alianza Unidad (del empresario Samuel Doria Medina) y de Libre para alcanzar los dos tercios que se requieren para aprobar normas y designación estratégicas.

No obstante, el investigador cree que las eventuales alianzas entre fuerzas de la derecha tendrán que lidiar con la tendencia hacia la polarización política aún imperante en Bolivia. “Existen pulsiones muy importantes en la sociedad boliviana que construyen la polarización y esto puede tensionar la gobernabilidad parlamentaria y la gobernabilidad social”, vaticina.

‘Agenda 50/50’

El programa de gobierno que el PDC promete aplicar a partir del 8 de noviembre lleva por nombre “Agenda 50/50: Política al servicio de la gente”. Con esa propuesta ofrece, en términos generales, que el Estado central administre solo el 50% del presupuesto general del país, mientras que el restante 50 estaría en manos de los gobiernos subnacionales (departamentos y municipios) y las universidades.

Otro de sus planteamientos centrales en materia económica es el congelamiento de las actividades de las empresas públicas deficitarias y la reasignación de recursos ahorrados hacia gobiernos subnacionales.

Entre las tareas más urgentes figura la promesa de importar mayores volúmenes de combustibles procedentes de EEUU y de otras naciones a fin de normalizar el abastecimiento de gasolina y diésel, que desde hace un año es irregular y ha reducido la capacidad productiva del sector privado.