Un incendio en el recubrimiento de la catenaria de la Línea 1 del metro de Barcelona entre Clot y Glòries ha afectado este lunes a la circulación tanto de esta línea como de la Línea 2. Se han desalojado las dos estaciones, se ha evacuado un tren y se ha cerrado la estación del Clot donde confluyen las dos líneas y los trenes no paran.

Los servicios médicos han enviado a la zona 19 ambulancias y se encuentran evaluando a unas 120 personas, evacuadas de las vías y algunas de ellas atendidas por inhalación de humo. En total 39 de ellas han sido trasladadas a diferentes centros hospitalarios. El número de atentidos en total asciende a 137, ninguna de ellas en estado grave.

El incendio también ha afectado a la frecuencia de paso y recorrido tanto de metro como de bus. La Línea más afectada, la 1, no funciona entre las estaciones de Universitat y la Sagrera, justo el tramo más céntrico del recorrido. TMB ha dispuesto autobuses alternativos para cubrir el tramo que ha quedado sin servicio. Los Bomberos de Barcelona trabajan en la zona desde media tarde.

Respecto al autobús, TMB ha anunciado que las líneas H12, V25 y 192 modifican su recorrido al haber quedado anuladas las paradas 464, 3722, 9465 y 9610.

El teléfono de emergencias 112 recibió 102 llamadas de ciudadanos alertando del incendio y Protección Civil activó la fase de alerta del plan FerroCat.

Un juez de lo social de Barcelona ha declarado procedente el despido de Carmen Macías, la que fuera responsable de cumplimiento normativo de TMB — la empresa pública que gestiona el metro y el bus en la capital catalana— tras haber investigado un presunto caso de acoso laboral a otra empleada por parte de dos altos cargos de la compañía.

La sentencia, obtenida por elDiario.es, desestima tanto la petición de nulidad del despido como la demanda de tutela de derechos fundamentales que esta exdirectiva de TMB había interpuesto por separado.

Macías asegura que recurrirá el fallo y recuerda que la cúpula de TMB está imputada en un juzgado penal por presunto acoso laboral hacia ella. Añade que sigue teniendo, a día de hoy, el estatus de persona protegida por parte de la Oficina Antifrau de Catalunya.

TMB despidió a Macías en octubre de 2024 después de que se le abriera también a ella un expediente por acoso laboral a un subordinado. La decisión se basó en un informe elaborado por una empresa externa después de la denuncia de este empleado.

El informe concluyó que la directora de ‘compliance’ había sometido a este trabajador a una situación de acoso psicológico así como a un progresivo vaciamiento de funciones, según los hechos probados de la sentencia.

El subordinado relató en el juicio un progresivo deterioro de su relación con Macías y hasta tres compañeros refrendaron su versión en la vista oral.

La sentencia considera probado que este empleado recibió críticas reiteradas en público y en privado, instrucciones contradictorias, un control exhaustivo de su correspondencia laboral y limitaciones para disfrutar de vacaciones y del exceso de jornada acumulado. El trabajador inició dos bajas por incapacidad temporal relacionadas con esta situación, la primera entre octubre de 2022 y abril de 2023, y una segunda en julio de 2024.

Macías defendió, tanto en el juicio como en una rueda de prensa previa, que todo había sido un montaje para represaliarla por haber apreciado un presunto delito de acoso laboral de los mencionados dos altos cargos a otra compañera y por haber acudido a pedir protección a Antifraude.

El caso de presunto acoso laboral a otra compañera que investigó Macías está actualmente en un juzgado penal y hay dos directivos de TMB imputados, a pesar de que la Fiscalía no apreció indicios suficientes.

La antigua responsable de ‘compliance’ de TMB, que recibió el apoyo de la mayoría de sindicatos del comité de empresa, trató de apuntalar su versión alegando que el informe que justificó su despido se encargó a una empresa externa contratada a dedo después de un cambio repentino en los protocolos contra el acoso laboral.

Macías también consideró que una reorganización de su departamento llevada a cabo por el nuevo consejero delegado de TMB poco después de llegar al cargo formaba parte de la estrategia para represaliarla.

El magistrado, sin embargo, concluye que no quedó acreditado que la tramitación de ese expediente, ni su condición de informante protegida, influyeran en la decisión de despedirla. La sentencia señala también que TMB atendió los requerimientos de información que Antifraude le formuló durante todo el proceso.

Macías ya había chocado con la empresa previamente y en 2017 demandó a TMB por vaciado de funciones, en un caso que se resolvió con un pago de 30.000 euros de la empresa a la que entonces era todavía directiva de la compañía.

La sentencia condena a TMB a abonar a la demandante 10.000 euros brutos más intereses en concepto de los objetivos de 2024, al no haber acreditado la empresa que le hubiera comunicado los objetivos individuales exigidos para devengar esa retribución variable.

En un comunicado, Macías sostiene que TMB le ofreció una alta suma de dinero y el reconocimiento de la improcedencia del despido para evitar el juicio. “Decidí no aceptarlo porque este asunto nunca ha sido una cuestión económica”, señala.

Fuentes de la empresa de transporte público, sin embargo, niegan tajantemente que se llevara a cabo ese ofrecimiento y muestran su “satisfacción” con la sentencia.

El Tribunal de Cuentas investiga presuntas irregularidades relacionadas con la gestión del plan de pensiones de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), la empresa pública que gestiona el metro y el autobús en la capital catalana.

El órgano fiscalizador indaga el pago de sobresueldos vinculados a ese fondo de jubilación que se abonaron a una veintena de empleados. La otra pata del procedimiento son las altas sumas que han cobrado los representantes sindicales por participar en sus reuniones de control.

Solo entre 2020 y 2023, TMB pagó casi un millón de euros a los liberados sindicales que acudieron a estos encuentros, que se celebran una vez al mes —sin incluir agosto— y duran unas tres horas, según afirman distintas fuentes conocedoras de las reuniones.

La empresa pública, además, pagó en 2022 y 2023 sobresueldos de hasta 17.000 euros a solo una veintena de empleados —en una plantilla de 9.000 trabajadores— para compensarles el aumento de las cargas fiscales vinculadas a la prima de riesgo de su plan de pensiones. 

TMB repartió estos pagos de forma unilateral, en función del importe de la carga fiscal de cada empleado, sin atender a ningún convenio ni acuerdo con los trabajadores y beneficiando principalmente a quienes más ganaban.

La empresa es conocedora de la irregularidad de estos sobresueldos desde al menos julio de 2024, cuando tras una denuncia interna solicitó un dictamen jurídico a un bufete de abogados. El escrito de los letrados, obtenido por este periódico, señaló que tanto los pagos como la discrecionalidad con la que se repartieron no se ajustaban a la legalidad.

Según ha podido saber elDiario.es, la investigación arrancó tras una denuncia de un empleado ante el Tribunal de Cuentas en 2024 y el órgano ha pedido a TMB —una de las mayores empresas públicas de Catalunya— las actas de las mencionadas reuniones del plan de pensiones.

La investigación supone un nuevo capítulo en la crisis de reputación que vive TMB: cinco altos cargos —entre ellos el Consejero Delegado— están imputados en juzgados penales por dos denuncias de acoso laboral. La Oficina Antifraude y la Agencia Catalana de Protección de Datos, por su parte, han incoado expedientes sancionadores contra la empresa por haber tenido al descubierto información confidencial de sus empleados.

Pagos irregulares para compensar impuestos

TMB abonó los sobresueldos investigados porque, tras destinar dinero a su plan de pensiones, algunos trabajadores acababan pagando más impuestos de lo habitual. La empresa decidió compensar ese sobrecoste fiscal de su propio bolsillo con un pago en nómina con el concepto “Abonos diversos”.

Tras pedir el dictamen jurídico que los consideró ilegales, sin embargo, la empresa requirió a los empleados que la cobraron que la devolvieran a TMB en el plazo de un año, según consta en las cartas escritas a los empleados consultadas por esta redacción.

Algunos trabajadores acataron la petición. Otros se negaron y TMB se lo ha reclamado por vía judicial, según sostiene una fuente oficial de la empresa pública. 

La misma fuente oficial recuerda que la investigación del Tribunal de Cuentas está en una “fase de investigación previa” y no de “enjuiciamiento” y enmarca esos sobresueldos irregulares en la transformación que se hizo de los planes de pensiones “por obligación legal”.

Sobre los altos importes que han cobrado los representantes de los trabajadores que acudían a las reuniones del plan de pensiones, TMB responde que estos empleados no son liberados sindicales ni se rigen por su régimen jurídico.

“Son trabajadores elegidos por sus compañeros y ejercen esta función dentro de su jornada laboral sin retribución adicional”, afirma la compañía. 

La propia empresa, sin embargo, informaba hasta hace poco en su portal de transparencia de las horas, el importe y el número de “liberados sindicales del plan de pensiones”. La compañía dejó de publicar esa información coincidiendo con la denuncia ante el Tribunal de Cuentas.

Por esto el cálculo del dinero abonado a estos representantes que figura en este artículo solo incluye el periodo 2020-2023. La empresa no ha querido aportar los datos de 2024 y 2025.

“Durante unos años consideramos que las personas del plan de pensiones eran liberados [sindicales], pero no lo son y por eso dejamos de publicar la información en el portal de transparencia. Ahora ya no la tenemos recopilada como tal”, responden desde TMB.

“Por supuesto que somos liberados sindicales”, asegura Rafael Barrios, que ha participado en la comisión de control del plan de pensiones durante más de dos décadas y fue su presidente hasta hace pocos meses.

Barrios, sin embargo, defiende el trabajo que han hecho él y el resto de representantes para mejorar las condiciones de la jubilación de los empleados de TMB y considera que “no hay nada” que el Tribunal de Cuentas pueda reprochar.

La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha abierto un procedimiento sancionador contra un directivo de TMB, la empresa pública que gestiona el metro y el bus en Barcelona, por la exposición de datos confidenciales de empleados en la intranet de la compañía que desveló elDiario.es en febrero de 2025.

La propuesta de sanción, todavía por determinar, podría alcanzar un máximo de 300.000 euros porque Antifraude considera “muy grave” la presunta infracción cometida, al haber vulnerado las garantías de confidencialidad y anonimato de una persona informante de la propia OAC.

Son varios los empleados de TMB que, durante los últimos años, han pedido amparo a Antifraude para obtener su protección como informantes de presuntos casos de corrupción. Algunos de ellos lo hicieron tras alertar de la propia brecha de seguridad en la intranet, otros tras denunciar o investigar a altos directivos por presunto acoso laboral.

La posible multa se dirige contra el director del área jurídica y de buen gobierno, también imputado en un juzgado penal junto al consejero delegado y otra directiva por presunto acoso laboral a la jefa que investigaba irregularidades internas.

La propuesta de sanción se suma a la cuantiosa multa que la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCat) pretende imponer a la compañía por los mismos hechos. En el caso de la APDCat, la sanción podría llegar a 15 millones de euros. 

Desde TMB señalan que el afectado presentará alegaciones ante la Oficina Antifraude, recuerdan que la brecha ocurrió hace más de un año, aseguran que lo pusieron en contacto de las autoridades, y achacan el fallo a un “error” del “proveedor externo” que se encargaba de la gestión del sistema informático.

Datos sensibles a la vista

Tal y como desveló este periódico hace un año, un error en la configuración de la intranet de TMB permitió que cualquiera de los casi 9.000 empleados de la compañía pudiera acceder, y descargar, cientos de gigas de información sensible de algunos de sus compañeros.

La información accesible, en algunos supuestos, era altamente confidencial e incluía expedientes de la propia Oficina Antifraude, denuncias al Canal Ético de la empresa, actas del Consejo de Administración, expedientes de Fiscalía, demandas laborales, informes de riesgos psicosociales, correos electrónicos…

También estaba expuesta otra información comprometedora del departamento de recursos humanos y del de compliance como por ejemplo grabaciones de testigos entrevistados durante la instrucción de un caso de acoso laboral.

Los empleados de TMB también podían consultar datos de familiares de los demás empleados, contratos de trabajo, solicitudes de baja, informes y diagnósticos médicos, denuncias policiales, sentencias judiciales, actas de conciliación en despidos o incluso convenios reguladores de regímenes de separación conyugal.

La propuesta de sanción de Antifraude supone un elemento más en la crisis de reputación que vive TMB: a los problemas derivados de la brecha de seguridad se le suma la imputación de hasta cinco altos directivos en juzgados penales por dos presuntos delitos de acoso laboral.

En las dos querellas por presunto acoso laboral que han presentado contra estos cinco directivos también se ha incluido la mencionada brecha de seguridad, ya que los datos de las dos denunciantes y toda la documentación de las investigaciones internas de sus casos estuvieron al descubierto durante meses.

¿Estuvo justificado el despido de la responsable de cumplimiento normativo de TMB —la empresa del metro y el bus de Barcelona—, tras ser denunciada por acoso laboral? ¿O fue un montaje que urdió la compañía para despedirla porque había señalado a varios directivos de la empresa tras investigar otra denuncia de acoso de una empleada?

La rama laboral —hay otro proceso penal abierto— del enfrentamiento entre la exdirectiva de TMB, Carmen Macías, y su antigua compañía ha llegado este martes a juicio, en el que han declarado tanto el empleado que denunció a Macías por acoso laboral como algunos de sus antiguos compañeros de departamento. 

Cuatro antiguos compañeros de Macías han puesto en entredicho su conducta con sus subordinados. La empresa externa que realizó el informe que recomendaba su despido, por su parte, ha defendido su independencia a la hora de elaborar la investigación del caso. 

Tanto el empleado que denunció a Macías como otros tres compañeros han afirmado que la exresponsable de compliance humilló en más de una ocasión al denunciante, hasta el punto de solicitar a los nuevos trabajadores que entraban al departamento que ni siquiera tomaran un café o fueran a comer con el denunciante.

“El malo siempre ha sido A [el denunciante], el resto íbamos pivotando”, ha declarado uno de los antiguos subordinados de Macías. 

El denunciante y los testigos aportados por TMB han asegurado que la exjefa de compliance tenía animadversión contra el empleado que la denunció por acoso laboral y encargaba a subordinados del denunciante que revisaran su trabajo a pesar de tener una categoría inferior. 

Uno de ellos ha descrito gritos, amenazas y “tratos vejatorios” por parte de Macías al denunciante. Los testigos incluso han afirmado que Macías convocaba a todo el equipo en un centro de trabajo distinto para así aislar al trabajador que la acabó denunciando, que ha asegurado que a pesar de ser responsable de la unidad técnica de Buen Gobierno había acabado desempeñando “tareas administrativas”.

El que fuera su empleado ha asegurado que no la denunció antes porque sabía que su queja la iba a tramitar la propia Macías, con lo que esperó a presentar su denuncia que se contratara a esa empresa externa para investigar el caso. También ha señalado que pidió en varias ocasiones a la empresa, desde 2020, que lo cambiaran de departamento pero sus peticiones no fueron atendidas por parte de la dirección de TMB.

Los testigos han sido muy duros con Macías, que la semana pasada aseguró en una rueda de prensa que su despido por acoso laboral fue un montaje urdido por la empresa porque ella concluyó en una investigación interna que dos directivos de TMB habían podido cometer un delito de acoso laboral a otra trabajadora. Buena parte de los sindicatos de la empresa, que tiene 9.000 trabajadores, le dieron apoyo tanto la semana pasada como en el juicio de este martes.

La polémica contratación de una empresa externa para despedir a Macías

La defensa de Macías, que ejercía la acusación contra TMB, ha intentado poner de manifiesto los defectos formales en la investigación que se llevó a cabo contra ella por parte de una empresa externa, también acusada en el procedimiento laboral.

Su letrado ha centrado su intervención en intentar demostrar que el encargo a esta empresa externa, llevado a cabo con un contrato a dedo pocas semanas después de modificar el protocolo interno contra el acoso laboral en TMB, se urdió por parte de la empresa para poderla echar por acoso laboral.

Entre otros aspectos, la defensa de Macías ha puesto de manifiesto que el encargo provino del mismo departamento que se había visto afectado por las investigaciones de la que era responsable de cumplimiento.

Representantes del comité de empresa han declarado que la manera en que se aprobó el nuevo protocolo de acoso en la empresa, que se utilizó para echar a Macías, fue “poco habitual”. Ha añadido que TMB les puso prisas para aprobarlo alegando un supuesto requerimiento de inspección de trabajo que ha resultado no existir.

También han asegurado que se les transmitió que el contrato con la empresa externa que investigaría las denuncias de acoso se haría mediante una licitación pero finalmente se hizo con un contrato menor.

Arropada por los sindicatos, la que fuera jefa de cumplimiento normativo de TMB, la empresa pública que gestiona el metro y bus en Barcelona, ha decidido explicar los detalles de su despido tras investigar una denuncia de acoso laboral que afectaba a dos altos directivos de la compañía. 

“Sabía que me echarían cuando empecé a investigar el caso, pero no de una manera tan cruel”, ha afirmado en una rueda de prensa este miércoles en la capital catalana.

Carmen Macías fue despedida en octubre de 2024 pocos meses después de concluir en una investigación interna que dos directivos de TMB podían haber cometido un delito de acoso laboral. Su cese se llevó a cabo a pesar de tener el estatus de persona protegida por la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC).

Para echarla, según su versión, la empresa le incoó a ella un procedimiento por acoso laboral que incluyó presuntas irregularidades que ha denunciado ante la Justicia, en una gestión del caso por parte de TMB que ha censurado la propia Oficina Antifraude.

Actualmente tres dirigentes de TMB, incluido el consejero delegado, están imputados por presunto acoso laboral a Macías por su despido. Paralelamente, un juzgado laboral dirimirá a partir de la semana que viene la procedencia de su cese.

Aparte de detallar las diversas injerencias que sufrió cuando empezó a investigar la denuncia de acoso laboral que implicaba a varios directivos —algo que no le ocurrió con las otras denuncias que tramitó—, Macías ha defendido su honorabilidad y ha apuntado a que su despido por acoso laboral fue una estrategia de la empresa para poderla cesar. 

“En 19 años en la empresa nunca tuve ninguna queja, ninguna sanción”, ha señalado Macías, que entre otros cargos de responsabilidad fue directora de recursos humanos del metro durante una década. “Si me nombraron responsable de cumplimiento, un órgano que requiere de la máxima confianza y respeto a la legalidad, era porque confiaban en mí”.

El caso de esta antigua jefa se enmarca en una profunda crisis de reputación de la empresa del transporte público de la capital catalana, con cinco altos directivos investigados por acoso laboral en dos causas distintas y un expediente sancionador que podría suponer una multa millonaria a la empresa por tener al descubierto datos sensibles de empleados. 

También los sindicatos consideran que el despido de Macías fue un montaje, y han reprochado que se modificara el protocolo antiacoso apenas un mes antes de iniciar un proceso contra ella. Además, se encargó la investigación de su caso con un contrato a dedo a una empresa externa, que llevó a cabo las pesquisas cuando ni siquiera se había formalizado su relación con TMB.

“Si a una responsable de cumplimiento como yo le hacen lo que me han hecho a mí, ¿qué puede pensar un empleado que quiere denunciar una irregularidad?”, se ha preguntado Macías. “Volvería a hacer lo mismo, por principios y por paz interna”.

La exdirectiva de TMB ha asegurado que la empresa le ha propuesto reconocer la improcedencia de su despido e indemnizarla debidamente, pero ella lo que quiere es volver a su puesto. “Quiero volver a mi puesto, creo en el cumplimiento normativo, mi honor e integridad no se compra con dinero y a mí me gustaba el trabajo que hacía”.

Una jueza de Barcelona investiga a otros dos directivos de TMB, la empresa pública que gestiona el metro y el bus en la capital catalana, por acoso laboral a una empleada. Con este caso son ya cinco los dirigentes de la compañía investigados en dos juzgados. En la primera de las causas, tres directivos ya declararon como imputados.

La querella, admitida a trámite hace un año, se dirige contra Joaquim Balsera, exalcalde socialista de Gavà (Barcelona) y actual director de marketing de TMB, y contra la directora de servicios corporativos de la empresa. 

La denunciante, una ingeniera con veinte años de trayectoria y un puesto de responsabilidad en TMB, les acusa, entre otros aspectos, de haberla relegado a un puesto sin funciones, asignarle tareas administrativas e incluso tenerla durante meses en su domicilio sin trabajar.

“No podemos continuar moviendo a la gente como si de un mueble se tratara”, escribió en junio de 2023 el jefe del servicio de personal en un correo adjuntado a la querella, en referencia a los continuos cambios de puesto que sufría la denunciante.

Tanto Balsera como la otra directiva no están citados todavía para comparecer como investigados. La denunciante ya declaró ante la jueza, los testigos lo harán el próximo jueves y se prevé que después lo hagan los dos querellados. 

Diversos informes médicos aportados en la querella achacan a una “victimización por acoso laboral de largo recorrido” los problemas de salud mental de la denunciante, así como un sangrado cerebral que la tuvo hospitalizada y cuyas secuelas sigue padeciendo a día de hoy. 

Una investigación interna de TMB, obtenida por elDiario.es, concluyó, tras entrevistar a 21 testigos y analizar la documentación aportada, que había indicios de un delito de acoso laboral contra la denunciante. Otro informe de un bufete de abogados externo que también participó en la investigación lo descartó.

El informe de TMB recomendaba buscarle a la víctima un puesto acorde a su formación, trasladar el caso a Fiscalía y adoptar “medidas correctivas” hacia los presuntos acosadores, así como mantener las medidas de apoyo psicológico a la denunciante, que a día de hoy sigue de baja médica.

La Fiscalía no apreció un delito en el caso, al considerar que las actuaciones denunciadas no fueron “objetiva y potencialmente hostiles y humillantes” ni “dirigidas maliciosamente” a “vejar la denunciante” ni “perjudicar su salud”.

El Ministerio Público, sin embargo, sí considera acreditado que la víctima “no fue adscrita de forma permanente a puesto de trabajo alguno” y desarrolló una “escasísima actividad laboral” pese a recibir la “retribución económica correspondiente”, una situación que considera “evidentemente anómala”.

La Oficina Antifraude de Catalunya concluyó, tras una investigación, que la denunciante sufrió una “falta de ocupación efectiva” desde 2021 y reprochó a TMB una “falta de actuación” ante “la situación de acoso laboral”, según la resolución a la que ha accedido esta redacción. 

Antifraude reprocha que no se actuó contra los presuntos acosadores ni se reubicó a la denunciante tras la investigación interna de TMB. “Resulta sorprendente que en todo este tiempo no se haya encontrado un encaje para la trabajadora en una empresa de las dimensiones de TMB”, afirma en sus conclusiones.

La directiva que redactó el informe de TMB que apuntaba indicios de acoso fue despedida a los pocos meses, denunciada también por acoso laboral. Ella considera esta acusación una represalia por su investigación interna y presentó una querella contra tres altos directivos de TMB, incluido el consejero delegado, que ya declararon como imputados.

Los seis sindicatos del Comité de Empresa de TMB decidieron en octubre retirarse de las comisiones de investigación de casos de acoso porque se habían convertido en un “instrumento” para “acusar a quienes la dirección considera incómodos”, según un comunicado, en el que pedían la dimisión de la cúpula de la empresa.

“En ningún caso estamos usando los protocolos para actuar contra empleados”, responde una fuente oficial de TMB. Añade que la empresa “todavía no sabe por qué” los representantes de los trabajadores han decidido no participar en estas reuniones.

Sobre la querella presentada, la misma fuente destaca la “predisposición” de TMB para “esclarecer los hechos” y recuerda que fue la empresa quien llevó el caso ante Fiscalía. “Respetamos el derecho de la trabajadora a presentar una querella”, remacha. “Tenemos el convencimiento de que en ningún caso se produjo una situación de acoso laboral”.

“Sin funciones” desde julio de 2021

La denunciante sostiene que asumió entre mayo de 2020 y julio de 2021 las funciones de su superior, ocupó su despacho y dirigió el área de internacional sin que la empresa reconociera ni su categoría ni el salario correspondientes, pese a haberlo reclamado reiteradamente. 

Cuando el departamento fue reorganizado y se designó a una nueva responsable, ella fue apartada de su puesto, perdió el despacho y se quedó sin funciones concretas. No la convocaban a reuniones, no le asignaban proyectos… Según la querella, le asignaron tareas administrativas impropias de su perfil de ingeniera, primero de manera provisional y después definitiva. 

Ese cambio forzado derivó en un grave deterioro de su salud, en noviembre de 2021, con una baja médica por una grave depresión, con tratamiento psicológico y psiquiátrico, a la que se sumó un sangrado cerebral en marzo de 2023 con secuelas físicas persistentes y riesgo vital a día de hoy.

Al reincorporarse, siempre según su versión, no se le ofreció ningún puesto acorde a su trayectoria: solo trabajos de apoyo, como por ejemplo gestionar caterings, que rechazó. 

Durante ocho meses afirma que permaneció sin ninguna tarea asignada, primero en su domicilio y después en las oficinas de la Zona Franca, en la que se le asigna una mesa pero ningún trabajo concreto. “Todos la ven en una mesa, mano sobre mano y sin nada que hacer”, abunda la querella. 

Tras reclamar de nuevo una solución a sus superiores, le respondieron que no podían hacer nada al respecto. Poco después, en septiembre de 2023, desaparecieron todos sus correos electrónicos del buzón corporativo.

La denunciante siguió durante meses sin trabajo asignado, con la excepción de una colaboración puntual con el departamento de Accesibilidad, a cuyo responsable le trasladaron que “le dé algo de trabajo, cualquier cosa” a la denunciante. El responsable lo pidió por escrito ante las dudas sobre la legalidad de las instrucciones, afirma la querella.

La víctima, que pese a lo ocurrido admitió ante Fiscalía que nunca recibió comentarios humillantes o vejatorios por parte de los querellados, siguió sin apenas trabajo hasta febrero de 2024, cuando presentó la denuncia interna por acoso laboral y volvió a causar baja porque se agravan sus problemas de salud. Los médicos la alertaron del riesgo vital si se producía otro sangrado cerebral.

Los datos de la víctima, al descubierto

En enero de 2025, los empleados de TMB descubrieron una brecha de seguridad en la intranet de la compañía que dejaba al descubierto datos sensibles de algunos trabajadores, a los que podía acceder cualquiera miembro de la plantilla que tecleara su nombre.

El expediente de la denunciante era uno de los que estaba al descubierto. Cualquier de los 9.000 empleados de TMB podía leer todos sus informes médicos y psiquiátricos, escuchar sesiones con psicólogos, acceder a sus bajas laborales, correos electrónicos, documentos judiciales, declaraciones de testigos por su denuncia de acoso…

Un compañero avisó a la víctima de que toda su información estaba al descubierto. La madrugada del 23 de enero, estando de baja, accedió a la intranet para comprobarlo y, según su versión, verificó si su expediente era accesible para el resto de empleados. TMB la acusa de haber descargado más de 80 ficheros, pero ella lo niega. 

La víctima puso el caso en conocimiento de Antifraude y de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, que ha abierto un expediente a TMB que podría acabar en una multa millonaria para la empresa.

La reacción de TMB fue intentar despedirla abriendo un expediente a la víctima por haberse descargado ficheros de la intranet, imputándole una falta “muy grave” por “apropiación de los bienes de la empresa”.

TMB finalmente acabó archivando el expediente después de que Antifraude recordara a la empresa que la mujer tenía el estatus de persona protegida y no podía ser cesada.