La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha abierto un procedimiento sancionador contra un directivo de TMB, la empresa pública que gestiona el metro y el bus en Barcelona, por la exposición de datos confidenciales de empleados en la intranet de la compañía que desveló elDiario.es en febrero de 2025.

La propuesta de sanción, todavía por determinar, podría alcanzar un máximo de 300.000 euros porque Antifraude considera “muy grave” la presunta infracción cometida, al haber vulnerado las garantías de confidencialidad y anonimato de una persona informante de la propia OAC.

Son varios los empleados de TMB que, durante los últimos años, han pedido amparo a Antifraude para obtener su protección como informantes de presuntos casos de corrupción. Algunos de ellos lo hicieron tras alertar de la propia brecha de seguridad en la intranet, otros tras denunciar o investigar a altos directivos por presunto acoso laboral.

La posible multa se dirige contra el director del área jurídica y de buen gobierno, también imputado en un juzgado penal junto al consejero delegado y otra directiva por presunto acoso laboral a la jefa que investigaba irregularidades internas.

La propuesta de sanción se suma a la cuantiosa multa que la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCat) pretende imponer a la compañía por los mismos hechos. En el caso de la APDCat, la sanción podría llegar a 15 millones de euros. 

Desde TMB señalan que el afectado presentará alegaciones ante la Oficina Antifraude, recuerdan que la brecha ocurrió hace más de un año, aseguran que lo pusieron en contacto de las autoridades, y achacan el fallo a un “error” del “proveedor externo” que se encargaba de la gestión del sistema informático.

Datos sensibles a la vista

Tal y como desveló este periódico hace un año, un error en la configuración de la intranet de TMB permitió que cualquiera de los casi 9.000 empleados de la compañía pudiera acceder, y descargar, cientos de gigas de información sensible de algunos de sus compañeros.

La información accesible, en algunos supuestos, era altamente confidencial e incluía expedientes de la propia Oficina Antifraude, denuncias al Canal Ético de la empresa, actas del Consejo de Administración, expedientes de Fiscalía, demandas laborales, informes de riesgos psicosociales, correos electrónicos…

También estaba expuesta otra información comprometedora del departamento de recursos humanos y del de compliance como por ejemplo grabaciones de testigos entrevistados durante la instrucción de un caso de acoso laboral.

Los empleados de TMB también podían consultar datos de familiares de los demás empleados, contratos de trabajo, solicitudes de baja, informes y diagnósticos médicos, denuncias policiales, sentencias judiciales, actas de conciliación en despidos o incluso convenios reguladores de regímenes de separación conyugal.

La propuesta de sanción de Antifraude supone un elemento más en la crisis de reputación que vive TMB: a los problemas derivados de la brecha de seguridad se le suma la imputación de hasta cinco altos directivos en juzgados penales por dos presuntos delitos de acoso laboral.

En las dos querellas por presunto acoso laboral que han presentado contra estos cinco directivos también se ha incluido la mencionada brecha de seguridad, ya que los datos de las dos denunciantes y toda la documentación de las investigaciones internas de sus casos estuvieron al descubierto durante meses.

¿Estuvo justificado el despido de la responsable de cumplimiento normativo de TMB —la empresa del metro y el bus de Barcelona—, tras ser denunciada por acoso laboral? ¿O fue un montaje que urdió la compañía para despedirla porque había señalado a varios directivos de la empresa tras investigar otra denuncia de acoso de una empleada?

La rama laboral —hay otro proceso penal abierto— del enfrentamiento entre la exdirectiva de TMB, Carmen Macías, y su antigua compañía ha llegado este martes a juicio, en el que han declarado tanto el empleado que denunció a Macías por acoso laboral como algunos de sus antiguos compañeros de departamento. 

Cuatro antiguos compañeros de Macías han puesto en entredicho su conducta con sus subordinados. La empresa externa que realizó el informe que recomendaba su despido, por su parte, ha defendido su independencia a la hora de elaborar la investigación del caso. 

Tanto el empleado que denunció a Macías como otros tres compañeros han afirmado que la exresponsable de compliance humilló en más de una ocasión al denunciante, hasta el punto de solicitar a los nuevos trabajadores que entraban al departamento que ni siquiera tomaran un café o fueran a comer con el denunciante.

“El malo siempre ha sido A [el denunciante], el resto íbamos pivotando”, ha declarado uno de los antiguos subordinados de Macías. 

El denunciante y los testigos aportados por TMB han asegurado que la exjefa de compliance tenía animadversión contra el empleado que la denunció por acoso laboral y encargaba a subordinados del denunciante que revisaran su trabajo a pesar de tener una categoría inferior. 

Uno de ellos ha descrito gritos, amenazas y “tratos vejatorios” por parte de Macías al denunciante. Los testigos incluso han afirmado que Macías convocaba a todo el equipo en un centro de trabajo distinto para así aislar al trabajador que la acabó denunciando, que ha asegurado que a pesar de ser responsable de la unidad técnica de Buen Gobierno había acabado desempeñando “tareas administrativas”.

El que fuera su empleado ha asegurado que no la denunció antes porque sabía que su queja la iba a tramitar la propia Macías, con lo que esperó a presentar su denuncia que se contratara a esa empresa externa para investigar el caso. También ha señalado que pidió en varias ocasiones a la empresa, desde 2020, que lo cambiaran de departamento pero sus peticiones no fueron atendidas por parte de la dirección de TMB.

Los testigos han sido muy duros con Macías, que la semana pasada aseguró en una rueda de prensa que su despido por acoso laboral fue un montaje urdido por la empresa porque ella concluyó en una investigación interna que dos directivos de TMB habían podido cometer un delito de acoso laboral a otra trabajadora. Buena parte de los sindicatos de la empresa, que tiene 9.000 trabajadores, le dieron apoyo tanto la semana pasada como en el juicio de este martes.

La polémica contratación de una empresa externa para despedir a Macías

La defensa de Macías, que ejercía la acusación contra TMB, ha intentado poner de manifiesto los defectos formales en la investigación que se llevó a cabo contra ella por parte de una empresa externa, también acusada en el procedimiento laboral.

Su letrado ha centrado su intervención en intentar demostrar que el encargo a esta empresa externa, llevado a cabo con un contrato a dedo pocas semanas después de modificar el protocolo interno contra el acoso laboral en TMB, se urdió por parte de la empresa para poderla echar por acoso laboral.

Entre otros aspectos, la defensa de Macías ha puesto de manifiesto que el encargo provino del mismo departamento que se había visto afectado por las investigaciones de la que era responsable de cumplimiento.

Representantes del comité de empresa han declarado que la manera en que se aprobó el nuevo protocolo de acoso en la empresa, que se utilizó para echar a Macías, fue “poco habitual”. Ha añadido que TMB les puso prisas para aprobarlo alegando un supuesto requerimiento de inspección de trabajo que ha resultado no existir.

También han asegurado que se les transmitió que el contrato con la empresa externa que investigaría las denuncias de acoso se haría mediante una licitación pero finalmente se hizo con un contrato menor.

Arropada por los sindicatos, la que fuera jefa de cumplimiento normativo de TMB, la empresa pública que gestiona el metro y bus en Barcelona, ha decidido explicar los detalles de su despido tras investigar una denuncia de acoso laboral que afectaba a dos altos directivos de la compañía. 

“Sabía que me echarían cuando empecé a investigar el caso, pero no de una manera tan cruel”, ha afirmado en una rueda de prensa este miércoles en la capital catalana.

Carmen Macías fue despedida en octubre de 2024 pocos meses después de concluir en una investigación interna que dos directivos de TMB podían haber cometido un delito de acoso laboral. Su cese se llevó a cabo a pesar de tener el estatus de persona protegida por la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC).

Para echarla, según su versión, la empresa le incoó a ella un procedimiento por acoso laboral que incluyó presuntas irregularidades que ha denunciado ante la Justicia, en una gestión del caso por parte de TMB que ha censurado la propia Oficina Antifraude.

Actualmente tres dirigentes de TMB, incluido el consejero delegado, están imputados por presunto acoso laboral a Macías por su despido. Paralelamente, un juzgado laboral dirimirá a partir de la semana que viene la procedencia de su cese.

Aparte de detallar las diversas injerencias que sufrió cuando empezó a investigar la denuncia de acoso laboral que implicaba a varios directivos —algo que no le ocurrió con las otras denuncias que tramitó—, Macías ha defendido su honorabilidad y ha apuntado a que su despido por acoso laboral fue una estrategia de la empresa para poderla cesar. 

“En 19 años en la empresa nunca tuve ninguna queja, ninguna sanción”, ha señalado Macías, que entre otros cargos de responsabilidad fue directora de recursos humanos del metro durante una década. “Si me nombraron responsable de cumplimiento, un órgano que requiere de la máxima confianza y respeto a la legalidad, era porque confiaban en mí”.

El caso de esta antigua jefa se enmarca en una profunda crisis de reputación de la empresa del transporte público de la capital catalana, con cinco altos directivos investigados por acoso laboral en dos causas distintas y un expediente sancionador que podría suponer una multa millonaria a la empresa por tener al descubierto datos sensibles de empleados. 

También los sindicatos consideran que el despido de Macías fue un montaje, y han reprochado que se modificara el protocolo antiacoso apenas un mes antes de iniciar un proceso contra ella. Además, se encargó la investigación de su caso con un contrato a dedo a una empresa externa, que llevó a cabo las pesquisas cuando ni siquiera se había formalizado su relación con TMB.

“Si a una responsable de cumplimiento como yo le hacen lo que me han hecho a mí, ¿qué puede pensar un empleado que quiere denunciar una irregularidad?”, se ha preguntado Macías. “Volvería a hacer lo mismo, por principios y por paz interna”.

La exdirectiva de TMB ha asegurado que la empresa le ha propuesto reconocer la improcedencia de su despido e indemnizarla debidamente, pero ella lo que quiere es volver a su puesto. “Quiero volver a mi puesto, creo en el cumplimiento normativo, mi honor e integridad no se compra con dinero y a mí me gustaba el trabajo que hacía”.

Una jueza de Barcelona investiga a otros dos directivos de TMB, la empresa pública que gestiona el metro y el bus en la capital catalana, por acoso laboral a una empleada. Con este caso son ya cinco los dirigentes de la compañía investigados en dos juzgados. En la primera de las causas, tres directivos ya declararon como imputados.

La querella, admitida a trámite hace un año, se dirige contra Joaquim Balsera, exalcalde socialista de Gavà (Barcelona) y actual director de marketing de TMB, y contra la directora de servicios corporativos de la empresa. 

La denunciante, una ingeniera con veinte años de trayectoria y un puesto de responsabilidad en TMB, les acusa, entre otros aspectos, de haberla relegado a un puesto sin funciones, asignarle tareas administrativas e incluso tenerla durante meses en su domicilio sin trabajar.

“No podemos continuar moviendo a la gente como si de un mueble se tratara”, escribió en junio de 2023 el jefe del servicio de personal en un correo adjuntado a la querella, en referencia a los continuos cambios de puesto que sufría la denunciante.

Tanto Balsera como la otra directiva no están citados todavía para comparecer como investigados. La denunciante ya declaró ante la jueza, los testigos lo harán el próximo jueves y se prevé que después lo hagan los dos querellados. 

Diversos informes médicos aportados en la querella achacan a una “victimización por acoso laboral de largo recorrido” los problemas de salud mental de la denunciante, así como un sangrado cerebral que la tuvo hospitalizada y cuyas secuelas sigue padeciendo a día de hoy. 

Una investigación interna de TMB, obtenida por elDiario.es, concluyó, tras entrevistar a 21 testigos y analizar la documentación aportada, que había indicios de un delito de acoso laboral contra la denunciante. Otro informe de un bufete de abogados externo que también participó en la investigación lo descartó.

El informe de TMB recomendaba buscarle a la víctima un puesto acorde a su formación, trasladar el caso a Fiscalía y adoptar “medidas correctivas” hacia los presuntos acosadores, así como mantener las medidas de apoyo psicológico a la denunciante, que a día de hoy sigue de baja médica.

La Fiscalía no apreció un delito en el caso, al considerar que las actuaciones denunciadas no fueron “objetiva y potencialmente hostiles y humillantes” ni “dirigidas maliciosamente” a “vejar la denunciante” ni “perjudicar su salud”.

El Ministerio Público, sin embargo, sí considera acreditado que la víctima “no fue adscrita de forma permanente a puesto de trabajo alguno” y desarrolló una “escasísima actividad laboral” pese a recibir la “retribución económica correspondiente”, una situación que considera “evidentemente anómala”.

La Oficina Antifraude de Catalunya concluyó, tras una investigación, que la denunciante sufrió una “falta de ocupación efectiva” desde 2021 y reprochó a TMB una “falta de actuación” ante “la situación de acoso laboral”, según la resolución a la que ha accedido esta redacción. 

Antifraude reprocha que no se actuó contra los presuntos acosadores ni se reubicó a la denunciante tras la investigación interna de TMB. “Resulta sorprendente que en todo este tiempo no se haya encontrado un encaje para la trabajadora en una empresa de las dimensiones de TMB”, afirma en sus conclusiones.

La directiva que redactó el informe de TMB que apuntaba indicios de acoso fue despedida a los pocos meses, denunciada también por acoso laboral. Ella considera esta acusación una represalia por su investigación interna y presentó una querella contra tres altos directivos de TMB, incluido el consejero delegado, que ya declararon como imputados.

Los seis sindicatos del Comité de Empresa de TMB decidieron en octubre retirarse de las comisiones de investigación de casos de acoso porque se habían convertido en un “instrumento” para “acusar a quienes la dirección considera incómodos”, según un comunicado, en el que pedían la dimisión de la cúpula de la empresa.

“En ningún caso estamos usando los protocolos para actuar contra empleados”, responde una fuente oficial de TMB. Añade que la empresa “todavía no sabe por qué” los representantes de los trabajadores han decidido no participar en estas reuniones.

Sobre la querella presentada, la misma fuente destaca la “predisposición” de TMB para “esclarecer los hechos” y recuerda que fue la empresa quien llevó el caso ante Fiscalía. “Respetamos el derecho de la trabajadora a presentar una querella”, remacha. “Tenemos el convencimiento de que en ningún caso se produjo una situación de acoso laboral”.

“Sin funciones” desde julio de 2021

La denunciante sostiene que asumió entre mayo de 2020 y julio de 2021 las funciones de su superior, ocupó su despacho y dirigió el área de internacional sin que la empresa reconociera ni su categoría ni el salario correspondientes, pese a haberlo reclamado reiteradamente. 

Cuando el departamento fue reorganizado y se designó a una nueva responsable, ella fue apartada de su puesto, perdió el despacho y se quedó sin funciones concretas. No la convocaban a reuniones, no le asignaban proyectos… Según la querella, le asignaron tareas administrativas impropias de su perfil de ingeniera, primero de manera provisional y después definitiva. 

Ese cambio forzado derivó en un grave deterioro de su salud, en noviembre de 2021, con una baja médica por una grave depresión, con tratamiento psicológico y psiquiátrico, a la que se sumó un sangrado cerebral en marzo de 2023 con secuelas físicas persistentes y riesgo vital a día de hoy.

Al reincorporarse, siempre según su versión, no se le ofreció ningún puesto acorde a su trayectoria: solo trabajos de apoyo, como por ejemplo gestionar caterings, que rechazó. 

Durante ocho meses afirma que permaneció sin ninguna tarea asignada, primero en su domicilio y después en las oficinas de la Zona Franca, en la que se le asigna una mesa pero ningún trabajo concreto. “Todos la ven en una mesa, mano sobre mano y sin nada que hacer”, abunda la querella. 

Tras reclamar de nuevo una solución a sus superiores, le respondieron que no podían hacer nada al respecto. Poco después, en septiembre de 2023, desaparecieron todos sus correos electrónicos del buzón corporativo.

La denunciante siguió durante meses sin trabajo asignado, con la excepción de una colaboración puntual con el departamento de Accesibilidad, a cuyo responsable le trasladaron que “le dé algo de trabajo, cualquier cosa” a la denunciante. El responsable lo pidió por escrito ante las dudas sobre la legalidad de las instrucciones, afirma la querella.

La víctima, que pese a lo ocurrido admitió ante Fiscalía que nunca recibió comentarios humillantes o vejatorios por parte de los querellados, siguió sin apenas trabajo hasta febrero de 2024, cuando presentó la denuncia interna por acoso laboral y volvió a causar baja porque se agravan sus problemas de salud. Los médicos la alertaron del riesgo vital si se producía otro sangrado cerebral.

Los datos de la víctima, al descubierto

En enero de 2025, los empleados de TMB descubrieron una brecha de seguridad en la intranet de la compañía que dejaba al descubierto datos sensibles de algunos trabajadores, a los que podía acceder cualquiera miembro de la plantilla que tecleara su nombre.

El expediente de la denunciante era uno de los que estaba al descubierto. Cualquier de los 9.000 empleados de TMB podía leer todos sus informes médicos y psiquiátricos, escuchar sesiones con psicólogos, acceder a sus bajas laborales, correos electrónicos, documentos judiciales, declaraciones de testigos por su denuncia de acoso…

Un compañero avisó a la víctima de que toda su información estaba al descubierto. La madrugada del 23 de enero, estando de baja, accedió a la intranet para comprobarlo y, según su versión, verificó si su expediente era accesible para el resto de empleados. TMB la acusa de haber descargado más de 80 ficheros, pero ella lo niega. 

La víctima puso el caso en conocimiento de Antifraude y de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, que ha abierto un expediente a TMB que podría acabar en una multa millonaria para la empresa.

La reacción de TMB fue intentar despedirla abriendo un expediente a la víctima por haberse descargado ficheros de la intranet, imputándole una falta “muy grave” por “apropiación de los bienes de la empresa”.

TMB finalmente acabó archivando el expediente después de que Antifraude recordara a la empresa que la mujer tenía el estatus de persona protegida y no podía ser cesada.