El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha mostrado este miércoles su apoyo al nuevo grado de Psicología que quiere implantar la Universidad de Valladolid, así como a todas las titulaciones que consideren sus compañeros rectores “para que la comunidad crezca”.

“No puedo más que apoyar lo que quieran mis compañeros rectores, desde aquí no le vamos a poner pegas ni trabas a nada; si ellos lo quieren y es algo que quieren tener, solo nos puede parecer perfecto”, ha dicho Corchado a preguntas de periodistas en una rueda de prensa sobre la futura Facultad de Veterinaria de la USAL. El rector de la UVA, Antonio Largo, ha explicado recientemente que trabajan para poder implantar la titulación de Psicología, después de haber conseguido que comiencen ya el próximo curso Biotecnología y Farmacia.

“Nosotros vamos a apoyar a los compañeros para que la comunidad crezca. Nunca hemos puesto pegas ni vamos a consentir que otras (universidades) nos digan lo que tenemos que hacer”, ha afirmado Corchado.

Y ha agregado: “Somos suficientemente autónomos para impulsar las titulaciones, con sentido común, que creamos que son necesarias y que después de los estudios pertinentes así se confirmen”. Con la implantación de los nuevos grados, León y Burgos tendrán Medicina; Salamanca Veterinaria; y Valladolid ahora quiere sumar Psicología a Farmacia y Biotecnología.

Psicología ya se imparte en Castilla y León de forma presencial en la Universidad de Salamanca y en la de Burgos, como públicas, y en la privada Pontificia de Salamanca. Y de forma híbrida en las privadas Universidad Europea Miguel de Cervantes (Valladolid) y en la Universidad Católica de Ávila, mientras que en la modalidad online se imparte en la privada Universidad Isabel I.

Espera que Veterinaria se implante en 3 años

Además, Corchado ha calculado que la nueva Facultad de Veterinaria de la institución académica estará lista en un plazo de tres años. Durante la presentación del acuerdo de colaboración con la Diputación de Salamanca, suscrito por Corchado y el presidente de la institución provincial, Javier Iglesias, el rector ha detallado que la licitación para el diseño del hospital veterinario y de la propia facultad podría lanzarse antes del verano, con una previsión de construcción de aproximadamente tres años.

Mientras tanto, los estudiantes iniciarán su formación en instalaciones ya disponibles, especialmente en la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, donde comenzarán los estudios al contar con capacidad suficiente para acoger los primeros cursos.

Un nuevo Hospital Clínico Veterinario que, junto a la Granja docente que la USAL plantea como parte del nuevo Grado de Veterinaria, ha cambiado finalmente de sede, para dejar la idea inicial de localizarlo en el Recinto Ferial de Salamaq y decantarse finalmente por las instalaciones de la Diputación de Salamanca en el barrio de San José de la capital salmantina. Estos espacios se ubicarán en la Escuela de Capacitación Agraria situada junto al Estadio Municipal Reina Sofía.

El presidente de la Diputación ha explicado que modificará el uso actual del suelo, hasta ahora destinado exclusivamente a docencia vinculada a Ciencias Ambientales, para permitir cualquier uso universitario, especialmente el relacionado con la nueva titulación de Veterinaria incluyendo viviendas y un garaje.

Además, se ampliará el perímetro de la cesión para incorporar edificaciones ya existentes y se extenderá la concesión hasta los 50 años.

Las universidades públicas de Castilla y León (Burgos, León, Valladolid y Salamanca) se distribuirán los 125 millones de un plan extraordinario de inversiones en infraestructuras que, hasta el 2031, contribuirá a reforzar la comunidad autónoma como “motor de empleo, de emprendimiento y de oportunidades”.

El objetivo es el de “meter a Castilla y León entre las tres mejores comunidades en indicadores de políticas públicas”, en este caso a través de universidades “de prestigio y primer nivel” como reflejo de las sociedades avanzadas donde se asientan, ha explicado este viernes el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Ha sido en Valladolid, tras la firma junto a los rectores del protocolo de colaboración que permitirá esta financiación extraordinaria de infraestructuras con 125 millones para las universidades de Valladolid (43), Salamanca (43), Burgos (19,5) y León (19,5).

Nuevas titulaciones, más dotaciones

La mayor parte de este dinero se empleará en la construcción, mantenimiento y dotación de los edificios, centros, pabellones y módulos que, a partir del próximo curso 2026/2027 albergarán los nuevos estudios de Medicina en León/Ponferrada y Burgos; de Veterinaria en Salamanca; y de Farmacia en Valladolid.

Este plan extraordinario complementa, en el ámbito material, las medidas que para el espacio meramente académico han caracterizado la “legislatura del talento”, en palabras de Fernández Mañueco, que ha resumido en “menos tasas, más becas, nuevas titulaciones, la apuesta por los campus territoriales y el aumento de investigadores”.

“Nos encontramos ante un momento histórico para nuestras universidades y queremos que tengan la máxima calidad y excelencia” para situar a Castilla y León entre las tres comunidades de referencia académica en España, “y este protocolo va a ayudar a ello”, ha subrayado el presidente del gobierno autonómico.

Obras en todos los campus

La Universidad de Valladolid empleará sus 43 millones en un nuevo edificio para la facultad de Farmacia; la rehabilitación integral de la de Medicina; la tercera fase del campus de Segovia; la ampliación de Ingeniería Agraria en el de Palencia; y en las nuevas instalaciones de Ciencias de la Salud en el campus de Segovia.

Los 43 millones de la Universidad de Salamanca financiarán la nueva facultad de Veterinaria; un edificio deportivo y otro multiuso en el campus de Ávila; la ampliación del campus de Zamora y la construcción en el de Béjar (Salamanca) de un laboratorio de Mecatrónica y Robótica.

La Universidad de León destinará sus 19,5 millones al nuevo edificio de Medicina en el campus de la capital y al futuro Policlínico en el de Ponferrada, en este caso con seis millones procedentes de otros fondos y no de este plan extraordinario.

Por último, la Universidad de Burgos dedicará sus 19,5 millones a la facultad de Medicina donde, a partir del próximo septiembre, estudiarán los 72 alumnos del primer curso de la primera promoción, dentro de una institución académica que ha superado las tres décadas de vida y cada año aumenta las matrículas de grado.

Hablan los rectores

Todos los rectores han coincidido en agradecer este esfuerzo inversor adicional por parte de la Junta de Castilla y León, ya que la calidad del sistema universitario “no se mide sólo por sus docentes, estudiantes e investigadores, sino también en forma de buenos espacios e infraestructuras”, ha explicado el de Valladolid, Antonio Largo.

Unas buenas instalaciones facilitan además la internacionalización, investigación y transferencia de conocimiento, y permitirá la retención y atracción del talento, ha explicado por su parte el rector de Salamanca, Juan Manuel Corchado.

En clave social y demográfica, la rectora de León, Nuria González, se ha hecho eco de otros beneficios: “Invertir en los campus territoriales es invertir en desarrollo, cohesión territorial e igualdad de oportunidades”, ha apuntado durante su intervención.

A esa rentabilidad social también se ha hecho eco el rector de Burgos, José Miguel García Pérez, ya que la implantación del grado de Medicina permitirá, tanto en Burgos como en León, formar a futuros profesionales “ante la gran demanda de médicos existente”. 

Una docena de personas fueron identificadas en la tarde del 16 de diciembre cuando intentaban impedir la celebración de una charla antifascista organizada por una asociación de estudiantes en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid. La subdelgación del Gobierno en Valladolid ha confirmado que “no hubo ningún incidente” y por lo que no se les ha propuesto para sanción al poderse desarrollar con normalidad el acto gracias a la actuación de la policía y a las medidas preventivas que impusieron

El evento, centrado en reflexionar y debatir sobre la normalización del fascismo en la universidad, había sido solicitado conforme a los cauces reglamentarios y contaba con autorización del centro. Sin embargo, en los días previos a su celebración, la decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, Dunia Etura, ha asegurado haber recibido distintos avisos y amenazas, algunas de ellas explícitas, exigiendo la prohibición del acto. Asimismo, ha indicado que algunas de estas personas se desplazaron expresamente desde Madrid con el objetivo de bloquear el acto.

Ante esta situación, y con el fin de garantizar la seguridad de estudiantes, profesorado y personal técnico y de administración, la dirección de la Facultad informó a la Subdelegación del Gobierno. Como consecuencia, se desplegó un dispositivo policial, con presencia de agentes uniformados y de paisano, cuya finalidad fue evitar incidentes y asegurar el normal desarrollo de la actividad académica.

Durante la tarde, las fuerzas de seguridad identificaron a más de una docena de personas que pretendían acceder al edificio con la intención de impedir la celebración de la charla. Según la decana, no acudían con ánimo de debatir, sino de impedir que el acto se llevara a cabo.

Etura ha rechazado que los hechos deban interpretarse como un conflicto ideológico entre posiciones políticas, y ha subrayado que lo ocurrido “no va de izquierda o derecha, sino de democracia o totalitarismo”. En este sentido, ha recordado que la universidad pública es un espacio plural de conocimiento y debate en el que caben todas las ideologías, siempre que se respete la dignidad y la libertad de las personas.

La decana ha asegurado que, pese a su preocupación por la existencia de grupos que intentan condicionar la actividad universitaria mediante la amenaza o la coacción, no cederá a este tipo de presiones. “Defenderé la libertad, la dignidad y la autonomía de nuestra Facultad”, afirmó, apelando al compromiso de la comunidad universitaria con la libertad de expresión, de pensamiento y de reunión.

“Estamos aquí encerrados en la Facultad de Derecho hasta el viernes por la tarde. Es una acción más dentro de 'Marea Palestina, educación contra el genocidio', una iniciativa estatal del ámbito educativo”, ha explicado Yusef El-Asi, portavoz del movimiento en Valladolid, desde el aula 208 del histórico edificio universitario que data del siglo XV.

“No tenemos nada que exigir al Estado genocida, pero sí que tenemos que exigir a nuestro Gobierno para que cese su complicidad”, sostiene El-Asi, que subraya que la mayoría de la población española “ya está concienciada y rechaza este genocidio”. El portavoz ha afirmado que instan a “romper la complicidad del Gobierno español con el genocidio en Gaza”.

Esa ruptura “total” para por acabar con las relaciones comerciales y diplomáticas con Israel y un embargo integral de armas, sin excepciones. “El embargo de armas convalidado por el Congreso es un paso positivo, pero insuficiente, debe ser total, efectivo y verificable, sin excepciones por supuestos ‘intereses nacionales’, e incluyendo también a las bases norteamericanas de Morón y Rota”, ha señalado el portavoz.

El movimiento, integrado por más de 60 organizaciones de todo el Estado, ha convocado encierros, lecturas de nombres de víctimas y declaraciones en claustros y consejos escolares para exigir una posición firme ante Israel.

El-Asi: “Israel ha violado más resoluciones de la ONU que ningún otro país”

El lugar elegido para el encierro, la Facultad de Derecho, no es casual. “Tiene un valor simbólico —señala El-Asi—, porque se enseña Derecho Internacional, e Israel es el país del mundo que más veces ha violado resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU”.

El portavoz de la plataforma ha acusado al Estado israelí de haber ignorado durante 77 años “toda norma y principio del derecho internacional”, recordando los bombardeos a escuelas, hospitales y campos de refugiados “en vivo y en directo”. “Durante estos dos años de genocidio no hace falta decir lo que hemos visto: es el exterminio retransmitido”, ha lamentado.

España tiene la obligación de “sancionar y prevenir el genocidio”

El-Asi ha recordado que España es signataria del Estatuto de Roma, por lo que tiene la obligación de “sancionar y prevenir el genocidio”. Asimismo, el portavoz ha mencionado las medidas cautelares dictadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que declaró “plausible” que Israel esté cometiendo un genocidio en Gaza. “Israel no ha cumplido esas medidas, y eso debería bastar para actuar”, ha afirmado.

A su juicio, el Gobierno español “ha hecho declaraciones, pero no hechos”. Si bien ha reconocido que parte de la política exterior depende del marco europeo, considera que Madrid “sí dispone de mecanismos de presión reales que no está aplicando”, en referencia al acuerdo comercial preferente entre la UE e Israel.

El activista ha alertado también de la implicación de empresas españolas e internacionales en la ocupación y el genocidio. “Hay compañías que siguen vendiendo sistemas informáticos y materiales a nuestras administraciones, pese a haber sido señaladas por la ONU por complicidad”, ha asegurado .

Por ello, Marea Palestina ha planteado extender sus exigencias no solo al Gobierno central, sino también a comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos, para que dejen de contratar con estas empresas.

“Negar que es un genocidio es tener una venda en los ojos”

Para el portavoz, la magnitud de la tragedia es incuestionable. Según ha defendido, hay expertos en genocidio y relatores de Naciones Unidas que calculan entre 300.000 y un millón de muertos en Gaza, contando las muertes directas e indirectas. “No solo son los asesinados por bombas, también los que mueren de enfermedades, hambre o desnutrición, tras la destrucción total del sistema sanitario y de las infraestructuras básicas”, ha aseverado.

Por eso, califica de “ceguera interesada” negar que lo ocurrido en Gaza sea un genocidio. “Esto no es una cuestión partidista, es una cuestión de derechos humanos”, ha subrayado, insistiendo en que la comunidad educativa tiene la responsabilidad de “formar al alumnado en justicia y humanidad, porque es el futuro de nuestra sociedad”.

Aunque reconoce avances, como el debate sobre el embargo, El-Asi ha remarcado en que los gestos son insuficientes: “Estaríamos mejor si el embargo fuera total, pero aún falta mucho. España debe pasar de las palabras a los hechos”. Los estudiantes y docentes encerrados en la Facultad Derecho han asegurado que permanecerán allí hasta el viernes -la Universidad les ha facilitado este aula-. “Seguiremos hasta que nuestro Gobierno deje de ser cómplice del genocidio”, ha afirmado el portavoz.

Identificados tres jóvenes que increparon a los activistas y cantaron el 'Cara al sol'

La Policía Nacional ha identificado a tres jóvenes que han increpado, realizado saludos fascistas y cantado el “Cara el Sol” a los activistas . Así lo ha confirmado a EFE el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, quien ha explicado que la Brigada de Información de la Policía Nacional investiga estos hechos. Sobre las diez de la mañana un grupo personas, algunos de ellos con la cara tapada, realizaron 'vivas a Franco' y cánticos y saludos fascistas en el aula en el que se encontraban una decena de activistas propalestinos y les arrebataron algunas pancartas.

Fuentes del colectivo 'Marea Palestina, educación contra el genocidio' - organizador del encierro - han explicado a EFE que en un primer momento tuvieron algún encontronazo con estudiantes de la Facultad que discrepaban de su postura, pero más adelante llegó un grupo de gente ajena a la institución académica que se han mostrado más violentos y han llegado a dar una patada en la puerta.

Unas horas después, a petición del rector de la UVa y del decano de la Facultad, Antonio Largo y Javier Medina, respectivamente; el subdelegado ha ordenado desplegar una unidad antidisturbios con agentes con armas largas para garantizar la seguridad y disuadir a posibles choques con grupos opuestos a la denuncia del “genocidio” en Gaza.

Rocío Anguita, concejala de Valladolid Toma la Palabra (VTLP) y profesora en la Universidad, ha explicado a EFE que en la reunión ha pedido protección policial y se han apostado en la puerta de la Facultad, en la plaza de Universidad, agentes para evitar incidentes y ejercer un “efecto disuasorio”, porque este espacio “no deja de ser un centro educativo” y se desarrolla “una actividad pacífica”.

“Creo que ha dado bastante tranquilidad”, ha asegurado, antes de incidir en que la universidad “es un entorno de profes” en el que también se tienen que “enseñar los Derechos Humanos y abordar conflictos”, como el de Palestina. Por su parte, Víctor Martínez, secretario general de Sindicato de Estudiantes de Castilla y León, ha subrayado que “no es una chiquillada” la presencia de provocadores a los que ha identificado como “neonazis”, mientras que la CGT ha trasladado a través de un comunicado que, detrás de los encapuchados, había una “turba” de una treintena personas que les jaleaban

La implantación del grado de Biotecnología en el campus de Palencia y el grado de Farmacia en el campus de Valladolid en septiembre de 2026 figuran entre los objetivos que se ha marcado el rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo.

El rector ha celebrado este martes el solemne acto de apertura del curso 2025-2026, que ha abarcado la lección inaugural a cargo del catedrático de Teoría de la Señal y Comunicaciones Evaristo José Abril y la entrega del Premio Consejo Social 2025 al catedrático de Composición Arquitectónica Darío Álvarez.

El rector ha explicado en declaraciones a los periodistas que el curso se abre con mucha ilusión, con mucho compromiso hacia los estudiantes y unos datos de matrícula muy positivos, lo que refuerza “el atractivo que tiene la Universidad de Valladolid entre los estudiantes”. Ha especificado que en la actualidad se han contabilizado más de 5.000 estudiantes de nuevo ingreso en 19.700 alumnos globales.

Estas cifras “hacía mucho tiempo que no veíamos en la Universidad de Valladolid y nos refuerzan en que estamos en la senda correcta y sobre todo obligados y comprometidos a que la confianza que han depositado todos estos estudiantes en la Universidad de Valladolid se la devolvamos con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo a lo largo de este curso”, ha expuesto.

Respecto a los próximos retos de la Universidad, ha manifestado que incluyen realizar los las últimas tareas para poder arrancar en septiembre de 2026 con el grado de Biotecnología en el campus de Palencia y con el grado de Farmacia en el campus de Valladolid.

Ha mencionado también la intención de conseguir la financiación adecuada para poder seguir reforzando las plantillas, tanto cuantitativa como cualitativamente y mejorar las condiciones retributivas del personal, tanto del personal técnico de gestión de administración y servicios, como el personal docente e investigador. Los objetivos abarcan además avanzar en las infraestructuras y en todo lo que pueda facilitar la vida a la comunidad universitaria, ha dicho.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Valladolid (UVa) ha desarrollado recientemente una herramienta que sirve para evaluar cuán innovador es un método analítico de laboratorio que ha llamado VIGI (Violet Innovation Grade Index). La herramienta, publicada en la prestigiosa revista Analytical Chemistry, se acompaña de un software gratuito que genera un pictograma en forma de decágono estrellado donde la intensidad del color violeta se relaciona con el grado de innovación.

“Queríamos una herramienta sencilla, transparente, y fácil de usar que permitiera medir el grado de innovación de los métodos de Química Analítica y representarlo de forma visual”, explica el investigador del Grupo de Investigación TESEA y autor de correspondencia del trabajo, Adrián de la Fuente Ballesteros. La Universidad de Valladolid ha liderado este proyecto junto a profesores de la Universidad Isabel I (Burgos) y la Universidad Aristóteles de Tesalónica (Grecia).

“Elegimos el color violeta porque es el color que identifica a Valladolid y porque encaja con el lenguaje cromático que se usa en la Química Analítica Blanca”, justifica el líder del grupo de investigación TESEA, José Bernal, en un comunicado de prensa.

VIGI evalúa y puntúa diez aspectos clave de un método analítico: (1) preparación de muestra e instrumentación; (2) tratamiento de datos y software; (3) química analítica blanca y afines; (4) cumplimiento regulatorio; (5) materiales y reactivos innovadores; (6) miniaturización; (7) automatización; (8) interdisciplinariedad; (9) sensibilidad; y (10) el uso de un enfoque novedoso. Cada uno de estos criterios se valora con 10, 5 o 0 puntos, asociados a tres tonos de color (violeta oscuro, violeta claro y blanco, respectivamente). La herramienta VIGI se basa en una encuesta en la que el usuario debe responder a los diez aspectos mencionados, lo que genera un pictograma En el centro, la puntuación global es de 0 a 100. A partir de 50 puntos, se considera que el método analítico es innovador.

“VIGI complementa otras métricas consolidadas en el campo de la Química Analítica que miden la sostenibilidad (dimensión verde), rendimiento analítico (dimensión roja) o aplicabilidad (dimensión azul)”, añade Victoria Samanidou, profesora de la Universidad Aristóteles de Tesalónica). Esta herramienta distingue entre métodos altamente innovadores; por ejemplo, los que integran materiales avanzados, dispositivos miniaturizados o automatización, y otros con margen de mejora (por ejemplo, si los trabajos carecen de tratamiento de datos avanzado o de aplicaciones interdisciplinarias).

VIGI además incluye el cumplimiento normativo como criterio, un aspecto poco habitual en este tipo de softwares, pero que es clave para que los métodos lleguen a entornos regulados (alimentación, medio ambiente, farmacéutico, etc.).

El desarrollo de VIGI tiene la marca principal de la Universidad de Valladolid ya que ha sido liderado y propuesto por el investigador postdoctoral de la Universidad de Valladolid, Adrián de la Fuente Ballesteros, junto a miembros del grupo de investigación TESEA, Ana M. Ares (Profesora Titular, UVa), Silvia Valverde (Profesora Permanente Laboral, UVa) y José Bernal (Catedrático, UVa). Además, este trabajo cuenta la colaboración de los investigadores Víctor Martínez-Martínez (Profesor de la Universidad Isabel I, Burgos) y Victoria Samanidou (Profesora Catedrática de la Universidad Aristóteles de Tesalónica, Grecia).

Los sindicatos CCOO y UGT de Castilla y León y la Universidad de Valladolid (UVa) han renovado este lunes por cuatro años el convenio de la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social, unos estudios pioneros en España que en 2025 cumplen una década y que tienen como objetivo ahondar en la investigación.

Así lo han trasladado los líderes de CCOOCyL, Vicente Andrés, de UGTCyL, Óscar Lobo, y el rector de la Universidad de Valladolid (UVa), Antonio Largo, en una rueda de prensa tras la firma del acuerdo este lunes.

Vicente Andrés ha valorado en su último acto oficial como secretario general de CCOOCyL -el miércoles arranca el Congreso Autonómico en el que Ana Fernández se convertirá en la primera mujer al frente de esta organización - la puesta en marcha de un proyecto dirigido a ofrecer formación de “alto nivel” a los sindicalistas y que ha tenido que enfrentarse a “muchísimas dificultades” y “turbulencias financieras” durante la etapa de Vox en el cogobierno de la Junta.

Andrés ha destacado que “los desafíos son seguir manteniendo la cátedra y seguir formando sindicalistas” y ha incidido en que es necesario “abrir el espacio a la investigación”, ya que, a su juicio, es “un nicho que no se ha desarrollado demasiado y es donde hay que poner el tiro”.

Una idea que también ha compartido el rector de la universidad, Antonio Largo, que ha reconocido que la formación “va evolucionando” y que en este momento existen instrumentos novedosos como las llamadas “microcredenciales” (cursos más cortos y flexibles), “un capítulo a reforzar”.

Por su parte, el secretario general de UGT en la Comunidad, Óscar Lobo, ha incidido en que en un contexto de “confrontación” y “crispación” como el actual “el acuerdo se vende muy caro”, por lo que resulta fundamental reivindicar la cultura del diálogo y aportar una visión académica en una sociedad atravesada la desinformación, un problema global que también afecta a España.

Lobo ha reivindicado que Castilla y León ha sido pionera y ha marcado “la senda en para el conjunto de país” en materia de Diálogo Social, tanto en esta Cátedra como en la incorporación de la concertación social en el Estatuto de Autonomía, “como factor de cohesión y de progreso económico” que contribuye “al conjunto de la ciudadanía de Castilla y León”

“También simboliza una forma de entender nuestra comunidad, la cultura del entendimiento, del diálogo y de saber buscar aquello que nos une en lugar de aquello que nos separa, y eso es un intangible de un valor incalculable que muchas veces puede pasar desapercibido”, ha asegurado.

A la firma de convenio también han acudido el decano de la Facultad de Comercio y Relaciones Laborales, Salvador Insúa; el presidente del CES CyL, Enrique Cabero, y el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valladolid, Francisco de Paula Blanco, ya que desde el curso 2022-2023, cuando Vox entró en el gobierno de la Junta, el Consistorio financia la cátedra junto a la universidad.

Preguntado por la implicación de la Junta de Castilla y León tras la restauración de las relaciones con el Diálogo Social, Vicente Andrés ha recordado que “la cátedra se ha recuperado” en los últimos cuatro acuerdos suscritos con el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco (PP) el pasado 25 de abril y que también afectó a otras formaciones similares como la cátedra de Prevención de Riesgos Laborales en la Universidad de Salamanca (USAL)

La cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social de la UVa nació el 19 de junio de 2015, por voluntad de las dos centrales sindicales mayoritarias y de la universidad pública vallisoletana, unos estudios que dirige la profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Ana Murcia.

Esta cátedra busca impulsar el estudio y la investigación del sindicalismo, del Diálogo Social y de la políticas laborales, a través de cursos de posgrado y formación específica, la recolección de buenas prácticas y la promoción de formaciones y encuentros específicos, entre otras actividades.

Estos días se celebra en Valladolid la feria internacional Expobiomasa 2025 que reúne a profesionales y empresas vinculadas con las tecnologías de la energía de la biomasa. En su inauguración, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, manifestó su entusiasmo por esta energía y confirmó el apoyo de la Junta a los proyectos de instalación de redes de distrito alimentadas por biomasa. Suárez-Quiñones afirmó que esta tecnología es capaz de proporcionar calefacción y agua caliente “totalmente sostenible” y que la extracción de biomasa hace a los bosques “más resistentes” a los incendios.

Este apoyo sin fisuras a la quema de biomasa forestal debería contar con un poco más de templanza por parte del máximo responsable de la gestión de los bosques de Castilla y León, porque, aunque solemos calificar de “energía renovable” a la biomasa, en realidad, no tiene por qué serlo.

La quema de madera solo puede considerarse sostenible si va acompañada de una gestión forestal responsable que limite la extracción al ritmo de regeneración natural de los bosques. Asimismo, la conservación de los ecosistemas forestales y su biodiversidad no es compatible con enfoques productivistas que reemplazan los bosques autóctonos por plantaciones de especies de rápido crecimiento.

El precio de los combustibles fósiles está animando a muchas personas a utilizar la madera como fuente de calor, pero, antes de pensar en instalar masivamente calefacciones de biomasa, debemos preguntarnos si nuestros bosques pueden soportar esta carga.

Hagamos algunos números: actualmente se extraen unos 15 millones de toneladas de biomasa de los bosques españoles, aproximadamente un 40% se usa para materiales y el resto para energía. La regeneración natural ha sido superior a la extracción en las últimas décadas, lo que ha permitido que nuestros bosques se recuperen progresivamente del uso intensivo y de la expansión agraria que sufrieron durante siglos: en estos momentos, se generan unos 20 millones de toneladas de biomasa cada año. Esta es una situación muy favorable, porque se extrae menos de lo que se regenera, lo que permite el crecimiento de árboles maduros, la expansión de los bosques y el enriquecimiento de los suelos forestales.

Pero, si sustituyésemos todas las calderas de gas y gasóleo del país por biomasa, necesitaríamos aportar 3150 kilotoneladas equivalentes de petróleo que, considerando un poder calorífico de 17 MJ/kg y una eficiencia del sistema del 70%, requeriría unos 11 millones de toneladas de madera anuales. Al sumar este volumen a la extracción actual, se alcanzaría una demanda total cercana a los 26 millones de toneladas, bastante más que la actual regeneración forestal. Este cálculo es una estimación simplificada, pero pone de manifiesto que la quema de biomasa puede poner en peligro todos los esfuerzos que hemos hecho en el último siglo por conservar nuestra biodiversidad y proteger nuestros bosques.

Antes de lanzarnos alegremente a sustituir las calefacciones de gas por calefacciones de distrito de biomasa deberíamos preguntarnos muy seriamente cuánta madera se puede extraer. La Junta de Castilla y León tiene muchos expertos en las universidades de la Comunidad que pueden asesorarla a la hora de gestionar sus bosques sin caer en modelos de plantaciones intensivas de una sola especie, que, bajo determinados modelos de gestión, son muy poco “resilientes” frente a los incendios forestales.

Los bosques desempeñan un papel fundamental que trasciende su función como sumideros de carbono: constituyen sistemas complejos que proveen servicios ecosistémicos esenciales para el sostenimiento de la vida. España es un país particularmente vulnerable a la desertificación, fenómeno que se ve agravado por la falta de bosques, ya que las masas forestales contribuyen a la estabilización del ciclo hidrológico mediante un mecanismo conocido como “bomba biótica”; que atrae la humedad desde los mares al centro de los continentes.

Además, la biomasa es un recurso valioso que nos permite compensar la intermitencia de la energía solar y eólica y no debería utilizarse de cualquier manera. Antes de usar biomasa en una vivienda, por ejemplo, se debería mejorar la envolvente y aprovechar la energía solar que le llega directamente. La Junta no debería apoyar únicamente proyectos de instalación de redes de calefacción de biomasa, sino planes integrales de ahorro energético en las viviendas que contemplen primero el ahorro y luego el consumo.

El Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid llevamos diez años estudiando la transición energética y, en todos nuestros estudios, aparece la misma conclusión: la transición energética no es solo sustituir la energía fósil por energía renovable. Es mucho más. Los combustibles fósiles nos han acostumbrado a unos niveles de consumo que son imposibles de mantener con energías renovables sin comprometer muy seriamente la sostenibilidad de la biosfera. Por ello, antes de sustituir una energía por otra debemos realizar una profunda reflexión sobre nuestras formas de vida y conseguir una sociedad mucho más eficaz en el uso de la energía. Solo de esa manera se puede realizar una transición energética que no tenga desastrosas consecuencias sobre la biosfera y la sociedad en el futuro.

Los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y Stecyl han denunciado la “infrafinanciación evidente” de las Universidades (LOSU) y han reclamado a la Junta de Castilla y León que desarrolle la Ley para actualizar los salarios conforme a la LOSU y equipare los salarios del Profesor Permanente Laboral con los del Profesor Titular porque asumen responsabilidades similares.

Por este motivo, y ante el silencio de la Consejería de Educación, los sindicatos van a convocar el 5 de mayo una concentración a las 11 de la mañana frente a la Consejería que dirige Rocío Lucas. La portavoz del sindicato STECyL-i, Christina Fulconis, ha esperado que sirve como “punto de inflexión” para que Educación les escuche. “Nos hemos cansado de pedir reuniones con la directora general y con la consejera de Educación. Hemos recibido la callada por respuesta. Por eso la macroconcentración”, ha protestado la secretaria de Enseñanza en UGT Castilla y León, Beatriz García González.

García González ha exigido al gobierno de Castilla y León que desarrolle la Ley de Universidades (LOSU) como le corresponde y una programación plurianual y “una financiación justa y suficiente” para que las universidades actualicen los salarios de los trabajadores. “Cada universidad negocia en sus mesas en base a una ley superior. Y cuando se sientan a negociar, la Junta de Castilla y León no ha hecho su trabajo [el desarrollo normativo de la LOSU] y no establece una financiación mínima”, ha reprochado este viernes.

La representante de UGT ha subrayado que “la mayoría” de autonomías, independientemente de su color político, han desarrollado la norma autonómica de la Ley de Universidades. Pero Castilla y León de momento no ha hecho públicos avances a este respecto.

“Cada universidad ha tirado por su lado transitoriamente. Y en Salamanca y Burgos hay una mayor retribución y en Valladolid y León, una menor. Con el mismo contrato y las mismas funciones”, ha afirmado el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, José Antonio Alegre, que ha solicitado que el personal laboral cobre lo mismo que uno titular y que todos los trabajadores de las universidades públicas de Castilla y León cobren lo mismo, porque deberían regirse por el mismo convenio colectivo. “Las universidades dicen que están entre la espada y la pared y única salida es esa movilización, que esperamos que sea multitudinaria”, ha defendido Fulconis.

José Antonio Alegre ha instado a la Consejería de Educación desarrollar “un marco jurídico” que permita “estimular el dinamismo de las universidades” y que dé “garantía jurídica” a las nuevas figuras como la de Profesor Permanente Laboral. “La LOSU ha intentado equiparar la categoría más alta del personal laboral con la más baja del personal funcionario. Si tienen las mismas funciones y una retribución similar, queremos que cobre más o menos como un titular”, ha suscrito el vicepresidente autonómico del Sector de Educación de CSIF, Roberto Fernández.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO ha explicado que hay unas retribuciones y complementos adicionales que debe abordar la Consejería de Educación para poder desbloquear la negociación colectiva, que lleva parada desde 2010, entre otros, por este motivo. “La mesa sectorial de personal de universidades está sin convocar. No hay marco de negociación en el que se puedan ver las medidas o comprometer al gobierno para evitar estos agravios comparativos”, ha protestado.

Roberto Fernández ha denunciado que estos complementos están “obsoletos” y ha reclamado desarrollar complementos que no se han puesto en práctica desde 2002 como complemento por tesis doctoral. “Exigimos que la Junta de Castilla y León habilite una partida específica para garantizar unas condiciones dignas y suficientes, que esté presente en la mesa negociadora y comprometa las condiciones y que se cumpla el convenio colectivo”, ha zanjado. Fulconis también ha reprochado que Castilla y León esté “a la cola de todas las tablas salariales” y por debajo de la media.

La Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid ha protestado por el Premio de Ciencias Sociales y Humanidades que la Junta de Castilla y León ha concedido a los dos astronautas Pablo Álvarez y Sara García por “su contribución a la proyección internacional de la ciencia y la tecnología españolas”. La Facultad considera que se trata de un “agravio” hacia quienes han dedicado su vida a las ciencias humanas y sociales y “una nueva muestra de su relegación institucional”.

En un comunicado remitido a los medios, la Facultad de Filosofía y letras ha mostrado su “sorpresa y profunda preocupación” por esta decisión, que, consideran, supone “una interpretación forzada o errónea” de lo que representan las Ciencias Sociales y las Humanidades, disciplinas que reclaman “visibilidad y respeto”.

“Diluir el significado de las Humanidades hasta convertirlas en una categoría difusa donde cabe cualquier tipo de actividad, por muy valiosa que sea, supone despojar a estas disciplinas de su contenido y de su capacidad transformadora”, ha reivindicado la propia facultad.

La Facultad de Filosofía y Letras califica de “imprescindible” recordar que no puede haber un “progreso auténtico” en la sociedad “sin pensamiento crítico, sin comprensión profunda del ser humano, sin memoria histórica ni reflexión ética”. Las Ciencias Sociales y Humanidades son “las que analizan críticamente la historia, la cultura, las ideas, las lenguas, el pensamiento, las estructuras sociales y los valores que nos definen como sociedad”, y por eso la institución reprocha este nombramiento.

La facultad no pretende cuestionar el mérito ni la relevancia del trabajo de los dos astronautas, con una trayectoria “admirable”, pero sí considera que su reconocimiento encajaría mejor en la categoría de Investigación Científica y Técnica e Innovación. El reconocimiento en el área de Ciencias Sociales y Humanidades pone en valor, precisamente, cuestiones como el pensamiento, la filosofía, la historia, el arte, la antropología o la literatura.

Además, la facultad recuerda que en solo una mujer ha sido galardonada en la categoría de Ciencias Sociales y Humanidades en las 39 ediciones en las que se ha desarrollado, un “desequilibrio histórico” que la facultad cree “necesario corregir”.

“Instamos a las instituciones responsables a reflexionar con seriedad sobre el sentido y los criterios de estos premios, a fin de garantizar el rigor, el respeto disciplinar y la justicia simbólica que merecen tanto las personas galardonadas como las disciplinas que se pretende reconocer”, concluye el comunicado.

1975, Valladolid. Las movilizaciones vinculadas al sector automovilístico, de la mano de los obreros de Fasa y Michelín, estaban a la orden del día. Los estudiantes, en busca de una mayor libertad, convocaban huelgas y protestas. Ya no se tenía respeto por las autoridades académicas, se decía. Primero, intentaron celebrar un recital no autorizado de la cantante Elisa Serna en Filosofía y Letras y entraron agentes de la Policía Armada que hirieron a varios estudiantes. Días después, en la Facultad de Medicina, le tiraron huevos al rector. Y ese ya fue el detonante definitivo: el 8 de febrero de 1975, el ministro franquista de Educación, Cruz Martínez Esteruelas, ordenó el cierre de las principales cuatro facultades de la Universidad de Valladolid: Derecho, Filosofía y Letras, Medicina y Ciencia.

Manuel Espina presenció cómo tiraron huevos al rector de la Universidad de Valladolid, José Ramón del Sol. “En aquel tiempo los estudiantes teníamos muy presente que las huelgas tenían que ser activas, no de quedarse en casa. Y había profesores que, aunque no hubiera ni un solo alumno, daban clase, todo con una parafernalia... El catedrático iba con sus adjuntos y sus batas blancas y daba clase mientras los adjuntos se sentaban a escucharle. El rector era catedrático en Ginecología. Y cuando estábamos en el hall de la Facultad, salió el rector y se formó un círculo. Hicimos una cadeneta agarrados de brazos y manos para no dejarle pasar. Yo estaba en la primera fila ese día y de repente vi que empezaban a llegar huevos por encima de mí y algunos adjuntos se colocaron como escudo humano”, relata Espina, que entonces estudiaba quinto de Medicina. Él recuerda que ningún huevo llegó a golpear al rector, aunque algún periódico sí aseguraba que algunos impactaron contra Del Sol.

El Ministerio decidió cerrar estas cuatro facultades “ante las reiteradas anomalías de carácter colectivo, con gravísima perturbación del normal desenvolvimiento de las actividades docentes y del orden académico”, según reflejaban los medios de comunicación. Muchos se enteraron al llegar a la facultad y ver la puerta cerrada con un papel en la puerta.

Entonces había unos 7.000 estudiantes, y muchos de ellos procedentes del sector norte, en el que no había algunas de esas facultades: Euskadi, Cantabria, Burgos y Palencia, básicamente. Era un momento de “mucha efervescencia social”. “Valladolid tenía la conflictividad de una ciudad viva que quería salir y un régimen que no le dejaba”, resume el abogado Carlos Gallego, que participó en la Universidad Paralela y ahora organiza una jornada conmemorativa el próximo 14 de febrero en la Facultad de Derecho. En la jornada se abordarán los movimientos vecinales, las tensiones laborales de la ciudad, cómo fue el movimiento estudiantil y un análisis sobre la evolución de la Universidad de Valladolid desde 1975, en la que participarán personas del mundo de la cultura en Valladolid, antiguos alumnos y cargos y excargos universitarios.

“Preparábamos unos exámenes que no sabíamos que íbamos a tener”, rememora Enrique Gavilán, que entonces estaba en el último año de Historia y Geografía en Valladolid. “Esos años había mucho movimiento universitario y el régimen decidió tomar alguna medida represiva fuerte. Y a Valladolid le tocó un poco de casualidad... se iba a cerrar Sevilla, pero el rector, Clavero Arévalo, tenía mucha influencia —luego fue ministro de las Regiones y de Cultura— y movió sus hilos para que no le tocara... Poco antes fue lo de los huevos del rector y nos tocó. Pero no por ser la más combativa del mundo, sino porque Sevilla consiguió escaquearse”, asegura Gavilán, ahora profesor de Historia Medieval en la misma universidad. Reconoce que las movilizaciones estudiantes habían sido “fuertes”, pero la situación “empezó a agravarse” después de que los 'grises' entraran en el recital de Elisa Serna: “Entraron a lo bestia. Yo no estuve, pero me contaron cómo quedó la biblioteca, y uf...”.

“No solo defendíamos la democracia, libertad y la amnistía. Defendíamos otro tipo de valores: culturales, el feminismo... Esto sirvió para que Valladolid entera se solidarizara con la universidad. La gente no entendía que nos hubieran cerrado. Estaba mucho más movilizada la Universidad en Madrid, Barcelona, Valencia... Nos cerraron para que sirviera como ejemplo al resto de universidades”, explica Elena Pérez, que estaba estudiando quinto de Medicina cuando se cerró la Facultad.

Valladolid, una ciudad “más bien tradicional”

Y entonces, el cierre. No solo afectó a los estudiantes... los propietarios de pisos en alquiler, los dueños de pensiones y bares... Todos ellos perdían clientela. Y la ciudad se solidarizó con los universitarios. “Fue como un mazazo. Valladolid vivía de Fasa y de los estudiantes. Era una ciudad más bien tradicional, con una universidad donde no iban hijos de obreros, había cuatro becas”, recuerda María Jesús Díez-Astrain, que entonces le faltaban un par de asignaturas de Derecho para terminar la carrera.

El curso de 1974/1975 fue el primero que Jesús Quijano vivió como profesor de Derecho Mercantil. El que después llegaría a ser secretario general del PSOE en Castilla y León, recuerda que la mayoría de estudiantes procedían de una clase “media alta”. “Los que veníamos de una clase más media baja, o eran de Valladolid ciudad y lo tenían más fácil, o teníamos una beca como la mía. Por lo tanto, el cierre de la Universidad afectó de manera más principal a familias que no eran especialmente contrarias al régimen, con carácter general”, añade Quijano.

El cierre de la Universidad de Valladolid durante todo el curso académico ocupó portadas de medios de todo el país e incluso se coló en periódicos europeos como La Stampa. Pocos días después, arrancó la Universidad Paralela, como se llamó. Clases autoorganizadas por los alumnos de cada curso, con y sin la colaboración del profesorado, con intercambio de apuntes y el apoyo de gran parte de la sociedad. Los sacerdotes les cedían los salones parroquiales de toda la ciudad y algunas cafeterías les permitían juntar varias mesas para 'cantar' los temas.

Gavilán también alude a que no hubo “mucho afán” por “reprimir” la Paralela, en parte también porque el ambiente social era “muy favorable”: el Ayuntamiento, la Diputación, la Cámara de Comercio, el Colegio de Abogados, las asociaciones de vecinos o de amas de casa... fueron muchas las instituciones que protestaron en la ciudad, y eso hizo que, finalmente, a final de lo que había sido un curso extraordinario, se decidió examinar a los alumnos aunque fuera en septiembre y no en junio, como habría sido lo normal.

Elena Pérez era una activista estudiantil y militante del PCE desde 1969. No estuvo demasiado tiempo en la Universidad Paralela porque tuvo que marcharse a Madrid. “Vino Billy El Niño a buscarme un día a las seis de la mañana. Me sacaron unas monjas que vivían a mi lado y que eran de plataformas anticapitalistas. Avisaron a alguien y un amigo me sacó. Fueron a casa de mis padres a Palencia a buscarme y todo, pero yo me fui a Madrid y estuve ahí escondida un año. Cuando volví a hacer los exámenes a Valladolid, después de que hubiera muerto Franco, fui con una peluca por si acaso”, explica.

La participación clave del PCE

Rosa Santander estudiaba Historia entonces y era una militante activa del Partido Comunista de España (PCE). “Fuimos las células del PCE las que organizamos y nos distribuimos para ir a los distintos sectores de la ciudad, como a las casas de la gente o a las asociaciones incluso de las amas de casa. La Universidad Paralela no sale de la nada... Fue una tarea larga, pero enseguida contamos con el apoyo de toda la población”, destaca Santander, que insiste en que el PCE fue “el germen fundamental” sin el que La Paralela no podría haber podido arrancar.

“Tenía un trabajo previo, aunque luego mucha gente lo apoyó y empezamos a contactar con personas del curso que no tenían muchas inquietudes políticas, pero que se habían visto afectados. Si luego se hacían militantes, fenomenal, pero por lo menos eran simpatizantes. Trabajamos mucho y tuvimos muchas reuniones sobre cómo distribuirnos... No solo nos importaba la cuestión política, sino también la académica pura y dura. Mucha gente se sintió protegida y vio que no éramos unos cantamañanas”, suscribe esta historiadora.

Jesús Quijano matiza esta visión de cómo fue La Paralela: “No fue solo una reacción política impulsada desde un partido determinado, tuvo una dimensión bastante mayor”. “La parte más activa en el mundo estudiantil eran las células del PCE, la presencia del PSOE en la universidad era muy escasa... Pero no diría que La Paralela fuera impulsada por el PCE. Fue una reacción ciudadana, académica y en la que participaron muchos estudiantes y profesores, y no todos actuábamos impulsados por el PCE”, asegura.

El curso de 'La Paralela'

“Yo creo que La Paralela tenía dos sentidos fundamentalmente: era una forma de resistencia y algo muy testimonial en el sentido de salir al paso, que los estudiantes revoltosos no queríamos estudiar. Y nosotros decíamos: 'No, no, no nos hace falta la academia tal y como está planteada para poder estudiar'. Se organizaron todo tipo de actividades docentes, reparto de apuntes, seminarios... todo en distintos locales”, detalla Manuel Espina, que ahora es psiquiatra.

“Al quedarnos un poco desamparados, vimos la necesidad de seguir reuniéndonos”, apunta Rosa Santander. Antes de entrar en la Iglesia, dio clases hasta el ahora arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, mientras estaba estudiando Derecho. “Supuso la oportunidad de crecer en conciencia política, en ver la importancia que iba a tener el surgimiento de un Estado de Derecho. Fue una experiencia de trabajo compartido”, destaca. Para Carlos Gallego, La Paralela fue “una experiencia autogestionada promovida por los estudiantes”. “Nos buscamos la vida e invitamos a los profesores”, agrega este abogado, que atiende a este medio desde su casa, donde atesora recortes de periódicos y documentación como uno de los volantes que la Universidad dio a los delegados para que ellos pudieran acceder al Campus para tener reuniones.

En un principio, era un poco más clandestino. Estudiantes y profesores tenían miedo a ser sancionados de alguna manera y hubo prevención, pero después de las primeras clases, el colectivo universitario vio que las clases eran toleradas. “A poco que se fijaran, sabían dónde se reunían los estudiantes. La Policía miraba para otro lado, porque la alternativa hubiera sido excesivamente contraproducente. Hubo cierta discreción por lo menos al principio... pero cuando pasó el primer mes y se vio que se desarrollaba sin mayores interferencias ni riesgos, no hubo una ocultación de la iniciativa, en absoluto”, explica Quijano, que sí cree que hubo más profesores simpatizantes que no llegaron a atreverse a dar clases por miedo a represalias o a ser 'fichados'. Los apuntes pasaban de veteranos a novatos, de licenciados a estudiantes o incluso a través de la geografía española para llegar a los universitarios que habían vuelto a casa tras el cierre de su facultad. Algunos profesores supervisaban los apuntes antes de darlos por válidos, como Jesús Quijano con los de Derecho Mercantil, y otros cursos eran más autosuficientes ante la complicidad del docente con Rectorado.

Complicidad social y religiosa

Gavilán recuerda cómo se distribuían las asignaturas y se reunían en las cafeterías hoy ya disueltas y parroquias de la ciudad: en San Ildefonso, en Canterac, en Santo Toribio, en Santiago y los jesuitas de Ruiz Hernández, en los salones de la Sala Borja, Pilarica, en San Juan Evangelista, entre otros... Muchos de estos religiosos eran mayores ya en 1975, por lo que han fallecido. “Muchos eran curas obreros, o estudiaban en la Universidad y apoyaron todo esto... La sobrina del párroco de Santiago era de nuestro curso, por ejemplo”, explica Gavilán. Jesús Quijano, que asegura que los lugares eclesiásticos estaban “protegidos” de la Policía, destaca el “compromiso” de un grupo joven de dominicos y de los jesuitas.

En Pilarica se produjo uno de los hitos de este curso: se celebraba una reunión de delegados que fue bastante tensa y acabó rodeada por las Fuerzas del Orden franquistas. Y el párroco, Ventura, tuvo que mediar. Manolo González era entonces el párroco, aunque luego dejó la Iglesia y acabó siendo concejal del PSOE durante el mandato de Tomás Rodríguez Bolaños.

Al final, los exámenes tuvieron que celebrarse, aunque no todos los profesores fueran igual de comprensivos. María Jesús Díez-Astrain había estado parte del curso anterior en la cárcel y tenía tres asignaturas pendientes, todavía recuerda cuáles: Derecho Procesal de 4º y de 5º y un Derecho Civil de 5º. “Hice los exámenes muy bien y estaba aprobada. Pero el de Procesal me suspendió el Procesal de 5º porque sus dos asignaturas no se podían aprobar nunca en la misma convocatoria. Y tuve que presentarme en enero, cuando pusieron la segunda convocatoria”, recuerda.

Algunos de los que terminaban el curso querían celebrar todo lo que con ello conllevaba: el viaje de fin de curso o la orla. Enrique Gavilán planteó boicotear la orla de su promoción, que no se llegó a hacer. “Me han dicho que parte de mi clase sí hizo una orla 'clandestina', pero no hubo una oficial”, apunta el historiador. Rosa Santander destaca que La Paralela sirvió para que muchos vieran otras maneras de dar clases distintas de la magistral. “Empezamos a ver otras maneras de enseñar y de aprender. Las clases magistrales estaban muy bien, pero también había otra forma de hacerlo. Y luego mucha de esa gente nos dedicamos a la enseñanza. Fue un trabajo estupendo y creó mucha conciencia de que había que movilizarse”, concluye. 

El cierre de la Universidad de Valladolid todavía se recuerda entre las paredes de las facultades históricas. “Fue una burrada del régimen que sirvió de muestra de la debilidad del Régimen, que ya hacía aguas”, resume Díez-Astrain. Elena Pérez, que fue procuradora en las Cortes de Castilla y León por Izquierda Unida, estuvo trabajando con Cristina Almeida en Nueva Izquierda y acabó adhiriéndose al Partido Socialista. Pérez, médica de profesión, considera que el movimiento vivido en la Universidad de Valladolid sirvió como un “ejemplo” en la transición. “Es un deber democrático estar ahora hablando de los cincuenta años del cierre y de lo que significa una dictadura en este país. Hay que contar que esto no fue ninguna bobada, que cerraron la universidad y supuso un golpe brutal para toda la sociedad”, remata.

El catedrático José Carlos Pastor, fundador del Instituto de Oftalmobiología Aplicada de la Universidad de Valladolid (IOBA), ha fallecido en las últimas horas, sólo unos días antes de que se celebrase el homenaje previsto este viernes, 31 de enero, por el 30 aniversario de la creación del centro.

La Universidad de Valladolid ha informado, en un comunicado recogido por Europa Press, de que el catedrático ha fallecido en las últimas horas y ha añadido que el mencionado acto tendrá lugar a partir de las 11.00 horas de este viernes en la sala de conferencias del IOBA, en el Campus Universitario Miguel Delibes.

Pastor, madrileño de nacimiento, catedrático de la Universidad de Valladolid desde 1981 y fundador del IOBA a finales de 1994, padecía un cáncer terminal y hasta las últimas semanas había compartido su experiencia mediante mensajes en las redes sociales. Incluso este mismo miércoles el IOBA publicó una entrevista con este médico, quien confirmaba su intención de asistir al acto de homenaje este viernes.

En esta jornada, en la que estaba previsto que el profesor Pastor interviniera para hablar del modelo innovador de investigación aplicada que implantó el IOBA, participará el director del IOBA, el también catedrático de Oftalmología de la UVA Miguel Maldonado, y el director del Instituto de Neurociencia Circadiana y del Sueño Sir Jules Thorn y jefe del Laboratorio Nuffield de Oftalmología de la Universidad de Oxford, Russel G. Foster.

José Carlos Pastor inició en 1968 los estudios de Medicina en la Universidad de Navarra, donde se licenció en 1974. Fue en esta universidad donde se doctoró en 1975 con la tesis 'Efectos de la fotocoagulación sobre la Retinopatía Diabética. Estudio campimétrico y electroretinográfico', que obtuvo 'sobresaliente cum laude', bajo la dirección de su maestro, el catedrático Diego Díaz Domínguez.

Comenzó su carrera académica como alumno interno del Departamento de Anatomía Patológica de la Universidad de Navarra, institución en la que fue, sucesivamente, profesor ayudante de clases prácticas (1974-1976), profesor adjunto interino (1976-1979) y, finalmente, encargado de Cátedra (1977-1979). En mayo de 1979 obtuvo la plaza de profesor agregado numerario de Oftalmología de la Universidad de Santiago de Compostela, que ejerció hasta marzo de 1981, cuando ganó la Cátedra de Oftalmología de la Universidad de Valladolid.

En la UVA ha ejercido el cargo de vicerrector de Investigación (1987-1991) antes de fundar y dirigir, desde diciembre de 1994 y hasta julio de 2016, el Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada (IOBA), instituto que fue el primero de la LOU en la Universidad de Valladolid, en Castilla y León y el primero en España dedicado a Oftalmología, Optometría y Ciencias de la Visión.

Sus principales líneas de investigación se han centrado en Retinopatía Diabética, Presión intraocular, Alergia ocular, Reparación vitreoretiniana y Terapia celular en Degeneración Macular Asociada a la Edad. Ha dirigido 54 proyectos de la especialidad y en 2004 contribuyó a crear la empresa Visión I+D, la primera “spin-off” de la Universidad de Valladolid y que aún sigue vigente.

En marzo de 2024 recibió el premio a la Excelencia de la Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV), el primero de su tipo otorgado por la SERV, que reconoció su destacada trayectoria en el campo de la oftalmología

El profesor José Carlos Pastor ha transformado el panorama de la oftalmología en España, no solo a través de sus descubrimientos científicos, sino también por su capacidad para liderar equipos multidisciplinares y formar a nuevos profesionales.

Su compromiso con la investigación y la innovación ha llevado a avances significativos en el tratamiento de enfermedades oculares que afectan la calidad de vida de millones de personas.

Además, la UVA destaca que ha desempeñado “un papel activo en la promoción de la colaboración internacional en investigación oftalmológica, participando en redes científicas y proyectos conjuntos con instituciones de renombre”.

Señalan, asimismo, que ha sido profesor y mentor de “numerosas generaciones de oftalmólogos y científicos, dejando un legado académico de gran impacto”. “Su labor docente en la Universidad de Valladolid es ampliamente reconocida”, han recalcado.

En resumen, la UVA recalca que “su mayor obra ha sido la creación del IOBA, un instituto universitario de la Universidad de Valladolid reconocido internacionalmente, que aúna la investigación aplicada y la asistencia clínica especializada”. Esas tres ramas “íntimamente interrelacionadas” son, para la Institución académica, la esencia del IOBA; “aquello por lo que el profesor Pastor ha luchado toda su vida y lo que le ha preocupado hasta sus últimos días”.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha recordado a José Carlos Pastor tras conocer la noticia en un mensaje en la red social 'X'. “Gran profesional de la sanidad pública y fundador del IOBA, siempre llevó con orgullo el nombre de nuestra tierra y fue un ejemplo de cómo afrontar la enfermedad”, ha escrito Mañueco, quien ha dado el pésame a su mujer, familiares y amigos.

Cerca de cuatro millones de euros de financiación universitaria se han quedado en el limbo porque la Junta de Castilla y León ha retrasado durante meses la firma del convenio 'Programa María Goyri' con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para contratar más de 400 profesores ayudantes doctor en los próximos seis cursos académicos. El convenio debía haberse firmado a partir de septiembre y hasta el 4 de diciembre para que el Ministerio abonara la parte proporcional correspondiente al 2024; pero como se ha rubricado después, ni Junta ni el Ministerio se ponen de acuerdo sobre qué pasará con esa cantidad.

Hasta este jueves, 5 de diciembre, el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma no ha dado vía libre al acuerdo con el Ministerio, lo que imposibilita el uso del gasto de los meses correspondientes al 2024. En total lo asignado en el convenio para este año ascendía a 3.429.558 euros, dinero que las universidades de Valladolid, Salamanca, Burgos y León no saben si podrán usar o no, ya que los dos gobiernos discrepan sobre si se podrá disponer de los fondos o no. El Ministerio de Educación ha señalado a elDiario.es que los plazos eran iguales para todas las comunidades y que hay quien firmó en tiempo y forma, como Asturias, y pudo usar ya el gasto previsto y que es responsabilidad de quien no lo ha hecho hasta ahora.

El convenio pretende paliar los problemas de plantilla en las universidades públicas y ayudarlas a cumplir con la Losu, para lo que creará 445 plazas de Profesor Ayudante Doctor entre 2025 y 2031: 178 en la Universidad de Salamanca, 152 en la de Valladolid, 61 en la Universidad de Burgos y 54 en la de León. El convenio firmado tiene una vigencia de cuatro años con posibilidad de prórroga por otros tres ejercicios. El Gobierno de España financiará la contratación de 269 profesores ayudantes doctor y el Gobierno de Castilla y León, por su parte, financiará otras 176 plazas más y tendrá que asumir las nóminas de las plazas pagadas por el ministerio cuando venzan sus contratos, dentro de seis años.

Fuentes universitarias han señalado a elDiario.es que en noviembre la Junta de Castilla y León les confirmó —con reticencia— que firmaría el convenio con el Ministerio después de que las cuatro universidades públicas urgieran a la Junta de Castilla y León para que firmara desde septiembre y poder disponer de los fondos y contratar personal. Hasta la polémica pública de la ministra, Diana Morant, con la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y León no activó la firma del convenio, ratificada este mismo jueves de forma electrónica por los cuatro rectores y ambos gobiernos.

La Junta de Castilla y León asegura que no pierde financiación

Fuentes de la Consejería de Educación aseguran que no se pierde financiación. “Si se hubiera recibido algo en el mes de diciembre de 2024 no se podría imputar al programa ninguna plaza con los requisitos que marca el Ministerio y, por lo tanto, se debería devolver con intereses”, apuntan desde el área que dirige la 'popular' Rocío Lucas.

La Junta de Castilla y León señala que “garantiza” que las plazas de ayudante doctor de las universidades públicas de Castilla y León imputables a este programa estarán cubiertas en el primer trimestre de 2025 “tal y como se ha pactado entre todas las partes y prevé el acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria”. En ese momento el Ministerio aportará los fondos necesarios para hacer frente a la financiación de esas plazas y a partir de los siguientes cursos lo hará la Comunidad Autónoma.

La consejera de Educación aseguró en el pleno de las Cortes que han trabajado durante “meses” en el convenio, que se ha firmado tras realizar “unos trámites pendientes”. “En el 2024 no se podían ejecutar porque estamos en noviembre o diciembre y permitirían devolver esos fondos con intereses. Nada de perder fondos, pero tampoco de devolverlos con intereses”, insistió Rocío Lucas, que reconoció que este año [las universidades] no podían convocar ningún personal. “Será en 2025 cuando hagamos las correspondientes contrataciones”, anunció.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha negado que se vaya a renunciar a ninguna aportación del Gobierno. “Lo que hemos decidido con las universidades es que es mejor aplicar del 2025 al 2031 por el importe global. No vamos a renunciar a ninguno de los fondos, lo implantaremos en el próximo año y gastaremos todo lo previsto”, ha rematado el también consejero de Economía y Hacienda, que ha hecho un cálculo en el que no ahonda el propio convenio, al que ha tenido acceso este diario.

18 millones de euros más en 2031

Según las estimaciones de Fenández Carriedo, en el último curso de vigencia del convenio, el Gobierno de España aportará once millones de euros en este programa y otros siete serán abonados por el gobierno autonómico. En el curso siguiente, los 18 millones de euros los pondrá Castilla y León.

Fernández Carriedo ha reprochado que el Gobierno prevea financiar parte de las contrataciones hasta el año 2031, cuando tendrá que pagarlo íntegramente la Junta de Castilla y León. “A partir de ahí, los profesores están contratados y no se les podrá echar; y alguien tendrá que financiarlas. Si el Gobierno no lo hace, tendrá que ser la Junta de Castilla y León, no les va a dejar tirados”, ha manifestado ante los medios, a los que ha insistido, antes de comparar esta situación con la de la Educación de 0 a 3 años: “Estamos viviendo el 'yo invito y tú pagas'. El Gobierno aprueba una serie de normas que implican a comunidades y las comunidades son las que pagan”.

En el parlamento autonómico, el Grupo Socialista preguntaba por esta cuestión a la consejera de Educación. El portavoz socialista de Educación, Fernando Pablos, rechazó que las universidades de Castilla y León sean las quintas peor financiadas de España y que todavía no haya desarrollado apartados de la LOSU como la figura del profesor permanente laboral o que el gasto en universidades esté aún lejos de alcanzar el 1% del PIB autonómico, entre otros.

“Ha venido a decir que las 14 comunidades que han firmado han hecho el ridículo. ¿Pero qué tontería es esa? ¿Cómo puede decir a los representantes de todas las comunidades autónomas, que ellos han hecho mal firmando? No han hecho sus deberes y este año al menos van a tener menos dinero del que pudieran tener para el profesorado”, remató el portavoz socialista.

El Decano de la Universidad de Medicina de Valladolid, José María Fernández, se ha mostrado “incrédulo” ante la propuesta de creación de nuevos grados de Medicina en Castilla y León, y ha afirmado que “no se entiende de dónde van a sacar profesores de calidad para estos nuevos grados”, según ha señalado este martes durante la bienvenida a los nuevos estudiantes de Medicina.

Fernández, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha señalado que esta petición “no se entienden absoluto, ni se comprende muy bien cómo se pueden crear esas titulaciones”.

“¿De dónde van a sacar profesores de probada calidad? Es decir, gente que sepa formar a los estudiantes, que es lo que todos queremos, aunque sólo sea por nuestra salud en el futuro. ¿De dónde van a sacarlos?”, se ha cuestionado Fernández, quien ha señalado que “una facultad como Valladolid, con 620 años de historia, tiene dificultades para mantener un profesorado de calidad”.

La Facultad de Medicina cuenta con “dos hospitales subsidiarios, muchos centros de salud, más hospitales en Palencia, Medina del Campo”, según ha señalado Fernández, a la vez que ha enfatizado en que “cuesta mucho encontrar profesores acreditados”.

“Yo entiendo que los políticos a veces no piensan en lo más importante, que es de dónde van a sacar el capital humano”, ha enfatizado el Decano de Medicina de Valladolid. “No van a conseguir profesores de calidad, que es lo que todos queremos, para poder formar alumnos de calidad”, ha finalizado.

La rectora de la ULe confía en lograr Medicina en la anunciada reunión con Mañueco

La rectora de la Universidad de León (ULe), Nuria González, confía en lograr el grado de Medicina para la institución académica durante la reunión que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció para después del verano con el objetivo de analizar la implantación de nuevas titulaciones, informa EFE.

Durante una comparecencia ante los periodistas con motivo del comienzo del curso, la rectora ha recordado que los nuevos grados para el próximo curso están parados a expensas de la reunión anunciada durante su toma de posesión, para la que todavía no existe una fecha.

Ha destacado que tiene todas sus expectativas puestas en esa reunión porque es la primera vez que el presidente va a convocar a los rectores para asuntos relacionados con nuevas titulaciones, y las peticiones de ciencias de la salud de todas las universidades son las que han motivado este encuentro.

“Espero que de esa reunión volvamos con el grado de Medicina”, ha apostillado la rectora, quien ha remarcado que la institución “trabaja todos los días en la implantación del grado de Medicina pensando en esa reunión y en qué se le puede ofrecer al presidente para convencerlo de que la Universidad de León cumple los requisitos”.

Financiación

No obstante, ha admitido que no se cumple el requisito de la financiación que, ha advertido, “tiene que venir de la Junta”, pero en el resto se ha elaborado una memoria “acorde con las peticiones que se hacen desde las agendas de calidad y desde el Ministerio, que es el que finalmente verifica los grados”.

Por otra parte, la rectora ha informado de cuestiones relativas al nuevo curso que afronta con el objetivo de ofrecer formación de calidad, investigación de vanguardia y transferencia de conocimiento al tejido productivo.

“La Universidad de León ofrece una amplia oferta formativa focalizada principalmente en su calidad y en la empleabilidad, que es algo que nos preocupa mucho de nuestros estudiantes, y uno de nuestros grandes compromisos es formar a profesionales que no solo cuenten con sólidas capacidades académicas, sino también con habilidades y competencias que demanda hoy el mercado y también que lo demandará en el futuro”, ha subrayado.

En cifras, ha recordado que la Universidad de León se estructura en torno catorce facultades o escuelas, de las cuales tres más tienen su sede en el campus de Ponferrada, desde las que se ofertan 41 titulaciones de grados, cinco dobles grados, 43 másteres, dieciocho programas de doctorado y trece títulos propios.

“En total, para este curso la comunidad de estudiantes estará conformada por más de 12.000 alumnos”, ha señalado la rectora, quien ha subrayado que uno de los aspectos más destacados de este año es el crecimiento experimentado en la matrícula de nuevo ingreso, con caso 2.376 nuevas incorporaciones.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid ha aprobado este viernes la ampliación de grupos hasta 120 alumnos con la fase 1 del Plan de ordenación docente (POD), que pretende “racionalizar” los recursos, según el rector, Antonio Largo Cabrerizo. La primera fase —“transitoria”, han insistido desde el equipo rectoral— ha sido aprobada con 22 apoyos, cinco votos en contra y cuatro abstenciones.

Hasta ahora, bastaba con tener más de 107 alumnos matriculados para hacer dos grupos (que, según cada carrera, podían ser matutinos, vespertinos o ambos). Sin embargo, para el curso 2024-2025 este número se amplía a 120 alumnos, por lo que aquellas asignaturas que tienen un número de alumnos entre 107 y 119 podrían pasar de dos grupos a uno solo. Y para que hubiera dos grupos de estudiantes, los matriculados deberían ser entre 120 y 206.

La Universidad de Valladolid se ha propuesto cumplir con la reducción de horas docentes de algunos grupos de profesores que establece la LOSU el próximo curso a pesar de la moratoria que tiene previsto dar el Ministerio de Universidades hasta el curso 2027/2028. Es la única universidad de Castilla y León que ha apostado por esta ampliación de las clases magistrales y los laboratorios. Por ejemplo, para configurar dos laboratorios, el número máximo de alumnos deberá ser de 77 en lugar de 71. De esa manera, habría unos pocos alumnos más en los laboratorios que hasta ahora.

El rector ha asegurado que el objetivo es “tener profesores” el 1 de septiembre y que esta masificación de las aulas se ha hecho “pensando en los alumnos”. Largo Cabrerizo ha agradecido la “generosidad” de los centros y ha insistido en que un año y un mes después de la entrada en vigor de la LOSU todavía no tiene “certezas”.

“El POD es seguramente mejorable, pero nos da una esperanza de poder tener un comienzo de curso que atienda las necesidades de los estudiantes”, ha garantizado el rector, que se ha comprometido a elaborar un POD que “guste más” en cuanto tengan más recursos económicos como las contrataciones que ha prometido el Gobierno de España. El plan Integra contempla la contratación de 4.200 nuevos docentes para todas las universidades españolas.

La vicerrectora de Ordenación Académica de la UVa, María Teresa Parra, ha asegurado que se “aliviarán las restricciones” en cuanto se materialicen las medidas anunciadas por el Gobierno de España. También ha considerado que la configuración de los grupos puede “evolucionar” durante el próximo curso.

“El POD es transitorio porque en septiembre empezamos con el POD y se puede ir modificando para el segundo cuatrimestre o al ritmo que considere el departamento”, ha afirmado la vicerrectora, que ha insistido en que los tamaños de los grupos no varían en demasía. “Cuando miro asignaturas que puedan tener más de 100 alumnos, resulta que solo afecta a cuatro asignaturas de las 4.400 que tenemos en Ciencias Sociales, cuatro de Arquitectura y dos de Medicina”, ha manifestado.

Algunos miembros del Consejo de Gobierno han mostrado su rechazo a este POD. Valentín Cardeñoso, uno de los representantes por el claustro del PDI, ha asegurado que la adaptación a la LOSU se puede hacer “de varias formas”, pero esta “aumenta el tamaño de los grupos” y genera “un impacto directo en el alumnado e indirecto en los profesores”. “Reducimos el número de grupos para que los estudiantes vengan de más en más”, ha criticado Cardeñoso, que ha propuesto mantener los grupos como en este curso y, si no llegaran esos fondos prometidos, reducir a mitad de curso los grupos y no al revés como ha aprobado el Consejo de Gobierno universitario.

Carlos Alberola López, como uno de los representantes de los decanos y centros, ha defendido que las facultades han trabajado en el POD pero “no de manera entusiasta”. También ha preguntado si la Universidad no tenía “margen financiero” para proceder de otra manera, a lo que ha contestado de manera negativa el vicerrector de Profesorado, Javier de Frutos, quien ha advertido que podrían “tocar las dedicaciones” de algunas figuras docentes si no llegan las plazas del plan Integra ni salen adelante las modificaciones de la LOSU que incluye el Proyecto de Ley de enseñanzas artísticas superiores.

Desde el comité de empresa del personal docente e investigador laboral, Ana María Negro Macho, que cree que este POD va a afectar “de forma muy directa” a la calidad que tengan especialmente los alumnos que están matriculados en Ciencias Sociales y Humanidades.

Vacunarse contra la covid una vez pasada la enfermedad, ya desde la primera dosis, pero en especial si se hace con la pauta completa de dos o tres reduce el riesgo de reinfección entre el 65, 83 y 95 por ciento, respectivamente, y aumenta el tiempo que tarda una persona en volver a contagiarse, según un estudio realizado por investigadores de Valladolid.

Se trata de un estudio liderado por un grupo de especialistas en microbiología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y el Centro de la Gripe de la OMS de Valladolid, que revela que la vacunación en aquellos pacientes que han pasado la covid 19 reduce el riesgo de reinfección en comparación con aquellos que no se vacunan.

El estudio realizado a 746 pacientes con historia de reinfección por covid, valorando las fechas de infección y reinfección, así como su estado vacunal (fecha y número de dosis), ha sido conocer si la inmunidad híbrida (infección + vacunación) se ve afectada por el momento de la vacunación y el número de dosis recibidas.

Fuentes de la Consejería de Sanidad de Castilla y León, han recordado en un comunicado que en el contexto de la experiencia acumulada sobre el SARS-CoV-2, agente causal de la covid, se ha descrito con frecuencia la existencia de reinfecciones, incluso en pacientes vacunados.

Además, se ha demostrado que al igual que sucede con los virus de la gripe, este betacoronavirus evoluciona y las vacunas necesitan actualizarse regularmente.

Sin embargo, como señala el estudio, la pandemia de COVID-19 ha puesto también de actualidad las corrientes antivacunas y se ha asistido, tras la finalización del estado de pandemia, a una “fatiga vacunal” con descensos en la adherencia a la vacunación tanto anticovid como antigripal.

La investigación de los expertos de Valladolid se ha centrado en esos 746 pacientes con historia de reinfección por COVID-19, valorando las fechas de infección y reinfección, así como su estado vacunal (fecha y número de dosis).

Ello para evaluar las diferencias en el tiempo hasta la reinfección (tRI) entre no vacunados, vacunados antes de los 6 meses y después; y comparando una, dos o tres dosis (incompleta, completa y régimen de refuerzo).

Entre sus aportaciones cabe destacar que el tRI fue significativamente mayor en los vacunados frente a los no vacunados; la vacunación con regímenes completo y de refuerzo aumenta significativamente el tRI; la vacunación aumenta el tiempo que tarda una persona en reinfectarse por el SRAS-CoV-2; y además, se observa una mayor reducción del riesgo de reinfección si las dosis se ponen una vez transcurridos 6 meses desde la infección.

Por otro lado, los resultados muestran que mientras una pauta incompleta (una dosis) reduce un 65 % el riesgo de reinfección, con pautas completas (dos dosis) y 'booster' (tres dosis) se observan reducciones del 83 y 95 %, respectivamente.

Este estudio ha sido realizado en población real entre marzo de 2020 y abril de 2022 con los datos del diagnóstico molecular realizado durante la pandemia y los registros de vacunación de los pacientes, gracias a una colaboración entre el Centro Nacional de Gripe y el Servicio de Microbiología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, contando con la ayuda de la Universidad Rey Juan Carlos.

Durante el período de estudio, circularon distintas variantes (original, alfa, delta y omicron) y las vacunas aún no habían sido actualizadas, por lo que es posible que las vacunas actuales proporcionen una mayor reducción del riesgo.

Las mismas fuentes han incidido en que las aportaciones recogidas en el estudio destacan la importancia de mantener estrategias de vacunación frente al SARS-CoV-2, especialmente en los pacientes vulnerables.E

El rector de la Universidad de Valladolid (Uva), Antonio Largo Cabrerizo, ha explicado este miércoles que están inmersos en la elaboración de un “plan de contingencia” para garantizar la calidad del sistema universitario el próximo curso si finalmente no llega financiación por parte del Ministerio de Educación para aplicar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Largo ha mantenido este miércoles sendas reuniones con la comunidad universitaria, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) y la Cámara de Comercio de Soria para “palpar” la realidad del Campus de Soria y sus proyectos de futuro.

En declaraciones a los medios ha explicado que están con ese plan para ponerlo en marcha en el próximo curso universitario en el caso de que la LOSU no venga acompañada de financiación y deban mantener la mejor calidad posible de la docencia con algunos cambios en la organización académica.

“No pasa por tocar nada sustancial. No se cierra ningún grado, que además no tengo ninguna capacidad para hacerlo, porque es competencia del Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid. No tenemos intención en absoluto de plantear una posible supresión de grados ni en Soria ni en Palencia, ni en Segovia ni en Valladolid”, ha apuntado a preguntas de los periodistas.

Largo Cabrerizo ha recordado que desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) se avisó al anterior ministro de Educación del riesgo que suponía aprobar una LOSU sin los recursos adecuados.

“La educación, y la superior es una parte importante en nuestro país, no tiene que están al albur de las circunstancias electorales. Tenemos que ponernos de acuerdo en una norma básica, que no se vaya a cambiar cada cuatro años porque alguien tenga una mayoría. Hay unos mínimos en los cuales tenemos que entendernos”, ha planteado.

Largo ha lamentado la falta de acuerdo del Ministerio de Educación con las comunidades autónomas y las universidades que ha llevado a “este lío monumental, porque nos está exigiendo muchísimo esfuerzo y desgaste por no tener los recursos adecuados”.

El rector se ha comprometido a trabajar para superar todos los obstáculos, pero ha exigido al Ministerio de Educación que asuma su responsabilidad, que pasa por financiar lo que “deberían haber previsto antes de implantar una ley”.

Largo ha asegurado que todavía se está a tiempo, si el Ministerio reacciona, para dar tranquilidad a los universitarios.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid ha aprobado conceder el Doctorado Honoris Causa por la UVa a la periodista y escritora Carmen Sarmiento y al investigador alemán en el ámbito de las ciencias forestales Hans Pretzsch, según ha informado a través de un comunicado.

Carmen Sarmiento será investida doctora Honoris Causa por la UVa en los próximos meses a propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras. Fue la primera mujer corresponsal de guerra en España y es especialmente conocida por su apuesta por el periodismo comprometido y la visibilidad de los problemas sociales como el hambre y los derechos de las mujeres en sus reportajes.

Los miembros del Consejo de Gobierno han votado también a favor de conceder también el doctorado Honoris Causa al investigador alemán de reconocido prestigio en el ámbito de la ciencia forestal Hans Pretzsch, a propuesta del Instituto Universitario de Investigación en Gestión Forestal Sostenible.

El rector de la Universidad de Salamanca (USAL), Ricardo Rivero, considera “un error estratégico” masificar las clases como propone la de Valladolid. “Es un error estratégico. Es como decir: 'bueno, qué más da'”, ha manifestado en el Consejo de Gobierno de la USAL, en el que ha calificado de “asombroso” que la UVa se plantee incrementar el número de alumnos por clase y el fin de algunos desdobles de asignaturas.

La Universidad de Salamanca ha aprobado este jueves el inicio de la aprobación del Plan de Organización Docente (POD). Durante la presentación de su POD, que va “sin cambios disruptivos” en la aplicación de la Ley de Universidades (LOSU), lo que considera “una buena noticia” porque significa que la USAL está “en condiciones de distribuir las tareas sin llegar a decisiones tan difíciles de comprender”.

El rector de la USAL ha esperado que la UVa no reduzca los desdobles porque sería “un pésimo precedente”. “Ya tenemos ratios que no se corresponden a lo que debería ser Bolonia, como para plantearnos en el POD que los grupos desdoblados se reconcentren y en vez de atender a 60, atienda a 120. Es una vuelta a los años 90”, ha expresado ante el resto de miembros del Consejo de Gobierno.

Rivero también ha recordado que la decisión de la UVa puede tener “un impacto a medio y largo plazo desastroso” para la institución. “Es algo incomprensible. Ojalá podamos tener más profesorado para poder hacer lo contrario”, ha apostillado.

La Universidad de Valladolid (UVa) pretende reducir grupos y masificar las clases en el próximo curso 2024-2025. Se podría incluso concentrar la docencia por las mañanas en algunas carreras, que dejarían de tener turno vespertino. Según tiene previsto la institución, en el próximo curso se ampliará el número mínimo de alumnos matriculados para dividir cada curso en varios grupos, o para hacer desdobles en laboratorios o clases de informática.

El desdoble de turnos por la mañana y por la tarde podría desaparecer en algunas carreras como Derecho, Periodismo, Educación (Infantil y Primaria), Ingeniería Mecánica o Publicidad y Relaciones Públicas. Las facultades tenían hasta el 15 de noviembre para enviar a rectorado sus propuestas de nuevos grupos, que podrían ser por la mañana o por la tarde, en función de cada caso. Después se elaborará una propuesta, que será aprobada antes del 31 de enero de 2024.

Hasta ahora, bastaba con tener más de 107 alumnos matriculados para hacer dos grupos (que, según cada carrera, podían ser matutinos, vespertinos o ambos). Sin embargo, para el curso 2024-2025 este número se amplía a 120 alumnos, por lo que aquellas asignaturas que tienen un número de alumnos entre 107 y 119 podrían pasar de dos grupos a uno solo. Y para que hubiera dos grupos de estudiantes, los matriculados deberían ser entre 120 y 206.

De clases de 50 alumnos, a un centenar

Es decir, según las instrucciones aprobadas por el Consejo de Gobierno de la UVa (de las que no tenían conocimiento los sindicatos consultados por este diario), las clases de esos cursos pasarían de unos 50 alumnos a unos 100. Sucede lo mismo con los laboratorios, que deben tener unos 30 alumnos como número de referencia. Para que se configuren dos laboratorios, el número máximo de alumnos deberá ser de 77 en lugar de 71. De esa manera, habría unos pocos alumnos más en los laboratorios que hasta ahora.

¿Qué pretende la UVa? Compensar de alguna manera las reducciones de horas lectivas que tendrán diferentes figuras del profesorado en el próximo curso, cuando se irá adaptando la nueva Ley de Universidades (LOSU), para el que necesita —según el rector— unos 13 millones de euros con los que no cuenta.

El profesorado titular pasará de dar 280 horas anuales a 240, el Ayudante Doctor pasará de 240 a 180 y los profesores asociados solo podrán dar como máximo 120 horas (ahora pueden ser de hasta 180 horas), según explican fuentes de la Universidad. En otras palabras, si se mantienen los horarios actuales en el próximo curso, será necesaria una contratación extraordinaria.

La LOSU ha dado “muchísimos problemas y pocas soluciones”

Preguntado por esta cuestión, el gabinete de comunicación de la Universidad de Valladolid ha remitido a este diario a las declaraciones del rector, Antonio Largo, hace unos días. El máximo responsable de la UVa lamentó que la LOSU suponga “muchísimos problemas y pocas soluciones” y aseguró que el objetivo es “optimizar los recursos que hay y ser más eficientes”. Otras universidades de Castilla y León no están ampliando el número de alumnos por aula o están negociando con los sindicatos, algo que —estos recriminan—, la Universidad de Valladolid no hace.

“Hemos propuesto que las optativas se racionalicen más e incrementado un 12% el índice de desdoble, pero se mantiene el tamaño de referencia de los grupos”, afirmaba la semana pasada. Largo recordaba que no han abordado los horarios, puesto que esto es competencia de cada centro, aunque es algo que no descartó directamente, aunque sí se mostró partidario de que las aulas “abran el 100% de las horas”. “No vamos a intervenir en decir si tiene que ser de mañana o de tarde”, apuntaba.

Asociaciones y sindicatos alertan de una posible pérdida de calidad

De momento ni asociaciones ni sindicatos se muestran muy tajantes contra la iniciativa de Rectorado, a la espera de ver qué proponen las facultades, aunque sí alertan de una posible masificación de los alumnos, una pérdida de calidad y un paso atrás contrario a Bolonia. Porque no es lo mismo corregir diez prácticas de 50 alumnos que diez prácticas de 100.

El presidente de la Asociación para la Defensa de los Derechos de los Estudiantes (ADDE), Pablo González, teme que haya una reducción de horarios y haya alumnos que no puedan optar a la docencia vespertina como hasta ahora. Este periódico también ha contactado con los Estudiantes de Derecho por la Universidad Pública (EDUP), que han preferido esperar a la reunión que tienen fijada con rectorado este lunes antes de hacer declaraciones a los medios de comunicación.

La secretaria regional de Universidades de la Federación de Enseñanza de CCOO Castilla y León, Mamen Mascaraque Egido, reprocha que la solución sea “juntar grupos” si no se contrata al personal suficiente. La sindicalista de CCOO espera que finalmente llegue la financiación necesaria desde el Ministerio o desde la Junta de Castilla y León.

“Apoyaremos las reclamaciones de los centros, que están justificadas y buscan mantener la calidad de la docencia”, expresa Patricia Gómez Costilla desde UGT. Fuentes de CSIF creen que la LOSU tendrá “una aplicación excelente” en las universidades que estén “bien financiadas”. “Sin embargo en las que no lo están, no lo pueden soportar”, lamentan.

De momento, son muchas las cuestiones que están en el aire, a la espera de la propuesta definitiva de la Universidad de Valladolid. Puede que se reduzca el número de grupos, pero que se mantengan turnos de mañana y tarde o se supriman uno de los dos turnos. Actualmente estas son las carreras que tienen diferentes horarios, según lo recopilado por este diario: Publicidad y Relaciones Públicas (en Segovia), Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería Mecánica, Comercio, Derecho, Educación Infantil, Educación Primaria y Periodismo.

Las facultades harán sus previsiones en función del número de matriculados este curso, aunque ese dato no está disponible en el portal de Transparencia, porque no da el dato por curso, sino en toda la titulación.