El Ayuntamiento de Manises ha vivido este jueves una jornada significativa con el relevo en la alcaldía de la ciudad. Jesús Borràs ha asumido oficialmente la vara de mando, tomando el testigo de Javier Mansilla al frente del consistorio, en cumplimiento del acuerdo de gobierno subscrito entre PSPV, APM-Compromís y Podemos para el mandato 2023-2027.

El cambio representa una nueva etapa dentro de un proyecto compartido que ha gobernado Manises durante los últimos años con el objetivo de “continuar impulsando políticas progresistas, transformadoras y centradas en el bienestar de la ciudadanía”. El relevo se produce “desde la normalidad institucional y desde la voluntad de reforzar la estabilidad de un gobierno que cuenta con una mayoría consolidada”.

Los representantes de las tres fuerzas que integran el ejecutivo municipal han destacado el clima de confianza, lealtad y cooperación que ha hecho posible esta alternancia al frente del ayuntamiento. Una fórmula que, según han señalado, “demuestra que la política puede construirse desde el diálogo, el consenso y la generosidad al servicio del interés general”.

Con este relevo, el equipo de gobierno afronta el último año de mandato con la voluntad de “culminar proyectos estratégicos para la ciudad y continuar trabajando desde la unidad para dar respuesta a los retos presentes y futuros de Manises”.

En cuanto a la estructura de las áreas de gestión, los cambios son los siguientes: el nuevo alcalde, Jesús Borràs, pasa a responsabilizarse de relaciones institucionales, protocolo, hermanamientos, comunicación y coordinación Unesco, además de las áreas que ya ocupaba. Por su parte el alcalde saliente, Javier Mansilla, asume delegaciones de Vivienda, Proyectos Europeos, Subvenciones y Turismo. Por último, contratación y patrimonio, que antes estaba en manos de Jesús Borràs, pasan a ser dirigidas por el concejal de APM-Compromís, Xavier Morant. Y finalmente, la reordenación de las tenencias de alcaldía quedan ahora de la siguiente manera, de primera a sexta: Javier Mansilla, Rafa Mercader, Carmen Moreno, Ángel Mora, María José Zamora y Juan Carlos Esteve.

La nueva etapa que se abre mantiene intacto el objetivo compartido de las fuerzas progresistas, “continuar construyendo una ciudad más cohesionada, innovadora, sostenible y próspera para toda la ciudadanía”.

El proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2026 incorpora una partida de 3 millones de euros para el futuro centro de Formación Profesional impulsado por Femeval y su empresa Gestram. El propio proyecto presupuestario sitúa esta actuación dentro del Pla Endavant de recuperación tras la dana, concretamente en las iniciativas B.19.1 y B.19.2, integradas en el programa de Actuaciones de Emergencia y Recuperación.

Compromís per Picanya considera contradictorio que un proyecto privado de nueva construcción forme parte de las actuaciones de recuperación vinculadas a la dana mientras continúan sin financiación específica las obras previstas en los centros educativos públicos del municipio, incluidas en la propuesta del Edificant II remitida por el ayuntamiento a la conselleria.

La inversión para el proyecto de la patronal del metal figura en los presupuestos bajo la denominación 'Dana Gestram Femeval Centro de Desarrollo de Talento'. El proyecto cuenta además con la participación del Ayuntamiento de Picanya, que ha aprobado la cesión durante 75 años de una parcela municipal, una bonificación del ICIO superior a 254.000 euros y una aportación de 1,1 millones de euros para la construcción del aparcamiento asociado al centro. En conjunto, la Generalitat y el ayuntamiento comprometen más de 6,6 millones de euros de recursos públicos para hacer posible el proyecto.

Mientras tanto, las actuaciones previstas para el CEIP Ausiàs March, el CEIP Baladre y el IES Enric Valor no aparecen recogidas en el proyecto de presupuestos. En el caso del CEIP Ausiàs March, Compromís recuerda que las aulas de Infantil sí resultaron afectadas por la barrancada del pasado mes de octubre y que su reconstrucción integral continúa pendiente.

“No entendemos cómo un proyecto privado de nueva construcción posterior al 29 de octubre puede formar parte del Pla Endavant y de las actuaciones de recuperación de la dana mientras siguen sin financiación actuaciones pendientes en infraestructuras educativas públicas que sí se vieron afectadas por la barrancada”, ha señalado Guillem Gil, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Picanya.

Tres enmiendas para reforzar la inversión en los centros públicos

Compromís ha anunciado la presentación de tres enmiendas al proyecto de presupuestos de la Generalitat. La principal plantea una dotación de 3,25 millones de euros para incorporar íntegramente las actuaciones previstas en el Edificant II para los centros educativos públicos de Picanya.

Además, la coalición ha registrado dos enmiendas específicas para impulsar las actuaciones consideradas más urgentes. La primera solicita 1,6 millones de euros para la construcción del nuevo edificio de Educación Infantil del CEIP Ausiàs March, una actuación pendiente cuya necesidad se vio agravada tras los daños ocasionados por la barrancada.

La segunda propone una inversión de 900.000 euros para actuaciones de climatización, confort térmico y creación de refugios climáticos en los centros educativos públicos de Picanya. Compromís recuerda que municipios como Torrent o Paterna ya han decidido destinar recursos municipales para avanzar en la climatización de sus colegios, pese a tratarse de una competencia que corresponde a la Generalitat.

“Resulta difícil entender que la Generalitat y el ayuntamiento movilicen más de 6,6 millones de euros de recursos públicos para un proyecto privado mientras otras administraciones locales se ven obligadas a financiar actuaciones que corresponden a la Generalitat. Creemos que Picanya merece un camino diferente al que hoy representan el Consell y el gobierno municipal: un modelo que priorice la inversión en los centros públicos antes que la financiación de nuevos proyectos privados”, ha concluido Guillem Gil.

El Barrio del Cristo y Quart de Poblet estarán conectados a partir del próximo 29 de junio por una nueva línea lanzadera de Metrobús. De esta forma, se cumple con una reivindicación sostenida durante años por parte del Ayuntamiento hacia la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV), dependiente de la Vicepresidencia tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación de la Generalitat Valenciana.

La nueva línea, identificada como 162C, responde a la necesidad de establecer una conexión directa entre el Barrio del Cristo y la red de Metrovalencia. Así, este servicio servirá para cohesionar Quart de Poblet con el Barrio del Cristo y facilitar la movilidad de los vecinos y vecinas de la Mancomunidad, así como integrarlo en la red de Metrovalencia. El recorrido tendrá una duración aproximada de 12 minutos en dirección a la estación de Metrovalencia y de 10 minutos en sentido inverso.

La línea contará con 17 expediciones de ida y otras 17 de vuelta distribuidas en tres franjas horarias —mañana, mediodía y tarde-noche— con el fin de adaptarse a los principales momentos de desplazamiento de las personas usuarias. El primer servicio partirá a las 7.00 horas desde el Barrio del Cristo, mientras que la última expedición saldrá a las 21.00 horas desde la estación de Quart de Poblet.

El servicio se prestará mediante un autobús eléctrico y las paradas estarán equipadas con códigos Navilens, que facilitan el acceso a la información del servicio, especialmente a las personas con discapacidad visual. Asimismo, se instalarán marquesinas con información en tiempo real para mejorar la experiencia de uso y ofrecer información actualizada durante la espera.

Una reivindicación del Ayuntamiento de Quart de Poblet

El 21 de marzo de 2024, el Consistorio trasladó formalmente a la ATMV la necesidad de implantar un servicio lanzadera mediante autobuses de tracción eléctrica, similar al existente en Xirivella, que asegurara el acceso efectivo a la red metropolitana, la conexión con los municipios de la Mancomunidad Intermunicipal, como Quart de Poblet y Aldaia, y que ofreciera idénticos niveles de calidad, frecuencia, puntualidad, accesibilidad e integración tarifaria, sin suponer sobrecoste alguno ni para las personas usuarias ni para el propio Ayuntamiento.

Aunque a fecha 28 de mayo de 2024 la entonces directora gerente de la Autoridad confirmó por escrito que la lanzadera que daría servicio al Barrio del Cristo quedaba recogida en el contrato de operación de los servicios metropolitanos de autobús para los próximos diez años, atendiendo las necesidades de Xirivella, Quart de Poblet, el Barrio del Cristo y municipios adyacentes, será dos años después cuando estará en funcionamiento este servicio.

Tras varios meses de reuniones técnicas y políticas mantenidas entre ambas administraciones, en las que se abordó la necesidad de garantizar una solución de movilidad justa, eficiente y en igualdad de condiciones para la ciudadanía del Barrio del Cristo, el Ayuntamiento de Quart de Poblet exigió de nuevo a la ATMV en marzo de 2026 el cumplimiento íntegro de los compromisos adquiridos para la implantación de un servicio lanzadera que conecte de forma eficaz el Barrio del Cristo con la red de Metrovalencia. Finalmente, este próximo lunes, 29 de junio, se pondrá en marcha la nueva lanzadera.

El Ayuntamiento de Paiporta, a través de la Concejalía de Educación, ha destinado 12.864,72 euros a la instalación temporal de equipos de climatización en el CEIP Lluís Vives con el objetivo de garantizar el bienestar del alumnado y del personal educativo durante los meses de temperaturas más elevadas.

La actuación, financiada íntegramente por el Consistorio, consiste en el alquiler de equipos de aire acondicionado para los meses de junio, julio, septiembre y octubre. En concreto, se han instalado dos equipos industriales en el comedor del centro y otros doce equipos distribuidos entre las aulas de Educación Infantil y Primaria.

La concejala de Educación, Olga Sandrós, ha destacado que “desde el área de Educación hemos asumido esta actuación porque consideramos prioritario garantizar que nuestras niñas y niños dispongan de espacios dignos, seguros y adecuados para su aprendizaje, especialmente durante los periodos de calor extremo”.

Sandrós ha remarcado que “la educación es una de las grandes prioridades de este equipo de gobierno y, siempre que esté en nuestras manos, seguiremos dando respuesta a las necesidades de los centros educativos del municipio”. En este sentido, ha explicado que el Ayuntamiento ya está trabajando para dotar también de sistemas de climatización al CEIP Ausiàs March, con el objetivo de seguir mejorando el confort del alumnado y del personal docente de los centros educativos de Paiporta.

Por su parte, el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha subrayado el compromiso municipal con la comunidad educativa. “El Ayuntamiento de Paiporta estará siempre al lado de sus centros educativos. Creemos firmemente en la educación pública como herramienta de igualdad de oportunidades y de progreso social, y por ello seguiremos apoyando todas aquellas actuaciones que contribuyan a mejorar las condiciones del alumnado y del profesorado”, ha afirmado.

Con esta actuación, el Consistorio refuerza su compromiso con la calidad de los espacios educativos del municipio y con el bienestar de los cientos de niñas y niños que cada día desarrollan su actividad escolar en los centros públicos de Paiporta.

El Ayuntamiento de Catarroja ha iniciado la reordenación del aparcamiento en la Plaza Mayor, un espacio emblemático afectado por un uso excepcional desde las inundaciones provocadas por la dana del 29 de octubre de 2024. La actuación parte del Pla Aparca y busca devolver este enclave central a la ciudadanía. El objetivo es compatibilizar el uso peatonal y vecinal con un estacionamiento más seguro, accesible y coherente con la vida del municipio.

Tras la catástrofe, la amplitud de la plaza la convirtió en un nodo logístico clave para la emergencia, donde operaron vehículos de rescate y efectivos de la UME. Superada la fase crítica, y ante la falta de parkings operativos, el espacio asumió el rol de aparcamiento provisional para los residentes del barrio.

Sin embargo, esta saturación de vehículos generó problemas de accesibilidad para mayores o personas con movilidad reducida, y limitó el uso social y seguro de la plaza para los niños. La necesidad de cambio cuenta con el aval de la Policía Local, que certifica la normalización viaria: ya solo quedan por reparar 19 de los 189 aparcamientos municipales.

La alcaldesa, Lorena Silvent, defiende la intervención para recuperar la normalidad urbana: “No se trata de quitar aparcamiento sin más, sino de ordenarlo mejor, hacerlo compatible con la vida de la plaza y garantizar las necesidades del vecindario”. Además, subraya que la iniciativa une pedagogía ciudadana y soluciones técnicas.

Con el nuevo diseño, la Plaza Mayor mantendrá 65 plazas de uso preferente para residentes. Así se evita la prohibición absoluta y se asegura el acceso a viviendas y servicios de emergencia. La medida se suma al éxito global del Pla Aparca, que ya suma 2.700 plazas en el municipio y añade otras 90 en el Camí de les Corregudes, a dos minutos del centro.

Esta reordenación en superficie es una fase de transición. El consistorio agiliza los trámites para que a finales de verano comiencen las obras del parking subterráneo municipal de la plaza. Este proyecto, con una inversión superior a los cinco millones de euros, solucionará el déficit de estacionamiento a largo plazo y consolidará la recuperación definitiva del espacio público.

El Ayuntamiento de Paiporta ha celebrado una jornada informativa abierta a la ciudadanía para explicar los detalles del Plan de Reconstrucción de las Infraestructuras Hidráulicas Municipales afectadas por la dana. La sesión, conducida por el equipo técnico de la Unidad de Proyectos Especiales Dana (Unpe dana) de Global Omnium, empresa concesionaria de la gestión del ciclo integral del agua en Paiporta, ha servido para resolver dudas y dar a conocer una actuación que supondrá la renovación integral de la red de alcantarillado del municipio.

Durante la jornada, los técnicos de la Unpe dana han remarcado que se trata de una intervención sin precedentes. “No ha habido una obra de esta envergadura en ningún municipio de España”, han señalado, en referencia a la reconstrucción simultánea de una red urbana que resultó afectada al 100 % durante la dana de octubre de 2024. “Es la primera vez que se afrontará la reconstrucción integral de un municipio mientras se mantiene el día a día de sus vecinos y vecinas”.

También han destacado que disponer de un plan director previo de la red de saneamiento ha permitido realizar un diagnóstico más rápido y preciso de las necesidades derivadas de los trabajos de reconstrucción. La obra supone un reto mayúsculo que dotará a Paiporta de un sistema de saneamiento moderno y adaptado a los nuevos tiempos.

El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha explicado la trascendencia de un proyecto que “supone una de las inversiones más importantes de la historia reciente del municipio” y que permitirá reparar los daños ocasionados por la dana al tiempo que moderniza unas infraestructuras esenciales para el futuro de Paiporta. El alcalde ha puesto en valor la coordinación entre administraciones y el esfuerzo técnico realizado durante los últimos meses para adaptar los proyectos iniciales a las necesidades reales del municipio.

Por su parte, la vicealcaldesa y concejala de Reconstrucción, Marian Val, ha destacado la complejidad de la actuación y el trabajo de planificación desarrollado desde el inicio de la emergencia. Val ha remarcado que «las obras se han diseñado para minimizar las molestias a la ciudadanía y que la coordinación entre el Ayuntamiento, las empresas adjudicatarias y la Policía Local será fundamental para que los trabajos avancen con normalidad durante los próximos años».

Si se cumplen los plazos previstos, las obras podrían comenzar en octubre. Los trabajos se desarrollarán de forma simultánea en tres frentes y contarán con una coordinación constante entre las empresas adjudicatarias, el Ayuntamiento y la Policía Local para minimizar las afecciones a la ciudadanía. Según las previsiones actuales, no se esperan cortes en el suministro de agua, salvo actuaciones puntuales y de corta duración.

Una red gravemente afectada por la dana

Paiporta cuenta con una red de alcantarillado de 78,33 kilómetros de longitud que resultó afectada en su totalidad por la DANA. Tras los estudios técnicos realizados, se ha determinado la necesidad de reconstruir 22,46 kilómetros de conducciones, el equivalente al 28,67 % de la red municipal, con un plazo estimado de 48 meses para completar todas las actuaciones.

La inversión global prevista asciende a 90.670.270 euros, de los cuales 46.523.342 euros corresponden a la subvención concedida a Global Omnium por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), y 43.835.492 euros a la subvención concedida por el Ministerio de Política Territorial al Ayuntamiento de Paiporta.

El objetivo es transformar una infraestructura dañada por la catástrofe en una red moderna, resiliente y adaptada a las exigencias actuales de sostenibilidad, drenaje urbano y adaptación al cambio climático.

Tres lotes para acelerar las obras

Debido a la magnitud de la intervención, los trabajos se han dividido en tres grandes lotes que se desarrollarán de forma paralela y coordinada en las diferentes zonas urbanas, industriales y residenciales del municipio. Cada lote corresponde a un área concreta del municipio, dividiéndose en una zona norte, una zona sur y una zona sureste.

Estas obras incluirán trabajos de sustitución de pozos de registro, renovación de acometidas domiciliarias, mejora de imbornales y reconstrucción de la red de saneamiento.

En conjunto, las actuaciones permitirán renovar cientos de elementos de la infraestructura hidráulica municipal y aumentar la capacidad de respuesta ante episodios meteorológicos extremos.

Una red preparada para el futuro

Los proyectos no se limitan a reponer las infraestructuras existentes. Durante los últimos meses, los equipos técnicos han trabajado para que las ayudas estatales permitan incorporar mejoras estructurales que incrementen la capacidad y la eficiencia de la red.

Entre las actuaciones previstas destacan la mejora del sistema de drenaje en episodios de lluvia, la adaptación al Real Decreto 665/2023 sobre desbordamientos de los sistemas de saneamiento, la construcción de nuevos elementos de control y retención de contaminantes, así como la incorporación de soluciones basadas en la sostenibilidad y la resiliencia climática.

El plan incluye también la construcción de cinco tanques anticontaminación, un parque inundable y un canal de desagüe verde, además de sistemas de drenaje urbano sostenible, pavimentos permeables y nuevas infraestructuras de control de inundaciones.

Del diagnóstico a la licitación

La licitación de las obras se publicó el 25 de abril de 2026 tanto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), estableciéndose el 25 de mayo como fecha límite para la presentación de ofertas.

Una vez obtenidas todas las aprobaciones, a principios de abril de 2026 se pudo iniciar el procedimiento de licitación. Más de 25 empresas han mostrado interés en participar en las obras y actualmente las ofertas se encuentran en fase de evaluación.

La apertura de las propuestas económicas está prevista para mediados de junio y la previsión es conocer las empresas adjudicatarias en torno al 20 de junio. Posteriormente, el Ministerio deberá revisar el procedimiento de selección antes de otorgar la autorización definitiva.

De forma previa a la publicación de la licitación de las obras, el Ayuntamiento y Global Omnium llevaban meses trabajando en la planificación y coordinación de las actuaciones. Además, se solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica modificar las bases de las ayudas para que estas no contemplaran únicamente actuaciones de reposición y permitieran incorporar mejoras estructurales.

Un proyecto estratégico para la reconstrucción

La reconstrucción del alcantarillado constituye una de las actuaciones más importantes del proceso de recuperación de Paiporta tras la DANA. Además de reparar los daños ocasionados por la riada, el proyecto permitirá disponer de una red de saneamiento más eficiente, segura y preparada para afrontar los retos derivados del cambio climático y de los episodios meteorológicos extremos.

Según destacaron los responsables técnicos durante la jornada, la combinación de inversión, planificación e innovación convertirá esta actuación en un referente para futuras intervenciones de reconstrucción hidráulica en España.

La Fiscalía ha incoado diligencias de investigación a la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto por no permitir a las mujeres procesionar, tras la denuncia del Ministerio de Igualdad.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha informado del inicio de diligencias en un mensaje en la red social X y tacha esa decisión de “discriminatoria”.

“La visita del papa a España debería servir para abordar asuntos como la necesidad de que las cofradías garanticen siempre la igualdad”, añade la titular de Igualdad en ese mensaje.

El Ministerio de Igualdad trasladó a la Fiscalía la decisión de la Cofradía de no permitir -por segunda vez en su historia- que procesionaran las mujeres, tras una votación interna el pasado mes de marzo.

De los cerca de 400 cofrades que participaron en la votación, 114 votaron a favor y 267 en contra. Los estatutos de la entidad hablan de “varones”, y la propuesta planteaba sustituir ese término por “personas”, cambio que no fue aprobado.

Esta decisión provocó una gran polémica, y el Gobierno inició también el procedimiento para retirar a la Semana Santa de Sagunto el título de fiesta de interés turístico nacional, reconocimiento que ostenta desde 2004.

La Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto es la entidad organizadora de la Semana Santa saguntina y cuenta con más de 500 años de historia, con actos documentados desde 1492, y en ella también hay mujeres, pero que llevan a cabo otras tareas.

En declaraciones a EFE, la representante del colectivo Semana Santa Inclusiva, Blanca Ribelles, ha señalado que es “una lástima haber llegado a esta situación”, de la que han tenido conocimiento a través de los medios, pero en su opinión “es lo que hay”.

“Los cofrades tuvieron la oportunidad (de corregir esa medida) en la última votación y decidieron seguir discriminando; desde Semana Santa Inclusiva les acabamos de plantear en una reunión la modificación de una propuesta para modificar los estatutos y ni siquiera la han estudiado”, ha criticado Ribelles.

A su juicio, esta situación “podría finalizar mañana si la directiva, en base a la legalidad vigente y a sus competencias, anuncia que aceptará las solicitudes de mujeres, solicitudes que sabemos que se van realizando porque la forma de inscribirse en la cofradía o de apuntarse a la cofradía es, tal y como explican en la web, a través de un Google Forms”.

“Sabemos de muchas mujeres que han solicitado el ingreso a la cofradía y hemos tenido la callada por respuesta. Bueno, eso es lo que hay”, según la portavoz del colectivo.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha viajado hoy al municipio valenciano de Picanya, arrasado por la DANA de octubre de 2024, para asistir a la puesta en servicio de la nueva pasarela de María Cambrils, la primera de las cinco estructuras de esta localidad que se pone en servicio tras haber sido reconstruida por el Ministerio con una inversión de 2,1 millones de euros.

Puente ha mostrado su “satisfacción” por ver que el municipio de Picanya, “una de las llamadas zonas cero de la DANA”, va recuperando su normalidad. “Es bonito ver cómo ha cambiado todo para bien y cómo la gente empieza a utilizarla” se ha felicitado el ministro durante su recorrido por esta estructura, reconstruida por el Ministerio bajo el principio de resistencia y robustez contra los efectos del cambio climático.

Junto a la pasarela María Cambrils, el Ministerio está actuando en otras cuatro infraestructuras cercanas: el Puente de la Avenida del Mediterráneo, en reparación, la pasarela Poeta Ángel González, que está siendo reconstruida, y los puentes de la Calle Valencia y de la travesía de Diputació, también en reconstrucción. Sobre este último, contiguo a la pasarela María Cambrils, el ministro ha constatado el avanzado estado de las obras tras haber finalizado la colocación del tablero. Con 13,15 metros de ancho, el puente contendrá carriles para el tráfico rodado, acera peatonal y carril bici.

Óscar Puente ha destacado las nuevas características que reúnen esta y el resto de estructuras objeto de reparación o reconstrucción por parte del Ministerio, y que tienen “el objetivo de resistir una DANA similar o superior a la que se vivió en octubre de 2024”. Como elementos que hacen ganar robustez a la estructura, el ministro ha señalado los pilares “pilotados a 20 metros de profundidad”, el tablero “preparado para ser hidrodinámico y no ofrecer resistencia al paso del agua” o las propias barandillas “que evitarán el efecto vela”.

“Los criterios empleados para reconstruir las infraestructuras de la zona de la DANA son criterios que atienden a la realidad del futuro, en la que tendremos eventos climáticos más extremos, con más pluviosidad o más calor. Estas construcciones tienen que servir para resistirlas” ha rematado.

El Ministerio, encargado de reparar las estructuras municipales

Las actuaciones en Picanya se enmarcan en el convenio suscrito el 5 de marzo de 2025 entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Ayuntamiento de Picanya para hacer frente a los daños causados por la DANA en diferentes estructuras de la red de carreteras del municipio. A su vez, el convenio forma parte del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la dana suscrito por el Ministerio y los municipios valencianos de Manises, Paiporta, Picanya, Riba-roja de Túria, Almussafes, Beniparrell, Catarroja y Quart de Poblet.

Con este Plan, el Ministerio se comprometía, a través de la Dirección general de Carreteras, a reparar o reconstruir estructuras de titularidad municipal, en concreto: reparación de 11 puentes (6 obras de reparación de daños estructurales y 5 obras de reparación de daños en las inmediaciones de estructuras de paso); construcción de 3 nuevas pasarelas; y construcción de 3 nuevos puentes.

Este plan supuso la activación de 34 millones de euros de fondos de emergencia.

La nueva pasarela María Cambrils está concebida para un uso peatonal y ciclista, dando continuidad a las vías municipales. Así, su sección ha sido mejorada según las recomendaciones para el diseño de infraestructura ciclista de la Dirección General de Carreteras, disponiendo de una anchura útil de cinco metros.

La titularidad de la nueva pasarela de Maria Cambrils corresponde al Ayuntamiento de Picanya, que se encarga también de su conservación y explotación.

Características técnicas

Tras el paso de la DANA, y en el marco del Plan de respuesta, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible inició los trabajos de limpieza de los cauces, inspecciones detalladas de cada una de las estructuras dañadas y estudios para definir las soluciones de reparación necesarias.

Así, en el diseño de las nuevas pasarelas se han fijado cuatro condicionantes principales: robustez frente a fenómenos climáticos y nuevas avenidas, a partir del análisis del comportamiento de las estructuras anteriores frente a la última dana; montaje ágil; integración urbana y estética; y movilidad sostenible, favoreciendo la movilidad activa peatonal y ciclista.

La nueva pasarela de Maria Cambrils tiene una longitud total de 82,10 metros. Cuenta con dos pilas de hormigón armado con geometría adaptada a empujes del agua, y que están cimentadas en profundidad a través de pilotes en el propio cauce, lo que da a la pasarela mayor robustez ante posibles crecidas del cauce del barranco.

Por su parte, el tablero combina una estructura metálica con una losa superior de hormigón, con una mínima ocupación del espacio del cauce y facilitando así el paso del agua ante hipotéticas crecidas.

En cuanto a su uso, la pasarela tiene 6 metros de ancho: 5 de ellos destinados al paso de peatones y ciclistas más medio metro a cada lado para las barandillas de protección. Estas barandillas están pensadas para ceder en caso de una crecida muy fuerte, actuando como un elemento de seguridad que evita que la estructura principal sufra daños mayores.

La pasarela se ha dotado de luminarias LED bajo el pasamanos para su iluminación nocturna.

Las obras incluyen también la urbanización necesaria en la zona de conexión de los extremos de la pasarela con el viario urbano colindante y la reposición de los servicios afectados por las obras.

El Ayuntamiento de Catarroja aprobó en el pleno celebrado el pasado 30 de abril la extinción del organismo autónomo local vinculado a la residencia de mayores del municipio, una decisión adoptada tras haber explorado todas las alternativas legales y administrativas posibles para garantizar la continuidad del servicio.

El cierre del centro, derivado de los graves daños ocasionados por la dana, generó una situación compleja que ha sido analizada durante los últimos meses desde el punto de vista jurídico, económico y de gestión, sin que haya sido posible articular una alternativa viable en el actual contexto.

En el pleno del mes de marzo, el equipo de gobierno decidió posponer la decisión de extinción con el objetivo de dar margen a los grupos municipales del Partido Popular y Vox para que pudieran plantear propuestas alternativas a las ya estudiadas por el Consistorio.

Posteriormente, en el pleno de abril, el informe jurídico municipal evaluó las propuestas finalmente trasladadas y concluyó que no eran viables jurídicamente, por lo que no podían dar una respuesta efectiva a la situación planteada, procediéndose a la aprobación de la extinción del organismo.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha señalado que “esta es una decisión que nadie quería tomar, pero que ha sido inevitable tras meses de trabajo y de análisis. Hemos explorado todas las vías posibles, recolocado al personal, hemos dado tiempo adicional para encontrar alternativas y hemos actuado con responsabilidad en todo momento”.

Silvent ha añadido que “las consecuencias de la dana sobre las instalaciones y la ausencia de una solución estructural por parte de la Generalitat Valenciana han limitado las opciones reales, obligándonos a tomar una decisión que garantice seguridad jurídica y orden en la gestión”.

Desde el Ayuntamiento se insiste en que el proceso se ha desarrollado con transparencia, rigor técnico y voluntad de diálogo, priorizando en todo momento el interés general y la necesidad de dar una respuesta ordenada a una situación sobrevenida.

El consistorio continuará trabajando para definir el futuro del servicio y dar respuesta a las necesidades de las personas mayores del municipio, en coordinación con las administraciones competentes.

Cure KARS - Laia Foundation, junto con el Ayuntamiento de lʼAlcúdia de Crespins, organiza la II Marcha Solidaria para sensibilizar sobre los síndromes KARS y recaudar fondos para el proyecto de investigación de una terapia genética, que tendrá lugar el próximo domingo 3 de mayo a las 10 horas. Estas enfermedades no tienen cura y la investigación se encuentra en una fase muy preliminar. Por ello, esta iniciativa es vital para los poco más de 50 casos que existen en el mundo.

Gracias al apoyo que el pueblo y las empresas de lʼAlcúdia de Crespins brindaron en la I Marcha Solidaria, con una recaudación de fondos histórica de más de 16.500 euros, Cure KARS lanzó, de la mano del Instituto de Salud Carlos III, el primer proyecto de investigación para el desarrollo de una terapia genética de reemplazo para KARS1. Una gran esperanza para los niños y niñas que padecen esta situación y para sus familias, ya que se trataría de la primera posible cura para estas enfermedades ultrarraras. Con esta segunda marcha, la fundación de utilidad pública y sin ánimo de lucro pretende conseguir un impulso económico que posibilite la consolidación del proyecto de investigación, que cuenta con un coste de 250.000 euros a lo largo de 4 años.

Actualmente, la organización ha abierto un plazo de recepción de donaciones por parte de empresas del territorio y vecinos, y anima a todo el mundo a convertirse en un actor clave en la investigación científica en nuestro país y a formar parte de la cura. El apoyo a este acto no solo representa un gesto de generosidad, sino también una oportunidad para implicarse activamente en un evento que genera un verdadero cambio para niños y niñas de todo el mundo. A día de hoy, ya han mostrado su apoyo unas cincuenta empresas y se han vendido más de 500 dorsales en los puntos de venta físicos. La venta de dorsales también está ya disponible en el Ayuntamiento de lʼAlcúdia de Crespins, Baldufa, Forn Ribelles, Sara, Vinarium y Forn i Que Bo!!!, a quienes la organización agradece su colaboración desinteresada.

Los dorsales zero se pueden conseguir en este enlace.

El problema del acceso a la vivienda sigue marcando la agenda política de las instituciones. En esa búsqueda de soluciones o de propuestas que puedan mitigar la complicada situación social que provoca la falta de oferta y los altos precios, el Ayuntamiento de Picassent va a explorar una fórmula pionera que evite la especulación y que no le afecte el continuo crecimiento de los valores inmobiliarios.

La propuesta municipal es la conocida como cesión de uso, por la que el Ayuntamiento cede suelo público durante 75 años para que un grupo de cooperativistas puedan llevar a cabo la promoción de viviendas con un desembolso inicial de en torno a 30.000 euros y cuotas mensuales durante el disfrute de la vivienda. Estas cuotas dependerán del coste total y el número de participantes en el proyecto, pero la pretensión es que no sean más de 500 euros mensuales. Además, con esta cuota mensual no solo se limita al uso de la vivienda, sino que incluye todos los costes asociados al funcionamiento del edificio, tanto los ordinarios de la comunidad necesarios para el mantenimiento de los espacios comunes y servicios, como para la amortización del préstamo suscrito por la cooperativa para financiar la construcción.

Con esta fórmula incluso se podrá traspasar lo propiedad a los hijos, incluso recuperar la cantidad inicial entregada si se decide abandonar la vivienda. En definitiva, la Administración cede el derecho de superficie de una parcela de titularidad pública a la cooperativa adjudicataria durante los 75 años, mientras que la promoción, construcción y gestión del edificio corresponde a la cooperativa.

Para la alcaldesa de Picassent Conxa García este modelo pionero de colaboración social es una iniciativa importante “porque preserva la titularidad pública del suelo, evita la especulación y permite el acceso a la vivienda sin afectar a los precios la subida que supone la actividad especulativa”. La alcaldesa ha subrayado que “el modelo cooperativista es una buena fórmula que hay que fomentar y aumentar, ya que esta colaboración entre ayuntamiento y propietarios asegura calidad y protección más allá de las fluctuaciones del mercado inmobiliario”.

El estudio inicial de la promoción prevé la construcción de unas 30 viviendas con plazas de garaje y zonas comunes, ubicada esta primera iniciativa de

cesión de uso junto a la estación de ferrocarril, donde en la actualidad se da uso como aparcamiento a este solar donde se construirá la promoción.

Reunión informativa

Para dar a conocer los detalles de este nuevo modelo de acceso a la vivienda, se ha organizado una primera charla informativa, donde los responsables del urbanismo municipal y empresas especializadas harán una explicación pormenorizada y subsanarán cualquier duda de los asistentes interesados. Este acto informativo será el miércoles 29 de abril a las 18.30h en el Refugi Cultural de Picassent.

45 viviendas para alquiler

Esta iniciativa se suma a la conocida hace algunas semanas, donde el Ayuntamiento anunció una inversión de 4 millones de euros procedentes de fondos europeos para realizar en suelo dotacional la promoción de 45 viviendas para alquiler asequible, con el fin de aumentar la oferta de vivienda para colectivos más vulnerables, teniendo prioridad las personas afectadas por la dana.

El Grupo Municipal Socialista de Pilar de la Horadada ha solicitado la cancelación de un curso de inversión en criptomonedas promocionado desde el ayuntamiento, cuya celebración está prevista de forma gratuita en instalaciones municipales entre el 27 de abril al 4 de mayo de 2026 a cargo de una asociación de reciente creación y ha reclamado explicaciones al equipo de gobierno de José María Pérez Sánchez (PP) sobre la relación con esta actividad.

El concejal y portavoz adjunto del PSOE, Ángel T. Cegarra, ha mostrado su preocupación por el enfoque del curso y por el respaldo institucional que está recibiendo una «actividad orientada a la formación en inversión en criptoactivos, un ámbito caracterizado por su elevada volatilidad, falta de garantías y riesgos significativos, especialmente para jóvenes sin formación financiera», como han trasladado en el escrito registrado en el ayuntamiento.

En este sentido, los socialistas también señalan que “organismos supervisores como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España han advertido de forma reiterada sobre los riesgos asociados a este tipo de activos, señalando la posibilidad de pérdidas totales de la inversión, la alta volatilidad y la falta de protección del inversor”.

Desde el PSOE pilareño también advierten que «este tipo de cursos, por su enfoque habitual, suelen estar asociados a modelos basados en expectativas irreales de beneficios rápidos, en algunos casos vinculados a prácticas que han derivado en pérdidas económicas importantes para jóvenes y sus familias».

Y consideran, en relación del apoyo municipal a la actividad, que «una administración pública no puede contribuir, ni directa ni indirectamente, a generar expectativas irreales de enriquecimiento rápido ni a difundir actividades que puedan derivar en perjuicios económicos para la ciudadanía, especialmente entre los jóvenes».

En este sentido también han señalado “imprescindible que –estas actividades- se desarrollen con todas las garantías, transparencia y responsabilidad, especialmente cuando existe una vinculación directa o indirecta con una institución pública”, como es en este caso el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, que aparece como colaborador y promociona la actividad públicamente.

En su comunicado, desde el Grupo Municipal Socialista muestran su apoyo a las asociaciones e iniciativas locales, pero en este caso creen que “existen dudas razonables que agravan la preocupación: la reciente creación de la entidad organizadora, sin trayectoria conocida, la coincidencia temporal entre la creación de perfiles en redes sociales y la promoción del curso, además de la falta de información clara sobre contenidos, responsables o garantías de la actividad”.

Cegarra ha explicado que “lo preocupante no es el curso. Lo preocupante es que el Ayuntamiento le esté dando visibilidad, espacio y promoción” y ha afirmado que “una institución pública no está para eso, está para prevenir y explicar las consecuencias negativas de este tipo de inversiones”. El edil socialista también ha insistido en que “la CNMV y el Banco de España lo advierten, puedes perderlo todo”.

Por lo que desde el PSOE han pedido por escrito al alcalde José María Pérez Sánchez «actuar bajo principios de prudencia, protección de la ciudadanía y garantía de información veraz». Y en consecuencia, la cancelación del curso de inversión en criptomonedas y la retirada de su difusión en los canales municipales, además de información sobre la relación del ayuntamiento con la actividad, establecer criterios para la promoción institucional de actividades e impulsar programas de educación financiera responsable, especialmente dirigidos a jóvenes.

El municipio de Náquera ha vivido este pasado fin de semana un polémico retorno a una actividad que llevaba dos décadas desaparecida de sus calles. El actual equipo de gobierno, liderado por Vox en coalición con el Partido Popular, ha decidido recuperar la competición de tiro y arrastre, una práctica que no se celebraba en la localidad desde hacía 20 años. Esta decisión política ha desatado una contundente respuesta por parte de la Plataforma Defensa Animal, que considera la medida un ataque directo al bienestar de los animales y un retroceso en la evolución ética del municipio.

Mientras el alcalde de la localidad, Iván Expósito (Vox) ha ensalzado el retorno de esta práctica como una recuperación de las tradiciones valencianas, los animalistas no lo ven igual.

La entidad animalista ha denunciado públicamente el “enorme sufrimiento” que padecen los caballos durante estas pruebas, calificando de “burla” el hecho de que esta actividad esté catalogada oficialmente como un deporte. Según explican desde la plataforma, la competición somete a los animales a esfuerzos extremos, obligándolos a arrastrar carros cargados con sacos de arena que, dependiendo de la categoría, pueden alcanzar un peso de entre una y tres toneladas. Los caballos deben recorrer pistas de arena no compacta con paradas obligatorias que ponen a prueba su capacidad de arranque desde una posición estática, lo que supone un castigo físico y psicológico severo.

Diego Nevado, responsable de la plataforma, ha sido especialmente crítico con la gestión de la alcaldía de Vox, a la que acusa de aprovechar su posición de poder para hacer retroceder al pueblo y fomentar una “tradición” que ya estaba superada por la sociedad local. Nevado lamenta que este tipo de “perverso entretenimiento” solo cause placer a una minoría de la sociedad, mientras se ignora la emergencia climática y la protección de los seres sintientes. Asimismo, reprochan que el Ayuntamiento normalice ante el público infantil que los animales sean meros recursos bajo dominación humana.

La polémica no se limita solo al tiro y arrastre, ya que la plataforma también ha mostrado su rechazo ante la próxima exhibición de perros de caza y las actividades destinadas a niños para acercarlos al mundo cinegético. Basándose en informes veterinarios y biológicos, la entidad subraya que los caballos, animales que tienden a vivir en manada, sufren un gran estrés al verse inmersos en ambientes hostiles de griterío y multitudes.

El escenario político en Alcoi ha alcanzado un punto de máxima tensión tras el rechazo del pleno municipal a la propuesta de presupuestos presentada por el Gobierno de coalición del PSPV y Compromís. Ante este bloqueo, el alcalde de la ciudad, el socialista Toni Francés, ha lanzado un órdago legal al anunciar la convocatoria de un pleno extraordinario para el próximo martes 14 de abril. En dicha sesión, el presupuesto se someterá a una moción de confianza, una herramienta regulada por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que vincula la continuidad de la alcaldía a la aprobación del documento económico.

El debate previo a esta decisión estuvo marcado por el enfrentamiento en torno al proyecto industrial de Alcoi Sur. Mientras el ejecutivo municipal -conformado por PSPV y Compromís, en minoría- considera que este plan no debe interferir en la validación de las cuentas, el bloque de la oposición —formado por PP, Vox y Guanyar, en mayoría— ha utilizado este punto como argumento central para el voto negativo. El Partido Popular ha censurado la “ambigüedad” del Gobierno en materia industrial, Vox ha denunciado una falta de inversiones reales y Guanyar ha exigido la renuncia explícita al proyecto de La Canal para proteger el acuífero del Molinar, calificando de “irresponsable” la postura de un ejecutivo que tachan de poco coherente.

Este movimiento del alcalde sitúa a la oposición ante un dilema con plazos estrictos. Si el próximo martes la moción de confianza no obtiene el respaldo mayoritario, se activará un periodo de un mes en el que PP, Vox y Guanyar podrán intentar presentar una moción de censura con un candidato alternativo a la alcaldía. Se trata de un escenario complejo, dada la disparidad ideológica de los grupos que actualmente conforman la minoría mayoritaria en el consistorio de Alcoi.

En el caso de que la oposición no logre articular una mayoría alternativa o la moción de censura no prospere, el presupuesto de 2026 quedará aprobado de forma definitiva y automática por imperativo legal. Con este ultmátum, el alcalde busca desbloquear la gestión municipal y forzar a los grupos de la oposición a elegir entre permitir el avance de las cuentas diseñadas por el PSPV y Compromís o asumir la responsabilidad de conformar un nuevo gobierno para la ciudad.

El anuncio de la Generalitat de desvincular la rehabilitación del Monasterio de Santa Clara para el futuro Centre Raimon d'Activitats Culturals supone un abandono que el consistorio ya temía. Tras el precedente de tumbar el proyecto del Palacio de Justicia y los reiterados gestos de desatención hacia la figura del cantautor y el patrimonio local, el Gobierno valenciano ha formalizado una ruptura que deja a Xàtiva en una situación de extrema vulnerabilidad.

La Dirección General de Administración Local ha notificado este lunes el inicio del procedimiento de extinción del convenio que debía financiar las obras con más de 3 millones de euros. Lejos de ofrecer una alternativa de financiación, el Ejecutivo autonómico ha ido un paso más allá al exigir el reintegro inmediato de 399.265,56 euros ya abonados, a los que pretende sumar intereses de demora. Esta reclamación se produce a pesar de que el Ayuntamiento ya ha ejecutado esos fondos en la redacción de un proyecto integral a cargo de los arquitectos Ramón Esteve y Carlos Campos.

Desde el gobierno municipal se considera incomprensible que el Consell rompa un convenio vigente sin haber materializado el nuevo acuerdo de financiación prometido el pasado mes de diciembre. El concejal de Hacienda, Ignacio Reig, ha denunciado que desde la llegada del PP a la Generalitat la inversión en la ciudad es inexistente: “Ni un solo euro. Tras dejar sin financiación el Palau de Justícia, ahora quieren eliminar la rehabilitación de Santa Clara. Ese es el respeto que tiene el PP por el patrimonio local”, ha manifestado.

La resolución de la Generalitat justifica esta medida alegando un incumplimiento en los plazos de ejecución que vencían el 31 de diciembre de 2025. No obstante, el Ayuntamiento subraya que la administración autonómica es plenamente consciente de que el proyecto está listo para iniciar las obras y que los recursos ya se han destinado correctamente a la ejecución técnica. El consistorio ya ha anunciado que presentará alegaciones para defender los intereses de Xàtiva y evitar que el proyecto emblemático de revitalización del casco antiguo sea sepultado definitivamente.

La hoja de ruta de la Generalitat Valenciana respecto a Xàtiva ha pasado de la parálisis administrativa a la reclamación de fondos en apenas unos meses. El Ayuntamiento de la capital de la Costera recibió este lunes una resolución de la administración autonómica en la que se exige el reintegro inmediato de 399.265,56 euros, más intereses de demora, correspondientes a las inversiones realizadas hasta la fecha para la rehabilitación del Real Monasterio de Santa Clara. Este movimiento supone un nuevo revés para el municipio, que ve cómo el Consell no solo detiene proyectos clave, sino que ahora drena las arcas locales exigiendo la devolución de dinero ya ejecutado en informes técnicos y arquitectónicos.

Esta ofensiva económica llega tras un historial de desencuentros que comenzó a principios de año. Fue el pasado mes de enero cuando saltaron todas las alarmas al conocerse que la Generalitat decidía tumbar definitivamente el proyecto del Palacio de Justicia en el centro de la ciudad, una infraestructura que acumulaba ocho años de compleja tramitación y consenso técnico. Aquel golpe inicial, que descartaba una ubicación estratégica para la revitalización del casco antiguo, se ha visto agravado hace apenas una semana, cuando la Conselleria de Justicia anunció que ha iniciado los trámites para buscar “nuevos espacios” fuera de la ubicación prevista, rompiendo unilateralmente con casi una década de trabajo previo.

La situación del Monasterio de Santa Clara sigue una estela similar de desatención institucional. La Generalitat ha comunicado ahora su intención de extinguir el convenio de colaboración vigente sin haber materializado el nuevo acuerdo de financiación al que se comprometió públicamente el pasado mes de diciembre. El consistorio setabense ha denunciado la incomprensible postura del Consell, que reclama fondos que ya han servido para redactar un proyecto integral por parte de arquitectos de renombre como Ramón Esteve y Carlos Campos, dejando al Ayuntamiento en una situación de total incertidumbre jurídica y financiera justo cuando las obras de este Bien de Interés Cultural (BIC) estaban a punto de licitarse.

Desde el gobierno municipal se ha calificado la maniobra de “agravio histórico”, señalando que desde la llegada del PP a la Generalitat no se ha destinado “ni un solo euro” de inversión nueva a la ciudad. El concejal de Hacienda, Ignacio Reig, ha recordado que el proyecto de Santa Clara buscaba rescatar un edificio en ruinas para albergar servicios públicos que dinamizaran la economía local, un plan que ahora se ve doblemente castigado: primero por el abandono del proyecto del Palacio de Justicia y ahora por la exigencia de devolver las ayudas de Santa Clara.

El Ayuntamiento ya prepara las alegaciones pertinentes para frenar esta reclamación de ingresos, defendiendo que el dinero público ya ha sido invertido correctamente en las fases previas de un proyecto que la Generalitat ha decidido bloquear.

Las celebraciones de Pascua en Riba-roja encaran este martes su última jornada tras varios días de intensa actividad en la explanada de Pacadar. El Ayuntamiento, con el objetivo de dinamizar el ocio local durante el periodo vacacional, ha consolidado este espacio como el principal punto de encuentro para las familias del municipio, ofreciendo una amplia variedad de propuestas lúdicas dirigidas al público infantil.

A lo largo de estas jornadas, los niños y niñas de la localidad han participado en numerosos talleres creativos y actividades temáticas que, junto a la instalación de grandes juegos hinchables, han protagonizado las tardes de recreo. Toda la programación ha contado con la presencia de monitores especializados, garantizando así un entorno seguro y organizado para el disfrute de los más pequeños.

La tradición también ha tenido un papel fundamental en esta edición de 2026. La organización reservó un área específica del recinto para el vuelo de la cometa, permitiendo que las familias compartieran la clásica estampa del catxirulo sobre el cielo de Riba-roja. Esta zona habilitada ha permitido recuperar una de las costumbres más arraigadas de estas fechas en un espacio amplio y acondicionado para tal fin.

Tras el éxito cosechado ayer lunes, la programación llega este martes a su fin. Los vecinos y vecinas interesados en asistir a este último día de actividades podrán hacerlo esta misma tarde, desde las 17:00 hasta las 20:00 horas, en una despedida que promete volver a llenar la explanada de Pacadar de convivencia y diversión gratuita antes del regreso a la rutina escolar.

Varias organizaciones sociales del Parque Alcosa de Alfafar han presentado dos quejas formales ante el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana por lo que consideran “persecución ideológica y persecución por parte de la administración”.

Las quejas se dirigen contra el Ayuntamiento de Alfafar y la Conselleria de Servicios Sociales y en ellas denuncian la supuesta “vulneración de derechos fundamentales, desviación de poder, persecución ideológica y un acoso institucional que amenaza con desmantelar los proyectos comunitarios que sostienen a cientos de familias en situación de vulnerabilidad”.

Aseguran que la Generalitat mantiene una deuda de más de 300.000 euros con la cooperativa social del barrio y que este hecho forma parte de una “estrategia coordinada para desmantelar la respuesta comunitaria”.

Esta estrategia incluye, según sostienen los denunciantes, el “desalojo del único supermercado solidario activo tras la dana, el bloqueo de proyectos sociales como un comedor y la negativa a la participación ciudadana”.

En el transcurso de una concentración de protesta frente al Palau de la Generalitat por estos hechos, el portavoz del colectivo SOS Parke, Juan Miguel Fernández, ha asegurado: “Estamos explorando la posibilidad de judicializar estos hechos en colaboración con la Universitat de València”.

“El PP gestiona tanto el Ayuntamiento como la Generalitat y está castigando el trabajo inmediato que se hizo tras la dana y las críticas a la gestión de la dana; por eso persiguen políticamente a este colectivo”, ha añadido.

La concejala de Compromís en Alfafar Amalia Esquerdo ha defendido que “la cooperativa lleva 38 años trabajando con el Ayuntamiento en materia de inserción laboral y desde hace años se niega a renovar el convenio”, y ha asegurado: “Pedimos reuniones para negociar, pero no dan garantías de que seguirán trabajando con la cooperativa”.

En este mismo sentido, el portavoz del PSPV en esta localidad, Rubén Martínez, ha lamentado que “primero se haya desalojado, antes de negociar”, y ha añadido: “No podemos entender que la Administración trabaje de esta forma. Pedimos diálogo, trabajo con las entidades para subsanar las deficiencias técnicas que existan y que se pare la persecución política de las entidades sociales”.

El Ayuntamiento de Sagunt ha dado dio por finalizadas las obras destinadas a transformar y proteger el entorno del Castillo y el Teatro Romano, dos pilares fundamentales de la identidad local. Con una inversión total de 341.219 euros, la actuación ha tenido como eje central la puesta en valor de la transición histórica del municipio, permitiendo a los visitantes comprender mejor la evolución urbanística desde la primitiva ocupación íbera en el Tossal del Castell —la antigua Arse— hasta su consolidación y posterior romanización como Saguntum.

La intervención ha incluido trabajos de gran calado técnico, como la creación de un nuevo tramo de escalera que conecta con los restos arqueológicos situados junto a los contrafuertes del foro romano, además de la consolidación estructural de los vestigios hallados en dicha zona. Asimismo, se ha actuado en la calle Vieja del Castillo y en los alrededores de la parte posterior del Teatro Romano, mejorando tanto el diseño de los bordes de la calzada como la seguridad general del recinto.

En materia de accesibilidad, el consistorio ha sustituido las antiguas rampas provisionales de contrachapado por estructuras fijas y estables que cumplen con la normativa vigente, facilitando así la entrada a la cávea oeste del Teatro Romano. Estas mejoras se complementan con la instalación de barandillas en los desniveles más pronunciados y una renovación integral de la señalética interpretativa y direccional, diseñada para guiar al público a través de los siglos de historia que albergan estos monumentos declarados Bien de Interés Cultural.

El alcalde de Sagunto, Darío Moreno, destaca que estos trabajos no solo impulsan el turismo, sino que refuerzan la propia identidad del pueblo al dignificar un ámbito clave de su patrimonio. Por su parte, la concejala de Patrimonio Cultural y Turismo, Natalia Antonino, señaló que este proyecto es un paso firme para completar la integración de la ciudad ibero-romana en el itinerario visitable del municipio, siempre bajo una estricta supervisión arqueológica acorde a la normativa de protección de monumentos.

El rechazo social a la macroplanta de biometano proyectada en Llíria ha dado un salto cualitativo tras buscar blindarse con argumentos técnicos de primer nivel. El pasado viernes 27 de marzo, el movimiento vecinal del Camp de Túria y la Serranía demostró su capacidad de convocatoria llenando prácticamente las 500 butacas del auditorio de Casinos. En un acto que combinó la indignación ciudadana con el rigor académico, la Asociación Ciudadana Camp de Túria y Serranía sentó a expertos de la talla de Jose Ramón Olarieta y Antonio Turiel para analizar las sombras de una infraestructura que los vecinos consideran una amenaza directa a su salud y a su entorno rural.

Durante su intervención, el profesor de Edafología Jose Ramón Olarieta detalló con estudios documentados los riesgos de la fermentación anaeróbica masiva. El experto explicó que el digestato resultante de procesar más de 35 tipos de residuos diferentes, como pretende la planta de Llíria, resulta altamente perjudicial para el uso agrícola, degradando el suelo en lugar de enriquecerlo. Olarieta fue tajante al calificar la instalación como una refinería encubierta, alertando además de que el balance energético es negativo, ya que la energía necesaria para su construcción, mantenimiento y posterior desmantelamiento es superior a la que la planta será capaz de generar en toda su vida útil.

Por su parte, el físico e investigador del CSIC Antonio Turiel aportó una perspectiva global sobre la crisis de recursos y la gestión energética. Turiel sostuvo que, para que una planta de estas dimensiones funcione eliminando todos sus riesgos ambientales, requeriría una inversión económica tan desorbitada que la haría completamente inviable para cualquier empresa. En este sentido, el científico defendió la necesidad de un cambio de paradigma basado en comunidades energéticas locales, descartando los macroproyectos que, a su juicio, son inestables y científicamente insostenibles en un planeta de recursos finitos.

El componente humano y de salud pública llegó con el testimonio del alcalde de Casas Buenas, municipio toledano que sufre las consecuencias de una planta similar situada a escasos kilómetros. Los vecinos de Casinos escucharon con preocupación cómo una población de apenas 200 habitantes ya registra cuatro casos de afecciones derivadas del tratamiento del digestato. Este espejo de lo que podría ocurrir en la comarca valenciana reforzó la determinación de los asistentes, quienes también fueron informados por el alcalde de Casinos, Miguel Navarré, sobre la batalla administrativa que mantiene el consistorio mediante un recurso de alzada para paralizar la instalación.

El acto concluyó con una participación de los asistentes, quienes trasladaron sus dudas y miedos ante el impacto que la planta tendría en su día a día. La jornada se cerró con un llamamiento a la movilización permanente y a la integración en la Asociación Ciudadana, subrayando que la unión entre la evidencia científica y la presión vecinal es la herramienta más potente para forzar la retirada definitiva del proyecto de biometano en Llíria.