Pongamos que sí, que los catalanes se quieren ir de España porque no les salen las cuentas; sería muy “catalán”. Tópico por tópico, también es muy español que se les niegue toda posibilidad —incluso de debatir sobre su marcha— “por las buenas o por las malas”. Es más, lo español español es tener ya decidido que será por las malas y, encima, sacar pecho. Mala cosa esto de usar la Constitución como única trinchera y peor todavía si la trinchera en cuestión se deja en manos de personas como José Bono o Eduardo Zaplana que, con todos mis respetos, parecen más secuestradores que amigos de la Carta Magna.

Bono y Zaplana acaban de presentar en sociedad su Fundación “España Constitucional”. Es complicado defender España contra un trozo de si misma, aunque que sea un trozo que, precisamente, lo que no quiere es ser España. Que los catalanes —algunos, pocos, muchos, los que sean— no quieran ser españoles pone las cosas difíciles. Desde un punto de vista españolista y democrático, ser español sin querer serlo es una forma como otra de ser español y, por tanto, debe ser defendida por el españolismo democrático. Lo dicho: no es fácil. Teniendo en cuenta pues que estamos ante una cuestión complicada, una Fundación como la que nos ocupa, con dos políticos profesionales del tipo Bono y Zaplana, solo puede servir para complicar las cosas. Supongo que es de lo que se trata, de tensar allá donde lo que se necesita es flexibilidad.

La trayectoria de Bono y Zaplana se ha caracterizado siempre por su apuesta por lo simple, por el camino más corto, por el atajo más oportuno. Una curiosa coincidencia les une: jamás han sido ni concejales, ni diputados rasos. Bono empezó como secretario cuarto de la Mesa del Congreso allá por 1979, luego fue presidente autonómico, luego ministro y acabó de presidente de la Cámara Baja; Zaplana arrancó como alcalde de Benidorm en 1991, siguió de presidente autonómico, pasó a ministro y remató siendo portavoz del grupo parlamenario popular cuando el PP se fue a la oposición.

El castellano José Bono ha sido guerrista cuando le ha interesado y lo ha dejado de ser cuando lo ha considerado oportuno. Ser más socialista que nadie no le ha impedido encandenar 30 años seguidos en política montado en coche oficial, hacerse más que millonario y contar con mayor número de amigos entre los obispos y los banqueros que entre sindicalistas y viejos republicanos. Sus fieles mantienen que su “geometría variable” es la prueba de su ausencia de sectarismo. Quienes no lo quieren tanto lo califican de “populista”. Alfonso Guerra se refirió una vez a él como “Bono...convertible”.

El también millonario Eduardo Zaplana, recuérdese, llegó a la política obsesionado por comprarse un “Vectra 16 válvulas” y conspirando para repartirse comisiones bajo mano; “alquiló” una concejal socialista para ser alcalde; arrasó un partido (Unión Valenciana) para ser cómodamente president de la Generalitat; tuvo trabajando sin contrato a una parada cuando era ministro de Trabajo y acabó de jefe de Teléfónica en Europa; él, que no tenía oficio conocido y no hablaba otra cosa que castellano.

Ambos se caracterizaron en sus años de presidentes autonómicos por gobernar con formas muy personalistas, por consensuar poco o nada con la oposición, por su falta de transparencia, por gobernar sus partidos con puño de hierro, por convertir la administración en una especie de corte, por manipular los informativos de sus televisiones públicas y por acabar designando a su sucesor como si de un régimen se tratara.

El resumen ha sido breve y muy somero. Pese a lo apresurado, me parece que lo dicho sirve para ver que ni el uno ni el otro son exponentes destacados del espíritu constitucional. Lo suyo ha sido siempre más entender las leyes como instrumentos para conseguir lo que se proponían que como límite de sus actuaciones. Por eso, que ahora salgan con su Fundación “España Constitucional” y la defensa de los valores de “la libertad, la unidad y la solidaridad” da pie a pensar que hay gato encerrado.

En realidad, su pretensión tiene mucho más que ver con España que con la Constitución, que para ellos no es otra cosa, como decía al principio, que la trinchera que plantan contra las voces que llegan de Catalunya reclamando un referéndum de autodeterminación. Oyéndoles hablar, leyendo lo que dicen o escriben, parece que la Constitución Española empiece y acabe en un solo punto: la estructura territorial de España es intocable. Mezclan unidad con libertad y solidaridad. Es todo relleno. Unidad es la de España, solidaridad la de las tierras de España y libertad, la de los españoles unidos. Su argumentación es bastante discutible. Defienden que los territorios no tienen derechos, que los tienen las personas... pero si las personas de un determinado territorio tienen un sentimiento de pertenencia distinto a lo que contempla la ley se esfuman sus derechos porque España es indivisible. No hablan de la unidad social, solo de unidad territorial. Cuando dicen “salvaguarda de la unidad de España” no se refieren al riesgo de fractura social, ni a que haya una educación para ricos y otra para pobres, ni a que se esté destruyendo el paisaje, ni a que nuestros vecinos sin papeles no puedan ni acercarse a un ambulatorio, ni a que los chavales más preparados tengan que buscarse la vida en el extranjero. No recuerdan que seis millones de personas están en el paro, ni que mientras los bancos reparten beneficios están desahuciando a miles de españoles... nada de todo eso, la única unidad que les preocupa es la de las rayas en los mapas.

Bono se descolgó hace poco con aquello de que prefería morirse antes de “ver una España rota” y Zaplana, en sus tiempos de ministro, mantenía que solo había una forma de ser español y estaba “en la Consitución”. En definitiva, que si ambos son la avanzadilla de la actitud de España antes las demandas nacionalistas de Catalunya, y todas las que puedan venir, la diversión está asegurada y los problemas graves, también.

Le ha costado, pero finalmente Alberto Fabra ha dado un paso al frente y ha reivindicado como fruto de su ejercicio al timón de la Generalitat Valenciana algún dato macroeconómico. Casualmente ha sido la cifra del paro registrado durante el pasado mes de diciembre, que descendió en la Comunitat Valenciana en 5.024 personas, y que —curiosamente— el molt honorable adelantó personalmente vía discurso institucional de fin de año y vía twitter, cuando lo habitual es que ni el conseller del ramo se atreva a dar la cifra delegando la papeleta en un subordinado. Sí, ya sé lo que estarán pensando, que lo que ha hecho ha sido apuntarse un tanto después de esconder la cabeza durante un largo periodo de datos negativos en este y otros sentidos. ¿Pero por qué pensar que Fabra haya tenido una iniciativa tan vulgar?

No, el presidente finalmente hizo lo que tanto partidarios como detractores le venían reclamando desde que entró en el Palau de la Generalitat; asumir las riendas de su gestión. Y, oye, ha dado la casualidad de que le han salido las cosas. Enhorabuena a él y a todos los valencianos. Porque el suyo, además, es un gesto admirable. Por lo pronto, con él por fin ha dejado claro dos cosas que su predecesor, Francisco Camps, nunca quiso asumir. La primera, que la Generalitat tiene muchas competencias en materia de empleo y herramientas para hacer su propia política, de la que dependen estos resultados. La segunda, que, teniendo en cuenta que el paro aumentó en 2012 en 34.669 personas según las mismas cifras, todos esos nuevos parados, más los acumulados desde mediados del año anterior, habría que apuntarlos a la herencia de las políticas de Camps. 569.735 valencianos en el paro hay ahora, nada más y nada menos, y desde el Consell se reconoce por fin que la culpa no es solo de Zapatero.

Porque la cuenta de Fabra —él pone la fecha, reconociendo los datos como propios— comienza en octubre, cuando se produjo el primer mes de descenso en el paro registrado. Y aunque sea más de un año después de su acceso al cargo, bueno es saber aproximadamente cuándo se puso manos a la obra. No solo para poder felicitarle por su gestión en materia de empleo, sino también para determinar cuánto tiempo tardará en solucionar los impagos de la administración valenciana frente a sus proveedores (iniciados durante su mandato); cuánto tiempo sustentará su posición sobre diputados imputados en causas de corrupción o enredados en asuntos turbios; o en definitiva, quién es el responsable de que se detengan (depurando las responsabilidades políticas pertinentes) o continúen los desmanes que han hecho de nuestra autonomía el hazmerreír político a nivel internacional, con una difusión mediática que para sí hubiera querido la Copa América.

En todo caso, reitero mi enhorabuena a Alberto Fabra, tanto por los buenos datos obtenidos hasta ahora por su gestión en materia de empleo, como por acabar con el largo periodo en que ningún gobernante valenciano ha asumido responsabilidad alguna sobre el descalabro que se producía a su alrededor. Le espero, imagino que ya como muchísimos valencianos de buena fe, comunicando a principios de febrero (y en los meses sucesivos) los datos del paro registrados en enero, que deseo sinceramente, sean igual de positivos. Tan solo, para evitar suspicacias, le recomendaría que no adelante las cifras. Con que las reconozca como propias el mismo día que se hagan públicas, será suficiente.

Rondaba la media tarde del 20 de julio de 2011 cuando Carolina Alcolea, rodeada de un grupo de compañeros afines, irrumpió en la redacción de informativos de Ràdio 9 en Valencia. Francisco Camps iba a anunciar su dimisión, y en la sala se encontraban algunos de los periodistas más veteranos y experimentados de la casa, pero Alcolea decidía hacerlos a un lado y delegar la elaboración del informativo más importante en años a editores de su confianza. Cuando Ràdio 9 dio la noticia, toda España la conocía a través de otros medios. Claro que aquellos no esperaron a recibir el visto bueno de “presidencia”.

El martes, cuando finalmente se conocieron los 79 primeros despidos en Ràdio 9 (el 60% se ejecutan ahora y el resto el próximo verano), el nombre de Alcolea no estaba entre los afectados. En un proceso de selección fuertemente criticado por el comité de empresa —por no valorar como favorables criterios objetivos como la obtención de la plaza vía oposición y sí otros subjetivos—, esta “comisaria política del PP”, como califican sus ex compañeros a una profesional que “se encarga de controlar lo que se dice y lo que no se dice” en los informativos de su franja horaria, ha conseguido mantener su puesto.

Su caso, según muchos afectados, no es excepcional. “Se han quedado los dóciles”, describe uno de ellos, que confirma a Eldiario.es algunas de las novedades que poco a poco van desgranando los sindicatos. No puede ser de otra manera. Los despidos, firmados por un “director suplemente” de RTVV tras la inesperada dimisión días antes del anterior director José López Jaraba (bajo cuyo mandato la radiotelevisión pública registró las peores audiencias de su historia), se comunicaron a los afectados por e-mail y no se ha facilitado a nadie un listado con todos los afectados.

Pese a ello, los sindicatos recopilan nombres y adscripciones, y el ERE, independientemente de los criterios oficiales, deja a la vista otros, que tampoco encajan exclusivamente en el criterio partidista. Lo más destacable, según fuentes sindicales, es que entre los despedidos abundan los profesionales más veteranos que accedieron a su plaza por concurso. “Los despedidos responden, en su mayoría, a un perfil triple: son mayores y caros; han defendido activamente su puesto de trabajo en las movilizaciones a favor de una RTVV sin corrupción, plural, pública y de calidad; y no son afectos al régimen. Profesionalmente, lo mejor de la casa”, apuntan desde el sindicato Intersindical.

Sin embargo, ante una sangría tan grande como la que se está infligiendo en RTVV, finalmente parece que ha sido inevitable que se produzcan víctimas del “fuego amigo”. Así lo apunta Vicent Mifsud, delegado sindical de CCOO y vicepresidente del Comité de Empresa, que cree que finalmente entre los despedidos se han incluido algunos nombres que “no estarían en las primeras listas” elaboradas desde el entorno del PP que controla el consejo de administración. “Es un lío tremendo”, asegura, al tiempo que comenta que dilucidar qué criterio se ha utilizado para determinar las salidas es muy difícil.

“Hay casos puntuales de gente muy luchadora que ha mantenido su puesto contra pronóstico, mientras otros trabajadores que tiempo atrás fueron brazo armado del PP lo han perdido; aunque de la misma manera llama la atención que finalmente no se haya destituido al subdirector, cuando el informe de PriceWaterhouse apuntaba que era un figura absolutamente prescindible”, describe Mifsud.

No obstante, hasta estos casos tienen explicación para algunos de los afectados por el ERE. “Han tenido que dejar a algún profesional para que la radio pueda funcionar, porque si no, a ver quién trabaja”, reconocía a Eldiario.es la periodista Reis Juan, que describía cómo estos días algunos despedidos han tenido que consolar a compañeros que mantienen su puesto, “desolados por ver cómo se quedaban prácticamente solos, rodeados de gente que no ha rendido nunca hasta la fecha, y destrozados por el sentimiento de culpa, al no entender por qué ellos no están en una lista en la que está la gente que valoran”. Por otro lado, añade, los despidos de algunos de los “enchufados del PP” se debería a que el ERE “ha sido utilizado también para depurar entre las diferentes facciones que se han creado entre ellos a lo largo de los años”.

Una redacción en cuadro

Tras hacerse efectivos los primeros despidos, ayer la programación debía continuar con normalidad, pero realizar las mismas funciones con 50 empleados menos —pese a que el ERE asegura que es factible— se hacía complicado. No obstante, la dirección de RTVV solventaba la situación, aunque, según denunció Intersindical, lo hizo vulnerando el propio expediente de regulación. Y es que, según la organización, la directora de Ràdio 9, Núria Romeral, y el subdirector, José Vicente Oliver, movieron ayer a redactores de deportes a programas, cuando el ERE apuntaba precisamente que “la adscripción del puesto de trabajo y al departamento era determinante para quedarse o ser despedido de Ràdio 9”, y, como recuerda el sindicato, “decenas de personas han sido expulsadas de la emisora con esa premisa”.

Curiosamente, la sección de deportes había sido una de las menos afectadas por el ERE. De hecho, en la redacción de Valencia, tan solo un periodista, Vicent Grau, el único en la sección que había pasado una oposición y que protagonizó uno de los momentos radiofónicos más escuchados de Ràdio 9 en los últimos tiempos al anunciar durante una retransmisión deportiva que empezaba a secundar una jornada de huelga en protesta por el expediente de regulación, fue despedido el martes. Según Intersindical, sus ex compañeros ayer “tapaban los agujeros” en la programación originados por el ERE.

Tras ejecutar la primera tanda de despidos en la radio, este jueves les llegó el turno a los empleados del ente —como se conoce a la parte administrativa de RTVV—, con un total de 136 afectados. La dirección de la radiotelevisión pública, en un ejercicio de sensibilidad, aseguró que el envío de los 136 e-mails se realizaría simultáneamente, para evitar la agonía infligida a los empleados de Ràdio 9. Y allí también saltaba la sorpresa. Carmen Andrés Ferri, Jefa de Unidad de Relaciones Laborales, y Javier Martínez Vivancos, jefe de Formación Profesional, dos de los técnicos que facilitaron al despacho encargado de diseñar el ERE la información sobre los empleados, estaban entre los despedidos ayer. “Igual les habría ido mejor de manifestarse con los trabajadores”, ironizaban ayer a Eldiario.es fuentes sindicales.

Los despidos en Canal 9 no se esperan hasta entrado 2013. En total, con el ERE se despedirá a 1.198 empleados de RTVV.

No hay nada peor que estar gobernados por gente irresponsable. Los irresponsables no tienen capacidad para enjuiciar sus propios actos y, en el mejor de los casos, solo responden a estímulos externos y, obviamente, superiores. En política, los irresponsables se caracterizan porque solo asumen las consecuencias de sus comportamientos cuando un juez le dice, por escrito, que lo que han hecho no es legal.

El País Valenciano parece, en estos momentos, un campo de pruebas sobre irresponsabilidad política. Con una decena de diputados del grupo parlamentario del PP en Les Corts imputados (ahora ya nueve después de que uno de ellos, Pedro Hernández Mateo, haya acabado condenado), la pasada semana se vivió un “experimento” especialmente original: el Consell de la Generalitat presidido por Alberto Fabra devolvió a su puesto a Dora Ibars, que había sido destituida en octubre como directora general de Promoción Institucional por estar imputada en el “caso Gürtel”. Pasados menos de dos meses, el juez ha archivado la cuestión y Fabra ha desandado el camino e Ibars retorna a su alto cargo.

El hecho no tiene precedentes y, se mire por donde se mire, no se aguanta. Un político, cuando se ve implicado en una investigación judicial, debe dar por propia iniciativa la cara en público y ofrecer todas las explicaciones que se le reclamen; papeles, datos, pruebas... La relación del ciudadano con su representante o su administrador, en democracia, está basada en la confianza. Por tanto, el político debe disipar todas las dudas que puedan aparecer; y si, pese a sus esfuerzos, no puede aclararlas, es entonces cuando debe dimitir. Llegados a este punto, si pasado un tiempo el juez acaba evidenciando que el afectado/a está libre de toda culpa, se puede plantear su vuelta al cargo.

Pero si de lo que estamos hablando no es de una dimisión sino de una destitución, la cosa cambia. Y si, además, no se han dado explicaciones de ningún tipo, no hay vuelta atrás. No puede ser que la continuidad de un político quede simplemente al albur de lo que considere un juez. La responsabilidad política no solo tiene que ver con la ley; el límite de la democracia no es la legalidad sino el compromiso adquirido con el votante (con todos), el juego limpio y la posibilidad de dar cumplida cuenta de toda reclamación que se le haga. Dejarlo todo en manos del juez es empobrecer mucho la actividad política y, de hecho, confunde la separación de poderes. Si todo se resuelve en el juzgado, la cuestión ya no está en lo que se ha hecho o de ha dejado de hacer sino en si te pillan o no te pillan, y eso no puede ser así.

De todas formas, en el caso de Dora Ibars, y más allá de cuestiones de sentido político, hay aspectos que tienen que ver con algo más prosaico como es el sentido del ridículo. En su día, el gobierno de la Generalitat, por boca de su vicepresidente y portavoz, José Ciscar, desvinculo la destitución de Ibars de su imputación judicial. En concreto, Císcar dijo que “había cumplido una etapa [...] había completado un ciclo [...] se trata de una renovación, como se han producido otras tantas en este gobierno”. En cambio, ahora la recuperan cuando se archiva su caso y se justifica diciendo que no hay dudas sobre ella. Si no se la destituía por su imputación, ¿por qué se la recupera ahora? ¿En qué quedamos? ¿Tan poco respeto se tiene por la inteligencia de las personas?

El comportamiento de Alberto Fabra y los suyos es propio de un gobierno que ha perdido el norte, que vive del día a día y que no ve más allá de la siguiente rueda de prensa. Si con una cosa tan sencilla no aciertan, ¿qué se puede esperar de ellos en todo lo demás? ¿Cómo es posible tanta improvisación? ¿No contaban con la posibilidad de que se archivara la causa? Impresionante. Pero hay más, ¿qué piensan hacer si Dora Ibars vuelve a ser imputada por las causas que el mismo juez apunta en el auto de archivo? La falta de sentido político es grave pero no tener sentido el ridículo es todavía peor. Cuando se carece de ambos... pasa lo que nos pasa.

La Paradoja de Abilene, descrita por Jerry B. Harvey en 1988, se refiere a una situación en la cual un grupo de personas acaba haciendo algo que ninguna de ellas desea de forma individual. ¿Parece imposible? Ni mucho menos.

Harvey lo ilustra con un ejemplo: una pareja de suegros y un matrimonio que no tienen nada que hacer una tarde de verano. Cuando el suegro propone de repente ir al pueblo de Abilene, que no está precisamente cerca, la mujer se muestra aparentemente entusiasmada; el marido, al oírlo, dice que a él también le apetece; y la suegra, por no decepcionar a nadie, da el visto bueno. A la vuelta, tras un viaje largo, caluroso, en el que han comido mal y no han hecho nada reseñable, descubren que ninguno de ellos quería ir a Abilene, y que el suegro, que propuso la idea, tan sólo lanzó la sugerencia porque le parecía que estaban aburridos y les gustaría ir al pueblo, pese que a él no le apetecía.

Esta paradoja ilustra perfectamente el caso de la Alta Velocidad Española cuya línea Madrid-Valencia acaba de cumplir dos años en funcionamiento. La Alta Velocidad, en la que España es el segundo estado en el mundo por kilómetros construidos, expresa el fracaso del modelo territorial y de las inversiones en infraestructuras. No ha servido para fomentar la cohesión territorial, mejorar las comunicaciones para el grueso de la población, enlazar capitales estratégicas o dinamizar la economía de las zonas a las que ha llegado. Y sin embargo, se hizo. ¿Por qué? Porque el AVE es nuestro Abilene.

Si el suegro (el PSOE de Felipe) propuso, la mujer (el PP de Aznar) contestó entusiasmada, lo que obligó al marido (el PSOE de Zapatero) a mostrarse ilusionado y dejó a la abuela (el PP de Rajoy) con las manos atadas. Nadie preguntó la opinión a los niños, a los que les daba igual (las líneas de AVE que han tenido que cerrar por falta de pasajeros), y todos se olvidaron de unos cuñados que, curiosamente, se llevan muy bien en lo comercial (el Corredor Mediterráneo).

Dicho de forma algo más seria: nadie quería ser el que dijese que no quería el AVE, nadie quería ser quien rebajase la dotación de la Alta Velocidad en los presupuestos del Estado, por mucho que barruntase que con el mismo dinero podrían hacerse otras cosas con más retorno económico por euro invertido. El AVE vendía, era progreso, pompa y carteles electorales como el de Camps en 2003. Nadie pensaba tampoco que a los territorios implicados les interesase opinar y tener poder de decisión, porque, claro está, todos querían ir a Abilene: eso se daba por descontado. Y allí, en los destinos de un AVE con voluntad centralista y centrípeta, nadie se atrevía a alzar la voz en contra de un progreso idealizado sobre el que nadie expresaba reservas.

¿Nadie? En realidad, sí que había gente que se cuestionaba muy seriamente la rentabilidad social y económica del AVE. Gente que alertaba de que se priorizaban líneas con un futuro poco prometedor y se desdeñaba el Corredor Mediterráneo, garantía de conexión con Europa y aumento del tráfico de mercancías. Gente que no entendía el porqué de un AVE a determinadas poblaciones en las cuales no existía demanda, mientras la segunda y tercera ciudad del país seguían comunicadas de forma precaria. Gente que, todo hay que decirlo, no se sorprende de que hayan cerrado líneas por falta de pasajeros (como la Toledo-Cuenca-Albacete, con menos de diez pasajeros al día) y sabe que mejorar las líneas de ferrocarril existentes es, en la mayoría de los casos, más barato, eficiente y eficaz en términos económicos y energéticos.

¿Que el AVE es necesario? Quizás, pero ésa no es la pregunta adecuada. Habría que probar con: ¿Es el AVE rentable en términos sociales y económicos? No en todos los trazados existentes, desde luego.

Todos ganaríamos si nuestros gestores, una vez reunidos, se hiciesen la siguiente pregunta antes de decidir una inversión similar: ¿Estamos yendo a Abilene?

Hui, a les 10 hores, ha començat el judici pels fets ocorreguts al Cabanyal el 6 d’abril de 2010. Aquell matí s’enderrocaren dos edificis i la policia municipal i nacional carregà contra els veïns que s’oposaren. El dia acabà amb una multitud de denúncies creuades entre policies i activistes i polítics de l’oposició. El judici s’allargarà fins dimecres. Hui declararà Mònica Oltra, de Compromís, i Faustino Villora, de Salvem El Cabanyal, entre d’altres. Este vídeo és un resum d’aquella jornada.

Pese a ocupar —en régimen de arrendamiento— un espacio público, la discoteca L’Umbracle de València no es lo que comúnmente se entendería como un negocio de precios populares. 15 euros cuesta acceder al complejo instalado en el marco de la millonaria Ciudad de las Artes y las Ciencias, y un combinado estándar, lo que popularmente se conoce como un cubata, no baja de los 9. Sin embargo, en la capital del Turia, L’Umbracle es todo un éxito, y sus pistas, con un aforo estimado de 5.000 personas en la terraza y 1.000 en la sala de discoteca, se llenan muchas noches en temporada estival.

Así pues, la exclusividad del disfrute de un espacio a priori público no estaba hasta ahora mal visto por la ciudadanía. En un entorno en cuya gestión priman los números rojos (las cuentas del Palau de les Arts, a pocos metros, ofrecen anualmente pérdidas millonarias), que un espacio pudiera ser alquilado dejando dividendos a las arcas públicas tenía una buena aceptación. No obstante, esta impresión podría cambiar después de que hoy se haya dado a conocer que la empresa que explota el espacio tan solo abona 90.000 euros anuales por su uso. Tres noches buenas del local —abierto cada temporada desde principios de mayo a finales de octubre— cubrirían con creces esa cantidad.

“No hay que ser un lince para darse cuenta de que es una ganga para un espacio de estas características y en un entorno tan singular”. Quien lo afirma es el portavoz adjunto de Esquerra Unida en Les Corts, Ignacio Blanco, cuyo grupo lleva años tratando de fiscalizar, pese a la opacidad del gobierno valenciano, la gestión y las cuentas de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias (CACSA). Un complejo cuyo coste, gracias a su investigación, finalmente se ha podido cifrar en más de 1.300 millones de euros.

Blanco lo ha señalado en una rueda de prensa en la que ha denunciado que el Consell se niega a facilitarle los contratos de CACSA con las empresas privadas que explotan la discoteca de L’Umbracle y L’Oceanográfic; este último, la joya del complejo. “La negativa no se basa en ninguna fundamentación jurídica sino en valoraciones de oportunidad política que no pueden, en ningún caso, estar por encima de la ley que establece el derecho a acceder, como diputado, a esa documentación”, ha anunciado.

Un arrendamiento “extremadamente ventajoso”

Pese a ello, Blanco sí ha señalado que su grupo ha podido averiguar que la terraza de L’Umbracle fue arrendada para su explotación como discoteca en el año 2007 a la empresa Ocio y Entretenimiento Costa Este S.L, que tiene entre sus accionistas a Manuel Broseta Dupré —socio director del bufete Broseta Abogados, que entre 2005 y 2011 obtuvo 91 contratos del Consell por 2,5 millones de euros—, por un importe de 90.000 euros al año. Según Blanco, “si se pagara a precio de mercado quizás estuviéramos hablando de más de un millón de euros”.

Además, el diputado destaca que en las cuentas presentadas por la empresa al Registro Mercantil sólo consta un trabajador y 62.000 euros de gasto de personal pero 270.000 euros en servicios externos. “Resulta obvio que la explotación de la discoteca se ha subcontratado, derivando el negocio hacia otro entramado empresarial y dificultando por tanto el control público”, asegura el diputado. Y por si al asunto le faltara algún elemento extraño, Blanco añadió que, según la Sindicatura de Comptes, Ocio y Entretenimiento Costa Este firmó el contrato con CACSA el 23 de enero de 2007, a pesar de que se creó el 14 de febrero del mismo año, según consta en el Registro Mercantil. Cuando se firmó el contrato por tres años, prorrogables a 15, la arrendataria no existía.

Respecto a la explotación de L’Oceanogràfic, esta fue adjudicada en 2002 a la empresa Parques Reunidos S.A. para un periodo de 10 años, por lo que finaliza ahora. “Por eso una de nuestras preguntas parlamentarias fue sobre la previsión de renovación, cancelación o renegociación de ese contrato, pero el Consell se niega a darnos una respuesta”, ha denunciado Blanco. A su vez, ha destacado que el canon pagado por la empresa a CACSA ha ido reduciéndose en los últimos años, pasando de 4’16 millones de euros en 2007 a 3’41 millones de euros en 2010, según los datos que constan en los informes de la Sindicatura de Comptes, pero “el principal problema es que no conocemos la cuantificación de las inversiones y gastos que asume CACSA en función de lo establecido en el contrato. Si fueran superiores a esas cantidades, estaríamos ante un caso clarísimo de déficit provocado por la gestión privada de una instalación de la que se publicita su éxito de público”, valora el diputado. Además, Blanco denuncia que CACSA hace caso omiso a la recomendación que cada año formula la Sindicatura de Comptes para que dichos gastos estén presupuestados antes de su ejecución.

“Si se está planteando la privatización total o parcial del resto del complejo, queremos saber cómo ha funcionado en estos casos para poder analizar el resultado, aunque EUPV siempre es partidaria de la gestión pública directa”, ha concluido Blanco, aunque no sin añadir que, pese a la opacidad del Consell y a la vista de la información disponible, “en el caso de L’Oceanogràfic no podemos saber cuál es el resultado pero en L’Umbracle parece claro que hay unas condiciones extremadamente ventajosas para que una empresa privada haga negocio con la cesión de un espacio público que nos ha costado muchos millones de euros a todos los valencianos”.

Justo un año después de que Francisco Camps accediera al Tribunal Superior de Justicia en la primera jornada del juicio por la causa de los trajes de la trama Gürtel, el magistrado José Ceres, encargado de la instrucción de todo el procedimiento, ha hecho público el auto con el que ha puesto fin a la instrucción de una nueva pieza del caso. En esta ocasión, la relativa a los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho derivados de la contratación de Fitur entre la Generalitat y Orange Market.

En la resolución —contra la que cabe recurso de las partes en un plazo de diez días (antes de que, de no prosperar, se abra juicio oral)— el magistrado ha determinado procesar al exvicepresidente del Consell Vicente Rambla, a las ex conselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such, y al exjefe de gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), Rafael Betoret (ya condenado en la causa de los trajes), por presunta prevaricación continuada en las adjudicaciones a Orange Market S.L. del pabellón autonómico en la feria Fitur entre los años 2005 y 2009. Los tres ocupan actualmente escaños de diputados del Partido Popular en Les Corts.

Además de ellos, el instructor también aprecia indicios de los mismos delitos en Isaac Vidal (exjefe del área de Mercados y Comunicación de la AVT), Jorge Guarro (jefe del servicio de Promoción de la agencia) y Ana Grau (coordinadora de ferias en la AVT). A su vez, a Martínez y a Such también les atribuye un delito de cohecho pasivo; a Betoret, Vidal, Guarro y Grau, un delito continuado de malversación de caudales públicos; y a Grau y a Vidal, un delito de falsedad en documento oficial.

Junto a ellos, Ceres también considera que hay indicios delictivos en los cabecillas de la trama Gürtel, Álvaro Pérez 'El Bigotes', Pablo Crespo, Francisco Correa, Cándido Herrero, Isabel Jordán y Mónica Magariños, todos por parte de Orange Market, en los delitos de tráfico de influencias, continuado de prevaricación, continuado de malversación de caudales públicos y/o fraude a la Administración Pública, y falsedad en documento oficial. Además, el instructor aprecia indicios de cohecho activo continuado en Pérez, Crespo y Correa.

De todas las personas imputadas e investigadas durante la instrucción, el magistrado tan solo ha decidido sobreseer la causa contra cinco de ellas: Dora Ibars, la que fuera directora general de Promoción Institucional en Presidencia hasta el pasado 26 de octubre; José María Casas, ex jefe de Contratación de la AVT; José Luis Izquierdo, ex contable de las empresas de Correa; y Mercedes Orts y Rocío Perea, ex trabajadoras de Orange Market.

Del oropel a los juzgados

El lujo y el oropel con el que el ejecutivo de Francisco Camps revistió su mandato —en este caso el que se encarnó en el stand promocional de la Comunitat Valenciana en Fitur, que fue motivo de orgullo por parte del Consell en aquella época, mientras —como se ha publicado en numerosas ocasiones— desviaba a las cuentas del entramado Gürtel sumas millonarias de dinero público—, aproximan a los juzgados, de nuevo, a sus artífices.

El magistrado José Ceres, en un auto con 153 páginas que analiza año por año las adjudicaciones de la Generalitat a Orange Market S.L., apunta a que, de los datos obtenidos en la investigación, se desprende un “propósito de favorecimiento” en la adjudicación de los concursos de Fitur 2005 a 2009 a Orange Market, y todo ello mediante la creación y correlativa aplicación 'ad hoc' dentro de los pliegos de contratación.

El juez afirma que que se hizo una “drástica alteración” en los pliegos de contratación respecto a los existentes hasta 2005, de cara a primar e introducir una serie “amplias dosis de ambigüedad e indefinición en los denominados criterios subjetivos”. Un hecho que permitió —según apunta— que se pudieran dar adjudicaciones a la trama a través de Orange Market, una entidad que acababa de constituirse a finales de 2003 y que carecía de una experiencia contrastada en este tipo de certámenes feriales. Todo esto, además de los regalos presuntamente ofrecidos por la trama a los cargos públicos y el modo en que se realizaron innumerables contratos por cantidades que superaron anualmente el millón de euros, componen a su parecer un “abanico y pluralidad de irregularidades” en la contratación administrativa y en la facturación; además de evidenciar unas relaciones personales “no habituales” entre un adjudicatario y funcionarios o autoridades relacionadas, directa o indirectamente, con la contratación.

Al cierre de esta pieza, los diputados procesados mantenían su acta de diputados. Tampoco desde el Consell presidido por Alberto Fabra y sustentado con su respaldo y el de sus compañeros de filas, se ha realizado ninguna declaración pública al respecto.

Es usted un analfabeto científico. Señor Alberto Fabra, puede que le sorprenda esta afirmación, pero no tengo más remedio que decírselo así tras leer que, según usted “no hay sitio” para la investigación científica “no productiva” (sic). Escucharle decir eso me inunda de una profunda tristeza: algo hemos hecho mal como sociedad.

Algo ha salido mal en su educación, en su formación como persona, para que usted considere que hay ciencia “productiva” y ciencia que no lo es. Para que usted desconozca que ciencia básica y aplicada son dos caras de la misma moneda, que una no puede existir sin la otra. Para que desprecie, sin más, el conocimiento per se, la satisfacción de la curiosidad humana, el impulso que nos llevó a salir de África tambaleándonos sobre dos piernas y nos propulsó con una nave espacial a la Luna.

Sus declaraciones muestran una profunda y arraigada incultura científica, un desconocimiento pavoroso de la realidad del progreso científico-técnico de la humanidad. Quizás usted piense que algunos laboratorios se dedican a hacer “cosas” –como diría su jefe Mariano Rajoy- para la vida diaria, y otros, habitados por científicos de bata medio abrochada y pelo desordenado y canoso, se dedican a jugar con humeantes frascos de colores y a perder el tiempo. Mire, Molt Honorable: lea un poco.

Lea, y sabrá que si usted llega a tiempo –bueno, su chófer- a una cita gracias al navegador del coche, es debido a que los satélites con los que funciona el GPS incorporan correcciones derivadas de la Teoría de la Relatividad, que en su momento era poco más que una complicada maraña de elucubraciones sobre el espacio-tiempo sin, por supuesto, ninguna utilidad “productiva”. También debería saber, ya que hablamos del automóvil en el que va cómodamente sentado, que el vidrio laminado que le protege se debe a investigaciones sobre polímeros nada “productivas” (y en las cuales, por cierto, tuvo mucho que ver la suerte). Quizás, si usted hubiese sido presidente en de la República Francesa a principios del S. XX, aún iríamos con peligrosísimo cristal quebradizo en los vehículos. De los medicamentos ni le hablo; con que haga memoria de la historia de la penicilina me conformo.

Lamentablemente, veo que su incultura está refrendada a nivel estatal. El ministro De Guindos reveló hace poco, y a instancias de una pregunta de la socialista María González sobre la I+D, que tampoco sabe cómo funciona la ciencia. Dijo textualmente que “la subvención por la subvención no es sostenible”. ¿Alguien sabe de qué habla este hombre? Si no considera como subvención el pago a médicos y hospitales, la construcción de carreteras y escuelas, las nóminas de los diputados o la limpieza viaria, ¿por qué sí la investigación científica? ¿Se dan cuenta ustedes del error de base del que parte el ministro? Eso, además del cinismo que supone afirmar en sede parlamentaria que “la ciencia es una prioridad del gobierno” y “uno de los ejes en los que se basa el nuevo modelo productivo”, mientras se apuesta por Eurovegas, se recortan becas y se cancelan proyectos.

Considerar que a la ciencia se le “regalan” las cosas, que vive de “subvenciones”, que no es “productiva”, tan sólo revela que nuestros gobernantes actuales no saben ni en qué mundo viven. Que nunca se han preguntado de dónde sale todo lo que les rodea, que no se plantean qué hace posible que llamen por un móvil mientras leen las noticias en la tablet, que creen que los médicos nos dispensan de forma aleatoria pastillas que crecen en los árboles.

Necesitamos que alguien se tome en serio a la ciencia, que alguien les explique –de una vez por todas- que no es posible paralizar la maquinaria investigadora del país y volver a ponerla en marcha con un chasquido de dedos cuando “haya dinero”. Que sin ciencia básica no hay ciencia aplicada que valga, ni patentes, ni proyectos, ni economía que resista. Que sin ciencia, a secas, esto se para.

Leer versión en valenciano.

“¡Tiene un mérito increíble! Cristiano Ronaldo cobra más que todos los jugadores del Levante juntos”, exclamaba el otro día Francisco Camps en un pasillo de Les Corts, donde charlaba amigablemente con el diputado popular —y granota— Rafael Ferraro. Con el dinero de los valencianos que se llevó la trama Gürtel, la Generalitat no sólo podría pagar el sueldo de Ronaldo, sino también los de Kaká y Benzema.

A buen seguro que el expresidente valenciano no ha efectuado este cálculo. Desde que fue declarado “no culpable” de un delito de cohecho impropio, Camps se ha refugiado en su despacho del Consell Jurídic Consultiu y se ha preocupado mucho más por el deporte —por la práctica y por el seguimiento televisivo— que no por la política o la economía.

Precisamente este miércoles, 12 de diciembre, se cumple un año del comienzo de su juicio. Un tiempo en el cual el País Valenciano ha sufrido, con efecto retroactivo, las consecuencias de una gestión gubernamental pésima. Los 21.000 millones de euros de deuda, sin incluir la de las empresas públicas. La nacionalización de Bancaixa mediante Bankia. La compra de la CAM por el Banc de Sabadell o la del Banco de Valencia por CaixaBank, ambas por un euro. El crecimiento desenfrenado del paro, que en los últimos doce meses ha pasado de 535.000 personas a 575.000. El ocaso de los grandes eventos, de la Fórmula 1 al Màsters de golf de Castelló pasando por la Volvo Ocean Race. El aeropuerto sin aviones, la Ciudad de la Luz en venta y una Marina Real inutilizada en el suntuoso Port America's Cup.

Este año, la decena de imputados que Camps blindó en el hemiciclo valenciano sólo se ha reducido por la inhabilitación de Pedro Ángel Hernández Mateo, exalcalde de Torrevieja, condenado a prisión. De los diez consejeros que nombró en junio de 2011, Alberto Fabra únicamente mantiene a tres; los dos más importantes se fueron por el caos financiero —el de Economía— o por el riesgo que conlleva mezclarse con investigados por la justicia —el de Hacienda—, a pesar de que antes tanto el uno como el otro tuvieron que tragarse el orgullo y acogerse al fondo de rescate estatal.

La valenciana fue la primera autonomía en hacerlo, porque las farmacias ya no tenían ni para pastillas Juanola... Bien que lo sabe la esposa de Camps, que ya lleva varias huelgas en protesta por los impagos de la Generalitat. Mientras tanto, se ha hecho público que Santiago Calatrava —residente en Suiza— cobró 94 millones de euros por la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el coste de la cual superó los 1.100 millones; que Iñaki Urdangarin tenía en Valencia el seu Eldorado particular; y que las ayudas al Tercer Mundo se quedaron en el primero segunda de la esquina.

Por si todo eso no fuera poco, Mariano Rajoy, por quien Camps rezaba tanto, trata el País Valenciano como si fuese Villar del Río. En 2013, tan solo Navarra —con hacienda propia— y los archipiélagos balear y canario —con régimen especial insular— recibirán menos inversión por cápita. Del trasvase del Ebro, ni se habla; el corredor mediterráneo transita por la vía lenta y cada vez tiene más competencia por el centro; y el IVA, que tenía que quedarse sí o sí en el 16%, se ha elevado hasta el 21%.

Un año después de su juicio, los cinco miembros del tribunal que salvaron a Camps lo tendrían muy difícil para levantar la mano y declararlo “no culpable”. Alguno quizá ya se haya arrepentido, porque la pena, esta pena tan severa, también les toca pagarla a ellos.

Leer versión en castellano.

“És un mèrit increïble! Cristiano Ronaldo guanya més que tots els jugadors del Llevant junts”, exclamava l'altre dia Francisco Camps a un passadís de les Corts, en conversa animada amb el diputat popular –i granota– Rafael Ferraro. Amb els diners dels valencians que va embutxacar-se la trama Gürtel, la Generalitat no sols hauria pogut pagar el sou de Ronaldo, sino també els de Kakà i Benzema.

De segur que l'ex-president valencià no ha fet aquest càlcul, però. Des que fou declarat “no culpable” d'un delicte de suborn impropi, Camps s'ha refugiat al seu despatx del Consell Jurídic Consultiu i s'ha preocupat molt més de l'esport –de la pràctica i del seguiment televisat– que no de la política o l'economia.

Precisament aquest dimecres, 12 de desembre, farà un any de l'inici del seu judici. Un temps en què el País Valencià ha patit, amb efectes retroactius, les conseqüències d'una gestió governamental pèssima. Els 21.000 milions d'euros de deute, sense incloure-hi el de les empreses públiques. La nacionalització de Bancaixa via Bankia. La compra de la CAM pel Banc de Sabadell, i la del Banc de València per part de CaixaBank, ambdues per un euro. El creixement desenfrenat de la desocupació, que els darrers dotze mesos ha passat de 535.000 persones a 575.000. L'ocàs dels grans esdeveniments, de la Fórmula 1 al Màsters de golf de Castelló passant per la Volvo Ocean Race. L'aeroport sense avions, la Ciutat de la Llum en venda i una Marina Reial inutilitzada al sumptuós Port America's Cup.

El darrer any, la desena d'imputats que Camps va blindar a l'hemicicle valencià només s'ha reduït per la inhabilitació de Pedro Ángel Hernández Mateo, ex-alcalde de Torrevella condemnat a presó. Dels deu consellers que va nomenar el juny del 2011, Alberto Fabra únicament en manté tres; els dos més importants van marxar per la por al caos financer –el d'Economia– i pel risc que comporta barrejar-se amb investigats per la justícia –el d'Hisenda–, per bé que abans tant l'un com l'altre van haver d'engolir-se l'orgull i acollir-se al fons de rescat estatal.

La valenciana fou la primera autonomia a fer-ho, perquè les farmàcies ja no tenien ni per a comprar pastilles Juanola... Prou bé que ho sap l'esposa de Camps, que acumula diverses vagues en protesta pels impagaments de la Generalitat. Mentrestant, s'ha sabut que Santiago Calatrava –resident a Suïssa– va cobrar 94 milions d'euros per la Ciutat de les Arts i les Ciències, el cost de la qual va superar els 1.110 milions, que Iñaki Urdangarin tenia a València el seu Eldorado particular i que les ajudes al Tercer Món van quedar-se al primer segona de la cantonada.

Per acabar-ho d'adobar, Mariano Rajoy, aquell per qui Camps va pregar tant, tracta el País Valencià com si fóra Villar del Río. L'any vinent, tan sols Navarra –amb hisenda pròpia– i els arxipèlags balear i canari –amb règim especial insular– rebran menys inversió per càpita. Del transvasament de l'Ebre, ni se'n parla; el corredor mediterrani va per via lenta i cada cop té més competència pel centre, i l'IVA, que havia de mantenir-se sí o sí al 16%, s'ha situat al 21%.

Un any després del seu judici, els cinc membres del tribunal que van salvar Camps ho tindrien molt i molt difícil per aixecar la mà i declarar-lo “no culpable”. Algú d'ells potser ja se n'ha penedit, ni que siga perquè la pena, aquesta pena tan severa, ens toca pagar-la a tots.

Amb molta més creativitat que pressupost, la productora Barret Films ha aconseguit materialitzar un desig llargament anhelat per editors, escriptors, llibreters i lectors: disposar d’un programa de llibres valencians i en valencià entretingut i modern. Això és Un país de llibre, i al primer episodi ens feien una subtil declaració d’intencions. El presentador, Eugeni Alemany, li proposa a Esperança Camps un viatge, tal i com fa la protagonista de la seua novel·la Naufragi a la neu. A l’estació del Nord, davant les possibilitats que els ofereixen els trens que esperen viatgers, Eugeni hi posa una única condició: “Ha de ser un Rodalia, no un Llarga Distància”. I aquesta limitació (no només econòmica) esdevé tot un símbol: no ens podem permetre AVEs, ni grans esdeveniments ni altres bufes de pato, però podem anar molt lluny si ens coneixem d’a prop i ens valorem tal i com som.

I les notícies culturals positives continuen. Finalment el Talia, que la Generalitat volia tancar al gener a causa dels retalls (sic), continuarà obert gràcies a la iniciativa privada. De la resposta del públic dependrà tant la seua continuïtat com l’orientació que guie la seua proposta teatral. I és també el públic, la gent, nosaltres tots, qui hem fet possible amb aportacions de micromecenatge el finançament de treballs discogràfics com 3.0, que els Orxata han enregistrat a Islàndia i posen en circulació aquest 12-12-12. L’avançament que n’han fet promet, i molt. També Andana ha obtingut una excel·lent resposta dels lectors per editar el llibre Llegeix-me, i ha superat amb escreix el pressupost necessari per fer viable aquest àlbum il·lustrat. I la Fundació Nexe, que divendres presentarà el seu quadern Valencians i democràcia, finançat gràcies a desenes de petites contribucions al projecte.

Potser sóc jo, que vull veure llum enmig de la foscor, però el ben cert és que aquestes escletxes resplendents ens mostren el camí de la supervivència i la regeneració col·lectives. El poder és nostre, dels consumidors culturals, perquè l’Administració pública ha abandonat, com sembla que sempre ha volgut fer, la seua funció més bàsica. I una no-política cultural és també, clarament, un tipus de política ben definida. La implicació ciutadana és ja el nostre únic (no només l’últim) recurs.

Al segon episodi d’Un país de llibre, Josep Vicent Frechina exalta la gran aportació de la música en valencià a la cultura pròpia en condicions hostils i poc receptives. “Quina tenacitat tenim els valencians”, afirma, “per seguir tirant en moments crítics!”. Si mantenim viu aquest esperit i una mesurada ambició, no podran amb nosaltres. Ni ara, ni mai!

“Pasar página” y “dar un paso adelante” han sido los términos elegidos por el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra para justificar la remodelación en su gobierno anunciada este viernes. Una remodelación que, aunque no ha querido señalar abiertamente como un borrón y cuenta nueva respecto a la era de su predecesor en el cargo, Francisco Camps, sí se ha tratado de insinuar así por su entorno más cercano.

En lo superficial, del gobierno heredado de aquel –tras su dimisión para centrarse en su juicio por la causa de los trajes de la trama Gürtel- solo tres nombres (los de José Ciscar, Serafín Castellano e Isabel Bonig) permanecen, después de la salida del gobierno de Maritina Hernández, Lola Johnson, Jorge Cabré y Luis Rosado, en un ejecutivo que ha reducido de diez a ocho su número de integrantes.

En lo profundo, en cambio, determinar un criterio uniforme para justificar permanencias y salidas resulta más difícil. Lola Johnson es, de las destituidas, la conseller con un perfil más campsista; por encima de Maritina Hernández, ambas en el gobierno desde 2007. Sin embargo, la salida de consejeros como Luis Rosado o Jorge Cabré podrían considerarse un pago por sus polémicas gestiones. El primero, con su fallido intento de privatización de la Sanidad (aún por resolver) y su administración de los impagos al sector farmacéutico; el segundo, por su gestión de los impagos a discapacitados y dependientes, que tiene a todo el sector en pie de guerra.

No obstante, la permanencia en sus puestos de Isabel Bonig y Serafín Castellano –también nombrados por Camps-, tan solo unos meses después de los incendios del pasado verano (los mayores en dos décadas) y tras años de recortes en sus respectivas áreas, pone en entredicho que la renovación, “el punto de inflexión” al que Fabra hizo referencia en su rueda de prensa, sea del todo cierta. Cabe recordar que la salida fundamental, la del conseller de Hacienda José Manuel Vela, se produjo la semana anterior fruto de una imputación, y no de su gestión política, que no sacó a la comunidad de la bancarrota, lo que ha evitado a Fabra posicionarse a favor de su permanencia, como ya hizo en diciembre del pasado año.

“Los mejores”

En el nuevo ejecutivo “he querido contar con los mejores”, ha señalado Fabra, tras anunciar las nuevas incorporaciones de Juan Carlos Moragues, al frente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública; Manuel Llombart Fuertes, en la Consejería de Sanidad; y Asunción Sánchez Zaplana, en la cartera de Bienestar Social.

Moragues, licenciado en Ciencias Empresariales y Económicas y Derecho, y hasta hoy era delegado de la Agencia Tributaria en la provincia de Castellón, será pues el encargado de lidiar con los proveedores de una Generalitat asediada por los impagos; mientras que Llombart Fuertes, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y director general de la Fundación Instituto Valenciano de Oncología desde 1997, parece llamado a asumir el proceso de privatización de la gestión de la Sanidad, que en principio es competencia de su administración. Finalmente, la alicantina Asunción Sánchez Zaplana, hasta hoy teniente de alcalde y concejala de Acción Social y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alicante (desde 1999), heredará el malestar de los sectores de la discapacidad y la dependencia, con unos impagos que no se pueden prorrogar más.

Tras el recorte de carteras, cabe destacar que será el vicepresidente y portavoz del Consell, José Ciscar, quien asuma las competencias de Agricultura; mientras que Serafín Castellano, que con sus delegados reforzó la proclamación de Alberto Fabra como presidente del PPCV, sumará a su gestión del área de Gobernación la de Justicia. Por último María José Català y Máximo Buch recogerán las áreas que se englobaban en la desaparecida Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, sumándose Cultura y Deporte a la cartera de Educación, y Turismo a la de Economía.

Catalunya es bilingüe porque los catalanoparlantes son bilingües y cuando alguien habla en castellano, ellos lo entienden e, incluso, pueden contestarles en ese idioma. No todos los castellanoparlantes de Catalunya son bilingües pero todos los catalanoparlantes sí lo son. Esa es la realidad. Ya está, no es necesario seguir insistiendo. En Catalunya no hay un problema de idiomas, tampoco en las escuelas.

Por tanto, que el gobierno español del Partido Popular, presidido por Mariano Rajoy y con José Ignacio Wert de ministro de Educación, se haya lanzado a la cruzada de salvar el castellano en la enseñanza en Catalunya es pura ideología españolista o una cortina de humo. No se debe entrar al trapo. El gobierno catalán debe poner las energías necesarias en la defensa de su idioma pero tampoco debe usar el “ataque que llega de Madrid” como bandera alrededor de la cual unir a todo un país, olvidando que los verdaderos problemas se llaman paro, pobreza, recortes en los servicios, pérdida de derechos, futuro incierto. A ver si va a resultar que los “ataques” de Wert serán la “defensa” del derrotado Mas que, por cierto, acaba de anunciar nuevos recortes por 4.000 millones. Qué casualidad: Wert ha esperado a que pasaran las elecciones para volver con su “españolización de los niños catalanes”, igual que Mas ha esperado para anunciar “nuevos recortes”. Trampas, las justas.

Estamos en casi seis millones de parados, y subiendo; cada día despertamos con un nuevo caso de corrupción (anteayer encarcelaron al hasta hace cuatro días presidente de los empresarios españoles); se privatizan servicios por doquier, en sanidad, en educación, en justicia, en comuncación, en seguridad; los jóvenes vuelven a emigrar a Alemania, Suiza o Méjico para poder ganarse la vida, como hace 50 años pero, ahora, licenciados en la Universidad; los desahucios se multiplican, con suicidios que ya empiezan a no llamar la atención; las listas de espera sanitarías crecen (excepto para el rey, claro); la calle hierve ante un sistema político que hace aguas por todos lados; los políticos son percibidos como un problema... En fin, que ante este panorama el tema del que nos debamos ocupar sea la enseñanza del castellano en Catalunya es una broma, una burla o, simplemente, la prueba del déficit democrático de este país y de la inutilidad de nuestra casta política.

Solo dos datos para acabar. El primero, cuando una familia en Catalunya reclama que su hijo sea escolarizado en castellano, en tanto que una de las dos lenguas oficiales, ese alumno recibe atención individualizada. El número de familias que en Catalunya han solicitado enseñanza en castellano para sus hijos respresentan el 0'05% del alumnado catalán. El segundo, en el País Valenciano, el año pasado alrededor de 100.000 alumnos pidieron ser escolarizados en valenciano, también una de las dos lenguas oficiales, y se les negó el derecho. ¿Saldrá ahora Wert en defensa de estos muchachos? La cantidad de afectados es muchísimo mayor... ¿O es que Wert no se ha enterado de esto? Esperamos su inmediata reacción.

En el día a día, en las pequeñas decisiones, pero también en los momentos en los que hay que tomar medidas trascendentes, todo es cuestión de incentivos. ¿Qué ventajas obtengo de escoger este camino? Ahí reside la cuestión.

Llevamos mucho tiempo oyendo hablar del problema de selección de élites en la política, de una selección inversa que actúa de filtro, aupando a los mediocres y desterrando a los válidos, pero críticos. Y sin embargo, se cuestiona poco a las elites económicas de éste país. Los mismos que cargan contra determinados políticos no osan abrir la boca ni manchar las páginas de sus periódicos criticando a empresarios o banqueros manifiestamente incapaces, gestores nefastos que bordean la indigencia intelectual en sus intervenciones públicas, y cuyas ideas son refritos de doctrinas que ya olían a rancio antes de empaparlas en palabras grandilocuentes. Díaz Ferrán es un símbolo en sí mismo: alguien que nunca debió pasar de malcarado mando intermedio (siendo generosos), agasajado por la derecha mediática gracias sus ramplonas diatribas filoesclavistas. Al final, pese a todo, había algo de honestidad en su infalible receta de trabajar más y cobrar menos: mientras unos nos deslomábamos, él podía (siempre presuntamente) meter la mano en la caja con total tranquilidad.

El problema, no obstante, no es el mismo para los gestores de lo público y lo privado. Si en la política nos encontramos con unas estructuras de los partidos políticos que imposibilitan necesarios cambios orgánicos, premiando la fidelidad al líder por encima de la competencia de cada uno (es decir: incentivando apretar el botón aún con pinza en la nariz antes que cuestionar abiertamente el movimiento del dedo índice), en el marco empresarial el problema es la macabra red de seguridad que hemos tejido entre todos.

¿Qué incentivos tiene un mal gestor bancario para asumir responsabilidades, para hacer las cosas bien, si aún saliendo todo mal –como ha sido el caso- su entidad es rescatada con el dinero de los contribuyentes y aún le damos la oportunidad de mofarse en las grotescas comisiones de investigación parlamentarias? (véase el caso de la CAM). ¿Qué incentivos ofrecemos para pagar legalmente los impuestos a las grandes fortunas, si después nos tapamos los ojos con la venda de la (fracasada) amnistía fiscal? Ninguno, en absoluto. Si usted fuese un banquero de Wall Street, y supiese que su ludopatía bursátil podría llevar a la quiebra a la empresa y la miseria a decenas de miles de personas, ¿dejaría de hacerlo? Probablemente sí. Pero, ¿y si le garantizamos bonus crecientes a sueldos ya de por sí estratosféricos y un rescate de su empresa, pagado generosamente por todos los ciudadanos? ¿Cómo van a actuar de forma eficiente y razonada si les avalamos entre todos, asegurando que no les pasará nada?

La Teoría de la Evolución, con el hermoso mecanismo de la selección natural, impregnó desde finales del S.XIX las ciencias sociales, sintetizándose esta influencia en el denominado “Darwinismo social”, una (pseudo)disciplina pretendidamente científica que aplicaba los parámetros evolucionistas a las sociedades humanas, intentando explicar los cambios de éstas mediante los postulados darwinianos. Aunque ahora está prácticamente olvidada, sería interesante ver cómo sus defensores explican el auge de la incompetencia como cualidad inherente a los gestores empresariales, la incentivación de la mezquindad como requisito para capitanear un banco. La evolución, a pesar de las controversias, actúa a nivel de grupo, de población. Y el efecto sobre el conjunto de la sociedad es, a todas luces, negativo.

La autorregulación del mercado es una de las grandes mentiras de nuestra época –a las pruebas me remito-, igual que lo es en este momento la selección de los más aptos, pero mientras no seamos capaces de incentivar la toma de las decisiones correctas, que conduzcan a un funcionamiento eficiente del mercado, tendremos al frente de nuestras empresas a gestores (sic) como Díaz Ferrán o Rodrigo Rato.

La Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana ha anunciado que las familias podrán acceder a los resultados de la evaluación diagnóstica de los centros antes del proceso de escolarización de sus hijos. Tres son las coartadas que esgrime su titular, María José Català, para justificar una medida: facilitar la libertad de las familias para elegir centro cuando se aplique el distrito único, mejorar la situación de las escuelas e institutos una vez se han detectado sus principales carencias, y luchar contra el fracaso escolar a base de incentivos. Malintencionada no parece. De hecho, de estas tres buenas intenciones está empedrado el infierno para la educación pública en nuestro país.

Como quien no quiere la cosa, se desplaza la defensa del derecho incuestionable de todas las personas a acceder a una educación gratuita y de calidad en favor de colocar en primer plano un derecho muy ambiguo: el de la libre elección de centros. El liberalismo siempre ha utilizado esta “libertad” como un mantra según el cual la educación no es un derecho social encaminado al bien común sino una oportunidad individual de consumo privado. Lo democrático según este esquema no es garantizar la participación de todos en el proyecto de una ciudadanía ilustrada al margen de las condiciones de cada cual, sino liberalizar el mercado educativo y que los clientes puedan decidir cómo, dónde y por cuánto comprar la mejor oferta. Argumento falaz donde los haya puesto que no existe libertad de elección donde hay desigualdad de oportunidades. Pero el sutil razonamiento va calando en quienes confunden ciudadanía con capacidad de consumo. Se trata en realidad de sacar la educación de la política para inscribirla de pleno en una especie de sociedad-supermercado donde los derechos más básicos se transforman en mercancías al alcance del mejor postor.

Los gobiernos del Partido Popular llevan años en este empeño. Cuestionan el modelo público de enseñanza y legislan en contra de una educación ciudadana igualitaria, solidaria y democrática. Por eso reparten recursos públicos a centros concertados y facilitan el acceso al sector a entidades privadas para potenciar aún más el negocio educativo. ¿De verdad alguien piensa que, en medio de esta apuesta descarada, el diagnóstico que anuncia la consellera Català servirá para compensar las carencias de los centros públicos peor situados en el ranking de resultados? Existen experiencias suficientes en otros países que demuestran justo lo contrario. Las deficiencias no se compensan sino que crecen mientras se potencia el éxodo a la privada o a centros con contextos socioeconómicos más favorables. Con medidas como esta se abre también la veda en busca del estudiante mejor situado —“A la caza del mejor alumno”, titulaba sin complejos el diario La Razón— para optimizar el éxito de la escuela y con ello los incentivos prometidos.

Luchar contra el fracaso escolar a base de pruebas diagnósticas y premios a los mejores es un ataque en toda regla contra la educación pública que, por definición, debe ser integradora, compensadora y comprensiva. Controlar, jerarquizar, excluir y anular la diferencia a base de evaluaciones instrumentales externas como las que propone el departamento de Educación de la Generalitat son acciones situadas en las antípodas de una política eficaz contra el fracaso escolar. Si el gobierno valenciano quisiera atajarlo trataría de fortalecer toda la red pública de enseñanza obligatoria, para garantizar su excelencia en función de los procesos que las comunidades educativas llevan a cabo en sus particulares contextos. Pero en su lugar, nuestra consellera crea un sistema de exámenes/barrera, alejado de la dinámica y las necesidades de enseñanza-aprendizaje de estas comunidades. Los rankings asfixiarán la vida de las escuelas, generarán ghettos culturales y destruirán a base de competitividad y frustración los procesos pedagógicos que buscan la educación integral del alumnado. Eso por no hablar de la selección de alumnado a la que deberán proceder los centros más saturados de demanda, algo que vulnera flagrantemente los principios de igualdad a los que se debe la educación pública.

La bienintencionada consellera no oculta su desprecio más absoluto por la educación inclusiva, democrática y solidaria con medidas como estas. Si no ponemos remedio, su fe ciega en un modelo de enseñanza jerárquico, elitista y excluyente —amparado, eso sí, en la Ley de Educación promovida por su ministro correligionario— nos conduce a un auténtico fracaso escolar, esto es, social y político. En el Olimpo del neoliberalismo español Wert es poderoso, y Català su profeta.

Engullida por la dimisión del conseller José Manuel Vela poco antes (en paralelo a la noticia de su imputación en un nuevo caso de corrupción en el ejercicio del poder), la condena a Pedro Ángel Hernández Mateo, uno de los hasta ayer diez diputados autonómicos del PP valenciano imputados en causas que investigan diferentes corruptelas, ha pasado a un segundo plano.

El caso que se seguía contra el que fuera alcalde de Torrevieja (localidad alicantina en la que cometió el delito), frente a los populares Gürtel y Brugal, parecía menor, pero no por ello resulta menos destacable que la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) le haya encontrado culpable de los delitos de falsedad documental y prevaricación en la adjudicación en 2004 del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos del municipio.

La sentencia, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), impone a Hernández Mateo una multa total de 10.500 euros –a razón de 50 euros diarios durante siete meses- y siete años de inhabilitación especial para el cargo de primer edil o cualquier otro de naturaleza electiva en el ámbito local. El ex alcalde también deberá indemnizar al consistorio torrevejense en la cantidad de 12.000 euros.

El TSJCV ha encontrado probado que Hernández Mateo –como Eldiario.es informó en su día- adjudicó a una empresa de su agrado (la UTE integrada por Necso Entrecanales-Grupo Generala de Servicios) un concurso público de recogida de basuras, por el que la compañía elegida cobró 9,6 millones de euros al mes. Para ello, el exalcalde tuvo que realizar una peripecia, que pasó por vadear a funcionarios reticentes, la falsificación de documentos, añadir vocales a la mesa de contratación para asegurarse la mayoría, e incluso encargar y pagar con dinero público informes externos que justificaran la elección de la empresa en cuestión.

“Este modo de proceder sólo puede calificarse de arbitrario y lesivo para el interés público de la municipalidad de Torrevieja y para el particular del resto de concursantes”, ha subrayado la sala en la sentencia.

La hija de Alperi toma el relevo

Poco después de conocerse la sentencia, el presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, comunicaba que Hernández Mateo dejará su acta de parlamentario autonómico. Del mismo modo, aseguró, su partido le abrirá un expediente “según marcan los estatutos”. La plaza de diputado autonómico del condenad pasará así a manos del siguiente candidato disponible de la lista del PP a las Corts por Alicante. Casualmente, la afortunada será Elisa Díaz González, directora territorial de Urbanismo de Alicante, e hija del exalcalde de Alicante y diputado imputado (por el caso Brugal) del PP en las Corts, Luis Díaz Alperi.

14 años después de la última dimisión de un conseller valenciano por una presunta irregularidad, el conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, seguía los pasos de Luis Fernando Cartagena (que dimitió en 1998 acosado por un delito fiscal) y presentaba su dimisión de su cargo. El motivo, según su relato en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, la “presión mediática” a la que asegura verse sometido desde que el pasado 20 de noviembre se le viera filtrando un presunto documento requerido por la juez que instruye el 'Caso Cooperación' a Rafael Blasco, el principal imputado en la causa (que investiga el desvío millonario de dinero público para la ayuda al desarrollo a un entramado de empresas).

“Desde entonces he venido soportando una serie de acusaciones falsas e insidias que me atribuyen haber filtrado supuestamente un informe del Interventor General al diputado Rafael Blasco”, ha asegurado Vela, al tiempo que reiteraba su inocencia. Su dimisión no se ha producido hasta que la juez encargada del 'caso Blasco', María Pía Calderón, encargara al Tribunal Superior de Justicia valenciano que investigara lo sucedido, por si pudiera ser constitutivo de delito (los hechos denunciados pueden serlo de un delito de revelación de secretos, otro de encubrimiento y un tercero de infidelidad en la custodia de documentos).

Poco después de conocerse su dimisión, el magistrado José Flors, encargado de instruir la denuncia interpuesta por la Fiscalía, ha anunciado la imputación de Vela y del interventor de la Generalitat, Salvador Hernández García, autor del informe, a los que ha llamado a declarar el próximo 12 de diciembre.

Como el conseller no es diputado, tras la dimisión dejará de ser aforado y la investigación de su caso se alejará, por tanto, del TSJ hacia un un Juzgado de Instrucción ordinario. Por lo que lo más probable es que Flors no llegue a tomar declaración ni a Vela ni a Hernández.

El conseller de los impagos

Vela ha renunciado a su cargo por una presunta irregularidad, aunque a los ojos de la luz pública su gestión estaba más en entredicho por ser la cara visible de los numerosos impagos de la Generalitat valenciana. Llegó al cargo tras el último triunfo electoral de Francisco Camps, después de más de una década gestionando las cuentas públicas valencianas de diferentes gobiernos como secretario autonómico de Economía y Presupuestos.

Este ascenso no le posibilitó, sin embargo, frenar el rumbo hacia la quiebra técnica de la economía valenciana, cuyos engranajes, fortalezas y debilidades había contribuido a edificar, y que empezaron a quedar al descubierto al poco de presentar Camps su dimisión y con el acceso de Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno. A pesar de su larga trayectoria como alto cargo en la misma conselleria que hasta hoy capitaneaba, Vela ha manifestado que se va porque “no vive de la política” y ha recordado que es catedrático.

Un único precedente

La anterior dimisión, la de Luis Fernando Cartagena, entonces conseller de Obras Públicas del Gobierno de Eduardo Zaplana, por haber ocultado a hacienda 164 millones de pesetas. Cartagena finalmente ingresó en prisión en verano de 2008 con una condena de cuatro años por quedarse con 49.000 euros donados por unas religiosas al Ayuntamiento de Orihuela, aunque finalmente solo pasó dos meses entre rejas. Solo otro conseller dejó su cargo anteriormente por una presunta irregularidad y fue precisamente Rafael Blasco, el destinatario del informe presuntamente filtrado por Vela. La diferencia es que, en aquella ocasión, Blasco era conseller de un Gobierno socialista y no presentó su dimisión, sino que fue destituido.

En la misma rueda de prensa en que Vela ha comunicado su dimisión a la prensa, el vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ha anunciado que será él quien asuma “temporalmente” las competencias de la conselleria dejada por Vela.

La última sesión de control al presidente de la Generalitat de 2012 (la última, sí, aunque aún no hemos estrenado diciembre) acabó ayer, como seguro habrán escuchado, como el rosario de la aurora. En todo caso, les resumo: un grupo de dependientes, familiares de dependientes y trabajadores en centros de atención, fueron expulsados del pleno tras protestar desde la tribuna de invitados por los impagos del Consell a este sector y que asciende más allá de los 70 millones de euros (una organización reclama esa cantidad para sus socios, y solo agrupa a parte de las empresas afectadas). Las protestas fueron aplaudidas desde los bancos de la oposición, cuyos integrantes acabaron enfrentados a gritos con los del PP, siempre con la ayuda —involuntaria o no— del presidente de la cámara, el también popularista Juan Cotino.

Lo sorprendente, no obstante, es que poco después, este incidente y los resultantes de la mala gestión del mismo por parte de Cotino centraban ya los titulares de la prensa digital y los informativos radiofónicos. La “mala imagen” de “nuestros representantes” era motivo de preocupación de la prensa bienpensante. “¿Por qué no se comportan nuestros representantes?”, reclamaban algunos metiendo a todos en el mismo saco (si no solo a los de la oposición), mientras otros lamentaban que “cualquier mínimo rastro de política, de espíritu constructivo, había desaparecido del hemiciclo”.

Cabe imaginar, siendo benevolente, que los colegas indignados por la estampa están a su vez afectados por la rutina y solo despiertan por el efecto sorpresa, en este caso de una trifulca. Porque si no, nadie en su sano juicio subrayaría las quejas de una decena de ciudadanos o la reacción airada de dos decenas de diputados, cuando éstas lo que hacen es señalar que el grupo de encorbatados que se sientan frente a ellos llevan muchos meses incumpliendo su obligación de pagar lo que deben a los discapacitados y dependientes. Una dejación que por ahora afecta a los miles de trabajadores del sector; trabajadores que, afortunadamente para los discapacitados, continúan trabajando pese a los retrasos en el cobro de su salario (en algunos casos, como los de muchas cooperativas, desde hace prácticamente un año).

Poco antes, el presidente Alberto Fabra había anunciado el pago para este viernes de 10 millones de euros —una parte ínfima de lo que se adeuda al sector—, y prometía otros 30 antes de final de año, aunque al precio que se cotiza la credibilidad de sus promesas (pregunten a farmacéuticos, libreros, proveedores sanitarios, y demás afectados por sus impagos), más que un motivo de alegría, el anuncio parecía una nueva tomadura de pelo. Sin embargo, tampoco el intento del Consell de apagar el fuego con una promesa insuficiente fue el objeto mayoritario de la noticia, sino el pataleo de una decena de representantes de los afectados y otros tantos diputados de la oposición. Ya ven, nos roban y, como estamos tan acostumbrados, a algunos les preocupa cómo llevamos el nudo de la corbata. Paguen ya.

Señora Pilar Sol (@pilar3sol),

Después del revuelo mediático que provocó su intervención del pasado lunes en la Comisión de Política Social y Ocupación de las Cortes Valencianas al afirmar que “hay casos de familias que estaban en situaciones de necesidad y a lo mejor luego se compraban una televisión de plasma”, he hecho tres cosas. La primera, buscar el vídeo de su intervención en el archivo audiovisual de las Cortes para asegurarme de que lo que afirmaban los medios era cierto. Y lo es. La segunda, leer con atención el texto de la Ley 9/2007, de 12 de marzo, de la Generalitat, de Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) de la Comunitat Valenciana.

Tras leerlo por dos veces, no encuentro ningún artículo en el que se afirme que un beneficiario de la RGC no pueda comprarse una televisión de plasma. Leo después el modelo del Plan Familiar de Inserción que deben comprometerse a cumplir los destinatarios de la RGC y en concreto la lista de motivos por los que se puede denegar, suspender o extinguir la misma, y tampoco dice nada de las televisiones de plasma. Si no haberlo encontrado se debe a mi ignorancia a la hora de leer disposiciones legales, le pido encarecidamente que corrija mi error.

Dado que los medios de comunicación también se han hecho eco de sus presuntas disculpas a través de una conocida red social, lo tercero ha sido buscarlas. Y transcribo lo que usted ha dicho: “Mi máximo respeto y apoyo a la gente que necesita RGC; el ejemplo citado ha sido UNA irregularidad detectada que perjudica a los más necesitados”.

De nuevo leo por dos veces, y no encuentro las disculpas por ningún lado. Lo único que entiendo es que usted se reafirma en que el hecho de que un beneficiario de la RGC se compre una televisión de plasma es UNA irregularidad.

Señora Sol, a usted puede parecerle fatal que un pobre de solemnidad tenga televisión. Yo también preferiría que no la tuvieran, ni los pobres ni los ricos, así sería mucho más complicado adoctrinarlos con mensajes reiterativos que hacen que las mentiras repetidas mil veces a través de los tubos de rayos catódicos (perdón que las de plasma ya no tienen estas cosas) parezcan verdades.

Pero resulta que a mí también me parece fatal que una diputada autonómica lleve a gala que su padre fuera alcalde franquista y, como no hay ninguna disposición legal que lo prohíba, me lo tengo que comer. Y por si no le ha quedado claro, repito la idea. El problema no es que su padre fuera alcalde franquista. Los hijos (y las hijas) no deben pagar por los pecados de sus padres (ni de sus madres). El problema es que usted lo lleve a gala. Si tuviera un mínimo de pudor democrático, después de afirmar en una entrevista que su padre fue “alcalde de Aigües, en la época de Franco” tal vez hubiera debido pedir perdón por la barbarie de ese régimen dictatorial con el que su padre colaboró.

Por lo demás, mientras que la legislación vigente no lo impida, creo que los pobres tienen el mismo derecho que los ricos a gastarse su dinero (y una prestación recibida cuando se cumplen las condiciones requeridas es SU dinero) como les venga en gana. Bastante humillante debe ser tener a un funcionario que husmea en qué lo gastan. ¿Estaría usted dispuesta a contarnos con pelos y señales en qué se gasta los ingresos que percibe como diputada autonómica?