La autopsia practicada al cadáver de la mujer de 56 años hallada muerta este lunes por la noche en Almoradí (Alicante) ha determinado que el fallecimiento se produjo por causas naturales y no fue asesinada, por lo que su marido ha sido puesto en libertad.

Según la Guardia Civil, las diligencias practicadas hasta el momento, la inspección ocular del lugar de los hechos y las manifestaciones tomadas coinciden plenamente con el resultado arrojado por la autopsia, deduciendo que no existe criminalidad en la muerte de la víctima.

El resultado del examen forense en el Instituto de Medicina Legal de Alicante ha concluido que la muerte se habría producido por causas naturales, a consecuencia de las cuales la víctima se cayó y sufrió las lesiones que presenta el cuerpo, que no revestían gravedad.

La Guardia Civil continúa con la instrucción de las diligencias, que serán trasladadas a los Juzgados de Orihuela.

El hallazgo del cadáver de la mujer, María del Carmen, fue descubierto sobre las 23 horas de este lunes después de recibir aviso de un aparente accidente doméstico en un domicilio del casco urbano de Almoradí, al sur de la provincia de Alicante.

En el transcurso de la investigación, los agentes encontraron algunos indicios que condujeron al arresto este martes por la mañana del marido, de 61 años, pero horas después la Guardia Civil lo ha puesto en libertad a la luz de los nuevos datos de que se dispone.

La Comunitat Valenciana vuelve a enfrentarse a una alerta roja en toda la comunidad. Según advierte la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se podrán alcanzar temperaturas cercanas a los 42 grados en puntos próximos al litoral valenciano, tanto en el norte como en el sur. La temperatura prevista para la ciudad de València es de 37 grados y por la noche no bajará de los 25 grados, dificultando las horas de descanso. Además de las temperaturas extremas, Aemet advierte que la jornada del miércoles podría venir acompañada de fenómenos como tormentas secas, reventones térmicos y rachas muy fuertes de viento de corta duración.

El episodio de calor llega, además, en un contexto de elevada mortalidad asociada a las altas temperaturas. Según los datos del sistema de monitorización de la mortalidad diaria (MoMo), desde el 1 de mayo se han registrado 1.682 muertes atribuibles al calor. En los últimos once años, la media para junio ha sido de 249 defunciones. Sin embargo, el pasado mes de junio la cifra ascendió a 937. En los primeros nueve días de julio se han registrado ya 622 fallecimientos coincidiendo con la segunda ola de calor.

Ante esta tesitura, resulta esencial seguir las indicaciones de protección civil tal y como recomienda la Aemet. Las autoridades sanitarias de la Generalitat Valenciana ofrecen las siguientes recomendaciones para protegerse frente a esta alerta roja:

En primer lugar, recomiendan mantener una hidratación adecuada bebiendo agua con frecuencia, evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día –entre las 12.00 y las 17.00– y utilizar crema con un alto factor de protección solar. Asimismo, aconsejan priorizar el consumo de alimentos ligeros y frescos, como frutas, verduras y ensaladas, y prestar especial atención a las personas más vulnerables, como mayores, menores o quienes presentan problemas de salud y vigilar posibles signos de golpe de calor.

Ante la previsión de altas temperaturas, se espera que tanto turistas como residentes acudan a playas y piscinas para hacer frente al calor. En este contexto, la Conselleria de Sanidad recuerda la importancia de extremar las precauciones en las zonas de baño y recomienda no bañarse en solitario o en playas sin servicio de socorrismo, respetar las banderas y las normas de seguridad, evitar alejarse de la orilla o lanzarse desde las rocas en espacios naturales y vigilar de forma constante a los menores dentro y fuera del agua.

El calor no llega solo, sino que también viene acompañado de la proliferación de mosquitos. Para reducir su presencia, Sanidad recomienda evitar la acumulación de agua estancada vaciando o cubriendo los recipientes que puedan contenerla. Asimismo, aconseja utilizar repelentes autorizados, instalar mosquiteras de malla fina, limpiar y desinfectar las fuentes ornamentales y mantener despejados los desagües y canaletas.

La Agencia Estatal de Meteorología complementa estas recomendaciones aconsejando el uso de gorras y gafas de sol, buscar espacios frescos y a la sombra, reducir la actividad física durante las horas de mayor calor y mantenerse informado sobre la evolución de las alertas a través de los canales oficiales.

El espacio rural de investigación, producción y exhibición artística La Otra Casa inaugura el próximo sábado, 18 de julio, 'Territori', su primera convocatoria colectiva. La muestra reúne a diez artistas que analizan la explotación del suelo y el impacto de los fondos de inversión extranjeros en el patrimonio natural y cultural.

El proyecto surge como respuesta a la transformación del territorio en un activo financiero. A través de la fotografía, la escultura, el vídeo y el fanzine, la exposición aborda los procesos especulativos que afectan a montañas, costas, barrios históricos y tierras de cultivo bajo lógicas extractivas de compra, rentabilidad y desplazamiento de la población local.

Entre los casos que aborda la muestra destaca el proyecto MEV, una macro-urbanización privada que impulsan la creadora de contenido noruega Belinda Jakobsen y el empresario rumano Iancu Ilies. Este plan prevé la edificación de entre 500 y 600 viviendas con piscina en un paraje natural protegido que sufre sequía crónica, lo que, según los organizadores, pone en riesgo el suministro de agua de los municipios colindantes.

Las obras expuestas examinan cómo el capitalismo convierte el patrimonio en mercancía, altera ecosistemas y vacía comunidades. Frente a las promesas de progreso de las grandes operaciones inmobiliarias y turísticas, los creadores visibilizan los mecanismos de apropiación y desposesión que transforman los entornos rurales y urbanos.

La exhibición cuenta con piezas de Romina Belda, Cap de Set, Col·lectiu Merda Per A, Pau Figueres, Antonio Galealba, Eva Martí, José Luis Navarro, Francisco Palacios, Vladimír Turner y Paco Valverde. Sus propuestas exploran las consecuencias de la turistificación, la privatización del paisaje y la desaparición de los oficios locales.

Con esta iniciativa, La Otra Casa busca abrir un debate público sobre la defensa del entorno. Los organizadores afirman que el objetivo de 'Territori' consiste en iniciar una conversación necesaria sobre aquello que se arrebata a las comunidades y que se debe defender con empeño.

Carmen Viguer, una mujer a punto de cumplir 98 años y con un avanzado grado dependencia, perdió a su hijo Juan Ramón Climent en 2021, asesinado por el exnovio de su nieta, que fue condenado a 20 años de prisión por un tribunal popular en un caso de violencia vicaria. Desde hace más de cincuenta años vive en el municipio de l'Eliana, ahora con su otra hija, Carmen Climent Viguer, de 71 años, y su nieta, Patricia, en una vivienda familiar que construyó el matrimonio. Ambas van a ser desahuciadas en un mes en un proceso impulsado por la entidad semipública Afín SGR y una empresa privada, que reclaman la propiedad del inmueble que fue adquirido en una subasta. El desalojo estaba previsto para el pasado martes, 7 de julio, pero la familia consiguió un aplazamiento de un mes in extremis. La familia reclama ayuda para paralizar el desalojo y conseguir una alternativa: “Esta casa es su vida”, señalan.

Los Climent son un apellido que cuenta con su propio epígrafe en la historia de la industria valenciana: es la familia que impulsó La Maquinista Valenciana, una centenaria empresa que se dedicó a la construcción de máquinas de vapor, faros y otros sistemas auxiliares de navegación. En sus instalaciones se forjaron esculturas emblemáticas como la de Jaume I en la Plaza Alfons El Magnànim de València o el puente de hierro de Alzira, y la familia cuenta con un importante archivo documental que lleva el nombre de Francisco Climent, primer propietario de los talleres. La firma nació en la década de los ochenta del siglo XIX y se especializó en navegación y en maquinaria para la industria del tabaco. Su fundador, Francisco Climent, participó en numerosas reformas sociales de València: la primera Junta Local de Reformas Sociales, la ampliación de la Escuela de Artesanos, asociaciones de socorro de la propia firma o la Cooperativa de Casas Baratas. Carmen Climent, a cargo de los cuidados de su madre, es la bisnieta del fundador, y junto a sus hermanos estuvo al frente de la firma hasta que la vendieron en 2007.

Pocos años antes de la venta, la familia suscribió un préstamo con una entidad bancaria para obtener liquidez. De aquel contrato, hace ya dos décadas, deriva una situación límite para la familia: una petición de embargo y un lanzamiento judicial. Esta rama de la familia Climent empleó su parte de la vivienda, dividida en varias participaciones y valorada en 260.000 euros en la subasta, para avalar el préstamo ante la Sociedad de Garantía Recíproca. Según explica Carmen Climent, bisnieta del fundador, la empresa se vendió, los nuevos compradores no pagaron la totalidad del préstamo que habían suscrito con Bancaja, del que continuaron siendo avalistas y terminaron en una subasta judicial por un retraso en el pago. La SGR fue a juicio contra la empresa y contra los avalistas: la familia. Carmen explica que los nuevos propietarios les convencieron para seguir abonando la deuda paulatinamente y un retraso en los pagos derivó en este procedimiento judicial. Asímismo, apunta que otra empresa adquirió también la deuda.

En el proceso intervienen la mercantil Gesvenacem SL, dedicada a la compraventa inmobiliaria y la firma Satisfacción Legal Util, del mismo administrador, firma que adquirió una parte de la vivienda que se subastó para saldar la deuda -algo más de la mitad de la propiedad- y además de de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), que figura como parte demandante en el proceso. Les reclaman una deuda de 280.000 euros más 64.000 euros en intereses de demora, por un préstamo suscrito hace veinte años. Satisfacción Legal Útil es propietario de la mayor parte de las cuotas en pleno dominio de la vivienda, adquirida en la subasta en 2023 y reclama la posesión del inmueble. Gesvenacem SL figura junto a la SGR como parte demandante en el lanzamiento. Carmen acudió a la Generalitat Valenciana, dado que la entidad es semipública, pero no consiguió nada. El gobierno valenciano no ha respondido a las preguntas de elDiario.es sobre el desahucio.

La cosa se fue enrevesando con la SGR y la deuda suscrita, explica Carmen en conversación telefónica. Otra empresa con el mismo administrador que quien compró la mitad de la vivienda en una subasta adquirió también la deuda que habían contraído, y ahora se encuentran flanqueadas por todos los costados: el mismo titular les reclama la vivienda para saldar el préstamo. La mercantil que adquirió la mitad de la vivienda no consiguió la posesión en primera instancia, pero sí en la Audiencia Provincial en junio de 2024, como explican desde su entorno a elDiario.es, obviando que la vivienda es la primera residencia de una familia. Las afectadas también alegan que la vivienda no se puede dividir, por lo que no podían entregar la parte que se les reclamaba.

En primera instancia, el juzgado entendió que la empresa adquirió las cuotas indivisas especificadas en la subasta y en la adjudicación, y esto determina que “no se pueda proceder a la entrega de la posesión material de la finca”. La Audiencia lo revocó al entender que la empresa tiene mayoría de las cuotas de propiedad, que no de usufructo. Carmen recuerda que el Código Civil señala que en caso de haber dos poseedores prevalece el derecho del más antiguo, y que su madre tiene el usufructo de la otra parte.

Finalmente, y al borde de la fecha del lanzamiento hipotecario, el juzgado ha admitido el informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de l'Eliana en el que se recoge el grado de dependencia de la 'matriarca', evaluada con el grado 3. “Esa casa es su vida”, señala Carmen por teléfono, que ya cree que su familia “parece que tenga una maldición”, tanto por la pérdida de su hermano como de la vivienda familiar. El juzgado también estima que la vivienda es el domicilio habitual de Carmen y de su hija, que depende de ella, y acuerda un mes para la entrega voluntaria.

La Policía Nacional ha localizado a la bebé de siete días que fue sustraída este jueves del Hospital Francesc de Borja de Gandia (Valencia), en el que se encontraba ingresada tras haber dado positivo por consumo de cocaína, y ha detenido a sus padres, que al parecer trataron de evitar que Servicios Sociales se hiciese cargo de la menor.

El responsable directo de la sustracción de la menor fue el padre, un hombre de nacionalidad argelina que ha sido detenido, según han informado este viernes a EFE fuentes de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana.

Tanto el padre como la madre de la bebé sabían que los Servicios Sociales se iban a hacer cargo de su hija, tras haber dado la menor positivo por consumo de cocaína en unas analíticas.

La Policía Nacional retuvo primero a la madre en el mismo hospital y posteriormente la detuvo.

A última hora de la tarde de este jueves también se detuvo al padre, que había dejado a la menor al cuidado de unos familiares en Gandia, y posteriormente se localizó a la menor, que ha sido ingresada de nuevo en el hospital.

Además de la detención de los progenitores, se ha producido una tercera, la de la hija de la madre, de unos 20 años de edad, que al parecer habría colaborado en este operativo para ocultar a la recién nacida de la acción de los servicios sociales.

Toda la investigación y posterior localización de la bebé ha corrido a cargo de agentes del grupo de Familia y Mujer (UFAM) de la comisaría de Gandia.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alzira (Valencia) a cuatro personas implicadas en el fallecimiento de un operario en un edificio en construcción tras sufrir una caída por el hueco del ascensor. Entre los arrestados se encuentran los dos administradores de la empresa constructora —hermanos entre sí—, a los que se les imputan los delitos de homicidio imprudente, contra la seguridad y los derechos de los trabajadores, así como el apoderado y un operario, imputados por un delito de encubrimiento, tras haber alterado presuntamente el escenario del accidente con el fin de eludir responsabilidades penales y civiles. El fallecido trabajaba sin contrato, realizaba jornadas abusivas y pernoctaba de forma precaria sobre un colchón en la propia estructura en construcción.

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de enero, cuando el centro de emergencias 112 recibió una llamada telefónica en la que se alertaba de que un varón había sufrido una caída accidental por las escaleras de una obra en Alzira y se encontraba sangrando de gravedad. Al personarse en el lugar las dotaciones de Policía Nacional y servicios sanitarios, hallaron a la víctima inconsciente y sin responder a estímulos, siendo evacuada con vida hacia el Hospital de la Ribera, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

En primera instancia, el responsable de la empresa y propietario del edificio, manifestó a los agentes que el fallecido se trataba de un cliente particular que se había personado en las instalaciones para realizar una visita comercial, con la intención de alquilar una habitación una vez concluidas las obras. Según su testimonio inicial, la muerte se habría producido de forma fortuita debido a un tropiezo en los peldaños de la primera planta, golpeándose en la cabeza.

Posteriormente, las pesquisas fueron asumidas por agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de Alzira, sospechando que la versión ofrecida por los empresarios no correspondía con la realidad. Tras una minuciosa investigación, se pudo corroborar que la persona fallecida, no era un cliente, sino un empleado de la constructora que venía prestando sus servicios desde principios de año sin contrato legal de ningún tipo. Además, realizaba jornadas laborales abusivas, muy superiores a las establecidas, y pernoctaba de forma precaria en el interior de la propia obra sobre un colchón en el suelo, desprovisto de servicios mínimos esenciales como el acceso a agua caliente.

El edificio carecía de elementos de seguridad

Los investigadores concluyeron que el trabajador se precipitó al vacío por el hueco del ascensor, el cual carecía por completo de sistemas de iluminación y protección. Durante la caída, el operario sufrió un fuerte golpe en la cabeza, lo que le causó, al parecer, posteriormente la muerte.

Seguidamente, los responsables de la constructora, tras percatarse del accidente y con conocimiento de la total ausencia de medidas de seguridad y de la situación de clandestinidad laboral del empleado, idearon un plan para manipular el escenario. Presuntamente, extrajeron al herido del hueco del ascensor y lo arrastraron hasta la zona de las escaleras del inmueble, colocando barandillas de protección metálicas en el primer tramo, para darle apariencia de seguridad.

Una vez adecuado el espacio, llamaron a los servicios sanitarios simulando el accidente fortuito del supuesto cliente, con el objetivo de evadir responsabilidades civiles o penales.

Ante las pruebas recabadas por los investigadores, la Policía Nacional detuvo a los dos administradores de la empresa —hermanos entre sí— como presuntos autores de los delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad y los derechos de los trabajadores. Asimismo, se arrestó al padre de ambos, apoderado de la compañía, por un delito de encubrimiento. El cuarto detenido es un operario de la obra, quien habría cooperado en la manipulación del escenario y traslado de la víctima, motivo por el cual se le imputa el delito de encubrimiento.

Los arrestados ya han pasado a disposición de la autoridad judicial.

Una madre ha denunciado ante la Policía y la Inspección de Educación un presunto caso de acoso escolar continuado hacia su hijo de nueve años, alumno de tercero de Primaria en la Escolanía Nuestra Señora de los Desamparados de València, después de que, según asegura, hayan ignorado sus avisos en el centro. Así, describe un entorno de hostilidad hacia el menor desde el inicio del curso escolar, caracterizado por insultos de gravedad y la difusión de vídeos con connotaciones sexuales por parte de dos compañeros del niño, ante lo cual tanto la dirección del centro privado-concertado como la administración educativa habrían mostrado una absoluta pasividad.

La víctima accedió a la institución el pasado curso después de superar las pruebas musicales pertinentes para formar parte del coro. Según explica su madre, profesora de Educación Secundaria en un instituto de València, el menor comenzó a sufrir de inmediato el rechazo y los ataques verbales por parte de los dos compañeros de aula. Entre las descalificaciones habituales se encuentran insultos hacia su familia y expresiones homófobas como “tu padre te ha dejado por maricón”.

A pesar de las reiteradas comunicaciones de la familia, la respuesta de la dirección y del tutor consistió en calificar los hechos como “cosas normales” o “cosas de niños”. En las entrevistas presenciales con el director, Luis Garrido, la madre asegura que este le llegó a hablar “a grito pelado” y que desde el centro se achacó la situación a la presunta falta de “habilidades sociales” del alumno, exigiéndole pruebas de los hechos.

Sin embargo, en el mes de mayo aparecieron en los dispositivos digitales de uso obligatorio en el centro (iPads) archivos de vídeo y audio enviados al menor con expresiones injuriosas y de índole sexual. “El colegio ha visto los vídeos, pero no ha hecho nada”, afirma la denunciante. Ante la persistencia del hostigamiento, que incluyó agresiones físicas menores como el lanzamiento de objetos durante una carrera solidaria, la madre acudió a una psicóloga externa, quien confirmó el severo daño emocional del menor, al que describió como “destrozado”.

La solución planteada por la institución académica, según ha explicado la afectada, fue la invitación a abandonar el centro. Al recoger las calificaciones finales de su hijo, el tutor le indicó que si no estaban “a gusto”, se marcharan. En el trámite de baja formal, la secretaría del colegio atribuyó la salida a que el alumno “no se había adaptado”. Finalmente, la familia ha obtenido plaza en otro centro escolar para el próximo curso.

“No se ha detectado ningún caso de acoso escolar”

Por su parte, el director de la Escolanía de Nuestra Señora de los Desamparados, Luis Garrido, en declaraciones a elDiario.es, ha defendido la actuación del centro y ha asegurado que se ha seguido rigurosamente “el trámite que nos señaló la conselleria” desde que la madre comunicó la situación de su hijo. Según Garrido, el menor “ha tenido una vida normal” en el colegio, al margen de los “pequeños incidentes que puede tener un niño”, los cuales fueron abordados mediante el seguimiento del claustro y la aplicación de las “medidas correctoras y sancionadoras” previstas. No obstante, el director ha negado categóricamente la gravedad de las acusaciones al afirmar que, tras activar los mecanismos de observación correspondientes, “no se ha detectado ningún caso de acoso escolar”.

Asimismo, el responsable de la institución ha confirmado que la Inspección de Educación se puso en contacto con ellos hace unas semanas para instarles a abrir formalmente el protocolo de acoso escolar. Garrido ha lamentado la baja del alumno y ha manifestado que le “sabe muy mal que se haya ido el niño, es una verdadera lástima”, al tiempo que ha subrayado que desde el centro educativo se hizo “todo lo posible para que no se fuera del colegio y para que se encontrara cómodo” durante el curso.

Consultada por elDiario.es, la Conselleria de Educación ha confirmado que hubo una queja de una madre y que la inspección fue al centro: “Se han seguido todos los protocolos y no se han encontrado indicios de ningún abuso”, corroboran.

Precedentes y denuncias de encubrimiento

Este caso coincide con otras reclamaciones similares de familias de la Escolanía, que también acudieron a la Inspección de Educación por supuestas vejaciones e insultos en el centro, un patrón de conducta que ya provocó que otros alumnos abandonaran la institución con anterioridad.

Además, antiguos docentes del centro también corroboraron a elDiario.es la veracidad de los hechos denunciados, al sostener que esta problemática no es nueva. Así, explican cómo hace una década dos profesores fueron despedidos tras denunciar de forma interna los abusos a los que eran sometidos los menores por parte de la dirección. El Juzgado de lo Social declaró aquellos despidos como improcedentes. “Esto lleva ocurriendo muchísimos años; incluso antiguos alumnos ya nos comentaban las vejaciones que les decían”, asevera una docente que ya no está en el centro.

El colegio de la Escolanía tiene unos cuarenta alumnos que cursan entre tercero de Primaria y segundo de la ESO divididos en tres aulas unitarias. El objetivo de este centro concertado es la escolarización de los niños, de entre 8 y 14 años, que forman parte del coro de la Escolanía que le canta a la Virgen de los Desamparados en la Basílica de València.

El profesor de Sociología de la Universitat de València Antonio Ariño Villarroya ha sido reconocido con el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2026. Así aparece en la resolución publicada este 3 de julio en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El galardón, otorgado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), reconoce la trayectoria académica y la contribución a la investigación social del profesor.

El jurado del premio, presidido por el presidente del CIS, José Félix Tezanos, acordó conceder el galardón por mayoría en la sesión celebrada el 9 de junio de 2026.

Antonio Ariño Villarroya es profesor emérito de Sociología de la Universitat de València. Ha sido catedrático y director del Departamento de Sociología y Antropología Social desde 1997 a 2003. Entre 2003 y 2020 ejerció el cargo de vicerrector de la Universitat de València en diferentes equipos rectorales, asumiendo diferentes responsabilidades.

Es licenciado en Geografía e Historia (1985) y doctorado en Sociología (1990) con la tesis Fiesta y Sociedad en la Valencia contemporánea. Sus principales líneas de investigación están relacionadas con los ámbitos de la sociología de la cultura, las políticas de bienestar social y el Tercer Sector. En la actualidad centra su investigación en el ámbito de los desastres y las catástrofes, formando parte de diversos grupos de investigación.

Además de la destacada labor como autor de numerosos libros y artículos científicos, ha dirigido el Instituto de Ciencias Sociales y de la Cultura de la Institución Alfons el Magnànim y ha sido vicepresidente de la Federación Española de Sociología.

Entre los reconocimientos recibidos por Antonio Ariño en su trayectoria académica destaca especialmente el Premio Nacional de Investigación, obtenido en 1992 por su obra La ciudad ritual, una de las máximas distinciones académicas que consolidó su trayectoria investigadora. A este galardón se suman la condecoración como Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques, otorgada por el Gobierno de Francia en 2014 por su contribución a la cooperación académica y cultural, y el Premio de la Crítica Literaria Valenciana 2017, en la modalidad de Ensayo y Crítica, concedido junto a Joan Romero por el libro La secesión de los ricos, entre otros galardones. Además, ha sido director del Observatorio de la Participación y Condiciones de Vida de los Estudiantes Universitarios (ECoViPEU).

A lo largo de su carrera, Ariño ha sido también una figura clave en la defensa de la función cultural de la universidad como su tercera misión, entendida como la proyección del conocimiento hacia la sociedad y el compromiso de la institución con la cultura como servicio público.

El Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política, convocado por el CIS, tiene como objetivo promover y estimular la investigación social aplicada, de acuerdo con la normativa que regula este organismo. Este es el segundo año consecutivo que se concede esta distinción al profesorado de la Universitat de València ya que la distinción del año 2025 recayó en la profesora de Sociología Capitolina Díaz Martínez.

El acto de entrega será anunciado próximamente. El jurado ha sido constituido por José Félix Tezanos Tortajada; Silvia García Ramos; Rosario H. Sánchez Morales; Constanza Tobío Soler; Rafael Pardo Avellaneda; Luisa Carlota Solé i Puig; Almudena Moreno Mínguez; Javier de Estaban Curiel; Antonio Francisco Alaminos Chica; y Capitolina Díaz Martínez; y como secretaria del jurado, con voz pero sin voto, estuvo María Asunción Garzón Martínez.

La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer y una de sus hijas a manos, presuntamente, del padre, que ha sido hospitalizado con heridas de arma blanca junto a otra de sus hijas, en la partida de El Fenollar, en el término de Alicante, han informado a EFE fuentes del instituto armado.

Los agentes han recibido el aviso a través del teléfono de Emergencias 112 alrededor de las 19.40 horas de este jueves y las patrullas desplazadas al lugar han encontrado a las dos mujeres fallecidas y a los dos heridos, que han sido trasladados a un centro hospitalario.

Según las mismas fuentes, no constan antecedentes en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (Viogén) entre el presunto autor de los asesinatos y la mujer fallecida, si bien la investigación sigue abierta.

El Observatorio del Comercio Valenciano, reunido en sesión ordinaria bajo la presidencia de la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha aprobado los once días festivos y domingos que se permitirá la apertura de los establecimientos comerciales de la Comunitat Valenciana durante 2027, tal y como marca la ley autonómica.

En la reunión, el Observatorio ha aprobado por mayoría proponer a la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio los siguientes once domingos y días festivos de apertura comercial para el año 2027: 3 de enero, domingo (campaña de Reyes); 10 de enero, domingo (rebajas de invierno); 26 de marzo, Viernes Santo (mayor afluencia turística); 29 de marzo, Lunes de Pascua (acumulación de festivos); 2 de mayo, domingo (aumulación de festivos); 27 de junio, domingo (rebajas de verano); 10 de octubre. domingo (acumulación de festivos); 1 de noviembre, lunes (acumulación de festivos); 28 de noviembre, domingo (campaña de Navidad); 6 de diciembre, lunes (campaña de Navidad, acumulación de festivos); 19 de diciembre, domingo (campaña de Navidad).

Además, como novedad de este año, el Observatorio ha aprobado recomendar que los comercios, de acuerdo con sus respectivos ayuntamientos, puedan cambiar cualquiera de estos días festivos de apertura en caso que coincidan con alguna alerta meteorológica o sanitaria.

El Observatorio es un órgano colegiado, consultivo y asesor en materia de comercio. Entre sus funciones figuran las de proponer, sin carácter vinculante, los once domingos y festivos cuya apertura autoriza anualmente la Conselleria. También es el órgano encargado de recibir información de proyectos normativos, de las declaraciones de zonas de gran afluencia turística y de aquellos proyectos que estime la Conselleria que son de su interés.

El Observatorio del Comercio Valenciano está constituido por representantes de las organizaciones empresariales del sector de la distribución comercial, incluidas las pymes, las cámaras de comercio, las organizaciones que actúan en defensa de las personas consumidoras, los mercados municipales, los sindicatos, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y de distintos órganos de la Generalitat.

A principios del siglo XX, la comarca de la Marina Alta y sus alrededores se convirtieron en el punto de partida de un éxodo silencioso. La plaga de la filoxera, que devastó los cultivos de vid, unida al yugo del caciquismo local, empujó a miles de personas hacia lo desconocido. El destino principal no fue Argelia ni Argentina, localizaciones habituales de la diáspora valenciana, sino la costa atlántica de Estados Unidos y Canadá. Entre 1906 y 1920, un total de 15.758 valencianos cruzaron el océano en busca de una vida digna.

Esta gesta colectiva es el eje central de 'Del Montgó a Manhattan. 100 anys de somni americà', un largometraje documental de unas dos horas de duración producido por Info TV y codirigido por Juli Esteve y Esther Albert.

Este audiovisual, que se asoma a los cines tras superar un complejo proceso de producción y edición entre 2024 y 2025 -marcado también por la dana-, tuvo que ser financiado en su última fase mediante una campaña de micromecenazgo en la plataforma Verkami. El objetivo, recaudar un mínimo de 16.000 euros y alcanzar las 1.000 entradas anticipadas para asegurar la exhibición en salas comerciales del territorio valenciano, conseguido.

El proyecto tiene sus raíces, reconoce Esteve, en dos momentos clave. El primero fue el éxito de un documental previo sobre la migración a Argelia, estrenado en 2012. El segundo es fruto de una experiencia estrictamente personal. En 1988, durante una comida familiar, Juli Esteve descubrió que los abuelos de la que era entonces su pareja habían residido en Nueva York durante más de una década. “Esa era una historia que para un valenciano de l'Horta, que lo desconocía, resultó fascinante por el gran contraste que suponía la pobreza de la Marina con la capital del mundo”, evoca el codirector.

A partir de 2012, el equipo inició una exhaustiva investigación que se prolongó durante cuatro años -el primero dedicado íntegramente a una labor de profunda investigación y los otros tres años de grabaciones y edición- y que dio como fruto inicial cuatro piezas documentales. La coincidencia temporal con la publicación del libro Valencians a Nova York. El cas de la Marina Alta (1912-1920), de la investigadora Teresa Morell, sirvió de acicate. “Ella encuentra 2.500 nombres, pero hay más, y Juli empieza a tirar del hilo. Creamos un registro que está más o menos completo y que nunca se había hecho”, explica Esther Albert.

El rigor de los cineastas les llevó a filtrar los pasajes de todos los buques con salida desde España y los puertos franceses de Cherburgo y Le Havre. El resultado es un censo casi matemático de 15.758 personas migrantes. El hilo migratorio comenzó el 6 de septiembre de 1906 con la llegada de diez pioneros del municipio de Orba. A partir de esa fecha, el fenómeno se expandió de forma imparable hasta que, en 1920, el Gobierno estadounidense restringió la entrada de ciudadanos españoles e italianos con la excusa del temor al terrorismo anarquista; aunque en el fondo, relata Esteve, estaban los prejuicios contra los europeos del sur.

El impacto socioeconómico en los municipios de origen fue radical. Localidades como Pego registraron la marcha de un millar de vecinos; Pedreguer perdió a 711 y Orba vio partir a 580 personas, una cifra que representaba más de la mitad de su censo de 1.100 habitantes en el año 1900.

“Se fueron todos los hombres jóvenes y muchas mujeres; solo quedaron los niños y las personas mayores”, contextualiza Esteve. Esta ausencia de mano de obra estranguló los intereses de los grandes terratenientes de la zona. “Los latifundistas se quedaron sin trabajadores porque no tenían a nadie para cultivar las tierras, y las vendieron a los propios expatriados, que enviaban dinero desde América o volvían con los bolsillos llenos de dólares. La tierra se democratizó y se acabó con el latifundismo mucho antes de la reforma agraria de la Segunda República”, asevera el realizador.

Para certificar la veracidad de este proceso, Albert y Esteve cruzaron los testimonios orales de los propios protagonistas o de sus descendientes con documentación oficial en territorio norteamericano, donde tuvieron acceso a material que se encontraba en algunas de las 25.000 bobinas de grabación de dominio público integradas en el Congreso de los Estados Unidos. En total, la productora completó 700 entrevistas en 70 poblaciones de comarcas como la Marina y la Safor, pero también en la Ribera o el Rincón de Ademuz, además de una campaña de grabación de dos semanas en Nueva York en octubre de 2013.

El largometraje no se plantea únicamente como un documento de consumo nostálgico, sino como una herramienta de pedagogía social frente a los discursos xenófobos contemporáneos. “El trabajo sirve además de denuncia social, porque demuestra que los valencianos también emigramos por la pobreza”, defiende Esteve, quien recuerda que en contextos hostiles aquellos pioneros “se juntaban, hablaban su lengua y cocinaban los platos de su tierra para autoprotegerse, porque se sentían excluidos”. Al respecto, recuerda la anécdota recogida en el anterior documental sobre las migraciones a Argelia, cuando uno de los testimonios explicaba cómo se llegaba a la rica costa norteafricana en patera desde las pobres tierras valencianas donde reinaba la miseria, “lo que resulta muy significativo”.

Por su parte, Albert incide en la necesidad de trasladar este legado al sistema educativo: “Es un ejercicio de memoria y también una reivindicación. Queremos que esta historia vaya más allá de las salas de cine o de una plataforma, que llegue a la escuela para que las nuevas generaciones puedan conocerla y combatir así determinadas ideologías de odio”.

El audiovisual valenciano, “en la UCI”

El estreno del filme, que ya superó su primera prueba de fuego ante el público en el festival DocsValència y en proyecciones especiales en Ondara y la ciudad de València, sirve también para poner el foco sobre la delicada situación que atraviesa la industria audiovisual local.

El largometraje actual es una reedición con música inédita y nuevas escenas basada en el material original, un desarrollo que fue posible gracias a las ayudas a la Proyección Audiovisual de la Generalitat Valenciana de la convocatoria de 2023. Sin embargo, los directores se muestran pesimistas ante la evolución del sector en los últimos años.

“Debemos agradecer a la Generalitat su colaboración, pero no podemos dejar de constatar que estas ayudas vienen de 2023. Hasta 2024, las subvenciones que otorgaba el IVC (Institut Valencià de Cultura) eran seis ayudas de 90.000 euros, las más bajas que se daban en el contexto nacional, pero algo ayudaban. Sin embargo, en las convocatorias de 2025 y 2026 solo se otorgan dos, lo que significa que hay cuatro empresas condenadas a la extinción”, lamenta Juli Esteve. El director señala también el declive presupuestario de la televisión autonómica À Punt como un factor agravante: “Tiene la mitad de presupuesto que tenía en 1998, 13.000 millones de pesetas (alrededor de 200 millones de uros). Ahora cuenta con unos cien millones de euros frente a los 300 que llegó a tener. Eso quiere decir que no pueden invertir en el audiovisual valenciano”. “La inversión ha demostrado que genera retorno”, subraya.

A pesar de las dificultades económicas, el equipo confía en la respuesta de la audiencia y en la viabilidad comercial de la cinta en plataformas digitales o cadenas de televisión durante los próximos doce meses. El objetivo final permanece intacto: evitar que el olvido sepulte la aventura de aquellos miles de valencianos que un día miraron al Atlántico con la esperanza de conquistar Nueva York.

Una jueza de Valencia ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por, presuntamente, matar el pasado lunes al logopeda de su hijo menor de edad en una clínica de esta ciudad y que posteriormente se entregó a la Policía.

Los hechos ocurrieron sobre las 18:15 horas del pasado lunes en la clínica logopédica Diálogo, en la calle Ingeniero de la Cierva del distrito de Tránsitos de València.

Posteriormente, el autor confeso del crimen se entregó en la Comisaría de Burjassot con las manos manchadas de sangre y confesó haber apuñalado y acabado con la vida de otro hombre.

Los agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de Policía Científica de Valencia se desplazaron al lugar, confirmando el fallecimiento y haciéndose cargo de la investigación.

Además, la Policía Nacional recuperó el arma que supuestamente utilizó el homicida, una navaja de unos quince centímetros que fue hallada junto al cuerpo de la víctima.

Agentes del grupo de Homicidios y de la Policía Científica de la Policía Nacional registraron este martes la clínica de València, en una investigación que sigue en curso.

Según confirmaron fuentes policiales posteriormente, el autor confeso del crimen explicó a los agentes que había sorprendido a la víctima cuando se encontraba a solas con el menor y que éste tenía los pantalones y el pañal bajados, por lo que sospechó de una posible agresión sexual y atacó al logopeda.

À Punt estrena este viernes, a las 22:45 horas, “El caso Zapatero: los datos”, un reportaje de investigación que examina la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por un presunto delito de tráfico de influencias tras el hallazgo en su despacho de piezas de joyería cuyo valor supera el millón de euros. La televisión pública valenciana ha comprado este trabajo documental a Telemadrid aunque, por el momento, se desconoce cuánto le ha costado este trabajo audiovisual a À Punt.

Producido por La Cometa TV, el documental cuenta con firmas periodísticas de referencia —entre las que destacan Esteban Urreiztieta, Pilar Velasco o Ketty Garat— que ponen el foco en la investigación judicial y en el impacto social del proceso. Asimismo, el espacio recopila testimonios de antiguos compañeros de partido para valorar la repercusión de la medida en el seno del PSOE y la percepción ciudadana sobre la figura del exmandatario.

La producción analiza pormenorizadamente las actuaciones que motivaron la imputación, tales como la apertura de diligencias de investigación, los registros y el inventario de las joyas intervenidas. De igual modo, recoge el análisis de especialistas en derecho penal sobre el alcance de estas medidas de instrucción y detalla la evolución de la causa desde las pesquisas iniciales hasta la posibilidad de que surjan nuevos cargos.

La pieza también contextualiza las ramificaciones familiares y procesales de la causa, y traza escenarios en los que terceras personas podrían resultar investigadas. La narración incorpora la cronología detallada del caso, documentación procesal clave y abundante material de archivo para configurar un relato veraz y contrastado de los acontecimientos.

Comparecencia en la Audiencia Nacional

La emisión coincide en el tiempo con la comparecencia de Rodríguez Zapatero del pasado 17 de junio de 2026 en la Audiencia Nacional ante el juez José Luis Calama. El expresidente prestó declaración en calidad de investigado dentro de la causa que rastrea presuntos delitos de tráfico de influencias vinculados al rescate público de 53 millones de euros otorgado a la aerolínea Plus Ultra, así como el origen del lote de joyas intervenido en sus dependencias de trabajo. Tras un interrogatorio de tres horas, el exlíder socialista defendió ante los medios su inocencia de manera tajante y solicitó la “confianza” de la ciudadanía.

Con el objetivo de neutralizar las sospechas de la instrucción en torno a supuestos activos opacos en el extranjero, el expresidente entregó en el juzgado un escrito de “autorización universal voluntaria”. Este documento faculta formalmente al magistrado para verificar que el exmandatario no posee cuentas bancarias, bienes inmuebles ni productos financieros a su nombre fuera de España. En el plano político, mientras el ala mayoritaria del Gobierno de coalición mantiene de momento su respaldo al expresidente, el Partido Popular ha exigido la retirada inmediata de su carné de militancia socialista y el grupo Sumar ha tachado de “insuficientes” sus explicaciones ante la justicia.

Este miércoles ha tenido lugar en el municipio de Catarroja el desahucio de una familia compuesta por Maite, de cerca de 60 años, quien vivía con sus hijas Teresa y Lucía —esta última de 10 años— y con su nieto Juan José, de solo 2 años, hijo de Teresa. Maite y Teresa son víctimas de violencia de género; además, uno de los agresores se encuentra actualmente en prisión.

Este es el segundo intento de desahucio que sufren; el primero fue paralizado en los juzgados. La familia, en situación de vulnerabilidad reconocida, llevaba 10 años viviendo de alquiler en esta vivienda. Ahora se encuentran en una situación crítica: subsisten con un sueldo de 480 euros, ya que Maite está de baja por una fractura de menisco. Estas circunstancias les dificultan acceder a cualquier otra alternativa habitacional.

La vivienda pertenece a un particular jubilado, que tiene numerosas viviendas, según ha denunciado el Sindicat d’Habitatge. El propietario no ha querido hacer declaraciones ni hablar con la familia, aunque un familiar del mismo asegura que le debían 26 meses de alquiler y que ha sido un juez el que ha ordenado el deshaucio.

El Sindicat d’Habitatge de València convocó una concentración para tratar de detener el desahucio. Según explica Quique, portavoz del sindicato, también habían contactado con los comités sociales surgidos tras la dana, que cuentan con estructuras propias en los pueblos de L'Horta Sud, para tratar de movilizar a más gente. La idea era concentrar al mayor número de personas posible para presionar. Han intentado negociar, sin éxito, con la comitiva judicial para que se pusiera en contacto con los juzgados de cara a pedir un aplazamiento, pero finalmente se han negado a hacerlo. Desde el sindicato han ayudado a la familia a bajar sus pertenencias, y un conocido se ha acercado en coche para trasladarlas.

Ahora solo pueden recurrir a los servicios sociales para ver qué alternativas les ofrecen. Aunque, según comunica Quique, la alternativa probablemente sea un albergue en el que podrían separarlas, puesto que conforman dos núcleos familiares distintos. Antes, la única solución que habían recibido por parte de los servicios sociales fue indicarles que llamaran a los servicios de atención de urgencias sociales, donde les dieron cita para el 7 de julio.

Ante esta situación, el Sindicat d’Habitatge de València, que afronta cuatro desahucios en cinco días, denuncia que este caso no es aislado y forma parte de una crisis cada vez más cruel: “La única valoración que podemos hacer es que esto es un crimen, no hay derecho a que esto suceda y no hay derecho a que las instituciones defiendan a los rentistas”, concluye el portavoz del sindicato.

La sobrecogedora historia de esta familia permite observar de cerca y de una forma un poco más humana las diferentes dimensiones que adquiere la pobreza. Laura es una mujer luchadora, con problemas de salud que implican obstáculos en su día a día y un hijo de 18 años con discapacidad, así como un fuerte entusiasmo por ayudar a su madre. Carlos se ha criado en una familia compuesta por 10 hermanos, ha tenido una infancia llena de dificultades y ha enfrentado situaciones muy duras a lo largo de su vida.

Actualmente atraviesan una de las situaciones más extremas que han vivido. Por distintas circunstancias, han acabado malviviendo los tres en una habitación de alquiler por 330 euros mensuales, atrapados en un arduo debate: “o como, o pago el alquiler”, señala Carlos. En elDiario.es hemos tenido la oportunidad de escuchar la historia de esta familia que, lejos de quedarse en algo anecdótico, constituye un ejemplo paradigmático de la situación actual que viven muchas familias en España y que se ha ido agravando con el tiempo debido a la terrible crisis de vivienda.

Problemas de salud como obesidad mórbida, apneas graves y severos problemas de salud mental –en gran parte derivados de la situación extrema en la que viven– dificultan aún más encontrar un trabajo. Carlos actualmente trabaja vendiendo cupones con un contrato de pocas horas semanales que no alcanza para cubrir poco más que el alquiler por lo que está buscando un trabajo, pero su pasado –del que no se encuentra orgulloso porque asegura porque cometió errores “para sacar mi familia adelante” que acabaron derivando en antecedentes penales– conforma una barrera difícil de traspasar: “Me dicen: tienes un buen perfil, pero por tus antecedentes no puedo contratarte”, menciona Carlos.

Laura ha trabajado toda su vida como feriante y vendedora pero siempre en negro, por lo que su vida laboral parece muy pobre en comparación con la gran experiencia que tiene, que no queda reflejada en ninguna parte. Adrián –hijo de Laura de una pareja anterior que se limita a aportar la pensión que le exige la ley– tiene una discapacidad reconocida del 33%. Debido a su entusiasmo y dedicación, su madre siempre le animó a seguir estudiando, pero él mismo decidió dejar los estudios después de finalizar la ESO para buscar un trabajo y poder ayudar en casa.

Una serie de circunstancias han ido agravando la situación hasta llegar a un punto crítico. Diferentes dificultades burocráticas para acceder a ayudas, problemas de salud graves y una vida, en general, muy complicada, han desembocado en un círculo vicioso del que les resulta muy complicado salir.

Por ejemplo, Laura cuenta cómo tuvo que posponer para otro momento su cirugía de bypass gástrico: “mi marido está enfermo, tiene una fuerte depresión por lo que yo no me puedo permitir operarme ahora y dejarlo solo, además, no tengo dinero para los medicamentos ni para hacer dieta”. Toda está situación le provocó un episodio de depresión severa que, según relata, le llevó a la idea de quitarse la vida: “La habitación se me venía encima, me provocaba una fobia terrible”. Por si fuera poco, muchos medicamentos que debía tomar para sus numerosos problemas le provocan alergia. Los problemas de salud sin resolver dificultan el acceso a un trabajo, pero la falta de ingresos y vivir en una situación tan precaria, supone una barrera para solucionar estos problemas: “Es la pescadilla que se muerde la cola”, señala Laura.

La situación es extrema: la casera amenaza con echarles, se ven obligados a limpiar el piso que comparten con otras tres personas que se desentienden de las tareas de limpieza, sin zonas comunes más que un baño y una cocina, y a arreglar las averías de la casa de las que la casera no se hace cargo.

Las administraciones públicas sí que tienen una línea de ayudas para estas situaciones pero las dificultades de empadronamiento –muchos propietarios no permiten el empadronamiento de los inquilinos– hace que su situación sea especialmente delicada y compleja.

Actualmente se ven respaldados por la Cruz Roja, dentro del programa de “atención a personas en extrema vulnerabilidad”, que les ayuda en la medida de lo posible puesto que los fondos son limitados. El apoyo se concreta en varios frentes: ayudas puntuales para el alquiler cuando la situación se vuelve crítica, acompañamiento emocional, orientación y formación laboral —Carlos llegó a impartir un curso de carnicería para la propia entidad, con buenos resultados entre sus alumnos—, y un sistema de ayudas alimentarias que evita la entrega directa de productos: en su lugar, acuerdos con comercios locales —carnicerías, pescaderías— para que las familias puedan elegir qué comprar, preservando así su dignidad y, de paso, apoyando al pequeño comercio del barrio. La trabajadora social asegura que son una familia encantadora: “Participan en todos los talleres, no son de esa gente que vienen a pedirte y se van”

La historia de esta familia no es excepcional. Según datos de Cruz Roja Valencia, el 80% de las personas que atiende la organización en la ciudad viven hoy en habitaciones de alquiler, pagando entre 300 y 700 euros al mes. Hace apenas cuatro o cinco años, la mayoría de familias podían aspirar a alquilar un piso completo. Ese cambio brutal, ha empujado a cientos de familias a una forma de vida que combina la falta de intimidad, la precariedad económica y, en muchos casos, la exclusión de las ayudas públicas que deberían protegerlas.

Desde la Cruz Roja señalan: “Las situaciones de desigualdad y falta de oportunidades son hereditarias”. Uno de los programas de la organización, dirigido a la promoción del éxito escolar, trabaja precisamente con menores de familias en dificultades para evitar que la precariedad de los padres se traduzca automáticamente en la de los hijos: apoyo con los deberes, una merienda digna, acompañamiento a las familias durante etapas más delicadas como la adolescencia.

En el caso de Adrián, el patrón ya se intuye: dejó de estudiar a los 16 para ayudar económicamente, igual que en su día Carlos —criado entre diez hermanos, sin apenas estudios— tuvo que buscarse la vida desde joven. La diferencia es que ahora hay una red, aunque limitada, que intenta cortar esa cadena antes de que se repita una generación más. El acceso a una educación pública, gratuita y de calidad, y las ayudas económicas, juegan un papel fundamental, son la única palanca real de movilidad social. Sin ellas, el origen familiar no es un punto de partida sino un techo.

Según datos de Cruz Roja Española, en lo que llevamos de año (del 1 de enero al 15 de junio de 2026), han atendido a más de 110.700 personas en situación de extrema vulnerabilidad, con una representación del 56% de mujeres, ofreciendo más de 563.000 respuestas. En 2025, la atención total a este colectivo alcanzó a más de 222.000 personas, con más de 1,2 millones de respuestas.

En la Comunitat Valenciana, en lo que llevamos de año, Cruz Roja ha atendido a más de 18.414 personas en situación de extrema vulnerabilidad, ofreciendo más de 78.087 respuestas. En 2025, la atención total a este colectivo en el territorio valenciano alcanzó a más de 36.166 personas, con más de 158.801 respuestas.

Pese a todo, ni Carlos ni Laura piden asistencia indefinida. Lo repiten varias veces durante la conversación, lo único que quieren es un trabajo digno: “No pido un piso con muchos requisitos. Con que tenga dos habitaciones, una para nosotros y otra para mi hijo, ya vamos para adelante. No pido más”, dice Carlos. Desde Cruz Roja coinciden en el diagnóstico: el problema de fondo ni siquiera es la vivienda, sino la falta de oportunidades laborales. “Es una familia que lo único que quiere es trabajar. Ese es el principal obstáculo con el que se encuentran”, resume la trabajadora social que les acompaña.

La portavoz de Sanidad del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, Yaissel Sánchez, denunciará al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, por ocultar a las Corts Valencianes datos sobre las contrataciones y derivaciones a empresas privadas en los departamentos de salud durante los ejercicios de 2024, 2025 y 2026 a la fecha de respuesta (5 de junio), y el porcentaje que estas externalizaciones –que incluyen la voluminosa cifra de servicios a empresas de la sanidad privada– supusieron sobre el gasto total en 16 departamentos de salud en 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026 a fecha de respuesta.

La parlamentaria reclamaba asimismo el detalle por “concepto/servicios” de las externalizaciones y su importe, así como, respecto a las diferentes especialidades, el número, tipo de pruebas diagnósticas y servicios sanitarios derivados a entidades privadas y el importe abonado.

“Sorprendentemente, hemos vuelto a recibir una respuesta en la que el conseller Marciano Gómez da cifras globales por bienios y no por años, como se le solicitó, y en el caso del peso porcentual de la privada sobre el total del gasto en los departamentos sanitarios, ha comunicado datos del quinquenio 2022-2026, sin distinguir ejercicios. Además, no hay información de detalle sobre los servicios/conceptos externalizados, ni información sobre el coste por especialidades y servicios sanitarios privatizados”, recrimina la diputada socialista.

Yaissel Sánchez recuerda que ya tuvo que presentar una demanda después de que el conseller se negara a dar información sobre el coste de las derivaciones en 2024 y en 2025 a las empresas de la sanidad privada alegando que era “complejo”. Tras presentar la demanda, Marciano Gómez remitió a las Corts una “ampliación de información” en la que, ahora sí, ya aportaba cifras económicas, si bien las presentaba “por bienios”, concretamente, del periodo 2024-2025.

“Es extravagante y es ridículo –señala la parlamentaria- porque no hay una sola información económico-presupuestaria de la Generalitat que se maneje por bienios. Ni por bienios, ni por quinquenios, ni por fases lunares. Es caprichoso y es simplemente el intento del conseller de ocultar la inyección de dinero público a la sanidad privada que hizo en 2025 ofreciendo datos globales del bienio 2024-2025, para compararlos con los del bienio 2022-2023, obviando que en 2022 se venía de una pandemia que provocó el cierre de los quirófanos durante meses. En cualquier caso, es improcedente que Marciano Gómez dé a las Corts datos sesgados, manipulados o parciales, y no los que se le solicitan y que son los habituales en la gestión de una Administración”.

“Ejerce de comercial de la privada”

La parlamentaria recuerda que tanto los indicadores de gasto, pagos, déficit o cuenta 413 son obviamente anuales, “como anual es la información del gasto de sanidad que figura en la Memoria de Gestión de la conselleria en 2024, publicada recientemente”. Además, recuerda que el conseller Gómez tiene “fuertes vinculaciones personales con destacadas empresas de sanidad privadas contratistas de la Generalitat”, motivo por el que, “lamentablemente, vemos que es más un comercial de la sanidad privada que un conseller de todos los valencianos y valencianas”.

Como muestra, Sánchez recuerda que Marciano Gómez firmó en 2025 decenas de liquidaciones anuales de las concesionarias de los departamentos de salud con una cápita (pago por habitante en esa área de salud) totalmente hinchada tras la pandemia, según advirtió la Intervención, y sin asumir el criterio del auditor público de esperar al informe del Consell Jurídic Consultiu para decidir qué camino seguir, en lo que supuso “todo un pelotazo a favor de la privada, a costa de los recursos de la sanidad pública, presentes y futuros”.

“La marca de opacidad del Consell de Pérez Llorca”

Sánchez señala la “incongruencia” del conseller, que alega que no puede disgregar el gasto de 2024 y 2025, “pero en cambio sí que distingue el gasto del bienio 2024-2025 del de ejercicios anteriores a esos años”. A su juicio, la respuesta del conseller Gómez “vuelve a demostrar la marca, el sello de identidad del Partido Popular de Pérez Llorca, que es ocultar información cuando no son capaces de responder con transparencia para conocer hacia dónde se está derivando el dinero de la sanidad pública valenciana”. “Estamos pidiendo información concreta sobre externalizaciones, pruebas diagnósticas y cuánto dinero reciben las empresas privadas con los recursos públicos, y el Partido Popular, con reiteración, niega esta información detallada”, recrimina.

“Ya no se trata de una cuestión técnica, es una decisión política de esconder la información a la ciudadanía. Y esto lo único que demuestra es la política sanitaria del Partido Popular, que lo que hace es debilitar progresivamente la sanidad pública valenciana”. “Y mientras faltan recursos para reducir las listas de espera quirúrgica, para liberar la saturación de las urgencias o incluso para adecuar las infraestructuras y evitar lo que ha sucedido en el Hospital Clínico de València, vemos cómo se derivan centenares de millones de euros a la sanidad privada sin ofrecer ningún tipo de transparencia.”

Por eso, advierte: “Utilizaremos todas las vías legales necesarias para obtener la información que se nos niega, porque la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se gestionan sus impuestos y qué modelo sanitario es el que está fomentando el Consell de Pérez Llorca, que es deteriorar la sanidad pública para beneficiar a unas cuántas empresas en la sanidad privada.”

En este caso concreto, la portavoz socialista de Sanidad en las Corts se amparó en el artículo 12 del Reglamento de las Corts para requerir al conseller el “detalle del gasto total como consecuencia de la contratación y/o derivación externa (a empresas y cualquier tipo de entidad privada o ajena al sistema público) en 16 departamentos de salud, especificando en cada uno de ellos el concepto/servicio y el importe pagado en los ejercicios de 2024 y 2025, y en 2026, a la fecha de respuesta a la presente solicitud.” También le exigió el “detalle del porcentaje que representa el gasto en la contratación y/o derivación externa (a empresas y cualquier tipo de entidad privada o ajena al sistema público) sobre el total del gasto en los departamentos de salud anteriormente mencionados, especificando, además, respecto a las diferentes especialidades, el número, tipo de pruebas diagnósticas y servicios sanitarios derivados a entidades privadas, así como el importe abonado, en los ejercicios de 2022, 2023, 2024, 2025 y, en 2026, a la fecha de respuesta a la presente solicitud.”

“Dedica más tiempo a manipular los datos que a contestar”

En el primer caso, el conseller ha contestado, como se ha dicho, con cifras globales del bienio 2024-2025, comparándolas con el bienio 2022-2023, unos datos que no se le habían solicitado, y con los números de 2026 hasta principios de junio. No se hace referencia alguna a que se reclamaba también información sobre el “concepto/servicio” y el “importe pagado”. “Dedica más tiempo a manipular los datos y presentarlos sesgadamente que a contestar lo que le preguntábamos sin más. Es intolerable que el conseller incumpla la ley retorciendo de forma ilegítima las cifras solicitadas para ‘cocinarlas’ sectariamente, en lugar de limitarse a cumplir con el artículo 12 del Reglamento de les Corts”, advierte Sánchez.

Aún así, llaman la atención algunas de las cifras presentadas, que revelan que el Consell de Mazón y Pérez Llorca contrató servicios o derivó a empresas privadas 439 millones de euros en el bienio 2024-2025, mientras en los cinco primeros meses de 2026 el coste de las externalizaciones en 16 departamentos de salud ha ascendido a 106,8 millones de euros. En el periodo 2022-2023, los departamentos de Dénia y Manises figuran con cero euros, ya que la gestión estaba privatizada, con un pago anual a estas empresas de entre 120 y 160 millones de euros.

Las áreas con mayor externalización de contratos y servicios y negocio de la sanidad privada en 2024-2025 son el departamento València Arnau de Vilanova-Llíria (67 millones), el de València-Hospital General (63 millones) y el València Clínico-La Malva-rosa (43,5 millones). En cinco meses de 2026, el Arnau-Clínico ya ha reconocido 19,5 millones.

En cuanto al segundo bloque de solicitud de documentación, referido a las derivaciones en los ejercicios de 2022, 2023, 2024, 2025 y, en 2026, a la fecha de respuesta a la presente solicitud, el titular de Sanidad responde con la media global de todo el periodo 2022-2026. La diputada explica que esta respuesta por quinquenios “es inaceptable e ilegal”. Según estos datos, las áreas donde el recurso a las externalizaciones más dinero público consumieron fueron los departamentos de salud València Arnau-Llíria, donde absorbieron el 8,41% del gasto total, y el departamento de València-Hospital General, con el 8,06%. Donde menos peso tuvieron las externalizaciones fue en el departamento de Alicante-Hospital General (3,47%) y los de Alicante-Sant Joan d’Alacant y de Castelló, ambos con 4,26%.

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través de la Dirección General de Centros Docentes, ha establecido que el próximo curso escolar 2026/2027 en la Comunitat Valenciana comience el 9 de septiembre de 2026 en las etapas de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional, tanto en FP Grado Básico (FPB) como en las titulaciones de Grado Medio y Superior.

Asimismo, el último día lectivo del curso será el 18 de junio de 2027 en Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP Grado Básico y titulaciones de grado Medio y Superior. En total, el curso 2026/2027 contará con 179 días lectivos.

Así lo ha trasladado el director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, tras el proceso de negociación con los distintos sectores de la comunidad educativa en el que se han abordado las fechas del calendario escolar para el próximo curso.

Por su parte, los programas formativos de cualificación básica y FP de segunda oportunidad comenzarán el curso el 14 de septiembre y finalizarán el 18 de junio.

Se unifican las fechas para la Formación de Personas Adultas, Enseñanzas Artísticas de Música y Danza, elementales y profesionales y Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño que comenzarán el 14 de septiembre de 2026 y finalizarán el 11 de junio de 2027.

Los alumnos de Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial comenzarán el curso el 21 de septiembre y finalizarán el 18 de junio. Las Escuelas Oficiales de Idiomas comenzará el curso el 28 de septiembre de 2026 y finalizará el 18 de junio de 2027.

Periodos de vacaciones

Los periodos no lectivos durante el curso 2026/2027 comprenden las vacaciones de Navidad, que serán desde el 22 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, ambos inclusive; y las vacaciones de Pascua, que engloban desde el 25 de marzo a 5 de abril de 2027, ambos inclusive.

Además, durante este curso escolar no serán lectivos los días festivos 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana; 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional; 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción; y 19 de marzo, Día de San José.

Refuerzo de la autonomía municipal

Los Consejos Escolares Municipales seguirán disponiendo de tres días festivos a efectos escolares, que podrán distribuir a lo largo del curso según sus necesidades.

Asimismo, una vez aprobada la modificación normativa de la actual Orden que regula el calendario escolar con carácter excepcional y previo acuerdo del propio Consejo Escolar Municipal, podrán solicitar la modificación del calendario mediante el intercambio de entre uno y cuatro días lectivos por otros no lectivos consecutivos, siempre compensándolos por el mismo número de días lectivos.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en relación con el asesinato por estrangulamiento este martes de una mujer en Callosa de Segura (Alicante), según han informado a EFE fuentes conocedoras del caso, que han precisado que se trata de la pareja sentimental de la víctima.

El crimen ha ocurrido esta mañana en el domicilio en el que se supone que convivían el asesino y la víctima, ambos españoles de 48 años y sin antecedentes por violencia de género entre ellos. La víctima y el detenido no tienen hijos en común ni convivían con menores de edad en su vivienda.

La investigación corre a cargo del equipo de la Mujer y Menor de la Guardia Civil (EMUME), que en estos momentos se encuentra en el domicilio, situado en el centro urbano de Callosa de Segura.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado, a través de la red social X (antigua Twitter), de que está recabando datos “del asesinato por presunta violencia de género” de esta víctima de Alicante.

Tres días de luto oficial

El ayuntamiento de Callosa de Segura (Alicante) ha decretado tres días de luto oficial por el crimen cometido este martes y ha convocado a los vecinos a un minuto de silencio en memoria de la víctima para esta misma tarde a las 19:30 horas.

A través de la red social Facebook, el consistorio ha informado de que los tres días de duelo se extienden entre hoy y el próximo jueves “como muestra del dolor y rechazo unánime de toda la ciudadanía ante este trágico suceso”. Además, ha añadido que durante este periodo las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta.

Al mismo tiempo, ha convocado a la ciudadanía a guardar un minuto de silencio en memoria de la víctima este mismo martes a las 19:30 horas a las puertas del ayuntamiento para que los vecinos expresen el “respeto, duelo y repulsa”.

“Callosa de Segura dice NO a la violencia de género”, ha continuado el mensaje del ayuntamiento, que ha trasladado el “más sentido pésame a la familia y allegados” y la “profunda consternación y la más firme condena ante el asesinato de nuestra vecina”.

“La violencia de género constituye una grave vulneración de los Derechos Humanos y una de las expresiones más extremas de la desigualdad y la violencia contra las mujeres”, según el ayuntamiento, que ha incidido en el ánimo de “trasladar el apoyo, cercanía y solidaridad a la familia, amistades y personas allegadas de la víctima en estos difíciles momentos”.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 23 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.364 desde 2003.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Una jueza de Madrid ha establecido en una sentencia que una mujer debe ser indemnizada con 13.300.000 euros por las lesiones neurológicas sufridas por su hijo tras una deficiente asistencia sanitaria durante el parto el 17 noviembre de 2019 en el hospital de Sagunto. El abogado de la demandante, Rafael Martín Bueno, destaca que es la mayor indemnización concedida en España por una negligencia médica.

La resolución, dictada por la magistrada de la Plaza 103 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid, condena a las compañías aseguradoras de la ginecóloga y la matrona que intervinieron en el parto a pagar una indemnización de 6.106.275 euros más los intereses desde la fecha de los hechos y las costas del procedimiento.

La jueza estima íntegramente la demanda y concluye que durante el parto se produjeron fallos en la vigilancia del bienestar fetal y en la interpretación de las señales de alarma, lo que impidió adoptar a tiempo las decisiones médicas necesarias.

Como consecuencia, el menor padece una parálisis cerebral infantil grave con afectación cognitiva y de la comunicación comprensiva y expresiva que le obliga a depender de cuidados constantes durante toda su vida, al tener reconocido un 87 por ciento de discapacidad.

La resolución subraya que la indemnización debe responder a las necesidades reales del menor teniendo en cuenta la asistencia, tratamientos y apoyos que precisará toda su vida.

La demandante acudió a las 6:31 horas del 16 de noviembre de 2019 al servicio de Urgencias del hospital de Sagunto embarazada de 4z0 semanas de gestación y el niño nació a las 00:05 horas del día siguiente “en un lamentable estado de salud”, por lo que fue llevado al Servicio de Neonatología intubado y luego trasladado al hospital Clínico, donde ingresó en la UCI con asfixia perinatal.

En un comunicado, Rafael Martín Bueno subraya que esta resolución “refuerza la importancia de garantizar una adecuada vigilancia del bienestar fetal durante el parto y de actuar con rapidez ante cualquier signo de deterioro”.

Asimismo destaca que la sentencia pone el foco en la necesidad de asegurar que las víctimas de este tipo de situaciones cuenten con los recursos necesarios para afrontar las consecuencias derivadas de una discapacidad tan grave.

El sindicalista Miquel Coll, la presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó, i el conjunt d’associacions de víctimes de la dana de 2024 han sigut distingits amb el Premi Vicent Ventura 2026.

El guardó, instaurat per la Universitat de València, ret homenatge a la memòria del periodista, polític i activista cívic Vicent Ventura, mort en 1998. El lliurament del premi se celebrarà el pròxim 15 de maig, a les 19 hores, a l’Aula Magna del Centre Cultural La Nau.

L’acte comptarà amb la presència de les persones i col·lectius premiats. En representació de les associacions de víctimes de la dana assistiran, entre altres, Rosa Álvarez Gil, presidenta de l’Associació Víctimes Mortals de la Dana 29-O, i Mariló Gradolí, periodista i presidenta de l’Associació de Víctimes de la Dana-29 d’octubre de 2024.

Este premi distingeix persones i col·lectius que han destacat per la seua trajectòria cívica, el seu compromís democràtic i la seua defensa de la cultura i la llengua valencianes. La comissió organitzadora i el jurat estan integrats per la Universitat de València, la Universitat Jaume I, la Universitat d’Alacant, persones vinculades a Vicent Ventura, així com organitzacions socials i sindicals com CCOO, Intersindical Valenciana, UGT, i la Unió de Periodistes Valencians.

Nascut a Castelló de la Plana en 1924 i mort a València en 1998, Vicent Ventura va ser cofundador del Partit Socialista del País Valencià i del sindicat CCOO del País Valencià. D’ideologia socialista i nacionalista, va participar en 1962 en una reunió de demòcrates a Múnic que li va suposar l’exili i el confinament. En tornar a València va trobar vetat l’exercici del periodisme, cosa que el va portar a crear una empresa de publicitat. En 1995 va rebre la Medalla de la Universitat de València, que posteriorment va editar una selecció dels seus articles sota el títol Un home de combat.

Miquel Coll

Miquel Coll i Huerta (Quart de Poblet, 1951) prové d’una família de rajolers de Quart de Poblet. Va estudiar el batxillerat en l’Institut Vives de València. Son pare era membre d’una cooperativa de 12 famílies i va morir als 42 anys. I ell, que era el major de tres germans, es va deixar els estudis de Magisteri per a incorporar-se a la fàbrica de rajoles.

Des de ben jove participà ben activament en tots els moviments antifranquistes i va ser membre actiu d’associacions culturals del seu poble, com també de partits polítics i sindicats. Va militar en Acció Comunista i després va ser membre fundador de la primera Esquerra Unida del País Valencià. També va participar en la posada en marxa de la Unitat del Poble Valencià.

Ara la seua passió militant se centra en el Partit Obrer d'Unificació Marxista (POUM) i en la Fundació Andreu Nin.

Però pot ser que el seu vessant més conegut siga la seua militància en el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV-IV) tant a la Universitat de València com en l'àmbit nacional.

Com a membre del STEPV, ha estat en tots els òrgans sindicals de la Universitat de València (Junta de Personal, Mesa Negociadora, Claustre i Consell de Govern). Mai, però, no ha volgut tenir càrrecs representatius, perquè ell sempre s’ha sentit més còmode en l’activisme que no en un càrrec institucional. La prova és que mai no n’ha tingut cap.

Tant dins de la Universitat de València com fora, s’ha caracteritzat sempre per la defensa activa dels drets dels treballadors, per la recuperació de la memòria històrica i per un compromís insubornable amb la llengua i la cultura del País Valencià. I en això continua encara i continuarà.

Verònica Cantó

Verònica Cantó Doménech (Cocentaina, el Comtat, 1964) és llicenciada en Filosofia i Lletres (Secció de Filologia Catalana) per la Universitat d’Alacant (1987). És presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua des del 8 d’abril de 2022. Prèviament, en va ser secretària des d’octubre de 2006 fins a març de 2022, i n’és membre des de l’any 2001.

Ha col·laborat amb Ràdio València i Ràdio Alcoi de la Cadena SER, així com amb els programes Al Ras i Gravetat 0 d’À Punt Mèdia. Entre 1989 i 2006 va ser directora de publicacions de l’Editorial Marfil d’Alcoi. També ha dirigit la Biblioteca d’Autor Enric Valor, integrada en la Biblioteca Joan Lluís Vives de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, i ha sigut comissària de l’exposició Enric Valor, el valor de les paraules, organitzada per l’AVL.

Ha coordinat diversos cursos d’estiu de la Universitat de València al Centre Internacional de Gandia. Va ser presidenta de l’Associació d’Editors del País Valencià entre 1999 i 2002, i membre dels equips de treball Arc Mediterrani i Cultura Popular del CEP de Torrent entre 1995 i 1998.

Va col·laborar amb el diari Levante-EMV en els cursos de valencià publicats en el suplement ‘Aula’ entre 1999 i 2001. En l’àmbit docent, va ser professora de valencià a l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat d’Alacant durant el curs 1987-1988, i als IES de Novelda, Miguel Hernández i Jaume II d’Alacant durant el curs 1988-1989.

És autora de diversos llibres destinats a l’ensenyament no universitari i a l’aprenentatge del valencià, com ara Ortografia valenciana, Els nostres verbs, Els pronoms febles, Diftongs, accentuació i dièresi, Valencià pas a pas (nivells elemental, mitjà i superior) i Gramàtica valenciana.

Ha estat guardonada amb el Premi Joan Valls i Jordà per l’ús i la promoció del valencià (2003), atorgat per l’Associació Cultural Amics de Joan Valls i Jordà d’Alcoi, i amb el Premi Marc Granell 2025 en la modalitat individual, concedit per Comissions Obreres del País Valencià.