“Sin casa, sin curro, sin pensión. Juventud SIN Futuro recuperando nuestro futuro. Esto es solo el principio”. Esto es lo que podíamos leer en la pancarta que encabezaba la manifestación de aquel 7 de abril de 2011 en el que, para muchas y muchos, empezó y cambió todo. Ese día, cientos de jóvenes salimos a la calle para reivindicar ese futuro digno que las élites nos estaban robando. No queríamos resignarnos a tener que elegir entre paro, precariedad o exilio, queríamos tener la oportunidad de construir una vida que mereciera ser vivida y sentimos la necesidad de salir a la calle para chillar que, a pesar de que nos quisieran resignadas y sin futuro, nos iban a tener de frente y sin miedo. Hace ya casi seis años de ese día que, podemos decir, fue el preámbulo de lo que más tarde desembocaría en el 15M.

Juventud SIN Futuro supuso el comienzo de una lucha diaria que reclamaba los derechos robados a toda una generación a la que se le prometió la posibilidad de construir un futuro a cambio de un esfuerzo que resultó no servir de nada. Ante esta situación de desesperanza aprendimos que el problema de los sueños truncados y las expectativas rotas no era algo que le pasara a un joven de cada mil, si no que era algo que sentíamos una generación entera. Aprendimos a politizar lo cotidiano, a sacar a la luz los problemas y a hacerlos colectivos, aprendimos a reivindicar la alegría, y también la indignación, como arma de protesta y reclamamos la dignificación de la vida. Nacimos para poner encima de la mesa la pelea por un mañana digno, entendimos que la falta de oportunidades era consecuencia de la nefasta gestión que el régimen había hecho de nuestras instituciones y empezamos a señalar a los culpables que nos habían abocado a esta situación de crisis.

Juventud SIN Futuro ha sido siempre un colectivo vivo, una escuela de vida por donde hemos pasado cientos de personas, cada una de nosotras con nuestras propias ideas y perspectivas, pero que compartíamos un sentimiento común, éramos una generación estafada. Esta pluralidad ha favorecido una mirada caleidoscópica sin la cual ninguno de los proyectos que hemos llevado a cabo habrían sido posibles. Con campañas como “No nos vamos nos echan”, denunciamos el exilio forzado al que miles de jóvenes nos vemos obligados por la falta de oportunidades y expectativas laborales que aquí se nos ofrecen. O “Madrid no es ciudad para jóvenes”, campaña que lanzamos para visibilizar los problemas de acceso a la vivienda, de la falta y cada vez peor estado de los servicios públicos, de el elevado coste y mal servicio del transporte público, el ocio y la falta de empleo, y que concluimos con una consulta ciudadana en plazas e institutos para recoger propuestas que mejorarían nuestra ciudad y que se incluyeron en el programa político de Ahora Madrid.

Para poder poner el problema de la precariedad juvenil la falta de oportunidades de nuestra generación en la agenda política y social nos hemos ayudado de todas las herramientas que teníamos a nuestra disposición. Nos atrevimos a hacer de los platós de televisión, de las radios, de la prensa y de las redes sociales nuestro propio altavoz para denunciar nuestra situación, reivindicar la oportunidad a construir un futuro digno en nuestras ciudades y proponer alternativas que mejoraran la vida de la juventud. Siempre hemos tenido muy presente que era necesario estar en todos los espacios para poder instalar nuestro mensaje en la sociedad, siempre hemos tenido muy presente que era necesario “combatirlos desde todas partes” tanto desde los platós como desde la calle.

Durante este proceso hemos tenido la suerte de poder colaborar y ayudar a construir espacios tan necesario como el Patio Maravillas, lugar que fue nuestra casa durante muchos años. Hemos tejido redes con otros colectivos que nos han ayudado impulsar nuestra lucha y a darle voz en los espacios a donde no llegábamos como la Oficina Precaria, Marea Granate o las asambleas de estudiantes de la Universidad. También hemos llevado nuestras reivindicaciones a lugares como la Asamblea de Madrid o el Parlamento Europeo para denunciar los desastrosos efectos que las políticas en materia de educación y de empleo que se estaban tomando desde las instituciones tenían sobre nuestras vidas.

Han sido seis años de intensa actividad en los que hemos acertado en muchas cosas, hemos hecho de las asambleas nuestro mejor plan del fin de semana, hemos hecho de las redes sociales nuestra voz y nuestra ventana de expresión al mundo, hemos generado exitosas campañas con un gran impacto político y social, hemos organizado y participado en manifestaciones que han acabado siendo masivas y hemos hecho de la lucha nuestra forma de vida. A pesar de todo esto, también hemos cometido errores que nos han empujado a repensarnos a nosotras y nosotros mismos de forma constante, nuestra actividad, nuestros mensajes y nuestros objetivos. Hemos entendido el verdadero significado de “nos quieren en soledad, nos tendrán en común”, hemos hecho de las diferencias nuestra fortaleza, hemos pensado en colectivo y gracias a ello fuimos creciendo, como personas, como familia y como colectivo.

Juventud SIN Futuro nació con el ansia de fracturar un régimen que no nos representaba, promoviendo un cambio político que se inició con el 15M y en el que aún estamos inmersos. Las cosas han cambiado mucho desde aquel 7 de abril de 2011 en el que decidimos lanzarnos a la calle para decir que nuestro futuro nos pertenece a nosotras y nosotros y que vamos a construirlo digno cueste lo que nos cueste pero aún, hoy día, seguimos teniendo claro que esa es y será siempre nuestra lucha: la de construir vidas que merezcan ser vividas.

Todo cambio viene acompañado irremediablemente de etapas, tanto políticas como personales, y nosotras, en esta nueva etapa que se abre, hemos decidido no formar parte de ella como Juventud SIN Futuro. Hoy nos despedimos siendo conscientes de que aún miles de jóvenes de todo el país siguen sufriendo la precariedad laboral, siguen encadenando becas por trabajo, siguen sin poder acceder a una vivienda, siguen sin poder acceder a la Universidad, siguen haciendo la maleta y dejando atrás su vida para buscar esa oportunidad que aquí no tienen. Pero, a pesar de esto, nos despedimos sabiendo que hoy día, esos problemas no se sufren en silencio, sabemos que los hemos sacado a la luz, que hoy día trabajar por 300 euros no “es lo que hay” es una injusticia que debemos seguir luchando por erradicar.

Somos conscientes de que hemos obtenido muchas victorias en el campo del discurso que aprovecharán todas las personas que vengan detrás, queremos que otra generación las enarbole, las haga suyas y plante cara a los mafiosos. Nosotras nos vamos pero seguimos estando, luchando desde todas partes. Porque seguimos sin casa, sin curro y sin pensión pero, sobre todo, seguimos sin miedo.

El sistema de salud británico se enfrenta, en estos momentos, a grandes dificultades económicas puesto que el aumento de los gastos, debido al envejecimiento de la población entre otros factores, no se ha visto reflejado en un aumento suficiente de la financiación.

Los mismos tories que han estado ahogando financieramente el sistema británico de salud utilizan demagógicamente ese descontento, pasando de puntillas por el hecho obvio de que la falta de financiación puede solucionarse independientemente de la permanencia del Reino Unido en la UE

Es difícil escoger la manifestación más demagógica de la campaña del Brexit, pero una de sus cumbres sería aquel autobús que recorría las calles del Reino Unido diciendo que “en lugar de mandar a la UE 350 millones de libras semanales podríamos financiar nuestro NHS” (NHS son las siglas en inglés del Sistema Británico de Salud). Este autobús fue fletado por la plataforma Vote Leave, en la que participaban miembros prominentes del partido Tory como los ex-ministros de Justicia Chris Grayling y Michael Gove y el ex-alcalde de Londres Boris Jonhson, aunque también participaban miembros del partido laborista, del UKIP y de los liberal-demócratas. El colmo del cinismo se alcanzó en una entrevista a Chris Grayling sólo unos días después del referéndum, donde dijo que destinar al NHS los 350 millones de libras semanales era sólo “una aspiración” de su plataforma. Una vez más se utilizaba el daño social causado por las políticas austeritarias para dirigir el voto protesta hacia una posición determinada, desentendiéndose después de la responsabilidad política ante el deterioro de los servicios públicos. En este caso, son los mismos tories que han estado ahogando financieramente el sistema británico de salud quienes utilizan demagógicamente ese descontento, pasando de puntillas por el hecho obvio de que esa falta de financiación puede solucionarse independientemente de la permanencia del Reino Unido en la UE.

El sistema británico de salud (NHS) ha sido considerado tradicionalmente uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Además, por el momento, permite a los ciudadanos europeos un acceso fácil a la cobertura sanitaria, para el cuál únicamente ha de probarse la residencia en Reino Unido. Pero el NHS se enfrenta, en estos momentos, a grandes dificultades económicas puesto que el aumento de los gastos, debido al envejecimiento de la población entre otros factores, no se ha visto reflejado en un aumento suficiente de la financiación. Cierto es que el gasto en materia sanitaria, tanto en términos absolutos como en porcentaje del PIB, se encuentra cerca del máximo histórico, pasando este último del 5% de principios de siglo hasta el 8,5% actual. El aumento de los costes sanitarios debido al envejecimiento puede observarse en todos los países de la Unión Europea y otros países han corregido este aumento del gasto con un correspondiente aumento de la financiación. Sin embargo, Reino Unido ha ido perdiendo posiciones en la lista países ordenados por porcentaje del PIB dedicado a gasto sanitario, alejándose cada vez más de países como Suecia, Francia y Alemania (que dedican al sistema de salud más del 11%) y quedando por debajo de la media UE y la media OCDE. El gobierno conservador está aplicando recortes que comprometen la calidad de la atención sanitaria, y el NHS está viviendo verdaderas situaciones de desborde. Todo esto ocurre fuera del foco mediático, ocupado en estos momentos por las noticias sobre el Brexit y por el sempiterno latiguillo de la inmigración, que una vez más es usado como chivo expiatorio y maniobra de distracción frente a políticas de austeridad. Si la calidad del sistema de salud británico no se ha derrumbado ha sido gracias al esfuerzo de sus trabajadores y a la sobrecarga horaria que están soportando. Esta sobrecarga de tareas llega a límites insostenibles en el caso de los médicos “junior” y fue una de las causas que les llevó a la huelga. Las perspectivas a corto plazo son devastadoras, ya que el gobierno conservador pretende recortar 20.000 millones hasta el año 2020/2021 y reducir aún más el porcentaje del PIB en gasto sanitario, hasta dejarlo en el 7%. El fantasma de la privatización sobrevuela la cabeza del NHS, y más aún desde que Theresa May ha insinuado que las corporaciones de gestión sanitaria estadounidenses podrían tener acceso al Reino Unido en un eventual acuerdo de libre comercio con EEUU. Todo esto, a pesar de las nefastas experiencias con la gestión privada, como el caso del hospital de Hitchingbrooke, que pasó a ser gestionado por la empresa Circle un año después de la llegada de Cameron al poder. La empresa pronto comenzó a quejarse de los mismos problemas que afectan al resto del NHS, básicamente el colapso de las Urgencias y el bloqueo de camas que había surgido por los recortes a las ayudas sociales, y decidió romper el contrato de gestión del hospital. La Comisión de Garantía de Calidad (Care Quality Commission - CQC) que durante la gestión de Circle hizo un informe muy negativo acerca del cuidado que recibían los pacientes en el hospital, declaró que había habido grandes progresos en el cuidado de los pacientes una vez que su gestión volvió a ser pública.

La otra vertiente de la crisis del NHS es la crisis del sistema de ayudas sociales (social care crisis). En Reino Unido, las ayudas a los dependientes han sido históricamente mucho más completas que en España, pero el sistema es bastante más costoso. Antes de dar el alta a cualquier paciente dependiente, se evalúa si debe de ser admitido en una residencia, o en su defecto, las ayudas domiciliarias que precisará. En caso de que haya que hacer mejoras en el domicilio (ascensor para escaleras, ducha accesible etc), éstas se llevan a cabo antes de que el paciente obtenga el alta. Los presupuestos para ayudas sociales han sido muy afectados por las políticas de austeridad y recortes, con un 17% menos de gasto desde 2009 para personas mayores de 85 años, mientras su número ha aumentado un 9% en el mismo periodo. Esto ha dado lugar a severos retrasos en la implementación de las ayudas sociales a personas dependientes o en su admisión a residencias de ancianos financiadas, lo que hace que muchos pacientes estén médicamente bien pero no puedan ser dados de alta. Se calcula que estos retrasos al alta han aumentado un 70% de Abril del 2012 a Julio del 2016. Esto a su vez tiene una repercusión muy importante en los departamentos de Urgencias, que ya no pueden ingresar a los pacientes que lo necesitan debido a la falta de camas, y que están teniendo unos resultados pésimos frente a su objetivo de que ningún paciente espere más de 4h en urgencias. También está teniendo un gran impacto en el número de operaciones canceladas por la falta de camas hospitalarias. Un estudio reciente de la London School of Hygiene and Tropical Medicine y la Universidad de Oxford señalan que los recortes en el sistema de ayudas sociales han podido ser la causa de un exceso de mortalidad de 30,000 personas en Inglaterra y Gales en Enero de 2015, el mayor aumento de mortalidad en 50 años. Recordando ahora aquel autobús que prometía 350 millones de libras al NHS, vemos que no puede ser considerado de otra forma que una tomadura de pelo a los ciudadanos británicos o una broma macabra.

Por si fuera poco, el Brexit va a tener un impacto tremendamente negativo en la plantilla del NHS, que con más de 52,000 trabajadores del NHS que se formaron en otros países de la UE, es altamente dependiente de la inmigración europea. Una encuesta reciente de la British Medical Association (BMA) tasa en 60% el porcentaje de médicos formados en otros países de la UE que trabajan en Reino Unido y que están valorando marcharse del RU post-referendum, al tiempo que el número de enfermeros de la UE que han solicitado trabajo en RU ha caído un 90% desde Brexit.

En la actualidad, los ciudadanos europeos residentes en Reino Unido tenemos un acceso total a la sanidad pública, mientras que quienes realizan estancias cortas (menos de 6 meses) han de solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) en el país de origen. En España cualquier persona cotizando a la seguridad social, o que figure como beneficiario, puede solicitarla. El requisito para obtener la TSE en España es tener un contrato de trabajo indefinido. Si no cumples con ese requisito (contrato de trabajo temporal o sin contrato de trabajo), te darán un Certificado Provisional Sustitutorio (CPS), que tiene una duración de 3 meses. El problema es que este CPS es un papel que no está reconocido por la UE y al que los gobiernos de la UE ponen muchas pegas para aceptar, llegando incluso a pedir una traducción oficial del documento, pues está expedido sólo en español. Desde Marea Granate informamos de todas estas trabas en la Guía Sanitaria para Reino Unido.

Es probable que la cobertura sanitaria de los europeos en Reino Unido se vea afectada tras el Brexit, de hecho, una de las mayores preocupaciones que tenemos como migrantes es que nos veamos abocados a contratar un seguro sanitario que, por otro lado, muchos quizá no podamos permitirnos. Una posible opción -aunque por supuesto, y como en otros temas, estamos a la espera del inicio de las negociaciones- es que se nos apliquen los condiciones de las personas migrantes desde fuera la UE, los cuales tienen la obligación de pagar un recargo que va de 150 a 200 libras al año por tener acceso al NHS. No se les puede negar en ningún caso la atención hospitalaria, pero sí se les puede pedir un compromiso de pago en caso de no cumplir los requisitos para recibir la cobertura por el NHS. Incluso puede exigirse el pago por adelantado si no es una situación de urgencia. El panorama que se nos presenta a medio plazo no es nada alentador, y si a esto le añadimos la exclusión sanitaria que nos aplicó el gobierno español en 2012 y cuyos efectos sobre los migrantes han sido documentados por Marea Granate, vemos que más nos valdría hacer caso del refrán británico “an apple a day keeps the doctor away” (una manzana al día del médico te alejaría).

Ante la esperable complicación del acceso a la sanidad en Reino Unido tras el Brexit, creemos que el gobierno español debe volcarse en la defensa de nuestro derecho a la salud, un derecho universal que debiera ser efectivo tanto en nuestro país de origen y como en Reino Unido. Pedimos que ésta sea una cuestión prioritaria en las negociaciones, y que ante el riesgo de que nos quedemos desprotegidos, se deroguen inmediatamente las leyes de exclusión sanitaria que afectan a todo el colectivo migrante.

Muchos de nosotros, en Marea Granate, pertenecemos a la generación Erasmus. Recordamos con cariño las universidades de Lovaina, Brighton, Rennes, Heidelberg, Varsovia y Praga, los primeros días en que las pizarras se llenaban de garabatos ininteligibles y en los que siempre aparecía un compañero nuevo en la mesa de la cantina. Recordamos las fiestas en la casa de nuestro amigo polaco, las cenas en la cocina de la residencia a las que siempre llevábamos una tortilla de patatas. Todos nosotros hemos hecho esperar a algún alemán y hemos esperado a algún italiano. Cuando preparábamos algún viaje, comprábamos todos juntos los billetes en las salas de informática de la facultad. Viajábamos despreocupadamente, sin más miedo que el que la maleta no cupiera en la maldita cesta de la compañía low-cost. Sin pasaporte, con nuestro DNI en la cartera, muriéndonos de calor por llevar puestos tres jerseys y el abrigo para ahorrarnos los 20 euros de facturar la mochila. No sabíamos qué significaban los visados hasta que nuestra amigos chilenos nos contaban lo que costaba sacarse uno, o hasta que nuestra amiga bielorrusa se quedaba sin venir al viaje porque su visa caducaba en menos de 3 meses. “No tiene ningún sentido”, pensábamos.

Y así fuimos creciendo. Estuvimos en Bari, en la boda de nuestro amigo gallego con aquella amiga italiana que le presentamos. Crecimos un poco más, y tuvimos que salir de España para trabajar: Liverpool, Berlín, Cambridge, Oporto, y en esta última parada, Londres. En cada lugar aportábamos algo distinto al grupo, una cultura de trabajo ligeramente diferente pero complementaria. En el trabajo nos fuimos encontrando con otros emigrantes, y comprobamos que los equipos heterogéneos son mejores, más capaces, más creativos y más innovadores. Vimos que la diferencia suma y estábamos contentos al ver cómo nos valoraban por ello.

Cierto es que echamos de menos tomarnos un pincho de tortilla en el bar de la esquina, pedir una cañas y que las traigan con unas aceitunas, y más cierto aún es que no es lo mismo hablar por Skype que ir a comer los domingos a casa tus padres. Echamos muchas cosas de menos, empezando por los amigos. Es cierto. Pero abrimos Facebook y veíamos que Ana estaba en Estocolmo, Pablo en Grenoble, Javi y Teresa en Dublín, Miguel en Oxford o Paula en Munich, y nos consolamos con el mal de muchos.

Y entonces, el año pasado por estas fechas, algunos políticos del UKIP empezaron a decir que éramos demasiados, que no cabíamos tantos en el Reino Unido y que estábamos colapsando el sistema de salud y de bienestar. Y no lo entendíamos, porque veíamos lo necesarios que somos los trabajadores sanitarios para que la sanidad británica pública funcione, y la importante labor que las au-pairs llevamos a cabo ayudando con la crianza. Veíamos lo mucho que aportamos las investigadoras a la ciencia y al desarrollo, y en general todo lo que contribuimos a la fuerza laboral británica donde muchos de nosotros trabajamos en las precarias condiciones de los contratos de “cero horas” en alguna cafetería de franquicia.

Cuando algún amigo británico, durante la campaña del Brexit, nos confesaba que iba a votar “leave”, solía decir que estaba harto de la situación política y que quería un cambio radical, otros nos explicaban querían librarse de las medidas neoliberales que estaba aplicando la UE. Algunos incluso afirmaban que votarían “leave” sólo porque la la “City” quería lo contrario. Al menos en nuestro entorno, las razones para el Brexit eran de corte económico, de falta de expectativas para ellos mismos o sus hijos, más que racista. En nuestro círculo, la xenofobia se veía reducida a las portadas de los tabloides.

Y así, pillándonos un poco por sorpresa, llegó aquel día de junio y tuvimos que aceptar que el Brexit era una realidad. Tuvimos claro que nuestra vida iba a sentirse afectada, aunque nunca nos imaginamos que oiríamos, de partidos como el Tory, supuestamente moderado, propuestas impensables hace tan sólo un año como obligar a las empresas a publicar listas con nosotros; o aplicar a los europeos medidas que ya se aplican al resto del colectivo inmigrante como la deportación de extranjeros que ganen menos de 35.000 libras al año; o exigir 1.000 libras anuales a las empresas que nos contraten en concepto de tasa de inmigración.

La caverna mediática y política se empeñaba en reforzar la identificación entre Brexit y xenofobia, para culpabilizar a los inmigrantes y así desviar el foco de la creciente desigualdad económica, un factor decisivo en la eleccion del voto. La sobrevenida obsesión por la inmigración de los tories ha llevado a Theresa May a defender un “hard Brexit”, en el que el mercado común se sacrifica en favor del control de las fronteras. Todo esto arroja más desesperanza que incertidumbre sobre las futuras negociaciones UE-Reino Unido que comenzarán dentro de poco. Nada es seguro aún, pero tememos que, en todo caso, tendremos que lidiar con los malditos visados y que tanto nosotros como los más de 300.000 británicos registrados como residentes en España seremos utilizados en ellas como una pieza de cambio.

Y ahora nos hierve la sangre al ver cómo se habla de la inmigración en tono despectivo, olvidando lo beneficioso que es para la sociedad en su conjunto. Nos hierve la sangre al ver cómo Theresa May busca en Trump un aliado frente a la UE, teniendo que pasar de puntillas por el veto de este último a la llegada de personas provenientes de países de mayoría musulmana y sobre la construcción del muro con en la frontera mexicana. Nos hierve la sangre al recordar cómo se está tratado a los refugiados y al ver cómo se vulneran los derechos humanos de quienes, en Calais, esperan a entrar al Reino Unido. Nos hierve la sangre con todo esto porque somos una generación que ha compartido momentos especiales con gentes de todos los continentes, porque naturalmente empatizamos con los demás inmigrantes, vengan de donde vengan, y con los demás precarios de nuestro país de acogida.

Porque al fin y al cabo, ¿va a ayudar a los parados el que haya menos inmigrantes en el país si la economía pierde su dinamismo? ¿Va a garantizar una reducción de la inmigración que no se privatice la NHS si su desmantelamiento es una vieja aspiración del partido Tory? ¿Son los inmigrantes los que limitan el acceso a la universidad o la brutal subida de tasas de 2010?

Cuando abandonamos los razonamientos superficiales y los comentarios de barra de bar, vemos que estos problemas tienen soluciones que nada tienen que ver con el cierre de fronteras. Sin embargo, nos hierve la sangre al ver cómo desde algunos medios se da por sentado que limitar la inmigración es la única salida posible a una crisis que crearon los bancos. La alternativa, que pasaría por proteger los derechos humanos, parece haberse descartado desde las altas esferas con un sigilo sospechoso. Nos hierve la sangre con todo lo que está pasando últimamente en Reino Unido, en Europa y en el mundo, porque son los más débiles quienes están siendo colocados en el centro de la diana, porque a los migrantes se nos está usando como chivo expiatorio para desviar la atención de ese 1%, cuya codicia es la que realmente sobra en Reino Unido.

Seis meses después de la consulta sobre la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea, el proceso del Brexit se está viviendo con gran incertidumbre, en especial por parte de la ciudadanía europea que vive en Reino Unido. En su mayoría, los detalles de lo que va a suponer el Brexit no se están definiendo sino ahora, a escasas semanas de la activación del Tratado de Lisboa. Sin embargo, no podemos negar que si algo ha estado claro desde el principio ha sido el discurso anti-inmigración, alimentado por parte de la clase política y medios de comunicación. Los argumentos xenófobos que buscan culpabilizar a los inmigrantes como causantes de los problemas económicos de Reino Unido han sido una constante que ha permeado el debate incluso antes del inicio de la campaña previa al referéndum.

En línea con el auge de la ultraderecha en muchos países occidentales durante los últimos años, Reino Unido ha contado con UKIP (Partido de la Independencia del Reino Unido) para avivar el fuego de la xenofobia. Juntando nacionalismo, euroescepticismo y anti-inmigración, en las elecciones de 2014 al Parlamento Europeo, UKIP consiguió ser el partido británico más votado con el 26% de los votos y en las elecciones generales de 2015 se estableció como tercera fuerza más votada en Reino Unido. En sus campañas electorales, UKIP presentó la inmigración como una fuente de crimen y presión económica sobre el sistema de salud y la situación de la vivienda, llegando incluso a poner en marcha en 2013 unas furgonetas con el mensaje “Go home” (volved a casa) dirigido a inmigrantes ilegales.

Este contexto allanó perfectamente el terreno a una campaña pro-Leave basada en el populismo anti-inmigración, que presentaba la Unión Europea como puerta de entrada de inmigrantes sin control y daba rienda suelta a la demagogia e incluso a las mentiras. Centrándose en el control de fronteras y alimentando el miedo y el rechazo al inmigrante se conseguía disfrazar las causas del descontento social, en niveles muy altos tras décadas de políticas neoliberales inauguradas por Tatcher.

Podríamos decir que el culmen de la xenofobia se alcanzó con la publicación en el Daily Mail de una viñeta en la que refugiados, caracterizados como musulmanes y rodeados de ratas, cruzaban las fronteras europeas pasando un cartel de “Fronteras abiertas” y “libre movimiento de personas”. En una clara analogía con la propaganda nazi contra los judíos, la viñeta sugería la llegada masiva de refugiados, y exageraba la posibilidad de que extremistas pudieran llegar a Reino Unido a través de Europa camuflados entre los refugiados que huyen de situaciones de conflicto.

La normalización de este discurso xenófobo ha tenido consecuencias muy graves, ya que la victoria del Leave en el referéndum ha legitimado estos argumentos racistas ante algunos sectores de la población. Lo que es más preocupante, tras la consulta del 23 de Junio se produjo un repunte en incidentes y agresiones xenófobas, que aumentaron en torno a un 40% sobre los niveles habituales. Los incidentes recogidos durante la campaña y tras la consulta van desde pintadas racistas como las aparecidas en el colegio español de Londres o comentarios despectivos por no hablar inglés en un autobús, a ataques violentos como el que sufrió un chico por hablar español. Asimismo, las embajadas europeas en Londres confirmaron docenas de ataques racistas a sus ciudadanos en Reino Unido.

Mientras que todo parece indicar que por ahora ha pasado el repunte de delitos de odio, en las últimas semanas no hemos dejado de escuchar a Theresa May y sus ministros anunciar políticas discriminatorias. Por ejemplo, hemos visto al Gobierno de May pedir que las empresas hicieran listas de los trabajadores británicos contratados o que se incrementara el personal sanitario de nacionalidad británica en detrimento del personal extranjero. Aunque finalmente se hayan visto obligados a desestimar algunas de estas medidas, es importante señalar que si bien hace unos años UKIP era el único partido que hablaba abiertamiente de la inmigración como un problema, ahora todos los partidos mayoritarios hablan de la necesidad de establecer cuotas.

Hace pocos días, en el discurso más importante de Theresa May desde que fuera nombrada Primera Ministra del país, expuso el control de la inmigración como uno de los puntos claves de su visión del Brexit y prioridad en las negociaciones. Esta interpretación del voto pro-Leave, poniendo el centro de atención en la inmigración, puede tener consecuencias catastróficas, ya que supone un gran riesgo seguir alimentando el discurso anti-inmigración en un ambiente en el que ya han repuntado los delitos de odio.

Lo cierto es que, además de ser moralmente cuestionable, es discutible que la mayoría de la población de Reino Unido realmente esté a favor de un control estricto de fronteras. Sin olvidarnos de los beneficios que la población inmigrante trae a un país como Reino Unido, por ejemplo aportando más a través de sus impuestos de lo que va a necesitar en recursos sociales, tenemos además que una gran parte de quienes apoyaron el Brexit dio su voto en la consulta con la esperanza de ver sus condiciones de vida mejorar. Era una manera de castigar al gobierno Tory y pedir menos austeridad. Por otra parte, encuestas recientes muestran que reducir la inmigración está a la cola de la lista de preocupaciones de los jóvenes británicos, que sitúan como principales preocupaciones el encontrar trabajo, proteger los derechos humanos o garantizar servicios públicos de calidad.

En estos momentos, por tanto, más que nunca se hace necesario pronunciarse ante argumentos anti-inmigración, que llevan a la normalización y legitimación de la xenofobia, y volver a poner el foco sobre lo que están escondiendo estos discursos: la lucha contra la austeridad y a favor del estado de bienestar.

En los últimos días, y seguramente provocada por la proximidad de marzo –fecha que se prevee para la activación del artículo 50–, asistimos a la publicación de un mayor número de noticias y artículos relacionados con el Brexit. Entre estos, se nos presentan testimonios de migrantes preocupados por la posibilidad de quedarse o no en Reino Unido, o por haberse visto en situaciones hostiles de corte xenófobo, ambos sin duda temas centrales desde que se conoció el resultado del referéndum. Sin embargo, no se puede limitar la realidad de este proceso a estos dos temas. No podemos olvidarnos de que no hay un único perfil de migrante, y que en incontables casos nos encontramos con personas cuyas vidas en Reino Unido poco o nada tienen que ver con trabajos cualificados, vidas establecidas y casas en Surrey.

El Brexit no implica sólo temas burocráticos y de residencia, y la comunidad migrante incluye a muchas personas en situaciones poco privilegiadas que difícilmente verán sus condiciones de vida, no ya mejorar, sino mantenerse, si no se tienen en cuenta aspectos transversales a este proceso como pueden ser el acceso a la sanidad o la precariedad laboral. Este último es uno de los principales problemas que nos afectan en esta época de exilio económico; según The Migration Observatory, desde 2002 los sectores en los que el aumento de trabajadores migrantes ha sido mayor es en los puestos de trabajo de baja cualificación.

Por otro lado, la Oficina Nacional de Estadística ha publicado recientemente un estudio que muestra que el aumento de trabajadores en contratos de tipo cero-horas en Reino Unido se ha cuadruplicado en los últimos 5 años, situándose recientemente por encima de los 900.000. En esta modalidad de contratación, cada vez más común en el sector servicios (tiendas de ropa y cadenas de comida por ejemplo), al trabajador no se le garantiza un mínimo de horas de trabajo semanales. Constituye además una de las triquiñuelas legales más comunes de las empresas para abaratar el coste de la mano de obra, ya que muchos de estos trabajadores sobreviven con sueldos medios de 500 libras al mes, y en muchos casos sin derecho a vacaciones pagadas o bajas por enfermedad. Otras formas comunes de evitar el reconocimiento de derechos laborales es definir a los empleados como trainees (becarios en prácticas) o casual workers (trabajadores eventuales), incluso en casos en los que no lo son.

Nos encontramos además con que hay incluso una serie de casos en los que los trabajadores no tienen derecho a percibir el salario mínimo por su trabajo. Entre éstos, quizá donde la desprotección laboral es mayor es el del cuidado de niños (nannys y au pairs). Sin duda es una de las maneras en las que muchas trabajadoras, mayoritariamente mujeres, se lanzan a la inmigración, y en muchos casos acaban viviendo con la misma familia para la que trabajan. El ofrecer alojamiento u otras supuestas “ventajas” (cursos de inglés por ejemplo) a las nannys se convierte en una estrategia para no pagarles el sueldo mínimo. Las au pairs ni siquiera están consideradas como trabajadoras por la ley. En la mayoría de los casos encuentran el puesto a través de agencias que ofrecen información incompleta (por ejemplo muchas au pairs desconocen que es conveniente hablar y poner por escrito las condiciones de trabajo con la familia antes de empezar), y que si surgen problemas dichas agencias se muestran reticentes a mediar con la excusa de no empeorar la situación.

Sin duda la necesidad de empezar a construir una vida en un país extraño lleva a un gran número de migrantes a encontrarse en muchas de estas situaciones de desprotección. A esto tenemos que añadir el desconocimiento de los derechos laborales por parte de los migrantes y la falta de recursos para defenderse cuando éstos se ven comprometidos, y en muchos casos además la barrera del idioma. Existen Oficinas Precarias en Londres y Edimburgo desde donde voluntarios intentan ayudar a todas estas personas, además del Citizen's Advice Bureau, un servicio gratuito del gobierno británico que sirve como asesoría legal.

En el contexto del Brexit, sin embargo, se hace necesario incluir la precariedad laboral en el debate, de otra manera todas las personas que se encuentran en estas situaciones están en riesgo de ser las grandes olvidadas. No es de despreciar el riesgo de que además el gobierno británico haga desaparecer, en nombre de la austeridad o cualquier otra excusa, algunas de las medidas de protección de los trabajadores que provienen de la legislación europea, tales como el derecho a vacaciones pagadas o el derecho a no ser discriminado por edad u orientación sexual.

A corto plazo, y centrándonos ya en los inmigrantes españoles, es crucial que desde el Gobierno español se haga primero un reconocimiento del problema: la crisis económica es lo que nos empuja a marcharnos en busca de una vida que nuestro país no nos ofrece. Y en el contexto del Brexit, una vez reconocido este problema es fundamental que se actúe: se necesita un recuento real de la cantidad de emigrados españoles en Reino Unido para tener una idea real de cuántos españoles hay actualmente viviendo en Reino Unido, en qué situaciones se encuentran y cuáles son los potenciales riesgos a los que se enfrentarán tras el Brexit; se necesitan más recursos en los consulados y embajadas para atender y asesorar a todas estas personas con posibles trámites y problemas que puedan surgir; y, fundamentalmente, se necesita que en las negociaciones se asegure la protección de sus derechos laborales.

Escribe Hermann Hesse en Demian que el mundo, tal y como lo vemos, lo único que desea es morir, hundirse, y lo logrará. El Brexit y las negociaciones que se avecinan, con el Gobierno Tory de Theresa May en un lado y los representantes de la Unión Europea en el otro, parece desde luego un augurio de ese hundimiento, y no uno muy bueno. Pero no debemos olvidarnos de que de toda destrucción surge una oportunidad de construir algo nuevo. En este sentido tenemos que actuar para que el Brexit no sea sólo el principio del fin de la Europa que conocemos, sino un marco de acción para reconstruirla más justa y más acogedora para todos.

Desde Marea Granate Londres impulsamos una nueva campaña informativa con el objetivo de llenar el vacío que hay en torno al Brexit y los derechos de los ciudadanos españoles en Reino Unido.

En estos meses previos a la activación del Artículo 50 que dará el

pistoletazo de salida

al Brexit, queremos crear un espacio donde el debate, la denuncia y las demandas concretas nos preparen de cara a las duras negociaciones por venir.

Esta campaña informativa no sólo se limitará a los españoles aquí, sino también a los británicos residentes en España, ya que entendemos

libre movilidad

y conservación de los derechos humanos como algo intrínseco a la democracia que va más allá de las fronteras.

Dijo una vez Winston Churchill, una de las figuras más célebres de la política británica y europea, que “el político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene; y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que el predijo”. Sin duda alguna, el proceso de referéndum del Brexit y su futura salida de la Unión Europea, a través del artículo 50 del Tratado de Lisboa, es todo lo opuesto a esta cita. David Cameron, el ya ex primer ministro del Reino Unido, y principal impulsor del referéndum que acabaría con el “Leave EU”, no predijo lo sucedido, pero tampoco ninguno de los políticos británicos de la actual primera plana han sido capaces de explicar qué es todo esto. Por otro lado, los principales impulsores del abandono de la UE, en el ala más conservadora y antieuropeista, han abandonado el barco, precisamente ante el miedo a caer en el vacío de la gran pregunta: ¿cómo se construirá un Reino Unido fuera de la Unión Europea? 

Evidentemente respuestas hay muchas, pero ninguna concreta. Sin embargo esta reflexión, por el momento, queda aparcada y en Marea Granate hemos decidido actuar en lo que a la población española que vive aquí le interesa. Esto es, ante todo, crear un espacio de información, debate y reflexión ante el vacío que existe en torno a las mil dudas que nos atañen a los que residimos en este país. Y qué mejor lugar para hacerlo que en Desde Todas Partes, esta vez, concentrándonos en los meses previos al inicio de las negociaciones del Brexit cuyo inicio está previsto para marzo de 2017. A lo largo de estos meses publicaremos una serie de artículos contando la situación de los españoles aquí, enmarcados en una lista de demandas y puntos básicos sobre los posibles efectos que tendrá el Brexit en el colectivo de inmigrantes españoles en el Reino Unido, y los temas fundamentales a seguir, en relación al momento político. El objetivo es salvaguardar los derechos laborales y sociales de todos nosotros y en muchos casos demandar mejorarlos.

Hemos recogido nuestras preocupaciones y demandas, desglosadas y explicadas con más profundidad, en un documento que podéis encontrar en la web de Marea Granate. Aquí os queremos explicar algunas, para abrir el “melón” de la reflexión e informaros de cuáles son los puntos fundamentales para evitar un descalabro en lo que a nuestros derechos se refiere. Estos son los tres puntos fundamentales en torno a los que vamos a trabajar, para impulsar que se respeten y mejoren nuestras condiciones. Además participaremos activamente en todas las reuniones que se están llevando a cabo en Londres, entre las distintas partes negociadoras, donde Marea Granate quiere aportar su grano de arena. Esto incluye desde la participación en la plataforma Another Europe is possible, hasta solicitar reuniones con la Embajada de España en el Reino Unido y reivindicar la inclusión de nuestras demandas en las comisiones parlamentarias que se están formando en el Congreso de los diputados para tratar esta temática. Aquí os dejamos las principales:

1.- Prioridades de cara a las negociaciones entre Reino Unido y la UE:

2.-Transparencia y participación ciudadana en las negociaciones

3.-Información y asistencia a los españoles residentes en Reino Unido

Es importante entender que en una democracia la idea de exclusión o pérdida de derechos sociales y laborales por ser de otra nacionalidad, no tiene cabida de ninguna de las formas. Todas las personas españolas que trabajan en el Reino Unido, muchas de ellas con contratos laborales precarios y muy cuestionables, forman parte de la sociedad británica, en cuanto son un elemento importante del funcionamiento de la misma. Pensar la democracia de forma exclusiva o categórica en función del país de origen - se recuerda que la Ministra de Interior británica Amber Rudd llegó a sugerir que se obligara a las empresas en Reino Unido a mostrar regularmente una lista con los trabajadores extranjeros - no deja de ser una idea que se aproxima mucho al nacionalismo más reaccionario y que resulta peligrosa para salvaguardar la democracia en buena salud, no solo en el Reino Unido, sino en todos los países del espacio europeo. En todo caso, parece que el proceso de separación de la Unión Europea será más largo de lo previsto, precisamente ante la ausencia de un plan político y social tras el resultado del “Leave” y por tanto se ha de entender esto como una andadura que va más allá de marzo de 2017 . Por esta razón es aún más importante informar y establecer los puntos fundamentales que nos interesan.

El objetivo, como hemos dicho, de esta serie de artículos es intentar llenar ese espacio informativo ahora vacío en torno al Brexit, compartir la reflexión y fomentar el debate sobre nuestros derechos en el Reino Unido. Abordaremos temas como el trabajo, la sanidad, la xenofobia, la inmigración, el problema de la residencia, la libre circulación, la transparencia y participación durante el proceso, y un largo etcétera. Una vez más, Marea Granate intentará dar voz a toda la ciudadanía española residente en Reino Unido, pero también nuestra intención es invitaros a pensar y manteneros informados al respecto de todo este plan improvisado y sin apenas líneas políticas claras que es el Brexit.

Este verano no ha sido como el resto de mis veranos.

Como cada año, he venido a pasar dos meses a Israel, lugar donde nací, y este año he decidido aprovecharlo al máximo (entendiendo “aprovechar” en términos económicos y no en términos de goce o disfrute, faltaría más...) y dejar la toma de vacaciones reservada para otro momento, si fuera posible. Este curso, último de los estudios, ya avecinaba el fin de lo “bueno”, la llegada de ese momento en el que se arrastran los títulos universitarios por ahí buscando algo que hacer con ellos: trabajar. Ante la incertidumbre, ante la falta de oportunidades laborales en Madrid, y en España en general, ante un futuro incierto, y ante la necesidad de comer y pagar gastos, he decidido ponerme a trabajar para tener algo de dinero mientras busco trabajo a la vuelta. Como cientos de miles de jóvenes que aprovechan esta época vacacional y el elevado turismo, yo también me lancé un día a las calles del centro de la ciudad, a sus bares y a sus cafeterías, con el profundo deseo de que alguien estuviera dispuesto a colocarme tras una máquina de café durante dos meses. Y así fue. ¡Qué suerte!

Las esperanzas que tenemos en verano de encontrar un trabajo digno no son muy elevadas, y de hecho nos conformamos con bastante poco. Una se predispone a encontrar trabajo sin pensar antes qué condiciones son convenientes, cuándo dinero necesita o qué le apetecería hacer. Porque claro, ¿elegir? Eso es un privilegio, no un derecho. Y como es un privilegio, cuanto menos preguntes y cuanto menos rechistes, mejor. Y así pasa, que conoces solamente tu sueldo cuando recibes la nómina, en la que ves que, ¡oh vaya!, fingir amabilidad con los clientes durante casi 400 horas no te ha servido para nada porque te han descontado del sueldo mínimo las propinas que te han dado cada día. Y entonces una acepta levantarse a las cinco de la mañana para entrar a las seis a trabajar, y salir a las tres de la tarde, o que el descanso para el desayuno sea de 10 minutos, y el descanso para la comida sea de otros 10 porque “algo es algo, no habrá nada mejor para ti”, aunque sea por cuatro duros.

Se nos empuja a un mercado laboral en el que no tenemos la posibilidad de elegir y en el que las condiciones laborales de los trabajos que hay no son las que nosotros habríamos elegido, de haber podido hacerlo. Aceptar un trabajo porque “algo es algo” describe bien la situación en la que nos encontramos los jóvenes: hemos aprendido a concebir el trabajo como una cuestión de suerte, y no como una cuestión de derechos. Nos hemos acostumbrado o, más bien, nos han obligado a acostumbrarnos a sentirnos afortunados por encontrar un empleo, cualquiera que sea, y por haber dado con alguien que nos haya hecho el favor de contratarnos. Encima habrá que dar las gracias.

Seguimos siendo miles de jóvenes los que hemos estudiado una carrera, un máster, idiomas y mil cursos, pero que a pesar de eso a lo máximo que parece que podemos aspirar es a servir cafés o cañas, en verano sobre todo. Seguimos siendo el conjunto de la población que más paro sufre, a pesar de ser la generación mejor formada. Seguimos siendo muchos los que abandonamos nuestro país, nuestra familia y nuestros amigos. Seguimos siendo el 80% de los jóvenes que no podemos independizarnos por causas económicas, y los que sufrimos la precariedad laboral todos los meses del año.

Es probable que en septiembre se disparen las fotocopias de CV, y que muchos jóvenes nos acostemos sin saber muy bien qué nos duele más, si pensar que esas copias serán la llave para abrir la puerta de la precariedad, o el billete para nuestro exilio.

Pero en fin, por ahora voy a comer, que solamente dispongo de 10 minutos.

El ambiente que se respira en algunas de las ciudades británicas no es la victoria de la ciudadanía luchando por sus derechos, ni el pueblo británico velando por los intereses de la población.

El discurso que se ha llevado a cabo en la campaña a favor de salir de la UE ha sido el de la xenofobia y la intolerancia, ha sido el discurso de culpabilizar a "los otros".

Vimos como nuestro gobierno nos daba la espalda y ahora observamos atónitas como nuestro país de acogida nos da la patada.

Yo, como muchas otras exiliadas de países europeos, me encuentro residiendo en Gran Bretaña desde hace un año y medio, primero en Londres, y desde hace algunos meses en Edimburgo. Y he de decir que bajo mi punto de vista, el 23 de junio fue un día triste para Reino Unido. Fue un día triste para todas las personas que habitamos esta isla, tanto las nacidas aquí como las que vivimos en ella viniendo de otros lugares. Es un día triste porque ha ganado el discurso del odio.

No nos equivoquemos, el resultado de las votaciones no es una puñalada contra las políticas de la Unión Europea, ni un signo de la ciudadanía plantando cara contra una organización que oprime y antepone los intereses económicos frente a los del pueblo. El resultado del Brexit, en este caso simboliza la victoria de la xenofobia y el racismo.

La intolerancia y el racismo han ganado en las urnas. No voy a entrar a dar mi opinión sobre si salir de la Unión Europea es un error o un acierto, o si las políticas que implanta son correctas, o si respeta o no los Derechos Humanos, ya que considero que la propia Unión se delata por si sola en estos aspectos. Pero sí me gustaría compartir un par de reflexiones con todas las personas que no hayan vivido el proceso del Brexit de primera mano.

No parece acertado culpar de estos resultados a la celebración del referéndum en sí. Utilizar este mecanismo democrático para consultar a Reino Unido sobre una cuestión que trasciende tan profundamente en la vida cotidiana de todos los ciudadanos y ciudadanas, no creo que sea la raíz del problema. Reino Unido padece sus propias inestabilidades internas y aquí también se sufre la precarización de los servicios sociales y de la sanidad en muchas regiones, cuestiones que algunos partidos como el Ukip o el BNP han utilizado para introducir la cuestión de la inmigración. El discurso que se ha llevado a cabo en la campaña a favor de salir de la UE ha sido el de la xenofobia y la intolerancia, ha sido el discurso de culpabilizar a “los otros”. Algunos movimientos y partidos, también de extrema derecha, han jugado sus cartas utilizando el odio y el miedo por bandera: si no hay trabajo no es un problema de gestión, es porque “los otros” (los inmigrantes) te lo están robando. Si la sanidad (el National Health Service, en este caso) no tiene recursos, es porque “los otros” están abusando de ella, si la educación se resiente no es por un problema en las arcas, el problema es que “los otros” nos están exprimiendo… una lástima de discurso que quizás no le suene tan ajeno a algunos de nuestros políticos Españoles.

Este es un discurso que la extrema derecha lleva intentando implantar en Reino Unido (y en otras muchas naciones) desde hace ya tiempo. Hace aproximadamente un año unas compañeras de trabajo y yo éramos victimas de uno de los episodios de racismo más brutales que me han ocurrido en mi vida. Mis compañeras y yo (de nacionalidades italiana, española y argentina) éramos expulsadas de un pub en Londres simplemente por nuestros países de origen, ya que, el dueño alegaba que no quería gente “de nuestro tipo” en su local y afirmaba que nuestros países de origen eran “una mierda”. Hoy, ese hombre ha ganado, su intolerancia y xenofobia han ganado con un 52% de los votos a favor.

El ambiente que se respira en algunas de las ciudades británicas no es la victoria de la ciudadanía luchando por sus derechos, ni el pueblo británico velando por los intereses de la población. El mensaje que hoy resuena en las cabezas de todas, especialmente aquellas personas que hemos sido aludidas en esta votación, es el de que las inmigrantes “sobramos”, que somos un problema, una “plaga”, y que ya nos somos bienvenidas.

Me entristece profundamente leer en las redes sociales mensajes de amigas tanto en Londres como en Edimburgo que expresan, que tras años viviendo en estas ciudades, ya no se sienten parte de ellas. Supongo que la sensación de incertidumbre y desamparo es compartida por gran parte de las exiliadas, ya que, algunas de nosotras vimos como nuestro gobierno nos daba la espalda y ahora observamos atónitas como nuestro país de acogida nos da la patada.

Parece casi una broma que los artículos sobre el voto exterior empiezan a tomar un peligroso parecido con la circularidad temporal de la novela Cien años de soledad: sin chuleta, no hay forma de saber si el Arcadio mencionado es el abuelo, el hijo o el nieto; lo mismo sucede con el voto exterior: no se puede, sin chuleta, saber de cuál de las siete elecciones que se han celebrado desde el “loregazo” de 2011 (reforma de la ley electoral, LOREG) se habla cuando se menciona el impedimento de registro consular, las zancadillas generales del ruego, la llegada tardía de las papeletas, si es que llegan, o la consecuente ridícula participación electoral desde el exterior.

En todas y cada una de estas elecciones se han producido déjà vu inquietantemente calcados, salvo por las pequeñas diferencias marcadas por las instrucciones impartidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Un Ministerio que tiene la desfachatez de hacerse el sorprendido, de decir: “esto es intolerable y lo vamos a cambiar” o “no lo hemos cambiado porque no nos han dejado”, de forma tan cíclica como lo son sus despliegues de creativa artillería administrativa para torpedear a quien tenga la insensatez de intentar votar desde el exterior.

Ahora nos dicen que para las elecciones del 26J ha habido un incremento de 40.000 ruegos, y en Marea Granate nos gustaría pensar que, al menos un pedacito de ese aumento, se debe al esfuerzo hercúleo, gratuito y altruista que desplegamos cada vez que se convocan elecciones: paralizamos entonces nuestras vidas para asegurarnos de que no será por nosotras que se quede una persona sin votar. Elaboramos campañas de difusión de detalladísima información, nos enfrentamos, una y otra vez, a la desagradable fase de la resolución de las trampas y los abusos consulares, que los hay; damos soluciones a problemas difíciles, hablamos con la Junta Electoral Central cuando se nos plantean dudas y llamamos a las Oficinas del Censo Electoral (a quienes queremos hacer una mención especial de agradecimiento por su amabilidad incansable y su profesionalidad).

En una semana veremos si el aumento de ruegos se traduce en términos de participación, porque, pese a todos nuestros esfuerzos, en esta ocasión se nos han sumado las vallas del recorte unilateral, por parte de la dirección del INE de la retribución de las horas extra sin las cuales sería imposible tramitar el voto exterior y un consecuente aplazamiento de la fecha de envío de papeletas a los electores en el exterior: algunos aún esperan la llegada del sobre amarillo que transporta la voz que les dan en su país esas anheladas papeletas. En cualquier caso, las cifras de participación permanecerán dentro de los límites del ridículo democrático, dado que estamos hablando de tan sólo unos 150.000 ruegos, de los cuales apenas un cincuenta por ciento podrán llegar a votar.

Nada ha cambiado: así que desde hace cinco años vivimos la repetición de un guión irrisorio, donde las trabas se repiten y aumentan, el Ministerio las multiplica y luego se hace el sorprendido cuando las dificultades reaparecen... Y cada vez que alguien mueve un dedo para subsanar el desaguisado de la reforma de la ley electoral, el intento acaba aplastado con el manotazo impune de la mayoría absoluta.

Y entonces nos toca volver a empezar: volver a enfrentar los problemas de registro, de ruego, de llegada o no de papeletas, de descenso de la participación... y nos volvemos a encontrar, otra vez, con el “esto no me lo esperaba, algo hay que hacer” del Gobierno, y ya no lo soportamos más.

No, señorías, en Marea Granate no nos tomamos a broma el voto exterior. Créannos, ni uno solo de ellos. Y esperamos que ustedes dejen de hacerlo y cumplan con su simbólica promesa de apoyar la constitución de una comisión de investigación que, en diálogo y colaboración con los colectivos ciudadanos afectados, pongan fin a la escabechina del loregazo, para que se rompa, de una vez por todas, el tiempo circular y para que éste sea el último artículo sobre este tema.

Mientras escribíamos estas líneas, hemos visto publicada la noticia de que la Junta Electoral va a redactar un informe sobre la catástrofe del voto rogado. Esperemos que esta vez no se olviden de preguntar a quienes conocen la realidad, con sus pelos y señales, y saben lo que puede salir mal..., es decir, a los colectivos afectados, y desde luego, esperemos que quien reforme la ley electoral no se olvide de leer cada letra del informe que publicamos en octubre de 2015, no vaya a ser que nos encontremos con otro déjà vu y los legisladores hagan caso omiso de las pertinentes observaciones, como ya hicieron cuando la Junta Electoral, en su informe previo, advirtió de las consecuencias del ruego.

Lo dicho: por última vez.

La situación de los jóvenes en nuestro país nunca ha sido fácil pero en la última legislatura ha empeorado de una manera que muy pocos podían imaginar.

La ley que más daño ha hecho a los estudiantes es la llamada 'Ley Wert', que es la demostración de lo que el Partido Popular puede hacer con una mayoría absoluta.

La situación de los jóvenes en nuestro país nunca ha sido especialmente fácil, pero gracias al Gobierno que hemos tenido a lo largo de esta última legislatura ha empeorado de una manera que muy pocos podían o querían imaginar. Hay varios temas en los cuales se hace visible el mal trato que se nos ha dado a los jóvenes y el desprecio que hemos sufrido por parte de la gente que ha gobernado nuestras instituciones, y que en teoría debían de estar ahí justo para lo contrario.

El principal aspecto tiene que ver con los jóvenes estudiantes. Como no podía ser de otra forma, el mundo estudiantil es tristemente reconocido como uno de los pilares clave que más ataques ha soportado en la última década. Todos recordamos cómo a lo largo de la democracia nuestro sistema educativo ha sido objeto de constantes cambios y modificaciones a criterio del Gobierno de turno (LOGSE, LOE, LOMCE, entre otras) con leyes que hasta la fecha no han conseguido implantar un verdadero sistema de calidad, y en las cuales la religión y las privatizaciones han sido los temas de discrepancia fundamentales.

Pero sin duda, la ley que más daño está haciendo a los estudiantes es la llamada 'Ley Wert'. La primera ley educativa del PP que ha entrado en vigor ha sido una lacerante demostración de lo que el Partido Popular puede hacer con una mayoría absoluta en la Cámara Baja. Entre sus contundentes medidas se incluyen las reválidas propuestas para Primaria, ESO y Bachillerato. Pruebas externas del todo innecesarias, que roban oportunidades y cuya superación es la única posibilidad de que el alumno pueda continuar con sus estudios. Otra de las medidas tiene que ver con la asignatura de Religión. No es razonable que una materia como ésta, que está basada en creencias personales, se tenga en cuenta para la nota media del expediente o para pedir una beca. Es un ejemplo más de cómo se puede llegar a instrumentalizar la educación, algo que debería conservar su laicidad por completo para que todos los alumnos, al margen de sus creencias, puedan optar a las mismas condiciones. Esta medida va en detrimento de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, (que se convierte en optativa o se suprime) y afecta también a la Filosofía, en mi opinión imprescindible para que los estudiantes aprendamos a pensar, a debatir, a formarnos como personas, y a darnos cuenta de muchas cosas de nuestra realidad que ninguna otra materia puede enseñarnos.

Pero los estudiantes universitarios tampoco salen impunes de las reformas educativas de nuestro último Gobierno. Han sido castigados con medidas como el decreto 3+2, por el cual los grados universitarios pasan a ser de cuatro a tres años, y ofertando másteres de dos años. Este modelo obliga a pagar más a los estudiantes por sus carreras a costa de una reducción en la financiación pública de éstas (algo que beneficia a las universidades privadas), por no hablar de la pérdida evidente de calidad en la formación que supone el acortar las carreras.

Todo esto ha sido después de aplicar fulminantes recortes en el ámbito educativo entre los que figuran la eliminación de becas y ayudas o el aumento de las tasas universitarias, que han llevado a recortar más de 6.500 millones de euros en Educación desde 2010. Y es que los universitarios españoles se encuentran entre los que más pagan en Europa.

Ante esta situación, cientos de estudiantes universitarios se han visto obligados a abandonar sus estudios, sus sueños, su futuro. Algo que les pertenecía. Su derecho. Una vida que estaban construyendo a base de esfuerzo y estudio exigido, para al final ver impotentes cómo todo ese trabajo es insuficiente porque las tasas son cada vez más altas y las becas escasas.

Y en cuanto a la situación laboral, no es ni mucho menos esperanzadora: a mediados de 2015, España lideraba el ranking de desempleo juvenil en Europa con un desalentador 49,6% de tasa de paro entre los jóvenes. Esto hace que los universitarios apenas puedan compatibilizar el trabajo con sus estudios para poder hacer frente de alguna manera a los pagos y que los que terminan sus carreras a menudo se vean forzados a buscar empleo más allá de nuestras fronteras (el ahora famoso “exilio económico”). Así se pierde el talento. Así se pierde a personas que tenían encomendada la tarea de hacer avanzar al país y de construir futuro, viéndose obligados a buscarlo fuera, porque aquí se parece seguir mirando al pasado.

Por todo esto, los estudiantes tenemos el deber de luchar para que nuestras condiciones mejoren. Tenemos el deber de salir a las calles. De defender esos derechos que nadie nos puede quitar porque son fundamentales, y para que se derogue -de forma inmediata y completa- la LOMCE y todos los decretos mata-talento que jamás permitiremos que entren en vigor. Porque siempre que los estudiantes nos hagamos oír y lo hagamos juntos, estaremos abriendo caminos y diciendo NO a la resignación y a que nos roben nuestro futuro.

“Érase una vez una sociedad, muy superior a sus políticos”.

Cumplimos cinco años de luchas desde todas partes del mundo y es complicado añadir luz a una revolución tan relevante en las últimas décadas como fue el 15M y los demás movimientos ciudadanos que surgieron tras el estallido de la crisis de 2008. Eventos de tal magnitud política, cultural y social son difícilmente apreciables con un margen de tiempo tan corto, sin duda, pero con una mayor perspectiva histórica, dentro de cinco años, seremos capaces de apreciar cuánto ha cambiado nuestras vidas el 15M y hasta dónde llegaron sus raíces, que ya de por sí, son alargadas y fuertes.

En el año 2011 comenzaron a abrirse las grietas de un gran muro que durante décadas fuimos incapaces de ver y que asumimos como un elemento más de nuestras vidas: vivir dentro de las cuatro paredes del espacio construido por las políticas neoliberales de los años ’80, la transición como modelo de referencia democrática, una democracia limitada al voto entre dos alternativas de distinto color, pero mismo corazón, y la concepción de que la política no era algo reservado a la gente, sino que era una mera herramienta para elegir a quienes hicieran política por nosotros. Por fortuna, despertamos, para rascar las grietas de aquel muro y no sólo para ver qué había más allá, sino para ser partícipes de un mundo distinto, donde la democracia y la política se hicieran desde la gente y para la gente. La gran mentira que desenmascaró el 15M fue demostrar que la democracia no era votar a un partido o a otro cuando el primero no funcionara. El 15M consiguió algo mucho más importante: la repolitización de la sociedad y la pérdida de una autoridad representativa y política de los que hasta entonces veíamos como los protectores y garantes de los derechos sociales de nuestro país. Nos dimos cuenta que desdeñar y desaprovechar esas grietas, para ver qué había más allá del muro, hubiera sido una oportunidad pérdida.

Qué alegría la nuestra cuando comenzamos a ver cómo las grietas se fueron abriendo en los muros de muchos países y vimos que no era un problema estructural localizado en un espacio concreto, sino que la red era mucho más amplia y fuerte de lo que hubiéramos imaginado: Grecia (Generación 700 euros), Estados Unidos (Occupy Movement), México (YoSoy132), Reino Unido (protestas Health, Homes, Jobs & Education), las Primaveras árabes (aunque con elementos de análisis distintos) y ahora Francia (Nuit Debout).

Entre los éxitos comunes y contagiados entre todos estos espacios donde la gente se ha organizado, encontramos varios elementos resaltables para comprender la importancia de los mismos. El surgimiento de estos movimientos sociales ha puesto en la agenda política de todos estos países la necesidad de romper con ese ajuste estructural al que nos hemos visto sometidos durante muchos años una gran parte de la población y por otro lado, el desapego hacia las fuerzas políticas existentes. La importancia del 15M, al igual que del resto de movimientos surgidos desde todas partes, es que en todos ellos se rompe con la lógica de los movimientos sociales: se pasa de pedir y reclamar, a tomar y hacerse con el espacio público, es decir, se plantea una nueva forma de democracia por medio de la recuperación del espacio público y de los derechos sociales que, si no se ejercen, no existen; a impugnar el régimen – “no somos mercancía” – y el modelo de Estado del que se han apropiado los partidos instaurados en el poder y finalmente identificar la oligarquía, a saber entre banqueros, empresarios, políticos, etc. 

Por otro lado, el surgimiento de estos movimientos sociales, han permitido la liberación de la palabra, es decir, no sólo recuperar la importancia de la participación de todas las personas sin diferenciación alguna, sino de la libertad e igualdad de la palabra para hacer de ella una herramienta política democrática sin diferenciación de status quo.

El modelo económico que se nos impuso en las últimas décadas y las políticas de austeridad del nuevo siglo, se han demostrado como algo presente, no sólo en los países con una mayor desigualdad social, sino también en aquellos dónde estas políticas, en un principio, parecían las únicas viables para salir de la crisis económica y encaminarnos de nuevo hacia un estado del bienestar para todos los países afectados por esta. El caso más reciente es el de Francia, dónde, con una ley del Trabajo ya aprobada por decreto, se contrapone una nueva manifestación de la gente en protesta por la precarización del empleo y de sus vidas. Una vez más vemos como la división de poderes de Montesquieu se rompe y se antepone una nueva división de poderes en disputa, la oligarquía y el contrapoder, es decir, las políticas para banqueros, empresarios y políticos oxidados, contra la democracia y los derechos sociales de la gente.

Han pasado cinco años en los que reclamamos dejar de estar condenados al paro, la precariedad o el exilio. Escribo estas palabras desde Londres, al igual que muchos otros jóvenes.

El 15M nos hizo despertar; nuestro contexto socio-económico nos obligó a emigrar y a luchar desde otras partes del mundo; y quizás ahora, como todos estos años, podamos tener una nueva oportunidad para seguir avanzando hacia la recuperación de esos derechos sociales que nos robaron y hacia una vida digna. No sólo desde España, sino también desde Francia, Alemania, Reino Unido, Grecia, EE.UU., México y un largo etcétera.

Nuestra generación ha nacido para seguir recordando aquellas manos levantadas en la Puerta del Sol en un silencio que hablaba por sí solo. Y así será para el resto de nuestro tiempo, siempre juntas a pesar de las fronteras.

El pasado dos de mayo se interpretó la primera escena de una comedia que va a durar. Carlos Andradas, rector de la Complutense, fue galardonado con la medalla de Oro de la Orden del Dos de Mayo por Cristina Cifuentes. Al acto acudieron muchos de los grandes nombres de la política de nuestro país, y Andradas y Cifuentes tuvieron la oportunidad de dedicarse unas palabras delante de todos ellos.

Cifuentes comentó “la labor e ilusión de los rectores, profesores, trabajadores y estudiantes” y aseguró que no pararía hasta que las universidades encabecen los rankings de excelencia internacional. Después le tocó a Andradas, quien pronunció un ligero discurso, delante de políticos como Mariano Rajoy, acerca de cómo esta medalla simbolizaba un cambio de paradigma en el gobierno regional, justo en el momento en el que se está “definiendo un nuevo marco de relación con las universidades”. Una nueva relación que permitirá a las universidades (cito) “trabajar conjuntamente con el tejido empresarial para incrementar el número de empresas innovadoras y mejorar la situación laboral de los estudiantes.”

Nada de cien mil estudiantes menos en la universidad. Nada de precariedad entre el profesorado y trabajadores o de los millones a deber por parte de la Comunidad (más de 75), sino más bien un discurso conciliador, acerca de lo que hemos “aprendido de la crisis” (de la que habla como si fuera un fenómeno natural). Es decir, vimos al responsable público de la universidad más grande de España hacer mutis por el foro.

Un lector cauto podría pensar que en estos actos lo que prima es la corrección, pero no debemos engañarnos, nada de lo que sucede bajo esta conversación pública es simple protocolo. Leyendo algo mejor la situación nos encontramos con que la relación entre Andradas y Cifuentes es especial.

El gobierno autonómico prepara para los próximos meses una nueva Ley de Universidades ante la expectación de toda la comunidad educativa. Una norma que ya comienza a ser conocida por su oscuridad. Y uno de los pocos colaboradores externos es, por supuesto, Carlos Andradas, que no parece estar presionando al ejecutivo.

Por otro lado, Andradas también está haciendo su trabajo. En la Complutense ha desarrollado una nueva forma de financiación a partir del Reglamento de Cátedras Extraordinarias, aprobado los primeros días después de navidades. Un reglamento pionero en su relación con las empresas y por la forma de implicación que tendrán las mismas dentro de la estructura universitaria.

Él mismo lo explicaba hace unas semanas en El País, donde comenzaba su artículo afirmando “Hay que cambiar el discurso de 'fuera empresas de la universidad' por el de cómo queremos que participen”. En su reglamento, en concreto, se establecen cinco formas de participación delimitadas exclusivamente por el precio, que suben desde las aportaciones desinteresadas hasta el millón de euros. Por esa cantidad tendrán la posibilidad de crear de títulos propios, institutos universitarios (con el nombre de la empresa), posgrados, proyectos de investigación y el cobro del 90% de las patentes desarrolladas. Es decir, liquidación completa de lo que puede vender la universidad sin la autorización del ministerio de Educación (que es quien concede los títulos de grado), sin apenas mecanismos de supervisión.

Aunque al rector no se lo parezca, hay verdaderas razones para la preocupación: La inmersión del capital privado permeará hasta los departamentos de la facultad, posibilitando que sus encargados partan a la búsqueda de “aliados estratégicos”, creando un nicho fértil para el cohecho y las puertas giratorias, porque estos responsables podrán trabajar en excedencia durante cinco años en la empresa contratante.

Claro, para una empresa resulta muy suculento. Todo se realizará con los recursos de la universidad: El profesorado, los materiales y espacios y el propio alumnado, que se verá obligado a formarse dentro del paraguas de un proyecto de investigación con el nombre de una marca conocida, como ya son los proyectos de Telefónica en la facultad de Informática o de Central Lechera Asturiana, en la de Medicina.

Estos últimos meses, hemos aprendido que Andradas cree sin ambages que esta forma de financiación, como afirmaba hace unas semanas en El País, supone el camino más rápido para conseguir un Premio Nobel y buenas calificaciones en los deseados rankings internacionales que, como decía Cifuentes, son el máximo objetivo. Cree que la intervención privada en los espacios más íntimos de la institución producirán resultados libres y valiosos para todos. Sin embargo, cabría preguntarse si los intereses de una empresa coinciden con los de toda la sociedad o tan solo con los de su propio beneficio, y dónde quedarán los proyectos que se salgan de las líneas más rentables. También cabe cuestionar quién vigilará esta puerta abierta hacia la corrupción, o dónde quedó aquello de la autonomía universitaria. O, por qué no, si lo que hace falta no es más inversión pública, en vez de tirarse a los brazos del sector privado.

Hace varias semanas, saltaron las alarmas de un grupo de estudiantes y profesores al conocer este reglamento. Después de un breve historial de artículos y reuniones, se acordó realizar un acto de debate con el rector Carlos Andradas y varios expertos para poner en cuestión el Reglamento. Se llevará a cabo el próximo martes 10 de mayo a las 11h, en el SALÓN DE ACTOS COFARES DE LA FACULTAD DE FARMACIA UCM, y podrá acudir toda persona que esté interesada. Trataremos el reglamento en particular y modelos de financiación de la universidad en general. Y, de paso, un poco sobre la toma democrática de decisiones en la Universidad. Que nunca está de más.

Toda la información podéis encontrarla en esta página. 

Un año más, las trabajadoras de buena parte del mundo vamos a celebrar este Primero de Mayo el Día Internacional de los Trabajadores. Este año en la Oficina Precaria celebramos nuestro 4º cumpleaños, y qué mejor manera de hacerlo que reivindicando en la calle, junto a otros espacios y colectivos amigos, un día con tanto pasado –y futuro–.

Este año hemos querido poner especial énfasis en denunciar una situación de muchas trabajadoras de nuestro país que nos sitúa a la cola en derechos laborales: las becarias.

De esta forma queremos denunciar esta realidad cuya naturaleza laboral es aún hoy negada por la normativa de aplicación, y que constituye una avanzadilla especialmente dañina en nuestra forma de concebir el trabajo y la formación.

Por un lado, la realidad de las trabajadoras becarias en fraude de ley es sinónimo de auténticas trabajadoras camufladas en formatos de contratatación no-laboral cuyo uso generalizado tiene efectos perversos sobre el conjunto de las trabajadoras: presión a la baja de los salarios –al no tener una remuneración obligatoria–, ausencia de derechos laborales, sustitución de trabajadoras a coste cero y extracción del elemento sindical de los entornos laborales, son algunas de las consecuencias más drásticas de este fraude.

Por otro lado, la generalización de estas modalidades de empleo altamente precarizado tiene otro efecto más perverso si cabe: moldear nuestra propia concepción de los entornos laborales y los derechos asociados al mismo, eliminando de nuestro imaginario colectivo la existencia de toda una serie de garantías legales para nuestra protección y dispositivos comunes de lucha por nuestros derechos.

De esta manera, al entrar en el “mercado laboral” de la mano de una beca o de unas prácticas no-laborales, nuestras expectativas sobre esos derechos desaparecen inmediatamente, generalizándose esa travesía de varios años por el desierto de los trabajos no remunerados como la única manera de acceder a ese “mercado laboral”, caracterizado por la incertidumbre y la precariedad.

Recientemente desde la Oficina Precaria y el Grupo Parlamentario de Podemos hemos presentado una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados. El objetivo es modificar la regulación de las becas y tender a un sistema que combine formación y práctica, donde los derechos sean garantizados y se reduzca su uso al entorno para el que fueron diseñadas.

Es por estas razones y por muchas más que este año queremos aprovechar el Día Internacional de los Trabajadores para reivindicar los derechos de este colectivo especialmente maltratado.

Porque trabajar gratis es algo inadmisible, este domingo Primero de Mayo hemos querido convocaros, junto a Juventud Sin Futuro, las asociaciones Carlos Marx y Rise Up y los colectivos Contrapoder y Conciencia Minera, a formar un Bloque Becario que participará en las movilizaciones de la jornada.

Nos vemos el domingo a las 12:00 frente al Museo del Prado, junto a la estatua de Velázquez, para reivindicar que las becarias somos trabajadoras y exigimos que se respeten nuestros derechos.

¡Trabajar gratis es esclavitud!

Frente al mayor ciclo de movilización en defensa de la educación pública nos encontramos que durante todos estos años la educación ha estado secuestrada por los diferentes partidos siendo utilizada como arma arrojadiza a cada paso de legislatura. En esa pelea constante sólo existía un argumento: “tu ley, mi ley”. En ningún caso se ha abierto un debate tranquilo y sincero sobre qué modelo de educación queremos construir como proyecto de país.

Este debate se vuelve abrir y continúa más vigente que nunca bajo el mantra de un Pacto de Estado por la Educación. De hecho, podemos observar como en las últimas elecciones del pasado 20 de diciembre todos los partidos llevaban en sus programas la necesidad de alcanzar dicho Pacto.

Hoy, a propuesta del Partido Popular, se debate en el Congreso de los Diputados una propuesta no de ley para alcanzar un Pacto Nacional por la Educación. Sí, a propuesta del Partido Popular. El partido que aprobó la LOMCE hace poco más de dos años en solitario por rodillo parlamentario y con el compromiso de las demás fuerzas políticas para derogarla en el momento en que se perdiera la mayoría parlamentaria.

Nos encontramos como el actual ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, ha manifestado su voluntad de alcanzar dicho Pacto modificando la LOMCE. Eso sí, sin cambiar algunos de sus aspectos claves y más conflictivos como son las revalidas. Se dibuja así un terreno de juego tramposo de partida. Además, de esa afirmación se deduce un tímido “teníais razón” y que por supuesto nunca se llegará a pronunciar en un gesto de humildad y reconocimiento. Reconocimiento a aquellas personas que han hecho más que cualquier ley a la hora de poner en valor y dignificando la escuela pública a través de las diferentes mareas por la Educación Pública.

Pero el principal problema que nos encontramos no es ese. Sino que los partidos a los que se interpela con esa afirmación acepten ese marco inicial. Tampoco podemos consentir creer que el logro ahora se sitúa en que los diferentes partidos por fin tengan intención, al menos, de ponerse de acuerdo.

Bajo esa voluntad de acuerdo no podemos consentir aceptar un Pacto de Estado cocinado en los despachos. El principal reto se sitúa en dar la voz a la comunidad educativa y a la ciudadanía en su conjunto. La educación es algo demasiado importante como para dejarlo, al menos exclusivamente, en manos de los políticos.

Por este motivo, desde La Educación que nos une impulsamos una campaña que abra un Diálogo por la Educación evitando así un Pacto desde arriba que cierre la posibilidad real de cambio y transformación que nuestro sistema educativo necesita. Debemos dar la palabra a los verdaderos profesionales de la educación que realizan día a día su trabajo cotidiano en nuestras aulas, escuchar a las familias y a los verdaderos protagonistas de la educación. Un Diálogo por la Educación que abra un debate pedagógico sobre las principales dificultades y restos a los que nos enfrentamos.

Un Diálogo por la Educación que dé lugar a una nueva ley Educación democrática, estable y comprometida. Democrática en sus principios y en su elaboración, que cuente con la participación de la comunidad educativa y la ciudadanía. Estable porque ha de sentar las bases de un sistema educativo centrado en las necesidades de las personas y no de los partidos, que mire a toda una generación como proyecto de futuro. Comprometida con un mundo más justo que responda a un modelo económico, político y social basado en el cuidado y el bien común.

Frente al Pacto de Estado que nos quieren imponer exigimos un Diálogo por la Educación que dé como resultado un acuerdo social y político. La única forma de que una ley de educación tenga vocación real de permanencia es que la comunidad educativa la sienta como propia. La próxima ley de educación será con la comunidad educativa o no será.

El pasado lunes 14 de marzo, Oficina Precaria presentó junto a Podemos en el Congreso una Propuesta No de Ley para acabar con los becarios en fraude o falsos becarios, estudiantes que ocupan puestos de trabajo sin unas condiciones y derechos laborales mínimos: sin salario obligatorio, sin derecho a subsidio por desempleo, sin indemnizaciones, sin vacaciones… Entre otras medidas, nuestras reivindicaciones incluyen aplicar una remuneración igual al salario mínimo y una jornada máxima de 6 horas, lo que quedaría en 486,45€/mes.

Desde los sectores más liberales, seguramente los que más beneficios han sacado de la explotación de becarios mientras se llenan la boca hablando de emprendimiento y sacrificio personal, se criticaron estas medidas con un viejo cuento que ya conocemos. La pérdida de “flexibilidad” (léase flexibilidad como la posibilidad legal de tener a un trabajador 8 horas a cambio de un salario de 0 euros), hará que las empresas dejen de demandar becarios. Una premisa por la que si toda la humanidad fuera esclava, no habría desempleo.

Recordemos que el objeto de los programas de prácticas para becarios no es ocupar un puesto poco relevante ni sustituir una baja por maternidad, es la formación del estudiante a través de un ambiente de trabajo real y que, de cumplirse las expectativas, acabará incorporándose como trabajador con todos esos conocimientos adquiridos en la empresa. No nos cabe duda de que son muchas las empresas que incorporan becarios honestamente con esta pretensión y estamos completamente de acuerdo, no obstante también son muchos los empresarios que los usan para no tener que pagar un salario y saltarse el Estatuto de los Trabajadores.

Vamos a empezar a analizar el efecto de las medidas que propone Oficina Precaria sobre ambas situaciones: la legal y la fraudulenta:

1. Cuando los becarios realmente reciben formación y el interés de la empresa es incorporarlos más tarde como trabajadores ya preparados. En el caso de estas empresas -paguen o no remuneración actualmente-, podemos suponer sin temor a equivocarnos los costes de contratación no son un escollo: pueden permitirse rebajar las horas de trabajo efectivo de sus empleados para dedicarlas a ejercer como tutores-profesores de los becarios. Más aún, su pretensión es contratar a alguno/s de ellos a coste de trabajador “normal” más adelante.

Resulta obvio que si la empresa es honesta e inteligente, una remuneración mínima de 486,45€ durante 6 meses es un coste más que razonable a cambio del trabajo productivo que el becario incorpora a la empresa y de formar a un estudiante a la medida de las características de la empresa para después hacerle un contrato.

2. Cuando los becarios encubren un puesto de trabajo. Es una situación más habitual de lo que parece, según un estudio de la Comisión Europea de 2015, el 72% de los becarios realizaba las mismas funciones que cualquier otro trabajador de la empresa. En muchos de estos casos, las empresas dan una remuneración económica a sus becarios a sabiendas de su labor productiva y para mantenerlos en ese puesto bajo la recurrente premisa liberal: mejor eso que nada. ¿Mejor para quién?

Para las empresas que remuneran a sus becarios con una cantidad superior a la que proponemos no habría problema, pero supongamos un empresario que pagara 300€ a sus becarios. Seguiría teniendo 2 opciones: cumplir la ley y contratar trabajadores o pagar a los becarios la exorbitante cantidad de 186,45€ más al mes. En este punto sería aburrir al lector recordar los millonarios beneficios del Banco Santander, Telefónica, Inditex, OHL, BBVA, Iberdrola, Ferrovial, Abertis, Caixabank, Mapfre, ACS, Gas natural, Repsol…

Los caraduras que no compensan económicamente a los becarios y solo pretenden tener un trabajador a coste cero, seguirán teniendo una disyuntiva similar: continuar jugándosela al margen de la ley explotando a un becario (ahora a cambio de 486,45€ al mes en lugar de gratis), o cumplir el derecho de los trabajadores pagando el salario por convenio.

Esta remuneración obligatoria no impide que, si de verdad el becario encubre un puesto de trabajo, pueda denunciarlo y ver reconocida la laboralidad y los salarios que tendría que haber cobrado.

Creemos que son muy pocas las empresas que no serían capaces de hacer frente a una remuneración de 486,45€ al mes; y de ser así, algo estarían haciendo muy mal y éste debería ser el menor de sus problemas. Recordemos que solo el 5% de los empresarios reconoce que no aumenta su plantilla por “el elevado coste de la contratación”.

La conclusión es que para aquellas empresas honestas, que pretenden formar a un estudiante para contratarlo en el futuro, estas medidas no son ningún obstáculo. Si ese es su objetivo real, seguirán demandándolos en la misma medida.

Por otro lado, la que sí bajará será la demanda de esclavos, de becarios que trabajen gratis… porque no existirán. Muchos empresarios sin escrúpulos podrán seguir encubriendo puestos de trabajo con becarios, pero se verán obligados a pagar al menos el salario mínimo y solo podrán hacerlo durante 6 meses.

Esto, unido a la acción de Inspección de Trabajo, será un gran incentivo para que cumplan la ley y contraten trabajadores jóvenes. Y así, a lo mejor, conseguimos bajar la vergonzosa cifra de 50% de paro juvenil.

"Las calles con nombres de mujeres trabajadoras que han marcado la Historia existen en Madrid. Hay unas 70 más o menos. Sobre las más de 35.000 calles de Madrid, duele un poco que la cifra sea tan baja"

"Si los nombres de las calles, que sabemos reflejan la cultura y los valores de la ciudad, son por mayoría nombres de hombres, ¿cómo sé yo que también puedo escribir la Historia?"

El otro día, después de romper con mi novio porque me miraba el móvil, quise darme un paseo hasta el centro para cambiarme las ideas. Como no soy de Madrid, me pareció necesario activar el GPS de mi móvil. Y mientras me paseaba, tras dos piropos y algunos insultos (es verdad que esta falda me sienta muy bien, pero es un poco corta), me di cuenta: todas estas calles por las que estoy pasando tienen nombres de hombres. Ahora que lo pienso, donde vivía antes, también pasaba. Claro, como tengo ya interiorizado que esto es un mundo de hombres, no había caído. Miro bien, y estoy sola en la calle. Los tíos me acosan por donde vaya, las calles llevan nombres de hombre… No hay sitio para mí.

Si alguien llega a dar su nombre a una calle, será porque habrá hecho algo importante, que su existencia ha marcado la Historia. “La Historia la escriben los vencedores”. ¿Quiénes han sido los vencedores en los campos de batalla? ¿Y los primeros vencedores en la lucha para el derecho al voto? Los hombres. ¿Cuántas luchas han tenido que ser necesarias para que las mujeres tengan algunos derechos, al igual que los hombres? Para poder votar, las sufragistas hicieron huelgas de hambre. Para poder usar contracepción, las mujeres tuvieron que salir a gritar a la calle… Si eso no son campos de batallas y victorias, ¿qué son?

No nos aprendemos los nombres de las mujeres que han escrito la Historia en el colegio. ¿Alguien sabe que el primer viaje a la Luna fue posible gracias a la investigación científica de una mujer? ¿Y que la mujer de Einstein le corregía sus ecuaciones? A que os sabéis los nombres de los primeros astronautas y de Einstein. Claro. Aquí falta visibilidad. El mundo no ha sido construido únicamente por los hombres, las mujeres hemos trabajado y hemos luchado igual que los hombres, pero no se nos ve. Lo que sí se ve actualmente, son los casos de violencia de género y la imagen que se trata de darnos en la publicidad. Machismo omnipresente.

Yo creía que mi condición era mejor que la de mi abuela, ahora me paro a pensar y falta aún mucho por hacer. Si a puestos iguales, gano yo menos que un hombre, ¿dónde está el progreso? Si los chicos van por la calle creyendo que pueden disponer de mi cuerpo, ¿cómo puedo sentirme segura en ella? Y si los nombres de las calles, que sabemos reflejan la cultura y los valores de la ciudad, son por mayoría nombres de hombres, ¿cómo sé yo que también puedo escribir la Historia?

Las calles con nombres de mujeres trabajadoras que han marcado la Historia existen en Madrid. Hay unas 70 más o menos. Sobre las más de 35.000 calles de Madrid, duele un poco que la cifra sea tan baja. Pero seguro que dentro de estas 70 mujeres, no conozco ni a la mitad. Lo aprendido nunca está perdido.

Hoy es 8 de marzo. El día de la mujer trabajadora. Estos chicos de Juventud Sin Futuro han hecho un callejero especial para celebrar este día: han puesto en evidencia todas las calles con nombre de mujer trabajadora, y nos han descrito cuales habían sido su campo de batalla y sus victorias. En un día en el que se recuerda que el trabajo hacia la igualdad entre hombres y mujeres no está terminado y que se necesita un 8M cada año para dar espacio a las mujeres y que reivindiquen sus derechos, este proyecto le da un toque alegre a todo. Hoy me pasearé por esas calles. Seguro que se escucharán algunos piropos e insultos, pero ya no pensaré que la calle no me pertenece. Y ya no pensaré que la Historia se hace sin nosotras.

"Nuestro acceso al mundo laboral se da desde el limbo de las prácticas en empresas, que no están reconocidas como empleo y casi siempre suponen fraude de ley"

Dicen que formamos parte de la generación más preparada de la historia, esa que se creyó que el esfuerzo y la preparación eran la promesa de un futuro para el que ahora hacemos cola en una lista de espera interminable. 

Se ha escrito mucho de nosotras y nosotros: que nos echan y que tenemos que buscar fuera el empleo que no tenemos dentro, que no podemos emanciparnos, que de nuestra indignación han nacido nuevas fuerzas políticas que aspiran a cambiar desde las instituciones lo que nos ha llevado a nuestra situación actual.

Queremos llamar la atención sobre otra de las situaciones que nos atraviesan: somos una generación-becaria. Nuestro acceso al mundo laboral se da desde el limbo de las prácticas en empresas, que no están reconocidas como empleo y casi siempre suponen fraude de ley. 

¿Cuántas veces hemos oído la famosa frase “que lo haga la becaria”? En libros, series y películas la becaria es la última persona en llegar a la oficina y hace los recados que nadie quiere. La realidad nos habla de otra cosa: las y los becarios suelen hacer las mismas tareas que el resto de empleados.

Hacer el mismo trabajo que el resto implica asumir responsabilidades, no recibir formación y estar doblemente desprotegido: sin un salario digno (a veces directamente inexistente) y quedando fuera de la legislación laboral, porque curras pero sobre el papel eres estudiante. El abuso es tan flagrante que llega al fraude de ley la mayoría de las veces. A pesar de ello, es tan habitual y está tan extendido que se normaliza.

Parecemos aprendices medievales, que entran en el mundo del trabajo a través de la formación por salarios de miseria y profesando la máxima obediencia. Solo que nosotras no saldremos con un empleo estable ni recibiremos la formación que en teoría justifica nuestras infames condiciones.

¿Por qué no decimos que no? Nadie que esté a punto de terminar la carrera o que acabe de hacerlo está en casa rechazando ofertas: no hay curro y lo necesitamos. Las empresas lo saben y se aprovechan. Contratando personal en prácticas se ahorran sueldo y cotizaciones y por eso, con la excusa de la crisis, las prácticas se han extendido a todo tipo de empleos. También a los que no requieren una capacitación específica.

Los empresarios usan las becas fraudulentas para compensar los “recortes de personal” y por eso algunos de los puestos de empleo destruidos no se recuperarán. Donde antes había trabajadores con derechos ahora hay becarios y becarias vitalicios o en cadena: mano de obra gratuita o esclavitud moderna, en la Oficina Precaria lo llamamos becarización del mercado laboral.

Quienes hemos encadenado unas prácticas con otras sabemos que trabajar a cambio de nada o de muy poco implica no tener independencia económica y renunciar o posponer cualquier vida autónoma. En la Unión Europea tres de cada cuatro personas que reciben un “salario” por sus prácticas considera que es insuficiente para cubrir los gastos básicos, por eso el 48% están sustentados por sus familias.

En España el paro y la precariedad azotan a nuestra generación, pero también a la de nuestros padres, por lo que parece difícil que podamos permitirnos trabajar gratis. Es la enésima barrera para que personas no privilegiadas accedan algunos puestos de trabajo.

El “ascensor social”, que ya estaba averiado por una universidad mercantilizada y por la caída de las becas de estudio continúa su deterioro por culpa de las prácticas pobre o nulamente remuneradas.

Que nuestro acceso al empleo se haga desde un limbo sin derechos y con salarios (si hay) de basura tiene implicaciones en cómo pensamos los y las jóvenes el mundo laboral. No faltará quien compre la idea de que trabajar gratis para iniciarte en el empleo es un mal menor, que es necesario empezar por (muy) abajo para hacer poco a poco una carrera. Es lógico que se difunda: nos machacan con ella desde todas partes a edades cada vez más tempranas.

Las becas terminan por adiestrarnos en lo que será nuestra precariedad futura. Son el primer eslabón de una cadena de montaje que fabrica profesionales sumisos que saben que “lo normal” es carecer de derechos y de una remuneración justa.

Es hora de decir basta, no queremos volver a renovar la enésima beca pagando trescientos euros a centros de formación de dudosa legalidad. No queremos seguir regalando nuestro trabajo. No queremos que nuestras compañeras de clase se queden fuera porque sus padres no pueden complementar un sueldo de doscientos euros.

Queremos que nuestro empleo valga, que nuestro acceso al mundo laboral sea digno y con derechos. Por eso seguimos denunciando a las empresas que se creen impunes mientras trafican con nuestros derechos y elaborando propuestas concretas para que las prácticas en empresas se regulen con respeto a nuestros derechos. Seguimos luchando para que no nos hagan elegir entre susto o muerte, entre no currar o hacerlo gratis.

Los resultados de las pasadas elecciones generales han terminado de definir un escenario político jamás visto en democracia que obligará, como todo apunta, a que al menos tres grupos parlamentarios deban de llegar a algún tipo de acuerdo para que se pueda constituir un nuevo gobierno. Que un mes después de los comicios no haya un candidato con plenas garantías de presidir el Ejecutivo, y con la sombra aún de unas nuevas elecciones sobrevolando el tablero, es motivo para que algunos analistas califiquen de incertidumbre esta nueva situación, poco acostumbrados quizás, a que por fin en el Congreso se empiece de verdad a debatir sobre política.

En el Partido Popular, conscientes de que la pérdida de su hegemonía hace peligrar las posibilidades de que Rajoy siga en La Moncloa, se han apresurado a bombardear a la opinión pública con la idea de que todo pacto que no pase por el PP llevando las riendas del gobierno, resultará poco menos que ilegítimo. No quieren aceptar que este tiempo político abierto no va tanto de partidos o de sillones, sino de programas políticos, y alimentan el miedo haciendo creer a la ciudadanía que lo que ellos denominan ‘pacto de perdedores’, se traducirá en inestabilidad política.

Conviene recordar que cuando Rajoy se refiere a ello, lo hace preocupado en contentar a los mercados internacionales, esos que han guiado sus políticas de recortes para mantener los privilegios de las élites a costa de sacrificar el bienestar de las clases populares. La campaña electoral de Rajoy ha consistido, básicamente, en vendernos que la recuperación está llegando para el país, valiéndose de una serie de cifras maquilladas que atienden a la estimulación de operaciones bursátiles de las que el común de los mortales estamos lejos de beneficiarnos.

Yo pertenezco a una generación de jóvenes muy marcada por la crisis, es verdad que nos ha afectado en mayor o menor medida pero todos la hemos experimentado de muy diversas formas. La crisis nos pilló en un momento en el que tras esforzarnos por hacer los deberes, anhelábamos desesperadamente poder vivir con independencia. La crisis trastocó ese sueño y nos ha condenado a plantarnos con cuarenta años y haber pasado una juventud con más penas que glorias. No solo hablo de lo más manifiestamente grave: encontrar trabajos temporales muy de cuando en cuando, tener que dejar la ciudad y volver con la familia por no poder pagar el alquiler del piso, verse forzado a emigrar a otro país en busca de futuro… y toda una serie de consecuencias que no nos han permitido desarrollar un proyecto de vida si quiera a medio plazo.

En mi entorno cercano, he tenido muy presentes toda una serie de comportamientos y actitudes que poco a poco han conformado la experiencia cotidiana de mi generación desde que la crisis empezara. Rajoy sigue enrocado en la idea de gobernar sin ser consciente de que las cifras que de verdad importan nos son de las que él habla, sí aquellas con las que tenemos que hacer cuentas la juventud. Son las del amigo que pregunta primero cuánto cuesta una cerveza por si no puede pagarla, las de las amigas que comparten menú cuando sus amigos salen de cena, las del que coge el autobús de ruta porque sale más barato, las de la que llegado fin de mes se alimenta a base de arroz y pasta, las del que pide a los amigos ir al cine el día del espectador, las del que no puede pagar el abono y necesita ayuda de sus compañeros, las de la que siempre pide 20 céntimos para pagar las cosas o las de los amigos que aún no han hecho un viaje porque no pueden sacar dinero para ello.

Pueden parecer hechos insignificantes, pero la aglutinación de estos se ha convertido en la rutina de mis diferentes círculos de amigos, que han aprendido a moverse por la vida haciendo equilibrismos constantes con sus cuentas. Para nosotros la incertidumbre no es si mañana habrá gobierno, la incertidumbre es si de aquí a tres meses podrás encontrar trabajo, y desgraciadamente, llevamos varios años conviviendo con ella. Quizás algunos nos echen en cara que hay gente en peores condiciones, no lo negamos, pero nosotros siempre hemos defendido el derecho a vivir una vida digna de ser vivida, y jamás quisimos vivir con lujos de ningún tipo.

El retrato que algunos han querido dibujar de la juventud es el de un veinteañero que no quiere estudiar ni trabajar y al que le gusta vivir de sus padres. Es mentira que nos guste, vivimos de nuestros padres porque no tenemos otra cosa de la que poder vivir, eso es lo realmente jodido. Así que Rajoy, si quiere usted ser Presidente, preocúpese de las cifras que de verdad nos importan o de lo contario desista, por mucho que su partido sea el más votado. La juventud quiere abrirse camino hacia un futuro, y usted está en medio.

Segundo González, fundador de Juventud Sin Futuro y de Podemos, cuenta en primera persona su trayectoria política, desde el 15 M hasta la llegada a las instituciones

"Entramos en los parlamentos para relegar la vieja política, esa que también excluye a los jóvenes, a los libros de historia", explica

Hace casi 5 años ya un grupo de jóvenes empezábamos a reunirnos en el Patio Maravillas -bien pertrechados de bolsas de patatas y latas de cerveza- para pensar cómo articular un movimiento social que visibilizara la situación de precariedad galopante de la juventud en España. No estábamos de acuerdo con el relato que se estaba instalando de una crisis económica sin responsables políticos, y queríamos denunciar que nuestra situación iba a empeorar aún más con las políticas de austeridad auspiciadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero bajo el dictado de la Troika europea, destacando la reforma de las pensiones de 2011. Aquellas reuniones terminarían desembocando en el nacimiento de la plataforma Juventud Sin Futuro, que el 7 de abril de 2011 sacó a la calle a más de 7.000 jóvenes en Madrid, obteniendo un gran impacto mediático y abriendo el camino y marco discursivo del ciclo de movilizaciones que venía.

Esta movilización y sus mensajes fueron novedosos, audaces y tremendamente eficaces en términos de comunicación política, centrándose en la construcción de un relato transversal basado en las condiciones materiales de la juventud española y expresado en un código comprensible y familiar para una sociedad que había vivido un largo proceso de despolitización, pero que comenzaba a acumular hartazgo por las medidas de ajuste del gobierno socialista. Esta manifestación constituyó el germen de lo que un mes después fue el 15M y fue el inicio del largo ciclo de movilizaciones contra los recortes, por una salida justa de la crisis y la regeneración democrática frente a los partidos tradicionales.

Éramos jóvenes pero no nuevos, la mayoría estábamos curtidos en las luchas contra el proceso de mercantilización de la Universidad pública en el movimiento Stop Bolonia, que sacó a las calles a centenares de miles de jóvenes entre 2009 y 2011. Habíamos aprendido cómo organizarnos y los códigos de comunicación que funcionaban para movilizar a nuestra generación.

Por aquel entonces el índice de temporalidad juvenil llegaba al 67% y la tasa de paro juvenil en el 44%, llegando a situarse en el 55% en 2013. En 2016 las cosas no han cambiado demasiado: el desempleo juvenil sigue en el 46% y 9 de cada 10 empleos creados en el último año fueron temporales. Las políticas implementadas durante la legislatura del Partido Popular, orientadas a maquillar a toda costa las estadísticas de paro, no han hecho más que agravar el problema de la precariedad estructural. Los jóvenes seguimos con los mismos problemas que hace 5 años, condenados a elegir entre paro, precariedad o exilio laboral.

Aunque algo sí ha cambiado. Algunos de los que iniciamos entonces aquellas movilizaciones decidimos implicarnos después en Podemos y de ahí hemos pasado a las instituciones. En mayo de 2015 vimos cómo varios de esos jóvenes sin futuro entraban en parlamentos autonómicos y ayuntamientos a llevar a las instituciones las demandas que llevábamos años exigiendo a la calle y consiguiendo que por primera vez la voz de la juventud precaria se manifestara en primera persona en las instituciones. Ahora ha llegado el turno del Congreso de los Diputados. Decía El Roto en una viñeta de 2011 que “cuando los jóvenes salieron a la calle los partidos envejecieron”. Ahora entramos en los parlamentos para jubilarlos y relegar la vieja política, esa que también excluye a los jóvenes, a los libros de historia.

Este último año hemos hecho mucha denuncia de las grandes dificultades para votar desde el exterior; a pesar de ello, las peores predicciones se consuman para estas elecciones generales, donde se producirá un mínimo  histórico de participación emigrante. A día de hoy han rogado el voto apenas un 7,6 % de un censo exterior no deja de crecer (un aumento del más de un 55% desde el comenzó la crisis). Algo más de la mitad de ese 7,6 % podrá votar finalmente, debido a las papeletas extraviadas que muchos aún esperáis. La enésima violación de nuestro derecho fundamental a la participación política. 

Posiblemente hayáis oído hablar de las irregularidades del voto exterior que existían antes y que justificaron la reforma de la Ley Electoral, o de que hasta los muertos votaban. Hoy os queremos contar en más profundidad qué propició dicha reforma, por qué se hizo en ese sentido, cuáles eran las irregularidades conocidas existentes y por qué denunciamos con tanta insistencia una artimaña de ingeniería electoral que ha sido un absoluto fracaso para nuestra democracia, pero un éxito total en su intención inicial: quitarse de en medio el voto exterior. Recordemos que en 2010, bajo el gobierno del PSOE, la reforma de la LOREG contemplaba la adopción de una circunscripción exterior, una provincia extra, para dar peso político adecuado a la emigración española. Hoy en día esa circunscripción exterior sería la tercera provincia del país, hecho histórico tristemente alcanzado la semana pasada.

¿Antes votaban hasta los muertos? ¿Qué pasaba realmente?

El derecho al voto emigrante, reivindicación histórica de la emigración y el exilio español,  fue reconocido en el año 1985. La primera chapuza burocrática no se hizo esperar: para elaborar el censo electoral no se realizó un registro nuevo, sino un volcado del padrón existente en ese momento no actualizado. Esto provocó que aparecieran en el primer CERA emigrantes fallecidos. Poco a poco, con el trabajo del INE, dicho censo se fue depurando, de forma que en 2008, segun un informe de la Junta Electoral Central, la incidencia de los fallecidos inscritos era mínima y las papeletas que se devolvían por esta causa eran un 0,45% de total de los envíos (3). A pesar de las cifras de este informe, ¿tan desmesurado era el voto de los muertos?

Desde que comenzamos nuestra denuncia del voto rogado nos ha sorprendido enormemente este discurso de culpabilización del emigrante, en lugar de apuntar a la verdadera problemática, un censo sin limpiar debido a un claro e importante fallo administrativo; mientras que se ha mitificado el voto de los muertos, puesto que no hay datos, estudios o contrastes estadísticos al respecto. Basta una búsqueda a la hemeroteca, a la cual os invitamos amablemente, para comprobar que, como insistía la Junta Electoral, el enorme escándalo del “voto de los muertos” no era tal. No negamos que existieran casos, como el de Hermensinda y su marido pero la repetición insistente en tertulias y en declaraciones de dirigentes políticos de este argumento, a modo de falsa excusa siempre, da que pensar. 

A menos que se quieran ocultar otros argumentos importantes sobre el escándalo del voto exterior. A menos que se quieran esconder gestiones masivas de votos fotocopiando documentación personal en comidas de emigrantes por el PP, elección tras elección, o por el PSOE; a menos que se quiera evitar hablar de inscripciones masivas de emigrantes en censos por parte de los partidos, de nuevo; a menos que no queramos que se mediaticen los ruegos tramitados en masa por personal próximo a instituciones, de hasta más de 200 solicitudes de golpe en ocasiones. Ruegos y solicitudes, sí. Porque el voto municipal se rogaba ya antes de la reforma electoral de 2010, y porque el ruego del voto no evitaba estas irregularidades, casi siempre en comicios municipales, de los partidos.

Todas estas graves incidencias, similares a algunas que vemos reproducirse dentro del territorio español, se gestionaban gracias a las redes clientelares de los grandes partidos en el exterior. Esta inmersión de los partidos en la emigración sigue existiendo a día de hoy, cuando vemos con sorpresa cómo hasta las elecciones a Consejos de Residentes en el Exterior, órganos ciudadanos donde está prohibida la participación de los partidos políticos, son cooptadas por dichos partidos. O cuando vemos los numerosos viajes en campañas electorales con destinos muy elegidos para recabar voto emigrante. La financiación de algunos de estos viajes del PP sale hasta en los papeles de Bárcenas, si habéis tenido la oportunidad de ver B, la película.

El sentido de la reforma de 2011

La reforma que se efectuó nunca atajó el problema técnico de la depuración del censo con el que se justifica hoy su implantación. De hecho, las inscripciones y bajas en el CERA siguen siendo un gran problema para los emigrantes españoles, como habréis podido comprobar quienes os hayáis tenido que ir o, una vez emigrados, hayáis cambiado de país y consulado correspondiente.

En el momento de llevar a cabo la reforma, el voto exterior se había convertido en un escándalo fomentado sobre todo por las prácticas sucias de los partidos. Y los mismos responsables del escándalo decidieron una salida “pactada” al mismo. Cuando se efectuó la reforma ya se sabía el resultado que iba a tener, porque como hemos comentado el voto exterior municipal ya se rogaba. La participación rondaba el 5% (¿os suena la cifra?) y la propia Junta Electoral avisó de que la reforma causaría “una caída de la participación y la crítica de los afectados”. Que ninguno de los partidos que articularon dicho cambio se excusen hoy diciendo que fue un error: el resultado era absolutamente previsible e intencionado, y el reservorio de votos en que han convertido a la emigracion se destinó a un saco de abstenciones forzadas por la ingeniería electoral que, en una situación de incertidumbre y de coyuntura futura posiblemente adversa, no perjudicaba a nadie y dejaba contentos a los partidos en el turno de poder. 

Esta legislación a disposición de los intereses de turno con el voto exterior en España es práctica habitual en nuestra historia. Suárez, por ejemplo, permitió votar a la emigración y exilio españoles en el referéndum por la democracia en 1977, sabiendo que el voto iba a ser favorable. Dos años más tarde, una modificación legislativa hizo que, en las elecciones generales, votaran 5000 personas del millón que estaba fuera. 

De la circunscripción electoral exterior, promesa de programa del gobierno de turno en 2010, nunca se volvió a saber, y el derecho al voto municipal, que había sido fruto de la mayoría de escándalos de gestiones de voto, se eliminó. 

¿Se han resuelto las irregularidades? 

A día de hoy, las irregularidades no se han resuelto, sino que se han convertido en una enorme problemática general para un censo que no para de aumentar. A la ley electoral implantada y sus efectos precalculados se suman las directrices administrativas, dirigidas en ocasiones por el mismo Ministerio de Asuntos Exteriores, para imponer medidas al margen de la legislación aplicable, como ha sucedido con la denegación de inscripciones temporales o el requisito de presencialidad para determinados trámites. La plataforma de juristas dosmillonesdevotos.org ha denunciado recurrentemente todas estas incidencias sin que por ahora hayan tenido la más mínima respuesta institucional. La participación del voto emigrante será, casi con toda certeza, menor que nunca en unas elecciones generales desde que existe el derecho de voto. 

¿No somos tantos “españoles” fuera?

Por último, queremos hacer un apunte sobre el argumento recurrente de que “no nos hemos ido tantos” o que “parte de esos emigrantes no son españoles, sino inmigrantes retornados o hijos de antiguos emigrantes españoles”. Aparte de desviar el debate sobre migración forzada y su pérdida de derechos, y al margen de lo absurdo del empeño de cualificarnos como “verdaderos emigrantes españoles”, y de otorgar derechos constitucionales en base a la clase A o B de “españolidad”, repetimos una vez mas la inexactitud de las cifras oficiales para saber cuánta gente ha dejado el país en los ultimos años. Estudios diversos de la investigadora del CSIC Amparo Gonzalez-Ferrer, del Instituto de la Juventud Española, dependiente del Ministerio de Sanidad, y una búsqueda rápida de la Marea Granate en las bases de datos públicas de algunos de los países que nos acogen  muestran la infravaloración de las cifras oficiales consulares, que en algunos casos como UK o Irlanda son multiplicadas por un factor superior a 6. Dejémonos de falsas argumentaciones y preocupémonos por garantizar los derechos básicos de los ciudadanos y dimensionar adecuadamente los problemas sociales. 

Queremos una ley de voto exterior justa y garantista, pero la regulación especial que necesita el voto emigrante no puede ser la excusa, bajo ningún concepto, para disponer de él en función de los intereses políticos de turno. Comienza una nueva legislatura y para reformar la ley orgánica electoral harán falta, de nuevo, tres quintas partes de apoyo en ambas cámaras. No nos cansaremos de pedir una reforma democrática y transparente, basada en el diálogo, en la que participen los actores implicados a puertas abiertas. 

Por el momento, el 20D faltarán dosmillonesdevotos.